Categoría: Opinión

El exministro Amilkar Acosta se adentra en el estudio y análisis de la actual coyuntura económica y social del país, agravada por la pandemia de la Covid-19, y otea el panorama hacia el futuro, así como las acciones remediales y de mitigación de sus desastrosos efectos. 

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

11 de julio de 2020.   Han transcurrido más de cien días desde el 6 de marzo, cuando la pandemia de la Covid-19 tocó a las puertas de Colombia y el Ministerio de Salud confirmó el primer contagio en Cartagena, obligando al Gobierno a tomar medidas de prevención primero, de contención después y posteriormente de mitigación, que es la fase en la que estamos, a la espera de que se aplane la curva y se llegue al pico de los contagios, sin descartar un eventual rebrote.

Las medidas de confinamiento de la población han repercutido en una virtual parálisis de la economía, afectada además por la caída de los precios y la producción tanto del petróleo como del carbón. Su impacto en el empleo, en el ingreso y en el bienestar de los colombianos no tiene antecedentes, tanto por su magnitud como por su persistencia, poniendo a prueba la estructura económica y social del país.

Según las estimaciones, optimistas por lo demás, del Ministerio de Hacienda, reveladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la caída del PIB este año sería del –5.1%, y pensando con el deseo proyecta un efecto rebote del crecimiento que se traduciría en un incremento del PIB el año entrante de 6.6%.

Pero todo indica que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla estaría, como diría el escritor mexicano Octavio Paz, a las afueras de la realidad. En efecto, según el FMI el decrecimiento de la economía colombiana en 2020 sería de –7.8% y para el año entrante su proyección de crecimiento no supera el 4.0%, yéndonos bien.

El de este año sería el peor desempeño de la economía colombiana en más de cien años y la más devastadora de las crisis, superando en sus estragos la crisis de la deuda de los años 80 del siglo XX, la de 1999 y la más reciente, la crisis financiera 2008 – 2009.

La curva de la tasa de desempleo no se aplana

Colombia había tardado 15 años, contados desde 1999, para alcanzar una tasa de desempleo de un solo dígito, pero la dicha sólo duró 6 años, entre 2013 y 2018, pues a partir del 2019 volvió a registrar una tasa de desempleo de 10,5%. Y, lo que es peor, la tasa de informalidad laboral se situó para ese mismo año en 47%.

Con la contracción de la economía la destrucción de empleo elevó aún más el desempleo y la informalidad, la mayor parte de estos ocupados por cuenta propia. Según ANIF, la pérdida de empleo formal podría situarse en un intervalo que va del 18,5% al 22,5%. Entre tanto, según la misma fuente, el 68,2% de la población ocupada en situación de vulnerabilidad eran trabajadores informales y representan el 44,8% del total de trabajadores informales del país.

Entre marzo y abril se perdieron cuatro millones de empleos, 1 de cada 5 de quienes estaban trabajando quedaron cesantes y en mayo, dado que en este último mes empezó la reapertura gradual de la actividad económica, se recuperaron 738.000.

No obstante, al flexibilizarse la medida de confinamiento, muchos de quienes permanecían inactivos retornaron a buscar trabajo, aumentando así la tasa de participación, lo cual explica que la tasa de desempleo entre un mes y el otro subió del 19,8% al 21,4%, la más alta desde que se tienen registros, la más alta de Latinoamérica y la más alta entre los 37 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Según el DANE, de los 4´694.000 desocupados en mayo, el 43,5% perdieron su empleo a consecuencia de la crisis.

El retroceso en los indicadores sociales

De acuerdo con un estudio adelantado por la compañía Kantar, el 80% de los hogares colombianos ha visto reducir sus ingresos en medio de la pandemia. Entre los meses de abril y mayo los hogares colombianos, especialmente los de los más bajos estratos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos percibe en promedio la suma de $1.068.000 mensuales, al perder el empleo, dejaron de devengar cerca de $10,5 billones, un punto porcentual del PIB.

Ello se tradujo en un aplastamiento de la clase media, categoría en la que de acuerdo con el DANE se ubicaban en 2018 14,9 millones de personas, el 30,8% de la población, ahora venida a menos.

Según el BID, la clase media que había alcanzado a representar el 30% de la población se redujo a sólo el 12,7. Pero el golpe más demoledor se siente en el aumento de la pobreza, al dispararse desde el 29,8% hasta el desconcertante 59,5%.

Ya lo había advertido el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía: “Se va a perder mucho de lo que se ha ganado en lo corrido del siglo”. Y no es para menos, una vez más el número de pobres volverá a superar al número de quienes se habían visto favorecidos por la movilidad social ascendente. Definitivamente, como lo acota Mejía, este choque, refiriéndose a la clase media, “les pega de una manera más profunda y seguramente más permanente”.

Con el propósito de salvar y rescatar a las empresas ad portas de su iliquidez, insolvencia y en no pocos casos de su liquidación, y de paso proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores, amén de la potenciación y ampliación de los programas asistenciales del Estado enfocados a los más vulnerables, el Gobierno se ha visto precisado a aumentar sensiblemente el gasto público, a tal punto que, según el MFMP al cierre de este año, en el que se planeaba un déficit fiscal de 2,2%, este será del orden del -8,2% ($80 billones, aproximadamente).

Sumando peras con manzanas

Huelga decir que el Gobierno Nacional no ha sido claro con las cifras y ha venido jugando con ellas. Se ha llegado a afirmar por parte del Ministerio de Hacienda que el gasto extra en el que ha incurrido la Nación al amparo de la Emergencia económica, social y ambiental I y II asciende a $117,7 billones. Ello justificaría, además de la suspensión de la Regla Fiscal, que ya se hizo, elevar en 15 puntos porcentuales la deuda pública este año, desde el 50,1% del año anterior hasta el 65,6% del PIB.

Sin embargo, a juicio del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, en plata blanca, los recursos comprometidos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para sortear esta emergencia apenas sí superan los $25,4 billones (2,4% del PIB), muy inferior al esfuerzo que han hecho otros países de la región, tales como Chile, Brasil y Perú, los cuales han dispuesto de paquetes de asistencia y subsidios del orden del 5,7%, 4,6% y 4,5% del PIB, respectivamente.

Es más, dicho Observatorio fue más lejos al afirmar que este manejo acomodaticio de las cifras, en las que se están sumando peras con manzanas, viola la Ley 1712 de 2014 de Transparencia. Y tiene toda la razón, pues a lo gastado efectivamente en la emergencia (transferencia de recursos para la salud, subsidios a la nómina, pago de primas, los programas de Familias en Acción o Ingreso Solidario, etc.) no se le pueden sumar olímpicamente la “capacidad de colocación de crédito garantizado” a través del Fondo de Garantías ($60,2 billones), el “mayor desahorro permitido del FONPET a las entidades territoriales” ($1,84 billones) y medidas del Banco de la República para darle liquidez a los bancos comerciales($23 billones), entre otros, para concluir que el tamaño del paquete de estímulo fiscal del Gobierno es de $117,7 billones, una suma estrafalaria sacada del sombrero, del orden del 11,03% del PIB.

La necesidad de los “ventiladores”

Ahora bien, como lo sostiene El Tiempo, “asumir que todos los gastos extraordinarios generados por la pandemia, 2.5% del PIB, desaparecerán el año entrante es una apuesta arriesgada”. De modo que plantear, como lo hace el MFMP, que el gasto público bajará más de 3 puntos porcentuales del PIB el año entrante, desde el 23,8% del PIB hasta el 20,7% es totalmente desatentado, pues la crisis se prolongará más allá de diciembre de este año, lo que hará imperiosa la necesidad de mantener los “ventiladores” a las empresas y a la población vulnerable por un tiempo más prolongado. De otro modo se abortaría la reactivación en ciernes que empieza a mostrar los primeros retoños, aún verdes. Ello, desde luego, demandará más recursos. Tampoco es realista plantear una reducción del déficit fiscal en algo más de 3 puntos porcentuales del PIB entre este año y el entrante, pasando del -8,2% al -5,1%.

Según el MFMP, sólo en 2022 se requerirá un mayor esfuerzo fiscal tendiente a elevar los ingresos desde el 15,6% del PIB en 2020 al 17,4%, es decir 2,2 puntos porcentuales del PIB adicionales, equivalentes a $20 billones, aproximadamente. La política keynesiana que se puso en marcha, caracterizada por el activismo del Estado para dinamizar la economía, no se puede abandonar sin poner en riesgo lo alcanzado hasta ahora.  

Definitivamente los tiempos del Ministerio de Hacienda no son los de la economía, cuyo cronómetro seguirá marcando las horas. No hace sentido postergar, como lo plantea el MFMP, la reforma tributaria que se requerirá para arbitrar los recursos en orden a enjugar el déficit fiscal y servir la abultada deuda que heredará la próxima administración. Esta reforma tributaria no se puede aplazar por simples cálculos políticos más allá del año entrante, con el fin de desactivar la bomba fiscal que está a punto de estallar.

