Categoría: Industria

Más de 80.000 dólares serán entregados a estudiantes de Colombia, Perú y Guatemala que presenten proyectos en inteligencia artificial, sostenibilidad y energías limpias.

El Premio Fabio Chaparro 2025 abre su convocatoria con una bolsa de premios para reconocer a estudiantes universitarios y grupos de investigación que aporten soluciones al futuro energético de Colombia, Perú y Guatemala.

La iniciativa, organizada por el Grupo Energía Bogotá (GEB) y operada por CIDET, busca tender puentes entre la academia y la industria, acercando los proyectos de jóvenes investigadores a los grandes desafíos de la transición energética. Se trata de llevar las ideas universitarias a escenarios reales donde puedan convertirse en innovación aplicada.

Desde 2007, el Premio ha reunido más de 100 proyectos, vinculado a 24 universidades y entregado más de 80.000 dólares en estímulos económicos. En 2022 se relanzó bajo el nombre de Premio Fabio Chaparro, en homenaje a un ingeniero del GEB que dedicó su vida a demostrar que la educación y la investigación son herramientas fundamentales para el desarrollo energético de Latinoamérica.

El legado de Chaparro inspira la convocatoria: promover la ciencia y el conocimiento como motores de transformación, y dar a los jóvenes un papel protagónico en los temas que definirán el futuro de la región.

Dos formas de participar

La convocatoria está abierta para dos categorías:

• Investigación y desarrollo: dirigida a estudiantes de tecnología, pregrado, maestría y doctorado con trabajos de grado ya aprobados.
• Innovación: enfocada en comunidades universitarias y semilleros de investigación que propongan soluciones creativas a los retos planteados.

Fechas y premiación

La convocatoria se abrió el 25 de agosto de 2025 y permanecerá disponible hasta el mes de septiembre. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la primera semana de diciembre de 2025, en un evento que reunirá a estudiantes, investigadores, empresarios, académicos y autoridades del sector energético.

Será un escenario de networking y visibilidad donde los participantes no solo competirán por el reconocimiento, sino que podrán establecer relaciones con actores estratégicos que pueden impulsar sus proyectos.

“El Premio Fabio Chaparro es una oportunidad para que los jóvenes lleven sus ideas más allá de las aulas y las conviertan en soluciones reales para la transición energética. Queremos verlos participar y ser parte activa de este cambio”, señaló Eduin García Arbeláez, director de Consultoría y Capacitación de CIDET.

Inscripciones abiertas en: https://premiofabiochaparro2025.cidet.org.co

En un entorno cada vez más descentralizado y digitalizado, las organizaciones enfrentan un reto urgente: asegurar la continuidad, seguridad y eficiencia de sus operaciones de TI más allá de los grandes centros de datos.

En esta nueva realidad, el Edge Computing —la capacidad de procesar datos cerca del lugar donde se generan— se consolida como una pieza clave para habilitar la transformación digital en sectores como salud, banca, manufactura, petróleo y gas.

La creciente demanda de procesamiento en tiempo real, junto con el auge de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y las aplicaciones en la nube, ha impulsado la expansión de la infraestructura edge en América Latina.

Según Statista, el mercado global de edge computing superó los USD 47.000 millones en 2023, y se espera que esta cifra se duplique para 2027.

Este crecimiento plantea un nuevo conjunto de desafíos: ¿Cómo asegurar la disponibilidad de las operaciones críticas? ¿Cómo mantener la visibilidad y el control remoto en sitios dispersos y con poca infraestructura? ¿Cómo garantizar la sostenibilidad energética en la periferia digital?

El Edge como eje de resiliencia y sostenibilidad

La respuesta está en combinar tecnología, diseño inteligente y gestión centralizada. En el edge, los sistemas suelen operar en espacios reducidos, sin personal técnico in situ y con limitaciones energéticas.

Por ejemplo, Schneider Electric ofrece soluciones que integran desde UPS monofásicas, refrigeración compacta y gestión térmica, hasta software de monitoreo, que permite visibilidad en tiempo real y diagnóstico predictivo desde una única plataforma.

Esto es especialmente relevante para sectores como la salud, donde las aplicaciones clínicas deben operar sin interrupciones; o en el sector bancario, donde los datos de las sucursales deben ser procesados con baja latencia y alta seguridad.

“Hoy, las organizaciones necesitan soluciones que garanticen continuidad operativa sin comprometer sus objetivos de sostenibilidad. El edge computing permite acercar la inteligencia al punto de uso, reduciendo latencias, costos energéticos y emisiones, para que cada empresa pueda gestionar su infraestructura de forma resiliente, eficiente y alineada con sus metas ambientales.”, afirma José Luis Leyva Mancera, Edge Computing and Alliances Specialist de Schneider Electric para Sudamérica.

En Colombia, con más del 70% de las sucursales financieras y clínicas privadas fuera de los grandes centros urbanos, las organizaciones están invirtiendo en soluciones edge para garantizar continuidad operativa en tiempo real.

Además, el auge del comercio electrónico, la telemedicina y la expansión del 5G están impulsando una nueva ola de demanda por infraestructura de borde en ciudades intermedias.

