Categoría: Opinión

• En febrero de 2019 se realizaron dos subastas de energía, en la de cargo por confiabilidad se adjudicaron 1.389 MW de energías renovables no convencionales, un hito para Colombia. Sin embargo, la subasta de contratos a largo plazo para la incorporación de las energías renovables no convencionales en Colombia no pudo ser adjudicada. El gobierno anunció que se haría una nueva subasta antes de terminar el primer semestre del año.

18 de abril de 2019.   Sobre las lecciones aprendidas de la fallida subasta, Julián Zuluaga, de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía, expresó que se deben revisar los criterios de Calificación, para verificar que cumplan con los objetivos propuestos.

Sobre los criterios de Competencia, reconoció el funcionario que eran muy restrictivos, por lo que se deben revisar y ajustar. “Seguiremos pensando en una asignación en condiciones competitivas, pero los criterios se aplicarán teniendo en cuenta los participantes y la porción del mercado que representa la asignación”, dijo Zuluaga.

Acerca de las Garantías, señaló que se revisarán los esquemas, tasando nuevamente los riesgos que cubren y ajustando, si se requiere, el valor de las mismas. Finalmente, sobre la participación de la Demanda, dijo que se establecerán mecanismos que permitan una participación más activa de la demanda y que la lleven a conocer mejor el mecanismo y la utilidad del mismo para su negocio y su mercado de usuarios.

Por su parte, José Antonio Vargas Lleras, presidente del WEC-Colombia, reconoció los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno para impulsar las nuevas tecnologías y estructurar la subasta. “Entendemos que en esta primera subasta se intentó recoger la opinión de muchísimos agentes, incluyendo reguladores, expertos internacionales, académicos y empresas; esto pudo conducir a diseñar una subasta con la que todo el mundo se sentía cómodo, aunque reconozco que no muy optimista. Mucho me temo que caímos en el viejo adagio que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno.”

Sobre los elementos a incorporar en la nueva subasta, para hacerla más atractiva e incentivar la participación masiva de los distintos agentes, y los elementos a retirar por no ser de la esencia misma del instrumento y que puedan impedir su exitosa culminación; el dirigente hizo las siguientes recomendaciones:

Primero. Lo más importante es preguntarse qué queremos como país, y fijarnos como lo ha hecho la gran mayoría de países en donde las energías renovables no convencionales se han desarrollado con éxito, una meta, un objetivo claro de política pública que dé las señales correctas a los agentes y la confianza en que sus decisiones se basan en una política estable y de largo plazo.

Segundo. La subasta de contratos de largo plazo es fundamental para permitir el cierre financiero de los proyectos renovables, en particular de aquellos que recibieron obligaciones de energía firme en la subasta de cargo por confiabilidad. Dicho de otro modo, con el sólo cargo no se garantizará la viabilidad de los proyectos ya que es un porcentaje mínimo de sus ingresos y debemos recordar que la demanda no regulada en Colombia es apenas del 30%, lo cual es necesario incorporar de alguna manera a la demanda regulada pues es muy difícil que a través sólo del cargo se hagan los proyectos.

 Tercero. La subasta debe buscar la eficiencia del mercado, maximizando las cantidades y minimizando los costos. A la luz de la experiencia internacional, es positivo que la subasta sea en sobre cerrado y que se haga bajo el mecanismo pay as bid. El traslado ciento por ciento a la tarifa es fundamental y es una ventaja que debe aclararse para lograr que el distribuidor pueda trasladarlo durante todo el año. Adicionalmente, y con este propósito, podrían analizarse mejoras en lo relacionado con el producto y también podrían organizarse bloques horarios.

 Cuarto. Sería bueno reflexionar sobre los indicadores de competencia para asegurarse de que estos identifiquen la eficiencia en la formación de precios y eviten que solo se mida el nivel de concentración al cierre del proceso; es decir, hacer una evaluación a priori no a posteriori de la subasta. Por ejemplo, se podría establecer una condición similar a la que se aplica en contratos donde se asigne energía a la oferta de menor precio. Sería algo sencillo y permitiría eliminar los demás indicadores.

