Son muchas las preocupaciones que hoy tienen los colombianos frente al desgobierno que ha generado un debilitamiento profundo de lo que funcionaba en el país.
Por: JUAN ESPINAL*
La incapacidad del presidente Petro para construir sobre lo construido ha deteriorado sectores estratégicos. El sistema de salud colapsó; la llamada “paz total” debilitó la seguridad y el orden público; y el capricho ideológico de convertirse en un líder ambiental a nivel mundial ha puesto en riesgo el sector energético del país. Este último es, sin duda, uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.
El próximo presidente tendrá que tomar decisiones ágiles y audaces para evitar que el país se apague. Un apagón nacional sería una verdadera catástrofe para la economía, se paralizarían la industria y el comercio, se alteraría la vida cotidiana de millones de colombianos, y cada hora sin energía costaría cerca de 200 mil millones de pesos, según el Banco de la República.
Si Colombia se apaga por decisiones equivocadas del actual gobierno, cabe preguntarse, ¿cómo se recargarían los cerca de 80 millones de celulares que hay en el país? ¿Cómo operarían más de 450 mil tiendas, hospitales, escuelas, cámaras de seguridad, vehículos eléctricos y el Metro de Medellín, que moviliza a más de un millón de usuarios diarios en el Valle de Aburrá? La magnitud del impacto sería incalculable.
Una de las decisiones necesarias sería declarar una emergencia energética, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado que los estados de emergencia permiten adoptar medidas excepcionales y temporales estrictamente necesarias para superar una grave perturbación del orden económico y social (por ejemplo, sentencias C-122 de 1997, C-216 de 2011, C-466 de 2017 y C-145 de 2020).
Bajo este marco, el Gobierno podría declarar una emergencia económica con enfoque energético ante el riesgo cierto e inminente de desabastecimiento y pérdida de confiabilidad del sistema nacional.
En este contexto, y atendiendo el principio de proporcionalidad exigido por la Corte, se implementaría un sistema “fast track” para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, limitado a los primeros dos años de gobierno y exclusivamente para proyectos estratégicos de seguridad nacional en el sector minero-energético. Este esquema no eliminaría requisitos ambientales ni sociales; por el contrario, integraría trámites, reduciría duplicidades, establecería ventanillas únicas y armonizaría plazos perentorios, garantizando simultáneamente el respeto por los derechos fundamentales y la participación efectiva de las comunidades.
Asimismo, se propondría un régimen temporal de incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica, sustentado en la doctrina de la Corte sobre la validez de los contratos de estabilidad en escenarios de interés público. El objetivo sería atraer un flujo masivo de inversión privada hacia proyectos estratégicos del sector minero-energético.
Este régimen podría incluir aceleración de depreciaciones, deducciones especiales para inversiones en seguridad energética y beneficios para proyectos de suministro en firme y expansión minera responsable, siempre condicionados al cumplimiento de estándares ambientales y planes de relacionamiento social, con el fin de restablecer la seguridad energética nacional.
Solo con determinación, responsabilidad y voluntad política se podrá evitar que Colombia se apague.
*Representante a la Cámara por Antioquia.