Colombia necesita abrir ventanas de conocimiento, fortalecer la investigación científica, el monitoreo ambiental y el relacionamiento con las comunidades, para diseñar políticas que armonicen conservación, desarrollo y bienestar social.
El Bioma Amazónico colombiano vuelve al centro del debate nacional tras la discusión de un proyecto de resolución que busca declarar más de 483.000 km² del bioma amazónico como Reserva de Recursos Naturales Renovables, lo que equivaldría a cerca del 43% del territorio nacional.
“Esto significaría la prohibición de exploración y producción de hidrocarburos y minerales en esta región, que, en el papel, pretende blindar la Amazonía, apostando por la conservación y la bioeconomía. Sin embargo, este tema merece un análisis más profundo y técnico, que despierta al menos tres inquietudes que vale la pena analizar”, dijo Flóver Rodríguez, director de la Asociación Colombina de Geólogos y Geofísicos (ACGGP).
Las inquietudes del gremio son:
1. Un diagnóstico incompleto del problema amazónico
La resolución prohíbe nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y minería como si fueran la principal amenaza del bioma. Pero el deterioro de la Amazonía se explica en gran medida por la deforestación asociada a economías ilícitas, cultivos de uso ilícito, acaparamiento de tierras y extracción ilícita de minerales.
“Ignorar este hecho es simplificar el debate y desplazar la atención del verdadero desafío: cómo enfrentar las dinámicas ilegales que destruyen el bosque”, dice Rodríguez.
2. Una visión descontextualizada del territorio
El proyecto de resolución plantea blindar un 43% del país sin reconocer que gran parte de esa extensión ya ha sido históricamente intervenida por actividades humanas y productivas.
Además, es importante precisar que no todos los departamentos amazónicos tienen potencial de hidrocarburos, sino algunos como Putumayo, Caquetá y Meta, donde existen bloques y contratos vigentes, así como comunidades estrechamente vinculadas a esa actividad. Ignorar este hecho es desconocer la realidad productiva de esas regiones y los impactos económicos y sociales que una prohibición total generaría.
“Nadie duda de la necesidad de proteger la Amazonía. Pero hacerlo con diagnósticos incompletos, medidas desproporcionadas y sin participación genuina de quienes habitan el territorio puede ser contraproducente. En la discusión ambiental de Colombia es común que surjan propuestas de prohibición total como “solución rápida” a problemas complejos. Sin embargo, la experiencia muestra que prohibir sin conocer a fondo suele llevar a decisiones desproporcionadas y, muchas veces, ineficaces”, indicó Rodríguez Portillo.
3. Déficit democrático y de participación
La propuesta busca materializarse vía resolución ministerial, lo que evita el debate democrático en el Congreso y deja de lado la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan la región. Una medida de semejante envergadura debería pasar por una discusión pública amplia y por la construcción de consensos sociales, no imponerse desde un acto administrativo que además carece de jerarquía suficiente para alterar contratos vigentes de hidrocarburos.
“En Colombia, el sector de hidrocarburos no está en contra del ambiente; por el contrario, ha demostrado que es posible combinar la exploración responsable con la gestión ambiental y social. Pero el país necesita un debate de raíz, uno que reconozca que proteger la Amazonía es también entenderla desde la ciencia, la geología y la planificación territorial, no desde el miedo ni la desinformación”, agregó.
Avanzar en conocimiento detallado del territorio y el subsuelo, basado en ciencia y en diálogo social, no solo permite tomar mejores decisiones, sino que también otorga legitimidad.
Pero, una prohibición sin diagnóstico puede terminar castigando actividades legales, reguladas y con aportes sociales, mientras deja intactas las verdaderas amenazas: la deforestación y las economías ilícitas.