A propósito de la seguridad energética

Es importante la integralidad en el abordaje del sector y de la seguridad energética, tomando en consideración las fuentes primarias y secundarias de energía, sean ellas renovables o no. Se requiere tener una visión holística, partiendo de la premisa de su interés estratégico nacional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

1º de junio de 2020.   En el corto plazo, Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CCMNUCC) Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el papa Francisco hizo pública su encíclica Laudato sí, sobre el cuidado de la Casa común, de corte ambientalista, las Naciones Unidas acogió la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la COP21 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia.

El Congreso de la República ratificó ese Acuerdo mediante la Ley 1844 de 2017 y por lo tanto es vinculante su cumplimiento, el cual entraña un compromiso de reducir el 20% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hacia el 2030. Adicionalmente, se expidieron dos documentos CONPES, el 3918 y 3934 de 2018, estableciendo una “estrategia para la implementación de los ODS y una “política de crecimiento verde”, en su orden. 

La electricidad en Colombia apenas participa con el 17% de la matriz energética, es prioritaria la electrificación de la economía, sobre todo el transporte y la industria. Hay que promover el ahorro y la eficiencia tanto en la generación como en el transporte, la distribución y en el uso de la energía, incentivando la modernización y reconversión tecnológica de equipos y electrodomésticos.

Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad, pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la Transición Energética. Es clave la modernización del sector energético, que pasa por la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y la big data de la operación y los procesos, teniendo al usuario y al consumidor en el centro.

La Transición Energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las FNCER.

A los biocombustibles se debe la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado a la atmósfera anualmente. Adicionalmente contribuye con una capacidad instalada de generación de energía con la biomasa como insumo de más de 800 MW de potencia. Con la adjudicación el año pasado de 2.400 MW, aproximadamente, entre granjas solares y parques eólicos, Colombia está dando un salto desde el 5% de participación actual de las FNCER en la matriz energética al 11% en 2023.

Las FNCER no deben considerarse como sustituto sino como complemento de las fuentes no convencionales, de tal suerte que las FNCER sirvan de respaldo a las fuentes convencionales y estas a aquellas. De esta manera se tendrá una matriz más robusta, más confiable y más resiliente frente al cambio climático, sobre todo si se tienen en consideración el carácter contracíclico que caracteriza a las FNCER, habida cuenta que justamente cuando el verano es más intenso es cuando la velocidad de los vientos es mayor y se acrecientan las horas e intensidad de la radiación solar. Ello compensa con creces la intermitencia de las FNCER, de la que no son ajenas las fuentes hídricas, expuestas como lo están a la variabilidad climática.

Acoger la iniciativa de la Misión de sabios de crear el Instituto Nacional de Energía, liviano en su estructura e integración, abierto, incluyente, con participación de las empresas, el Estado y la academia, sirviendo de integrador, articulador y de masa crítica del sector energético.

El mismo debe integrarse con sus pares en Latinoamérica y tener un enfoque regional y diferenciado. Su financiación debe tener como fuente recursos públicos provenientes del FCTeI y de la empresa privada. La experiencia de Brasil puede servir de referente.

Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos. En el último Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) se dio un paso de la mayor importancia, al dejar claramente establecido que “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Se sigue de lo anterior que la política y la acción en materia de seguridad energética debe ser agresiva y continuada.

Eficiencia energética

Tan importante como contar con una capacidad para el abastecimiento de las distintas y variadas fuentes de energía con las que cuenta el país, es la eficiencia en toda la cadena, desde la generación, pasando por el transporte, la distribución y desde luego en su uso.

Según estudio de la UPME, de la energía generada sólo se aprovecha el 48%. Los dos sectores que sobresalen por el uso ineficiente de la energía son el transporte y la industria con el 82% y el 28% de pérdidas, respectivamente. Dicho de otra manera, en Colombia se derrocha el 52% de la energía generada, con un costo aproximado a los US $4.700 millones/año. Bien se ha dicho que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere, y la más barata es aquella que no se consume haciendo un uso racional y eficiente de la misma.

El sector energético está llamado a servir de dinamizador de la reactivación económica en la post pandemia y con tal fin debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Finanzas de la Nación y las regiones, entre la espada y la pared

Con la salud en cuidados intensivos y la economía en estado de coma inducido, se ha creado una tormenta perfecta que afecta tanto a la Nación como a los entes territoriales. Análisis.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

24 de mayo de 2020.   Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como las de las entidades territoriales se encuentran entre la espada y la pared. De un lado está la salud en cuidados intensivos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, cuyo tratamiento y contención demanda ingentes recursos. Del otro lado está la economía, que se contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo que se han tomado al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica y social.

Por tal motivo, la actividad económica y comercial se ha visto abocada a una virtual parálisis, afectándose gravemente la oferta y la demanda, tanto a nivel agregado como sectorial, el crecimiento, el empleo y el ingreso.

En efecto, el impulso que tomó el crecimiento del PIB en 2019, que cerró en 3.3%, después de un largo letargo, se perdió y después que el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla le apostó a un crecimiento de 3.7% para 2020, ahora su previsión es -5.5%, el peor desempeño en cien años.

Basta con señalar que, según el DANE, en el primer trimestre de este año el crecimiento del PIB fue de un anémico 1.1%, peor aún, de 0.4% cuando se tiene en cuenta el ajuste por el efecto estacional y calendario.

La tasa de desempleo que venía al alza, alcanzando el 12.6% en marzo, la más alta en 10 años, ahora, según el CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, podría superar el 20% y tendremos un agravamiento de la informalidad laboral.

La destrucción del empleo y la pérdida del ingreso, calculado en $4.8 billones mensuales, se han convertido en una bomba social de enormes proporciones. El avance que se había logrado al reducir la pobreza desde el 32.7% en 2012 hasta el 26.9% en 2017 se estancó en 2018 y, según el CEDE, este año “se podría producir un efecto en pobreza y de desigualdad equivalente a retroceder a los inicios del siglo XXI”.

Según sus cálculos, Colombia podría dar este año un salto de 15 puntos porcentuales en pobreza monetaria, lo cual significaría que 7.3 millones de quienes habían escapado de ella volverían a estar por debajo de la línea de pobreza otra vez. Y, lo que es peor, el coeficiente GINI que mide el grado de desigualdad, después de haber registrado 0.51 el año anterior retrocederíamos 20 años cuando el mismo se situaba en un aberrante 0.57, perdiendo dos décadas de avance social.

La crisis fiscal

La prolongación de esta crítica situación, que se ha visto agravada con el desplome de los precios internacionales del petróleo, llevó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a revisar su previsión de crecimiento del PIB. Por su parte, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) se vio precisado a flexibilizarla, aún más de lo que ya lo había hecho, elevando el techo del déficit fiscal desde el -2.5% del PIB proyectado hasta el -6.1%. Es más, el propio ministro Carrasquilla ha reconocido que la deuda pública de la Nación va a subir desde el 50.3% actual a más del 60% al cierre de este año. Y no es para menos, dado que, según las proyecciones de la DIAN, se estima que el recaudo de impuestos este año se disminuirá en $15 billones, aproximadamente, al tiempo que se prevé un mayor gasto para este año, por lo pronto, de $25 billones.

Para enfrentar este reto descomunal, de ver caer sensiblemente los ingresos en momentos que para sortear la crisis planteada se requieren arbitrar los recursos necesarios, el Gobierno Nacional, en primera instancia, mediante el Decreto 444 de 2020 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Para su financiamiento el Gobierno tomó prestados recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), ambos del Sistema General de Regalías (SGR), que sumados alcanzan $14.8 billones. Adicionalmente, se dispuso de $2.9 billones, también en calidad de préstamo, de los $5.8 billones de la venta de ISAGEN, los cuales se vinieron a complementar con la colocación de títulos de solidaridad (TDS) por valor de $11 billones.

La suma de los recursos que se han invertido hasta ahora por parte del Gobierno Nacional para atender la emergencia, según el ministro Carrasquilla, se eleva a los $30 billones. A todas luces esta suma no se compadece con la magnitud de la tragedia; no sólo es insuficiente, sino que al compararse con el esfuerzo que están haciendo los demás países deja mucho qué desear.

Al igual que la Nación, los departamentos, municipios y distritos han visto reducir sus ingresos al tiempo que la atención de la crisis planteada, en lo que les corresponde, demanda un mayor gasto. Ellos cuentan con tres fuentes de ingresos, a saber: los ingresos corrientes de libre destinación (IPLD), que son los recursos propios, que básicamente provienen del recaudo de impuestos y contribuciones.

En el caso de los departamentos, estamos hablando de los impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, el impuesto a los vehículos, registro y anotación, las estampillas y la sobretasa a los combustibles. En cuanto a los 1.103 municipios, estos disponen básicamente de los recaudos por el impuesto de industria y comercio (ICA), el impuesto predial y la sobretasa a los combustibles.

Las dos principales fuentes de ingresos de los departamentos son los que provienen de las transferencias por parte de la Nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP), que representan el 47% y los recursos propios que participan con el 35%. Adicionalmente, los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) complementan sus ingresos con un promedio del 6%.

Pues bien, según la Federación Nacional de Departamentos, los ingresos propios de estos cayeron en abril el 45%; se prevé que las regalías, a consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el carbón, caerán por lo menos en 40%. Y, como si lo anterior fuera poco, el monto de las transferencias del SGP se verá reducido drásticamente, toda vez que la base de cálculo y liquidación de las mismas son los ingresos corrientes de la Nación (ICN), que se han visto seriamente impactados.

Además de tener que frenar sus planes y proyectos de inversión, las entidades territoriales empiezan a tener inconvenientes para cubrir el pago de sus gastos de funcionamiento, empezando por la nómina de sus servidores. Estas aulagas, además de abocarlos al riesgo de incumplimiento de sus obligaciones frente a sus acreedores, en no pocos casos los llevaría a perder o a ver deteriorada su calificación y/o a bajar de categoría.

Así lo prevé la Ley 617 de 2000, que establece que el Departamento, Municipio o Distrito que incumpla con los límites del indicador prescrito por ella deberán someterse a programas de saneamiento fiscal y financiero, no podrían acceder a recursos de crédito y en el caso de los municipios pueden perder la categoría, de lo cual se sigue que hasta el sueldo de los alcaldes y los concejales se tiene que rebajar.

De allí el S.O.S que le lanzó la Federación Nacional de Departamentos (FND) a través de una comunicación enviada por su director Ejecutivo Carlos Camargo al Presidente de la República, mediante la cual le solicitan su intervención con el fin de que las entidades territoriales puedan solventar su situación financiera y se pueda garantizar su sostenibilidad fiscal.

Ello es tanto más urgente, habida cuenta que aspectos tan vitales y sensibles como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, son su responsabilidad y el riesgo de desfinanciamiento de los mismos es inminente. Por lo demás, no basta con facultar a los gobernadores y alcaldes para reorientar el gasto en función de la atención con prioridad del que demande la emergencia.

Por ello, respaldamos a los gobernadores y a los alcaldes en su justa petición al presidente Iván Duque para que se flexibilizara la Ley 617, de la misma manera que la Comisión Asesora de la Regla Fiscal la flexibilizó para abrirle espacio fiscal al mayor gasto en el que tendrá que incurrir el Gobierno Nacional. Así lo entendió el Gobierno y a través del decreto 678 del 20 de mayo dispuso que “no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento de los límites de gasto definidas en esta Ley y en la Ley 819 de 2003.

No obstante, este Decreto, aunque les permite que “para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez… las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería”, cabe preguntarse qué banco en las actuales circunstancias le va a dar crédito a las entidades territoriales si no cuentan, como si cuentan las empresas, con garantía de la Nación hasta el 90%. Convendría que se contemplara, además, responder a un clamor histórico de los departamentos, que han buscado que los gastos pensionales no sean tenidos en cuenta dentro del rubro de funcionamiento para efectos del cálculo de indicadores de gasto de la ley 617 del 2000.

A nuestro juicio, la decisión del Gobierno Nacional, mediante el Decreto 678 de ceder a favor de los departamentos y del Distrito Capital el 50% que le corresponde al INVIAS de la sobretasa al ACPM, así como el desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales (FONPET), bajando el umbral de cobertura del cálculo actuarial del 125% al 80%, para liberarle recursos a las entidades territoriales, que puede representarles, según $1.5 billones, van en la dirección correcta y constituirán un alivio para ellas.