Esta reforma, obviamente, además de ser estructural, debe empezar por desmontar el cúmulo de gabelas impositivas injustificadas, que le cuestan al fisco 6,6% del PIB, que han perforado la base tributaria, al punto que el Estatuto Tributario, vigente desde 1989, se asemeja más a un queso gruyere, al tiempo que debe disponer de medidas drásticas para suturar la vena rota que constituyen la evasión y la elusión fiscal. Sólo así se podrá cumplir con lo preceptuado por el artículo 363 de la Constitución Política, en el sentido que el Sistema Tributario debe fundarse en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, los cuales, según la Comisión del gasto, creada mediante la Ley 1819 de 2016, “no cumple”.

A Napoleón Bonaparte se le atribuye esta frase: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una Comisión”. Y esto último fue lo que hizo el Gobierno, nombró una Comisión para que adelantara un “estudio de beneficios tributarios”, facultado para hacerlo por la Ley 2010 de 2019, la cual fue reglamentada por la Resolución 1046 del 27 de abril. Y en esta se dispuso que el plazo que tendrá dicha Comisión para presentar su propuesta es de 18 meses “contados a partir de la designación de los miembros expertos internacionales” y esto último sólo se dio el 17 de junio a través del decreto 855 de 2020. Es decir, que dicho plazo se extiende hasta diciembre de 2021.

Ante la reticencia del Gobierno a tramitar prontamente una “reforma fiscal de amplio espectro”, como la que se plantea en el MFMP, opta por la línea del menor esfuerzo, el de las privatizaciones, en procura de $12 billones. Como ya lo habíamos advertido, en uno de los últimos decretos–ley expedidos al amparo de la Emergencia económica, social y ambiental 2.0, el 811 del 4 de junio, previsivo el ministro Carrasquilla, se invistió al presidente Iván Duque de la facultad para enajenar “la participación accionaria del Estado… que posea en determinada empresa” listada en Bolsa.

En su capítulo II se establecieron las “disposiciones especiales para la enajenación de acciones de la Nación en sociedades inscritas en Bolsa”. Ello tiene nombre propio, se trata de un nuevo intento de vender las dos joyas de la corona, ISA y ECOPETROL, que ha sido recurrente en este Gobierno. Pero, abrigo la esperanza que esta vez, como en las anteriores, los colombianos impedirán que se vendan estos activos estratégicos de la Nación, como quien vende la nevera para ir a mercar.

Los retos de la postpandemia

Sin saber cuándo se empezará a aplanar la curva de contagios ni cuándo se alcanzará el pico de la pandemia, no obstante, ya se han dado los primeros pasos tendientes a reactivar la actividad productiva, después de casi un semestre de letargo y así recuperar la senda de crecimiento.

En el entendido que la economía colombiana deberá crecer más y mejor hacia el futuro. Entre 2010 y 2019 el crecimiento promedio del PIB fue de 3,6% y, según las proyecciones de la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings, entre 2020 y 2029 dicho crecimiento sería de un anémico 2,6%, insuficiente para generar empleo en lugar de seguir destruyéndolo, que era lo que venía sucediendo incluso antes de la actual crisis atribuible a la pandemia.

Hemos dicho que más que una reactivación lo que se impone hacia el futuro es una reestructuración de la economía, que pasa por su modernización y diversificación, las cuales demandarán ajustes en el mercado laboral. Hay que partir de la base que así como muchas empresas sobrevivirán a la actual coyuntura, muchas otras están sucumbiendo a ella, de la misma manera que muchos de los empleos destruidos no se van a poder recuperar ni el corto ni en el mediano plazo.

De allí la importancia de la implementación por parte del Estado de un plan de choque de rescate de empresas, especialmente las micros, pequeñas y medianas, así como también se hará necesaria una estrategia que permita la creación de empleos de emergencia, así sean temporales.

Proyectos como la ejecución de un ambicioso programa de construcción de vías terciarias es un buen ejemplo de lo que se debe hacer, porque, además de ser intensivas en mano de obra, contribuyen a desembotellar amplias zonas rurales del país en donde la producción agrícola está confinada por falta de vías de acceso. Con tal fin se podría disponer de los recursos remantes que permanecen sin ejecutarse aún en el Sistema General de Regalías (SGR) cifrados en $6 billones.

Ello es tanto más urgente habida cuenta que el estímulo a la oferta sin respuesta por el lado de la demanda es insostenible. Una de las lecciones aprendidas de esta crisis es la fragilidad de un mercado laboral en el que prima la informalidad, de allí que uno de los mayores retos sea promover la formalización laboral. Y la mayor “flexibilización”, como oportunistamente la plantean algunos, riñe con la formalización, pues la misma tiende a precarizar aún más de lo que está el trabajo, so pretexto de “formalizarlo”.

Se impone también la necesidad de implementar un programa intenso de reconversión laboral, ya que muchas de las empresas, de todas las ramas y tamaños, por fuerza de las circunstancias, han tenido que introducir cambios tecnológicos, tales como la automatización y la digitalización, amén del teletrabajo, de suerte que ello puede dar pie a un desacople entre la oferta y la demanda laboral. En ello pueden jugar un papel importante el SENA y los institutos tecnológicos; es más, desde ya se pueden ofrecer dichos programas aprovechando que se prolonga el aislamiento preventivo en los hogares. Como bien dijo Schumpeter, “difícilmente se mantienen algunas de las formas de hacer las cosas que fueron óptimas antes”, lo cual lo llevó a formular su conocida teoría de la “destrucción creativa”.

Volver al campo

Mención aparte merece la atención al campo colombiano, al que desde hace tres décadas se le dio la espalda. Con la apertura atolondrada que se decretó en 1991 se arrasó con la producción agrícola y se abrió el país a la importación masiva de los excedentes agrícolas de otros países, en especial desde EEUU. El primer impacto fue la contracción del área cultivada que, excluyendo el café, se redujo en “936.255 hectáreas entre 1990 – 1999. Así las cosas, el 25% del área cultivada en 1990 había salido de la producción”.

Más recientemente, el área sembrada en el país en lugar de ampliarse se ha seguido reduciendo. Ello se puede constatar al cotejar el resultado del Censo Agropecuario adelantado en 2014, que daba cuenta de 7,1 millones de hectáreas cultivadas, con las 5,3 millones de hectáreas que reportó la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) cinco años después, en 2019, de 43 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, esto es, el 12.3%. Una vez más, el área cultivada se redujo en un 25%, esta vez en un lustro, al tiempo que el sector agrícola pierde participación en el PIB, al punto que después de haber alcanzado el 18% en 1990 hoy a duras penas contribuye con el 6.3%, la tercera parte y siempre creciendo por debajo del crecimiento del PIB total.

Ello explica que Colombia, dotada de agua, suelo y con todos los pisos térmicos, catalogada por la FAO como una de los primeros diez países en el mundo por su potencial para contribuir con la seguridad alimentaria a nivel global, después de importar 750.000 toneladas de alimentos en 1990, en 2009 ya importaba 8 millones de toneladas y diez años después, en 2019, 14 millones de toneladas. Y ello, a pesar de que en 1991 se consagró en el artículo 65 de la Constitución Política que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Esto es insólito, inaudito, máxime que, como dijera el reconocido agricultor, biólogo y filósofo japonés Masanobu Fukuoka, “la alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo”.

Por ello, me parece de la mayor importancia la propuesta del “revolcón agrario nacional” del experto en el tema Andrés Espinoza Fenwarth y comparto su invitación a imitar el “milagro agropecuario peruano y en particular la Ley de Promoción Agraria de Estado, que declara la agricultura de interés nacional.”

Y por qué no, seguir también el ejemplo de El Cerrado en Brasil, que ha hecho de este país una potencia agrícola a nivel mundial. Para ello, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y CORPOICA pueden servir de punta de lanza en dicho propósito. Al fin y al cabo, según el mismo artículo 65 de la Constitución Política, entre las funciones del Estado está promover “la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.

Claro está que estas medidas deben estar precedidas o ser concomitantes con la Reforma agraria integral pactada en el Acuerdo final con las FARC y reglamentado mediante el Decreto 902 de 2017, que tiene en el catastro multipropósito, ya en marcha, una de sus principales herramientas para lograr la formalización de la propiedad y la tenencia del 54,31% de la tierra. Esta es una oportunidad de oro, además, para poner en práctica las muy atinadas recomendaciones de la Misión Rural, que tuvo por jefe y orientador el ex ministro José Antonio Ocampo.

Epílogo

Concluyo citando un aparte de una columna del ex codirector del Banco de la República y rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, como epílogo de este texto:

“Sí, Colombia no será la misma después de esta crisis. Vista de otra forma, la pandemia es una oportunidad para construir un país más equilibrado en su desarrollo económico y social entre las regiones, estratos, grupos étnicos y géneros. Una sociedad donde cada ciudadano tenga garantizado un nivel de vida digno. Tendremos que avanzar hacia un país donde se aplane la curva de la desigualdad en las oportunidades”.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Pese a casi tres siglos de evolución y a sus desarrollos teóricos, los cuales le merecieron entrar a la galería de los premios Nobel desde 1968, mucho se ha discutido si la economía como disciplina es una ciencia.  

