Aunque la mitad de los municipios objetivo aún no ha ejecutado ningún proyecto, la violencia y la desigualdad social no se limitan a los territorios definidos en 2016. Hay centenares de municipios de categorías 3 a 6 que podrían beneficiarse del buen uso de este instrumento.
Por: FRANK PEARL*
El mecanismo de ‘Obras por Impuestos’ fue creado por el Artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y reglamentado posteriormente, para que los contribuyentes de renta (personas jurídicas) con ingresos brutos superiores a 33.610 UVT puedan invertir hasta el 50% de su impuesto en proyectos de bienes públicos con alto impacto económico y social en las zonas más afectadas por el conflicto.
Se definió a 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y 344 ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), y a los municipios amazónicos con población inferior a los 85 mil habitantes, como únicos receptores potenciales de estos proyectos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda define el cupo total disponible para cada vigencia presupuestal.
Existen 11 líneas de inversión: energía, infraestructura (transporte, cultural, productiva rural y deportiva), educación, salud, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático, agua y saneamiento básico, y tecnología de comunicaciones. Los recursos pueden ejecutarse por dos vías: fiducia o convenio.
El mecanismo, concebido dentro del marco de la Reforma Rural Integral (que nunca llegó al Congreso), ha funcionado, pero resulta insuficiente y está subutilizado. Aunque permite transferir capacidades del sector privado para obtener beneficios públicos, algunas alcaldías y gobernaciones prefieren manejar los recursos directamente por razones políticas y, en algunos casos, las obras no se hacen por falta de capacidad o voluntad.
El cupo aprobado ha aumentado de $250 mil millones en 2018 a $1,1 billones en 2025. Aun así, representa solo una quinta parte del 1% del Presupuesto General de la Nación (PGN) una cifra insignificante frente al tamaño de la economía.
Según la Agencia de Renovación del Territorio, entre 2018 y 2024, 210 empresas ejecutaron 410 proyectos por más de $2,9 billones en 264 municipios: $2,03 billones en municipios PDET y $932 mil millones en ZOMAC. Por tipo de mecanismo: $1,4 billones vía fiducia y $ 593 mil millones por convenio. Hay proyectos en infraestructura de transporte por más de $600 mil millones, y el sector de hidrocarburos (Ecopetrol y las operadoras privadas) lidera la ejecución con el 51% del total.
La situación precaria de la ruralidad en Colombia es una oportunidad para fortalecer este instrumento y complementarlo con otros elementos de política pública que impulsen la competitividad y la formalización de las economías regionales.
Un proyecto de ley en este sentido podría reunir mayorías en el Congreso si incluye:
1) Convertir el mecanismo en permanente, incentivando la planeación más allá de los ciclos electorales y dentro de agendas regionales de largo plazo. Esto es lo indispensable.
2) Aumentar el cupo fiscal de manera significativa, gradual y sostenida. Perú, por ejemplo, destina el 1,75% de su PGN, ocho veces más que en Colombia en proporción.
3) Permitir que las 11 líneas de inversión se financien indistintamente por fiducia o convenio. La fiducia ha sido más confiable para muchas empresas, y su uso más amplio facilitaría una ejecución más eficiente. Además, mediante una adecuada coordinación entre el sector empresarial y el Estado, se fomentaría una visión integrada de desarrollo territorial, y Colombia podría definir una mejor agenda de competitividad regional y financiar parcialmente las iniciativas surgidas del Sistema Nacional de Competitividad.
Finalmente, es necesario debatir la ampliación del mecanismo a municipios no PDET y ZOMAC, pero igualmente con profundas problemáticas sociales.
Aunque la mitad de los municipios objetivo aún no ha ejecutado ningún proyecto, la violencia y la desigualdad social no se limitan a los territorios definidos en 2016. Hay centenares de municipios de categorías 3 a 6 que podrían beneficiarse del buen uso de este instrumento. El 86% de los municipios colombianos son de categoría 6, lo que evidencia el rezago territorial y la oportunidad de ampliar el alcance de Obras por Impuestos. Soluciones sí hay.
*Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.