Al fin y al cabo, existe una corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales en la gestión de esta emergencia, tanto en lo tocante con la salud, como en lo relativo al empleo, el ingreso y la asistencia a la población vulnerable.

La nueva normalidad

Como bien dijo el Papa Francisco, “prepararnos para el después es importante”, lo urgente no nos debe llevar a obnubilarnos y a desentendernos de lo importante. Es entendible que no estuviéramos preparados para afrontar y enfrentar esta contingencia, como no lo estuvo ningún país, pero sería imperdonable que una vez superada la pandemia no lo estemos. Tenemos, entonces, que prepararnos para el día después, que no será estar de vuelta al ayer, que quedará atrás con toda su pesadilla y su pesadumbre. Lo ha dicho claramente la directora del FMI Kristalina Gueorguieva, “gasten todo lo que puedan, pero guarden las facturas, pues más adelante hay que pagarlas”.

El ministro Carrasquilla anunció la reforma tributaria que será necesaria para pagar la factura, lo dijo muy claro: “esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia… Será necesaria una reforma tributaria”. Así el presidente Iván Duque lo desautorizara, por considerar su declaración políticamente incorrecta en este momento, diciendo que “pensar en cómo aumentamos los ingresos no solo es inconveniente sino inviable”.

Bien dijo Benjamín Franklin, que lo único seguro es la muerte y los impuestos, y ante la encrucijada que se abre con la postpandemia, la única forma de servir la creciente deuda pública será mediante el aumento del recaudo, tanto para los tributos nacionales como para los territoriales.

Ahora bien, de lo que se trata es de establecer cómo se repartirán las cargas impositivas entre los contribuyentes. Al país se le ha venido tomando del pelo hace muchos años, cada vez que se presenta al Congreso de la República por parte de los gobiernos de turno su proyecto de reforma tributaria se dice que esta será “estructural”, sin embargo, todas terminan siendo más de los mismo, crear nuevos impuestos y/o aumentar las tarifas de los que están vigentes para aumentar el recaudo y así tratar de tapar el hueco fiscal, sin lograrlo. Y no se ha podido corregir el déficit fiscal, ni siquiera se pudo o se quiso aprovechar para lograrlo el largo ciclo de precios altos y el gran auge de los commodities (petróleo, carbón, oro y ferroníquel, entre otros), por la erosión de la base impositiva, la cual se debe al cúmulo de gabelas impositivas (descuentos, deducciones, exclusiones y exenciones) a favor, como diría Jacinto Benavente, de los intereses creados.

Por lo tanto, la reforma estructural pendiente es aquella que permita que el sistema tributario cumpla con lo que manda la Constitución: que sea equitativo, eficiente y progresivo y ello sólo se puede lograr empezando por el desmonte de todos los beneficios tributarios injustificados. De esta manera tendremos un Estatuto Tributario más justo, equilibrando las cargas, que contribuya a ir cerrando la enorme brecha de desigualdad que agobia a la mayoría de colombianos y se puede obtener un mayor recaudo en la medida en que los que más tengan contribuyan más. A ello contribuiría también el combate sin tregua, sin esguinces y sin contemplaciones a la evasión y a la elusión tributaria.  

En lo que hace relación a los tributos territoriales, el país está en mora de revisar, ajustar y actualizar el Estatuto Tributario Territorial. Como lo dijo el ex constituyente Carlos Rodado Noriega, “en nuestro país no se ha optado por una descentralización fiscal genuina, es decir, aquella que les permitiría a los gobiernos subnacionales recaudar sus propios impuestos para financiar sus gastos, sino que el énfasis se ha colocado en una descentralización espuria, en la que el gobierno central recauda los impuestos más importantes y dinámicos y luego transfiere una porción de ellos a los entes territoriales que tienen la obligación de ejecutar un libreto prediseñado. Al supeditar la autonomía local a los recursos del nivel central se mantiene prácticamente inmodificado el modelo centralista que ha prevalecido desde la Colonia”.

Es de destacar que en el transcurso de los últimos 29 años (1990–2019) se han aprobado 17 reformas tributarias, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y en ninguna de ellas se previó un mayor recaudo en favor de las entidades territoriales. Ello explica la enorme e irritante concentración del recaudo de impuestos en Colombia, de tal suerte que mientras de cada $100 que se recaudan la Nación se queda con $83.50, los 1.103 municipios participan con $11.90 y los 32 departamentos con sólo $4.6. No hay derecho para tanta concentración de los recursos en un país donde la Constitución política consagra los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Enhorabuena, la Ley 1943 de 2018 le ordenó al Gobierno Nacional integrar una Comisión de expertos para presentarle al Congreso de la República una propuesta de reforma del Estatuto Tributario Territorial. Esta será la oportunidad para balancear las cargas entre Nación y territorios.

Lo propio podemos decir con respecto al Sistema General de Participaciones (SGP), creado por la Constituyente de 1991 en sustituto del Situado fiscal creado en la administración del ex presidente Carlos Lleras Restrepo. El mismo, como lo sostiene el ex codirector del Banco de la República y Rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, tuvo como propósito fundamental propender por la convergencia interregional, objetivo que se ha malogrado. Según Meisel “actualmente estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991. Es decir, cero avances en este campo”.

Como lo sostiene Rodado, ello se debe a que “muchos actos legislativos le quitaron la fuerza redistributiva al SGP”. Se refiere a los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, los cuales le recortaron las transferencias de recursos de la Nación a las entidades territoriales, pasando a representar el 47.4% de los ingresos corrientes de la Nación en 2002, a un año de la primera reforma, al 30.5% en 2017. Basta con decir que entre 2002 y 2014 los departamentos y municipios dejaron de recibir cerca de $123 billones a consecuencia de estas dos reformas.

Esta es otra asignatura pendiente, toda vez que lo que se ha venido dando, sobre todo en los últimos tres lustros, es una especie de descentralización disfuncional, consistente en delegar funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin transferirle los recursos para asumirlas. Valga decir que ello contraviene la norma constitucional que establece claramente que “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”.

De allí la importancia de la tarea que le encomendó el Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, a una Misión de descentralización, la cual deberá presentarle una propuesta tendiente a nivelar la cancha, para que se pueda barajar para volver a repartir juego, porque no hay duda de que el verdadero desequilibrio de poderes en Colombia es el que existe entre el macrocefálico poder central y los territoriales.

El reto mayor que tendrá el Gobierno central, así como los departamentos, municipios y distritos una vez se supere esta crisis será la de la recuperación y el rescate de los más vulnerables y vulnerados por ella, así como la reactivación y reconversión de la desastrada economía. Para ello, en nuestro concepto, no basta con abrirle la posibilidad a las entidades territoriales de acceder, si es que lo logran, a los “créditos de reactivación económica.”

Nos parece que sería de gran ayuda que se hiciera extensivo a todas las entidades territoriales el mecanismo de obras por impuestos, que hoy en día se circunscribe únicamente a las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), para que las grandes empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras priorizadas y concertadas con los gobernadores y alcaldes con cargo a los impuestos de renta que deben pagar a la Nación.

En este mismo sentido y con los mismos propósitos se podría activar el mecanismo de las alianzas público-privadas, para la provisión de bienes públicos.

Y a propósito de la hoja de ruta que deberán seguir las entidades territoriales, nos parece muy puesta en razón la solicitud que le hicieron el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo y el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba para que, a través de un Decreto – ley, el Presidente Duque amplíe los términos para la aprobación de sus planes de desarrollo. Como bien dicen ellos en su misiva al Presidente, “en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”.

Ello daría pábulo para que, consultando los hechos sobrevinientes, se le hagan los ajustes pertinentes, dado que las prioridades de ayer no son las de hoy, además de la imperiosa necesidad de incluir un nuevo capítulo contentivo del Plan de acción inmediata. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales deberán sintonizarse con los cambios disruptivos que se han desatado en medio de esta pandemia.

Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional con respecto al proyecto de ley, a través del cual se reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, que reformó el Sistema General de Regalías y se modifica la Ley 1530 de 2012. En el evento que el Congreso de la República no alcance a expedirlo en esta legislatura que concluye el próximo 20 de junio, dado que el Presidente de la República quedaría facultado para expedirla mediante Decreto – ley, le solicitamos que ello no se dé sin la previa concertación con las regiones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Impactos económicos y sociales de la Covid-19 en América Latina

La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha puesto en evidencia los faltantes de muchos países en relación con la solidez de sus instituciones, las fortalezas de sus economías y la calidad de sus liderazgos.

Por: LAURA CHINCHILLA*

13 de mayo de 2020.   Aunque el virus es el mismo para todas las naciones, su impacto en materia sanitaria, económica, política y social será diferente de un país a otro. 

En el caso de América Latina, las consecuencias que se anticipan lucen devastadoras. Los rezagos que algunos países de esta región muestran en materia de salud, protección social, y productividad, así como el deterioro que varios padecen en sus cuentas fiscales y endeudamiento externo, amplificarán las consecuencias negativas de la crisis y limitarán la capacidad de los gobiernos para mitigar los efectos de la misma. 

El panorama económico es en extremo negativo, especialmente si se considera que el año anterior el crecimiento en la región se había desacelerado en 18 de los 20 países, alcanzando una tasa promedio de tan sólo 0.3%.  La Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) identifica seis canales de transmisión de los efectos de esta crisis sanitaria sobre la economía latinoamericana:

  1. La menor actividad económica de los principales socios comerciales que reducirá las exportaciones,
  2. La interrupción de las cadenas globales de valor que limitará el acceso a los insumos requeridos para la producción,
  3. La contracción en la demanda por servicios de turismo,
  4. La caída en los precios de materias primas y productos básicos,
  5. El deterioro de las condiciones financieras, y
  6. El menor ingreso de divisas por concepto de remesas del exterior. 

El impacto de este conjunto de condiciones acarreará una caída en el crecimiento de la economía que ha sido estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en -5.2%, muy por debajo del promedio mundial de -3%.

El deterioro económico tendrá un impacto inmediato y profundo en materia social. Los primeros efectos se han hecho sentir en el sector informal de la economía en el cual, la International Labor Organization (ILO) estima que trabajan cerca de 140 millones de personas, equivalente a casi el 50% de la población trabajadora.

La consecuencia más inmediata será el incremento en la cantidad de personas en estado de pobreza que se estima alcanzará al menos 35 millones de personas (pasando de 185 a 220 millones). Los trabajadores en el sector formal se verán también afectados, con lo cual la tasa de desempleo podría alcanzar cerca del 11,5%, lo que supone cerca de 37,7 millones de personas desempleadas. 

Si bien la mayoría de los países ha anunciado medidas de subsidios a la población necesitada y a las empresas que lo requieran, los recursos con que cuentan los gobiernos son extremadamente limitados.

La acumulación del déficit fiscal en América Latina durante la última década es cercano a 3%. Esta situación ha obligado a que en medio de las apremiantes necesidades generadas por la pandemia, Ecuador haya tenido pagar USD 326 millones de capital de bonos el pasado 24 de marzo, para evitar el default en que habría caído en caso de no hacerlo. 

Finalmente, y para completar este complejo escenario, debemos añadir la fragilidad que algunas variables políticas venían mostrando en los años previos a la crisis del coronavirus. El apoyo a la democracia en América Latina se venía debilitando en los últimos años, en la misma medida en que crecía la percepción negativa sobre el desempeño de los gobiernos. De acuerdo al Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia ha venido disminuyendo constantemente, pasando de un 44% en 2008 a un 24% en 2018. Ante la pregunta formulada ese mismo año de “¿para quién se gobierna?”, los latinoamericanos manifiestan en casi un 80% que “para unos pocos y en beneficio propio”, en el 2009 ese porcentaje había sido de un 61%.

El enfado y el desencanto con las instituciones públicas y la política terminó expresándose de manera violenta en las calles de varias ciudades latinoamericanas, cuando en 2019 explotaron varias protestas sociales que pusieron en apuros a gobiernos en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, entre otros. 

