Categoría: Industria

Un panorama desalentador fue el que pintaron los participantes del primer foro del Segundo Colombia Green Energy Summit. El tiempo pasa y las soluciones no llegan.

En la apertura de la segunda Cumbre de Colombia Energía Verde, que se realizó en Bogotá el 12 y 13 de marzo, el director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Adrián Correa, reconoció que el sector eléctrico del país vive en un estado de esquizofrenia.

Al hacer una autocrítica a la planeación energética, Correa señaló que “tenemos tres señales, por un lado, las asignaciones de energía firme, por otro lado tenemos el proceso de conexiones y por otro el plan de expansión de generación, y parece que cada una va con una lógica diferente, por eso hablo de una especie de esquizofrenia.”

Agregó que: “Hay una desconexión entre estos mundos, y es una autocrítica a la UPME, que no está haciendo su papel como planeador, tal vez porque no ha existido la herramienta para hacerlo de una manera un poco más ordenada y coherente… No hemos podido sintonizar y sincronizar esos procesos.”

Y los resultados están a la vista. En el mismo foro, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, señaló que el 83 por ciento de los proyectos eléctricos en el país no llegan a materializarse. Especialmente mencionó los de transmisión, de los cuales dijo que hay proyectos desde 2015 que no han entrado al sistema.

En este tema, los proyectos más grandes son los de Colectora y Cuestecitas, que deberían traer la energía renovable generada en la costa Caribe, especialmente en La Guajira, pero que han sufrido retrasos por temas de comunidades. Ortega recordó que cuando se hizo Chuchupa y Ballena en los años setenta, Chevron realizó 24 consultas previas; para el proyecto Colectora se realizaron cerca de 220.

El ejecutivo agregó que el eléctrico es un sector que trabaja con alto apalancamiento financiero tanto de la banca nacional como internacional, y si no se dan las señales de estabilidad jurídica y normativa, de falta de seguridad en los tiempos, es muy difícil que se acometan inversiones que deben recuperarse en décadas.

En esa misma línea se refirió Jaime Concha, vicepresidente de Minería y Energía de la ANDI: “Si Colectora no entra no vamos a tener con qué cargar el Metro de Bogotá, así sea elevado o subterráneo, ni los trenes de cercanías. Estamos perdiendo las oportunidades”, dijo.

Al dirigente gremial le preocupa la política del gobierno de querer apagar el sector minero energético, sin tener listas otras fuentes, no solo de seguridad energética sino de recursos económicos para la Nación.

“Para sustituir los recursos fiscales que dan el petróleo y el carbón tendría que multiplicarse por 47 el turismo, 27 veces el sector agropecuario y cinco veces el sector industrial, y ese plan no se ve por ningún lado. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo preveía crecimientos del 3% anual y el año pasado cerramos con el 0,6%, entonces esa transición justa nos preocupa”, dijo Concha

Esa situación se ve reflejada en La Guajira, pues si no se van a dar nuevas licencias de carbón a partir de 2033, tampoco aparecen nuevos proyectos de generación eléctrica, como en la reciente subasta, donde no se presentó ningún proyecto para ese departamento. “Nadie quiso apuntarle a La Guajira, entonces ¿dónde está la transición justa?, se preguntó el directivo gremial.

Por su parte, Alexandra Hernández, directora Ejecutiva de SER Colombia, dijo que, en materia de proyectos de energía renovable, el problema no son las metas sino cómo y cuándo entran los proyectos.

Hernández dijo que “hoy un proyecto solar o eólico tarda entre 3 y 6 años. Si no hacemos nada por acelerar los trámites, actualizar la regulación, de impulsar los proyectos tanto de generación como de transmisión, no vamos a lograr pasar del Excel.”

“Desde SER Colombia somos optimistas frente al desarrollo de las renovables, pero también somos realistas con los desafíos, no la tenemos fácil, tenemos mucho por trabajar”, concluyó.

Los diferentes actores no pintaron un panorama alentador para el sector energético colombiano y el mismo director de la UPME lo plasmó en una sola palabra: Esquizofrenia.

A raíz de la publicación de los resultados de la subasta de cargo por confiabilidad realizada el pasado 15 de febrero, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) considera que el hecho de que no toda la demanda haya sido asignada implica desafíos que el Gobierno Nacional debe atender con urgencia.

