Por el mayor daño al patrimonio público del Estado colombiano, son llamados a responder fiscalmente, a título de culpa grave, 2 presidentes, 3 vicepresidentes de Reficar, 7 miembros de su Junta Directiva (incluyendo al presidente de Ecopetrol para la época de los hechos) y 4 multinacionales contratistas del proyecto.
26 de abril de 2021. La Contraloría General de la República (CGR) profirió fallo de responsabilidad fiscal en el caso Reficar por una suma de 2,9 billones de pesos, contra 5 ex funcionarios de la empresa (incluyendo 2 presidentes), 7 miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por los mayores valores invertidos en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) que no se recuperarán, según lo evidenciado por este organismo de control después de 4 años de estudios e indagaciones.
Los exfuncionarios de Reficar declarados responsables fiscales son: los presidentes Reyes Reinoso Yanes y Orlando José Cabrales Martínez y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely.
Los miembros de la Junta Directiva declarados responsables fiscales son: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.
Los contratistas declarados responsables fiscales son: Chicago Bridge & Iron Company CB&I UK Limited, CBI Colombiana S.S. (en liquidación), Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.
“El daño patrimonial determinado y cuantificado en el fallo de la Contraloría General, se produjo con ocasión de las acciones y omisiones de la Junta Directiva de Reficar y su administración, contratista y supervisor del proyecto, quienes en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”, señala el comunicado de prensa.
Pérdida de valor por mayores inversiones
La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR determinó que, en la modernización de la Refinería de Cartagena, se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 2,9 billones de pesos.
La pérdida de valor de las mayores inversiones, repercute negativamente en el valor de la Refinería en el mercado, además de que gran parte de los recursos no se encontraron invertidos en mayor capacidad y mejor tecnología que le aportara valor.
En lugar de eso, se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, se comprobó una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la Junta Directiva de Reficar, la Administración de Reficar, contratista y supervisor del proyecto.
Algunas de estas mayores inversiones consistieron en retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción del activo de refinación.
Ejecución de recursos de controles de cambio
El marco de análisis del proceso de responsabilidad fiscal tuvo en cuenta las decisiones presupuestales formalizadas en los controles de cambio 1 al 5 y la verificación que se realizó a la ejecución de dichos recursos, los cuales alcanzaron al control de cambios 5 una cuantía de 8.016 millones de dólares.
Se encontró que adicionalmente fueron realizadas erogaciones por valor de 904 millones de dólares, con lo cual el monto de los recursos incorporados al proyecto ascendió a la cuantía de 8.920 millones de dólares, hechos que son objeto de otra investigación para revisar si hay una posible afectación fiscal.
Entre algunos datos que dan cuenta de las diferencias que se presentaron entre la formulación inicial y la ejecución del proyecto hasta el control de cambio 5, están: El CAPEX pasó de USD 3.777 millones a USD 8.016 millones, el Contrato EPC pasó de USD 2.821 millones a USD 5.944 millones, la mano de obra pasó de USD 528 millones a USD 1.522 millones, y la subcontratación pasó de USD 96 millones a USD 1.287 millones.
Cabe destacar que este fallo con responsabilidad fiscal es susceptible del recurso de Reposición ante la Contralora Delegada No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y el de apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República.
Adicionalmente, una vez se encuentre en firme la decisión tomada por segunda instancia, se procederá enviar el expediente al Consejo de Estado para que ejerza el control automático e integral de legalidad previsto en el artículo 23 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021.