Pese a la magnitud de los desafíos planteados, la región cuenta con herramientas internas, regionales e internacionales, que debidamente combinadas en el marco de una adecuada estrategia puede permitirle sortear los problemas más apremiantes de naturaleza sanitaria, y a la vez construir la ruta de la recuperación económica y social. 

El objetivo más inmediato es contener la crisis sanitaria y la velocidad de contagio del virus, para lo cual la región cuenta a su favor con las experiencias adquiridas en los escenarios asiáticos y europeos. Aunque hay algunos países en los que los niveles de contagio se han disparado, hay también un grupo amplio en el que las normas de confinamiento y distanciamiento social, están dando buenos resultados. 

De manera concomitante, los países deben mitigar la caída de ingresos, especialmente de los hogares más vulnerables y tomar acciones para apalancar el tejido empresarial. Tanto en esta materia como en la atención sanitaria, las instituciones financieras internacionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están jugando un papel determinante brindando acceso al financiamiento de manera rápida y en condiciones favorables a los gobiernos de la región. 

Superadas esas etapas quedará la tarea más compleja relativa a la reactivación económica considerando que más allá del shock ocasionado por el nuevo coronavirus, la región arrastra un conjunto de problemas estructurales que le dificultará acelerar el crecimiento y asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Para emprender esta tarea, se deberán impulsar políticas fiscales y monetaria expansivas que conduzcan a la reactivación económica, pero teniendo presente los errores y excesos del pasado y la naturaleza transitoria de dichas medidas. Estas políticas deberán ser acompañadas de un conjunto de medidas dirigidas a elevar de manera sustancial la productividad y competitividad de las naciones latinoamericanas, en el marco de un renovado regionalismo, el impulso de alianzas público-privadas, e instituciones más transparentes, eficaces e incluyentes. 

La crisis a la que nos ha arrastrado la pandemia, podemos convertirla en la oportunidad para revisar el endémico crecimiento nuestras economías y el mediocre desempeño de nuestras democracias, e iniciar el recorrido hacia escenarios de mayor prosperidad, bienestar y estabilidad.

*Ex presidente de Costa Rica

El coletazo del desplome de los precios del crudo

El exministro Amilkar Acosta analiza las consecuencias para las finanzas de la Nación que traerá la caída en los precios del petróleo y el desplome de las utilidades de Ecopetrol.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

12 de mayo de 2020.   Las cifras dadas a conocer por el presidente de ECOPETROL Felipe Bayón son reveladoras sobre las repercusiones de la contracción de la demanda, concomitantemente con el desplome de los precios internacionales del petróleo.

Su utilidad netaen este año cayó estruendosamente, al pasar de los $2.7 billones en el I trimestre de 2019 a sólo $133.000 millones en el I trimestre de este año, un espantoso 95.2%. Y eso que la mayor caída del precio del crudo se registró en el mes de abril y sigue sin reponerse. Por ello, según Bayón, “el segundo y tercer trimestre serán más críticos”. Y no es para menos, pues la suerte de los precios del petróleo está atada a la de la economía, que seguirá por un largo rato en un coma inducido a consecuencia de la pandemia de la covid-19.

No solo ECOPETROL, toda la industria petrolera se está viendo impactada por el desplome de los precios y la baja en la producción a consecuencia del mismo. Bien ha dicho el presidente de la Junta Directiva de ACIPET Carlos Leal, al referirse al caso de ECOPETROL, que “los resultados y el impacto no son distintos a los que en general se han visto en la industria”.

En el caso específico de ECOPETROL, se vio precisada a cerrar más de 300 pozos productores, dado que su umbral de “dolor”, donde la extracción del crudo deja de ser rentable, está alrededor de los US$30 el barril, el mismo precio al cual se ha anclado su cotización en lo corrido de este mes. Ello, junto con la baja de los precios, repercute en los ingresos de la Nación, en el desempeño de la economía, así como en la generación de empleo e ingresos.

Se estima que, de finalizar 2020 con precio promedio del crudo de la referencia Brent de US$30, que es muy probable, los ingresos de la Nación por concepto de la renta petrolera y los dividendos se reducirán en $12 billones, aproximadamente. Y los ingresos de las entidades territoriales por concepto de regalías se verán reducidos en $6 billones, aproximadamente.

Se puede repetir la historia de 2016, cuando ECOPETROL, por primera vez, no repartió dividendos, debido a las pérdidas de $3,9 billones el año anterior. Después del 2016, esta ha sido la evolución de las utilidades y el reparto de dividendos en los últimos años: Utilidades en 2016 $1.56 billones, dividendos recibidos por la Nación en 2017 $837.000 millones / utilidades en 2017 $6.2 billones, dividendos recibidos por la Nación en 2018 $3.2 billones / utilidades en 2018 $11.5 billones, dividendos recibidos por la Nación en 2019 $8.1 billones / utilidades en 2019 $7.4 billones, dividendos recibidos por la Nación $6.5 billones + $3.6 billones de las reservas extraordinarias de utilidades.

Qué pasará en 2021, esta es la gran incógnita, aunque no se auguran mejores tiempos, pues se ha vuelto un lugar común reconocer que lo peor de esta crisis está por venir.

Desde luego, sigue siendo inconveniente la excesiva dependencia de la economía nacional del petróleo: 40% de las exportaciones, 24% de los ingresos corrientes de la Nación y las regalías, que son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las entidades territoriales para inversión (entre 40 y 50% de su presupuesto de inversión), se verán reducidas por lo menos en un 50%.

Recordemos que todas las proyecciones de todas las variables de la economía (crecimiento del PIB, exportaciones, renta petrolera y regalías) para 2020 se hicieron sobre la base de un precio del barril de crudo de US$60.5 el barril y una producción de crudo de 854.000 barriles/día. De no cumplirse estas previsiones las consecuencias no se harán esperar. Es imperiosa la necesidad de diversificar la economía, para no seguir al vaivén de los precios del crudo.

La amenaza que se cierne sobre la economía y las finanzas es tanto mayor habida cuenta que las precarias reservas probadas con las que cuenta el país, así hayan repuntado levemente en los últimos dos años, al pasar de 1.782 millones de barriles (relación reservas/producción 5.7) en 2017 a 1.958 millones de barriles en 2018 (relación reservas/producción 6.2) y al cierre de 2019 alcanzaron los 2.036 millones (relación reservas/producción 6.3), para un incremento del 4%.

Además, ese ligero repunte en las reservas obedece, en un porcentaje mayor de las 2/3 partes al recobro mejorado, no así a nuevos hallazgos, y las mismas se ven menguadas con la baja de la cotización del crudo, pues las reservas están en función de los precios. Así, mientras que con precios del crudo de la referencia Brent de US $60 el barril las reservas oscilan alrededor de los 2.006 millones de barriles, a US $30 el barril se reducirían a sólo 1.520 millones de barriles.

No es previsible que con la recesión económica global que, según el FMI, será la peor en 90 años, que los precios del petróleo retornen en el corto o mediano plazo a niveles que superen los US$50 el barril.

Según cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la inversión exploratoria caerá este año de US$640 millones a solo US $270 millones, con una caída del 60%, en la producción de petróleo. Solamente ECOPETROL ha recortado en US$1.200 millones su Plan de inversión para 2020.

Según Francisco Lloreda, con un precio estimado de US$35 el barril, la producción se ha reducido en 35.000 barriles/día y si baja de ese nivel se reduciría aún más. Según él, así las cosas, se “pasaría de un recaudo estimado en el 2019 de $16.1 billones en regalías, impuestos y derechos económicos a un recaudo estimado de 4 billones en 2020”. Esto será la debacle para la economía y las finanzas públicas.

El fantasma de la recesión económica

Análisis de la actual coyuntura de recesión económica ocasionada por un débil crecimiento y precipitada por la pandemia del coronavirus. De dónde venimos y para dónde vamos.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

28 de abril de 2020.   Un fantasma recorre el mundo. La recesión económica que sigue a la pandemia del Covid-19, dado que, como lo sostiene el director del CEDE de la Universidad de los Andes Hernando Zuleta, “el impacto de la emergencia económica sigue, como la epidemia misma, una curva exponencial: si no hacemos nada para evitarlo, la pérdida de empleos y tejido empresarial empezará pronto y se multiplicará rápido”.

De allí que al tiempo que hay que empeñarse en aplanar la curva de contagio del coronavirus, hay que hacer lo propio con la curva de la tasa de desempleo, de la pobreza y la del número de empresas que colapsan bajo el peso de la crisis.

Así las cosas, se impone la necesidad de recurrir a la caja de herramientas en salud y economía de la que disponemos, en el entendido que no se puede poner a salvo la salud sino se pone a salvo la economía y viceversa. Tratar de contraponer la salud y la economía es un falso dilema, la una no sobrevive sin la otra. Como lo advierte el escritor Cristo García, “cuanto hay que preservar, priorizar, anteponer a cualquier otra razón, sin por eso relegar en el desván de los esfuerzos a la economía y al aparato productivo, es la vida y la salud de los humanos, pues de ellas dependen la economía, los sistemas políticos y el mercado.”

En suma, la actual crisis por la que atraviesa el país y el mundo tiene tres aristas, la de la salud, la de la economía y la social, imbricadas, interrelacionadas entre sí, de modo tal que la una sigue la suerte de las otras.

El premio Nobel de Economía Amartya Sen lo ejemplifica muy bien: “Si bien la presencia del virus mata gente, la ausencia de sustento también lo hace”. Dicho de otra manera, sin vida no hay economía, y la plata para salvar vidas sale de la economía, son dos variables de una misma ecuación.

Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, “están en juego muchas vidas y muchos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el Covid–19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso.

De dónde venimos

Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco, “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de las desastradas economía y las finanzas públicas, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia del Covid-19.

Pero, esta no es más que una cortina de humo, habida consideración que la economía global no había terminado de reponerse de la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre tanto, las economías de Latinoamérica estaban en plena resaca después de embriagarse con el largo ciclo de precios altos de los commodities, entre 2003 y 2012, para los productos mineros, y entre 2003 y 2014 para el petróleo. De allí que, después de muchos años durante los cuales el promedio de crecimiento de la economía de la región se situaba por encima del crecimiento promedio de la economía global, se invirtieron los papeles y desde entonces su crecimiento ha estado por debajo de dicho nivel.

Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en la región. En Colombia, particularmente para el 2003 casi el 59% de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en 2016 este porcentaje disminuyó al 39,6%. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, esta tendencia se revirtió al pasar del 26.9% en 2017 al 27% en 2018, 190.000 habitantes cayeron en la trampa de la pobreza.

Ocurrió lo mismo con el coeficiente GINI, que mide el grado de concentración del ingreso, el cual después de descender desde 0.54 en 2014 a 0.51 en 2017, en 2018 volvió y subió al 0.52. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31%, superara el porcentaje de pobreza, el 40% de ella se tornó vulnerable, con un pie en la clase media y el otro pie en la pobreza.

En buena medida este retroceso en los indicadores sociales se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9% en 2011 al 3.3% en 2019. Además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5% en 2012, a poco andar cayó al 3.5% y de allí no se ha podido levantar, con el agravante que ya completamos 5 años consecutivos donde el crecimiento del PIB ha estado por debajo de este menguado crecimiento potencial. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los tratados de libre comercio (TLC), que se firmaron a tontas y a locas, el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos pasó de -3.3% en 2013 a – 4.3% en 2019.

Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5%, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del orden del 47%.

Según el DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4% de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90% de las empresas se clasifican como micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en 2016 a 15.7% del PIB, en contraste con el 19.2% del PIB del gasto público. Esta brecha de casi 4 puntos porcentuales se agiganta sin remedio dado que, según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Ello explica el déficit fiscal estructural crónico que acusa la Nación, el cual pasó de -1.8% del PIB en 2014 a -2.5% en 2019.

Es de anotar que, de acuerdo con la CEPAL, el recaudo de impuestos en Colombia como proporción del PIB en 2018 se situó en 18.8%, inferior al promedio de la región que es del 22.8% y muy por debajo del promedio de la OCDE que registra el 34.2%.