 Quinto. Para animar a participar tanto a la oferta como a la demanda, se pudiera pensar en aumentar los plazos de contratación a 15 años, otorgar por lo menos dos meses entre la convocatoria y la ejecutoria de la subasta, para que los agentes puedan prepararse y permitir también con prudente anticipación que los compradores puedan saber quiénes son los oferentes precalificados. En todo caso, la demanda que participe debe tener cobertura del 100% de los costos incluyendo las garantías. Sexto. Creemos importante que la subasta de largo plazo sea sólo para proyectos nuevos y valdría la pena también reflexionar sobre la ponderación de los criterios de calificación, ya que fueron estos los responsables de que 2/3 partes de los proyectos presentados no calificaran. Por último, pensamos que el Gobierno pudiera ser más ambicioso en términos de la energía que llegaría a

• Una mirada crítica a las energías renovables, las subastas de largo plazo, el cargo por confiabilidad y los mercados estandarizados.

Por: JOSÉ FERNANDO PLATA

21 de marzo de 2019.   Febrero de 2019 fue importante para el mercado eléctrico en Colombia por la realización de dos subastas y el resultado alcanzado: se proporcionó la señal de expansión a 1.398 MW de energías renovables no convencionales que ingresarán en 2022. Pero lo más llamativo no fue el resultado sino el medio, ya que el mecanismo de subastas de contratación a largo plazo, diseñado para permitir el ingreso de las energías renovables, resultó fallido a causa de las condiciones de competencia fijadas en la Resolución CREG 020 de 2019.

En contraposición, fue la subasta del cargo por confiabilidad la que asignó obligaciones de energía firme a 8 proyectos de energía solar y eólica, con lo cual prácticamente el Ministerio de Minas y Energía cumplirá su meta en este aspecto.

El presente escrito profundiza sobre los interrogantes que quedan a raíz de estas experiencias respecto de la regulación del mercado eléctrico, la competencia y la transición hacia mercados anónimos y estandarizados característicos del sector financiero:

1. ¿Por qué hubo baja concurrencia de comercializadores en la subasta de largo plazo?

El incentivo regulatorio para que los comercializadores participaran en la subasta, fue permitir el traslado en la tarifa del 100% de los precios de los contratos que allí se negociaran. A la fecha el 50% de los comercializadores de Colombia tienen dificultades para conseguir ofertas de contratos para atender usuarios regulados por debajo del promedio del mercado, conocido como el MC-2, lo cual permitía prever que este incentivo financiero sería suficiente para convencer a los comercializadores de participar. Sin embargo, únicamente quedaron habilitados para participar 6 comercializadores que atienden usuarios regulados.

Así, queda la siguiente duda por resolver: ¿por qué el incentivo de trasladar el 100% del precio en la tarifa, no logró atraer a más comercializadores a la subasta? Las posibles respuestas llevan a nuevos interrogantes, tales como la preparación del sector financiero para otorgar garantías, los obstáculos para que comercializadores públicos asuman compromisos con vigencias futuras y, por último, la inquietud que más le preocupa al autor: ¿será que la integración vertical de actividades de generación-distribución-comercialización, mezclada con la posibilidad de tranzar contratos bilaterales en un mercado mostrador, seguirá siendo un obstáculo en la competencia para que se desarrollen mercados anónimos estandarizados en Colombia en los términos de la Resolución CREG 114 de 2018?.

Por último, la transparencia sobre los resultados de la subasta sería de gran importancia ya que ayudaría a los comercializadores a darse cuenta de que sí es posible conseguir en los mercados anónimos estandarizados precios por debajo del promedio del mercado, es decir, debajo del MC.

• ¿Cuáles son las causas de la baja concurrencia de promotores en la subasta de largo plazo?

Desde el inicio del mecanismo hubo críticas sobre la arquitectura de la subasta de largo plazo respecto de la insuficiente duración de los contratos y el riesgo de tasa de cambio, términos que no la hacían lo suficientemente atractiva. Adicionalmente, hay un tema estructural y está relacionado con la asignación del punto de conexión como barrera de entrada para la subasta, obstáculo que surge de la integración vertical en Colombia.

