El Grupo Energía Bogotá ocupó el puesto 12 entre 53 iniciativas mundiales. Energía para Paz es una de las dos únicas iniciativas de Suramérica que ingresó al listado, junto con una de Natura, de Brasil.

22 de septiembre de 2020. El Grupo Energía Bogotá (GEB) recibió un nuevo reconocimiento por su programa Energía para la Paz, al ser incluido por la revista de negocios Fortune en el puesto 12 entre 53 iniciativas mundiales en el ranking Change the World 2020.

El listado se realizó en colaboración con la consultora Shared Value Initiative, en el que se destaca a las empresas que han tenido un impacto social positivo a través de actividades que forman parte de su estrategia comercial principal. Estas van desde el desarrollo de vacunas, el cambio climático, la inclusión financiera y el acceso a la tecnología.

En el primer lugar del ranking aparecen los fabricantes de vacunas contra la Covid-19 seguidos de iniciativas de multinacionales como Alibaba Group, Paypal, Black Rock, Walmart, Microsoft, entre otras. Energía para la Paz es una de las dos iniciativas de Suramérica que aparecen en el listado junto a una de Natura, de Brasil.

Esta es la sexta edición del listado que busca reconocer a las empresas que inspiran para abordar las necesidades no satisfechas de la sociedad. “Para esta compañía, expandir su negocio significa hacer que las áreas devastadas por la guerra sean más seguras. Mientras instala líneas de transmisión eléctrica en regiones remotas, el Grupo Energía Bogotá está limpiando minas antipersonal”, destaca Fortune.

Energía para la Paz es un programa que incluye desminado operacional y humanitario que cubre 11 municipios y 82 corregimientos y veredas de los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, en el trayecto de su proyecto de transmisión de energía eléctrica Tesalia- Alférez, de 200 kilómetros de longitud. Uno de los municipios que se han beneficiado es Planadas (Tolima), que fue la cuna del conflicto hace más de 50 años y que hoy es un territorio de paz.

Energía para la Paz cuenta con el apoyo del Ejército Nacional y de la ONG The Halo Truts. Entre los principales resultados está el desminado militar de cerca de 200 kilómetros y un desminado humanitario de 20.000 hectáreas, además de la capacitación a más de 2.500 habitantes en prevención de riesgos de minas, para contribuir a una paz duradera.

Gracias al programa se han desactivado minas antipersona que fueron sembradas durante el conflicto. Esta acción ha permitido que campesinos de la región vuelvan a caminar en paz y tranquilidad en su territorio, y que los niños y jóvenes pueden ir a las escuelas.

Con 24 proyectos de energía eléctrica, entre generación y transmisión, el sector le apuesta a la reactivación económica del país.

18 de septiembre de 2020.   El gobierno nacional diseñó un Plan de Reactivación económica para superar la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19. En ese sentido, en el sector eléctrico se identificaron 24 proyectos, con una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares.

“Del lado de generación son unos 15 proyectos y los otros son interconexiones o líneas de transmisión. Los compromisos en capacidad de generación son de 1.200 mega watios en térmicas, 2.200 Mw en renovables y 200 Mw con fuente hídrica. En cuanto a lo térmico, casi el ciento por ciento es a gas natural”, dijo Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).

Todos estos proyectos deben entrar en operación en 2022, para mitigar los efectos de Hidroituango y darle confiabilidad al sistema. No obstante, existe preocupación en el gremio de que sufran retrasos por temas de comunidades, licencias  y permisos.

“Va a ser importante que los proyectos no tengan retrasos en su ejecución, hay que mirar cómo hacer para que temas como licencias ambientales, consultas previas, permisos y autorizaciones no tengan mayor traumatismo. Tienen que hacerse, pero si se encuentran cuellos de botella esperamos que el gobierno sea ágil en responder, porque si no entran a tiempo, ahí si podríamos tener un problema”, señala Castañeda.

Y es que los tiempos están muy apretados, pues hacia 2024 se espera una baja oferta de gas natural en el país, época para la cual debería estar lista la planta de regasificación de Buenaventura; sin embargo, a la fecha no ha salido la licitación y la construcción del proyecto puede tardar unos cuatro años.

En caso que Hidroituango y Buenaventura no estén listos en 2024, Castañeda asegura que las plantas de generación de la Costa Caribe no tendrían problema, pues están respaldadas por la regasificadora de Cartagena, y las del Pacífico y el centro del país tienen la posibilidad de operar también con combustibles líquidos, pero en ese caso saldría más costosa la energía.