A contrapelo de ello, en concepto del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “para cumplir la Ley (léase Regla fiscal), deberán efectuar un ajuste fiscal de 1.4% del PIB entre 2018 y 2019. Esto que suena manejable, equivale de hecho a un choque entre 7.5% y 10% del tamaño del Gobierno en Colombia”. Ello es a todas luces impracticable, máxime cuando con la Ley de Financiamiento primero y la Ley de Crecimiento después, en lugar de arbitrarle mayores recursos a la Nación, se asumió un costo fiscal que bordea los $10 billones. Tanto más si se tiene en cuenta la inflexibilidad que acusa el Presupuesto General de la Nación que supera el 85%.

Ante esta encrucijada, el ministro Carrasquilla ha recurrido a la treta de hacer pasar el gasto corriente por financiamiento mediante la expedición a troche y moche de TES para comprar deuda con deuda y financiar gasto, maquillando las cifras fiscales, las que han perdido credibilidad, tal como lo han manifestado los expertos y las firmas calificadoras de riesgo, y exponiendo al país a la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación. De hecho, dos de las más importantes firmas calificadoras de riesgo, S&P Ratings y Fitch, ya le rebajaron la nota, que está a sólo un escalón de perder la calificación inversionista. Con esta práctica nada ortodoxa, elevó peligrosamente la deuda pública al cierre de 2019, según el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, hasta el 51.2%.

Las tensiones en el seno de la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal llevaron a que uno de sus integrantes renunciara por considerar que “la Regla fiscal se ha vuelto inocua…El Gobierno cambió la forma de contabilizar el déficit fiscal y está pagando obligaciones con emisión de TES. Esto hace que esos pagos no se vean reflejados en mayores déficits, pero sí engordan la deuda”. Dicho y hecho.

Ahora, cuando el ministro Carrasquilla dice que “este será uno de los peores años, si no el peor, de nuestra historia económica”, no puede atribuírsele en un todo a la pandemia, esta lo que ha hecho es exacerbar la crisis de la economía y las finanzas públicas que ya se venía incubando.

Es más, lo que venía haciendo crisis es el modelo económico que desde los años 90 se impuso en Colombia, siguiendo el recetario del neoliberalismo, aupado por el fatídico y fracasado Consenso de Washington, que siempre tuvo más de Washington que de consenso. Este propugnaba por un Estado ausente, por un Estado distante, que no interfiriera las leyes del mercado, por ello su Decálogo contemplaba la desregulación de la actividad económica como paradigma. Se trata del capitalismo salvaje.

En el caso particular de Colombia, las cifras son tozudas. Durante los diez años siguientes a la adopción de este modelo en las postrimerías de la administración Barco, el crecimiento promedio del PIB fue de 2.5%, la más baja de todo el siglo XX, 50% de la tasa de crecimiento en la década anterior, con el tan execrado modelo “cepalino”.

Después de semejante fiasco, no es extraño que se hubiera reconocido por parte de los heliotropos del Consenso de Washington, encabezados por el mismísimo John Williamson, su padre putativo, en la Cumbre que tuvo lugar en Barcelona en 2004, “los mediocres resultados de las reformas diseñadas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en muchas regiones del mundo. La persistencia – y a menudo empeoramiento – de una distribución de la riqueza y de la renta altamente desigual en muchos países en desarrollo”.

Concluyeron, además, en dicha Cumbre, que “no existe una única política económica que pueda garantizar un crecimiento sostenido… Los países deberían tener la libertad de diseñar políticas adaptadas a sus circunstancias específicas… La prioridad es identificar las restricciones que más dificultan el crecimiento y superarlas mediante políticas microeconómicas y macroeconómicas adecuadas”.

Esto mismo reconoce, aunque tardíamente, el ex viceministro de Hacienda y ex director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, quien después de haberse declarado como “un neoliberal sin corazón”, ahora acepta que “tenemos que rectificar las reformas propuestas, como la apertura económica, las privatizaciones, la desregulación y la reducción de impuestos, pues son mal percibidas… La ilusión de que el mercado solito iba a acelerar el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación, no resultó cierta para nuestros países… Toca generar conciencia sobre cómo los costos del progreso los están soportando los más vulnerables y el sistema no está siendo justo”. Claro que él podrá repetir con Churchill que “a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada”.

En dónde estamos

La pandemia del Covid-19 se propagó rápidamente por el mundo, y las medidas que se vieron forzados a tomar los distintos países para tratar de atenderla y contenerla causaron una abrupta interrupción de los flujos comerciales, interrumpió la operatividad de las cadenas de valor, así como los suministros y la movilidad a nivel global. Esta provocó una virtual parálisis de la economía, del comercio internacional y una estampida de los capitales golondrina, especialmente desde los países en desarrollo.

De manera que, la confluencia de la pandemia y el freno del crecimiento de la economía global sorprende a esta con muy bajas defensas y por ello mismo muy propensa al contagio. El crecimiento de la economía global en 2019 fue de 2.9% y se pronosticaba un crecimiento del 3.3% para 2020.

Por su parte la economía latinoamericana, después de haber crecido en promedio 2% durante el auge minero-energético (2000–2013), en 2019 el crecimiento estuvo en terreno negativo con –0.6%. La previsión para 2020 del crecimiento de la economía regional por parte del FMI mostraba un ligero repunte de 1.6%. Ahora, según la secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, Latinoamérica está “ante el principio de una profunda recesión. Estamos ante la caída de crecimiento más fuerte que ha tenido la región”.

La economía colombiana, después de cuatro años de ralentización del crecimiento, bajando desde 6.9% en 2011 hasta tocar fondo en 2017 con un crecimiento de 1.4%, rebotó en 2018 con un crecimiento de 2.5% y de 3.3% en 2019, con una meta de crecimiento del 3.7% para 2020. Se prevé un agravamiento del déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos a consecuencia de la caída tanto de los precios como de los volúmenes exportados de petróleo y carbón. Además, el turismo, que había alcanzado cifras record en 2019, US$6.420 millones, posicionándose en el segundo renglón como generador de divisas, después del petróleo (US$12.900 millones) y por encima del carbón (US$5.600 millones), fue el primero y el más golpeado por esta crisis.

Otra fuente importante generadora de divisas que ingresan al país son las remesas de los colombianos residentes en el exterior, que también se han visto afectadas, a tal punto que se proyecta una caída desde el récord registrado en 2019 de US$6.744 millones a la horquilla entre US$2.023 y US$3.034 millones.

De otra parte, según la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, tanto el Índice de confianza industrial como la comercial registraron en marzo de este año mínimos históricos de -35% y -30.8%, respectivamente. En cuanto al Índice de confianza del consumidor, este registró en marzo -23.8%, perdiendo 12.5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Y no hay que perder de vista que, como lo afirma el presidente de ANIF Mauricio Santamaría, “cuando el consumo de los hogares empieza a caer el PIB también lo hace inmediatamente, porque eso se transmite a otros sectores; entonces los negocios dejan de vender y tienen que recortar empleos. Eso se convierte en una espiral que es manejable hasta cierto punto, pero se puede convertir en una recesión de la que es casi imposible salir y de la que cuesta mucho tiempo recuperarse”.

Para dónde vamos
La perspectiva de la economía a nivel global es sombría y desde luego a nivel regional y nacional. La pandemia la ha puesto a prueba, tanto más en cuanto que su contención al tiempo que afecta los ingresos del sector público y privado, demanda ingentes recursos que sólo el Estado puede proporcionar. El Ministerio de Hacienda pronostica una caída de $10 billones en el recaudo esperado para 2020 de $148 billones. Como afirma el ex presidente de Uruguay José Mojica, “sólo ahora se han dado cuenta de que el Estado es imprescindible”, sobre todo en las actuales circunstancias, en las que deberá impedir a toda costa que la iliquidez en la economía se torne en insolvencia y la recesión en depresión.

Bien ha dicho el ministro Carrasquilla que “la crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de iliquidez empresarial; pero también implica mucho menos ingresos públicos, como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia”.

Según el ex presidente de ANIF Sergio Clavijo, la deuda pública estará “bordeando el 56% del PIB tras financiar déficits arriba del 4% del PIB en 2020–2021 y teniendo que reembolsar los recursos del FAE y el FONPET”.

El ministro Carrasquilla se vio precisado a convocar de urgencia el Comité consultivo de la Regla fiscal, para que este le diera su visto bueno a una mayor flexibilización de la meta del déficit fiscal de 2020, el cual se acordó revisar desde el -2.2% ($22 billones) previsto hasta el -4.9%, asumiendo un decrecimiento de la economía del -1.6%. Ello daría un margen de gasto adicional de $28 billones, los cuales son a todas luces insuficientes, ya que los recursos provenientes de endeudamiento interno para el Fondo de Mitigación de la Emergencia (FOME) suman $25.2 billones y $9.8 billones con la banca comercial a través de los títulos de solidaridad, los cuales superan dicho margen. No obstante, como lo sostiene el director del FMI para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner “se han cumplido las condiciones necesarias para activar el artículo 6 de la regla fiscal que permite gastos contracíclicos adicionales por dos años bajo la Regla. Incluso, si esto no fuera suficiente, también existe una Cláusula de escape bajo la Regla fiscal que podría activarse en circunstancias extraordinarias fuera de control del Gobierno”.

Ello puede llegar a representar un hueco fiscal en 2020 que, según Corficolombiana, oscilaría entre 4.2% y 5.1% del PIB; para ANIF del 5%, y para Fedesarrollo entre 4.7% y 5.7%, cálculo que puede resultar optimista si se prolonga la pandemia. La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes va más lejos y asegura que el efecto combinado del gasto adicional no previsto y la caída en el ingreso podrían llevar el déficit al 8% del PIB, lo cual se traduciría en un incremento de la relación deuda pública/PIB del 51.2% a cerca del 60%. No se le pueden, entonces, endosar todas nuestras dolamas al coronavirus.

Hacia dónde vamos

El ministro Carrasquilla dice que “la economía, obviamente, no va a crecer el 3.7% que estimamos en el Plan financiero redactado antes de la pandemia. La tasa de crecimiento será negativa y lo será en grado muy importante. Nuestro cálculo preliminar está entre -1.5% y – 2%”[1]. Todo indica que el Ministro se está quedando corto por exceso de optimismo, pues según las proyecciones del FMI el PIB en 2020 tendrá una baja en su crecimiento de –2.4%, por su parte la CEPAL prevé una contracción del PIB de –2.6%. Fedesarrollo es más pesimista y pronostica una baja del crecimiento que se situaría en el rango –2.7% a –7.9% en 2020, y peor le iría a la tasa de desempleo que podría alcanzar el 16%, en el escenario más optimista y 20.5% en el más pesimista. Y, como lo sostiene el director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, el economista Stéfano Farné, “muchas familias terminarán en la pobreza porque la informalidad era su alternativa de empleo”. Según el columnista Ricardo Ávila, de continuar con la parálisis actual, “haría desaparecer más de diez millones de empleos con consecuencias devastadoras sobre un vasto segmento de la población”.

Y no es para menos, dado que según la desoladora Declaración reciente del FMI la caída del PIB mundial sería de –3%, la cual podría llegar a –8% si se prolonga la pandemia o se presenta una nueva ola de contagios. Refiriéndose a Latinoamérica, la CEPAL sostiene que “a diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera, sino de personas, producción y bienestar”, y después de haber previsto un crecimiento del PIB de la región para el 2020 de 1.3 ahora prevé un descenso de –1.8%, pero que podría llegar a ser -4% “o incluso más”. Entre tanto el FMI considera que a Latinoamérica le puede ir peor y por ello pronostica una caída de la actividad económica de –5.2%, la peor recesión de su historia.

Queda en el campo de la futurología saber cómo y cuándo vamos a salir de este pandemónium. En este momento todo es incertidumbre, todavía es muy temprano para hacer balances o proyecciones, de allí que no sepamos ni podemos predecir si la recuperación de la economía global, la de la región y la de Colombia tomará forma de V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo.

Corolario

Varias son las conclusiones que podemos colegir luego de analizar y examinar los antecedentes y las consecuencias que se pueden derivar de la actual crisis, la cual no tiene precedentes en la historia moderna, empezando porque la globalización como la conocemos va a cambiar y con ella van a cambiar muchos de sus paradigmas. Nuevas reglas en las relaciones comerciales entre los países, los hábitos de consumo van a cambiar y la economía digital terminará por imponerse. Como afirma Paul Valery, “el futuro ya no es lo que era” antes de esta pandemia.

