La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) manifestó preocupación ante la propuesta de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo, una medida que podría comprometer severamente el futuro energético y económico del país.
El gremio petrolero recordó que en 2022 el Gobierno nacional promovió una reforma tributaria que incluyó, sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada en los altos precios internacionales del crudo (para ese año promediaron los USD 100 por barril, precios que actualmente han bajado a cerca de los USD 70), entre otros nuevos gravámenes a la industria del petróleo y gas.
Fruto de esa decisión, el sector hoy tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50%, mientras otros sectores no llegan al 30%, un claro ejemplo de inequidad tributaria, según el gremio.
Ahora, la ‘Ley de Financiamiento’, propuesta por el Gobierno, aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, llevándola hasta el 20%.
Esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y demás aportes, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando inversiones en el país.
Para la industria, esta medida supone un nuevo cambio en las reglas de juego que pondría en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos e incidiría en menor inversión exploratoria y de desarrollo, por lo cual, también en nuevas reservas y producción futura, en consonancia con la política del gobierno de ir marchitando el sector de hidrocarburos en Colombia.
“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido 57%, lo que ha conllevado a que las inversiones voluntarias caigan a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría Ley de Financiamiento”, señaló Frank Pearl, presidente ejecutivo de la ACP.
El dirigente añadió que esta tendencia se agrava con nuevas cargas impositivas, por lo que se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración.
Pearl agregó que este aumento también compromete las metas de producción de hidrocarburos (MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 contempla una producción promedio de 750 mil barriles día de petróleo hasta el 2035), en la medida en que el incremento en los gravámenes afectaría a todos los campos, principalmente, a los que producen crudos pesados y a los marginales, que representan respectivamente el 54% y el 10% del total nacional, los cuales serían inviables al adicionar los nuevos gravámenes.
Asimismo, se vería comprometida la aprobación de nuevos proyectos de desarrollo, necesarios para incrementar la producción y evitar la declinación natural de los campos. “Llevando al país a una caída precipitada de la producción”, enfatizó.
Así, teniendo en cuenta que el 45% del total de la matriz energética colombiana proviene del petróleo y el 21% restante del gas natural, la aprobación de esta propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética de Colombia, en la medida en que para garantizar el abastecimiento energético se requiere inversiones constantes en exploración y producción. “Por lo tanto, en el mediano plazo el país estaría condenado perder su autosuficiencia en hidrocarburos, afectando la generación de regalías, empleos, encadenamientos productivos en las regiones e ingresos a la Nación”, dijo Pearl.
Cabe recordar que la industria de petróleo y gas en Colombia representa el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, el 16% de la inversión extranjera directa y el 4,6% del PIB.
Además, los recursos de regalías que financian proyectos en las regiones en materia de educación, salud y servicios públicos, entre otros, y cuyo presupuesto bienal 2025-2026 recientemente aprobado por el Congreso fue de $30,9 billones, declinarían significativamente en el futuro. Luego, un incremento adicional en los impuestos amenaza las contribuciones de esta industria al país y las regiones.
Finalmente, la ACP hizo un llamado a los integrantes de las comisiones económicas del Congreso de la República, para que no se apruebe el aumento de la sobretasa y ninguna otra medida confiscatoria que conlleve a marchitar una industria fundamental para la seguridad energética, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de las regiones.