Ciberseguridad y mantenimiento predictivo

Uno de los aspectos más críticos en el edge es la seguridad. Estos entornos remotos, muchas veces no supervisados, representan puntos vulnerables para ataques cibernéticos. En este frente, Schneider Electric trabaja con protocolos de ciberseguridad en sus dispositivos, así como con sistemas de alertas remotas y recuperación ante fallos.

Otro punto esencial es la resiliencia operativa. Gracias a herramientas basadas en IA y machine learning, las soluciones de edge pueden anticipar fallos, gestionar la carga energética y extender la vida útil de los activos.

“La expansión del edge requiere una infraestructura preparada no solo para operar de forma remota, sino también para resistir amenazas cada vez más sofisticadas. Por eso combinamos innovación tecnológica con estándares globales de ciberseguridad para proteger la continuidad operativa de nuestros clientes desde el núcleo hasta la periferia digital”, concluye Leyva.

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) reconoció la importancia del diálogo territorial para avanzar en los grandes retos del sector energético del país, como lo mencionó recientemente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

“El diálogo como una estrategia no es una novedad: para quienes trabajamos de la mano con las comunidades, el diálogo es parte de nuestro día a día y ha sido, históricamente, la única vía para construir confianza en los territorios”, señalaron los geólogos en un comunicado.

Y resaltaron que en la ACGGP se ha desarrollado, durante más de una década, el Programa de Pedagogía Regional, una de las estrategias de diálogo social más sólidas y sostenidas que se han implementado en Colombia.

Esta iniciativa ha recorrido 21 departamentos y más de 100 municipios, con más de 1.000 actividades que comprenden talleres pedagógicos, caminatas, visitas pedagógicas a facilidades de producción, muralismo colectivo y ferias de ciencia en instituciones educativas, sobre temas energéticos, resolución de conflictos, agua, transición energética y formulación de proyectos, entre otros, con el propósito de dejar capacidades instaladas en las comunidades y construir confianza, actividades que han impactado a cerca de 40.000 personas en todo el país.

Este Programa ha sido impulsado por empresas como Ecopetrol, PAREX Resources, SierraCol Energy, Gran Tierra Energy, La Luna Captiva, ONGC Videsh y Canacol Energy, entre otras.

“El enfoque se basa en el diálogo de saberes: escuchar, reconocer y dignificar el conocimiento de las comunidades; adaptar el lenguaje técnico a realidades cotidianas sin trivializarlo; y construir juntos respuestas frente a riesgos, energía, territorio y sostenibilidad. Esta experiencia nos ha permitido constatar que cuando se comparte el conocimiento geocientífico de manera clara y cercana, se siembra confianza, se reducen los conflictos y se viabilizan proyectos” señaló el gremio.

Ejemplo de esto es el proyecto Farallones con Ecopetrol, donde tras cuatro años de presencia territorial combinando pedagogía y proyectos sociales, la conflictividad bajó de 6 eventos de oposición en 2021 a 0 en 2024.

En paralelo, se realizaron 172 actividades pedagógicas como talleres, ferias de ciencia, visitas y acciones lúdicas, que se convirtieron en un acompañamiento cercano, con lenguaje claro y diálogo de saberes, que ayudó a sembrar confianza, anticipar tensiones y viabilizar el proyecto.

“Consideramos clave que la nueva estrategia anunciada por el Ministerio no parta de cero, sino que se articule con actores y programas que ya han demostrado resultados en campo, como nuestro Programa de Pedagogía Regional. El verdadero éxito del diálogo radica en reconocer lo construido, fortalecerlo y darle continuidad, para que las comunidades sientan que no se trata de ejercicios aislados sino de un compromiso permanente del Estado y de la sociedad”, indicó Flover Rodríguez Portillo, director Ejecutivo de la ACGGP.

Finalmente, la ACGGP reiteró su disposición a ser un aliado técnico y territorial en este proceso, pues el Programa de Pedagogía Regional es un ejemplo de cómo el diálogo social puede transformar la relación entre ciencia, industria, Estado y comunidad.

Tecnologías de monitoreo en tiempo real, software inteligente y arquitecturas energéticamente eficientes, lideran la transformación hacia una infraestructura digital más limpia y resiliente.

Los centros de datos son el corazón del mundo digital. Desde el almacenamiento de información hasta el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, estas infraestructuras son esenciales para el funcionamiento de la economía digital. Pero también son grandes consumidores de energía: a nivel global, se estima que representan entre el1.5% y el 3% del consumo eléctrico total, y su huella de carbono no para de crecer.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el sector energético representa cerca del 73% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que lo convierte en el principal responsable del cambio climático. En ese contexto, la digitalización de infraestructuras energéticas y la descarbonización de procesos industriales no son opcionales, sino esenciales.

De hecho, se estima que más del 55% de las reducciones necesarias para alcanzar el Net Zero en 2050 dependerá del uso de tecnologías ya disponibles, como la eficiencia energética, las energías renovables y la electrificación.