Acolgen compartió sus preocupaciones frente a los desafíos del sector, pues, según el gremio, la coyuntura de precios, la cual es de suma importancia, ha desenfocado la atención de un tema aún más crítico: la suficiencia de oferta de energía para atender el crecimiento de la demanda en el mediano y largo plazos. De acuerdo con el gremio:

1. Es fundamental que el Gobierno, en cabeza de la CREG, evalúe nuevamente el balance entre oferta y demanda, incluyendo los resultados que en materia de energía firme van a traer los nuevos proyectos para, de ser el caso, realizar una nueva subasta para la energía que necesitaremos hacia el 2028, que cubra la demanda no asignada en este proceso. Lo anterior con mayor razón cuando en promedio, solo 6 de 10 megavatios de las asignaciones en subastas previas entraron en operación y menos de 3 de cada 10 lo hicieron en la fecha programada.
2. Debe revisarse la energía firme que aportarán los nuevos proyectos solares y entender que la operación enfrentará condiciones de mayor intermitencia, que exigen retomar las discusiones de temas como los servicios complementarios, la generación distribuida (incluyendo las comunidades energéticas), la modernización del mercado mayorista y la ampliación de la oferta con tecnologías como el almacenamiento donde sea económicamente viable.
3. Si bien las leyes y la regulación deben evolucionar y ajustarse en función de los cambios tecnológicos y de entorno, es fundamental que las iniciativas de reforma no atenten contra los principios fundamentales que han permitido los avances y logros del sector en los últimos 30 años, como son la existencia de un equilibrio entre consideraciones políticas y técnico-económicas para la toma de decisiones en el sector y la certidumbre de que las empresas podrán recuperar sus inversiones.

«Esperamos que tanto el proyecto de Decreto publicado el 5 de marzo por el Ministerio de Minas y Energía, como el anuncio de reforma de las Leyes 142 y 143 de 1994, se discutan ampliamente con todos lo actores, con debates técnicos rigurosos y análisis de impacto de corto, mediano y largo plazo», señala Acolgen.

El discurso del presidente Petro de irse lanza en ristre contra el sector minero energético y, en el sector eléctrico específicamente, de querer acabar con la generación térmica y apuntarle solo a las renovables, podrían llevar al traste al sector y generar una crisis en el corto plazo.

Las declaraciones del mandatario en el sentido de querer acabar con la explotación de carbón, gas y petróleo en el territorio nacional, tienen en vilo a las empresas del sector y paralizadas las inversiones en nuevos proyectos que le dan confiabilidad al sector eléctrico del país.

La negación del gobierno a nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos y el freno a nuevas explotaciones de carbón térmico ponen en riesgo el suministro de energía eléctrica, toda vez que estos son los combustibles del parque térmico, el único que le da firmeza al sector en situaciones de hidrología crítica, y a su vez, contribuye a la diversificación de la matriz de generación.

El remplazo de la generación térmica por fuentes eólicas y solares no solo podría poner en riesgo el suministro estable de electricidad, sino que encarecería el servicio. Así lo sostiene Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).

Castañeda señala que esa experiencia ya la vivió Alemania, que triplicó su generación con renovables, y al final lo que consiguió fue tener una crisis energética y llevar los costos de las tarifas a más de dos veces y media de lo que pagan actualmente los colombianos.

Y es que hay una razón técnica que es obvia. La eólica y la solar son energías intermitentes que no dan confiabilidad las 24 horas del día. En el caso de Colombia, la generación solar se da entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, pero el pico de consumo es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Por eso es que la mayoría de países le apuntan a tener un mix de tecnologías en el portafolio de generación.

“Podría considerarse un contrasentido la política energética planteada por el gobierno. Si usted quiere tarifas eficientes tiene que tener energéticos por todo lado, tener abundancia y buena disponibilidad de combustibles. El sector eléctrico depende en gran media de la señal que da el carbón, pues aunque no tenemos mucha capacidad de generación con carbón, es el primer techo de precio del hidráulico, el que da la señal de precio en contratos de largo plazo. Si no tenemos carbón, el siguiente escalón es el gas importado, con la volatilidad que tiene, entonces el techo ya no serían 380-400 pesos sino entre 550-600 pesos por kilovatio hora.

“Podría considerarse un contrasentido también, que en un país con tantas necesidades desde el punto de vista económico y fiscal, se plantea que no se va a permitir más exploración ni explotación de carbón, gas ni petróleo, cuando los demás países del mundo van a seguir demandando estos combustibles hasta 2050. Las agencias internacionales, en ningún escenario con respecto a la oferta de electricidad, están proyectando que se elimine ninguna tecnología, lo que pasa es que las fuentes renovables llenan el hueco de la demanda, pero se va a tener que mantener y crecer el gas, el carbón y los combustibles líquidos.