¿Carbón, una opción viable?

Otras fuentes posibles de gas natural son los campos costa afuera y los yacimientos no convencionales, pero de ser viables estas solo estarían produciendo a finales de la década, por lo que en ANDEG solicitan al gobierno que no se descarte el uso del carbón para generación térmica, toda vez que Colombia goza de enormes reservas del mineral.

“Ahí hemos hecho un trabajo interesante, para hacerle ver al gobierno que tenemos el recurso y que existe la tecnología para hacer un buen uso de él. Hay tecnologías de uso de carbón en generación que iguala en términos de emisiones la generación con gas natural; entonces el mensaje es no desechemos el carbón, no lo dejemos de lado, porque tenemos el recurso y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera para que cumpla con las exigencias desde el punto de vista ambiental. Sabemos que hay inversionistas interesados en financiar proyectos de carbón, pero requieren una señal mucho más estable de parte del Gobierno para poder ejecutarlos”, dice Castañeda.

Finalmente, acerca de las recomendaciones hechas por la Misión de Transformación Energética, el directivo señaló que hay muchas propuestas bastante ambiciosas, que abarcan muchos temas.

“La posición nuestra es que hay que priorizar en qué se enfoca la misión para la implementación. Creo que el Gobierno ha entendido ese mensaje y está trabajando en al hoja de ruta para esa implementación. Es importante que a todas esas propuestas hay que ponerle números, hay que tener muy claro cuál es la relación costo beneficio, cómo se van a beneficiar los usuarios, cómo se beneficia el sistema como un todo con esos ajustes. Ese ejercicio no se ha echo y esperamos que se haga, para mirar que se implementa y que no se implementa,” concluye.

Durante el 7° Foro Energético de ANDEG se abordó la importancia de plantear una hoja de ruta hacia una transformación energética dentro de la cual se garantice la sostenibilidad del sistema eléctrico, enfatizando en la importancia que tiene el sector térmico en la confiabilidad y complementariedad del sistema.

17 de septiembre de 2020.   La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) presentó, en la séptima versión de su foro los “Retos y oportunidades en la transformación energética” la importancia de asegurar una transición energética adecuada hacia una matriz de generación más diversificada, donde se contribuya a la confiabilidad y la sostenibilidad del mercado eléctrico.

El gremio resaltó la necesidad de analizar las tendencias de los mercados a nivel mundial en el marco del papel de la energía para la reactivación económica y se plantearon escenarios energéticos futuros a considerar en el contexto de la sostenibilidad energética, abordando el rol de la generación térmica en esta transformación, así como la importancia del gas natural licuado, el carbón, y en general, los combustibles fósiles en este contexto.

Durante el evento se planteó la importancia de ampliar el panorama del sector eléctrico colombiano y plantear una hoja de ruta con miras a seguir siendo un sistema que fomente la robustez, resiliencia y eficiencia apalancados en el mecanismo del Cargo por Confiabilidad como esquema de expansión de la generación que ha asegurado la inversión en nueva capacidad de generación de energía firme durante los últimos años y a partir del cual se han desarrollado los instrumentos, mecanismos y alternativas que aseguran la neutralidad, diversificación y complementariedad entre las diferentes fuentes de generación.

En ese contexto, se expresó la importancia de la entrada en operación de Hidroituango en el mediano plazo, pues es un proyecto clave para el funcionamiento del sistema eléctrico y la seguridad energética, así como lo son los proyectos de energías renovables no convencionales, que en su conjunto contribuirán a la reactivación económica.

Igualmente, se destacó la evolución del proceso para la nueva operación en el mercado de distribución de la Costa Caribe, en donde próximamente Caribe Sol y Caribe Mar estarán prestando el servicio y donde se espera que, con las inversiones que se van a llevar a cabo en los próximos años, se contribuya a resolver la falla estructural del sector que se origina por la fragilidad e insuficiencia de redes de transmisión regional y local en la región Caribe, lo cual hace que se requiera generación de seguridad por parte de las plantas térmicas en la zona para poder atender a los usuarios, y así, garantizar que se pueda prestar el servicio de electricidad en los siete departamentos de la costa norte, es decir a más de 2,8 millones de familias.

