Lo que está en juego es la autonomía del Banco de la República. Y esta no es un dogma vacío ni una reliquia institucional: es un pilar de la estabilidad macroeconómica que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
En un hecho inédito, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, renunció a seguir participando en la Junta del Banco de la República, por no compartir su decisión de incrementar la tasa de intervención 100 puntos básicos hasta los 11,25%, mediante, según él, “la utilización de esa mayoría poco legítima”.
Como lo ha advertido el gerente del Banco, Leonardo Villar, dicha decisión obedece a que “las expectativas de inflación se mantienen elevadas”. No obstante, a ello ripostó el ministro espetando que “eso es pura paja”. Ese es el nivel del debate planteado por él.
Pero, la verdad sea dicha, si el gobierno no le quita el pie al acelerador al gasto, como se lo ha requerido el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en forma reiterada, le toca al Banco de la República, como contra fómeque, activar el freno de emergencia para frenar la inflación, ahora atizada además por la guerra del Golfo Pérsico, apelando a su principal herramienta de la política monetaria tendiente a meter en cintura a la inflación.
No han faltado voces de quienes, en auxilio de la postura del ministro Ávila y sus denuestos contra quienes se apartaron de sus designios, traen a colación el hecho de que el Banco Central Europeo, que preside Cristine Lagarde, y la Reserva Federal de EEUU, que preside Jerome Powell, han cedido a la tentación de subir las tasas y han preferido mantenerlas estables.
Empero, a ninguna de las dos juntas de esos bancos centrales les ha tocado lidiar con el desbordamiento del gasto público por parte de sus gobiernos ni con un endeudamiento inusitado para insuflarlo, como sí le ha tocado a la actual Junta del Banco.
En efecto, desoyendo los llamados del CARF, el gobierno ha seguido gastando desenfrenadamente, sobre todo en burocracia y contratos adjudicados a dedo aceitando su maquinaria electoral. En vísperas de la entrada en vigencia la Ley 996 de 2005, de garantías, se firmaron más de 521.000 contratos directos por entidades estatales, según reportó la Contraloría. Esta contratación masiva sumó un valor superior a los $32,88 billones de pesos en enero, generando hallazgos y preocupación por la velocidad de la contratación.
Se constituyó en piedra de escándalo el caso que reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, que tuvo que recurrir a un derecho de petición para acceder a una información muy comprometedora que da cuenta del sinnúmero de contratos firmados por entidades del Gobierno central, sin mediar licitación o convocatoria pública, con Juntas de Acción Comunal, cabildos y resguardos indígenas por valor de $31 billones. Y ni se diga lo que ha pasado con el endeudamiento. Este último pasó de $1.031 billones en enero de 2025 a $1.205 billones, $170 billones más en solo un año.
Hay que traer a colación también el exagerado incremento en el salario mínimo legal. Mientras las centrales obreras pedían un incremento del 16%, que muchos analistas consideraron desproporcionado, la munificiencia del Gobierno fue mucho más generosa y lo elevó en 23,78%, 7,78 puntos porcentuales por encima de la aspiración de los trabajadores. Todas estas son presiones que alimentan las “expectativas de inflación”, como lo delata el gerente Villar.
Los tiempos en los que la Junta Monetaria, que manejaba la política monetaria y cambiaria, era un apéndice del Ministerio de Hacienda, los dejó atrás la Constituyente de 1991, al otorgarle dichas facultades a la Junta de un Banco de la República autónomo.
Como afirmó en su momento el renombrado hacendista y delegado a la Asamblea Nacional Constituyente Alfonso Palacios Ruda, “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”. Y, en efecto, se le dio cristiana sepultura, aunque ahora se pretende resucitar su espíritu con actitudes como las del Ministro.
Lo que está en juego es la autonomía del Banco de la República. Y esta no es un dogma vacío ni una reliquia institucional: es un pilar de la estabilidad macroeconómica que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo, aquí y en Cafarnaún.
Sin embargo, en medio de recientes cuestionamientos como los del presidente de la República Gustavo Petro, quien considera que “el Banco ha perdido su real independencia”, sólo por el hecho de no compartir su decisión, de la que participaron varios miembros de Junta que fueron designados por él mismo, de lo cual se arrepiente tardíamente por no plegarse a la posición minoritaria del ministro Ávila.
De acuerdo con la Carta, entre el Gobierno y la Junta Directiva del Banco Emisor debe existir coordinación, más no subordinación. Lo dijo claramente la Corte Constitucional en su Sentencia C – 426 de 2020: “La Corte ha reconocido que la Banca Central debe ejercer sus funciones bajo un amplio margen de libertad e independencia, sin injerencias de las ramas del poder público o de otros órganos del Estado, salvo las admisibles para asegurar la coordinación, y no está condicionada a las dinámicas electorales”.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y a quien nadie puede etiquetar de neoliberal, advierte que “cuando los gobiernos subordinan la política monetaria a sus necesidades fiscales o a cálculos de corto plazo, el resultado suele ser desastroso: inflación, pérdida de credibilidad y deterioro del bienestar general”.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.