Un fallo de un juez de Santa Marta paró veinte años de actividades en el campo que le puede solucionar a Colombia el problema de escasez de gas natural.
El bloqueo a proyectos energéticos está tomando ribetes macondianos. Un fallo de tutela de un juez de Santa Marta paralizó el proyecto que puede rescatar a Colombia de la escasez de gas natural que se avecina para los próximos años.
El gobernador de la comunidad indígena de Taganga, constituida hace unos cuatro años, interpuso una tutela por no haber sido consultada por el proyecto de exploración Uchuva-2, en el bloque Tayrona, ubicado a 31 kilómetros de la costa, donde Ecopetrol tiene el 55,6% de participación y Petrobras, como operador, el 44,4%.
La decisión judicial va más allá, hasta alcanzar los límites del absurdo, y también ordena a las compañías abstenerse de utilizar los nombres de Uchuva y Tayrona, porque son “símbolos culturales de la comunidad Taganga”, para lo cual requieren la debida autorización de dicha comunidad.
Esta suspensión se suma a la que hizo el Ministerio de Ambiente a la actividad exploratoria del pozo Komodo-1, también en aguas del Caribe colombiano, poniendo en riesgo jurídico la única cuenca que tiene las reservas probadas y los contratos de exploración y producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Recordemos que Colombia prohibió el fracking en todo el territorio y el gobierno de Gustavo Petro suspendió la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
En tal sentido, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva
De acuerdo con los gremios, “esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.”
Efectivamente, a lo largo de veinte años que lleva el proceso para explorar el bloque Tayrona, tanto el Ministerio del Interior como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han certificado desde 2006 que no hay comunidades en el área de influencia del proyecto y por lo tanto no había lugar a consultas.
El fallo judicial pone en vilo la autosuficiencia de gas natural en el país, pues se estima que el campo tiene reservas de entre 3 a 5 terapies cúbicos de gas, que equivale a más de dos veces las actuales reservas probadas, que alcanzan para unos seis años.
Cabe señalar que la certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por el Mininterior en varios actos administrativos. Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte alguna la comunidad.
Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.
Para la presidente de Naturgas, Luz Stella Murgas, “hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera, que tienen el potencial de brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, como en su momento lo hicieron los campos de Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa”.
Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que “este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos. Al materializar su potencial tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas. Con las reservas actuales el país empezará a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo”.
Pearl hizo énfasis en que “la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones”.
Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.
Geólogos se pronuncian
Sobre la decisión de suspender las operaciones de exploración en el proyecto Uchuva-2, la Asociación Colombiana de Geólogos también se pronunció y señaló que:
“Es urgente que el Ministerio del Interior realice una revisión exhaustiva de los procesos que lleva a cabo antes de iniciar la consulta previa y durante el mismo, garantizando no solo la transparencia, sino también una mayor rigurosidad en la inclusión de las comunidades.
“El Gobierno debe agilizar las medidas para incentivar los procesos exploratorios en el país, como lo ha anunciado no se firmarán nuevos contratos, pero es urgente que se asegure la viabilidad de los contratos vigentes.”