La Fiscalía General de la Nación formalizó cargos por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, en un expediente que combina hechos de la campaña presidencial con decisiones posteriores dentro de Ecopetrol.
La imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se convirtió en un caso que trasciende lo judicial y expone las tensiones entre política, financiamiento electoral y gobernanza corporativa en la empresa estatal más importante de Colombia.
Según el ente acusador, existen elementos que apuntan a que la campaña habría superado los límites legales de gasto, mientras otra línea de investigación examina si desde la petrolera se favorecieron contratistas con vínculos personales con Roa.
El núcleo del caso se remonta a 2022, cuando Roa ejerció como gerente de la campaña Petro Presidente.
Investigaciones del Consejo Nacional Electoral, lideradas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, establecieron que la campaña habría superado los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos, incluyendo recursos no reportados en ambas vueltas presidenciales.
Este hallazgo derivó en sanciones administrativas y posteriormente fue trasladado a la Fiscalía, lo que marcó el paso del proceso del ámbito electoral al penal.
Además, el expediente incluye el análisis de posibles donaciones irregulares y el origen de recursos, en medio de un contexto político ya tensionado por investigaciones paralelas sobre la financiación de la campaña.
Segundo frente: el apartamento y los contratos
El otro eje del caso es la presunta relación entre beneficios personales y decisiones contractuales dentro de Ecopetrol.
La Fiscalía investiga si Roa habría recibido un apartamento de lujo con un descuento significativo por parte de un empresario que posteriormente obtuvo contratos con la compañía petrolera.
También se indagan inconsistencias en los costos de remodelación del inmueble: mientras Roa reportó gastos cercanos a 300 millones de pesos, el arquitecto encargado señaló que la obra habría superado los $2.300 millones, con pagos en efectivo.
En este contexto aparece el nombre del empresario William Vélez, con quien Roa tuvo vínculos laborales previos y cuya eventual relación con la financiación de la operación es analizada por los investigadores.
Otro actor mencionado en el expediente es el empresario Juan Guillermo Mancera, presuntamente favorecido con contratación tras haber participado en negocios relacionados con el inmueble.
La defensa de Roa, encabezada por el abogado Juan David León Quiroga, ha insistido en que el directivo no ha sido formalmente notificado de la imputación y ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades.
El equipo jurídico sostiene que el proceso debe respetar la presunción de inocencia y cuestiona los tiempos y la forma en que se han divulgado las decisiones judiciales.
Roa, por su parte, ha negado las acusaciones y ha insistido en que sus actuaciones se ajustaron a la legalidad.
Ecopetrol en el centro de la tormenta
Más allá del proceso penal, el impacto más inmediato se ha sentido en Ecopetrol. La imputación generó fracturas dentro de la Junta Directiva, donde al menos tres miembros habrían considerado solicitar su renuncia, en medio de temores por el impacto reputacional y financiero para la empresa.
El caso coincide con un periodo complejo para la petrolera, marcado por: Observaciones de entes de control, costos legales millonarios, rebaja en la calificación crediticia, mayor costo de la deuda y caída en las utilidades año tras año. Todo ello ha alimentado la percepción de inestabilidad en la gobernanza corporativa.
El presidente Petro ha sostenido que las acusaciones responden a motivaciones políticas, mientras la oposición insiste en que el caso evidencia problemas estructurales en la relación entre política y empresas estatales.
El contexto se vuelve más relevante en la antesala de los ciclos electorales de 2026, donde el caso podría convertirse en un elemento central del debate político nacional.
Debate estructural sobre empresas estatales
Expertos señalan que el caso abre un debate más profundo sobre la gobernanza de empresas estratégicas en Colombia.
Ecopetrol representa una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país, por lo que cualquier crisis en su liderazgo genera efectos en confianza inversionista, política energética y estabilidad macroeconómica.
El desenlace del proceso no solo definirá la situación judicial de Roa, sino que podría marcar precedentes sobre la relación entre financiamiento político, nombramientos en empresas públicas y control institucional en Colombia.
Mientras la Fiscalía avanza en el proceso y la defensa insiste en su inocencia, el desenlace judicial podría redefinir no solo el futuro de Roa, sino también la gobernanza de la empresa más importante de Colombia.