En este contexto, la transformación del sector ya no es una opción, sino una urgencia. Y el camino está claro: combinar digitalización con descarbonización. Dos fuerzas que, cuando se integran, permiten avanzar hacia centros de datos más sostenibles, eficientes y resilientes.

Digitalizar para tomar decisiones inteligentes

“Lo que no se mide, no se puede optimizar”, afirma Marta Sánchez, vicepresidenta de Secure Power para Sudamérica en Schneider Electric. “Esa es la base de la digitalización: dotar a los centros de datos de tecnologías de monitoreo inteligente, análisis predictivo y automatización para gestionar en tiempo real el uso de energía, la capacidad térmica, los riesgos de interrupción y los patrones de consumo.”

Así es como soluciones como EcoStruxure IT permiten a los operadores visualizar cada punto de su infraestructura, desde el borde hasta el core, anticipar fallos, balancear cargas, reducir emisiones y tomar decisiones basadas en datos.

“La digitalización convierte los centros de datos en organismos vivos, que se adaptan y responden con precisión a la demanda energética actual”, agrega Sánchez.

Descarbonizar desde el diseño

El segundo componente de la fórmula es la descarbonización, que empieza desde el diseño del centro de datos: arquitectura modular, UPS inteligentes, contención térmica eficiente y, en los casos más avanzados, sistemas de refrigeración líquida que reemplazan el aire acondicionado tradicional.

Además, la transición energética implica migrar hacia fuentes renovables, electrificación de procesos y eficiencia operativa. En el caso de Colombia, Schneider Electric ya está implementando estos principios en su planta de Funza que es un referente de sostenibilidad industrial en la región.

Un futuro energético más justo

En Colombia, el mercado de centros de datos crece a ritmos acelerados. Se proyecta que alcanzará los USD 1.160 millones en 2030, con una tasa anual del 17,5%.

La era de los centros de datos del futuro ya comenzó. Y en ella, no bastará con ser eficientes o sostenibles por separado. La verdadera innovación está en combinar digitalización + descarbonización, una dupla que redefine los límites del rendimiento energético y la responsabilidad ambiental.

En el marco de la transición energética, el Cargo por Confiabilidad resulta aún más estratégico, ya que asegura que las fuentes intermitentes, como la solar y la eólica, cuenten con un respaldo confiable que sostenga el sistema.

De acuerdo con Klik Energy, compañía especializada en soluciones digitales para la gestión de la energía, el Cargo por Confiabilidad se ha consolidado como una herramienta clave para proteger a Colombia frente a escenarios de escasez y asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico en el largo plazo, por lo que eliminarlo pondría en riesgo el abastecimiento energético del país.

El Cargo por Confiabilidad es un mecanismo regulatorio del sector eléctrico colombiano diseñado para garantizar que el país disponga siempre de la energía necesaria, incluso en situaciones críticas como sequías prolongadas asociadas al fenómeno de El Niño, fallas técnicas o incrementos inusuales en la demanda. 

Este mecanismo funciona a través de un pago fijo adicional incluido en la tarifa de energía que los usuarios pagan mes a mes. Dicho pago es entregado a los generadores de energía a cambio de un compromiso: disponer de capacidad firme de generación cuando el sistema lo requiera. En otras palabras, no se trata de un cobro directo por la energía consumida, sino de una garantía de disponibilidad futura que permite que el suministro nunca falte, incluso en momentos de alta presión sobre el sistema eléctrico.

Cuando el país enfrenta periodos de escasez energética debido a la reducción de la hidrología como sucedió en 2024 o a un incremento inesperado de la demanda, las plantas que reciben este cargo deben entregar la energía comprometida. Este esquema ha sido fundamental para mantener la estabilidad energética de Colombia durante las últimas décadas.

Su importancia radica en varios aspectos. En primer lugar, fortalece la seguridad energética del país, teniendo en cuenta que cerca del 70% de la electricidad nacional proviene de fuentes hidroeléctricas que se ven afectadas en periodos de sequía. También garantiza la estabilidad del suministro, reduciendo el riesgo de apagones o racionamientos como los que se vivieron en los años noventa. De igual forma, envía señales claras de inversión en infraestructura, lo que incentiva a construir nuevas plantas o mantener las actuales en operación. 

En el marco de la transición energética, el Cargo por Confiabilidad resulta aún más estratégico, ya que asegura que las fuentes intermitentes, como la solar y la eólica, cuenten con un respaldo confiable que sostenga el sistema.

De acuerdo con Esteban Quintana, CEO de Klik Energy, “el Cargo por Confiabilidad ha demostrado su efectividad. En 2024, durante el fenómeno de El Niño, las plantas térmicas respaldaron al sistema cuando la generación hídrica disminuyó, evitando fallas en el suministro. Sin embargo, es urgente acelerar las subastas de la CREG para atraer nuevas inversiones que permitan garantizar la energía de los próximos años”.

Actualmente, cerca del 70% de la generación nacional proviene de fuentes hidroeléctricas y el 30% de térmicas. Esta combinación ha permitido que, pese al aumento en el precio de la energía en algunos sectores, el país no haya sufrido desabastecimiento eléctrico. Sin embargo, el gran reto está en atraer nuevos proyectos que fortalezcan la capacidad instalada, especialmente ante escenarios de presión climática y creciente demanda energética.