Por otro lado, se planteó de cara a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la preocupación por el incremento de la contribución adicional para el año 2020 por cuenta del fortalecimiento

del Fondo Empresarial, ya que este incremento se traduce en un aumento de entre 6 y 12 veces el valor de la contribución actual pagado por las empresas, generando un impacto sobre la competitividad de las tarifas en la cadena de prestación del servicio de un orden estimado entre 2 y 4 $/kWh aproximadamente, en momentos en que el flujo de caja de las empresas se encuentra profundamente afectado por la coyuntura, y el cual tendría una afectación para los usuarios del servicio.

Frente a eso, el gremio ANDEG hizo un llamado para que el Gobierno Nacional genere acciones que aporten a mitigar el impacto de esta medida en el marco de la competitividad de las tarifas de electricidad que pagan los usuarios.

De otro lado, se llamó la atención frente a iniciativas parlamentarias que pueden afectar el desarrollo empresarial a partir de la modificación de normas del sector energía, las cuales crean nuevos tributos a los combustibles fósiles, sin considerar la relevancia de estos para el sector y el impacto que podría llegar a tener en el mismo.

“Somos enfáticos en que nuestras acciones están enmarcadas en el cumplimiento de altos estándares ambientales y estamos comprometidos en continuar implementando tecnologías que aporten a una generación responsable; en este marco es necesario considerar que este tipo de tributos lejos de aportar en un sentido ambiental y económico, pueden encarecer la operación y el funcionamiento del sistema, con un consecuente incremento de la tarifa que pagan los usuarios”, dijo Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la ANDEG.

Finalmente, cabe resaltar que la confiabilidad del sector eléctrico en Colombia se ha dado gracias a la disponibilidad las plantas térmicas, las cuales han respondido de manera efectiva a las necesidades del sistema, adicionalmente desde las empresas afiliadas a ANDEG se han desarrollado importantes proyectos, garantizando una expansión de capacidad instalada robusta y eficiente, generando grandes inversiones y beneficios para el desarrollo nacional, y especialmente regional en las áreas de influencia de las plantas de generación.

“Desde ANDEG seguimos firmes en la voluntad de aportar en la construcción de un mejor país para todos y en la elaboración de una hoja de ruta para el sector, ejerciendo una activa participación en las discusiones del mercado eléctrico, y aún más, comprometidos con el desarrollo de proyectos de generación de energía, que le aporten la confiabilidad necesaria, sumado a la diversificación y complementariedad en el mercado de energía, acompañando las discusiones y aportando al desarrollo de la transición energética”, concluyó Alejandro Castañeda.

En los ocho primeros meses del año se identificaron cerca de 900 conexiones ilegales en ductos de transporte. En ese periodo, la delincuencia ha hurtado cerca de 2.500 barriles diarios de hidrocarburos.

14 de septiembre de 2020.   Ecopetrol informó que entre enero y agosto de 2020 se han identificado y retirado cerca de 900 válvulas ilícitas en los ductos de transporte de hidrocarburos en todo el país, lo que significa que cada día, en promedio, ocurren 3 conexiones ilícitas a través de las cuales grupos al margen de la ley hurtan petróleo crudo o combustibles refinados.

La tendencia de instalación de válvulas ilícitas viene en aumento si se tiene en cuenta que con corte al mismo lapso de 2019 se detectaron cerca de 747 conexiones ilegales en los oleoductos y poliductos.

En total, este año se registra un hurto de 2.500 barriles diarios de hidrocarburos en promedio, de los cuales 2.439 corresponden a crudo, la mayoría proveniente del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

El apoderamiento de hidrocarburos, como se denomina técnicamente, es un delito que pone en riesgo a las comunidades vecinas (en especial por el combustible) y afecta el medio ambiente (principalmente por el crudo derramado), ya que este tipo de instalaciones ilícitas se hace de manera rudimentaria o artesanal y en ocasiones deja fugas de productos que afectan suelos y recursos hídricos e impactan la flora y la fauna.

Dentro de los sistemas más afectados están los oleoductos Transandino (OTA), en el cual se han encontrado 706 perforaciones ilegales, la mayoría en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño; y el Caño Limón – Coveñas con 27 válvulas ilícitas, la mayoría en los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander.