“Entonces, bienvenidas todas las tecnologías, que es la ventaja de nuestro sistema construido en los últimos 30 años, con un criterio de portafolio, no solamente agua, porque si nos respaldamos solo en hidroeléctricas, llega un Niño y habrá desabastecimiento, como nos ocurrió con el apagón de 1992. Un criterio de portafolio es diversificar el riesgo”, dice Castañeda.

El eje de la política del presidente Petro es la Transición Energética, pero el sector aún está a la expectativa de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa y del Plan de expansión de generación y transmisión. En esos borradores se habla de la diversificación, pero claramente la tendencia es hacia las renovables, lo que no genera tranquilidad entre los inversionistas de las demás tecnologías.

Así quedó reflejado en la más reciente subasta, donde no se presentó ninguna propuesta hidráulica, apenas fueron seleccionados 48 MW térmicos y el grueso fueron proyectos solares, con 4.441 MW.

El otro gran problema de generar solo con renovables es que la capacidad instalada se multiplica exponencialmente frente a la térmica: seis veces con solar y cuatro veces con eólica. Es decir, para remplazar los actuales 5.900 MW térmicos se necesitarían 22.000 MW eólicos o 35.000 MW solares en capacidad instalada, para una demanda punta de 12.000 MW. Eso no lo soporta ningún sistema, como ya ha ocurrido en algunos sistemas eléctricos, particularmente en Europa, como lección de la guerra Ucrania- Rusia respecto a garantizar la seguridad energética.

“A nivel mundial, los países tienen como objetivo lograr la carbono neutralidad a 2050, para lo cual se tiene que dar una transición, pero esa transición tiene que ser justa para todos, justa con los consumidores y justa con las familias que dependen del carbón y del gas. Se debe tener la equidad en todos los aspectos”, dice Castañeda.

Institucionalidad en riesgo

Por otro lado, al gremio le preocupa el tema institucional. “Si este sector ha tenido algo que funciona bien es precisamente la institucionalidad, porque logramos separar las funciones en un triángulo. Definir quién era el responsable de la política (Gobierno), quién de la regulación (CREG) y quién del control y seguimiento (Superintendencia). Entonces, cuando no se tiene a la CREG con el quórum suficiente para sesionar y expedir la regulación del sector, esa condición hace que exista nerviosismo en todas las empresas e inversionistas, porque es un escenario que no conocemos, es volver a hace 35 años cuando tuvimos una junta nacional de tarifas que tenía asiento en Planeación, y los ministros decían la tarifa que les parecía mejor, sin un criterio técnico.

“La institucionalidad es lo que nos ha permitido en generación hacer inversiones cercanas a los 17.000 millones de dólares en los últimos 20 años a través del esquema del cargo por confiabilidad, donde no hay un contrato, sino confianza en la estabilidad de las reglas de juego. El sector eléctrico invierte anualmente entre ocho y diez billones de pesos anuales en todos los componentes de la cadena, y todo se basa en la confianza que tiene el agente frente a la regulación”, señala Castañeda.

Según el dirigente gremial, si se afecta la institucionalidad al mezclar las funciones de los tres agentes y no se genera la suficiente confianza, se podría tener efectos negativos en el sistema como un todo y se podría llegar a caer en lo que el país estaba hace treinta años, cuando el gobierno era el que generaba, transmitía y distribuía la electricidad, lo que representaba un 40% de la deuda pública.

Y si de política social se trata, lo que ANDEG propone es que le gobierno la haga a través del esquema de solidaridad que existe. “Si se quiere que los usuarios paguen menos y, por otro lado, reconocer la eficiencia, hay una salida y es el esquema de solidaridad. Si se quiere que los estratos 1, 2 y 3 paguen menos, se pueden aumentar los subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación y dejar que los técnicos de la CREG definan la tarifa que, como dice la ley 142, remunere los costos eficientes y la rentabilidad, lo que tenemos hoy día en el sector”, concluye Castañeda.

Finalmente, cabe señalar que, a diferencia de 1992, lo que ha permitido sortear el actual Fenómeno de El Niño ha sido la disponibilidad de generación térmica, especialmente con las importaciones de gas natural a través de la planta de regasificación de SPEC, que ha suministrado el combustible con un precio alrededor de los diez dólares el millón de BTU a las generadoras del Caribe: Tebsa, Termocandelaria y Termoflores.