Klik Energy ha implementado estrategias de respaldo para plantas que han enfrentado retrasos en su entrada en operación, evitando que pierdan su Cargo por Confiabilidad y asegurando que puedan aportar energía al sistema cuando más se necesite.

Actualmente, Klik Energy representa cerca del 35% de los respaldos de los generadores en el mercado. En este sentido, la eliminación del Cargo por Confiabilidad pondría en riesgo la seguridad energética nacional, por lo que, lejos de retirarlo, resulta fundamental fortalecerlo y complementarlo con nuevas inversiones que aseguren la energía que Colombia necesita.

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) dio a conocer el Informe TEC “Transición Energética de los Carbones Colombianos”, elaborado junto al Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), que concluye que el país enfrentará riesgos fiscales, sociales y económicos si la transición energética se acelera sin una estrategia clara.

El documento advierte que un proceso mal diseñado podría significar una caída de $38 billones en la economía nacional. El recaudo de las regalías y el impuesto de renta representa cerca del 95% de los ingresos que recibe el país por el desarrollo de la actividad minera de carbón, lo que lo convierte en un pilar insustituible para la financiación pública.

En departamentos como Cesar y La Guajira, las regalías por carbón representan más del 100% de sus ingresos corrientes, por lo que una transición desordenada tendría efectos devastadores en la estabilidad regional y en los recursos para educación, salud e inversión social. Lo mismo sucede en otras regiones del país como Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y los Santanderes, donde la industria carbonífera no solo genera empleo, sino aportes sociales y ambientales.

“Este no es un debate sectorial, es un debate de país. El futuro fiscal de la Nación, la estabilidad laboral de miles de familias y la inversión social en 132 municipios de 11 departamentos dependen de una transición bien planificada”, afirmó Carlos Cante, presidente Ejecutivo de Fenalcarbón.

Tres escenarios de transición para Colombia

El informe presenta tres posibles rutas hacia la descarbonización del país, con sus impactos sobre el sector carbón:

• En el escenario intermedio de “referencia”, el país buscaría la carbono-neutralidad en 2060. La reducción sería del 85% en la producción de carbones, con una disminución significativa de exportaciones, aunque todavía con cierta capacidad de aprovechar reservas metalúrgicas y térmicas. Si bien los impactos sociales y fiscales serían menores que en el escenario acelerado, seguiría existiendo un riesgo importante para las finanzas de las regiones productoras.

• En el escenario de “viento de frente”, es decir el más adverso, Colombia se plantea alcanzar la carbono-neutralidad en 2050, con la electrificación más acelerada y ambiciosa. Este camino implicaría una reducción del 89% en la producción de carbones frente a 2021, una fuerte caída en la demanda interna y un golpe crítico a la transformación de coque por las restricciones de emisiones. En este escenario, los territorios quedarían con menos recursos en el corto plazo, sin tiempo suficiente para la reconversión laboral y social.

• En el escenario de “viento de cola”, la transición se extendería hasta 2070 o incluso 2100. Esto permitiría aprovechar la totalidad de las reservas de carbón en la costa y de carbón metalúrgico, garantizando divisas y regalías durante varias décadas más. La demanda interna de carbones térmicos se mantendría por más tiempo, apoyada en la incertidumbre de precios del gas y en nuevas tecnologías como el CCUS (captura, uso y almacenamiento de carbono). Esta salida ordenada daría margen al país para planificar la reconversión productiva de los territorios y sostener la inversión social.

La visión del empresariado

El TEC concluye que, sin una política pública pragmática y realista, Colombia corre el riesgo de pagar altos costos sociales, económicos y ambientales. Los análisis muestran que una transición improvisada puede llevar a la pérdida acelerada de 74.000 empleos y de más del 60% de los ingresos por regalías, recursos que hoy financian la educación, la salud y la infraestructura de los municipios.

De acuerdo con el presidente del gremio, “la transición debe tener un ritmo alineado con las tendencias globales y la demanda del mercado internacional, evitando impactos abruptos que comprometan la estabilidad social y económica del país. Para ello, necesitamos una estrategia que reconozca las particularidades de cada territorio productor, promoviendo actividades alternativas y fortaleciendo capacidades locales”.

Cante enfatizó que este proceso no puede recaer únicamente en el Estado. “La transición debe construirse de manera conjunta entre el Estado, las regiones y el sector privado, bajo principios de justicia fiscal y laboral, que eviten desequilibrios económicos y protejan a los trabajadores”.

En ese sentido, subrayó que es fundamental que el proceso se autofinancie en gran medida con los recursos que ya genera la industria. “Las regalías, los impuestos y los encadenamientos productivos del carbón deben ser la base para financiar programas de reconversión laboral, impulsar nuevas actividades económicas en las regiones y desarrollar proyectos de gestión ambiental. Así reducimos la dependencia de recursos externos y aseguramos la sostenibilidad de la transición en el tiempo”.

