Gobierno ordena devolver más de $150 mil millones a usuarios de gas

Los recursos deberán ser reintegrados a millones de usuarios que pagaron sobrecostos desde 2023 en la componente de transporte. Las transportadoras se defienden.

El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ordenó la devolución de más de 150 mil millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural en el país, tras determinar que se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC) que elevó la componente de transporte en las tarifas.

En 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, el WACC pasó de 10,94% a 11,88%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI —filial del Grupo de Energía de Bogotá— y Promigas —vinculada al Grupo Aval— incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema.

Posteriormente, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera el WACC del 10,94% mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, con el fin de evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.

Tras analizar los recursos, la CREG —presidida por el ministro de Minas y Energía— decidió acoger la solicitud y ordenar la reducción del WACC, así como la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que “la regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de 150 mil millones de pesos volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga económica de las familias”.

Respuesta de las transportadoras

La respuesta de las transportadoras no se hizo esperar: Promigas, TGI, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron la información publicada sobre supuestos cobros indebidos en el transporte de gas natural y se expresaron a través del siguiente comunicado de prensa:

Frente al comunicado divulgado el 4 de marzo de 2026 por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, (CREG), con relación a la devolución de recursos al usuario final por un supuesto traslado de sobrecostos asociados a la tasa de descuento aplicada al transporte de gas natural, nos permitimos informar a la opinión pública:

  • Las Compañías Transportadoras reiteran su compromiso con los usuarios del servicio público de gas natural, con el respeto a la Constitución Política, la ley, la transparencia, y la observancia de las decisiones judiciales y del marco normativo y regulatorio vigente, que son esenciales para garantizar la prestación eficiente del servicio público de gas natural.
  • Promigas, TGI -filial del Grupo Energía Bogotá-, Promioriente, Transmetano y Transoccidente (Compañías Transportadoras) han aplicado de manera estricta, transparente y rigurosa la regulación expedida por la CREG, incluyendo la metodología tarifaria y la aplicación de la tasa de descuento vigente de la manera correcta para la actividad de transporte de gas natural.
  • Las Compañías Transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y NO hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones.
  • En laudo arbitral de fecha 11 de febrero de 2026, que decidió las diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable a la actividad de transporte, se concluye que la transportadora ha obrado conforme a la regulación y que, por lo tanto, ha aplicado la tasa correcta.
  • A la fecha, las Compañías Transportadoras no han sido notificadas de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos en los términos señalados en el comunicado. Una vez se conozcan oficialmente los actos administrativos correspondientes, se procederá a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que corresponde y, de ser necesario, acudiremos a las instancias judiciales competentes para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales previstas en la legislación colombiana.