Con el propósito de tapar el hueco fiscal del Gobierno central, desde que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla asumió el cargo ha intentado infructuosamente la privatización de las dos joyas de la corona: Ecopetrol e Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
31 de enero de 2021. A pesar de las acrobacias del ministro Carrasquilla para maquillar y disimular el déficit fiscal pagando deudas con deudas, mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES) y recurriendo al ardid de la contabilidad creativa, haciendo pasar el gasto corriente por financiamiento, tuvo que solicitar al Comité Consultivo de la Regla Fiscal la dispensa para su flexibilización primero y para su suspensión después, ante la imposibilidad de cumplir con el objetivo de meter en cintura el déficit fiscal estructural que acusa el Gobierno.
El ex ministro de Hacienda Guillermo Perry, uno de los integrantes de dicho Comité, criticó acerbamente este proceder, así como el tratamiento de la venta de activos al registrar “los recursos procedentes de esas ventas como ingresos corrientes para reducir su déficit y cumplir con la regla fiscal”.
Por su parte, Fedesarrollo, ANIF y Portafolio, al unísono, señalaron que ello era violatorio de las normas contables del FMI, “según las cuales las ventas de activos constituyen una forma de financiar el déficit y no de reducirlo”.
En su momento, la calificadora de riesgo Fitch le advirtió claramente al ministro Carrasquilla que si persistía en tales prácticas ello le podría acarrear la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación, con todas sus implicaciones.
Han sido muy variados los argumentos que se han esgrimido para privatizar los activos de la Nación, primero se adujo que el Estado era un pésimo administrador y como ese no era el caso de ISAGEN, esta vez se arguyó sibilinamente que de lo que se trataba era de reemplazar un activo de generación por otro, que sería la modernización de la infraestructura vial del país, en la que supuestamente se invertirían los recursos provenientes de su venta, circunstancia esta que nunca se dio.
Esta vez, la insistencia en vender el 51.4% de la participación accionaria de la Nación en ISA es, sin ambages, sólo para cuadrar caja toda vez que, pese a los malabares del ministro Carrasquilla, 2019 cerró con un déficit del 2,5% del PIB, el cual se vio agravado el año anterior a consecuencia de la crisis pandémica, estimándose que el déficit de 2020 estuvo alrededor del 9%, muy lejos a la meta que se tenía para 2020, inicialmente de 2,3%, y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de junio pasado del 5,1%. Por lo demás, la Regla Fiscal sigue de vacaciones desde el 15 de junio de 2020, cuando el CCRF accedió a su suspensión.
Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el presupuesto para la vigencia de 2021 se aprobó con un desfinanciamiento de $39,1 billones y se previó en el mismo que $12 billones se procurarían teniendo como fuente “ingresos por disposición de activos”. Y estos, como ya quedó dicho, tienen nombre propio, en primera instancia ISA.
El previsivo ministro Carrasquilla se adelantó a expedir, al amparo de la declaratoria de la Emergencia Económica y Social, el Decreto legislativo 811 de 2020, el cual deja abierta en su artículo 10 la posibilidad de la enajenación de accionaria entre entidades estatales. Esta jugada maestra es la que le permitirá la enajenación de ISA sin su privatización.
Tres entidades estatales pujan en este momento por adquirir la participación accionaria de la Nación en ISA y de esta manera hacerse al control de la misma: Empresas Públicas de Medellín (EPM), el Grupo Energía Bogotá (GEB) y Ecopetrol.
Esta última ya oficializó su oferta y de darse este sería un enroque que, al tiempo que le significaría ingresos frescos a la Nación de $7 billones, aproximadamente, para financiar su déficit, pero sin perder dicho activo habida cuenta que la petrolera es propiedad de la Nación en un 88,5%.
Ecopetrol por su parte, de concretarse esta operación, diversifica aún más su portafolio de inversión y su matriz de riesgo, gana en sinergias y se consolidaría como un conglomerado energético, muy a tono con la Transición Energética, en cuya hoja de ruta cumple un rol preponderante.
Como bien dijo su presidente Felipe Bayón, “esta adquisición significaría un hito en la historia de Ecopetrol, que nos fortalecería en el sector energético nacional e internacional y nos permitiría acelerar la Transición Energética en la que estamos comprometidos. Sería el nacimiento de un conglomerado más fuerte, más resiliente y con mayor capacidad para crecer en la nueva era de la energía limpia”.
Huelga decir que, como lo afirmó el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, de darse la enajenación de ISA a manos de Ecopetrol, dada la magnitud del déficit fiscal en 2021 y el que se proyecta para 2022, no nos librará de la anunciada reforma tributaria, llamada eufemísticamente “reforma fiscal”, que el Gobierno considera inexorable para tratar de corregir el creciente déficit fiscal.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.