Finalmente, planteó una medida concreta: “Se requiere la creación de un Fondo Fiscal que permita enfrentar los efectos de una transición desordenada, y el diseño de programas de formación y reconversión laboral que conviertan una política ambiciosa en un verdadero proceso de transformación productiva de los territorios, realista e incluyente”.

Por su parte, Tomás González, director del CREE, recalcó que “con planeación adecuada, el carbón puede ser motor de la transición, no su obstáculo. La clave está en equilibrar la ambición climática con el realismo económico y social, aprovechando la ventana de oportunidad que tiene el país al 2030 para preparar una transición adecuada”.

A través del Informe TEC, Fenalcarbón reitera que el carbón no es incompatible con la transición energética y que, por el contrario, puede convertirse en el principal sostén financiero para avanzar hacia una matriz más limpia y sostenible.

El sector puso a disposición de las autoridades y tomadores de decisión, esta visión del empresariado, como insumo para el diseño de políticas públicas que garanticen una transición óptima y una transformación productiva de los territorios.

Un sector estratégico para la economía nacional

Actualmente, el sector genera más de 55.000 empleos directos altamente formales, con ingresos 2,6 veces superiores al promedio nacional, y beneficia indirectamente a más de 250.000 personas. Por cada $1.000 millones adicionales en producción de carbón, se generan 4,7 empleos en la economía, y cada peso en el carbón multiplica 2,42 veces el PIB nacional.

Además, las compras nacionales alcanzaron $31,6 billones entre 2015 y 2022, de los cuales $16 billones se destinaron a proveedores locales, dinamizando más de 1.000 empresas regionales.

En materia de divisas, Colombia es el 5° exportador mundial de carbón térmico y el 4° exportador mundial de coque metalúrgico, el primer producto industrial de exportación del país, que se produce teniendo como base el carbón metalúrgico. Solo en 2022, las exportaciones del sector sumaron más de USD $8.100 millones.

El sector energético colombiano, que ha sido modelo de transformación y éxito durante las últimas tres décadas, se enfrenta a una encrucijada crítica.

A pesar de los importantes avances logrados desde el apagón de 1992, el sector eléctrico colombiano lidia hoy con desafíos financieros, regulatorios y sociales que podrían comprometer la seguridad del suministro y la inversión necesaria para una transición energética sostenible.

Así lo destacó Carlos Alberto Zarruk, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, en la apertura, este 10 de septiembre, del XI Congreso del gremio.

Zarruk hizo un repaso de la historia reciente del sector, recordando que la crisis de 1992, con racionamientos diarios que afectaron al 15% del consumo, fue el catalizador para las reformas estructurales de las Leyes 142 y 143 de 1994.

Estas leyes liberalizaron el sector, abrieron la puerta a la inversión privada y crearon organismos reguladores clave como la CREG y la UPME, que hoy son fundamentales para su funcionamiento. Gracias a estas reformas, el país ha logrado modernizar su infraestructura, diversificar la matriz energética con la adición de 3 gigavatios de energías renovables no convencionales, y reducir la dependencia hídrica.

Sin embargo, este progreso se ve amenazado por una serie de factores interconectados. El principal, Zarruk, es la crisis financiera que atraviesan los comercializadores de energía, quienes acumulan altas deudas por la opción tarifaria, subsidios y la falta de pago de entidades públicas. Esta situación crea un «círculo vicioso que amenaza con deteriorar la calidad del servicio y frena las inversiones necesarias para la transición energética y la expansión del sistema».

La región Caribe, en particular, enfrenta un riesgo inminente. El dirigente gremial alertó que «el 35% de los hogares de la región podría enfrentar racionamientos prolongados» debido a la crisis financiera de la empresa Air-e, con una deuda de $1,5 billones, un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. La propuesta del gobierno de reemplazar la operación de Air-e por una empresa pública demuestra la gravedad de la situación.

A esto se suman retos regulatorios, sociales y ambientales que frenan la expansión del sector. La complejidad de los trámites de licencias ambientales y las consultas con comunidades ancestrales han causado suspensiones y retrasos en proyectos cruciales.

Además, el vocero expresó preocupación por las recientes propuestas de cambios regulatorios donde, a su juicio, «no prima el análisis técnico», lo cual puede generar incertidumbre y desincentivar la inversión privada, un pilar del crecimiento del sector.

Finalmente, concluyó que, a pesar de los desafíos, la visión a largo plazo es clara: Colombia debe avanzar hacia una transición energética robusta. La demanda eléctrica seguirá creciendo a un 3% anual, impulsada por la electrificación del transporte y la industria.

Para 2040, el país necesitará duplicar su capacidad instalada, un objetivo que solo se podrá alcanzar si se garantiza la estabilidad regulatoria, la confianza inversionista y la coordinación entre todos los actores del sector.

En conjunto, las hidroeléctricas Paraíso y La Guaca, con 600 MW de capacidad instalada, tienen un rol trascendental en la confiabilidad de la región oriental de Colombia, incluyendo a Bogotá.