En una cita afortunada del ex secretario del Departamento de Estado de EEUU Henry Kissinger que nos trae el analista Moisés Naím, nos dice que “estamos viviendo un cambio de épocas… El reto histórico para los líderes de hoy es gestionar la crisis al mismo tiempo que construyen el futuro. Su fracaso en esta tarea puede incendiar el mundo”.

El gran historiador israelí y autor de la obra 21 lecciones para el siglo XXI Yuval Noah Harari, dice que “las decisiones que los gobiernos y las personas adopten ahora van a determinar el escenario de los años que vienen…No solamente en lo que tiene que ver con la salud, sino también con la economía, la política y la cultura”.

Pero, también advierte: “sea quien sea a quien elijamos para gobernar en los próximos años tendrá la capacidad de revertir lo que se decida ahora… Pronto un nuevo orden emergerá y se solidificará y, por lo tanto, el momento de influir en la dirección de la historia es este”. Así de claro.

Coincido con la secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena cuando anuncia que “estamos ante un cambio de época, de paradigma. Tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”, porque el ya anquilosado modelo económico neoliberal fracasó, porque el Estado, tan denostado por sus turiferarios, vuelve con más fuerza a cumplir su rol de gestor y promotor de un desarrollo sostenido e incluyente. Dijo Bertolt Brecht que “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”, y en esas estamos.

Devendrá una nueva normalidad, puesto que, como lo dice la escritora Isabel Allende “nuestros sistemas políticos y económicos han caducado” y otro sistema político y económico vendrá a ocupar su lugar. Como el huevo de la serpiente de Ingmar, su membrana transparente lo delata. No podemos permitir que se perpetúe un modelo económico y social en donde, como lo afirma el ex presidente de Uruguay José Mojica, “la economía crece, pero concentra mucho más de lo que crece”. Esta distopía le debe ceder el paso a la utopía realizable de una economía solidaria, resiliente frente al cambio climático, diversificada, signada por el bienestar, la equidad y la inclusión social.

En Colombia llegó la hora, por fuerza de las circunstancias, de repensar y replantear el modelo económico al que se han aferrado unos tras otros los gobiernos, sobre todo en las últimas tres décadas, durante las cuales, al igual que en los demás países de Latinoamérica, según lo acota Alicia Bárcena, “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados” y remata diciendo, “así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.

En esa misma línea, elForo Económico Mundial (FEM) llama la atención sobre el hecho que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”. Para ello se requiere que la diversificación de la economía sea una política de Estadode largo aliento, que garantice su continuidad en el tiempo y el espacio.

Rematamos con esta frase de Gabriel García Márquez que, como todas las suyas, ilumina con su lucidez y perspicacia: “Nuestra virtud mayor es la creatividad y, sin embargo, no hemos hecho más que vivir de doctrinas recalentadas y guerras ajenas.” Entonces, seamos creativos. ¿Por qué no darnos nuestro propio modelo, que responda a nuestra realidad y expectativas?

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.


Economía colombiana, sudando petróleo

El exministro Amilkar Acosta hace un análisis sobre las implicaciones de la guerra de precios del petróleo sobre la economía colombiana, en medio de la crisis mundial por el coronavirus.  

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

31 de marzo de 2020.   Si algo caracteriza a los precios del petróleo es su volatilidad, y esta está determinada por los fundamentales del mercado y/o por las viceversas de la geopolítica. El caso más patético fue lo ocurrido a raíz de la Guerra del Yonkipur en octubre de 1973, que provocó una espiral alcista de los precios del petróleo desde los US $2.5 el barril de crudo ese año hasta los US $30 en 1979, para un alza del 1.200%. Desde entonces la tendencia de los precios del petróleo ha sido al alza, pero sin dejar atrás su volatilidad, al punto que, después de haber alcanzado su máximo histórico de US $146.50 el barril en julio de 2008, se desplomó hasta tocar piso en enero de 2016 bordeando los US $24 el barril.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se preveía que, a consecuencia del enfriamiento de la economía global, atribuible a la guerra comercial que el presidente Donald Trump le había declarado al resto del mundo, la demanda de petróleo en 2020 se reduciría, por primera vez desde 2009, aproximadamente en 90.000 barriles/día.

De hecho ya veníamos con una sobreoferta de crudo que presionaba el precio a la baja, lo que condujo a la OPEP y a otros 10 países más, encabezados por Rusia, a hacer causa común para atajar la caída de los precios. Con tal fin acordaron desde 2017 reducir su oferta y esta medida les venía funcionando, al punto que el año anterior el promedio del precio fue de US $64 el barril.

Con lo que nadie contaba era con que en los albores de 2020 se iba a desatar la pandemia del COVID-19 que, al obligar a tomar medidas extremas por parte de todos los países para contener su avance, se afectaron las cadenas de valor a nivel global, contagiando a la economía.

Llegamos al punto que, al limitarse la producción y circulación de personas, bienes y servicios, según la directora del FMI Kristalina Georgieva, “hemos entrado en una recesión igual o peor que la del 2009”. Y esta recesión, todavía en ciernes, afecta la demanda de petróleo arrastrando los precios a la baja, repitiéndose la historia de 2008, cuando la economía global tuvo un decrecimiento de -0.6% y los precios del crudo cayeron de un promedio de US 94.10 el barril en 2008 a US $60.86 en 2009.

Pero, como por la Ley de Murphy todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, el desencuentro entre Arabia Saudita, que lidera la OPEP, y Rusia, impidió que se extendiera el acuerdo alcanzado hasta diciembre de 2020 y desató una guerra de precios que ha puesto en jaque a los productores y exportadores de petróleo en todo el mundo.

Los precios del crudo se deslizaron desde los US $68.9 el barril de la referencia BRENT el 6 de enero de este año hasta los US $22.76 al cual se cotizó el 30 de marzo pasado, su menor nivel desde noviembre de 2002. Y no es para menos, luego de conocerse el anuncio de Arabia Saudita de llevar su producción a un nivel record de 10.6 millones de barriles diarios para el mes de mayo.

Bien decía Napoleón Bonaparte que cuando uno sube se puede detener, pero cuando baja es muy difícil detenerse; esto, para decir que no se vislumbran mejores precios para el petróleo en el inmediato futuro, máxime cuando, como afirma Eugen Weinberg de Commerzbank, “no hay ninguna señal de reconciliación entre Arabia Saudita y Rusia”. Cómo será que el impredecible Donald Trump se atrevió a espetar que “esta es una lucha entre Arabia Saudita y Rusia y ambos se volvieron locos”.

Arabia Saudita está convencida, como lo dice Andre Lebow de Commodities Research, que “con las mayores reservas de crudo y el bajo costo de su producción va a ganar” esta guerra y Rusia considera que está en capacidad de resistirla.

Los déficits gemelos

Así las cosas, la economía colombiana va a tener que soportar este año un choque externo a consecuencia de la caída de los precios del petróleo muy severo, después de cerrar el año anterior con los déficits gemelos a cuestas: 4.3% de déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos y un déficit fiscal aparentede 2.5%.

De mantenerse los precios del crudo alrededor de los US $30 el barril por el resto del año, lo que es muy probable, y siendo que este renglón de las exportaciones representa el 40%, aproximadamente, se teme que el déficit de cuenta corriente puede llegar a superar el 5%. Huelga decir que también impactará el ritmo de crecimiento de la economía, toda vez que por cada US $10 que baja el precio del barril de crudo reduce en un 0.4 puntos porcentuales el crecimiento del PIB.

Además, si tenemos en cuenta que el precio de referencia que se tuvo en cuenta en la actualización del Plan financiero de 2020 fue de US $60.5 dólares el barril, la diferencia le pasará factura al Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2020 por valor de $12 billones.

La situación se complicaría aún más el año entrante, dado que será entonces cuando se sentirá con todo su rigor el costo fiscal, por cuenta de las exenciones y beneficios tributarios a las empresas, de la Ley de crecimiento aprobada el año anterior, que se calcula en unos $10 billones y también la caída de los ingresos al fisco por concepto de impuesto de rentas, dividendos y regalías que paga la industria petrolera. Por cada dólar que baja el precio del barril de crudo se dejan de recibir $429.000 millones y por cada 10.000 barriles que se dejan de exportar se dejan de recibir $301.000 millones.

Colombia se verá afectada por partida doble, porque a la baja de los precios, que es ineluctable, se vendrá a sumar la caída de la producción y las exportaciones de crudo porque los pozos que produzcan a costos por encima de los US $30 el barril, que son muchos, seguramente dejarán de bombear. En suma, este bajonazo de los precios del crudo ha puesto a la economía colombiana a sudar petróleo.

Este cuadro tan amenazador fue el que llevó a la firma calificadora de riesgo S&P Global Ratings a rebajar la perspectiva desde estable hasta negativa, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica la visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses.

Ya a finales del año anterior otra firma calificadora de riesgo, Fitch, había ratificado también la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia, pero con perspectiva negativa, sustentada en el hecho que la misma “refleja los riesgos continuos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal y el aumento de las vulnerabilidades externas derivadas de los mayores desequilibrios externos y el aumento del endeudamiento.”

Como afirma Daniel Guardiola, economista de BTG Pactual, “la economía colombiana enfrenta un período desafiante, con un empeoramiento del déficit de cuenta corriente, un aumento del déficit fiscal, una desaceleración de la actividad económica y, finalmente, un deterioro de la calificación crediticia del país y tal vez la pérdida del grado de inversión.” Y estamos a un solo escalón de perderlo.

Una vez más, apelo a la frase del inversor y empresario estadounidense Warren Buffet, según la cual “sólo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo”, y lo que es claro es que, después del largo ciclo de precios altos del petróleo, que duró desde 2003 hasta junio de 2014, que no supimos aprovechar para corregir los déficit gemelos, la economía colombiana sigue dependiendo en exceso del crudo, sujeta a las oscilaciones de sus precios internacionales.

Bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía.” Pero no se ha tomado nota de ello, sólo cuando sobreviene la destorcida de los precios del petróleo se plantea la necesidad de diversificar la economía, pero tan pronto repuntan deja de ser prioridad para el Gobierno de turno. Este debería ser un propósito nacional que se traduzca en una política de Estado y deje de ser política de gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Al oído del señor Presidente

El ex ministro Amylkar Acosta hace unas reflexiones económicas para paliar la actual crisis provocada por la pandemia del Covid-19; entre ellas, que el Banco de la República baje un punto porcentual en la tasa de interés de intervención.

Por: AMILKAR ACOSTA*

25 de marzo de 2020.   Nunca antes había sido tan cierto el aserto premonitorio del reputado economista John Maynard Keynes, en su obra cumbre La teoría del empleo, el interés y el dinero, que en las actuales circunstancias, cuando dijo: “los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”.

Todos los gobiernos del mundo, ya sean de derecha o de izquierda, desde los socialdemócratas hasta los más soberbios y recalcitrantes neoliberales que lo detestan, esta vez, al igual que ocurrió en la crisis financiera de 2008, están apelando a las políticas fiscales contracíclicas prescritas por Keynes para tratar de salir del atolladero.

Bien dijo que “toda demanda crea su propia oferta” a contrario sensu de la Ley de Say que sostenía que “toda oferta crea su propia demanda”. Pues bien, en momentos tan cruciales como el actual, en los que la economía se paraliza debido a las medidas de auto aislamiento, cuarentenas y confinamiento para contener el avance del COVID-19, y en que muchísimas personas pierden su ingreso debido a que no pueden salir a la calle para rebuscárselo (en Colombia el 52% del empleo es informal) y por lo tanto pierden su poder adquisitivo, es menester llegarles por parte del Estado, sobre todo a los más vulnerables, no con el mercadito sino con medio de pago contante y sonante y así se pueden paliar los efectos sociales de la crisis y al mismo tiempo se pueda morigerar la rápida desaceleración que está experimentando la economía, que va camino al estancamiento o peor aún hacia la recesión, la que no hemos tenido desde 1999.

