Acolgen y sus empresas asociadas expresaron su preocupación por la expedición del Decreto 1072 de 2025, por parte del Ministerio de Minas y Energía.
Según el gremio, las medidas contenidas en dicho Acto representan una intervención desproporcionada en el mercado que atenta contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas y la confiabilidad energética del país a largo plazo.
En un comunicado a la opinión pública, Acolgen señaló los motivos de alerta sobre los siguientes aspectos:
- Intervención excesiva y anulación de la libertad de mercado. La medida más perjudicial del Decreto es la obligación impuesta a los generadores hidráulicos de vender «al menos el 95% de la generación horaria» mediante contratos. Esta disposición es, en la práctica, un atentado a la libertad de empresa y contratación de las empresas, que se opone en forma directa a la Ley 143 de 1994, según la cual las transacciones en el mercado de energía mayorista son libres y que, adicionalmente, elimina la capacidad de los generadores de optimizar su recurso y cubrirse eficientemente ante fluctuaciones hidrológicas.
- Vulneración del principio de igualdad ante la Ley y distorsión de la competencia en el mercado. La norma establece un trato regulatorio desigual que afecta la libre competencia entre tecnologías. Específicamente, se impone una obligación de contratación únicamente a la tecnología hidráulica, excluyendo a las demás fuentes de generación (solar, eólica y térmica). Dicha diferenciación genera una significativa ventaja competitiva para unas tecnologías sobre otra, un punto que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había señalado y que fue omitido en la versión final del decreto.
- Riesgos para la sostenibilidad financiera y futuras inversiones. El decreto crea un entorno de alta incertidumbre regulatoria y financiera que desincentiva la inversión en el sector, afectando la rentabilidad de los agentes al obligar a los generadores a comprometer su energía en contratos, estableciendo barreras para nuevos proyectos. Una intervención tan drástica y con un plazo de implementación de tan sólo tres meses envía una señal negativa a los inversionistas, quienes percibirán a Colombia como un mercado de alto riesgo regulatorio, frenando la construcción de nuevos proyectos, los cuales son fundamentales para garantizar que haya suficiente energía para cubrir el consumo del país.
- Desconocimiento de la naturaleza técnica del recurso hídrico. La norma ignora la naturaleza variable de la hidrología (lluvias). Forzar una contratación del 95% a nivel horario es operativamente inviable y riesgoso. Un generador no puede prever con total certeza cuánta agua tendrá disponible en una hora específica. El incumplimiento de estos contratos forzados podría traer sanciones y sobrecostos que no han sido medidos. La bolsa de energía es el mecanismo idóneo para gestionar esta variabilidad, y el decreto la neutraliza.
- Soluciones ineficientes y complejidad regulatoria. El decreto ordena a la CREG diseñar en tiempo récord «mecanismos de contratación flexibles». Esto, en lugar de simplificar, añade una capa de complejidad regulatoria que puede resultar ineficiente y burocrática. El gobierno diagnostica una falla de mercado y, en lugar de corregirla con incentivos, opta por una sobrerregulación que podría generar mayores distorsiones. Su texto menciona análisis técnicos y consultas con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero la medida final (el umbral del 95%) es una regla rígida que no parece considerar las alternativas de mercado que la propia SIC sugirió, como los esquemas voluntarios o con incentivos.
En conclusión, el gremio señala que el Decreto 1072 de 2025, bajo la justificación de proteger a los usuarios vulnerables, impone una camisa de fuerza a los generadores hidráulicos que debilita los principios de un mercado competitivo y eficiente.
Las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y se reflejarán en menores inversiones en generación, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro, y estableciendo riesgos financieros para las empresas generadoras, que son el pilar del sistema eléctrico, y para los consumidores por la desarmonización del mercado.
Finalmente, Acolgen hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para suspender la aplicación de este decreto y abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado.
«Existen mecanismos más eficientes para proteger a los usuarios sin destruir la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética de Colombia durante décadas», concluye el comunicado.