Con una inversión que supera los siete millones de euros, durante agosto, Enel Colombia realizó mantenimientos de alta relevancia en las hidroeléctricas Paraíso y La Guaca, de la cadena del Río Bogotá, ubicadas en el municipio de El Colegio (Cundinamarca), con el objetivo de optimizar y modernizar estas centrales.

En conjunto, estas plantas tienen una capacidad instalada de 600 MW y representan alrededor del 3% de la demanda energética anual del país, destacando su rol crucial para la confiabilidad de la región oriental, incluyendo Bogotá.

“Como una de las empresas generadoras más importantes del país, Enel Colombia reitera su compromiso con el sistema eléctrico. Por eso, este año le apostamos a la actualización y mejora de estas dos hidroeléctricas de gran relevancia para la región oriental, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, a través de trabajos mayores de mantenimiento, que se realizan en promedio cada 15 años, y que hoy en día, con la creciente demanda energética, se hacían necesarios”, indicó Juan Carlos Grosso, subgerente de Operación y Mantenimiento de Enel Colombia y Centroamérica.

La ejecución de estas labores requirió equipos y trabajo especializado en las hidroeléctricas Paraíso, La Guaca y en el embalse El Muña, y la coordinación de alrededor de 600 personas, de las cuales más de 35% son de la zona de influencia, incluyendo municipios como El Colegio, San Antonio del Tequendama, Sibaté y Soacha.

Durante un mes, y de manera coordinada, las centrales tuvieron una parada total en su operación, lo cual no generó afectaciones para el sistema eléctrico colombiano, pues con el previo conocimiento de estos trabajos, este se preparó para atender la demanda energética a través del parque generador existente. 

En el marco de estas labores de mantenimiento de alta relevancia, se destacan las siguientes acciones y frentes de trabajo:

En la Central Paraíso y en coordinación con Enlaza filial del Grupo de Energía de Bogotá, se cambió la subestación GIS, equipo que permite la conexión de las unidades de generación con el Sistema Interconectado Nacional, convirtiéndose en la más moderna del país.

Sobre este hito Fredy Zuleta, gerente General de Enlaza sostuvo: “El centro de Colombia afronta dificultades para atender la creciente demanda de energía, por los inconvenientes en la ejecución de los proyectos de transmisión eléctrica para avanzar al ritmo esperado, debido a la oposición de unos pocos actores en algunos territorios. Por eso era clave modernizar este activo y contribuir de esa manera a la confiabilidad del sistema”.

Además, en esta planta Enel realizó mantenimientos de válvulas esféricas, piezas cuya función es permitir o impedir el flujo del agua para la generación y realizó revisiones generales a todo el sistema de control de olores que emana el Río Bogotá durante el proceso, que incluye, tanque de aquietamiento, sistema de extracción, biofiltro y ecofiltro.

En cuanto a la hidroeléctrica La Guaca, también se hizomantenimiento de las válvulas esféricas; cambio de seccionadores, que son los equipos que permiten sincronizar la unidad con el Sistema Interconectado Nacional; y reemplazo del bobinado del rotor, encargado de producir el campo magnético que induce el voltaje para la generación.

En túneles y tubería (Conducción) se realizó inspección interna y externa, y limpieza y pintura de un tramo de la tubería de carga hacia la central La Guaca.

Finalmente, en El Muña se realizaron trabajos en la “Torre Granada”, estructura sumergida que, a través de rejas, evita la entrada de sedimentos al proceso de generación.

La Subestación Tren de Occidente es el primer punto de conexión para el suministro de energía para el funcionamiento de RegioTram, uno los proyectos de transporte masivo 100% eléctrico más importante del país, que conectará a la Sabana Occidente con Bogotá.

Enel Colombia puso en operación la nueva Subestación Eléctrica Tren de Occidente, un proyecto que fortalece la infraestructura eléctrica de Bogotá y Cundinamarca, y respalda la transición energética del país.

Ubicada en Facatativá, esta subestación será el primer punto de conexión para el suministro de energía del RegioTram, el sistema de transporte masivo 100% eléctrico que beneficiará la conectividad a los municipios de la Sabana Occidente de Cundinamarca, en especial a Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, con Bogotá. Esta obra beneficiará a más de 226.000 habitantes de la región, mejorando la calidad del servicio eléctrico.

“La nueva Subestación Tren de Occidente es un ejemplo de nuestro esfuerzo y compromiso con la región y el país, en el marco de la actual transición energética. Gracias a su funcionamiento, y con una inversión de cerca de 75.000 millones de pesos, incluyendo la subestación, la línea de alta tensión y las redes de media tensión, hacemos realidad la electrificación del RegioTram, con el que no solo estamos garantizando que 43 millones de pasajeros al año tengan una reducción del 60% en sus tiempos de desplazamiento, sino que también estamos logrando que se eliminen alrededor de 140 mil toneladas de emisiones de CO2”, afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.

La nueva Subestación Eléctrica Tren de Occidente cuenta con dos transformadores de potencia de 40 millones de voltamperios (MVA) cada uno, para una capacidad total de 80 MVA. Así mismo, tiene una línea de alta tensión aérea a 115 kV, doble circuito, de más de 1 kilómetro que la conectan, a través de 2 torres y 6 postes de gran altura, con la línea existente Balsillas – Facatativá.