Para lograr la cobertura requerida de un programa de esta naturaleza, de hondo contenido social, se requiere que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) se la juegue a fondo y el Gobierno Nacional arbitre los recursos necesarios y suficientes para lograr tal cometido. Para ello se requerirá no menos de dos puntos del PIB ($20 billones, aproximadamente). Para su implementación será menester la articulación de las distintas instancias de gobierno, tanto nacional como territorial y apoyarse en las organizaciones sociales de las propias comunidades.

Para tal propósito, me parece muy atinada la propuesta del experto Mauricio Cabrera para que la Junta directiva del Banco de la República, por ser este un caso excepcional previsto en el artículo 373 de la Constitución Política, apruebe por unanimidad (como lo manda la Carta) un crédito al Gobierno Nacional, el cual a su vez emitiría TES para tal efecto, con esa destinación específica.

Esta medida la debería complementar la Junta del Banco con una rebaja de la tasa de interés de intervención desde el 4.25%, que se ha mantenido desde el 30 de abril de 2018, al 3.5%, como lo viene haciendo la banca central en otras latitudes con la misma finalidad, eso sí garantizando que se le traslade este beneficio a los prestatarios y no se quede en los meandros del sector financiero.

En las actuales circunstancias, no hay que temer que se pueda disparar la inflación por la baja de la tasa, ya que la demanda está deprimida.

De la liquidez para los bancos y la irrigación del crédito por parte de estos a las empresas, para evitar que se vayan a la quiebra y se destruyan empleos, ya se ocupó el Banco de la República al poner a su disposición $23.5 billones, amén del mecanismo de cobertura del riesgo cambiario y así protegerse de la volatilidad de la tasa de cambio, que afecta su deuda externa y el giro de sus negocios.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Las amenazas del ´petrovirus’

El exministro Amilkar Acosta hace un extenso análisis sobre los peligros de recesión que se ciernen sobre la economía mundial por causa del coronavirus y la guerra de precios del petróleo, y sus repercusiones en Colombia.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

15 de marzo de 2020.   El 31 de diciembre pasado las autoridades de la República Popular China admitieron que en la ciudad Wuhan aparecieron las primeras veintisiete personas diagnosticadas de padecer el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (COVID-19), causado por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. El contagio con este agente patógeno no se hizo esperar y se ha venido propagando, al punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este brote como pandemia.

Las medidas extremas a las que recurrido los países, empezando por China, considerada la fábrica del mundo, ha frenado el ritmo de crecimiento de la economía global y amenaza con una recesión global. De hecho, la insensata guerra comercial que el presidente de EE.UU. Donald Trump le declaró al resto del mundo le había infligido un duro golpe al comercio internacional, afectando de paso las cadenas de valor, ralentizando el crecimiento de todos los países involucrados, empezando por sus protagonistas, China y EE.UU., que pasaron de crecer respectivamente entre el 2018 y el 2019 del 6.6% al 6.1%, el más bajo registrado desde 1990, y del 2.9% al 2.3%.

Pese a ello, según el reporte anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se pronosticaba una ligera recuperación del crecimiento de la economía global, pasando del anémico 2.3% en 2019, el más bajo en una década, al 2.5% en 2020. Pero, advirtiendo que “la reanudación de los conflictos comerciales, una crisis financiera o una escalada en las tensiones geopolíticas, podrían obstaculizar la recuperación, reduciendo el crecimiento a tan sólo 1.8% este año”. Es decir, que la economía global seguía anclada en la “nueva mediocridad” a la que hacía referencia la ex directora del FMI Christine Lagarde.

Las perspectivas de la economía global, entonces, no eran las mejores, al punto que la nueva directora del FMI Kristalina Gueorguieva, recién elegida en el alto cargo, afirmó categóricamente que “las señales de alarma están encendidas y posiblemente muy pronto la situación pondrá a prueba qué tan preparados estamos”. En su concepto, “la economía mundial se encuentra ahora en un período de desaceleración sincronizada” en el que las cadenas de suministro están rotas, averiadas por cuenta de una guerra comercial en la que, como afirma el FMI “todos pierden”. De hecho, según sus cálculos, las pérdidas en lo que va corrido de 2020 superarían los US $700.000 millones.

El economista turco, doctorado en la Universidad de Harvard, célebre por advertir con dos años de anticipación la crisis financiera de 2008, Nouriel Roubini, pronostica una nueva recesión en 2020. Él la atribuye a tres posibles shocks de oferta negativos y afirma que “todos ellos son reflejo de factores políticos que afectan las relaciones internacionales; dos involucran a China y EEUU está en el centro de cada uno de ellos. Además, ninguno admite tratamiento con la herramientas tradicionales de la política macroeconómica anticíclica”. De manera que la economía global venía transitando por la cornisa de la estagnación, con un alto riesgo de precipitarse a una prolongada recesión.

Roubini no está sólo en su vaticinio. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió en septiembre pasado sobre el peligro de una recesión mundial para 2020. Como quien dice, al finalizar el año anterior estábamos ad portas de una nueva recesión, debido a que “las perspectivas de la economía mundial actualmente se ven envueltas en una densa niebla de tensiones comerciales internacionales y conflictos geopolíticos”. Los mismos amagos a los que aludía la directora del FMI

Las palabras de la directora del FMI fueron premonitorias. Los conflictos comerciales se reanudaron por la terquedad aragonesa de Trump, por la misma razón la escalada en las tensiones geopolíticas persisten y a falta de una crisis financiera sobrevino el COVID-19, que viene haciendo estragos en el mundo entero. Al fin y al cabo, el flujo y reflujo del comercio y de los capitales sirven de vasos comunicantes entre las naciones y encauzan el conocido “efecto mariposa”. De allí que todos los organismos internacionales vienen revisando a la baja la previsión de crecimiento de la economía: la OCDE prevé un crecimiento del PIB por debajo del 2.9%, con una pérdida de 0.5 puntos porcentuales con respecto al 3.4 anterior, por su parte de Economist acaba de bajar su pronóstico del 3% al 2.5% y a 1.9% como peor escenario.

La destorcida de los precios del petróleo

Como suele decirse coloquialmente, no hay casualidades sino causalidades, y este es el caso. Como era de esperarse, la demanda de petróleo que venía de capa caída por cuenta de la desaceleración de la economía global, ahora se reduce aún más como consecuencia de la parálisis a la que se ha visto abocada la economía global.

Todos los sectores de la economía se han visto afectados por el COVID-19, el primero de ellos el turismo y su cadena de valor (el transporte, la hotelería, la gastronomía, el entretenimiento, etc.). Se estima que el turismo a nivel mundial pierde US $46.000 millones mensuales, lo cual puede llevar a la quiebra a muchos operadores turísticos y a aquellas empresas que les prestan servicios.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) más 10 países productores que se han coaligado con ella, encabezados por Rusia (OPEP+), en vista de la contracción de la demanda y la irrupción en el mercado petrolero de los EE.UU. como nuevo jugador, gracias a su revolución del fracking, con exportaciones del orden de los 3 millones de barriles/día, acordaron desde 2017 reducir la oferta para detener una mayor caída de la que se venía dando a raíz del débil crecimiento de las economías del orbe. A diciembre de 2017 dicho recorte voluntario por parte de la OPEP+ era de 1.7 millones de barriles/día.

En concepto de Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones & Valores, “el mundo ve una demanda de 2.3 millones de barriles menos. Y esta cifra podría crecer más si otros países se enfrían como China, que pasó de tener un crecimiento del 6% al 4.5%. Y no hay en el horizonte de corto plazo una razón por la que la demanda pueda aumentar”.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) había previsto que la demanda de petróleo en 2020 bajaría alrededor de los 90.000 barriles/día con respecto a 2019, por primera vez desde 2009, situándose por debajo de los 100 millones de barriles/día, lo que no se veía desde 2008.

A raíz del devastador efecto del COVID–19 sobre la demanda, Arabia Saudita quiso extender el acuerdo mencionado, que va hasta el 1º de abril, hasta diciembre de este año, pero Rusia, tercer productor de crudo después de EE.UU. y Arabia Saudita, se rehusó a ello y ahí fue Troya. Se desató una guerra de precios: Arabia Saudita anunció que escalaría un 2.5% su producción hasta los 12.3 millones de barriles/día, 300 mil barriles/día más y le ofreció descuentos en el precio de venta entre US $6 y US $8 por barril a sus clientes, al tiempo que Rusia hizo lo propio, elevando su producción hasta los 11.8 millones, 500 mil barriles/día más de los que venía bombeando. Lo que aún no se sabe es cómo reaccionarán los EE.UU., primer productor mundial de crudo con 13.5 millones de barriles/día.  

John Kilduff, de Again Capital, afirma que “los rusos decidieron llevar adelante una política de tierra arrasada. No ven ninguna razón para sostener a los productores estadounidenses”. Esta es una pelea de titanes, en la que Arabia Saudita tiene una espalda más ancha, porque sus costos de extracción de un barril de crudo es el más bajo del mundo, pero Rusia tiene a su favor que la economía rusa es más diversificada y menos dependiente del petróleo que la economía de Arabia Saudita. Además, el precio que tomó como referencia Rusia para su Presupuesto anual fue de US $42.4 el barril.

En concepto del analista jefe de mercados de Century Financial con sede en Dubái, Arun Leslie John, “la guerra del petróleo entre las dos potencias de Arabia Saudí y Rusia ha provocado una nueva ´batalla del fin del mundo´ que no es probable que acabe pronto”. Esta guerra se puede prolongar y los precios del crudo seguir con tendencia a la baja por un largo rato, con todos los estragos que ello conlleva, especialmente para aquellos países cuyas economías dependen de las exportaciones del oro negro.

Como consecuencia de esta guerra sobrevino una destorcida de los precios del petróleo. En un solo día, el 9 de marzo pasado la referencia Brent cayó el 24.1%, situándose en los US $34.36 el barril, el más bajo desde febrero de 2016, perdiendo el 49.8% desde el 1º de enero de 2020 y el 45% con respecto al precio promedio de 2019, que fue de US $64 el barril, US $8 menos que el año anterior. Este bajonazo es el peor en una sola jornada desde la Guerra del Golfo en 1991.

El experto John Kilduff sostiene que “todavía no hemos visto lo peor de la crisis de demanda”, la que se ve venir como consecuencia del frenazo de la economía global, lastrada ahora por el COVID–19.

Por su parte, James Williams, de WTRG – Economics, advierte que “los riesgos de recesión son fuertes. Históricamente las recesiones hacen bajar los precios del petróleo”; ello explica el pesimismo de la AIE, al pronosticar una caída del precio hasta los US $24 el barril. Este patético cuadro del mercado petrolero podría considerarse como una especie de cisne negro.

Y la economía colombiana qué

La confluencia del COVID-19, el desplome de los precios del crudo y la incertidumbre que han generado, provocó la caída de las bolsas en todo el mundo y de paso disparó la cotización del dólar, atribuible a la correlación inversa del 84% que tiene con el precio del petróleo y a la huida de las inversiones de portafolio desde los activos de mayor riesgo (como las acciones y el petróleo),  buscando refugio en el dólar y el oro. El peso colombiano se convirtió en la moneda más devaluada del planeta ($760, 14.28% hasta marzo 12) después del rublo ruso, llegando al record histórico de $4.000 por dólar.

Ante semejante amenaza, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla declaró que “la economía mantiene un grado de solidez lo suficientemente importante como para soportar estos eventos”; y el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño se apresuró a decir que “los fundamentales de la economía están bien”. En ello coincidió el gerente del Banco de la República Juan José Echavarría, para quien “los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos y permiten absorber los choques externos descritos sin traumatismos severos sobre la actividad real y la estabilidad financiera”.

Tales aseveraciones nos recuerdan la desatentada declaración del ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, quien ante los embates de la crisis financiera de 2008 afirmó categóricamente que “el país está blindado contra la crisis”, y ya sabemos lo que pasó: El crecimiento del PIB en 2008 cayó 5 puntos porcentuales con respecto al de 2007, al pasar del 7.5% del PIB al 2.5%, al tiempo que la tasa de inflación cerró el año en el 7.7%, desbordando el rango meta de la inflación objetivo del Banco de la República que era la horquilla 3.5% – 4.5%.

