El discurso del presidente Petro de irse lanza en ristre contra el sector minero energético y, en el sector eléctrico específicamente, de querer acabar con la generación térmica y apuntarle solo a las renovables, podrían llevar al traste al sector y generar una crisis en el corto plazo.
Las declaraciones del mandatario en el sentido de querer acabar con la explotación de carbón, gas y petróleo en el territorio nacional, tienen en vilo a las empresas del sector y paralizadas las inversiones en nuevos proyectos que le dan confiabilidad al sector eléctrico del país.
La negación del gobierno a nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos y el freno a nuevas explotaciones de carbón térmico ponen en riesgo el suministro de energía eléctrica, toda vez que estos son los combustibles del parque térmico, el único que le da firmeza al sector en situaciones de hidrología crítica, y a su vez, contribuye a la diversificación de la matriz de generación.
El remplazo de la generación térmica por fuentes eólicas y solares no solo podría poner en riesgo el suministro estable de electricidad, sino que encarecería el servicio. Así lo sostiene Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).
Castañeda señala que esa experiencia ya la vivió Alemania, que triplicó su generación con renovables, y al final lo que consiguió fue tener una crisis energética y llevar los costos de las tarifas a más de dos veces y media de lo que pagan actualmente los colombianos.
Y es que hay una razón técnica que es obvia. La eólica y la solar son energías intermitentes que no dan confiabilidad las 24 horas del día. En el caso de Colombia, la generación solar se da entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pero el pico de consumo es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Por eso es que la mayoría de países le apuntan a tener un mix de tecnologías en el portafolio de generación.
“Podría considerarse un contrasentido la política energética planteada por el gobierno. Si usted quiere tarifas eficientes tiene que tener energéticos por todo lado, tener abundancia y buena disponibilidad de combustibles. El sector eléctrico depende en gran media de la señal que da el carbón, pues aunque no tenemos mucha capacidad de generación con carbón, es el primer techo de precio del hidráulico, el que da la señal de precio en contratos de largo plazo. Si no tenemos carbón, el siguiente escalón es el gas importado, con la volatilidad que tiene, entonces el techo ya no serían 380-400 pesos sino entre 550-600 pesos por kilovatio hora.
“Podría considerarse un contrasentido también, que en un país con tantas necesidades desde el punto de vista económico y fiscal, se plantea que no se va a permitir más exploración ni explotación de carbón, gas ni petróleo, cuando los demás países del mundo van a seguir demandando estos combustibles hasta 2050. Las agencias internacionales, en ningún escenario con respecto a la oferta de electricidad, están proyectando que se elimine ninguna tecnología, lo que pasa es que las fuentes renovables llenan el hueco de la demanda, pero se va a tener que mantener y crecer el gas, el carbón y los combustibles líquidos.
“Entonces, bienvenidas todas las tecnologías, que es la ventaja de nuestro sistema construido en los últimos 30 años, con un criterio de portafolio, no solamente agua, porque si nos respaldamos solo en hidroeléctricas, llega un Niño y habrá desabastecimiento, como nos ocurrió con el apagón de 1992. Un criterio de portafolio es diversificar el riesgo”, dice Castañeda.
El eje de la política del presidente Petro es la Transición Energética, pero el sector aún está a la expectativa de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa y del Plan de expansión de generación y transmisión. En esos borradores se habla de la diversificación, pero claramente la tendencia es hacia las renovables, lo que no genera tranquilidad entre los inversionistas de las demás tecnologías.
Así quedó reflejado en la más reciente subasta, donde no se presentó ninguna propuesta hidráulica, apenas fueron seleccionados 48 MW térmicos y el grueso fueron proyectos solares, con 4.441 MW.
El otro gran problema de generar solo con renovables es que la capacidad instalada se multiplica exponencialmente frente a la térmica: seis veces con solar y cuatro veces con eólica. Es decir, para remplazar los actuales 5.900 MW térmicos se necesitarían 22.000 MW eólicos o 35.000 MW solares en capacidad instalada, para una demanda punta de 12.000 MW. Eso no lo soporta ningún sistema, como ya ha ocurrido en algunos sistemas eléctricos, particularmente en Europa, como lección de la guerra Ucrania- Rusia respecto a garantizar la seguridad energética.
“A nivel mundial, los países tienen como objetivo lograr la carbono neutralidad a 2050, para lo cual se tiene que dar una transición, pero esa transición tiene que ser justa para todos, justa con los consumidores y justa con las familias que dependen del carbón y del gas. Se debe tener la equidad en todos los aspectos”, dice Castañeda.
Institucionalidad en riesgo
Por otro lado, al gremio le preocupa el tema institucional. “Si este sector ha tenido algo que funciona bien es precisamente la institucionalidad, porque logramos separar las funciones en un triángulo. Definir quién era el responsable de la política (Gobierno), quién de la regulación (CREG) y quién del control y seguimiento (Superintendencia). Entonces, cuando no se tiene a la CREG con el quórum suficiente para sesionar y expedir la regulación del sector, esa condición hace que exista nerviosismo en todas las empresas e inversionistas, porque es un escenario que no conocemos, es volver a hace 35 años cuando tuvimos una junta nacional de tarifas que tenía asiento en Planeación, y los ministros decían la tarifa que les parecía mejor, sin un criterio técnico.
“La institucionalidad es lo que nos ha permitido en generación hacer inversiones cercanas a los 17.000 millones de dólares en los últimos 20 años a través del esquema del cargo por confiabilidad, donde no hay un contrato, sino confianza en la estabilidad de las reglas de juego. El sector eléctrico invierte anualmente entre ocho y diez billones de pesos anuales en todos los componentes de la cadena, y todo se basa en la confianza que tiene el agente frente a la regulación”, señala Castañeda.
Según el dirigente gremial, si se afecta la institucionalidad al mezclar las funciones de los tres agentes y no se genera la suficiente confianza, se podría tener efectos negativos en el sistema como un todo y se podría llegar a caer en lo que el país estaba hace treinta años, cuando el gobierno era el que generaba, transmitía y distribuía la electricidad, lo que representaba un 40% de la deuda pública.
Y si de política social se trata, lo que ANDEG propone es que le gobierno la haga a través del esquema de solidaridad que existe. “Si se quiere que los usuarios paguen menos y, por otro lado, reconocer la eficiencia, hay una salida y es el esquema de solidaridad. Si se quiere que los estratos 1, 2 y 3 paguen menos, se pueden aumentar los subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación y dejar que los técnicos de la CREG definan la tarifa que, como dice la ley 142, remunere los costos eficientes y la rentabilidad, lo que tenemos hoy día en el sector”, concluye Castañeda.
Finalmente, cabe señalar que, a diferencia de 1992, lo que ha permitido sortear el actual Fenómeno de El Niño ha sido la disponibilidad de generación térmica, especialmente con las importaciones de gas natural a través de la planta de regasificación de SPEC, que ha suministrado el combustible con un precio alrededor de los diez dólares el millón de BTU a las generadoras del Caribe: Tebsa, Termocandelaria y Termoflores.
En el momento más crítico de esta coyuntura (octubre-diciembre de 2023), el parque térmico suministró cerca del 50% de la electricidad que requirió el país.
Pero, otra preocupación del sector es que la demanda de energía crece a un ritmo de entre el 5 y el 6 por ciento, mientras la oferta apenas lo hace en dos por ciento, lo que podría llevar a una escasez eléctrica en un par de años.
Por eso, los generadores le solicitan al gobierno la pertinencia de realizar nuevas asignaciones de energía en firme a través de los mecanismos que dispone la regulación vigente, como las subastas de reconfiguración o nuevas subastas de expansión.