De su capacidad total, alrededor del 25% será para alimentar el RegioTram. El 75% restante, atenderá la demanda de energía requerida por más de 226.000 habitantes de los municipios de la Sabana Occidente, adicional a los clientes comerciales e industriales.

“La puesta en operación de la primera subestación eléctrica del Regiotram de Occidente marca un hito en la construcción del primer tren regional eléctrico de pasajeros del país. Esta infraestructura permitirá alimentar los 40 kilómetros de longitud del sistema férreo, garantizando energía confiable y segura para movilizar 130.000 pasajeros al día. Además, alrededor del 70% de su capacidad beneficiará los habitantes del área de influencia, mejorando el suministro eléctrico.” anotó Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca.

La Sabana Occidente ha experimentado un crecimiento económico y poblacional, pues conecta a Bogotá con las otras regiones del país. Según el DANE, esta zona de Cundinamarca pasará de tener alrededor de 660.000 habitantes en 2025 a casi 800.000 para el 2035. En esta, Facatativá es el municipio con mayor población y porcentaje de crecimiento (45,51% en el último año). Por esta razón, la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva Subestación Eléctrica representa un avance clave para fortalecer el desarrollo y la infraestructura eléctrica de la región.

Dentro de sus características técnicas, también se destaca que es una subestación 100% digital, lo que implica que toda la información de sus equipos, procesos y funcionamiento sea transmitida vía fibra óptica. Así mismo, cuenta con tecnología y equipos inteligentes que le permiten tomar decisiones autónomas y facilitar su operación. Es completamente automatizada y tele controlada, lo que se traduce en una mejor respuesta en momentos de contingencia.

Iniciativas de valor compartido

En el marco del desarrollo de la Subestación Tren de Occidente, con el fin de promover iniciativas de valor junto con la comunidad, y para darle un segundo uso a los residuos que se produjeron durante la obra, la Compañía lideró varias iniciativas, a través de las cuales se logró el aprovechamiento de alrededor de cuatro toneladas de residuos sólidos.

Dentro de estas acciones se destaca una Jornada de Voluntariado Interempresarial, por medio de la cual se sembraron plantas y se realizaron adecuaciones en el espacio deportivo de la Institución Educativa Municipal Técnica Empresarial Cartagena, sede principal.

Así mismo, se adecuó la Casa de Integración Juvenil del barrio Cartagenita y se realizó una donación de equipos, instrumentos y materiales para su escuela de música, beneficiando a más de 1.000 niños y jóvenes del sector.

Por otra parte, a través de la iniciativa de Transformación de Residuos Sólidos, se realizaron talleres y capacitaciones para aprovechar los residuos generados por la obra. Como resultado de ello, se intervinieron tres espacios comunitarios: se adecuó un estudio de innovación juvenil, se construyó un muro pedagógico interactivo en la Casa de Integración Juvenil, y se adecuó un aula interactiva en el Centro de Desarrollo Infantil de Cartagenita.

Reproducimos un artículo publicado por la Revista Energía Andina, donde el experto en energía y regulación hace un balance de la Política Energética Nacional de Perú.

Por: ERICK GARCÍA PORTUGAL*

La Política Energética Nacional de Perú nació el 2010 con nueve objetivos estratégicos: autosuficiencia, competitividad, reducción de emisiones, masificación del gas natural, matriz energética diversificada y, sobre todo, acceso universal a la energía.

A quince años de su aprobación, la realidad muestra un fuerte contraste: el país cuenta con hidrocarburos suficientes, pero millones de peruanos siguen cocinando con leña, sin tecnologías eficientes, sin agua caliente ni calefacción y climatización.

En teoría, el acceso a la energía debería abarcar todas las necesidades del hogar: cocción de alimentos, iluminación, calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, conservación de alimentos, telecomunicaciones y usos productivos; el hogar que no cuente con alguno de estos usos o destine más del 10% de sus ingresos para tenerlos se considera como “pobre energético”.

En la práctica, sin embargo, Perú ha reducido la universalización energética principalmente a dos cosas: iluminación y cocción de alimentos, principalmente con gas licuado de petróleo. La consecuencia es una pobreza energética que se mantiene oculta en las estadísticas, pero que golpea la vida cotidiana de millones de familias y en muchos casos con consecuencias fatales.

Brechas energéticas frente a la región

El panorama regional evidencia el rezago peruano. Según datos de INTEA Corp. (2023):

• Apenas 18.8% de los hogares peruanos acceden a agua caliente por cañería, frente al 85.6% en Argentina y el 92.5% en Chile.
• Solo 2.7% de las familias cuentan con calefacción o aire acondicionado, mientras que Uruguay supera el 50% y Argentina llega al 74%.
• La cobertura de electricidad rural en Perú es de 85.3%, mientras países vecinos como Paraguay, Uruguay o Ecuador superan el 97%.
• El uso de leña para cocinar todavía alcanza al 36.6% de los hogares más pobres, lo que perpetúa riesgos para la salud y el ambiente.
• La contradicción es evidente, mientras Uruguay o Chile, sin reservas significativas de hidrocarburos, garantizan altos niveles de bienestar energético, Perú —con abundantes recursos de gas natural y GLP— sigue rezagado.