Por ello, conviene establecer qué tan “blindada” está la economía colombiana frente a este choque externo. Empecemos por decir que, aunque el ministro de Hacienda se vanagloria del magro crecimiento del 3.3% del PIB en 2019, porque supera el crecimiento tanto de la economía global como el de Latinoamérica, lo cierto es que venimos de un crecimiento potencial de la economía del 4.8% en 2012 a otro de 3.5% y, lo que es peor, ya completamos 4 años consecutivos creciendo por debajo de este crecimiento potencial. Además, la tasa de desempleo supera el 13%, la más alta en los últimos 6 años, y mientras el crecimiento del PIB siga por debajo del 3.5% se va a seguir destruyendo empleo en lugar de generarlo.

Según el Banco de la República, el déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos viene in crescendo, del 3.3% en 2017 al 3.8% en 2018 y cerró 2019 en 4.39% (US $13.800 millones) y con tendencia a su agravamiento. El Banco de la República espera un déficit del 4.4% y el Ministerio de Hacienda un 4.6% para el 2020.

Por su parte, las exportaciones colombianas no han sabido o no han podido sacarle partido a la competitividad que se deriva de una tasa de cambio tan competitiva como la actual. Pese a ello, el monto de las importaciones sigue superando el de las exportaciones, con el agravante que estas siguen concentradas en los productos primarios, encabezados por el carbón y el petróleo, superando este último el 40%.

De allí la gran vulnerabilidad de la economía colombiana frente a la amenaza externa que representa la desaceleración del crecimiento de la economía global, que puede derivar en una recesión.

Recordemos que la apuesta del ministro Carrasquilla de un crecimiento del PIB el año anterior del 3.6% no se alcanzó y el registro fue del 3.3%; la proyección para el 2020 era del 4% y ahora, según el Plan Financiero 2020 se rebajó al 3.7%, tasa difícil de alcanzar y ahora menos con los negros nubarrones que se ciernen.

En línea con la intervención que han dispuesto los demás bancos centrales en el mundo, la Junta Directiva del Banco de la República acaba de tomar varias medidas. En efecto, le ha salido al paso a la actual coyuntura aumentando el cupo de endeudamiento de la banca comercial, como prestamista de última instancia que es, aumentando la disponibilidad de $9 a $17 billones, de los cuales $12 billones corresponden a repos de deuda pública y $5 billones de deuda privada, a los cuales podrán acceder mediante subastas.

Complementariamente, se activaron mecanismos de Forward, a través de los cuales tanto a bancos como a cambistas se les ofrece la opción de hacerse a coberturas que les permita protegerse frente a la volatilidad de la tasa de cambio, producto del nerviosismo y el estrés del mercado. Estas medidas van en la dirección correcta, pero dada la magnitud del reto que se enfrenta pueden llegar a ser insuficientes, razón por demás para no bajar la guardia por parte de la Junta.

El descalabro fiscal

Ahora bien, Colombia no siendo un país petrolero su economía y sus finanzas públicas tienen una enorme dependencia del mismo. Su producción a duras penas representa el 0.8% de la oferta total en el mundo y no influye para nada en la formación del precio al cual se cotiza el barril. Es bien sabido que por cada US $10 que baja el precio del petróleo le resta 0.4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Adicionalmente, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP),  por cada dólar que cae el precio del barril la Nación recibe $217.000 millones menos por concepto de los dividendos que le gira Ecopetrol y $212.000 millones menos por concepto de renta petrolera, mientras que las entidades territoriales (departamentos y municipios) dejan de recibir $80.000 millones por concepto de regalías.

Y, lo que es peor, con la caída tan dramática de los precios, muchos pozos serán abandonados a la espera de que repunten las cotizaciones, lo cual se traducirá en una menor producción, de manera que el impacto en el ingreso de divisas e ingresos fiscales, como ya sucedió en el pasado, se dará por partida doble, menores precios y menores volúmenes de exportación. Huelga decir que, por cada 10.000 barriles menos que se exporten se afectan los ingresos en $301.000 millones.

El Plan Financiero corrigió el precio base del petróleo para sus proyecciones para 2020 previsto en el MFMP y en el Presupuesto General de la Nación (PGN), bajándolo de US $67.5 a US $60.5 el barril, y después de semejante caída que ha experimentado, en lo corrido de este año, el precio promedio ha sido de US $56 el barril, para una diferencia de US $4.5 por barril. De ello se sigue que, de mantenerse esta diferencia en lo que resta del año, los menores ingresos por este concepto para el Estado serían de $2.45 billones.

Los malabarismos del ministro Carrasquilla

Llama poderosamente la atención que el ministro Alberto Carrasquilla, el mismo que hace alarde de la “solidez” y resiliencia de la economía colombiana frente a los embates de la crisis, esté abogando por un relajamiento de la Regla Fiscal, a la cual le ha hurtado el cuerpo recurriendo a trucos y trampas, con prácticas heterodoxas que le han restado credibilidad a las cifras oficiales de las finanzas públicas.

A pesar de sus maniobras, las cuentas no le cuadran a Carrasquilla, como lo reconoció recientemente. “Este año tenemos la obligación de no gastar con respecto a lo aprobado por el Congreso; entonces, tenemos una congelación importante a consecuencia de no contar con los suficientes ingresos,” dijo.

Y no hay duda, la reforma tributario que disfrazaron de Ley de Financiamiento primero y Ley de Crecimiento después, les están pasando la cuenta de cobro de más de $10 billones y ahora quiere terminar de hacer trizas la Regla Fiscal, que él asume como si fuera una camisa de fuerza que le incomoda.

No está por demás llamar la atención sobre las consecuencias que podrían derivarse para las finanzas públicas de una mengua en los ingresos como daño colateral en la actual coyuntura. Recordemos las aulagas por las que pasó la economía colombiana cuando los precios del crudo después de alcanzar en junio de 2014 la cotización US $115.19 el barril de la referencia Brent cayeron en picada hasta bordear los US $ 27 el barril en enero de 2016.

Así, Ecopetrol pasó de tener utilidades de $13 billones en 2013 a registrar pérdidas de $3 billones en 2015, razón por la cual después de haber repartido $5.46 billones en 2015, en el 2016 no sólo no repartió dividendos entre sus accionistas sino que la Nación debió devolverle a las empresas petroleras, incluida Ecopetrol, $2.6 billones que había recibido como anticipo para el pago de impuestos.

En marzo de 2019, Ecopetrol repartió dividendos por $11 billones, con precio promedio del crudo en 2018 de US$ $54 el barril, este año con precio promedio en 2019 de US $64 el barril, la Nación recibió por concepto de dividendos la suma de US $7 billones. En este momento, la gran incógnita es cómo le irá a Ecopetrol y al resto de la industria petrolera con la tendencia que muestran los precios del crudo y cuánto recibirán la Nación por concepto de renta petrolera y dividendos y las regiones por concepto de regalías, que son los únicos recursos ciertos con los que cuentan para la inversión. 

Tal perspectiva ha llevado al ministro Carrasquilla a plantear que “la Regla Fiscal merece una discusión”, la que desde hace rato se encendió por cuenta de sus desvaríos en el manejo de la política fiscal. Los mayores cuestionamientos que se le han formulado a esta se han enfocado a los artilugios y artificios a los que ha apelado Carrasquilla para hacer pasar el gasto corriente por financiación. De esta manera pasa “por debajo de la línea”, eludiendo así que el mayor gasto afecte el déficit fiscal y así fingir el cumplimiento de la Regla Fiscal.

Esto llevó a Guillermo Perry Rubio, uno de los miembros del Consejo Consultivo de la Regla Fiscal a afirmar que “el recurso a la contabilidad creativa genera incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”. Ello llevó al profesor de la Universidad de los Andes, quien presidía el Grupo Técnico de PIB potencial, que brinda apoyo al Comité consultivo de la Regla Fiscal, Marc Hofstetter, a renunciar alegando que “con la forma como se está calculando el déficit fiscal, la regla fiscal ha perdido credibilidad y se ha vuelto inocua”.

El economista Michel Janna, presidente del Autoregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), sostiene, refiriéndose a la Regla Fiscal, que “la lógica del diseño actual es que al mantener controlado el déficit, la deuda pública pueda ir bajando. Pero la realidad es que esa relación se ha roto, entre otros por cambios en algunas prácticas. Por eso, en vez de depender de esa carambola, valdría la pena pensar mejor en fijar metas directamente a la relación deuda pública sobre PIB”.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, concuerda con él en que la deuda pública se debe incorporar explícitamente en la Regla Fiscal, “esto, por cuanto lo que se ha visto en los últimos años ha sido un aumento constante de la deuda pública como proporción del PIB, a pesar de la reducción del déficit fiscal”. Y añade, “habría que revisar la conveniencia de tener también una meta que no sea solamente de déficit fiscal, sino también de un nivel de deuda que sea compatible con nuestro nivel de calificación actual”.

La preocupación en este momento es tanto mayor, habida cuenta de que la devaluación galopante del peso frente al dólar le pega muy fuerte a la deuda denominada en dólares, abultándola. Máxime cuando la deuda externa de Colombia alcanzó, según el Banco de la República, su máximo histórico desde 1995, $138.175 millones, US $73.835 millones de los cuales debe la Nación (22.8% del PIB estimado para 2019) y 33% del monto total corresponde a la deuda externa. Si la tasa de cambio actual llegara a perdurar por el resto del año, ello significaría un incremento de la deuda de 6 puntos porcentuales del PIB.

Según Carrasquilla, por cada $100 que sube la tasa de cambio se encarece la deuda externa del Estado colombiano en $1 billón. Si se llegara a mantener el promedio de la cotización alcanzada hasta la fecha ($3.387), al compararla con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) prevista en el MFMP para el 2020 de $3.129, la diferencia nos daría $258 por dólar, traduciéndose en un incremento de la deuda externa de la Nación del orden de $2.5 billones.

Ya se había dicho en el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda que, por cuenta de los malabarismos del ministro Carrasquilla, la deuda pública, ya de por sí tan elevada que supera el 50% del PIB, aumentaría 1.5% del PIB más en 2020. A ello se viene a sumar, según el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda Luis Fernando Ramírez, el “descalce cambiario, dado que el Gobierno cobra impuestos en pesos y tiene que pagar deuda en dólares”.

Juan David Ballén, Jefe de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa, plantea que “cuando se dan alzas tan fuertes en el dólar y desplomes tan marcados en el petróleo, para un país como Colombia está sobre la mesa que las firmas valoradoras de riesgo (como Standard & Poor´s y Fitch) hagan una revisión de la calificación crediticia. Recordemos que una de estas (S&P) nos tiene a tan sólo un escalón de perder el grado de inversión”.

Ahora que la economía colombiana está abocada al efecto combinado de una fuerte devaluación y a una caída libre del precio del petróleo, está mostrando sus vulnerabilidades y, lo que es más preocupante, con muy poco margen de maniobra para responder a los choques externos. Bien dijo el inversor y empresario estadounidense Warren Buffet, “sólo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo”.

Moraleja

Como lo afirmó la ex secretaria ejecutiva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Christina Figueres, “hay que agradecerles a los hidrocarburos por lo que han hecho de la economía de Colombia, porque este país no sería lo que hoy es, con un desarrollo ejemplar en Latinoamérica, si no fuera por la exportación de carbón y petróleo. Por esta razón no se pueden meter dentro de la cajita de los diablos y satanizarlos. Sin embargo, llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

Se impone, entonces, la necesidad, por enésima vez lo digo, de impulsar la diversificación de la economía con la transformación productiva como estrategia, volviendo a poner el foco en el desarrollo industrial y agropecuario, en el entendido que tan importante como la seguridad energética es la soberanía alimentaria.

Para promover el desarrollo industrial y agropecuario se necesita financiamiento y la fuente de recursos con la que cuenta el país actualmente para ello es el sector extractivo, razón suficiente para entender que no se puede prescindir de él súbitamente. Bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”.

Comparto con el brillante profesor Peter Drucker que “el mayor riesgo en las épocas de turbulencia es actuar con la lógica de ayer”. ¡Así de claro!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Comentarios a las propuestas de la Misión de Transformación Energética

En el marco del foro ‘Colombia potencia energética’, realizado en Bogotá el 19 de febrero pasado, el exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta tuvo la oportunidad de presentar sus planteamientos acerca de las propuestas de la Misión de Transformación Energética.

