Colombia: Consejo de Estado ordena otro estudio de expertos sobre el fracking

El alto tribunal le ordenó a la Universidad Nacional rendir un informe que responda dudas sobre la técnica, sus métodos, riesgos y posibles afectaciones al medio ambiente.

9 de junio de 2019.   El pasado viernes el alto tribunal ordenó a la Universidad Nacional de Colombia crear una nueva comisión de expertos para que resuelva una serie de dudas que tiene la corporación sobre el fracturamiento hidráulico en roca generadora, más conocido como fracking, técnica para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

La determinación fue tomada pese a que el Gobierno Nacional creó una comisión de expertos, que en febrero pasado entregó un informe, en el cual hacía una serie de recomendaciones para iniciar los proyectos piloto.

Lo qué busca el Consejo de Estado con esta nueva comisión es que la Universidad Nacional responda en el término de tres meses elementos técnicos en aspectos claves sobre el fracking.

Algunas de las preguntas que deberá responder la Universidad son: En caso de aceptarse que hay riesgos asociados al fracking, ¿tienen relación con la salud humana y el medio ambiente?, ¿los riesgos potenciales son previsibles?, ¿pueden ser mitigados y son reversibles? Si es así, teniendo en cuenta los avances científicos, ¿cuáles son los requerimientos, medios y mecanismos de seguimiento y control para lograr estos objetivos?, ¿se han materializado estos riesgos?

Además, ¿la técnica del fracking es beneficiosa para los de intereses del país? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían esos beneficios a corto, mediano y largo plazo?, ¿cómo es posible calcular los beneficios económicos que puede generar el fracking?, ¿cuáles son los impactos de la demanda generada por la aplicación el fracking sobre la economía local, los servicios públicos, las formas de vida social y el aprovechamiento de los recursos naturales en zonas específicas?, ¿qué tipo de químicos se utilizan y cuál es el grado de toxicidad?, y ¿cuáles son sus riesgos para la salud humana?

Las dudas del alto tribunal también versan sobre si los químicos usados podrían afectar los recursos hídricos de las comunidades y los ecosistemas. Y si las aguas residuales del proceso de fracking se pueden tratar para nuevos usos.

Otros cuestionamientos tienen que ver con los usos del suelo o el esquema de ordenamiento territorial de los municipios en donde se realizará, el impacto regional, el diálogo con la comunidad, la movilización de los hidrocarburos y el impacto nacional sobre la necesidad de usar fracking para cubrir las reservas.

En noviembre pasado, cuando el alto tribunal suspendió provisionalmente las normas que regulan el fracking, sostuvo que «la autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas».
En efecto, hoy están suspendidos en el país el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, que fijaron los criterios y procedimientos para hacer fracking. La decisión la tomó el Consejo de Estado en noviembre de 2018 mientras estudia de fondo una demanda en contra de estas normas.

En la primera audiencia sobre este proceso, representantes del gobierno le pidieron al Consejo de Estado que les deje cumplir con las recomendaciones que fijó la Comisión de Expertosantes de iniciar los proyectos de investigación, para poder avanzar en el análisis sobre los posibles riesgos.

A la petición se opusieron algunas de las personas que han apoyado la demanda que presentó el abogado Esteban Lagos, con el argumento del principio de precaución, que obliga a inclinar la balanza hacia el medio ambiente, si no hay certeza absoluta de que alguna actividad no implica un daño irreversible. 

Por ahora, la Universidad Nacional deberá realizar este informe y queda pendiente que el Consejo de Estado resuelva un recurso que presentó el Gobierno en contra de la decisión de noviembre de 2018 de suspender los decretos que permitían el fracking.

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