A raíz del anuncio del presidente Gustavo Petro de asumir las funciones de las comisiones que regulan los servicios públicos, los gremios Andesco, Asocodis, ANDEG, Acolgen y SER Colombia, se pronunciaron al respecto.
En comunicado a la opinión pública, los gremios informan que:
- Los sectores eléctrico y de gas natural desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajen de manera articulada logrando mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos en las últimas tres décadas.
- Sin embargo, las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos.
- Es fundamental garantizar la seguridad jurídica, que permita contar con reglas razonables y estables, y mantener la independencia de los entes de regulación, para mantener la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situación que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico.
- Por último, en nombre de los gremios que representamos y nuestras empresas afiliadas, ratificamos nuestra entera disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República y sus entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial.