A propósito de la consulta previa

La ausencia de una Ley estatutaria que desarrolle integralmente el derecho fundamental a la consulta previa ha contribuido a la incertidumbre jurídica, dando pábulo al mal llamado activismo judicial, a la dispersión de criterios y a la creciente judicialización de los proyectos estratégicos.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

La consulta previa es una conquista histórica de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 21 de 1991, y respaldada por la Constitución Política de 1991.

Su propósito es garantizar la participación efectiva de estas comunidades en las decisiones, proyectos y actividades susceptibles de afectarlas directamente, salvaguardando su identidad cultural, sus derechos colectivos y su integridad territorial.

Se trata, pues, de un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por el Estado. Pero, como ocurre con todos los derechos, su ejercicio debe estar presidido por la buena fe, la transparencia y la responsabilidad.

Una cosa es el uso legítimo de la consulta previa y otra muy distinta su abuso, que termina por desvirtuar su naturaleza y deslegitimar una institución concebida para proteger a las comunidades, no para convertirla en instrumento de presión o de negociación de intereses particulares.

Es importante precisar que la consulta previa no procede por la simple invocación de la condición étnica ni por la mera proximidad geográfica, sino por la existencia de una afectación directa, que debe ser determinada con rigor técnico y jurídico por parte del Ministerio del Interior, que es la autoridad competente.

Nadie puede desconocer los legítimos derechos de las comunidades que eventualmente puedan resultar afectadas. Pero tampoco puede admitirse que, al amparo de esos derechos, se abra paso a pretensiones infundadas o a la proliferación artificial de reclamaciones.

Los oportunistas y los impostores que pretendan instrumentalizar la consulta previa, arrogándose representaciones que no les corresponden o persiguiendo beneficios particulares, no solo perjudican al país atrasando la ejecución de proyectos estratégicos de beneficio general, les hacen un flaco servicio a las propias comunidades cuyos derechos dicen defender. Ello, desde luego, debe establecerse con pruebas y no mediante señalamientos indiscriminados contra quienes ejercen legítimamente sus derechos.

Colombia necesita reglas claras. Y eso es lo que han demandado del Congreso de la República las altas cortes, que por más de una década y de manera reiterada le han solicitado que se ocupe de ello expidiendo la Ley que reglamente tanto la consulta previa como las consultas populares.

La ausencia de una Ley estatutaria que desarrolle integralmente el derecho fundamental a la consulta previa ha contribuido a la incertidumbre jurídica, dando pábulo al mal llamado activismo judicial, a la dispersión de criterios y a la creciente judicialización de los proyectos estratégicos.

Es hora de que el Congreso de la República asuma esta tarea pendiente, atendiendo los mandatos constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los compromisos internacionales del Estado colombiano.

Por fortuna, se tramita en este momento el proyecto radicado, con apoyo del Gobierno, por parte del senador Juan Espinal.

La consulta previa no equivale, por regla general, a un derecho de veto, pero tampoco puede reducirse a un simple trámite para legitimar decisiones previamente adoptadas. Su finalidad es propiciar un diálogo intercultural genuino, de buena fe, orientado a alcanzar acuerdos y prevenir afectaciones a los derechos de las comunidades.

En momentos en que Colombia enfrenta serios desafíos para garantizar su seguridad energética y recuperar su autosuficiencia en el abastecimiento de gas natural, proyectos de la trascendencia de Sirius no pueden quedar atrapados indefinidamente en un laberinto de incertidumbre administrativa y judicial. Pero su importancia estratégica tampoco exime al Estado y a las empresas de cumplir sus obligaciones constitucionales.

Lo propio puede afirmarse con respecto de los múltiples proyectos de generación y transmisión de energía que se encuentran atascados a causa de los desencuentros de las empresas ejecutoras con las comunidades, lo cual se ha traducido en un déficit de la oferta de energía firme, exponiendo al país a un virtual racionamiento del servicio de energía eléctrica.

La consulta previa debe ser una garantía de derechos, no una patente de corso para quienes pretendan medrar a su sombra. Defenderla implica también protegerla de su instrumentalización y de los abusos que puedan cometerse en su nombre.

Porque, cuando un derecho fundamental se utiliza indebidamente, no solo se compromete la viabilidad de los proyectos y la seguridad jurídica, también se erosiona la confianza pública en una institución que merece ser preservada y fortalecida.

Ni desconocimiento de los derechos de las comunidades ni complacencia con quienes pretendan abusar de ellos. Ese debe ser el justo equilibrio.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La SIC archivó investigación contra Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa

La investigación contra el grupo empresarial era por supuestas irregularidades en la contratación de helicópteros entre los años 2011 y 2023.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) notificó el archivo definitivo de la investigación administrativa que adelantaba contra Ecopetrol y sus empresas filiales, Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (Cenit) y Oleoducto Central S.A. (Ocensa).

La decisión oficializada mediante la Resolución No. 88976 de 2026, pone fin a un proceso iniciado en 2024 que indagaba presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica.

Con este archivo definitivo, las sociedades del Grupo Ecopetrol eliminan por completo el riesgo de enfrentar una multa que habría ascendido a más de 525.000 millones de pesos.

La investigación buscaba esclarecer si existió un supuesto direccionamiento en los procesos de contratación del servicio de helicópteros por el grupo empresarial entre 2011 y 2023, bajo el marco del artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

De acuerdo con información de Ecopetrol, la SIC fundamentó su decisión en cuatro conclusiones principales que desvirtúan las sospechas de irregularidades.

Primero,el ente de control constató que no se logró acreditarla existencia de coordinación ni de direccionamiento en los procesos de contratación para favorecer a ningún proponente específico por parte de las empresas del grupo.

Segundo, se determinó que en los procesos de selección siempre existió una pluralidad de oferentes y una dinámica competitiva activa, las cuales fueron debidamente aseguradas por Ecopetrol, Cenit y Ocensa.

Tercero, la SIC validó que las exigencias contractuales relacionadas con la antigüedad y disponibilidad de las aeronaves contaban con un sólido sustento técnico. Estos requisitos respondían directamente a los estándares de seguridad operacional del sector y a la política corporativa “Primero la vida”, guardando una relación directa y proporcional con el objeto que se pretendía contratar.

Finalmente, el ente de control concluyó que las cancelaciones de algunos de los procesos de contratación analizados estuvieron plenamente justificadas.

La SIC también ordenó archivar la investigación que pesaba sobre cinco personas naturales vinculadas a la filial Cenit. A estas personas se les señalaba de haber presuntamente colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas investigadas.

En el plano procedimental, la SIC acogió la recomendación de archivo emitida por su Consejo Asesor de Competencia. Con esto, la Superintendencia se apartó de la recomendación de sanción que previamente había formulado la Delegatura para la Protección de la Competencia en relación con la imputación subsidiaria.

No obstante,contra La resolución de archivo procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de las partes.

Cascos Rosa forma a 18 mujeres en mantenimiento minero

Cerrejón y Komatsu gradúan la primera promoción de mujeres del programa Cascos Rosa en equipos mineros.                                                                                                                                     

Cerrejón y Komatsu graduaron la primera promoción de Cascos Rosa, un programa de formación técnica de 120 horas certificadas, que busca ampliar las oportunidades de aprendizaje y crecimiento de las mujeres en la industria minera.

“En Cerrejón entendemos que la equidad también se construye generando oportunidades de entrenamiento y desarrollo para que más mujeres fortalezcan sus capacidades técnicas y puedan asumir nuevos retos. Cascos Rosa es una muestra de cómo la formación contribuye a cerrar brechas y a construir espacios de participación y crecimiento para el talento femenino”, señaló Ángela López, vicepresidente de Mantenimiento de Cerrejón. 

En esta primera edición participaron 18 mujeres, entre supervisoras, técnicas, analistas, programadoras y planeadoras de Cerrejón, incluyendo mujeres del área de influencia directa.

El proceso contempló tres módulos especializados en mantenimiento de: camiones, palas eléctricas y cargadores, cada uno con formación teórica y prácticas directamente en los equipos, permitiendo a las participantes acercarse a sus características, funcionamiento y conocimientos técnicos.

“Fue una experiencia que nos permitió aprender desde la teoría hasta la práctica, conocer más de cerca los equipos y fortalecer nuestras habilidades técnicas. También nos ayudó a ganar confianza y a reconocer que tenemos las capacidades para seguir creciendo y aportando en la industria minera”, expresó María Carmela Ciliberti, una de las participantes.

Esta alianza representa un hito para Komatsu, que por primera vez lleva su iniciativa Cascos Rosa al ámbito de los equipos mineros, luego de desarrollar experiencias de formación dirigidas a los sectores de infraestructura y construcción.

Desde Komatsu, Paula Jaramillo, gerente de Personas y Sustentabilidad, expresó: “Nos enorgullece llevar Cascos Rosa al sector minero de la mano de Cerrejón. Esta experiencia amplía el alcance de nuestro programa y nos permite compartir conocimientos técnicos que contribuyen al desarrollo de más mujeres en una industria llena de oportunidades”.

Con esta primera promoción, Cerrejón y Komatsu convierten la formación en oportunidades concretas, contribuyendo a que más mujeres participen, crezcan y construyan su camino profesional en la minería. “Contar con mujeres preparadas y con conocimientos técnicos en nuestras áreas es una oportunidad para seguir desarrollando el talento que tenemos en Cerrejón. Queremos que cada una de las mujeres que hacen parte de nuestro equipo, encuentren espacios para crecer, asumir nuevos retos y aportar a nuestra operación”,concluyó Miguel Montoya, gerente de Recursos Humanos de Cerrejón.

Ecopetrol inicia la senda de la recuperación

Luego del desastre dejado por el gobierno Petro, bajo la presidencia de Ricardo Roa, el Grupo Ecopetrol presentó sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 2026, con un crecimiento de las utilidades.

En el reporte, Ecopetrol señaló que “ante la maduración de los campos y la presión sobre la producción base, los segmentos de refinación, transporte y comercialización sostuvieron la generación de valor”.

El trimestre cerró con una utilidad neta de COP 4,8 billones y un margen EBITDA del 45%. Los resultados del trimestre incluyen un mes de aporte de Brava a partir de su adquisición.

Estas fueron las cifras que presentó la Compañía:

Ingresos: En el tercer trimestre de 2026 alcanzaron COP 35,1 billones, un aumento de 18% frente al mismo trimestre de 2025.

EBITDA: Alcanzó COP 15,9 billones, 29% más que en el tercer trimestre de 2025 con un margen EBITDA del 45% (mejora de 4 puntos porcentuales). El EBITDA acumulado a septiembre fue de COP 47 billones: exploración y producción aportaron el 50%; refinación, el 19%; transporte, el 16%; y transmisión y vías, el 15%.

Utilidad Neta: Fue de COP 4,8 billones, 86% más que en el tercer trimestre de 2025. Entre enero y septiembre alcanzó COP 13,7 billones, un crecimiento anual de 83%, que incluye un aporte de COP 100 mil millones tras la adquisición de Brava.

El comportamiento se explica por el mayor precio del Brent y la mejora de los precios de los productos refinados que aportaron COP 13,5 billones, los cuales compensaron los menores precios de venta de la canasta de crudos y otros efectos negativos tales como:

Tasa de cambio e inflación: Impacto negativo de COP 4,1 billones por menor tasa de cambio y el aumento de los costos por inflación.

Impuestos: Impacto negativo de COP 2,1 billones por mayor carga tributaria por el impuesto al patrimonio y el aumento de la sobretasa de renta, del 0% en 2025 al 15% en 2026.

Operación: Impacto negativo de COP 1,2 billones, principalmente por menores ventas asociadas a la disminución de la producción.

Caja y liquidez: Al cierre de septiembre, el saldo de caja fue de COP 16,3 billones. El flujo de caja operativo acumulado alcanzó COP 22 billones y respaldó las inversiones, las obligaciones financieras y el pago de dividendos.

La cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cerró en COP 11,4 billones, que incluyen cerca de COP 1,6 billones pendientes de pago del primer trimestre de 2025

Deuda: La relación entre deuda bruta y EBITDA se ubicó en 2,1 veces para el Grupo y 1,5 veces sin ISA. Estos niveles reflejan la consolidación y financiación de Brava y se mantienen dentro del límite superior de 2,5 veces. 

Inversiones: La inversión orgánica acumulada a septiembre fue de USD 4.766 millones. El 65% se destinó a hidrocarburos; el 27% a transmisión y vías, y el 8% a energías para la transición.

Por geografía, el 65% se ejecutó en Colombia y el 35% en operaciones internacionales. Adicionalmente, se realizaron USD 1.420 millones en inversiones inorgánicas, que incluyen la adquisición de Brava, la participación en activos de Madeira en ISA Brasil y el aporte de entrada del proyecto Génova.

Resultados operativos

Exploración: El Grupo perforó 9 pozos durante los nueve meses del año con lo que se anticipó el 100% de la meta para 2026; sin embargo, el informe no menciona los resultados de los pozos, teniendo en cuenta que Floreña N-18, una apuesta de cien millones de dólares, resultó seco.

En el cuarto trimestre de 2026 espera perforar 3 pozos adicionales. Se destaca la aprobación por parte de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) del plan de desarrollo de Orca en Brasil.

Producción: Se destaca el aporte de la nueva subsidiaria Brava Energía, con 39 mil barriles contribuyendo a una producción total del Grupo Ecopetrol que alcanzó 747 mil barriles de petróleo equivalente por día, (+6% vs 2T26).

Refinación: Registró otro trimestre récord con un incrementó de 427% del EBITDA versus el tercer trimestre de 2025 que alcanzó COP 4,1 billones con un margen EBITDA de 19%. El margen bruto de refinación récord alcanzó 45.6 USD/Bl (+219% vs 3T25), respectivamente.

En los primeros nueve meses de 2026 se consolidó una carga promedio de 423 mil barriles por día (+3% vs.9M25). 

Transporte: Se transportaron en lo corrido del año más de 1,1 millones de barriles por día (+1.2% versus 9M25).

Avances en otras energías

El entorno geopolítico ha generado aumentos en el precio del Gas Natural Licuado (GNL) entre octubre de 2025 y octubre de 2026, superiores al 196%. En este contexto, Ecopetrol decidió no continuar con procesos de compra en el mercado internacional, pero no señaló en qué estado quedan los compromisos adquiridos con la Regasificadora del Pacífico y Puerto Bahía LNG, que inician operaciones entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Gas: Ecopetrol fue el único oferente de volúmenes de gas en firme de largo plazo durante el trimestre, con 293 GBTUD y asignó volúmenes adicionales de Cupiagua.

SPEC: Ecopetrol aportó al mercado 97 GBTUD durante el mantenimiento de SPEC y se incrementó en 5 GBTUD la disponibilidad durante la contingencia operativa de gas presentada en septiembre para atender la demanda regulada y el Sistema Nacional de Transporte. Adicionalmente, en octubre incrementó 5 BGTUD con el objetivo de apoyar la estabilidad operativa de los gasoductos.

Puerto Bahía LNG arrancaría en febrero de 2027

Frontera Energy anunció los resultados del tercer trimestre de 2026 y señaló que el inicio del proyecto de GNL avanza según lo previsto para febrero de 2027. Además, aprobó la Fase II del proyecto de importación de GLP.

Al informar los resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2026, la canadiense Frontera Energy anunció que mantiene la meta de febrero de 2027 para la entrada en operación de Puerto Bahía LNG, que sería la segunda planta de regasificación de Colombia en la costa Caribe.

Con una capacidad inicial contratada por Ecopetrol de 126 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), la planta llegaría en el momento de mayor intensidad del Fenómeno de El Niño, cuando las plantas térmicas de generación están a tope, lo cual ayudará a mitigar el creciente déficit de suministro de gas natural en Colombia y también abre la puerta a una mayor demanda de terceros.

Durante el trimestre que terminó en septiembre, Puerto Bahía LNG avanzó en las modificaciones del muelle, las obras civiles para la conexión al sistema de gasoductos y la adquisición de los sistemas de amarre. El proyecto avanza según lo previsto y ya está completado en un 71%.

Frontera también aprobó la Fase II del proyecto de importación de GLP, cuyas operaciones se prevé que comiencen en 2028. De acuerdo con la compañía, los volúmenes importados de GLP se vienen triplicando trimestre tras trimestre.

“A medida que estos proyectos a corto plazo avanzan, la Compañía también evalúa oportunidades adicionales, incluyendo el segmento de carga seca, donde se espera un mayor crecimiento más allá de la capacidad actual, y la generación de energía a gas, impulsada por el proyecto de GNL”, comentó Gabriel de Alba, presidente del Consejo de Administración.

Resultados financieros

Frontera cierra el tercer trimestre de 2026 con un crecimiento del EBITDA ajustado del 16% interanual. El Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL) continúa proporcionando un flujo estable de distribuciones de efectivo, y Puerto Bahía consolida su posición como un centro estratégico de energía y logística en la costa caribeña de Colombia.

De acuerdo con Orlando Cabrales Segovia, CEO de Frontera, “la compañía tuvo un sólido tercer trimestre, con un EBITDA ajustado de 34,8 millones de dólares, un aumento del 16% con respecto al mismo trimestre del año pasado, y una utilidad neta de 11,7 millones de dólares.

“En Puerto Bahía, los ingresos alcanzaron los 15,6 millones de dólares, liderados por nuestra terminal de carga general, donde las unidades RoRo manejadas crecieron un 37% y los volúmenes de carga fraccionada crecieron un 62% interanual.

“También firmamos nuevos acuerdos de compra obligatoria para manejar mayores importaciones de diésel y fuel oil. En ODL, los volúmenes aumentaron a aproximadamente 242.000 barriles por día, lo que contribuyó con 17,2 millones de dólares de ingresos por capital durante el trimestre”.

Luz Stella Murgas es la nueva presidente de la ANDI

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) celebró la elección de quien ha liderado el gremio desde 2021 y destaca su contribución al fortalecimiento de la industria del gas natural, su capacidad de interlocución institucional y su compromiso con la seguridad energética.

Luz Stella Murgas Maya fue designada como nueva presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Después de cinco años al frente de Naturgas, Murgas Maya asume uno de los principales desafíos del liderazgo empresarial colombiano, convirtiéndose en la primera mujer en presidir la ANDI en más de ocho décadas de historia.

Su elección representa un reconocimiento a una trayectoria de liderazgo gremial y abre un nuevo capítulo profesional para quien ha dedicado buena parte de su carrera a promover condiciones para la inversión, la competitividad y el desarrollo económico del país.

Desde su llegada a Naturgas en 2021, Luz Stella Murgas ha contribuido a fortalecer la participación del gremio en las principales discusiones sobre el futuro energético de Colombia, promoviendo una visión en la que el gas natural es fundamental para la seguridad del abastecimiento, la competitividad empresarial y la calidad de vida de 36 millones de colombianos que se benefician de este energético.

“Luz Stella ha sido una líder determinante para la industria del gas natural. Con rigor técnico, capacidad de diálogo y una profunda convicción sobre el papel de este energético en el desarrollo del país, logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento. Su gestión deja un gremio más fuerte, más cohesionado y mejor preparado para los retos que vienen. Desde el Consejo Directivo celebramos que ahora lleve esa visión al conjunto del empresariado colombiano», afirmó Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas.

Murgas es abogada de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho tributario de la misma universidad.

Remplaza en el cargo a Bruce Mac Master, quien después de casi trece años al frente de la ANDI, el pasado 5 de octubre presentó su renuncia ante la Junta Directiva del gremio, decisión que se dio en medio de varias diferencias y tensiones entre Mac Master con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El dirigente expresó su deseo de que su retiro contribuyera a recuperar el trabajo conjunto entre el sector público y los empresarios. Al mismo tiempo, defendió la autonomía de las instituciones y pidió mantener una actividad gremial independiente.

El relevo también se enmarca en el periodo de la mesa directiva elegida para 2026-2027. El pasado 8 de septiembre, la Andi anunció a Rodolfo Castillo como presidente de la Junta y a María del Rosario Gómez como vicepresidente.

Energizan los circuitos 1 y 2 del tramo Cuestecitas – La Loma

La infraestructura del tramo Cuestecitas – La Loma a 500 kilovoltios (kV) comprende 248 kilómetros y 511 torres de transmisión.

Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), energizó el proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora en su tramo Cuestecitas – La Loma, circuitos 1 y 2 a 500 kilovoltios (kV).

La línea de transmisión de doble circuito del tramo Cuestecitas – La Loma comprende 248 kilómetros y 511 torres; además contempla la nueva subestación Colectora y la ampliación de las subestaciones La Loma y Nueva Cuestecitas, todas a 500 kV.

“Con la energización culminamos un esfuerzo técnico, operativo y constructivo en el que participamos con comunidades, autoridades, contratistas e interventoría, con el fin de integrar las energías renovables de La Guajira al sistema eléctrico nacional”, afirmó Fredy Zuleta, gerente General de Enlaza.

Una de las claves para avanzar en la construcción del proyecto Colectora ha sido el desarrollo de la gestión social a lo largo de su trazado, en el cual se ha logrado establecer un lazo de confianza y entendimiento con comunidades étnicas y no étnicas.

En ese marco se ha consolidado el relacionamiento con diversas etnias como los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Yukpa, comunidades afrodescendientes y comunidades wayuu. Con ellas se han surtido de manera asertiva los procesos de consulta previa, alcanzando la concertación de los acuerdos, cuyo nivel de cumplimiento avanza sobre un 86%.

Según Zuleta, en el proyecto Colectora, en su tramo Cuestecitas – La Loma, la empresa ha invertido más de 12 mil millones de pesos en compensaciones e inversión social, en beneficio de más de 177 mil personas de 121 comunidades, entre étnicas y no étnicas, con aproximadamente 80 iniciativas para mejorar la infraestructura comunitaria, el acceso al agua, mejoramiento de vías, instalación de luminarias, fortalecimiento de las economías propias y preservación de sus usos y costumbres, entre otras.

En el componente ambiental, Colectora aplicó medidas de prevención, manejo y seguimiento para minimizar los impactos sobre los ecosistemas. Se protegió la fauna en todas las torres intervenidas, se rescataron, trasladaron y protegieron especies forestales vedadas o de importancia ecológica, como el corazón fino, puy, olla de mono y guayacán de bola, además de dar manejo especializado a las cactáceas.

Igualmente, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) lideró, junto con los técnicos, el análisis de riesgos y controles, que permitió, que en más de 600 mil horas/hombre trabajadas todos regresaran a sus hogares.

Las acciones prediales comprendieron la gestión de 417 predios en el trazado de la línea, logrando en su mayoría acuerdos directos y voluntarios. De igual manera, se alcanzó el 100% de disponibilidad predial y constructiva de los sitios de torre requeridos.

“Detrás de estas cifras está el trabajo de nuestros equipos, autoridades, contratistas, aliados y comunidades. A todos ellos, gracias por hacer posible este resultado, y permitir que sigamos avanzando en Colectora, un proyecto estratégico para el crecimiento del país”, concluyó Zuleta.

Soplan otros vientos

La importación de gas venezolano deba entenderse como parte de una estrategia de diversificación de fuentes de suministro y no como sustituto de la exploración y producción nacional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

La necesidad tiene cara de hereje, reza el adagio popular. Y ello viene como anillo al dedo para describir la encrucijada en la que se encuentra Colombia, que después de haber sido autosuficiente en gas natural durante varias décadas, hoy depende crecientemente de las importaciones para atender su demanda interna.

Más del 40% de la demanda interna se está cubriendo con gas importado. Quién lo creyera, pasamos de exportarle gas a Venezuela a contemplar la posibilidad de importarlo desde ese país para conjurar el déficit que nos agobia.

En efecto, Colombia empezó a exportarle gas natural a Venezuela en 2008, a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en desarrollo de un Acuerdo de integración energética, que contemplaba la reversión del flujo para que, posteriormente, Venezuela nos suministrara gas.

A ese Acuerdo llegaron los ex presidentes Chávez y Uribe el 14 de julio de 2004. Pero las circunstancias cambiaron y, por diversas razones, entre ellas las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, dicha reversión nunca se materializó. Colombia cumplió su parte, exportándole gas a Venezuela hasta el 2015, Venezuela no.

Ahora, después de la intervención de los EEUU en Venezuela soplan otros vientos y con la flexibilización de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se abre una ventana de oportunidad que Colombia no puede darse el lujo de desaprovechar.

Pero, para que Colombia pueda aprovechar esta oportunidad requiere estar en la mesa de negociaciones que encabeza el secretario de Estado Marco Rubio. Lo dijo elocuentemente el primer Ministro de Canadá Mark Carney en su brillante discurso en la Cumbre de Davos: si tú no estás en la mesa, estás en el menú.

Las buenas relaciones entre el presidente Abelardo de la Espriella y su homólogo estadounidense Donald Trump podrían facilitar las gestiones diplomáticas encaminadas a hacer viable esta operación, siempre que se obtengan las autorizaciones correspondientes. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en este caso el trecho no es solamente diplomático, sino también técnico, financiero y comercial.

El gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta a La Guajira colombiana con el estado Zulia, en Venezuela, tiene una longitud aproximada de 224 kilómetros, demandó una inversión de US$335 millones y fue diseñado para transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Se trata de una infraestructura estratégica que, después de permanecer fuera de operación desde 2015, acusa un deterioro considerable.

Su rehabilitación demandaría, según estimaciones preliminares, una inversión del orden de US$30 millones y un plazo que podría superar un año. Estos valores, desde luego, deberán ser corroborados mediante una evaluación técnica rigurosa que permita determinar el estado real de la tubería, sus estaciones y demás instalaciones complementarias.

El reciente anuncio sobre la inclusión de la recuperación del gasoducto entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) constituye una señal positiva. Sin embargo, esta declaratoria no sustituye las inversiones ni acorta por sí misma los tiempos necesarios para ponerlo nuevamente en servicio.

Hay otro aspecto que no se puede perder de vista. Venezuela posee importantes reservas de gas natural, pero una cosa son las reservas en el subsuelo y otra muy distinta la capacidad efectiva para producir, transportar y exportar ese energético.

Uno de sus yacimientos más importantes es La Perla, en el bloque Cardón IV, operado por Repsol y ENI, localizado costa afuera en el golfo de Venezuela, frente al estado Falcón. Su ubicación plantea un desafío adicional: llevar el gas desde los centros de producción hasta el punto de conexión con el gasoducto Antonio Ricaurte. Para ello resulta fundamental evaluar la infraestructura de transporte del occidente venezolano, particularmente el sistema Ulé–Amuay y las conexiones asociadas al lago de Maracaibo.

Lo cierto es que rehabilitar el Antonio Ricaurte, aunque indispensable, no garantiza por sí solo la llegada del gas venezolano a Colombia. Se necesita asegurar toda la cadena de suministro, desde el yacimiento hasta el punto de entrega en territorio colombiano. Ecopetrol ha contemplado una importación inicial de 50 MPCD, volumen equivalente a solo el 11 % de la capacidad nominal del gasoducto. Ello pone de presente que no se puede confundir la capacidad instalada de transporte con la disponibilidad efectiva de gas para exportación.

La importación de gas venezolano deba entenderse como parte de una estrategia de diversificación de fuentes de suministro y no como sustituto de la exploración y producción nacional.

La posibilidad de importar gas desde Venezuela tiene ventajas evidentes, comenzando por la cercanía geográfica y la existencia de una infraestructura binacional cuya recuperación podría resultar menos costosa que la construcción de una nueva. Sobre todo porque nos ahorraríamos los costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación, que tanto impactan el precio final.

Pero sería un craso error presentar esta alternativa como una solución inmediata al déficit de gas que afronta Colombia. Su materialización depende de la concurrencia de múltiples factores: autorizaciones internacionales, inversiones, rehabilitación de infraestructura, disponibilidad de producción exportable, condiciones contractuales y garantías de continuidad del suministro.

Además, habrá que establecer si el precio del gas venezolano puesto en Colombia resulta competitivo frente al gas nacional y al gas natural licuado importado, teniendo en cuenta los costos de transporte, adecuación y eventuales inversiones adicionales.

Bienvenido el gas venezolano, siempre que llegue en condiciones competitivas, confiables y oportunas. Pero que su eventual importación no sirva de coartada para seguir aplazando las decisiones de fondo que Colombia necesita para recuperar su autosuficiencia energética.

A fin de cuentas, la energía más segura es aquella cuya disponibilidad podemos garantizar, y la dependencia externa, por cercana que sea su procedencia, nunca podrá reemplazar una política seria y sostenida de exploración, incorporación de reservas y producción nacional.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Floreña N-18 resultó seco

Una de las mayores apuestas de Ecopetrol y una campaña retadora por la profundidad de perforación, la dificultad técnica y una alta inversión, resultó en un fracaso exploratorio.

Así como Sirius es la esperanza en el offshore para recuperar la autosuficiencia en gas natural, las apuestas en tierra estaban puestas en el Piedemonte Llanero.

Luego de más de un año de perforación, tres meses de procesamiento de la información y una inversión de cien millones de dólares, Floreña-N-18, una de las campañas más retadoras en el piedemonte Llanero, resultó seco. Así lo confirmó a guiadelgas.com un alto ejecutivo de Ecopetrol.

Efectivamente, el pozo Floreña N-18Y ST-1, localizado en Yopal, Casanare, comenzó a ser perforado en junio de 2024, campaña que terminó en mayo de 2026, con un retraso de seis meses a lo inicialmente programado. El procesamiento de la información concluyó en agosto pasado, pero Ecopetrol no se ha pronunciado oficialmente sobre el resultado.

La profundidad objetivo del pozo eran 18.500 pies (algo más de seis kilómetros), con una desviación de dos kilómetros, una perforación sin precedentes en el país.

De acuerdo con las estimaciones de Ecopetrol, se esperaba que el yacimiento contara con un potencial de 250 millones de barriles equivalentes, compuesto principalmente por gas natural y condensados.
La campaña despertó gran expectativa dentro de la empresa y en el resto de la industria, pero la probabilidad de éxito era del 35 por ciento.

Finalmente, luego de más de dos años de trabajos, Floreña N-18 resultó seco.

Gremios, industria y Gobierno coinciden en desarrollar los Yacimientos No Convencionales

Los recursos prospectivos recuperables asociados a yacimientos no convencionales equivalen a cerca de 97 veces las reservas probadas actuales de gas natural y más de cuatro veces las reservas probadas de petróleo.

En el marco del IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, los gremios de hidrocarburos, ACGGP, ACIEM, ACP y CAMPETROL, junto con representantes de la industria y el Gobierno Nacional, coincidieron en impulsar el desarrollo de todos los recursos disponibles para fortalecer la soberanía energética del país, incluidos los yacimientos no convencionales (fracking).

Colombia pierde capacidad para abastecerse de gas natural con producción propia y depende cada vez más de las importaciones. A octubre de 2026, el gas importado ya representaba el 40% de la demanda nacional. Sin nueva producción local, el país queda cada vez más expuesto a los precios internacionales y a los límites de su infraestructura de regasificación. En ese escenario, los no convencionales aparecen como una vía para recuperar reservas y autosuficiencia.

“Lo que haría falta es una medida administrativa para poder comenzar. Sin embargo, los inversionistas están esperando un escenario con condiciones estables y la garantía de que los procesos de consulta previa y licenciamiento se van a desarrollar de manera oportuna. Están a la espera de un régimen de inversiones competitivo”, expresó Frank Pearl, presidente de la ACP.

De acuerdo con los gremios y según el modelo de autosuficiencia del CREE, si este sector renace y los proyectos se concretan, se pueden generar para Colombia $695 billones adicionales en ingresos para el Estado de aquí a 2050.

Por su parte, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo que el sector hidrocarburos representa una fuente importante de divisas, generación de empleo y participación en la economía nacional. Además, respaldó que el fracking es una oportunidad para el desarrollo de Colombia.

Los yacimientos no convencionales son una de las principales opciones de Colombia para recuperar su soberanía energética. Los recursos prospectivos recuperables de yacimientos no convencionales equivalen a cerca de 97 veces las reservas probadas actuales de gas

natural y más de cuatro veces las reservas probadas de petróleo, según el estudio (Yet to Find, 2021) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de CAMPETROL, señaló que los no convencionales son uno de los pilares para recuperar las reservas del país. “El fracking puede multiplicar varias veces nuestras reservas. Hay que llevar a etapa comercial los proyectos en zonas como el Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería, y recuperar el tiempo perdido frente a Estados Unidos y Argentina, capitalizando la curva de aprendizaje y aplicando el Fracking 4.0 con las mejores prácticas del mercado”, afirmó.

Por su parte, Jaime Checa Jiménez, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), añadió que el siguiente paso es convertir ese potencial en reservas. “Solo con perforación, pruebas de producción y datos reales del subsuelo sabremos cuánto de ese recurso puede convertirse en reservas”.

La industria solicita rapidez en el desarrollo de YNC

Durante su intervención, Alberto García, country Manager de Drummond, sostuvo que Colombia lleva cerca de 15 años discutiendo el desarrollo de los yacimientos no convencionales, por lo que considera que el país debe pasar de los debates a la ejecución. Según el directivo, existe una necesidad urgente de materializar estas iniciativas, especialmente por la situación del abastecimiento de gas natural.

“El próximo año debemos dar el siguiente paso para avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Estamos convencidos de que representan una oportunidad real para contribuir a la recuperación económica del país”, expresó García.

Por su parte, Felipe Bayón, presidente de GeoPark, señaló que Colombia podría avanzar en 2027 hacia el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fracking, sin necesidad de realizar previamente proyectos piloto. “Yo estoy convencido de que no necesitamos hacer los pilotos, podemos ir directamente a hacer el desarrollo comercial”, expresó.

Yeny Cortés, vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH, indicó que la entidad tiene dos metas para lograr el desarrollo de los YNC. La primera es sacar los procesos de licenciamiento ambiental que están pendientes y el segundo es lograr perforar los pozos para poder tener la información dinámica en superficie que permita reconocer el recurso. “Quisiéramos que en los siguientes dos años se logre perforar ese pozo”, concluyó.

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