Colombia al borde del apagón: Subsidios impagos y falta de capacidad llevan al país a un riesgo energético extremo. Contralor exige acciones urgentes ante una crisis energética «de grandes proporciones».
Colombia se encuentra al borde de una «crisis energética de grandes proporciones». La advertencia fue lanzada por el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Durante su intervención en el 12° Foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) en Barranquilla, el funcionario instó al Gobierno nacional a tomar acciones inmediatas para evitar una situación que, según sus palabras, amenaza la estabilidad del sector, la economía del país y la calidad de vida de millones de colombianos. El reloj avanza mientras la Nación enfrenta una peligrosa combinación de deudas masivas, déficit de generación y graves retrasos en la infraestructura de transmisión.
El Contralor Rodríguez Becerra detalló una situación crítica marcada por varios factores. Uno de los más apremiantes es la deuda acumulada por subsidios tarifarios, que supera los $5 billones y amenaza directamente la sostenibilidad financiera del sector.
De hecho, la deuda del Gobierno con las empresas de energía y gas por subsidios y opción tarifaria alcanzaba los $7,6 billones a enero de 2025. Aunque el Ministerio de Minas y Energía reportó un pago de $2,5 billones en mayo de 2025 para cubrir obligaciones del año anterior, los pasivos continúan creciendo sin un respaldo presupuestal claro, lo que compromete la liquidez de las compañías prestadoras.
Esta situación no solo exige una reforma en la gestión de subsidios, incluyendo la medición de impacto y la actualización de fórmulas tarifarias, sino que también pone en riesgo el acceso al servicio para la población más vulnerable.
Además de la crisis de pagos, el país enfrenta un déficit preocupante en la capacidad de generación eléctrica. A pesar de la subasta de cargo por confiabilidad realizada el 15 de febrero de 2024, donde se adjudicaron 4.489 megavatios, en su mayoría de fuentes solares, aún no existe suficiente capacidad firme para suplir la creciente demanda que ya supera el 7% de incremento anual. La capacidad de generación efectiva es de apenas 15 GWh/día, un volumen insuficiente para las necesidades actuales.
Retrasos en transmisión
La infraestructura de transmisión también presenta un panorama desolador. De los 16 proyectos registrados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 14 presentan retrasos, con un promedio de 30,7 meses. A esto se suma el envejecimiento de las líneas existentes, ya que el 75% de las líneas de 500 y 230 kilovatios superan los 35 años de operación, incrementando la vulnerabilidad del sistema ante posibles fallas.
El jefe del ente de control enfatizó que estos retrasos afectan directamente la seguridad energética del país y requieren señales regulatorias claras, así como una coordinación interinstitucional para garantizar la reposición de activos críticos.
La Contraloría también puso el foco en la crítica situación de Air-e S.A., empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y parte del Magdalena, y que se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2024.
La compañía registra deudas cercanas a los $900.000 millones de pesos con proveedores de energía, mientras que el Fondo Empresarial, encargado de respaldar a las empresas intervenidas, enfrenta una fuerte presión financiera con solo $167.000 millones de saldo disponible frente a obligaciones por $324.000 millones.
Ante este panorama, el Contralor Rodríguez Becerra fue enfático: «La sostenibilidad y seguridad energética del país no pueden estar a merced de decisiones tardías ni de vacíos en la gestión». Hizo un llamado a la implementación de una institucionalidad sólida y coordinada que involucre a los ministerios de Energía, Ambiente y Hacienda, con el objetivo de evitar los choques que actualmente retrasan proyectos estratégicos, como las conexiones desde Chivor hacia Bogotá o el licenciamiento de proyectos gasíferos en La Guajira.
La Contraloría ha priorizado esta alerta en su agenda de vigilancia preventiva y, concomitante, adelanta un seguimiento de los montos y trámites de las deudas públicas, y estructurando un tablero de control en tiempo real para monitorear mensualmente las apropiaciones y pagos.
El proyecto de presupuesto para 2026 contempla un aumento significativo en los recursos asignados al Ministerio de Energía, lo que genera la expectativa de que los subsidios previstos sean cubiertos adecuadamente. Sin embargo, el mensaje del Contralor es claro: «Colombia necesita una planeación rigurosa y una ejecución oportuna de los recursos públicos para garantizar que la energía llegue con calidad, eficiencia y a precios justos a todos los ciudadanos».
El futuro energético del país, y con ello el bienestar de su población y el desarrollo económico, pende de un hilo, esperando una respuesta contundente y eficaz del Gobierno.