En el momento más crítico de esta coyuntura (octubre-diciembre de 2023), el parque térmico suministró cerca del 50% de la electricidad que requirió el país.

Pero, otra preocupación del sector es que la demanda de energía crece a un ritmo de entre el 5 y el 6 por ciento, mientras la oferta apenas lo hace en dos por ciento, lo que podría llevar a una escasez eléctrica en un par de años.

Por eso, los generadores le solicitan al gobierno la pertinencia de realizar nuevas asignaciones de energía en firme a través de los mecanismos que dispone la regulación vigente, como las subastas de reconfiguración o nuevas subastas de expansión.

Con el objetivo de tener tarifas de energía que se puedan pagar y mejorar la calidad del servicio, los gobernadores y los gremios de la Región Caribe le propusieron al Gobierno Nacional la puesta en marcha de un “Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético”.

El Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético se resume en estas ocho propuestas:

1. Que el Ministerio de Minas y Energía establezca, mediante decreto, mecanismos que garanticen que los subsidios en las tarifas de energía lleguen a quienes realmente los necesitan.
2. Que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) emita una resolución ampliando el consumo de subsistencia con un valor de 252 kWh/mes en subsidios, en territorios situados entre 0 y 350 metros sobre el nivel del mar y temperaturas mayores a 24 grados centígrados. Aplicaría de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios y sus condiciones de vida.
3. Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establezca, mediante resolución, un marco regulatorio que promueva mayor competencia en la generación para que los comercializadores aseguren contratos bilaterales de compra de energía en mejores condiciones de precio y calidad y esos menores costos lleven a bajar las tarifas.
4. Que el Ministerio de Hacienda otorgue garantías de la Nación para respaldar bonos de alivio tarifario a negociar en mercados de capital que permitan ampliar el plazo de pago de la opción tarifaria al usuario final y por ende el valor de la factura mensual del servicio de energía.
5. Que el Gobierno Nacional cree, mediante una ley, un fondo que cubra hasta $120 por kWh el costo de las pérdidas de energía. Beneficiaría a los usuarios de menores ingresos en mercados con índices de pérdidas mayores al 19%, sería de carácter temporal hasta que todas las empresas comercializadoras superen esa situación, y se financiaría con recursos de la Nación o con una sobretasa de 5 pesos por kWh en la tarifa del servicio de energía que pagarían todos los usuarios del país.
6. Que el Gobierno Nacional invierta en la modernización de redes de transmisión y distribución de energía eléctrica en la región Caribe, de manera que esos recursos no se incluyan en las tarifas. Esta propuesta se reglamenta vía ley y decreto impulsados por el Ministerio de Minas y Energía.
7. Que el Gobierno Nacional y sus entidades adscritas gestionen la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión para tener una mayor oferta de energía, lo que deberá reflejarse en precios eficientes a los usuarios de la Región Caribe. Esto se logra a través de la convocatoria periódica de la Mesa de Alto Nivel del Ministerio de Minas y Energía.
8. Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante decreto, promueva las comunidades energéticas con generación remota de por lo menos 5 MW basada en fuentes solares especialmente para atender a usuarios en condiciones de pobreza.

Estas ocho propuestas están detalladas en el documento técnico del “Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético”, planteado como la base del proceso que podría ponerse en marcha el próximo 9 de marzo en la Cumbre Energética del Caribe, de Sincelejo, para bajar las tarifas de energía, reducir el consumo que presiona la demanda, mejorar la calidad del servicio, y garantizar la normal operación de las empresas del sector.

Lo anterior teniendo en cuenta que, de los 195 municipios de la Región Caribe continental, 192 están en condiciones de pobreza multidimensional (98,5%) superiores al promedio del país.

El Pacto de Equidad por un Nuevo Modelo Energético está firmado por la RAP Caribe, los Comités Intergremiales del Atlántico, Cesar, Sucre y Magdalena, el Consejo Gremial de Bolívar, y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, La Guajira, Cartagena, Sincelejo y Santa Marta.

Ecopetrol tuvo su segundo año consecutivo con los mejores ingresos de la historia, pero preocupan las caídas en las utilidades y las reservas de crudo y gas.