Este punto fue motivo de preocupación de la Superservicios y justificó la expedición del “Manual de Asignación de Puntos de Conexión de Proyectos con capacidad mayor a 5 MW” en agosto de 2018. Así, la pregunta que queda de esta experiencia es la siguiente: ¿Cuántos promotores que sí consideraban atractivos los términos de la subasta, no pudieron presentarse porque el trámite de conexión fue dilatado por el transportador?

Un último interrogante está relacionado con la conveniencia de que el Gobierno diseñe mercados vía regulación. Desde los primeros borradores de la subasta se debatió sobre el principio de neutralidad y si era legal una subasta exclusiva para energías renovables no convencionales. El debate culminó con el diseño de criterios de resiliencia, complementariedad, seguridad energética y emisiones para definir los proyectos elegibles.

La realidad es que la pluralidad de intereses que debe conciliar el Gobierno origina estas dudas: i) ¿La complejidad de los términos de la subasta son el reflejo de la dificultad a la que se enfrenta el Gobierno al diseñar mercados y conciliar intereses?, y ii) ¿El enredo de los criterios de selección ocasionó que proyectos renovables quedaran por fuera de la competencia?

• Subastas de cargo por confiabilidad vs. Subastas de contratación a largo plazo ¿Cuál es la mejor herramienta para lograr que ingresen al mercado las fuentes renovables no convencionales?

Gracias a los últimos resultados, se podría pensar que la definición de la ENFICC a proyectos solares y eólicos, y el cumplimiento diario de las obligaciones de energía firme en vez de horario, serían suficientes elementos para que fuese el mecanismo del cargo por confiabilidad quien facilite el ingreso de energías renovables no convencionales.

Sin embargo, el bajo porcentaje de energía firme respecto de la capacidad instalada (alrededor del 10%) hace que esta herramienta sea insuficiente para que estos proyectos logren el cierre financiero, motivo por el cual es conveniente que coexistan ambos mecanismos.

En consecuencia, surge una nueva duda: ¿Debe el Gobierno aventurarse a diseñar una nueva subasta, o podría el sector privado materializar esta ventana de oportunidad? Independiente de que sea el Gobierno o el sector privado quien diseñe una nueva subasta, la última inquietud que queda de esta experiencia está relacionada con la conveniencia de exigir condiciones dinámicas de competencia para mercados nacientes.

La subasta de cargo por confiabilidad cerró a un precio de 15 (USD/MWh), significativamente inferior al precio anterior de 17 (USD/MWh), y este mecanismo ya maduro no ha tenido condiciones de competencia que cuestionen los resultados del mercado.

Sin embargo, siendo la subasta de contratación a largo plazo un nuevo espacio donde quien compraba no era el Estado sino los privados, lograr la condición de liquidez requería de una dinámica de construcción de confianza en el esquema, sin embargo, la CREG fijó condiciones de competencia estacionarios que causaron su infortunio.

Así, la última duda que le queda al autor es: ¿La fijación por parte de la CREG de criterios estáticos de competencia para cuestionar los resultados de un mercado naciente puede ocasionar un obstáculo para que se consoliden los mercados anónimos estandarizados en Colombia?

En conclusión, en febrero de 2019 ocurrieron en Colombia dos subastas en menos de una semana, un mercado naciente como era el de subastas de contratación a largo plazo y el mecanismo de cargo por confiabilidad, y los resultados de esta última permitieron enviar una señal de expansión a proyectos de energías renovables no convencionales.

Sin embargo, el intento fallido de las subastas de contratación a largo plazo como primer mecanismo cercano a un mercado anónimo estandarizado deja varios interrogantes por resolver, los cuales están igualmente relacionados con la anhelada consolidación de mercados anónimos estandarizados para transar contratos bilaterales de energía, similares a los del sector financiero, en el marco de la Resolución CREG 114 de 2018.

*Abogado, complementa su ejercicio profesional con la cátedra académica en las Universidades Javeriana, Sergio Arboleda y Externado. Actualmente es socio de Markup Consultores SAS y Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.