A raíz del escándalo por la supuesta firma de un contrato por 5.875.000 dólares con una firma estadounidense que habría investigado a unos 70 funcionarios de Ecopetrol, la Junta Directiva de la compañía se manifestó este 29 de mayo.
El ente directivo señaló, a través de un comunicado, que ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto del otrosí al contrato original firmado con la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024.
El objeto de ese contrato era realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses. Ecopetrol señala que no hubo cambio en su alcance ni en el valor del mismo, y que la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades del contratista desde febrero de 2025. Además, agrega que “en este proceso no participó el Presidente de la compañía”.
Como parte de la crisis desatada, y aunque no lo menciona directamente, Mónica de Greiff, miembro de la Junta Directiva, presentó su carta de renuncia a primeras horas del 29 de mayo.
Además, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por cuenta del polémico otrosí, en el marco del contrato para revisar riesgos reputacionales, entre ellos la posible afectación a la imagen de la compañía por las investigaciones que afronta el presidente de la compañía Ricardo Roa.
Por otro lado, según W Radio, la Contraloría General de la República le pidió explicaciones a Ricardo Roa sobre el millonario contrato que firmó la petrolera para una “investigación independiente sobre riesgos reputacionales”.