Por: AMILKAR ACOSTA

20 de febrero de 2020.   Primero, recordemos que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 se dispuso integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el 2 de mayo de 2019 con 20 expertos nacionales y extranjeros y tuvo por objeto, según la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta para la energía del futuro”. Esta Misión hizo entrega a la Ministra de sus conclusiones y recomendaciones en diciembre pasado.

A la pregunta de qué se busca con el revolcón en las instituciones del sector que propone la Misión respondo: lo primero a tener en cuenta es que no se trata  de hacer borrón y cuenta nueva, sino de construir sobre lo construido. Máxime cuando el Sistema energético colombiano, que descansa sobre las leyes 142 y 143 de 1994 ha sido muy bien ponderado tanto por el Foro Económico Mundial (FEM) como por el Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés). Está en el top ten a nivel mundial por el desempeño de su arquitectura institucional como por el Trilema (seguridad, equidad social y sostenibilidad), que les sirve de medición.

Transcurridos 26 años de expedidas esas leyes, tres fenómenos de El Niño pusieron a prueba el Sistema y, por fortuna, pasamos indemnes, aunque en 2015 tuvimos un amago de racionamiento, que al final se sorteó mediante un “autoracionamiento”. Razón más que suficiente para no caer en la autocomplacencia, amén del reto que supone encarar la Transición energética desde las fuentes de energía de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER)  y limpias, megatendencia global de la cual Colombia no se puede sustraer.

La Misión planteó la senda a seguir para adecuar tanto la institucionalidad como la regulación, para transitar con éxito el camino de la integración gradual y progresiva de las FNCER a la matriz energética, teniendo como ejes fundamentales las 4D: descarbonización, digitalización, descentralización y democratización del nuevo Sistema.

Se trata de robustecer la arquitectura institucional para darles cabida a los nuevos agentes que ahora surgirán, como los agregadores y abrirle espacio a la gestión de demanda, en la cual están llamados a jugar un papel primordial los prosumidores (productores y a la vez consumidores).

En este orden de ideas, nos parece muy buena la recomendación de parte de la Misión de fortalecer y empoderar aún más para tales propósitos a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). También aconseja reformar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo) para los temas macro presidida por el Ministro de Energía, sustrayéndolo del día a día de la gestión del órgano regulador.

Por mi parte considero que la CREG, al igual que la Junta Directiva del Banco de la República, debe gozar de autonomía, que no de independencia, pues no debe ser una rueda suelta del Ministerio. Por lo demás, considero que no se debe caer en excesos regulatorios, pero tampoco en los peligros de la desregulación. El Estado debe intervenir a través de la CREG para que el mercado funcione, no rendirle culto al mercado. El fin último de estos pasos a dar es ganar confiabilidad, firmeza y resiliencia al cambio climático.

¿En cuánto pueden ayudar las recomendaciones de la Misión a bajar las tarifas de energía y gas?

Respuesta: Sus recomendaciones propenden por mejorar la competitividad del sector, darle mayor transparencia al mercado y a la concurrencia de los distintos agentes de la cadena en el mismo y una formación eficiente del precio de la energía.

Se trata, entre otras cosas, de reducir los costos de transacción, dado que estos terminan trasladándose a los usuarios. Todo ello deberá contribuir a reducir la tarifa, pues si en últimas esta reestructuración y modernización del sector no bajan los costos de la energía (que tiene dos componentes: la tarifa y el consumo) estaremos sólo botando corriente.

A mi juicio, la tarea a realizar debe ir más allá, al tomar medidas tendientes a reducir las pérdidas técnicas, los costos de restricción, estimular el ahorro de energía y, lo que es más importante, hacer un uso más eficiente de la misma.

En este sentido, la eficiente gestión de la demanda es fundamental e imprescindible. Sólo así los usuarios regulados (residenciales) tendrán un alivio en sus facturas del consumo de electricidad y los no regulados, sobre todo las empresas, bajarán sus costos de energía y de paso ganarán en competitividad.

Otra pregunta del Foro fue ¿cómo ayudan las propuestas de la Misión a alcanzar el objetivo urgente de aumentar las reservas de petróleo y gas?

Respuesta: Como es bien sabido, las reservas tanto de petróleo como de gas natural han caído, al punto que sólo garantizan el autoabastecimiento para menos de 6  y 10 años, respectivamente. Es muy importante detener la declinación de dichas reservas y el único camino que nos queda por delante, además del recobro mejorado, es apretar el paso en exploración y explotación offshore y de los yacimientos no convencionales.

De ello no se ocupa la Misión, tal vez asumiendo que las políticas y las decisiones en marcha van en la dirección correcta, lo mismo que las recomendaciones de la Comisión de expertos con respecto a la utilización del fracking en los yacimientos no convencionales. Ello llama poderosamente la atención, pues la Misión ha debido enfocarse al sector energético en su integridad, pero tiene un marcado sesgo hacia una de sus fuentes, la electricidad.

Aborda sí el tema de la posible instalación de la regasificadora del Pacífico y otra en La Guajira, con el propósito de impedir que se estrangule la demanda por la estrechez de la oferta doméstica.

Coincidí con otros panelistas en que esta iniciativa debe considerarse como la forma de contar con un respaldo ante la eventualidad de que la oferta doméstica resulte insuficiente y evitar contingencias que pongan en riesgo la generación de energía, pero que la prioridad debe estar en aumentar nuestras reservas. Tanto más en cuanto que el gas natural importado es demasiado costoso y su uso dispararía los precios y las tarifas de energía, además que no reporta los mismos beneficios económicos, sociales y fiscales que la producción doméstica.

Por mi parte, planteé la idea de que en el caso particular de La Guajira, la regasificadora que se instale debe ser bidireccional, esto es que la misma esté habilitada tanto para la regasificación como para la licuefacción del gas, dada la apuesta que viene haciendo Ecopetrol y sus socios en los prospectos offshore en inmediaciones de la península, de modo que se pueda importar cuando sea necesario y exportar cuando estemos en capacidad de contar con excedentes.   

Acotación final: Nos parece importante la recomendación de la Misión para avanzar en el propósito de darle cumplimiento a la Ley eléctrica de tener cobertura universal del servicio de energía, pues ya vamos para 6 años de mora en el cumplimiento de tal cometido.

Compartimos que, para lograr ese propósito, se amplíe la frontera del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) y eliminar las barreras que hoy existen entre el SIN y las Zonas no Interconectadas (ZNI) del país. Ahora que contaremos con las FNCER, estas se convierten en el mejor vehículo para lograrlo, especialmente con la energía solar fotovoltaica, dadas sus características y flexibilidad.

Una espada de Damocles se cierne sobre la Nación en torno a Electricaribe

En su más reciente columna, el exministro Amilkar Acosta hace un análisis sobre los peligros para la Nación en el litigio con Naturgy sobre Electricaribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

9 de febrero de 2020.   Se suele utilizar esta expresión, que se le debe al cortesano del Rey Dionisio II que gobernaba Siracusa en el siglo IV antes de Cristo, conocido como Damocles, para significar el peligro inminente que pende sobre la cabeza de quien sin sospecharlo está en riesgo.

Este es el caso de la controversia que presentó Gas Natural Fenosa, transformada en Naturgy, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, en contra de la Nación por un monto de US $1.547 millones, debido a la intervención de la cual fue objeto Electricaribe, hasta entonces bajo su control, el 15 de noviembre de 2016, con fines de administración primero y posteriormente, a partir del 14 de marzo de 2017, con fines de liquidación. Esta se consumó y ahora el Gobierno nacional avanza en el proceso de búsqueda de un nuevo operador del mercado de la región Caribe, para suministrarle el servicio de electricidad a 2,7 millones de usuarios.

Naturgy alega “supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, principio de trato nacional y expropiación”. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó, a finales de 2019, “una contrademanda contra Naturgy por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe”, por una suma estimada en $1,7 billones de dólares, incluyendo intereses.

Leo la nota que con gran despliegue publica el diario económico Portafolio llamando la atención sobre el hecho que “una norma de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), expedida recientemente, le terminaría dando la razón a Naturgy en su pleito con Colombia”.

Estamos hablando de la Resolución 010 de 2020 expedida por la CREG el pasado 30 de enero “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. A través de la misma se procura flexibilizar los recobros por concepto de los gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM) en los cuales incurre el operador para garantizar la prestación del servicio de electricidad como lo manda la Ley, con continuidad y eficiencia.

Ya lo habíamos advertido, con ocasión de la expedición de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018 – 2022, el cual facultó al ejecutivo para fijar un “régimen transitorio especial en materia tarifaria para Electrificadora del Caribe S.A. ESP o las empresas derivadas… que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público”.

Esta medida, como lo hemos sostenido, podría llegar a debilitar la defensa del Estado en su querella con Naturgy, al tiempo que fortalecería la controversia planteada por esta, puesto que entre sus alegatos ha aducido que el esquema tarifario vigente al momento de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos tornaba inviable la operación, ya que al proponerse el cambio “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe” se le estaría dando la razón.

Coincido con Portafolio en que “precisamente esta tabla de salvación -que hasta ahora se lanza para mejorar el servicio- fue la que solicitó en varias ocasiones la administración de la entonces Gas Natural Fenosa, cuando tenía bajo su mando a Electricaribe y a la que apelaría la defensa de Naturgy para argumentar que el Estado colombiano si podía expedir, en su momento, una normativa similar para continuar con la operación”. ¡Esta sería su prueba reina! Sobre todo porque se dice explícitamente que se da este paso “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe”.

Ya lo había dicho la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), contratada por la Superintendencia de Servicios Públicos para determinar las acciones a seguir luego de su intervención a Electricaribe, que “para generar un escenario viable se requiere, entre otras cosas, ajustes en tarifas que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del gobierno”.

Por ello será que en el PND se advierte que “ninguna actuación por parte de la Nación, la SSPD y el Fondo Empresarial desplegada para el cumplimiento del objeto de este capítulo podrá interpretarse como reconocimiento de su responsabilidad por la situación de Electrificadora del Caribe, ni como una renuncia a obtener cualquier indemnización frente a los responsables de los perjuicios causados”. ¿Será que esta salvedad nos libra de un resultado adverso en dicho Tribunal?

A todas esas, un pleito como el que está planteado entre la Nación y Naturgy se puede ganar como se puede perder. Y en el caso hipotético que se pierda, qué va pasar con los recursos que por más de $4 billones se han invertido y se siguen invirtiendo por parte del Estado a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, así como con aquellos que se inviertan con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), como lo autoriza el PND.

Quién le va a responder a los usuarios por los 216.000 millones de pesos de subsidios que le fueron girados por parte del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Distribución del Ingreso (FSSRI) a Electricaribe para aplicárselos a los usuarios y que, según investigación de la Contraloría General, terminaron en sus alforjas. Quién va a asumir la deuda contraída por Electricaribe con los bancos, con los generadores y con sus proveedores.

Son interrogantes que inquietan. En todo caso, se dejó establecido en el Plan que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”. Esta última es una especie de cortafuego con el fin de poner a salvo al nuevo operador de red en la región. Cabe preguntarse si el mismo será suficiente.

Tal vez, teniendo en cuenta el riesgo implícito en estas operaciones financieras, el Gobierno nacional para “garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energía en la costa Caribe”, facultado por la Ley 2010 de 2019 de crecimiento, creó “un vehículo para la inversión de recursos en instrumentos de capital emitidos por empresas de energía oficiales, privadas o mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y recompra, entre otros”. Esta medida es una especie de Plan B, que deja abierta la posibilidad de que el Estado asuma la operación del mercado al cual sirve Electricaribe en su totalidad o uno de los dos mercados en que se segmentó (Caribe Sol y Caribe Mar).

Ello es tanto más pertinente en cuanto que, hasta ahora, todas las medidas que se han tomado y las inversiones realizadas se han dado haciendo abstracción del pleito pendiente con Naturgy y de la decisión que tome el tribunal, que pende sobre el proceso que se viene dando para reemplazar a su subordinada como operadora como una espada de Damocles. Y digo esto habida cuenta que, en la eventualidad de un laudo arbitral contrario a los intereses de la Nación, todo lo invertido en Electricaribe y los compromisos asumidos por cuenta de ella irían a parar íntegramente a fondo perdido.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE