La seguridad energética constituye uno de los pilares fundamentales para la estabilidad económica, la competitividad empresarial y el bienestar social de cualquier nación.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
En el caso colombiano, diversos indicadores sugieren la creciente probabilidad de enfrentar, en un horizonte relativamente cercano, restricciones tanto en el suministro de energía eléctrica como de gas natural.
El fantasma del apagón vuelve a rondar. Según el reporte de XM, el pico de demanda de energía que se está registrando, debido a las elevadas temperaturas, es de 261.9 GWHD, que contrasta con la Oferta de Energía Firme (OEF), que solo alcanzaría a cubrir hasta el 90%. Tanto más con la demanda de energía disparada, según el más reciente reporte, en mayo la demanda creció en promedio a nivel nacional el 8.8% y en la región Caribe el 13.3%.
La conclusión es preocupante, porque en condiciones de hidrología crítica, bajo aporte a los embalses, como los que se esperan con el Super Niño y sin llegar el nivel de estos al 80% solicitado por XM, le daría la razón al ministro Palma cuando habló de la inminencia del racionamiento.
Lo propio está sucediendo con el gas natural. Desde diciembre de 2024 se están importando volúmenes crecientes para cubrir el déficit que acusa la producción doméstica, que se ha reducido hasta los 789 millones de pies cúbico diarios (MMPCD) en contraste con la demanda de 1.000 MMCD.
A estas alturas, los volúmenes de gas importado participan con el 32% de la oferta y se prevé que hacia 2029 llegue hasta el 56% y sólo hacia 2030 se aspira que se atenúe con la entrada del gas de Sirius.
Acumulación de factores de riesgo
En los últimos años se han acumulado factores de riesgo que afectan simultáneamente ambos sistemas. En el sector eléctrico, la creciente estrechez entre oferta y demanda obedece a la combinación de varios elementos: el retraso en la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión, las dificultades asociadas al licenciamiento ambiental y a los procesos de consulta previa, la mayor incertidumbre climática y el crecimiento sostenido de la demanda. Esta situación reduce los márgenes de confiabilidad del sistema y aumenta la exposición a eventos hidrológicos extremos, como el Super Niño que ya se consolida.
Por su parte, el mercado de gas natural enfrenta una tendencia estructural de la caída de las reservas y la producción nacional como consecuencia de la declinación natural de los campos maduros y de la insuficiente incorporación de nuevas reservas. Ello ha conducido a una creciente dependencia de las importaciones para atender la demanda interna, particularmente en períodos de alta exigencia del sistema. Esta circunstancia no solo incrementa los costos de abastecimiento, sino que también expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales.
La simultaneidad de estos riesgos reviste gravedad debido a la estrecha interdependencia existente entre ambos sectores. Una eventual falta de disponibilidad de gas natural comprometería la capacidad de generación de las plantas termoeléctricas, llamadas a respaldar el sistema durante episodios de baja hidrología.
A ello estamos abocados debido a las limitaciones en la capacidad de importar los crecientes volúmenes requeridos, ya que la única regasificadora con la que se cuenta está operando al límite de su capacidad.
De allí la urgencia que el Gobierno Nacional se ponga al día con el giro de los más de $2 billones que le adeuda a las empresas comercializadoras de energía por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3.
Como también la imperiosa necesidad de que la Superintendencia de Servicios Públicos salga de su marasmo, de su negligencia y falta de diligencia para solventar, inyectarle liquidez y facilitarle el flujo de caja a la intervenida Air-e, en lugar de los anuncios pirotécnicos como el del presidente Gustavo Petro de su liquidación.
De darse esta sería un salto al vacío y resultaría peor el remedio que la enfermedad, toda vez que se le estaría poniendo conejo a sus acreedores, especialmente a las empresas generadoras, ya que así como la intervención con fines de administración en septiembre de 2024 tuvo un efecto suspensivo sobre sus obligaciones que sobrepasaban los $500.000 millones, esta vez se repetiría, con el agravante de que esta vez la deuda acumulada desde que la Superintendencia tomó posesión de la misma es cinco veces mayor: $2.5 billones.
La mora y el incumplimiento de su pago podría llevar al efecto dominó que anticipó XM y al apagón financiero de toda la cadena, como lo advirtieron la Procuraduría y la Contraloría, poniendo en entredicho la continuidad en la prestación del servicio.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.