Llegó la hora de dejar a un lado la ideología y asumir un debate responsable sobre el futuro energético de Colombia.
Por: JUAN ESPINAL*
El Gobierno Petro anunció que el próximo 20 de julio radicará nuevamente el proyecto de ley para prohibir el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia. Esta iniciativa, impulsada por los sectores progresistas desde 2018, ha sido archivada en cinco oportunidades por falta de respaldo en el Congreso.
Lo que hace algunos años era un debate dominado por el activismo y el miedo ha comenzado a cambiar. Cada vez son más los colombianos que entienden que la discusión sobre el fracking debe darse con argumentos técnicos y científicos, no con consignas ideológicas. Poco a poco, la narrativa de los sectores anti-fracking ha ido perdiendo fuerza frente a la evidencia.
Colombia lleva más de 16 años preparándose para utilizar esta tecnología en la exploración y producción de petróleo y gas natural. Su implementación permitiría aumentar significativamente las reservas probadas de hidrocarburos, reducir la dependencia de las importaciones de gas, que hoy ya superan el 30 % del consumo nacional, fortalecer la seguridad energética, generar miles de empleos y aumentar los ingresos por regalías para las regiones.
Las estimaciones indican que las reservas de gas podrían pasar de 2,3 TPC a cerca de 25 TPC, garantizando el abastecimiento durante varias décadas. Países como Estados Unidos y Argentina son prueba de ello. Gracias al desarrollo responsable del fracking esos países no solo aseguraron su autosuficiencia energética, sino que hoy exportan petróleo y gas natural, fortaleciendo sus economías y reduciendo la dependencia de mercados externos.
La crisis energética que enfrenta Colombia también ha servido para que muchos reconsideren sus posiciones. No deja de llamar la atención que algunos dirigentes que hace pocos años rechazaban categóricamente el fracking hoy lo defiendan, quizá por convicción o porque la realidad terminó imponiéndose sobre la ideología.
Durante los últimos cuatro años el país ha soportado un debate profundamente ideologizado y alejado de la evidencia científica. Es momento de retomar la discusión con seriedad.
Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque conformaron comisiones de expertos nacionales e internacionales que, tras rigurosos estudios, recomendaron una hoja de ruta para desarrollar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), con estrictos estándares ambientales y de seguimiento. Incluso uno de esos proyectos obtuvo licencia ambiental.
Sin embargo, al llegar a la Presidencia en 2022, Gustavo Petro suspendió los proyectos piloto sin presentar nuevos estudios técnicos que justificaran esa decisión. Fue una determinación basada en una posición política más que en evidencia científica. No es la primera vez que ocurre. Basta recordar cuando llegó a plantear la posibilidad de desmontar Hidroituango, desconociendo la importancia estratégica que esa infraestructura tiene para el sistema eléctrico nacional.
La realidad energética del país ya no admite más aplazamientos. Colombia necesita garantizar el suministro de gas natural para cerca de 37 millones de usuarios, además de abastecer a la industria, el comercio y al sector transporte, donde más de 200.000 vehículos operan con este combustible.
Las cifras son preocupantes. Durante los primeros meses de 2026, la producción comercializada de gas natural cayó un 12,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y mayo, la producción promedio fue de 697,8 millones de pies cúbicos por día (MPCD), frente a los 794,4 MPCD registrados en 2025. Esta reducción de 96,6 MPCD incrementa la dependencia de las importaciones, eleva los costos para los consumidores y hace más vulnerable al país frente a fenómenos climáticos como El Niño, que podría afectar la generación de energía.
Llegó la hora de dejar a un lado la ideología y asumir un debate responsable sobre el futuro energético de Colombia. El país necesita aprovechar todas las tecnologías disponibles y ambientalmente viables, incluyendo el fracking y, por qué no, abrir una discusión seria sobre la energía nuclear. La prioridad debe ser garantizar la seguridad energética y la competitividad de nuestra economía.
El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si la evidencia científica y la regulación existente ofrecen las garantías suficientes, no debería existir temor para avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. La verdadera irresponsabilidad sería seguir aplazando una decisión estratégica mientras las reservas disminuyen y la dependencia del gas importado aumenta.
La seguridad energética de Colombia no puede seguir siendo víctima de la ideología. Como decimos en Antioquia: hay quienes disfrutan de la leche, pero no quieren a la vaca.
*Senador electo por el Centro Democrático.