Categoría: Industria

Diferentes gremios hicieron un llamado a que se despoliticen temas de alta complejidad técnica, económica, social y jurídica, como los servicios públicos, más aún en el periodo electoral que vive el país.

Andeg, Andesco, Acolgen, Asocodis, Naturgas y SerColombia emitieron un comunicado conjunto sobre la reciente asamblea de usuarios de servicios públicos que organizó el Ministerio de Minas y Energía en Santa Marta. El texto del comunicado es elsiguiente:

Considerando la Asamblea de Usuarios convocada y realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Santa Marta, desde los gremios del sector eléctrico y de gas natural, nos permitimos respetuosamente diferir de varias de las afirmaciones realizadas en este espacio y compartir algunas aclaraciones:

Entendemos con claridad los enormes retos de la actual coyuntura, sabemos que esta demanda cambios, y al igual que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, comprendemos que todos, incluidos actores del sector público y también del privado, debemos ser agentes de cambio, construyendo sobre lo construido. Desde el inicio de este Gobierno, como representantes del sector, hemos estado dispuestos al diálogo con el Ministerio de Minas y Energía, inicialmente con la exministra Irene Vélez, y hoy con el ministro Omar Andrés Camacho.

En ese sentido, entendemos y celebramos el acercamiento del Gobierno con las organizaciones sociales, pues estas son fundamentales para construir un consenso en función de un país mejor, pero tal cercanía debe basarse en argumentos y hechos ciertos, y no emplearse para destruir lo ya avanzado y/o para justificar cambios sustentados en afirmaciones no fundamentadas. Hacemos un llamado a la verdadera conciliación, el respeto de todas las partes y la despolitización de temas de alta complejidad técnica, económica, social y jurídica, más aún en el periodo electoral que vive el país.

Aunque hay cosas que mejorar, el énfasis debe estar en la causa en lugar del síntoma; el enfoque debe estar en mejorar las condiciones de la población, y generar nuevos empleos para que los ciudadanos tengan la capacidad de pagar sus servicios y necesidades, o en su defecto en captar mayores recursos para apoyar a los usuarios con el pago de sus facturas, sin comprometer la confiabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Como gremios del sector estamos dispuestos a compartir visiones para en compañía del Gobierno, los usuarios y los sectores sociales, seguir construyendo y avanzando hacia la Colombia que todos queremos.

Sobre los asuntos específicos tratados consideramos:

1. Estigmatización del sector privado: Rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado. Cabe recordar que antes de 1994 el Estado no tenía la capacidad para prestar los servicios públicos con confiabilidad y calidad, entre otros, al punto de sufrir un apagón y de comprometer el 30% de la deuda externa del país en la construcción de infraestructura eléctrica. Así mismo, está demostrado que gran parte las empresas que se encontraban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción que impedía la inversión y mejora del servicio. Hoy, gracias a la Ley de Servicios Públicos, hay empresas de propiedad pública, privada y mixta que le han permitido al Gobierno cumplir su obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos, con resultados contundentes de mejora en cobertura, confiabilidad y calidad. Es completamente legítimo y razonable que las empresas reciban unos incentivos y una retribución por ello, dadas las altas inversiones y riesgos que impone este sector. Pretender lo contrario sería regresivo y nos llevaría a situaciones similares a las vividas en los 90’s.Ante las manifestaciones de no contar con las empresas en las discusiones que atañen al sector, respondemos ofreciendo nuestra disposición, conocimiento, capacidad y esfuerzo, para el desarrollo conjunto de propuestas de mejora, que beneficien al país, como lo hemos hecho históricamente, inclusive en el presente Gobierno, en iniciativas tales como el pacto por la justicia tarifaria, las comunidades energéticas y la transición energética justa.

2. Uso de los recursos de subsidios: Es una política de Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación. Las empresas prestadoras no se quedan con el dinero de los subsidios, por el contrario, lo aplican a los usuarios a través de las facturas de manera inmediata y luego el Gobierno se los paga, a través de procedimientos que garantizan la verificación de la actuación de los agentes; dichos pagos, en la mayoría de los casos, se demoran más de lo debido; de hecho, hoy se adeuda a las empresas por este concepto montos que datan del segundo trimestre del año.

3. Modificaciones de la Ley de servicios públicos: Como lo hemos dicho antes, la Ley 142 de 1994 ha permitido contar con más y mejores servicios públicos, y con una institucionalidad sólida con funciones técnicas e independientes para la elaboración de políticas, la planeación, la regulación y la vigilancia por parte del Estado. Si bien se requiere actualizar esta Ley se debe tener cuidado de no perder lo logrado, construyendo sobre lo construido. Estamos dispuestos a acompañar dicho esfuerzo, como de manera reiterada lo hemos indicado en diferentes espacios.

4. Fórmula tarifaria y factura: No es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente. El país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado. La opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo. Al respecto ya hemos remitido propuestas incluyendo que el gobierno aporte recursos directos y financiación suficiente para apoyar a los usuarios, en lugar de culpar a las empresas por aplicar una medida que, lejos de representarles ingresos, ha estrechado su caja y comprometido su suficiencia.

5. Techos solares y comunidades energéticas: Estas estrategias son adecuadas y hemos venido apoyando y trabajando en su reglamentación, desarrollo e implementación. Es importante que se indique a los usuarios los mecanismos y recursos con los que se avanzará en esta línea, los criterios de asignación y las garantías de continuidad y prestación del servicio para todos los ciudadanos.

Queremos ratificar que todos los usuarios están y seguirán estando en el centro de la gestión de las empresas, quienes hacen su mayor esfuerzo para prestar cada vez mejores servicios al menor costo posible. Si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia. Mientras no existan tales evidencias, creemos que afirmaciones sin sustento tienden a minar la confianza en la institucionalidad pública y privada, lo que no es deseable en un mercado en donde dicho valor es fundamental para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro.

Hace 50 años se vivió la mayor crisis energética que ha experimentado la humanidad. Desde entonces la seguridad y la soberanía energéticas se volvieron prioritarias en la agenda pública de las naciones.

Por: MARTÍN ROSAS

La tarde del sábado 6 de octubre de 1973 transcurría en medio de un aire de solemnidad en Israel, cuando el pequeño país fue sorprendido por un ataque conjunto de Siria y Egipto. La agresión no solo hirió en lo más profundo el sentimiento del pueblo hebreo, que en ese momento se preparaba para celebrar el Día de la Expiación, la fecha más importante del calendario judío, sino que daba inicio a la Guerra del Yom Kipur y, con ella, a la más grande crisis del petróleo que ha experimentado la humanidad.

En retaliación por el apoyo que los Estados Unidos dieron a Israel, los países árabes productores de petróleo se alinearon con los agresores e impusieron a Occidente un embargo petrolero que, en palabras del entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, “alteró irrevocablemente el mundo, en la forma en que se había desarrollado en el período de la posguerra.”

Como lo anota Daniel Yergin en su obra ‘La historia del petróleo’, “para 1973 el petróleo se había convertido en la savia vital de las economías industriales del mundo… y en ningún momento anterior de todo el período de la posguerra había sido tan tenso el equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que las relaciones entre los países exportadores y las compañías petroleras seguían siendo malas.”

Para ese entonces, las frases “crisis energética” y “escasez de energía” comenzaban a sonar en las conversaciones económicas y políticas de los Estados Unidos, Europa y Japón, toda vez que a raíz del sistema de cuotas de producción de petróleo y al control de precios para tratar de domar la inflación, la actividad exploratoria estaba de capa caída en Norteamérica, en un entorno donde el petróleo y el gas natural tomaban protagonismo en la generación de electricidad por el desmonte de plantas a carbón por razones ambientales.

Se vivía una época de insaciable apetito por el petróleo. Para el verano de 1973 el mundo ya dependía del crudo proveniente del Golfo Pérsico, y Arabia Saudita se había convertido en uno de los mayores productores y exportadores, con 8,4 millones de barriles diarios de producción y una cuota exportadora del 21%. A contrapelo, las importaciones de los Estados Unidos en ese año eran de 6,2 millones de barriles al día, comparadas con los 3,2 millones de barriles en 1970 y los 4,5 millones de 1972.

Definitivamente, el poder había pasado de las compañías occidentales, las Siete Hermanas (las anglosajonas Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, Royal Dutch/Shell y British Petroleum), a los países productores. Y los árabes fueron conscientes, más que nunca, de que tenían en sus manos una poderosa arma geopolítica: el petróleo.

Apenas unos años atrás, en 1960, se había creado la OPEP, el cartel de países exportadores de crudo, a instancias de Venezuela y Arabia Saudita, los mayores productores de petróleo de la época después de los Estados Unidos, lo que había derivado en mayores porcentajes de participación de las regalías para los países productores, que superaban ya el 50 por ciento, una medida tomada a regañadientes para tratar de frenar las nacionalizaciones.

Así que, a medida que la demanda mundial superaba la oferta, los precios fueron rompiendo barreras. En efecto, entre 1970 y 1973 el precio del crudo se había más que duplicado, al pasar de 1,20 dólares por barril a 2,70 dólares. Pero lo peor estaba por venir.

Fatal premonición

A finales de agosto de 1973, el primer ministro japonés Kakuei Tanaka hacía una premonitoria declaración: “En lo relacionado con la energía, se prevé claramente que de aquí a diez años se va a producir una crisis por cuenta del petróleo.” Falló en la escala de tiempo. La crisis no se tardaría un decenio sino apenas unos cuantos días. En ese momento, el presidente egipcio Anwar el-Sadat comenzaba su cuenta regresiva para la guerra.

La elección del Yom Kipur como fecha para lanzar el ataque árabe se hizo para encontrar a Israel desprevenido. Toda su estrategia de defensa dependía de una rápida movilización y del despliegue de sus reservas disponibles. En ningún otro día esa respuesta podía haber sido tan difícil. El país estaba paralizado por la meditación, la búsqueda espiritual y la oración. Además, Sadat se apoyaba en la sorpresa estratégica y puso toda la carne en el asador. Además, el dictador sirio Háfez al-Assad se unió al engaño. Una organización terrorista con conexiones en Siria secuestró a unos emigrantes soviéticos que viajaban a Viena desde Moscú y la primer ministra israelí Golda Meir fue a Austria a hacer frente a esa crisis, lo que capturó la atención de la líder hasta el 3 de octubre.

Aunque fuentes de inteligencia habían detectado movimientos de tropas en Siria y Egipto, tanto israelíes como estadounidenses desestimaron las alertas y pasado el mediodía del 6 de octubre Israel fue atacado. Frente al copioso respaldo en pertrechos que los soviéticos dieron a sirios y egipcios, Estados Unidos no tuvo más alternativa que apoyar con armamento a su principal aliado en el Medio Oriente, asumiendo el riesgo de maltratar las tensas relaciones con el mundo árabe.

El 15 de octubre los israelíes pudieron detener el avance de los egipcios antes de que llegaran a las montañas del Sinaí y lanzaron una contraofensiva exitosa. Un día después, provenientes de Viena de una negociación fallida con las compañías petroleras, los delegados de los Estados del Golfo Pérsico, cinco árabes y uno persa, se reunían en la capital de Kuwait para anunciar al mundo su decisión unilateral de aumentar el precio del crudo a 5,11 dólares el barril. Atrás quedaban para siempre los tiempos en que las compañías occidentales fijaban los precios del petróleo, y se ponía fin a una era de cien años de crudo barato. El ministro de Petróleo de Arabia, Ahmed Zaki Yamani, resumió la nueva situación con una frase críptica: “Es este un momento por el que he estado esperando mucho tiempo. Y por fin ha llegado. Ahora somos dueños de nuestra propia mercancía.”

El arma del petróleo se desenfundaba con toda contundencia y los Estados Unidos tomaron nota del nuevo escenario. El presidente Richard Nixon expresó su preocupación a sus asesores de seguridad nacional en la Casa Blanca: “Nadie es más consciente de lo que tenemos en juego: el petróleo y nuestra situación estratégica.”

El embargo

El 17 de octubre, aún reunidos en Kuwait, los ministros árabes del petróleo acordaron un embargo a los Estados Unidos y demás países simpatizantes de Israel, reduciendo en adelante la producción un cinco por ciento cada mes.

El 19 de octubre, el presidente Nixon, en medio del torbellino ocasionado por el escándalo del Watergate, propuso una ayuda militar a Israel de 2.200 millones de dólares. Ese mismo día Libia fue más allá y anunció que embargaría todos los envíos de petróleo a los Estados Unidos. Un día después lo secundaría Arabia Saudita.

La situación no podía ser más tensa. Para rematar, ante la inminente derrota del Tercer Ejército egipcio, el líder soviético Leonid Brézhnev dijo que la Unión Soviética no estaba dispuesta a dejarlo caer y hasta se tuvo información de emplazamientos de armas nucleares.

Por fortuna, pese a que el Tercer Ejército fue reabastecido por los soviéticos, el 26 de octubre el alto al fuego entró en vigor en Oriente Medio y comenzaron las negociaciones entre Egipto e Israel. Se evitaba así una escalada del conflicto con presencia de armas nucleares, una situación que no se vivía desde la Crisis de los Misiles de Cuba, en 1962.

“Las armas nucleares no se habían utilizado, pero los árabes seguían esgrimiendo el arma del petróleo. El embargo seguía vigente, con consecuencias que trascendieron más allá de la guerra de octubre”, señala Yergin y a renglón seguido relata: “El embargo marcó una nueva era para el petróleo de todo el mundo. Del mismo modo que la guerra era muy importante para dejársela exclusivamente a los generales, el petróleo era muy importante para dejárselo a los petroleros. El petróleo se había convertido en tema de responsabilidad de presidentes y primeros ministros; de ministros de exteriores, economía y energía; de congresistas y parlamentarios; de reguladores y ‘zares’, de activistas y lumbreras.”

Penurias, inflación y decrecimiento

Con las cotizaciones del crudo y la escasez disparadas, Occidente entró en pánico. No era para menos. El 16 de octubre el precio fijado por Irán era de 5,40 dólares el barril. En noviembre, parte del petróleo nigeriano se vendía a 16 dólares. A mediados de diciembre Irán realizó una subasta para poner a prueba el mercado. Las cotizaciones llegaron a 17 dólares, un 330 por ciento más que las de octubre.

Comenzaba la era de la escasez, con profundas repercusiones en las naciones industrializadas: pérdida de desarrollo económico, recesión e inflación. De repente, europeos y japoneses regresaron a los amargos años de la posguerra, con todas sus penurias y privaciones. Además, Estados Unidos, la más destacada superpotencia y creador del orden internacional, estaba ahora a la defensiva, humillado por un puñado de pequeñas naciones.

Con los precios de la gasolina subiendo a diario, los estadounidenses soportaron por vez primera un racionamiento del combustible al tiempo que escaseaban y subían de precio los demás productos básicos, lo que llevó al presidente a proponer como meta nacional que para finales de los setenta desarrollaran el potencial para satisfacer sus propias necesidades energéticas sin depender de ninguna fuente extranjera. Hablaba, por supuesto, de soberanía energética.

En medio de la crisis política en que se debatía internamente el gobierno de Nixon, las compañías occidentales asumieron la distribución de los limitados suministros de petróleo tratando de satisfacer las necesidades de cada nación, al tiempo de cuidarse de no irritar a los árabes.

Entre tanto, los ministros del petróleo de la OPEP se reunían en Teherán para fijar los nuevos precios. Se debatían entre un tope de 23 dólares el barril propuesto por los más radicales, hasta los 8 dólares defendido por una moderada Arabia Saudita. Finalmente se decantaron por la propuesta del Sha de Irán: 11,65 dólares, cuatro veces el precio de comienzos de la guerra.

La reacción de Nixon no se hizo esperar y le envió una carta al monarca iraní expresándole “el impacto desestabilizador” del aumento y los “problemas catastróficos” que crearía para la economía mundial. La respuesta del Sha fue lacónica: “Somos totalmente conscientes de la importancia de esta fuente de energía para la prosperidad y estabilidad de la economía internacional, pero también sabemos que esta fuente de riqueza se podría agotar para nosotros en un plazo de treinta años.”

En ese escenario, Japón era uno de los países más vulnerables, pues no tenía mayores fuentes de energía y su formidable desarrollo estaba soportado en las importaciones de petróleo. El 44 por ciento de su crudo provenía del Golfo Arábigo, y de todos los países industrializados era el que más dependía del petróleo como principal fuente de energía, el 77 por ciento, comparado con el 46 por ciento de los Estados Unidos.

El ministro saudita de Petróleo, Zaki Yamani, fue directo con los nipones: “Si son hostiles con nosotros, no tendrán petróleo. Si son neutrales, tendrán petróleo, pero no tanto como antes. Si nos favorecen, tendrán el mismo que antes.” El 22 de noviembre Tokio redactaba una declaración defendiendo la posición árabe, lo que representó el primer gran cambio de la política exterior de Japón con Estados Unidos en la era de la posguerra.

El arma del petróleo también hacía estragos en el Viejo Continente. Los países europeos se dividían entre los que trataban de distanciarse de los Estados Unidos para congraciarse con los árabes, encabezados por Francia e Inglaterra, Alemania algo menos, hasta Holanda, que se mantuvo firme con sus aliados tradicionales. El presidente francés Georges Pompidou le reclamó directamente a Kissinger: “Ustedes se basan en los árabes solamente para una décima parte de su consumo, pero nosotros dependemos completamente de ellos.”

La situación del Reino Unido era especialmente crítica. “La escasez de petróleo se vio aumentada por la huelga de los mineros del carbón, que acabó en una guerra económica total. No había suficientes suministros de petróleo para sustituir rápidamente el carbón en las centrales de generación eléctrica; la economía del país estaba paralizada como no lo había estado desde la escasez de carbón de 1947. Los suministros de electricidad se interrumpieron y la industria pasó a tener una semana laborable de tres días”, comenta Yergin.

Fue entonces cuando Estados Unidos convocó en febrero de 1974 a una conferencia sobre energía en Washington, donde se creó la Agencia Internacional de Energía, con el propósito inicial de establecer un sistema de reparto de emergencia para afrontar la “siguiente” crisis y, en un sentido más general, armonizar las políticas energéticas de los países occidentales.

Finalmente, Arabia y Egipto entendieron que el arma del petróleo había cumplido su cometido, pero que mantenerla desenfundada por más tiempo podía ser contraproducente. Acordaron entonces que Estados Unidos apoyara las negociaciones de paz en el conflicto árabe-israelí a cambio de levantar el embargo. Pese al rechazo de Siria y Libia, el 18 de marzo los ministros del petróleo firmaron su finalización.

El arma del petróleo se había utilizado con unas consecuencias que ni los propios árabes habían calculado, mientras que la administración Nixon se anotaba un éxito en la diplomacia internacional, aunque sus días en la presidencia estaban contados. El 8 de agosto de 1974 se convertiría en el único mandatario estadounidense en dimitir al cargo.

Era el epílogo de la mayor crisis energética de toda la historia de la humanidad, que cambió para siempre la geografía política del mundo, que transformó la industria del petróleo y las relaciones entre productores y consumidores, y que dio paso a una nueva economía internacional.

Cincuenta años después de la Guerra del Yom Kipur, otro conflicto trajo como consecuencia una nueva crisis energética. Apenas terminada la parálisis global por la pandemia de la Covid-19, Rusia invadió a Ucrania, y debido al apoyo de Occidente a los ucranianos, Vladímir Putin ordenó el corte del suministro de gas natural a Europa, con las consecuentes escasez y subidas de precio no solo de los energéticos, sino de los fertilizantes y algunos alimentos.

El mundo experimentó en 2022 las mayores cotizaciones históricas del gas natural: más de 30 dólares el millón de BTU para los europeos y 9,5 dólares para el resto de los mercados, frente a un mínimo histórico de 3,23 dólares en 2020.

Como hace cincuenta años, el mundo se resiste a aprender las lecciones de la Guerra del Yom Kipur. Pero esta es otra historia que aún se está escribiendo.

Como operador, Gran Tierra Energy invertirá USD$ 123 millones en los primeros tres años. Las compañías proyectan aumentar el factor de recobro y perforar nuevos pozos para extender la vida útil de los campos.

Ecopetrol y Gran Tierra Energy acordaron ampliar por 20 años el Contrato de Producción Incremental de hidrocarburos en el bloque Suroriente, ubicado en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.

Las compañías continuarán trabajando conjuntamente en este bloque de 36 mil hectáreas, con unas condiciones que, entre otras, establecen una participación de 52% para Ecopetrol y 48% para Gran Tierra, que ha sido el socio – operador del bloque Suroriente desde marzo de 2019.

El nuevo acuerdo permite la inversión en infraestructura y programas para aumentar el factor de recobro en este bloque, que hoy reporta una producción total de 7.327 barriles de petróleo equivalente por día en los campos Cohembí, Quillacinga y Quinde.

En los primeros tres años, Gran Tierra hará una inversión de USD$ 123 millones para ejecutar un plan de actividades con el que se busca extender la vida útil de los campos, los cuales tienen un potencial de reservas mayor a 10 millones de barriles de crudo estándar (estimaciones de Ecopetrol).

“Estamos haciendo historia con nuestro aliado Gran Tierra, a través de esta nueva oportunidad para trabajar de la mano, sumar más barriles y aportar al desarrollo territorial de la zona de influencia. Tenemos un plan de trabajo riguroso con el que, estamos seguros, alcanzaremos resultados positivos en materia de reservas y producción”, afirmó Zaring Joemy Ocampo B., vicepresidenta (e) de Filiales y Activos con Socios de Ecopetrol.

El sistema energético de Colombia enfrenta desafíos para equilibrar oferta y demanda, especialmente durante picos de consumo o eventos climáticos como el fenómeno de El Niño, por lo que el programa DDV resulta esencial para garantizar la estabilidad energética del país. 

