Mientras ANDEG considera que la reciente subasta de Cargo por Confiabilidad es insuficiente para la seguridad energética del país, analistas del sector advierten que persisten dudas sobre la suficiencia de la nueva capacidad, la estabilidad regulatoria y la viabilidad de los proyectos adjudicados.
La reciente subasta de Cargo por Confiabilidad volvió a poner sobre la mesa uno de los principales debates del sector energético colombiano: cómo garantizar energía firme para atender el crecimiento de la demanda en medio de señales regulatorias cambiantes, retrasos en proyectos y riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.
La subasta realizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), adjudicó en teoría 4.069,7 MW de nueva capacidad neta para entrar en operación a partir de diciembre de 2029.
Según la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), el resultado constituye un avance para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente por la incorporación de 2.276,8 MW térmicos que servirían como respaldo durante periodos de baja hidrología, aunque de esta capacidad se comprometieron solamente 270 megavatios.
Sin embargo, el propio gremio advirtió que la subasta no resuelve completamente las necesidades futuras del sistema y que serán necesarios nuevos procesos de expansión para cubrir el crecimiento de la demanda en los próximos años, pues del 6% de déficit estimado para 2029, la nueva subasta cubrirá 2%, dejando un hueco de 4%.
El temor a un déficit de energía firme
Desde hace varios años distintos agentes vienen alertando sobre el riesgo de insuficiencia energética hacia el final de la década. Consultores y expertos han dicho que las señales regulatorias y los aplazamientos de las subastas generan incertidumbre entre inversionistas y desarrolladores.
Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, sostiene que modificar cronogramas o aplazar convocatorias afecta el cierre financiero de los proyectos y deteriora la confianza del mercado.
Se refiere, por un lado, a que faltando un día para la entrega de ofertas, la CREG acogió la solicitud de un agente para postergar la entrega de garantías, que ya no será a los 15 días de la subasta sino hasta el 6 de agosto, un día antes de la terminación del actual gobierno.
Para Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, a eso hay que agregarle que la CREG no ha revelado quién fue el solicitante que pidió esa prorroga. Se especula que pudo ser la única térmica que se presentó: Termoinduenergy-Nencol 5, lo que agregaría más opacidad e incertidumbre al proceso.
Y es que cabe recordar que al frente de este proyecto está Jorge Manuel Urbano del Cristo Castellanos Gómez, conocido en los círculos empresariales de la Costa como George Castellanos, y quien participó en dos subastas anteriores. En una le ejecutaron las garantías por no desarrollar el proyecto, y en la segunda vendió el proyecto a un tercero. La pregunta que cabe es: ¿Por qué la CREG aceptó a Castellanos con los antecedentes que tiene?
Las firmas ganadoras ahora son Nodo Energético del Norte de Colombia SA ESP (Nencol), y Termoinduenergy Corporation SAS, en las que figura Castellanos como representante legal. Según el diario El Tiempo, Nencol fue constituida en febrero de 2016. Su actividad registrada es la generación y comercialización de energía eléctrica y reporta 67 millones de pesos en activos, lo que deja dudas sobre la capacidad real de ese proyecto para entrar en operación en los plazos establecidos.
Lo que temen los expertos es que finalmente ese proyecto no entre en operación, pero si haya contribuido a distorsionar el proceso y a presionar a la baja el precio de remuneración. Para este proyecto el precio adjudicado fue de 16,4 USD/MWh, cuando en la actualidad es de 19 USD/MWh y, trayéndolo a valor presente, para 2029 debería rondar los 21 dólares.
La discusión también se centra en la calidad de la energía firme adjudicada. Aunque la transición energética impulsa el ingreso de proyectos solares y eólicos, varios analistas insisten en que las tecnologías renovables todavía requieren respaldo térmico para garantizar suministro continuo durante eventos climáticos extremos. ANDEG advierte que el sistema necesitará una generación térmica superior a 100 GWh-día en escenarios de sequía prolongada.
Más capacidad no significa menos incertidumbre
Aunque la subasta fue presentada oficialmente como una señal positiva para la expansión energética, varias voces del sector consideran que persisten problemas estructurales.
Las críticas apuntan a tres factores principales: dificultades ambientales y sociales para desarrollar proyectos, altos costos de garantías financieras y cambios regulatorios frecuentes.
Algunas especialistas consideran que nuevas convocatorias no garantizan por sí mismas la confiabilidad del sistema si no se solucionan obstáculos asociados al licenciamiento, conexión y construcción de infraestructura.
De hecho, Castañeda resaltó que para cuando el proyecto Termoinduenergy-Nencol 5 entre en operación se requieren tres líneas de transmisión de 500 kilo voltios, algo que no se ve en el país desde hace décadas.
También existen cuestionamientos sobre la ausencia de estudios públicos que expliquen con claridad la necesidad exacta de nueva energía firme y los criterios técnicos utilizados para definir la demanda objetivo de la subasta.
Estas observaciones coinciden con parte de las preocupaciones expresadas por ANDEG en torno a la necesidad de fortalecer la institucionalidad y recuperar estabilidad regulatoria para atraer inversión de largo plazo.
Según el gremio, en los próximo diez años el sector eléctrico colombiano requiere inversiones del orden de 66 billones de pesos, de los cuales solo en generación se requieren $34 billones.
El peso de Air-e y el fenómeno de El Niño
Otro elemento que aumenta la presión sobre el sistema es la situación financiera de Air-e.
ANDEG alertó que las deudas acumuladas de la compañía con generadores y agentes del mercado superan los 2,3 billones de pesos posteriores a la intervención estatal y que las plantas térmicas concentran cerca de 1,5 billones de pesos de esa cartera.
Para el gremio, esa situación compromete la capacidad financiera de las empresas para asegurar combustibles y mantener disponible el parque térmico en un escenario climático crítico, pues solo el valor de los combustibles para operar un mes representa 1,5 billones de pesos.
El problema adquiere mayor relevancia ante las alertas internacionales sobre un posible fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Las probabilidades de ocurrencia superarían el 82 % en julio.
El debate de fondo: transición energética y confiabilidad
La discusión sobre la subasta refleja una tensión más amplia dentro del modelo energético colombiano. Por un lado, el país busca acelerar la incorporación de fuentes renovables para avanzar en la transición energética. Por otro, el sistema todavía depende de generación térmica e hidráulica para responder ante variaciones climáticas y aumentos de demanda.
El mecanismo de Cargo por Confiabilidad nació precisamente para asegurar energía firme en escenarios críticos. La regulación vigente establece que los generadores reciben remuneración a cambio de garantizar disponibilidad cuando el sistema lo requiera.
Sin embargo, la discusión ya no se limita a cuántos megavatios se adjudican. El foco ahora está en si el país cuenta con reglas estables, capacidad de transmisión, licencias ambientales ágiles y respaldo financiero suficiente para que los proyectos realmente entren en operación.
La conclusión compartida por buena parte del sector es que Colombia necesita nuevas inversiones y mayor expansión energética. La diferencia aparece en la forma de lograrlo y en la confianza que hoy ofrece el marco regulatorio para atraer capital de largo plazo, pues, como dice Castañeda, con la reciente subasta “nos quedamos con el pecado y sin el género”.