Si bien Ecopetrol destacó algunos resultados positivos en 2023, como el segundo año con mejores ingresos en la historia, la mayor producción de los últimos ocho años, un récord en la carga de las refinerías, más de un millón de barriles de productos transportados diariamente por Cenit y una tasa de éxito del 50% en exploración; preocupan la baja en las utilidades del 43% y la reducción de las reservas del 6,3%.

En su balance del año, el Grupo Ecopetrol registró la cifra más alta de producción de petróleo y gas de los últimos 8 años, con 737 mil barriles por día, de los cuales el Permian en Estados Unidos aportó 66.330 barriles día, el 9%. También alcanzó récord en la carga de refinación, con 420 mil barriles por día: Barrancabermeja 222 mil barriles y Reficar 198 mil.

Sin embargo, las reservas probadas pasaron de 2.011 millones de barriles en 2022 a 1.883 millones en 2023, con una relación Reservas/Producción que pasó de 8,2 años en 2022 a 7,6 años en 2023.

El presidente, Ricardo Roa, también dijo que a finales del año el país tendría un déficit de gas de 169 millones de pies cúbicos diarios, por lo que están analizando varias posibilidades de suministro, como una planta de regasificación en Buenaventura, montar una planta flotante de regasificación en Chuchupa, importar gas a través de la planta de SPEC en Cartagena o importar de Venezuela, idea que no descartan.

En la parte financiera, el Grupo Ecopetrol logró las segundas mayores utilidades de su historia, con $19,1 billones, aunque son un 43% menos a las obtenidas en 2022: $33,4 billones. Buena parte de la caída se explica por el menor precio del Brent, que pasó de 99 dólares el barril en 2022 a 82 dólares en 2023; además de la mayor tasa de tributación, que pasó de 31,4% en 2022 a 36,6% en 2023:

En el segmento de Transporte, el Grupo obtuvo una cifra récord en evacuación por poliductos de 306 mil barriles diarios. Si se suman los oleoductos, el total transportado llegó a un millón 113 mil barriles por día.

Por otro lado, aunque ISA contribuyó solo con el 15% de los resultados financieros, Roa señaló que se está explorando la posibilidad de que la empresa se deshaga del negocio de infraestructura vial, con lo cual todo el grupo quedaría dedicado a un solo core de negocio: La energía.

El gremio destaca el rol de la generación térmica existente como respaldo y soporte de la transición energética justa, gradual y segura, lo que garantizará la inserción al SIN de las nuevas plantas solares asignadas como resultado de la Subasta de Expansión del Cargo por Confiabilidad.

Tras haber finalizado la Subasta de Asignación de Obligaciones de Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad para el periodo 2027-2028, con una asignación total de 4.489 MW, de los cuales 4.441MW representan a las plantas solares y 48 MW para térmicos con tecnología de biomasa, biogás y repotenciación de una planta existente, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) resalta como positivo el desarrollo de la subasta en el marco de las reglas definidas en la resolución CREG 71 de 2006 y normas complementarias, lo que consolida al mecanismo del Cargo por Confiabilidad como el esquema de expansión de la energía firme que se requiere para asegurar el abastecimiento a los colombianos.

Sin embargo, el gremio considera que la baja asignación de energía firme en esta subasta -que es la que garantiza que se pueda atender a todos los usuarios del país- menoscaba la firmeza y disponibilidad confiable del suministro para atender los requerimientos energéticos de los colombianos en el futuro y afecta los objetivos de la transición energética justa.

En este sentido, Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de ANDEG señala que “el gobierno nacional deberá analizar el balance de energía firme de largo plazo con el fin de incorporar escenarios adicionales de expansión que permitan asegurar las necesidades del sistema, dado que la mayoría de los proyectos asignados en la presente subasta son solares y, como es sabido, esta tecnología tiene una intermitencia durante la noche, o no entrega energía durante este periodo que es donde hay un pico importante de consumo en los hogares. Es justo para esto que se requiere la energía confiable”.

La Asociación destaca que es importante tener presente que la generación térmica existente continúa dando el respaldo y soporte para la inserción de renovables en el marco de la transición energética, dada la asignación de Obligaciones de Energía en Firme por 41.251 GWh-año, lo que representa más del 46% del total de la asignación realizada para el periodo 2027-2028.

Así mismo, resalta que los resultados de la asignación de energía firme muestran que la entrada de fuentes renovables no convencionales contribuye a la diversificación de la matriz de generación en Colombia y de esta forma el sector minero energético seguirá contribuyendo y aportando a las metas de reducción de emisiones.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó su informe anual sobre el ‘Sector de combustibles líquidos en Colombia: Evolución 2023 y perspectivas 2024-2033; el cual aborda la distribución de estos energéticos como un servicio público esencial.

El sector genera más de 270 mil empleos entre directos e indirectos. Durante 2023 se realizaron inversiones por $2,9 billones y se espera que para este año aumente a $3,3 billones. Además, durante el año pasado los aportes fiscales fueron de más de $8,5 billones.

Sin embargo, el informe evidencia que durante el 2023 los agentes de la distribución de combustibles líquidos enfrentaron diversos eventos que pusieron en riesgo el suministro de aproximadamente 45 millones de galones, el 65% (alrededor de 30 millones) debido a bloqueos a plantas y vías, principalmente en Cundinamarca, Meta, Santander, Huila y Cesar.

En total, durante el año pasado se realizaron 245 bloqueos por comunidades y grupos armados, además de contingencias operativas, derrumbes por condiciones climáticas y limitaciones en la oferta de etanol durante el primer semestre. “No obstante, gracias al esfuerzo logístico de los distribuidores mayoristas y al liderazgo del Ministerio de Minas y Energía se garantizó el abastecimiento en el territorio nacional”, señala el informe.

El presidente de la ACP, Frank Pearl, recordó que “asegurar un suministro continua y confiable de combustibles es esencial para mantener la estabilidad del sistema energético y que muchos servicios críticos, como el transporte público, los servicios de emergencia, la atención médica y el abastecimiento de alimentos y suministros básicos, dependen del acceso constante a los combustibles que, de acuerdo con el Plan Energético Nacional, representan el 42% del consumo final de energía de Colombia, por lo que interrupciones en el suministro podrían tener graves consecuencias para la calidad de vida y poner en riesgo derechos fundamentales de los colombianos.”

Por eso, para atender eficientemente la demanda de combustibles por parte de los colombianos, los agentes de la cadena recomiendan, entre otras gestiones: desarrollar almacenamientos estratégicos de respaldo; ampliar la infraestructura de transporte por poliductos; viabilizar importaciones de combustibles y biocombustibles; estabilizar al 10% el porcentaje de mezcla de etanol; y fortalecer, con las autoridades de Gobierno y regionales, las condiciones habilitantes de la operación.

Demanda continuará creciendo

En 2023 el consumo de combustibles líquidos en el país experimentó un crecimiento moderado del 0,3%, en respuesta a la reducción del 2,5% en el consumo de gasolinas, mientras que se observaron aumentos del 3% y 2% en diésel y jet, respectivamente. En este comportamiento influyeron el incremento del 48% en el precio de la gasolina corriente tras el desmonte del subsidio, la estabilidad en el precio del diésel, el aumento del transporte terrestre de carga y pasajeros, la necesidad de activar plantas de generación térmica y la salida de aerolíneas de bajo costo del mercado.

Para el decenio 2024-2033 se proyecta un crecimiento anual del mercado de combustibles del 1,8%, anticipando una recuperación en la senda de crecimiento económico sostenible a partir de 2024, y mayor adopción de tecnologías de bajas y cero emisiones. Se prevé que en este año los agentes de la cadena inviertan cerca de $3,3 billones, 12% más que el año pasado.

Finalmente, el informe recomienda garantizar el servicio público esencial del abastecimiento de combustibles líquidos de manera confiable, eficiente y sostenible, incentivar diversas fuentes de abastecimiento para garantizar la seguridad energética, promover la competencia mediante la liberación de los márgenes e incentivar el aumento de la mezcla de biocombustibles, en particular de etanol en las gasolinas, lo cual no requiere inversiones adicionales y, en cambio, ofrece beneficios en términos de descarbonización.

Con el fin de prevenir y mitigar posibles emergencias por el Fenómeno de El Niño, Enel Colombia ha puesto en marcha un plan que involucra el despliegue de 1.500 operarios y 495 equipos enfocados en atender fallas y emergencias en Bogotá y Cundinamarca.

Con la llegada del Fenómeno de El Niño y sus efectos entorno al aumento de temperaturas y la disminución de lluvias, Enel Colombia hace un llamado a la ciudadanía para implementar algunas acciones que permitirán prevenir, reportar y actuar frente a emergencias que involucren la infraestructura y redes eléctricas, especialmente aquellas relacionadas con incendios. 

En la distribución de energía, las altas temperaturas y los fuertes vientos aumentan el riesgo de afectación por recalentamiento o daños en los equipos, caída de árboles o ramas por resequedad, impactando negativamente las redes eléctricas, al igual que el aumento de incendios forestales por situaciones ajenas a la operación de la Compañía, que causan daño en la infraestructura y prestación del servicio.

Ante los riesgos de incendio en zona rural o urbana, Enel Colombia invita a seguir los siguientes pasos y recomendaciones:

1. Lo primero que debe hacer la ciudadanía es reportar los incendios que puedan afectar la infraestructura eléctrica llamando a la línea de atención 6015115115 o en la App Enel Clientes Colombia en la sección reportes.
2. Así mismo, las emergencias que involucren incendios, es importante que sean reportado a el cuerpo de Bomberos marcando el 123 para Bogotá y Cundinamarca.
3. Una vez la Compañía recibe la información, activa la red de apoyo distrital en Bogotá y Cundinamarca con las alcaldías para así atender las emergencias.
4. En ese orden, si en el predio o zona donde se presenta el incendio se identifican redes eléctricas cercanas, nadie debe acercarse o intentar retirarlas hasta que el personal de Enel Colombia asegure la zona, siempre validando la ausencia de tensión en cualquier nivel.
5. Manténgase alejado mínimo a tres metros de distancia de la red eléctrica. Tenga presente que las redes siempre están energizadas; no asuma o suponga que están sin energía.

Plan de acción frente al Fenómeno de El Niño

Enel Colombia ha puesto en marcha un plan de gestión para contrarrestar el posible impacto que pueda afectar la infraestructura y redes eléctricas de distribución de energía en Bogotá y Cundinamarca con el despliegue de aproximadamente 1.500 operarios y 495 equipos enfocados en la atención de fallas y emergencias en su zona de influencia.

En materia de coordinación institucional, la Compañía cuenta con varias alianzas a través de las que ha gestionado alrededor de 2.900 talas y 35.400 podas en Bogotá y Cundinamarca, las cuales vienen realizándose desde junio del 2023.

Para atender estratégicamente los posibles efectos del Fenómeno del Niño en Bogotá y Cundinamarca, para el primer semestre de 2024, Enel Colombia priorizará sus esfuerzos en las zonas con mayor riesgo de incendio forestal, las cuales se proyecta que aumentarán hasta en un 80% en redes de media tensión.

Por último y con el fin de hacer frente a los efectos de Fenómeno de El Niño, la Compañía recomienda seguir algunas pautas de uso eficiente de los recursos y eficiencia energética:

• Durante el día, aprovechar la iluminación natural y evitar encender los bombillos.
• Escoger electrodomésticos y equipos con mayor eficiencia, de acuerdo con su etiqueta energética. Los clasificados con letra A son los más eficientes.
• Reducir el uso de electrodomésticos como planchas, lavadoras, aires acondicionados, calentadores o duchas eléctricas.
• Apagar las luces y desconectar los equipos que no se utilizan. También, desenchufe los cargadores de computadores y celulares cuando no están en uso.
• Utilizar solo el agua que se necesita para evitar desperdiciarla. Se recomienda instalar grifos ahorradores, hacer reparaciones necesarias para evitar fugas de agua y reducir los tiempos en la ducha.

La puesta en marcha de este laboratorio busca la reducción de 206 toneladas de CO2 en 10 años, lo que es equivalente a plantar más de 1.100 árboles en la misma década.

La multinacional Bureau Veritas, líder en servicios de inspección, certificación y pruebas, marca un hito en su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, al inaugurar su nuevo laboratorio en Barranquilla.

Ubicado estratégicamente en las inmediaciones del puerto de la ciudad, el laboratorio apuesta por promover la eficiencia energética y la generación de energía limpia en la ciudad y Colombia en general.

Como parte del plan estratégico de la firma europea, el laboratorio de Barranquilla se erige como un faro de innovación y ejemplo en el país y la región al implementar programas de eficiencia energética, con un enfoque particular en la generación de energía a través de fuentes limpias, como la solar.

La ubicación estratégica de Barranquilla, con su exposición solar durante todo el año, lo convierte en el lugar ideal para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza.

El laboratorio cuenta con un sistema de generación fotovoltaica, lo que permite obtener por este medio el 37% de la energía para su funcionamiento, generando así 157 MWH en el primer año, y contribuyendo significativamente a la reducción de gases de efecto invernadero. De igual manera no solo abarca la generación de energía solar, sino también el control de la huella de carbono y el control de emisiones.

La adopción de energía solar en este laboratorio de Barranquilla tendrá como impacto la reducción de 206 toneladas de CO2 en 10 años, lo que es equivalente a plantar más de 1.100 árboles en la misma década, de acuerdo a lo establecido con EPM, experto en sistemas de generación fotovoltaica.

Bureau Veritas cuenta con una red de laboratorios con más de 370 a nivel internacional y 30 de estos se encuentran en Latinoamérica, ofreciendo servicios de análisis de combustibles sólidos como carbón y coque, combustibles líquidos cómo petróleo y sus derivados: gasolina, diésel y combustibles de aviación, además de combustibles derivados de fuentes orgánicas.

En el caso del análisis de biocombustibles como etanol y biodiesel, el evaluar y analizar la calidad, composición y características es esencial para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y regulaciones aplicables. Otro de los servicios que ha tomado mucha fuerza e importancia es el servicio de calibración de grandes volúmenes.

Esta empresa en Colombia ha venido acompañando a diversas organizaciones en la implementación de planes y acciones para contribuir a la descarbonización. Esto ha incluido el diseño de proyectos de energía renovable, certificaciones de cumplimiento, contratación de cadenas de suministros globales y confiables, entre otros.

El éxito del proyecto de Barranquilla no pasa inadvertido, y Bureau Veritas planea trabajar en la ampliación del portafolio de servicios, aumentando la cobertura de los análisis ya existentes a nivel agrícola y alimenticio, y tener como prioridad temas de sostenibilidad como la huella de carbono, replicando el piloto de la sede de Barranquilla en otros laboratorios y oficinas.

“Este laboratorio es un ejemplo para Colombia y el mundo en materia de sostenibilidad y manejo eficiencia energética. Este logro no solo refleja el liderazgo de la empresa en la región, sino que también posiciona a Barranquilla como una ciudad destacada en innovación y sostenibilidad”, señaló Alexander Quintero Montes gerente de Commodities de Bureau Veritas Colombia.

En carta enviada al director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el presidente de ACIEM Daniel Enrique Medina hace los comentarios del gremio sobre el proyecto de resolución que pretende intervenir los precios del Mercado de Energía Mayorista durante el período de el Fenómeno El Niño.

ACIEM considera fundamental revisar el espíritu de la Resolución, puesto que, si el objetivo es reducir las tarifas de energía para un importante sector de la demanda, no se lograría por este medio, pues la metodología planteada redistribuye las ineficiencias entre todos los usuarios que por diversas razones no tienen un comercializador con las coberturas suficientes para soportar la exposición a los precios de bolsa.

El recargo propuesto en el componente de las restricciones (R) es la consecuencia de cargar las diferencias entre el precio techo definido en el proyecto de Resolución y el costo de la generación térmica, es decir, quienes estén cubiertos con contratos tendrían un incremento de precios por cuenta del aumento del cargo de restricciones cercano al 30%.

Con comentarios adicionales, el gremio de los ingenieros señala lo siguiente:

1. Efectos sobre la demanda. La medida regulatoria prevista, favorecería en principio al 20% de la demanda que tiene contratos con exposición a bolsa y quienes podrían balancear de alguna manera el valor final de su factura entre el precio de bolsa y las restricciones, en cambio; el otro 80% que tiene contratos a precio fijo, verán el aumento en las restricciones.
2. Posición dominante. Si bien la medida regulatoria apunta a evitar abusos de posición dominante por parte de los agentes de generación, vale la pena tener en cuenta que la Ley 142 de Servicios Públicos le entregó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), facultades sancionatorias para evitar abusos de posición dominante en este sector, en caso de presentarse.

3. Impacto en el usuario final. Para ACIEM, es importante revisar los impactos y efectos económicos que tendría la Resolución en los usuarios finales, puesto que tal como está prevista, las tarifas durante este periodo para afrontar el Fenómeno de El Niño no bajarían sino que, al contrario, podrían aumentar para un porcentaje de la demanda.

4. Confianza inversionista. Cuando el país está próximo a una nueva subasta del Cargo por Confiabilidad (CxC), preocupa que el proyecto de Resolución envíe un mensaje de intervención que podría desestimular a las empresas a realizar sus inversiones en el sector, ya que la generación térmica seguirá siendo necesaria para respaldar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).