En cuanto a los sistemas de transporte de combustibles, se registran 50 instalaciones ilícitas, la mayoría en el poliducto Pozos Colorados – Galán que va de Santa Marta a Barrancabermeja. Los registros en este sistema arrojan un total de 12 ilícitas, principalmente en los municipios de Ciénaga y Aracataca, en Magdalena, y Aguachica y Rio de Oro, en Cesar.

En el centro del país, también hay afectaciones producto del robo de combustibles a los poliductos Sebastopol – Salgar en el Magdalena Medio, y Sebastopol – Tocancipá. En estos casos los hechos se han registrado en poblaciones como Puerto Boyacá, Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Salgar, Suesca y Lenguazaque, entre otros.

En los últimos tres meses se ha intensificado este delito en el Occidente del país donde se registró hurto de combustibles en los poliductos Cartago-Yumbo y Yumbo- Buenaventura, a la altura de municipios Guacarí, Buenaventura y Dagua.

Las cifras van en aumento, si se incluyen las acciones registradas en la infraestructura en los campos de producción. En lo corrido del año, en las líneas de gas o de crudo de los pozos se contabilizan 106 conexiones ilegales, las cuales se suman a las 789 ocurridas sobre líneas de transporte de Cenit para contabilizar una cifra cercana a las 900 válvulas ilícitas.

Ecopetrol hace un llamado a las comunidades rurales vecinas a los sistemas de transporte de hidrocarburos para que estén alerta y denuncien ante las autoridades cualquier acto sospechoso en la infraestructura. Al mismo tiempo, rechaza este tipo de acciones que vulneran la seguridad de las regiones por donde pasan los ductos.

Ecopetrol viene trabajando con las fuerzas militares, la Policía y las autoridades regionales y locales, para prevenir y promover la denuncia contra el apoderamiento de hidrocarburos. De manera frecuente desarrolla jornadas informativas para generar mayor conciencia entre la población sobre los peligros que conlleva este delito y la importancia de denunciar.

Termoyopal y Sochagota están dentro de las asignaciones de la subasta de reconfiguración realizada. Las térmicas obtuvieron el 98,5% de la asignación para la primera vigencia y 96,3% para la segunda.

11 de septiembre de 2020.   Las térmicas Termoyopal y Sochagota, afiliadas a ANDEG, lograron asignaciones en las Subastas de Reconfiguración de Compra de Obligación de Energía en Firme para los períodos 2020- 2021 y 2021-2022, realizada en el marco de la Resolución 099 de 2020 emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

De esta manera, con las asignaciones realizadas a través de las subastas de reconfiguración se aseguran obligaciones de energía para cubrir el 100% de la demanda de energía eléctrica en los periodos 2020-2021 y 2021-2022, en el marco del Cargo por Confiabilidad, con el cual se busca dar respaldo y confiabilidad al sistema eléctrico del país.

De acuerdo con XM, la energía firme asignada para la primera vigencia fue de 3.113.391 kWh-día con un precio de 16.6 USD/MWh; mientras que para la segunda vigencia se asignaron 852.288 por 15.1 USD/MWh.

Durante el proceso, la participación de las plantas térmicas fue significativa, ya que para la vigencia 2020-2021 el 98,5% de la asignación correspondió a recursos de generación térmica y para el periodo 2021-2022 el resultado incluyó recursos de generación por aproximadamente 96,3% de la asignación.

“El resultado de la subasta de reconfiguración realizada, demuestra el papel fundamental de los recursos de generación térmica del país para contribuir al respaldo y la confiabilidad en el sistema eléctrico nacional brindando energía firme, en el marco de la diversificación y la complementariedad de la matriz de generación eléctrica en Colombia”, aseguró Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de ANDEG.

La reforma, aprobada por el Congreso de la República, fortalece la descentralización de las entidades territoriales. Se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a solo ocho. El 70% del total de las regalías será asignado sin necesidad de pasar por los OCAD.

11 de septiembre de 2020.   Con la ley que reglamenta la Reforma al Sistema General de Regalías, aprobada por el Congreso de la República, los municipios y departamentos del país tendrán más de $15,7 billones disponibles para inversión social directa, en el periodo 2020-2021.

Esta cifra incluye asignaciones directas para las regiones productoras, las cuales se estiman en más de $3,8 billones, la asignación local que recibirán los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas por cerca de $2 billones, recursos para la Inversión Regional por más de $5,2 billones y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico. Con corte a agosto, los saldos suman cerca de $4,7 billones.

“Con esta reforma, los municipios y departamentos contarán con una cifra histórica de regalías para inversión social, con mayor autonomía en sus territorios: más de $15,7 billones, el monto más alto de los últimos años destinado a obras para el cierre de brechas y la reactivación sostenible en las regiones. Habrá más recursos para las regiones productoras de minerales e hidrocarburos, para los municipios más pobres; y por primera vez se destinarán regalías para la protección del medio ambiente con un 5% para la conservación de áreas estratégicas y la lucha contra la deforestación”, destacó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

La cifra de los $15,7 billones es comparable con lo que se requiere para construir 150 megacolegios, energizar a 100 mil familias, pavimentar 9.700 kilómetros de vías de un carril, construir 300 centros de salud de primer nivel y edificar 5.000 viviendas de interés social.

Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, aseguró que con la aprobación del proyecto se saldan deudas de años: la primera, más descentralización y autonomía al territorio al pasar de 1.152 a 8 órganos colegiados de administración y decisión (OCAD); la segunda, más recursos para las zonas productoras que pasaron del 11 % al 25 %; y la tercera, la participación con voz y voto de los diferentes grupos étnicos en los diversos escenarios de decisión del sistema.

Y agregó que “a lo anterior se suman tres asuntos trascendentales: por primera vez se destinarán recursos de regalías para la protección y fortalecimiento ambiental; el incremento para los sectores de ciencia, tecnología e innovación y para la paz; y las mejoras que implementamos para ejercer la vigilancia de los recursos de manera más coordinada entre el DNP y los entes de control”.

Más regalías para las regiones

Con la reforma al Sistema General de Regalías, el gobierno de Iván Duque cumple su promesa de llevar más regalías para las regiones productoras que le apuestan a la producción de minerales e hidrocarburos. Las asignaciones directas para estas regiones se duplican, al pasar del 11% al 25%. Se estima que para el próximo bienio serán cercanas a los $4 billones.

Los departamentos con mayores asignaciones son Meta, que pasa de recibir más de

$650.000 millones de pesos en el bienio 2019-2020 a más de $1 billón para el bienio 2021-2022. Le sigue Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones a más de $670.000 millones; y Cesar, de más de $230.000 a más de $475.000 millones.

La reforma también promueve la equidad con más recursos para los municipios más pobres. Más de 1.000 municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas serán beneficiados con asignaciones que pasan del 10,7% al 15%.

Se mantiene la inversión del 34% para proyectos de impacto regional con criterios de población, pobreza y desempleo.

La reforma establece un periodo de transición para que en 2021 los departamentos puedan agilizar las inversiones, viabilizando, priorizando y aprobando directamente los recursos de la asignación para la Inversión Regional. Para ello, se deberán realizar ejercicios de planeación, liderados por los gobernadores y los alcaldes, que faciliten la participación de diferentes actores regionales y locales.

Se asignan regalías para el medio ambiente

Permitirán financiar proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Se destinará un 5%.

De otra parte, se deberá destinar un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas destinado a infraestructura educativa o a proyectos para mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la Educación Superior pública. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan del 9,5% al 10%.

Asimismo, se mantienen los recursos para la paz. La reforma acelera la destinación de un 7% el presupuesto de regalías para la implementación de una paz con legalidad.

Además, por primera vez, serán beneficiarios directos los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rom o Gitano de un porcentaje de la asignación para la inversión local. Los proyectos serán priorizados y aprobados de forma autónoma en Instancias de Decisión conformadas por ellos mismos.

Más agilidad y eficiencia

La reforma fortalece la descentralización y autonomía de las entidades territoriales para que los recursos de las regalías se traduzcan en obras y beneficios para las comunidades. De este modo, se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a solo 8, y del total de recursos de las regalías, el 70% tendrá asignación sin necesidad de pasar por los OCAD.

Con el propósito de determinar la adecuada o inadecuada gestión de los recursos del Sistema se realizarán mediciones de desempeño. Como consecuencia de lo anterior, se

activarán mecanismos de seguimiento, acompañamiento y protección de los recursos para los municipios y departamentos que se ubiquen en rangos críticos de gestión.

Hay acciones adelantadas por las empresas, el Gobierno e iniciativas de profesionales vinculados al sector para cerrar la brecha de género en la industria.

11 de septiembre de 2020.    La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) presentó el informe económico ‘Retos y oportunidades para la promoción de la equidad de género en el sector de hidrocarburos en Colombia’, que por primera vez analiza laparticipación de la mujer en el sector, durante los años 2018 y 2019, y presenta recomendaciones sobre acciones que deben promoverse para cerrar las brechas de género en la industria.

El estudio evidencia que de cada cuatro empleados del sector en el país, una es mujer, participación comparable con el promedio internacional. Asimismo, refleja que la representación femenina en el downstream (segmento de distribución de combustibles líquidos y lubricantes) es 10 puntos superior a la registrada en las actividades de exploración, producción, transporte y refinación de petróleo y gas.

“Una posible explicación podría estar en que las actividades de comercialización tienden a requerir mayor cantidad de perfiles administrativos, roles en los cuales hay mayor participación femenina que en los perfiles operacionales”, señala el informe.

Asimismo, dentro de las barreras estarían también sesgos culturales, el balance de turnos en campo y familia, labores propias de esta actividad, y las brechas de género evidentes en la educación superior colombiana en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

El informe también evidencia que las mujeres tienen menor participación en los cargos gerenciales, pues mientras en cargos de menor responsabilidad e iniciando la carrera profesional, las mujeres representan el 35% de la fuerza laboral empleada, esta participación decrece a mayor nivel de responsabilidad, llegando a ser menos del 20% en los niveles directivos de las empresas del sector.

Frente a este panorama, el informe recopila algunas de las acciones que vienen implementando las empresas con el fin de ir cerrando la brecha de género. Principalmente, las compañías vienen trabajando en: la construcción de políticas y de una cultura empresarial pro diversidad y equidad de género, la implementación de programas como el Sello de Equidad Laboral Equipares impulsado por el Gobierno Nacional y el Ranking Par de Aequales, la ejecución de programas de prevención de la violencia de género para promover un ambiente seguro y el interés de las mujeres en la industria, y la fijación de metas de participación de la mujer en cargos directivos.

“Si bien el camino por recorrer es largo, hay avances importantes en acciones adelantadas por las empresas, el Gobierno e iniciativas de profesionales vinculados al sector, para cerrar la brecha de género en la industria. Esta es una discusión importante para el país, en medio de temas como la transición energética y reactivación económica pospandemia, entre otros retos que nos obligan a generar acciones y respuestas en línea con el rol estratégico que tiene el sector para el desarrollo económico y social de Colombia y las regiones donde opera”, dijo Francisco José Lloreda Mera, presidente Ejecutivo de la ACP.

Foro Equidad de Género

El informe fue presentado en el marco del Foro ACP Equidad de Género: una conversación necesaria para la industria del petróleo y gas. El evento generó discusiones alrededor de la política pública de equidad de género en el país, los lineamientos para el sector de hidrocarburos, los beneficios de la equidad de género para el crecimiento económico de los países y la productividad de las empresas, entre otros.

En el evento participaron, como representantes del Gobierno, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Asimismo, participaron representantes de las empresas del sector, expertos en equidad de género y líderes de opinión, quienes contribuyeron a la discusión y las reflexiones sobre cuál es la situación de la industria en materia de equidad de género y cuál sería la hoja de ruta para avanzar en el cierre de brechas.

Si bien las contribuciones tienen como fin recuperar los costos del servicio de regulación que prestan la comisión y el de control y vigilancia de la Superintendencia, se han identificado observaciones sobre su constitucionalidad y, en consecuencia, sobre el pago de las contribuciones.

Por:HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

10 de septiembre de 2020.   A partir del 2020 las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Fondo Empresarial serán liquidadas con la nueva base gravable fijada por la Ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo, se autorizó el cobro de una contribución adicional a favor del fondo empresarial de la SSPD durante el periodo comprendido entre enero de 2020 a diciembre de 2022. Con lo cual, a partir de este año son dos los pagos que deben realizarse por concepto de contribuciones.

Si bien estas contribuciones tienen como fin recuperar los costos del servicio de regulación que prestan las comisiones y el de control y vigilancia en que incurre la Superintendencia, se han identificado algunas observaciones sobre su constitucionalidad y, en consecuencia, sobre el pago de las liquidaciones de las contribuciones.

No es cosa que sorprenda el pago de una contribución, lo que viene centrando la atención es que ahora se cambió la base gravable para liquidar la contribución y se incluyeron como sujetos pasivos los agentes en la cadena de la gasolina, el diésel y a los prestadores del servicio alumbrado público. Lo cual se suma a los sujetos pasivos que estaban definidos como son las empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica, GLP y gas natural.

Dentro de los argumentos que se han identificado para restarle efectos al cobro de la contribución se encuentran argumentos jurídicos, constitucionales, tributarios y, para cada sector, argumentos regulatorios dado que todos los eslabones de la cadena en la prestación de un servicio público son diferentes y se regulan aplicando condiciones propias de cada actividad. De manera que se han construido un portafolio de argumentos contra el cobro de las dos contribuciones.

Dentro de los argumentos que se siguen analizando sobre la legalidad de este nuevo cobro se encuentran aspectos como el desconocimiento del principio de legalidad, proporcionalidad, el de eficiencia, el de unidad de materia y el del principio tributario de reserva de Ley, ente otros más que tiene un tinte regulatorio según el servicio de cada empresa. Todo lo anterior con un fin, y es que se ajusten los valores cobrados y en otros casos se revoquen en su totalidad.

Frente a lo anterior surge la pregunta de qué están haciendo las empresas prestadoras de servicios y que son sujetos pasivos del pago. La respuesta es que algunas están pagando, otras celebrando acuerdos de pago y, la gran mayoría, ejerciendo el derecho de presentar recursos de reposición y de apelación contra esos cobros.

Conviene mencionar que los artículos de la ley del Plan Nacional de Desarrollo están demandados ante la Corte Constitucional, pero es incierto si los argumentos prosperan o no.

En tal sentido, y dado que cada liquidación de la contribución se refleja en un acto administrativo, estos actos están cobijados con el principio de legalidad y son obligatorios salvo que sean modificados mediante los recursos.  

Para finalizar, algunas voces autorizadas afirman que ambas contribuciones en la forma como fueron estructuradas afectan de manera grave la viabilidad financiera de las empresas de servicios públicos. Y, en ese sentido, puede llegar afectar la viabilidad financiera de los agentes en la cadena de la gasolina, el diésel y a los prestadores del servicio alumbrado público.

*Socio fundador de OGE Legal Services

La norma fue demandada porque supuestamente fue emitida desconociendo el principio de precaución y contrariando el derecho a la consulta previa.

5 de septiembre de 2020.   El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de la norma que establece parámetros para adelantar proyectos piloto de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico, la comúnmente denominada práctica del ‘fracking’ (Decreto 328 de 28 de febrero de 2020).

La norma fue demandada porque supuestamente fue emitida desconociendo el principio de precaución y contrariando el derecho a la consulta previa, que protege la integridad cultural de las comunidades étnicas. Bajo los mismos argumentos, los accionantes solicitaron la suspensión provisional de la disposición.

El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión del acto demandado. Frente al principio de precaución, sostuvo que no se hace evidente, a partir de los elementos con los que se cuenta en esta etapa procesal, una oposición directa entre el acto acusado y las normas superiores invocadas.

Adicionalmente, en relación con la supuesta vulneración del derecho a la consulta previa de las comunidades del Valle Medio del Magdalena, se advirtió que no es posible concluir, en esta instancia procesal, que se esté desconociendo el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas, raizales y tribales a ser consultados previo al desarrollo de este tipo de iniciativas.

El alto tribunal aclaró que será en el curso del proceso que se determinará si el anterior cargo procede para enervar la legalidad del decreto.

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la norma que permitía la exploración y prospección de aguas subterráneas, sin tener que tramitar permisos ante autoridades ambientales.

28 de agosto de 2020.   La disposición que eliminaba el permiso fue adoptada como uno de los elementos regulatorios del sector de medio ambiente y desarrollo sostenible para la prestación del servicio de acueducto, durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus.

La decisión tiene efectos retroactivos (ex tunc), lo que implica que los proyectos acuíferos que fueron avalados sin contar con la autorización que, por regla general deben otorgar las autoridades ambientales, deben ser suspendidos inmediatamente hasta que se surta el trámite que la ley prevé para obtener el permiso.

La norma eximía de esta obligación a quienes adelantaran este tipo de proyectos, siempre y cuando se contara con informes geoeléctricos, que contienen información relacionada con las propiedades físicas de la corteza de la tierra, tales como su densidad, su campo magnético, su conductividad eléctrica y su velocidad de transmisión de ondas elásticas, entre otras.

A juicio del Consejo de Estado, sustituir el permiso de las autoridades ambientales por estos estudios viola el derecho fundamental a un ambiente sano y limita los deberes de vigilancia del Estado frente a la vigilancia y control que este está obligado a efectuar sobre el uso de los recursos naturales, que debe efectuarse de manera planificada, a fin de mantener bajo control los factores que causan deterioro ambiental.

Para la alta corte, los informes geocéntricos no reúnen las exigencias científicas que se exigen legalmente en épocas de normalidad.

“(…) No contienen información alguna relacionada con la ubicación, extensión, propiedad, posesión o tenencia del predio a perforar, la existencia y representación legal de la empresa perforadora, personería jurídica e identificación del interesado, los equipos a usarse, sistemas de perforación, planes de trabajo, otros aprovechamientos de aguas subterráneas en el área”, dice el fallo, en el que se indica que si bien el Presidente de la República goza de facultades extraordinarias en estados de excepción como esta, no puede desconocer derechos fundamentales ni compromisos internacional y constitucionalmente protegidos.

Tarifas para las prestadoras del servicio de acueducto

Además, se declaró la nulidad de dos normas que reformularon el cálculo de las tasas retributivas que deben asumir las empresas de servicios públicos domiciliarios por vertimientos de agua específicos.

Estas disposiciones daban lugar a una disminución en los costos de la tasa, con el fin de que las empresas contaran con un margen de acción más amplio para asumir obligaciones de reconexión del servicio, realizar obras para mejorar el abastecimiento de agua potable y, en general, garantizar que los usuarios contaran con los instrumentos necesarios para mantener las medidas de aseo personal requeridas para prevenir el contagio del virus. 

Para el Consejo de Estado, la disminución del cobro afecta el cumplimiento de los deberes de las autoridades ambientales frente a la protección de las fuentes hídricas. El fallo señala que, mientras que estas entidades dejan de recaudar más de 17.000 millones por la aplicación de este mandato, no se observa de qué manera la liberación de los recursos a favor de los prestadores del servicio puede contribuir a la mitigación del impacto negativo de la pandemia.

Esta determinación también tiene efectos retroactivos, lo que implica que el cobro de la tasa a las empresas cuyo destinatario son las autoridades ambientales debe liquidarse con base en la regulación establecida por regla general, contenida en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y no de acuerdo a la fórmula fijada tras la emergencia sanitaria para disminuir costos a las prestadoras de servicios públicos.

Reducción de términos para el trámite de concesión de aguas

Finalmente, se condicionó la medida que permitía reducir a una tercera parte los términos previstos para el trámite de las solicitudes de concesión de aguas superficiales. La regla general que operaba antes de la pandemia contemplaba un término de 55 días hábiles, a partir de la admisión de la solicitud,  y  de 25 en los eventos que no se requiriera el decreto y práctica de pruebas.

El fallo señala que la norma no precisa exactamente el nuevo término, pero que, de la lectura de la disposición, se calcula en 18,3 días; al desconocerse con precisión el plazo legal, dice el fallo, se podría ver afectado el principio de contradicción y de defensa en estos procesos administrativos.

Sin embargo, el Consejo de Estado advirtió que la reducción en los términos para otorgar la concesión no violaría derechos fundamentales, siempre que se garantice el principio de desarrollo sostenible.

Para el Consejo de Estado, este reajuste en los plazos no afecta los 10 días que debe durar la fijación del aviso con los datos de la visita ocular que integra el trámite, según las reglas prepandemia, ni el de 30 días previsto para la práctica de pruebas. Luego, la reducción de términos a una tercera parte solo debe ser aplicable a la etapa del procedimiento administrativo cuyo trámite compete a las autoridades ambientales.

Así las cosas, la etapa final, en la que se expide el acto administrativo que se pronuncia sobre la oposición u oposiciones, si las hubiere, y que decide si procede o no otorgar la concesión acuífera, será de 5 y no de 15 días hábiles, mientras dure la emergencia sanitaria.

El Consejo de Estado estableció que las concesiones que ya fueron tramitadas sin tener en cuenta estos condicionamientos conservarán efectos jurídicos, pero los procesos en curso a la fecha de expedición de esta sentencia deben acogerse a ellos.