Los datos de INTEA son claros: mientras países sin hidrocarburos garantizan más del 60% de acceso a agua caliente y climatización, el Perú no llega ni al 20%. Esto revela un problema estructural, no de recursos, sino de visión y gestión.

Pobreza energética, el verdadero problema

Una familia se encuentra en situación de pobreza energética cuando carece de energía suficiente para cubrir sus usos básicos o, teniéndola, no puede pagarla.

En Perú, este concepto permite ver que la política pública se ha limitado casi exclusivamente a la electrificación rural y al subsidio para la cocción de alimentos. Pero la energía no es solo luz ni cocina, también implica calor para enfrentar el frío en la sierra, agua caliente sanitaria para la salud, y climatización para la productividad en zonas de temperaturas extremas.

Perú tiene dos recursos clave para superar la pobreza energética: gas natural y gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, su uso sigue siendo parcial. El gas natural se ha expandido en zonas urbanas, pero con un enfoque limitado a la cocina y, en menor medida, a agua caliente. El GLP, por su parte, ha crecido en consumo, pero enfrenta problemas de logística y precios en regiones rurales, donde muchas veces resulta inaccesible.

¿Qué hacer?

Superar la pobreza energética y cumplir los objetivos de la Política Energética Nacional exige pasar de los diagnósticos a decisiones concretas. Las líneas de acción deben enfocarse en tres ejes complementarios:

1. Redefinir los subsidios del FISE

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) ha tenido un impacto relevante mediante el Vale GLP y el Bonogas. Sin embargo, su diseño ha limitado el alcance. Hoy resulta imprescindible que el FISE financie de manera integral los usos energéticos domésticos.

En el caso del Bonogas (gas natural), se debe volver a lo aprobado en el Plan Anual de Promociones, en donde el programa daba hasta 3 puntos de conexión (cocina, terma y calefacción) y con ductos de agua caliente; esto es fundamental para las regiones altoandinas.  Y el programa debe considerar brindar como mínimo dos puntos de conexión.

En el caso del Vale GLP, se debe establecer otros esquemas de intervención para las zonas más alejadas (última milla), donde por la cadena logística el balón de GLP llega a precios muy altos, una solución es implementar el “GLP No Convencional”, que abarca diferentes mecanismos como por ejemplo, el subsidio en infraestructura (tanques, redes, surtidores, entre otros) y licitar pequeñas concesiones donde las Plantas Envasadoras locales brinden el servicio de operación y a un precio asequible; considerando no solo cocina, sino agua caliente y calefacción.

El aumento del vale ha demostrado que no ha logrado tener un impacto significativo (2-5 % aumento de la tasa de canje) pero si ha impactado al presupuesto del FISE, que ha incrementado de casi 180 millones de Soles a más de 400 millones.

2. Impulsar el gas natural con visión integral

El desarrollo del gas natural, uno de los nueve objetivos de la Política Energética, debe avanzar más allá de la cocina y la generación eléctrica. Es necesario priorizar su uso en agua caliente, calefacción y transporte limpio, fortaleciendo además las redes urbanas de distribución complementándolas con el uso de GLP en zonas aledañas y el GLP No convencional y biomasa con tecnologías eficientes para zonas alejadas conocidas como “última milla”.

3. Implementar el GLP no convencional, clave para la última milla

El mayor reto está en las zonas rurales y dispersas, donde el gas natural nunca llegará y donde el modelo de vales tradicionales no resuelve el problema del alto costo logístico. Allí se requiere un enfoque diferenciado: el GLP no convencional.

Este esquema plantea que el Estado, a través del FISE, financie la infraestructura mínima (tanques a granel, surtidores, redes locales, plantas móviles o mini concesiones), mientras que la operación quede a cargo del sector privado. Al reducir las barreras de transporte y almacenamiento, se abaratan los costos y se logra que el GLP llegue a precios justos incluso en las provincias más alejadas, pero para todos los usos que requieren las familias peruanas.

Reflexión final

Perú necesita repensar los mecanismos para implementar su política energética desde la vida cotidiana. No basta con mostrar cifras de electrificación rural o de vales de GLP. Lo que está en juego es que millones de peruanos dejen de pasar frío, que tengan agua caliente en sus hogares y que accedan a energía suficiente para vivir con dignidad.

La pobreza energética es el gran desafío pendiente, y los hidrocarburos pueden ser la palanca de inclusión si se usan con inteligencia. El gas natural en las ciudades y el GLP en las áreas aledañas y en las más alejadas bajo un esquema no convencional son piezas complementarias, no excluyentes.

En conclusión, universalizar el acceso implica mirar la energía como un derecho al bienestar. Y es ahí donde Perú debe dar un salto decisivo: usar sus propios hidrocarburos para transformar la vida de su gente.

*Experto peruano en energía y regulación.