En Colombia, el programa de Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) surgió como parte de los esfuerzos dirigidos a impulsar la sostenibilidad energética y fortalecer el sistema eléctrico del país.

La iniciativa se presenta como una solución que permite que las empresas se conviertan en socios activos de la estabilidad del sistema energético, ya que al reducir su demanda de energía durante los momentos críticos en los que una generadora entra en mantenimiento o fallas, contribuyen a evitar apagones y racionamiento, y, a su vez, asegurar un suministro eléctrico confiable.

Adicionalmente,  mediante la desconexión voluntaria en estos períodos críticos, las compañías pueden generar ingresos. Klik Energy, el primer marketplace de respuesta a la demanda eléctrica en Colombia detalla las ventajas de este programa y orienta sobre cómo participar y obtener incentivos financieros.

Contrario a lo que se pensaría, la temporada del fenómeno de El Niño representa una oportunidad valiosa para involucrarse en el programa de DDV, ya que es probable tener ingresos al respaldar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional durante este tiempo y evitar así que el país se quede en algún momento sin energía. 

Esteban Quintana, CEO de Klik Energy explica que “aquellas empresas y usuarios que carecen de la información necesaria para tomar decisiones tienden a abstenerse de participar. En contraste, hemos observado que las personas que se informan y tienen acceso a proyecciones de mercado, empiezan a participar en este mecanismo. Por ende, la práctica indica que estos últimos experimentan un aumento de ingresos, ya que son los únicos disponibles para contribuir. La escasez de participación resultante de este temor conduce a una oferta limitada de energía en el mercado, lo que a su vez se traduce en ganancias más elevadas.”

De acuerdo a Quintana, unirse al programa de DDV no requiere de una inversión inicial. Los grandes consumidores de energía pueden participar utilizando el medidor existente proporcionado por el comercializador y deben mantener un consumo energético lo más constante posible. Esta estabilidad resulta atractiva para el sistema, ya que de esta manera se determina cuánta energía pueden aportar las empresas. 

Por otro lado, aunque es preferible tener una planta para optimizar la participación en el programa, esto no es un requisito. En relación con la estimación de ingresos de una compañía, el análisis se sustenta en varios criterios.

Inicialmente, se evalúa la constancia del consumo energético por parte de la empresa. A continuación, se considera la cantidad real de energía consumida, ya que su capacidad de desconexión depende de su consumo máximo. Después, se procede a realizar un análisis de las condiciones actuales del mercado, se define la cantidad de energía que la empresa puede aportar al sistema cuando se desconecte y finalmente con base en la información de precios, se realiza el cálculo de los ingresos que una Compañía puede generar, todo esto se realiza a través del uso de inteligencia artificial.

Otra ventaja del programa es que la carga tributaria es prácticamente nula. Dado que el programa se enfoca en la disminución del consumo, se considera una actividad exenta de impuestos. Además, al tratarse de un derivado de energía, no está sujeto al IVA ni se considera una prestación de servicios.

El programa de DDV ofrece flexibilidad a las empresas para decidir cuándo y cómo reducir su consumo energético. Esto permite un control más directo sobre los costos energéticos y una adaptación más eficiente a las condiciones cambiantes del mercado eléctrico.

Klik Energy es una compañía que cuenta con una representación de más de 2GWH, las cuales están representadas en usuarios industriales, universidades, centros comerciales y minas, entre otras.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) emitió un comunicado a la opinión pública, ante si situación de bloqueos, cada vez más recurrentes y prolongados, que afectan el suministro de combustibles en el país.

Ante la preocupante situación de bloqueos, cada vez más recurrentes y prolongados, que se registra en diferentes regiones del país y los riesgos que esto implica para los colombianos, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en representación de las empresas mayoristas de distribución de combustibles líquidos, informa que:

1. El abastecimiento de gasolinas, diésel y jet fuel (combustible de aviación) es un servicio esencial para los colombianos, el cual se ha visto afectado por los crecientes bloqueos de vías, principalmente en Cundinamarca, Meta, Huila, Santander y Cesar. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas alerta que, en lo corrido del año, se han identificado al menos 180 bloqueos con una duración de hasta nueve días, lo cual ha interrumpido el despacho de combustibles líquidos desde las plantas de abasto mayoristas hacia estaciones de servicio y aeropuertos.
2. Como consecuencia de esta problemática, se ha puesto en riesgo el abastecimiento de 20 millones de galones de combustibles (cerca del 1% de la demanda nacional), indispensables para la movilidad de las personas, el transporte de alimentos, medicinas, mercancía, entre otros productos de primera necesidad para los hogares.
3. Las plantas más afectadas son las de Mansilla en Facatativá, Sebastopol en Santander y Apiay en el Meta. La situación ha causado desabastecimiento en algunas estaciones de servicio de estos departamentos, especialmente, durante los meses de julio y agosto. Es importante destacar que la planta de Mansilla abastece de combustibles a Bogotá, al aeropuerto El Dorado y a una parte de la Orinoquía.
4. Ante esta problemática, los distribuidores mayoristas han multiplicado su esfuerzo por implementar alternativas logísticas que permitan continuar garantizando el abastecimiento de combustibles líquidos a todos los colombianos. 
5. Consideramos que la manifestación pacífica es importante para la construcción de un país más incluyente, siempre y cuando esta no vulnere los derechos de quienes deciden no protestar. Además, rechazamos las vías de hecho y los crecientes bloqueos que amenazan la prestación de un servicio esencial como lo es el abastecimiento de combustibles.
6. El gremio hace un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades y a los manifestantes para que se logren acuerdos mediante el diálogo y la concertación, siempre bajo la garantía del respeto de los derechos humanos. Además, extendemos nuestra solidaridad con las personas afectadas por los bloqueos: agricultores, transportadores, comerciantes, entre otros.
7. Finalmente, las empresas mayoristas ratifican su disposición para continuar trabajando de forma articulada con las autoridades nacionales y locales, para garantizar la prestación del servicio de abastecimiento de combustibles. 

Hay un dicho que dice que lo urgente no da tiempo a lo importante. Este parece ser el caso del sector energético en Colombia. Con un fenómeno de El Niño apenas comenzando y una estrecha línea entre la oferta y la demanda, el Gobierno, el sector y la sociedad en general deben centrarse ahora en administrar la escasez, tanto de gas como de electricidad.

“Mientras no se aplique la consecuente política energética acompañada de una gestión activa y oportuna en regulación y el control, tal  como fueron diseñados, y entre tanto no se tenga la suficiente expansión (en gas y electricidad), los usuarios enfrentaremos falta de confiabilidad y precios inadecuados”, dijo Diego Jaramillo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía, Industriales y Comerciales (Asoenergía) en la instalación del 23 Congreso del gremio que se realizó el 13 de septiembre en Bogotá.

Los grandes consumidores de energía no regulados, especialmente la industria, expresaron sus preocupaciones frente a la oferta y la competitividad de energía, toda vez que los industriales no solo son los mayores consumidores de energía del país, un 33% del consumo total, sino que el costo de la misma representa en promedio una tercera parte de los costos de producción.

“En medio de una situación recurrente de estrés climatológico, de reservas insuficientes, de rezago en las decisiones y en la expansión del sistema, es indispensable incluir a la demanda en las decisiones sobre nuestros energéticos, su optimización, eficiencia, diseño y expansión de los sistemas, así como la estrategia y gerencia de la carga y consumo, y en los incentivos y esquemas de flexibilidad, confiabilidad y desarrollo futuro”, dijo Jaramillo.

Y es que de acuerdo con los conferencistas del Congreso, la situación es apremiante. Con el freno a nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, la falta de nuevas subastas de energía en firme, el retraso de los proyectos de generación y transmisión, y un inminente fenómeno de El Niño, el país comenzará a presentar déficits de gas y electricidad hacia 2025-26.

“El tiempo ya nos cogió, el desafío está en no perder lo avanzado en penetración de gas y energía, porque no tendríamos una transición energética justa y caeríamos en una transición injusta, porque la oferta no va poder responder ante cualquier eventualidad”, alertó la excomisionada Daysi Cerquera.

Ante el fracaso de la convocatoria para la regasificadora del Pacífico y la expectativa a mediano plazo de los campos offshore, Cerquera dijo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos debería estar concentrada en evaluar con las compañías como aumentar la producción y explorar las posibilidades que tiene Colombia de importar gas.

En ese sentido, Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, dijo que se debe establecer el papel que jugará la planta regasificadora de Cartagena a partir de 2026 y abrirla al mercado en general, además de tener en el radar la importación de Venezuela, aún en medio de la incertidumbre del estado del gasoducto y los costos y tiempos de su reparación, y si efectivamente el vecino país cuenta con el gas.

Por su parte, Mónica Contreras, presidente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), agregó que como medidas de emergencia se puede construir una segunda planta de regasificación en el Caribe y que la CREG expida la regulación tarifaria para remunerar la bidireccionalidad del gasoducto Barranca-Ballena, que ya cuenta con las obras.

Cabe señalar que esta bidireccionalidad tiene una capacidad inicial de 50 millones pies cúbicos diarios (MPCD). La reciente restricción de suministro en el Caribe fue de 35 MPCD, pero no pudieron ser enviados porque la CREG no ha expedido la regulación tarifaria.

“Vemos comprometida la confiabilidad en el corto y en el largo plazo y un riesgo importante por la falta de un marco que genere la competitividad de los sustitutos del gas natural como el GLP. Esperamos que las experiencias recientes nos guíen hacia una mejor condición. La propuesta de la nueva metodología de Comercialización desafortunadamente no apunta a buscar esa eficiencia, sino que impacta aún más al sector industrial”, dijo Jaramillo.

Si por el gas llueve…

Por el lado de la electricidad la situación también es crítica. Con una demanda que crece tres veces más que la oferta, el Gobierno no ha sacado nuevas subastas, los retrasos y la incertidumbre de proyectos de generación como Hidroituango y los de energía renovables de La Guajira, y los retrasos y obsolescencia de las redes de transmisión, han hecho que el sistema esté estresado y el valor del kilovatio hora haya superado los mil pesos en septiembre.

“En medio de las alertas por el efecto en los precios de energía eléctrica por la expansión retrasada, de conexiones de transmisión débiles, saturaciones de redes de energía en las regiones, restricciones de gas y espera de déficits de suministro de manera casi inmediata, el panorama no es alentador”, dijo Fonseca.

Además de la estrechez del mercado, existe un riesgo de ‘apagón financiero’ de algunas distribuidoras, que tienen a la fecha un déficit de cinco billones de pesos.

“XM está advirtiendo que se están presentando problemas para atender la demanda, debido a esto seremos los usuarios los que asumamos estos costos, tanto de la falta de suministro de energía, que inicialmente será sectorizada, así como de los sobrecostos que se ven reflejados en restricciones, en el valor de las pérdidas y en energía más costosa, ya que los proyectos con energía más barata no están listos, o no pueden entrar a generar debido a los retrasos, tanto en las redes de subtransmisión como en las redes de transmisión nacional, así como en los proyectos de generación”, agregó Jaramillo.

En fin, los panelistas del Congreso concluyeron que, ante la crisis energética que se avecina, Gobierno y sector deberían sentarse y plantear los dos o tres retos más urgentes para capotear la situación.

“Estamos esperanzados en que este gobierno por fin adopte soluciones largamente diagnosticadas y esperadas para lograr un suministro energético efectivo, eficiente y sólido, que ha venido deteriorándose en la medida en que las acciones de gobernanza han desconocido los resultados”, concluyó Sandra Fonseca.

La firma internacional de riesgo resaltó que TGI tiene una mejor calificación que otras empresas del sector gracias a su estructura de capital conservador.

La Transportadora de Gas Internacional (TGI) logró la calificación crediticia internacional BBB con perspectiva estable gracias a su solidez financiera, su gestión comercial y a su fuerte vínculo con su casa matriz, el Grupo Energía de Bogotá (GEB). Dicha gestión minimizó su exposición a cambios regulatorios.

Entre los aspectos destacados por la calificadora Fitch Ratings se encuentra la estructura de capital conservador con la que cuenta la Transportadora. “Tenemos una calificación por encima de otras empresas del sector debido a que nuestro apalancamiento disminuyó a 3.0x y se espera que esté por debajo de las 2.5x a partir de 2024. Adicionalmente, se prevén flujos de caja estables que permiten financiar las inversiones previstas sin requerir financiación adicional”, señaló Beatriz Arbeláez, vicepresidente Financiera de TGI.

Para Fitch Ratings, TGI es una empresa clave para la estrategia de crecimiento del GEB pues representó el 44% de su EBITDA operativo en 2022 y además ha reforzado su apoyo con el crédito interno por USD 370 millones. Estos factores, además de la participación en el capital, evidencian un fuerte respaldo empresarial.

Por otra parte, la calificadora resalta la participación en el mercado y la alta capacidad contratada que tiene con un riesgo regulatorio relativamente bajo.

“Seguimos liderando el mercado con el 55% del volumen de gas natural transportado, lo que permitirá generar liquidez y valor financiero para nuestros socios y respaldo a nuestra operación. Esta calificación y, sobre todo la perspectiva estable, demuestran cómo TGI ha puesto un gran énfasis en su transformación de negocio para ser una empresa cada vez más sostenible. Así mismo, destaca el trabajo de Gobierno Corporativo responsable, que guía el marco de actuación financiera y la capacidad de apalancamiento para cualquier inversión futura”, manifestó Mónica Contreras Esper, presidente de TGI.

Las obras de Hidroituango presentan un avance constructivo del 92,03% con cierre al 31 de agosto pasado.

La  segunda unidad de generación de la central hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) alcanzó el pasado 5 de septiembre su máxima capacidad de generación. En total el proyecto contempla ocho unidades de generación

“Luego de superada la etapa de estabilización y optimización, en las que las unidades de generación de energía 1 y 2 producían en promedio 290 megavatios cada una, hoy celebramos que las dos unidades llegaron a los 300 megavatios de potencia. Con este hito, la Central ya genera 600 megavatios”, indicó Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM.

El avance constructivo de las obras supera el 92 % y se verificó la operación y el desarrollo de los trabajos de las unidades 3 y 4, que entrarían en operación a finales de año.

“Hidroituango es determinante para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño. Por eso es necesario tener operando todas las unidades de esta Central en los tiempos establecidos. Desde el Ministerio nos ponemos en función para sacar adelante lo que se requiera para el éxito del  proyecto”,  dijo  Andrés Camacho Morales, ministro de Minas y Energía.

Hidroituango con buena energía

Hidroituango continúa con su avance constructivo. Al momento, la unidad de generación 3 tiene un avance del 93,1 % y la unidad 4 alcanza el 84,3 %.

Tanto los frentes de obra a cielo abierto como la central subterránea marchan con toda energía en su construcción,  monitoreo  constante, operación y mantenimiento.

A las obras civiles y de montaje electromecánico de todo el conjunto turbina-generador de energía de las unidades próximas a operar, se suman los trabajos subacuáticos.

Hidroituango espera cerrar el 2023 con la generación de 1.200 MW de energía, con 4 unidades en pleno funcionamiento.

Campetrol alerta por la disminución del 27% en la actividad de taladros de perforación entre enero y junio de 2023, así como una contracción del 0,1% del PIB del sector de extracción de petróleo y gas natural, respecto al segundo semestre del 2022.

De acuerdo con el Balance Petrolero realizado por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), de enero a junio de 2023 se ha observado una reducción de 27,3% (15 equipos menos) en la actividad de los taladros de perforación, correspondiente a una pérdida cercana a 9.750 empleos (1.500 directos y 8.250 indirectos)[i]; así como una reducción de 10,6% (10 equipos menos) en la actividad de taladros de reacondicionamiento, representando una pérdida cercana a 3.250 empleos (500 directos y 2.750 indirectos).

Esto significó una reducción de 16,8% en la actividad total de taladros, pasando de 149 a 124 (25 equipos menos), y una pérdida total de mano de obra cercana a los 13 mil empleos (dos mil directos y 11 mil indirectos) en el territorio nacional.

Estos resultados del primer semestre de 2023 se dieron con un precio Brent promedio de $79,8 dólares el barril (USD/Bl), cayendo un 25,4% respecto al mismo periodo del 2022, mientras que la TRM registró un promedio de $4.596 pesos por dólar, lo que significó una depreciación del 17,4% respecto al primer semestre de 2022.

En este sentido, la economía colombiana recibió recursos por la actividad del sector de hidrocarburos por alrededor de 44,3 billones de pesos en el primer semestre de 2023 contra cerca de 51,4 billones de pesos en el mismo periodo de 2022. Esta caída cercana a los 7,2 billones de pesos se dio por la disminución en el precio del crudo, ante una mayor producción y tasa de cambio.

Durante el periodo, la producción de petróleo fue de 773.300 barriles por día (BPPD), un 3,4% superior frente al primer semestre de 2022. La producción comercializada de gas se ubicó en 1.056 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) en promedio, una disminución anual de 2,4% (25,8 MPCD).

Asimismo, se reportaron 420.000 BPPD en el promedio de carga a refinerías, 74.900 BPPD (21,7%) más respecto al mismo periodo de 2022. Puntualmente, en el segundo trimestre de 2023, el segmento de refinación presentó un récord histórico de 428.000 BPPD, un incremento del 17,1% respecto al mismo periodo de 2022 (62.500 BPPD más) y un aumento del 3,8% respecto al primer trimestre de 2023 (15.700 BPPD más). Este crecimiento se debió a las obras de conexión de plantas de la Refinería de Cartagena.

Frente a la contratación de mano de obra, en el primer semestre de 2023, se registró un total de 90.836 trabajadores con dedicación exclusiva a las actividades contratadas por el Grupo Ecopetrol. De la mano de obra calificada, el 65% estuvo representado por mano de obra local y la mano de obra no calificada fue en su totalidad local.

El sector de extracción de petróleo crudo y gas naturaltuvo un crecimiento económico anual del 3,1% al compararlo con el mismo periodo de 2022, y una contracción del 0,1% respecto al segundo semestre de 2022. Durante el segundo trimestre de 2023, el crecimiento económico evidenciado por el sector de extracción de petróleo crudo y gas natural fue de 3,2%, lo cual implicó 0,2 puntos porcentuales adicionales comparado con el primer trimestre de 2023, y 2,3 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo en 2022.

Adicionalmente, como resultado de la disminución de la actividad, según la ANH, el recaudo de regalías liquidadas por la explotación de hidrocarburos en el primer trimestre de 2023 (último dato disponible) fue de 2,3 billones de pesos, suma que representó un 8,7% menos comparado con el mismo trimestre de 2022.

“Incrementar la producción de hidrocarburos se convierte en un reto estratégico para el país. Hacemos un llamado al sector público, privado y a las comunidades, a aunar esfuerzos en pro de este objetivo, en donde incentivar la generación de nuevos proyectos de producción incremental, repensar los planes de desarrollo de los campos maduros con incentivos para viabilizar los económicos de los proyectos, junto con brindar garantías de estabilidad operacional, jurídica y de seguridad, se vuelve un tema cada vez más importante si se busca mantener la estabilidad económica del país, apalancada en este sector, que trabaja en paralelo con la transición energética justa y ordenada que necesitamos como país”, afirmó Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol.

A junio de 2023, el Grupo Promigas tuvo una utilidad neta $0,5 billones, un Ebitda de $1,1 billones e ingresos por $3,1 billones.

Al 30 de junio de 2023, Promigas y sus filiales conectaron al servicio de gas natural y electricidad 219.115 nuevos usuarios, beneficiando a más de 788 mil personas. De estos, el 79% correspondieron a hogares de estratos 1, 2 y 3.

En la parte financiera, durante el primer semestre del año la utilidad neta del grupo empresarial a nivel consolidado supera lo esperado para los periodos analizados. Se destaca una sobre ejecución del 13% (+$59.439 millones), la cual cerró en $0,5 billones, como resultado de la ejecución responsable de los Costos y Gastos y registro de indemnización de Promioriente por $74.354 millones. Asimismo, el control de los Costos y Gastos de AOM, permitieron lograr un EBITDA superior, alcanzando los $1,1 billones con una ejecución presupuestal del 106% (+$55.548 millones).

Los ingresos consolidados fueron de $3,1 billones, correspondiente a una ejecución presupuestal del 96% (-$125.752 millones). La subejecución se debió principalmente a que en el presupuesto se esperaba que el Fenómeno del Niño iniciara antes de lo previsto y con una intensidad mayor, generando ingresos por despacho de las plantas térmicas de la Costa Atlántica en este periodo.

A nivel individual, Promigas reportó una utilidad neta de $0,5 billones, un EBITDA de $0,7 billones y unos ingresos de $0,5 billones, correspondientes a una ejecución presupuestal del 113% (+$58.069 millones), 111% (+$68.241 millones) y 94% (-$29.571 millones), respectivamente.

De acuerdo con la empresa, “estos resultados son evidencia de la disciplina que nos caracteriza, no solo en la preparación del presupuesto Base Cero -que elimina aspectos inherentes a periodos previos- sino también en el cumplimiento de los planes y programas, plasmados en el mismo. Sin descuidar los efectos de algunos eventos del año anterior, cuidamos minuciosamente la ejecución del presupuesto para cumplir con las expectativas de nuestros inversionistas.”

En el negocio de financiación no bancaria, a través de Brilla se otorgaron más de 240 mil nuevos créditos por $592 mil millones en el primer semestre. El 95% de estos créditos fue tomado por personas de estratos 1, 2 y 3.

“Por otro lado, estamos cumpliendo con las metas trazadas en nuestra ruta hacia la descarbonización a través de un plan sólido, estructurado y medible para ratificar nuestro compromiso con “Net Zero” a 2040 y a reducir en un 50% las emisiones a 2028. Al cierre del primer semestre, el abatimiento fue de 3.904 TonCO2e, gracias al buen desempeño de las siguientes variables: detección y control de fugas, gestión de abastecimiento energético, consumo de gas en TEA y manejo de venteos”, informó la empresa.