Por: AMYLKAR ACOSTA M.*

3 de julio de 2020.  Del economista se ha dicho que “es alguien que explicará mañana por qué lo que predijo ayer no se ha cumplido hoy”; que ve algo que está funcionando en la práctica y se pregunta “si funcionará en principio”.

En la medida en que no es ni ha sido una ciencia exacta, sino una ciencia social, se nos endilga a los economistas la falta de rigor científico y la carencia de un método que pueda reputarse como tal. La complejidad de su objeto de estudio y su mutación permanente hacen de él un blanco móvil, inasible y en ocasiones confuso y difuso.

Todo análisis de la sociedad, ya sea desde la perspectiva de la sociología, de la historia, de la ciencia política o de la ciencia económica, conlleva una cierta carga de subjetividad e ideología. Por ello, no es dable esperar de ellas dogmas o doctrinas universales, que las anquilosarían; se caracterizan más bien por una constante lucha dialéctica desde polos opuestos, entre una y otra interpretación. De allí que hayan surgido distintas concepciones y diferentes escuelas del pensamiento económico.

Las discrepancias de unas escuelas con otras van desde sus concepciones y conceptualizaciones divergentes, pasando por el marco teórico, hasta la terminología empleada; todo lo cual dificulta, y de qué manera, la comprensión y el entendimiento entre las diversas escuelas económicas.

A este propósito, el profesor Beethoven Herrera trae a colación dos ejemplos sumamente ilustrativos: la traducción literal al español del título en inglés de la obra del Nobel de economía Amartya Sen, ‘Desarrollo como libertad’, terminó desvirtuando totalmente su contenido. Para el autor, ‘Desarrollo y libertad’, que fue su título en español, no es lo mismo que ‘Desarrollo como libertad’. En el primer caso se conciben el desarrollo y la libertad como dos procesos coetáneos, independientes y paralelos; en el segundo, la libertad antecede al desarrollo, pues para Amartya Sen esta es condición imprescindible de aquel.

El otro ejemplo hace alusión a lo que aconteció recientemente con la obra del Nobel Joseph Stiglitz, que se convirtió rápidamente en un best seller. Su título original en inglés La gran desilusión, quedó convertido por cuenta del marketing, al momento de traducirse al español, en El malestar en la globalización, que no es lo mismo. Y así podríamos arribar a una confusión de lenguas, dificultándose el diálogo y los consensos.

Tal vez a ello se atribuya por parte de Sir Winston Churchill el que “Si metemos a dos economistas en una habitación, saldrán de allí con dos opiniones diferentes, a menos que uno de ellos sea Lord Keynes, en cuyo caso obtendremos tres”, o el gracejo de George Bernard Shaw, cuando afirmó que “si tendiéramos a todos los economistas en el suelo, uno a continuación de otro, no se llegaría nunca a una conclusión”

Por muchísimos años el trabajo en las ciencias sociales se circunscribió a la búsqueda y hallazgo del acervo de datos y cifras, que luego servirían de base para demostrar ciertas hipótesis, tratando de establecer las relaciones o correlaciones entre distintas variables, en procura de obtener unos resultados no pocas veces deleznables.

Hoy en día prima el razonamiento teórico sobre el cúmulo de información que nos abruma, el cual permite desenredar la madeja de los cada vez más complicados procesos socioeconómicos de los cuales da cuenta. En este sentido, ya para 1967 Lauchlin Currie insistía “en la prioridad de una preparación básica en teoría económica en los términos más sencillos y menos técnicos que fuera posible”, al prevenir sobre los riesgos de que la formación del economista se inclinara más por la economía cuantitativa. Según él, ésta en cierto modo era una especie de “escape del mundo confuso e insatisfactorio de las ciencias sociales, de donde pueden excluirse los legos y los economistas pueden escribir y conversar entre sí como ´verdaderos´ científicos”.

También alertaba Currie sobre los peligros que entrañaba entremezclar la formación del economista propiamente dicho, con la de disciplinas afines, como son la administración, que para él era una ocupación y la planeación que la asumía como un arte.

Para su época no se había desarrollado aún la econometría, pero sí se empezaba a incursionar en la programación lineal, poniéndola al servicio de ciencia económica. Al referirse a ella se dolía de que “lo que debiera ser una herramienta altamente especializada de análisis económico está viniendo a reemplazar a la economía en sí, y los economistas se están convirtiendo únicamente en aquellos que pueden manejarla”.

Y concluye sus disquisiciones llamando la atención sobre el hecho de que, por esa vía, estábamos llegando al punto donde se sabía más y más con respecto a menos y menos.  

Según afirma el ex codirector del Banco de la República y ex presidente de ANIF Sergio Clavijo, “la labor analítica requerida en este nuevo siglo es más exigente, pues las piezas del rompecabezas científico se han venido expandiendo a medida que los países se desarrollan y se profundiza el intercambio cultural de bienes y servicios.

Dicho de otra manera, el nuevo siglo exige talentosos profesionales que cuenten con un mejor discernimiento científico para evitar perderse en la abundancia informativa”, y para no confundirse en medio de tantas fórmulas y modelos abstrusos, perdiendo el hilo conductor que no es otro que la base conceptual. Ello es tanto más necesario, cuando se observa cuán a menudo se suele confundir los medios con los fines, y las causas con las consecuencias, a la hora de formular o de poner en práctica la política económica.

Tendencias económicas en Colombia

En el país han hecho carrera dos tendencias muy definidas en cuanto a la formación académica del economista. La una ha puesto el énfasis en la formación teórica, básica; la otra ha tendido a ser más pragmática y aplicada.

Ambas tendencias han estado influidas por las corrientes teóricas en boga, ora la del desarrollismo, ora la de la escuela de Chicago o la cepalina de Raúl Prebish. A este último le cupo el mérito de haber contribuido a forjar un modelo propio, que tuvo su vigencia y operatividad, muy criticado hoy en día, pero no superado por el nuevo modelo impuesto a partir del Consenso de Washington, pues hoy no estamos mejor que cuando estuvimos peor.

Uno de los retos de lo que tenemos algún grado de responsabilidad, ya sea como docentes o investigadores, directivas y estudiantes, es el de ser capaces de reformular y replantear nuestro modelo, de tal modo que responda más a nuestras especificidades y singularidades, sin perder la perspectiva, desde luego de la economía global. Esta, per se, no es ni buena ni mala, es simplemente una realidad a la que se le saca ventaja o se le padece, según cómo se administren las asimetrías entre unos países y otros, que son una realidad no pueden ignorarse a la hora de reglarla, si es que ello es posible.

Según la señora Robinson, nuestra labor como economistas no es decir lo que debe hacerse, pero si advertir cuando lo que se hace no está de acuerdo con los buenos principios. Para ello hay que superar las tendencias al encasillamiento teórico y las tendencias fundamentalistas.

No hay que temer al eclecticismo como lo entiende Bobbio, resultante de tomar lo que nos sirva de cada uno de los modelos conocidos, con el pragmatismo con el cual China acopló el mercado a sus propias condiciones, no dejando que sus leyes funcionen sino haciéndolas funcionar en beneficio de su crecimiento y desarrollo económico, perfilándose como una gran potencia económica.

La heterodoxia no tiene por qué ser irresponsable. Nos podemos apartar de la ortodoxia sin abandonar la disciplina fiscal. Cuando la medicina tradicional agota sin éxito sus recetas, no es insensato ensayar las recetas de la medicina alternativa.

Gabriel García Márquez afirmaba que “nuestra virtud mayor es la creatividad y, sin embargo, no hemos hecho más que vivir de doctrinas recalentadas y guerras ajenas.”

Creo que sigue teniendo actualidad una de las conclusiones de un estudio de la Unión Panamericana, citada por el profesor Currie: “El mayor valor de una buena educación económica radica en la forma de pensar y en los métodos de abordar los problemas que ella confiere… Para alcanzar este objetivo, sin embargo, se requiere no solamente un cambio en la manera de enseñar, sino también una disminución en el énfasis puesto sobre la acumulación de material informativo y el número de cursos”. Ello es tanto más válido habida cuenta de que ya no estamos formando profesionales de la economía que han de desenvolverse en el estrecho marco de las fronteras patrias, sino al ciudadano de la aldea global.

Una gran lección

A este respecto, viene como anillo al dedo la anécdota contada por Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, de la cual podemos extraer una gran lección. Cuenta él que hacía algún tiempo había recibido una llamada de un colega. Estaban a punto de ponerle un cero a un estudiante por la respuesta que le había dado a un problema de física, pese a que éste se sostenía en que su respuesta era la correcta. Profesores y estudiantes acordaron pedir un nuevo calificador y el elegido fue él. Comenzó por leer la pregunta del examen que a la letra decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: lleve el barómetro a la azotea del edificio y átele una cuerda bien larga; luego, descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio.

En efecto, el estudiante había planteado un problema con la forma ingeniosa como resolvió el ejercicio, por que él había respondido a la pregunta correcta y completamente. No obstante, si se le concedía la máxima puntuación, al obtener una nota más alta, ello certificaría su alto nivel de conocimientos en física; empero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugirió, entonces, Ernest que se le diera al alumno otra oportunidad. Fue así cómo le concedió seis minutos para que le respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en su respuesta debía demostrar su dominio de la física. Pasados cinco minutos el estudiante no había contestado nada. Le preguntó, entonces, si deseaba retirarse, pero el alumno le contestó al profesor que él tenía muchas respuestas al mismo problema. Su dificultad estribaba en elegir la mejor de todas. Le rogó, entonces, que continuara, no sin antes excusarse por haberlo interrumpido. En el minuto final que le quedaba, sorpresivamente escribió la siguiente respuesta, que dejó atónito al profesor: tome el barómetro y láncelo al suelo desde la azotea del edificio, tome el tiempo de caída con un cronómetro; luego aplique la fórmula de un medio de la altura por la aceleración de la gravedad y por el cuadrado del tiempo y así obtenemos, como producto, la altura del edificio.

En ese momento, cuando el estudiante entrega su examen, el profesor indaga a su colega si lo dejaba retirar del salón de clases en donde se estaba realizando la prueba, a lo cual este asintió, conviniendo en asignarle la nota más alta.

Luego el profesor Ernest se encontraría, de sopetón y fuera de la clase, al estudiante y no pudo vencer la curiosidad por conocer cuáles eran sus otras respuestas a la pregunta, ya que lo había dejado intrigado. Bueno, respondió el estudiante, hay muchas alternativas: por ejemplo, tome el barómetro en un día soleado y mida la altura del barómetro y la longitud de su sombra; si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción obtendremos también, de este modo, la altura del edificio.

Perfecto, le dijo, ¿ahora cuéntame cuál podría ser otra forma? Sí, contestó el alumno, este otro procedimiento para medir un edificio es muy sencillo, diría que elemental, pero también sirve. Veamos: en este método, se toma el barómetro y se sitúa en las escaleras del edificio, en la planta baja, según se suben las escaleras se va marcando la altura del barómetro y se cuenta el número de marcas hasta la azotea. Se multiplica al final la altura del barómetro por el número de marcas que se ha hecho y listo, así se obtiene la altura. Este último método es muy directo.

Por supuesto, continuó diciendo el estudiante, si prefiere un procedimiento más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea la gravedad es cero y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura del edificio. En este mismo estilo, se ata el barómetro a una cuerda y se lo descuelga desde la azotea a la calle; usándolo como un péndulo se puede calcular la altura midiendo su período de presesión.

En fin, concluyó el aventajado alumno, existen muchas otras maneras de establecer la altura del edificio en cuestión, y continuó diciendo, pero probablemente la mejor de todas sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del portero y cuando éste abra, decirle que tengo un bonito barómetro y si me dice la altura del edificio se lo regalo.

En este momento de la conversación, el profesor le pregunta al alumno si él conocía la respuesta convencional a la pregunta (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares). La respuesta fue más sorprendente todavía: Claro que sí la sabía, pero que sólo le molestaba que durante sus estudios sus profesores habían intentado a todo transe enseñarle a pensar.

El estudiante resultó ser Niels Bohr, físico danés, premio Nóbel de física en 1922, más conocido por haber sido nada menos que el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodean. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica.

La gran moraleja de esta anécdota no es otra que, si alguna pertinencia tiene la formación que se imparte al economista, consiste en su orientación a promover y fomentar el espíritu investigativo, la creatividad, para así contar con profesionales capaces de pensar con cabeza propia, sin grilletes ideológicos, sin prejuicios por camisa de fuerza.

Los conocimientos son muy importantes, más no suficientes; tanto o más importantes que ellos son la capacidad de pensar y la idoneidad para el discernimiento. Aunque suene presuntuoso, además de formar pensadores, las facultades en donde se forma al economista o se sirve dicha asignatura para otras disciplinas del saber, es también importante que los egresados se entrenen en plasmar sus ideas en la práctica, pues es consabido que un número creciente de ellos leen mal y escriben peor.

_*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Análisis del exministro Amilkar Acosta sobre la coyuntura que atraviesa el mundo y particularmente Colombia.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA

17 de junio de 2020.  La crisis económica global, que se ha visto exacerbada por la pandemia de la Covid–19 y las medidas que se han tomado para su contención, han obligado a los gobiernos a disponer acciones tendientes a evitar su agravamiento, evitando que muchas empresas pasen de la iliquidez a la insolvencia y de esta a la quiebra, aprisionadas por un choque del lado de la oferta y del lado de la demanda simultáneamente tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, sacudida por la caída de los precios de las materias primas, el colapso del turismo y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros.

De ahí que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB mundial, que antes le apostaban al repunte, después de un largo letargo, ahora todas las proyecciones para este año están en terreno negativo.

Y no es para menos, después de semejante frenazo de la actividad económica. Según las Perspectivas económicas de la OCDE, la economía global registrará este año una recesión sin precedentes, de -6% si la pandemia “permanece bajo control” y de -7.6% en caso de una segunda ola, al tiempo que prevé una leve recuperación del 2.8% para el 2021.

Su economista jefe Laurence Boone vaticina, además, que “la pérdida de ingresos superará todas las recesiones anteriores de los últimos cien años”. Y de contera, según cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el comercio global se reducirá en 32%, mucho peor que el registrado durante la crisis financiera internacional de 2008 – 2009.

Todo indica que Latinoamérica será la región que llevará la peor parte, de hecho, antes de esta crisis el ritmo de crecimiento de su economía venía rezagado con respecto a la media mundial.

Según proyecciones del Banco Mundial, la contracción del PIB en Latinoamérica y el Caribe en 2020 será del -7.2%, más de tres veces mayor que la registrada a raíz de la crisis financiera en 2009, que fue de -1.9% y la de la crisis de la deuda en 1983, cuya pérdida fue de -2.5%. Según la CEPAL, la economía de la región podría caer este año entre -5.3% y -7% y quizá lleguemos al -8%, algo nunca visto.

Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y dolorosa. Al preguntarnos por la forma que tomará, si será en V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo, encontramos una respuesta plausible en Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía del Desarrollo de la Kennedy School of Government University de Harvard. Según él, dicha recuperación tomará la forma del logotipo de Nike (), una recuperación muy lenta después de una caída brusca, de tal suerte que no es dable esperar volver a los niveles de 2019 antes de 2022.

En este contexto, resulta demasiado optimista la aspiración del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de un crecimiento del PIB para el año entrante “por lo menos al 5%” e “incluso del orden del 6%, como pensamos que va a suceder”, contrastando con las proyecciones del Banco Mundial y el FMI para el 2021 del 3.6% y 3.7%, respectivamente.

La recuperación de la economía colombiana estará lastrada por las secuelas que se derivan de la onda recesiva en curso, que ha elevado sensiblemente la tasa de desempleo, la cual registró en abril, primer mes de la cuarentena, el 19.8%,la cual subiría, según FEDESARROLLO, hasta el 30% si se le suman los inactivos, con tendencia a su agravamiento. El desempleo afecta el ingreso, así como también al consumo y este, que representa casi el 70% del total de la economía, es el gran impulsor del crecimiento del PIB.

En cuanto al sector externo, además de la contracción del comercio internacional, Colombia enfrenta un estancamientoinveterado de sus exportaciones, las cuales dependen en una altísima proporción de las materias primas, especialmente del carbón y el petróleo.

Colombia ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica en diversificación de sus exportaciones, apenas supera a Venezuela. El bajo índice de exportaciones per cápita (US $1.000) no mejora, pese a los 16 tratados de libre comercio firmados en los últimos veinte años. Como afirma el ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo “nos hemos concentrado mucho en firmar tratados, pero no en aprovecharlos”.

A repensar el modelo económico

De allí que, para salir del atolladero en que está patinando la economía, se requiere cambiar el modelo económico por otro más sustentable, diversificando la economía, su oferta exportadora y los mercados externos. Lo advirtió la CEPAL al cierre del año anterior, mucho antes de la pandemia, en su Informe preliminar: “América Latina debe repensar su modelo económico para reducir la desigualdad, telón de fondo de la crisis social que está atravesando la región… En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”. ¡A pensar, entonces, fuera de la caja!

Es inadmisible que siga haciendo carrera en el país el gracejo, porque no es otra cosa, inspirado en la concepción neoliberal, según el cual la mejor política industrial es no tener política industrial y la mejor política agrícola es no tener política agrícola. Ello ha sido nefasto para la economía y para el país.

A la vista está que el crecimiento potencial del PIB bajó desde el 4.8 en 2012, insuflado por el largo ciclo de precios altos de las materias primas, a sólo el 3.5%, en el que permanece y lo más grave es que en los últimos 5 años el crecimiento del PIB ha estado por debajo de ese magro crecimiento potencial.

A este ritmo Colombia tardará muchos años para volver a tasas de desempleo de un solo dígito, así como para recuperar el terreno perdido por cuenta de la actual crisis en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Máxime cuando a consecuencia de la actual crisis se estima un aumento de 15 puntos porcentuales en el índice de pobreza, elevándose la cifra de pobres en 7.3 millones más con respecto a 2019. Y no hay que perder de vista que, como lo presagia el rector de la Universidad del Norte Adolfo Meisel, refiriéndose a los vulnerables, “la pérdida de estatus que sufrirán millones de personas puede derivar en un resentimiento creciente”, una bomba de tiempo social.

Según el ex presidente de ANIF Sergio Clavijo, con el anémico crecimiento actual del PIB de Colombia, esta tardará 45 años para equipararse con el ingreso per cápita de Chile, que es de US$15.300, en contraste con los US$4.500 de Colombia. Entonces, más que una reactivación lo que requerirá la economía colombiana es una reestructuración, una reconversión, no sólo para crecer más sino para crecer mejor. Como dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, se debe “crecer para igualar e igualar para crecer”, ya que “una mejor distribución del ingreso, además de disminuir el número de pobres, refuerza el crecimiento”. De acuerdo con el FMI, el PIB per cápita de Colombia ha estado congelado los últimos veinte años.

Pero este cometido no se podrá lograr con el Estado enclenque que hemos tenido, el cual se ha venido arrinconando y desvalijando con el pretexto de que es muy mal administrador, que no debe invadir el ámbito y el rol de las empresas privadas que, según los talibanes del neoliberalismo, lo hacen mejor.

La Constitución de 1991, al tiempo que estableció que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”, dispuso que “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado”. Pero este último precepto es letra muerte para quienes consideran al Estado como un estorbo, eso sí hasta que necesitan de él, apelando al mismo como el buen Samaritano. A guisa de ejemplo, a raíz de la crisis financiera de 1999 fue el denostado Estado el que salió en auxilio de la banca hasta sanearla metiéndole la mano al bolsillo de todos los colombianos.

Por fuerza de las circunstancias y muy a su pesar en Colombia como en el resto del mundo, muchos mandatarios tuvieron que recurrir a las políticas de corte keynesiano sin compartirlas para mantener a flote a la economía y a la sociedad. Pero no falta quienes, distantes como están del pensamiento de Keynes, como el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, han salido a decir que “Keynes puede tener razón cada 80 años”. Sí, cuando sobrevienen las crisis cíclicas inmanentes al sistema capitalista, así como las posibles contingencias hace menester contar con el cuerpo de bomberos y una vez superada la emergencia deben volver a sus cuarteles. Es lo mismo que sugiere Echeverri:  “la ironía del keynesianismo es que es un analgésico tan potente, que solamente debe ser administrado por un anestesiólogo no keynesiano (Ministro de Hacienda). Pues debe retirar el sedante tan pronto el paciente deje de sentir dolor. De lo contrario se puede hacer adicto a los opioides”. A lo que invita Echeverri es volver a las mismas con las mismos. Pero bien dijo Einstein, al definir la locura, que esta consiste en “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Una de las lecciones aprendidas de esta crisis es la necesidad de contar con un Estado, capaz de cumplir su papel, en este caso la dirección general de la economía, así como también cumplir y hacer cumplir el Estado Social de Derecho estatuido en el artículo 1º de la Carta.

La Constitución de 1991 es supremamente garantista, pero el Estado ha demostrado su incapacidad de hacerlo valer. El caso más patético salió a relucir a raíz de la pandemia del COVID-19, que sorprendió al país con un Sistema Nacional de Salud que se ha visto a gatas para atenderla, no obstante que la salud está consagrada como derecho fundamental. Lo propio podemos decir de la educación, que al tratar de implementarse su virtualidad se tropezó con medio país sin acceso a la red de internet y con la carencia de dotación de computadores en las escuelas y colegios. Amén del limitado alcance de la cobertura de los programas asistenciales del Estado.

El Estado se ha quedado corto a la hora de responder a los retos que le plantea la emergencia declarada por parte del Gobierno. De allí que tuviera que echar mano de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensión Territorial (FONPET) del Sistema General de Regalías (SGR) de las regiones, como principal fuente de financiación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Se tuvo que flexibilizar la Regla fiscal elevando el umbral del déficit hasta el –6.1%, muy distante del 2.4 del 2019.

Pero, según estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el déficit fiscal este año superará el 8% del PIB y la relación deuda pública/PIB dará un salto de un nivel del 51.2% a cerca del 60% del PIB. Y más recientemente, ante la contundencia de los desafíos planteados por la actual crisis, el director de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda declaró que “por los indicadores que estamos teniendo, ese 6.1% del PIB parece más un piso que un techo. Qué tan grande va a ser el déficit lo determinan la magnitud de la emergencia sanitaria y su duración. Segundo, qué grado de progreso logre el país y qué tan rápido es esta reapertura gradual que se viene haciendo”.

Por ello, no es de extrañar la decisión tomada por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, apelando al artículo 11 de la Ley 1473 de 2011 que la estableció, una especie de cláusula de escape, de dar concepto favorable para la suspensión de su aplicación hasta el 2022 y en lo sucesivo se limitará a monitorear el desempeño de las finanzas públicas. Según los analistas del mercado financiero, tras esta determinación se puede derivar un aumento del riesgo crediticio, una desvalorización en títulos de deuda pública (TES) e incluso puede llegar a impactar negativamente la tasa de cambio.

Es más, ante la reticencia del ministro Carrasquilla para comprometer mayores recursos en apoyo de quienes han perdido el empleo o permanecen inactivos y sin ingresos, como una salida desesperada está planteando por parte del Gobierno que los propios trabajadores cesantes recurran a retirar sus cesantías y/o los ahorros de sus pensiones para autofinanciarse, poniendo en grave riesgo su estabilidad económica hacia el futuro.

Como si lo anterior fuera poco, la salida que se le ofrece a los adultos mayores de 65 años que no cuentan con una pensión, que son el 49.8%, como alternativa de ingresos la así llamada “hipoteca inversa”, que no es nada distinto a empeñar su vivienda, muchas veces su único patrimonio y la única heredad para los suyos, para recibir a cambio una mesada que le permita sobrellevar su congrua subsistencia. En su lugar se viene abriendo paso la iniciativa de establecer un ingreso mínimo garantizado a título de renta básica de un salario mínimo a los 9 millones de hogares más vulnerables.

Desde luego que nadie podía prever la magnitud de esta emergencia, pero también es cierto que esta puso al desnudo las vulnerabilidades de la economía y las finanzas públicas, además de las precariedades de más del 50% de la población colombiana. Basta con señalar que para el 2016, mientras el gasto público del Gobierno central representaba el 19.2% del PIB, el recaudo de impuestos a duras penas llegaba al 15.7%, de lo cual se derivaba un déficit estructural de casi 4 puntos porcentuales del PIB. Y, como es bien sabido, en virtud de la Ley de Wagner el gasto público crece inercialmente como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público en Colombia, según la Comisión del gasto integrada por el Gobierno en 2017, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual.

Y, aunque parezca una obviedad, la misma Comisión sostiene en su informe final que “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”. Y como lo sostiene uno de sus integrantes, Jorge Iván González, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas.

La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa”. Según los datos más recientes, en tanto que el recaudo impositivo en Colombia se sitúa en el 19.4% del PIB, según la CEPAL el promedio en Latinoamérica está en el 22.8% y el promedio en la OCDE es del 34.2%. Empero, las intenciones del ministro Carrasquilla, expresada con ocasión del trámite del proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2019, era reducir el gasto hasta el 15.4% del PIB en 2022. Ello, además de absurdo, es impracticable y menos después de esta debacle, cuando se demandará más y no menos Estado, más y no menos gasto público.

La necesidad de un pacto fiscal

Lo ha reconocido el propio ministro Carrasquilla, a sabiendas de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague: “La crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, más gasto público… pero también implica menos ingresos públicos… Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia”.

Ello torna ineluctable una nueva reforma tributaria para arbitrarle más recursos tanto a la Nación como a las entidades territoriales. De lo que se trata, entonces, es de establecer qué tipo de reforma será. A no dudarlo esta, al contrario de las dos anteriores, la Ley de financiamiento primero y la Ley de crecimiento después, que tuvieron un costo fiscal alrededor de los $10 billones, deberá incrementar sensiblemente el recaudo para tratar de tapar el enorme hueco fiscal. Y ello debido a que, con el espejismo de incentivar mayores inversiones y mayor generación de empleo por parte de las empresas se les redujo la carga impositiva, sin lograrlo, por la vía de ampliar aún más las gabelas impositivas que venían recibiendo.

En una de sus columnas recientes, el ex ministro y profesor de la Universidad de Los Andes Carlos Caballero Argáez acota a lo planteado por el ex gerente del Banco de la República Miguel Urrutia en su libro Política social para la equidad en Colombia, que “al contrario de lo que generalmente se cree, un planteamiento central del libro es que el nivel alto de impuestos no atenta contra el crecimiento económico. Afirmación que se sustenta en la experiencia de los países ricos a lo largo del siglo XX, que elevaron sustancialmente el recaudo de los impuestos sin afectar de manera negativa sus ritmos de crecimiento”. Eso sí, deja en claro que “en América Latina no han tenido mayor aceptación, por lo cual la tributación recae sobre los impuestos indirectos, de menor capacidad distributiva”.

Por lo demás, para justificar la baja en la tarifa del impuesto a la renta de las empresas, la proliferación de beneficios tributarios a las mismas, así como la oposición al gravamen a los dividendos y a la remesa de utilidades, se cabalga sobre la falacia de las altas tasas comparativas con respecto a otros países con los cuales compite Colombia, confundiendo deliberadamente la tarifa nominal con la tarifa efectiva.

Según la Comisión del Gasto Público, “el esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de recaudo; además, de que no cumple con los principios de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”. Por ello, juzgo plenamente justificada y comparto la demanda ante la Corte Constitucional contra el actual Estatuto Tributario por parte de la ONG Dejusticia, por violar flagrantemente el mandato constitucional que consagra los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

Según el ex ministro Caballero Argáez, “la política social sí tiene la capacidad para reducir la desigualdad en un país como Colombia”, pero “las limitaciones que impone el recaudo de los impuestos y la poca progresividad de una gran  parte del gasto público” lo impiden. Y va más lejos cuando asegura que “así las cosas, ni los impuestos ni el gasto público mejoran la igualdad económica en el país porque no atienden la progresividad… El diagnóstico es claro. Falta, eso sí, la voluntad política para cambiar el estado actual de cosas. La crisis del coronavirus abre la oportunidad para implantar ese cambio”.

Bien dijo Churchill que no se deben desperdiciar las oportunidades que entrañan las crisis, y como lo sugiere The Economist, hay que “aprovechar el momento”. Y éste es el momento preciso para propiciar un Pacto Fiscal que permita poner en orden las finanzas públicas, tanto las del Gobierno central como las territoriales.

Esta es la hora de la transición

Como lo resume muy bien la presidente del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, se debe implementar “una estrategia para la recuperación, adaptación y preparación de Colombia a una nueva realidad, compuesta por estos cinco pilares: aparato productivo sofisticado y diversificado, empleo de calidad, hogares con redes de protección social, estabilidad fiscal, y Estado fuerte, eficiente y transparente”, mucho más empoderado de lo que esta hoy. Basta ya de buenos propósitos y de pactos voluntaristas por el crecimiento y el empleo que no conducen a ningún Pereira.

Lo dijo con toda claridad el Foro Económico Mundial (FEM): “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”.

Colombia está en mora de tomar en serio este reto, el de la transformación productiva. Esta debe ir acompasada con la Transición Energética de la producción y uso de las fuentes de energía, altamente contaminantes, de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Este es el camino para que la economía nacional se enganche y se acople a la cuarta revolución industrial (4.0), incorporando la digitalización, la Big Data y la inteligencia artificial (IA) en sus procesos y de esta manera progresar en la productividad que, a juicio del Nobel de Economía Paul Krugman, en tratándose de la competitividad “no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”.

Después de registrar en 2019 el mayor repunte en la década en el ranking internacional de competitividad (IMD), en el 2020 retrocedió, perdiendo dos posiciones, ubicándose en el puesto 54 entre 63 economías objeto de esta medición.

El país está en mora de poner en práctica la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIC) que se construyó desde las regiones hacia el año 2007, con los ajustes que requiere después de más de una década de reposar en los anaqueles oficiales. Desde las postrimerías de la administración Barco se identificaron los ejes fundamentales de la estrategia para asegurar el éxito de la AIC: la modernización, la reconversión y la relocalización industrial, de la mano con el desarrollo de la agroindustria concomitantemente con el estímulo y apoyo de la economía campesina.

Desde luego que la puesta en marcha de la AIC demandará, además de una estrategia, ingentes recursos tanto de parte del sector público como del sector privado, habida consideración que se requerirán mayores inversiones en infraestructura, nuevas industrias, en bienes públicos, en ciencia, tecnología e innovación.

De allí la importancia del fortalecimiento y vigorización del Estado, así como de las alianzas público-privadas, con una perspectiva regional que propenda por el cierre de brechas tanto interregional como intrarregional, que son aberrantes en el país. Como lo afirma el profesor Akash Goel, “cuando volvamos a estar juntos debemos aprovechar la oportunidad de reimaginar un camino diferente hacia delante”.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena sostiene que “la recuperación debe ser distinta esta vez, basada en sectores verdes, con un gran impulso a la sostenibilidad o de economía verde”, la cual debe estar en el centro de la estrategia de reactivación. Tanto más en cuanto que “estas inversiones alentarían la innovación, nuevos negocios y empleos decentes, efectos positivos en la oferta y demanda agregada en las economías de la región, superiores a los de los sectores tradicionales”.

Y añade, “si tomamos estas acciones, América Latina y el Caribe saldrán reforzados de esta crisis y podremos decir que fuimos responsables para con la Casa común que, como dice la Encíclica, se nos ha confiado”. Esta demostrado, además, que, contrariamente a las suposiciones, las inversiones en una economía más sostenible generan más y mejores empleos.

Compartimos con George Soros que “no volveremos a donde estábamos cuando empezó la pandemia”. Se ha vuelto lugar común decir que el mundo no volverá a ser el mismo después de esta pesadilla, pero ello hay que tomarlo en serio a riesgo de enfrentar otra peor, esta vez por cuenta del recrudecimiento de los fenómenos extremos que caracterizan a la variabilidad climática. Como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el Cambio climático”. Retornar al pasado es retroceder.

Para Isabel Cavalier, directora de Transforma Global y estudiosa del cambio climático y desarrollo sostenible, es fundamental que “las medidas de recuperación impulsen cambios en los patrones de nuestro sistema productivo, privilegiando sectores de energía limpia y decidiendo a qué sectores se les imponen impuestos y a cuáles alivios”. Como afirma uno de los miembros del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) Germán Poveda, “la pandemia ha sido una bofetada en la cara a la especie humana. Nos ha puesto presente la arrogancia del ser humano y nos exige una nueva relación con la naturaleza”.

Así como Franklin D. Roosevelt, en respuesta a la gran crisis económica de los años 30, que arrastró y sumió al mundo entero en una gran recesión, puso en marcha el New Deal, esta vez se impone la imperiosa necesidad de una estrategia similar, el Green New Deal, como lo planteó el diario británico The Guardian, una especie de “pacto ecológico que ponga la economía al servicio de la humanidad” y no al revés.

La Unión Europea viene dando pasos en esa dirección. La Comisión Europea aprobó el Documento “Trayendo la naturaleza de nuevo a nuestras vidas” a través del cual se establece la hoja de ruta de cara a la post pandemia. En desarrollo del mismo se estableció como fecha límite al uso de motores de combustión interna en los vehículos el año 2040 y para 2050 no menos del 50% de la generación de energía eléctrica debe tener como base las FNCER. En Alemania particularmente se apagará la última central de generación eléctrica fogueada con carbón en 2021, desmarcándose además de la generación de energía nuclear, que empezó a perder terreno luego del accidente de Fukushima en 2011.

La normativa europea contrasta con decisiones recientes que se han tomado en Colombia, en donde nos ufanamos de tener, como lo ha sostenido la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, la sexta matriz energética más limpia del mundo, al dar luz verde a través del Plan de Expansión a la instalación de 48 nuevas unidades de generación térmica, de las cuales la mitad de ellas operaría utilizando carbón, que como es bien sabido es muy contaminante, así se diga que son amigables con el medioambiente por el hecho de que se utilizarán tecnologías “limpias”,“ultrasupercríticas”.

Por su parte España expidió la Ley de Cambio climático, como parte del paquete de medidas de la reestructuración de su economía y se plantea como propósito “desenganchar al país de los combustibles fósiles”. Se prevé en la misma que en diez años el 70% de la electricidad se generará a partir de FNCER y para el año 2050 se aspira que sea el 100%. Es más, se estableció que para el año 2040 sólo circularán vehículos con motores eléctricos.

Colombia no se puede quedar atrás después de que ha dado pasos tendientes a abrirle espacio a la Seguridad y a la Transición Energética. De hecho, Colombia cuenta ya con el instrumental requerido para lograr ambos propósitos y compaginarlos con la estrategia de diversificación de su economía, en donde esta dependa cada vez menos de los recursos fósiles (el petróleo y el carbón), sin que por ello el sector energético deje de ser el gran dinamizador que ha sido del crecimiento, pero esta vez de manera sostenida y sustentable.

En efecto, el Congreso ratificó el Acuerdo de París mediante la Ley 1844 de 2017, que por lo tanto es vinculante su cumplimiento. El mismo se propone “neutralizar” las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, en la segunda mitad de este siglo. El país adquirió el compromiso con la comunidad internacional de reducir el 20% sus emisiones de GEI hacia el 2030.

Por medio de la Ley 1931 de 2018 se establecieron las pautas para los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), a través de los cuales se identifican, evalúan, priorizan y definen medidas y/o acciones tanto de adaptación como de mitigación de las emisiones de GEI. Adicionalmente, en el Plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 se define “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Complementariamente, se expidieron dos documentos CONPES, el 3918 y 3934 de 2018, estableciendo una “estrategia para la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y delineando una “política de crecimiento verde” en Colombia. 

El sector energético está llamado a servir de dinamizador y apalancamiento de la reactivación económicaen la post pandemia, y con tal fin debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética, especialmente en lo atinente al uso de las FNCER, así como al ahorro y uso eficiente de la energía, lo cual contribuirá decisivamente a su mayor competitividad. Pero nada de ello será posible sino se asume esta tarea como una Política de Estado y no como política de Gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

“En la economía, las soluciones rinden más que los problemas; en la política, los problemas valen mucho más que las soluciones”: Nicolás Bujarin.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

12 de junio de 2020.   En días pasados, el consultor Mauricio Cabrera tituló su columna de opinión diciendo que “hay que rescatar a Avianca” y comienza advirtiendo que, “a riesgo de ser crucificado por las redes sociales, debo decir que para el país es necesario que Avianca siga operando”.

Yo añadiría que no sólo Avianca sino Latam y las demás aerolíneas que conectan a Colombia y a Colombia con el mundo. Y más que rescatar a dichas empresas de lo que se trata es de proteger los 600 mil empleos que, entre directos e indirectos, generan, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), amén de los US $7.500 millones que le aportan al PIB del país. Por lo demás, el transporte aéreo, al igual que las demás modalidades de transporte, es el que pone en movimiento los ejes de la economía nacional, es el gran articulador del ecosistema productivo.  

En el Decreto – Ley 811 del 4 de junio, uno de los últimos que expidió el presidente Iván Duque al amparo de la Emergencia Económica 2.0 dejó abierta la escotilla al darle vía libre al Gobierno Nacional para lanzarle un salvavidas a las empresas que estén al borde de la insolvencia, mediante la compra de acciones o participaciones en las mismas, con pacto de retracto, esto es que una vez superada la emergencia sus accionistas o propietarios se obligan a recomprarlas dentro del plazo que se convenga entre las partes. Ello, tratándose de “empresas que desarrollen actividades de interés nacional”, tal es el caso de las aerolíneas.

Preocupa sobremanera que en el Decreto se deja una rendija para la eventual privatización de ISA o Ecopetrol, cuando alude a la facultad para enajenar “la participación accionaria del Estado… que posea en determinada empresa”. El único condicionamiento previsto es que los recursos provenientes de la venta “sean destinados para atender los efectos económicos adversos relacionados con la Emergencia Económica”.

Lo que se predica para el sector transportador aplica también a los demás sectores de la economía. Todo el esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno en pro de las empresas, para evitar que se vayan a la quiebra, busca de paso poner a salvo los empleos que ellas generan.

Las empresas, además de generar empleo producen bienes y servicios, tanto para el mercado doméstico como para las exportaciones y de contera contribuyen a la financiación del Estado mediante el pago de impuestos. No se puede caer, entonces, en la desmesura del pasajero del avión al que poco le importaba que el mismo se siniestrara porque al fin y al cabo el avión no era de él. Como bien dice el director del diario económico Portafolio Francisco Miranda, “una empresa que se hunde es el fin de un sueño y la parálisis de un piñón del motor económico de una sociedad”.

Eso sí, en nuestro concepto, la ayuda oficial a las empresas debe ser temporal, acotada y condicionada. Temporal, porque debe responder y corresponder a la coyuntura que, como la actual, amerite la intervención del Estado; pero, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a ella debe cesar. Y no como ha ocurrido en el pasado, dado que, como dijo Miguel Antonio Caro: “En Colombia para que las cosas sean definitivas, deben ser transitorias”, pues no hay nada más permanente que las normas temporales.

Debe evitarse, además, que haga carrera el oportunismo de quienes quieren aprovechar la coyuntura para pasar en volandas reformas a los regímenes laboral y pensional, en desmedro de los intereses de los trabajadores, con el espejismo de generar empleos.

Acotada, porque dada la limitación de recursos con los que cuenta el Estado, se debe establecer un tratamiento diferencial y diferenciado según el tamaño de las empresas y su actividad, fijar prioridades, montos y plazos razonables.

Es bien sabido que las Mipymes, a diferencia de las grandes empresas, han tropezado con dificultades para acceder al crédito bancario, no obstante la liquidez y las garantías que el Gobierno Nacional les ha dispensado. Tratándose de los créditos para las mipymes, al igual que los recursos del programa Ingreso Solidario, se han debido canalizar a través de las entidades públicas, como BANCOLDEX, FINDETER o el Banco Agrario y no mediante la intermediación de la banca comercial.

Condicionada, de tal suerte que el apoyo a las empresas vaya en línea con las políticas estatales y no ocurra lo que en el pasado, por ejemplo que se desmontaron los parafiscales y se concedieron exenciones a cambio de que generaran empleo, no lo generaron pero se quedaron con los beneficios fiscales otorgados.

Debería existir una cláusula de reversión, pues ante el incumplimiento se deben perder las ventajas o beneficios recibidos. Así mismo, la ayuda y el apoyo a las empresas deben ser coherentes con las políticas públicas agenciadas por el Estado. Un ejemplo de ello fue lo que dispuso el presidente Obama en EEUU para salvar de la quiebra a la industria automotriz, al condicionar la ayuda estatal a la mayor eficiencia de los motores que se fabricaran, teniendo como meta 54.5 millas de recorrido por galón de combustible para el 2025, teniendo como línea base las 35 millas recorridas. Esta medida iba en línea con su programa de eficiencia energética y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El economista turco Nouriel Roubin, célebre por pronosticar con acierto el advenimiento de las crisis, afirmó, cuando apenas se empezaba a propagar la pandemia del COVID-19, que “en este año existen visibles cisnes blancos potencialmente sísmicos, que podrían detonar graves perturbaciones no vistas desde el 2008”.

Y así fue. Ello, en el entendido que los cisnes blancos son aquellos que son previsibles, como en el caso que nos ocupa, en donde la única duda es la duración y las secuelas de la actual crisis. Esta es de tal magnitud y gravedad que ha puesto en cuestión la sobrevivencia de la globalización como la conocemos y como ha venido operando. De hecho, las cadenas globales de valor se han visto estropeadas y los países están replegándose hacia sus propias fronteras. Viviremos una reconfiguración de la globalización, en la que prime la inclusión y la cohesión social tan venida a menos en los tiempos que corren.

El capitalismo progresista

Como lo afirma el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, terminará por imponerse el capitalismo progresista, “sustentado en una comprensión clara de los elementos que fomentan el crecimiento y el bienestar de la sociedad que nos ofrece una opción para salir del lodazal y mejorar la calidad de vida de la población”. Es la única salida ante la actual encrucijada para salvar al capitalismo de sí mismo.

Hasta los magnates de la gran empresa se han persuadido sobre la imperiosa necesidad de un cambio de paradigma y están tomando distancia del viejo y anacrónico paradigma de Milton Friedman, según el cual las empresas sólo tienen obligaciones con sus accionistas.

Antes, incluso, de esta crisis sin par por la que está pasando la economía global, en agosto del año pasado la Business Roundtable, que agrupa a los representantes de 181 multinacionales estadounidenses, entre las cuales están Apple, Amazon, Coca Cola, Morgan, Boeing y la petrolera ExxonMobil, lanzaron un manifiesto en el cual dicen textualmente que “cada una de las partes involucradas (en la vida económica) es fundamental. Nos comprometemos a aportar valor a cada una de ellas en pos del éxito futuro de nuestras empresas, de nuestras comunidades y de nuestro país” y no sólo de sus accionistas.  

Hacia el futuro, hasta la métrica para medir el PIB se tendrá que revaluar. La preocupación sobre el mismo habrá de trascender su ritmo de crecimiento para dar cuenta de su composición, su distribución y estará sujeto al análisis de ciclo de vida para poder establecer la trazabilidad de la huella de carbono de la economía. Como lo planteó Robert F. Kennedy en un elocuente discurso en Kansas en marzo de 1968, poco antes de su asesinato, el PIB “mide todo, en resumen, excepto lo que hace que la vida valga la pena” para los excluidos.

Como lo acaba de plantear la Organización para el Desarrollo y la Cooperación (OCDE), “los gobiernos tienen que aprovechar esta oportunidad para concebir una economía más justa y duradera, volver más inteligentes a las competencias y las regulaciones, modernizar la fiscalidad, los gastos y la protección social”.

Definitivamente, habrá que domesticar el capitalismo, no hay de otra. Esta es una tarea inaplazable.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Es importante la integralidad en el abordaje del sector y de la seguridad energética, tomando en consideración las fuentes primarias y secundarias de energía, sean ellas renovables o no. Se requiere tener una visión holística, partiendo de la premisa de su interés estratégico nacional.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

1º de junio de 2020.   En el corto plazo, Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CCMNUCC) Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el papa Francisco hizo pública su encíclica Laudato sí, sobre el cuidado de la Casa común, de corte ambientalista, las Naciones Unidas acogió la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la COP21 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia.

El Congreso de la República ratificó ese Acuerdo mediante la Ley 1844 de 2017 y por lo tanto es vinculante su cumplimiento, el cual entraña un compromiso de reducir el 20% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) hacia el 2030. Adicionalmente, se expidieron dos documentos CONPES, el 3918 y 3934 de 2018, estableciendo una “estrategia para la implementación de los ODS y una “política de crecimiento verde”, en su orden. 

La electricidad en Colombia apenas participa con el 17% de la matriz energética, es prioritaria la electrificación de la economía, sobre todo el transporte y la industria. Hay que promover el ahorro y la eficiencia tanto en la generación como en el transporte, la distribución y en el uso de la energía, incentivando la modernización y reconversión tecnológica de equipos y electrodomésticos.

Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad, pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la Transición Energética. Es clave la modernización del sector energético, que pasa por la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y la big data de la operación y los procesos, teniendo al usuario y al consumidor en el centro.

La Transición Energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las FNCER.

A los biocombustibles se debe la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado a la atmósfera anualmente. Adicionalmente contribuye con una capacidad instalada de generación de energía con la biomasa como insumo de más de 800 MW de potencia. Con la adjudicación el año pasado de 2.400 MW, aproximadamente, entre granjas solares y parques eólicos, Colombia está dando un salto desde el 5% de participación actual de las FNCER en la matriz energética al 11% en 2023.

Las FNCER no deben considerarse como sustituto sino como complemento de las fuentes no convencionales, de tal suerte que las FNCER sirvan de respaldo a las fuentes convencionales y estas a aquellas. De esta manera se tendrá una matriz más robusta, más confiable y más resiliente frente al cambio climático, sobre todo si se tienen en consideración el carácter contracíclico que caracteriza a las FNCER, habida cuenta que justamente cuando el verano es más intenso es cuando la velocidad de los vientos es mayor y se acrecientan las horas e intensidad de la radiación solar. Ello compensa con creces la intermitencia de las FNCER, de la que no son ajenas las fuentes hídricas, expuestas como lo están a la variabilidad climática.

Acoger la iniciativa de la Misión de sabios de crear el Instituto Nacional de Energía, liviano en su estructura e integración, abierto, incluyente, con participación de las empresas, el Estado y la academia, sirviendo de integrador, articulador y de masa crítica del sector energético.

El mismo debe integrarse con sus pares en Latinoamérica y tener un enfoque regional y diferenciado. Su financiación debe tener como fuente recursos públicos provenientes del FCTeI y de la empresa privada. La experiencia de Brasil puede servir de referente.

Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos. En el último Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) se dio un paso de la mayor importancia, al dejar claramente establecido que “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Se sigue de lo anterior que la política y la acción en materia de seguridad energética debe ser agresiva y continuada.

Eficiencia energética

Tan importante como contar con una capacidad para el abastecimiento de las distintas y variadas fuentes de energía con las que cuenta el país, es la eficiencia en toda la cadena, desde la generación, pasando por el transporte, la distribución y desde luego en su uso.

Según estudio de la UPME, de la energía generada sólo se aprovecha el 48%. Los dos sectores que sobresalen por el uso ineficiente de la energía son el transporte y la industria con el 82% y el 28% de pérdidas, respectivamente. Dicho de otra manera, en Colombia se derrocha el 52% de la energía generada, con un costo aproximado a los US $4.700 millones/año. Bien se ha dicho que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere, y la más barata es aquella que no se consume haciendo un uso racional y eficiente de la misma.

El sector energético está llamado a servir de dinamizador de la reactivación económica en la post pandemia y con tal fin debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Con la salud en cuidados intensivos y la economía en estado de coma inducido, se ha creado una tormenta perfecta que afecta tanto a la Nación como a los entes territoriales. Análisis.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

24 de mayo de 2020.   Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como las de las entidades territoriales se encuentran entre la espada y la pared. De un lado está la salud en cuidados intensivos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, cuyo tratamiento y contención demanda ingentes recursos. Del otro lado está la economía, que se contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo que se han tomado al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica y social.

Por tal motivo, la actividad económica y comercial se ha visto abocada a una virtual parálisis, afectándose gravemente la oferta y la demanda, tanto a nivel agregado como sectorial, el crecimiento, el empleo y el ingreso.

En efecto, el impulso que tomó el crecimiento del PIB en 2019, que cerró en 3.3%, después de un largo letargo, se perdió y después que el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla le apostó a un crecimiento de 3.7% para 2020, ahora su previsión es -5.5%, el peor desempeño en cien años.

Basta con señalar que, según el DANE, en el primer trimestre de este año el crecimiento del PIB fue de un anémico 1.1%, peor aún, de 0.4% cuando se tiene en cuenta el ajuste por el efecto estacional y calendario.

La tasa de desempleo que venía al alza, alcanzando el 12.6% en marzo, la más alta en 10 años, ahora, según el CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, podría superar el 20% y tendremos un agravamiento de la informalidad laboral.

La destrucción del empleo y la pérdida del ingreso, calculado en $4.8 billones mensuales, se han convertido en una bomba social de enormes proporciones. El avance que se había logrado al reducir la pobreza desde el 32.7% en 2012 hasta el 26.9% en 2017 se estancó en 2018 y, según el CEDE, este año “se podría producir un efecto en pobreza y de desigualdad equivalente a retroceder a los inicios del siglo XXI”.

Según sus cálculos, Colombia podría dar este año un salto de 15 puntos porcentuales en pobreza monetaria, lo cual significaría que 7.3 millones de quienes habían escapado de ella volverían a estar por debajo de la línea de pobreza otra vez. Y, lo que es peor, el coeficiente GINI que mide el grado de desigualdad, después de haber registrado 0.51 el año anterior retrocederíamos 20 años cuando el mismo se situaba en un aberrante 0.57, perdiendo dos décadas de avance social.

La crisis fiscal

La prolongación de esta crítica situación, que se ha visto agravada con el desplome de los precios internacionales del petróleo, llevó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a revisar su previsión de crecimiento del PIB. Por su parte, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) se vio precisado a flexibilizarla, aún más de lo que ya lo había hecho, elevando el techo del déficit fiscal desde el -2.5% del PIB proyectado hasta el -6.1%. Es más, el propio ministro Carrasquilla ha reconocido que la deuda pública de la Nación va a subir desde el 50.3% actual a más del 60% al cierre de este año. Y no es para menos, dado que, según las proyecciones de la DIAN, se estima que el recaudo de impuestos este año se disminuirá en $15 billones, aproximadamente, al tiempo que se prevé un mayor gasto para este año, por lo pronto, de $25 billones.

Para enfrentar este reto descomunal, de ver caer sensiblemente los ingresos en momentos que para sortear la crisis planteada se requieren arbitrar los recursos necesarios, el Gobierno Nacional, en primera instancia, mediante el Decreto 444 de 2020 creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Para su financiamiento el Gobierno tomó prestados recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), ambos del Sistema General de Regalías (SGR), que sumados alcanzan $14.8 billones. Adicionalmente, se dispuso de $2.9 billones, también en calidad de préstamo, de los $5.8 billones de la venta de ISAGEN, los cuales se vinieron a complementar con la colocación de títulos de solidaridad (TDS) por valor de $11 billones.

La suma de los recursos que se han invertido hasta ahora por parte del Gobierno Nacional para atender la emergencia, según el ministro Carrasquilla, se eleva a los $30 billones. A todas luces esta suma no se compadece con la magnitud de la tragedia; no sólo es insuficiente, sino que al compararse con el esfuerzo que están haciendo los demás países deja mucho qué desear.

Al igual que la Nación, los departamentos, municipios y distritos han visto reducir sus ingresos al tiempo que la atención de la crisis planteada, en lo que les corresponde, demanda un mayor gasto. Ellos cuentan con tres fuentes de ingresos, a saber: los ingresos corrientes de libre destinación (IPLD), que son los recursos propios, que básicamente provienen del recaudo de impuestos y contribuciones.

En el caso de los departamentos, estamos hablando de los impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, el impuesto a los vehículos, registro y anotación, las estampillas y la sobretasa a los combustibles. En cuanto a los 1.103 municipios, estos disponen básicamente de los recaudos por el impuesto de industria y comercio (ICA), el impuesto predial y la sobretasa a los combustibles.

Las dos principales fuentes de ingresos de los departamentos son los que provienen de las transferencias por parte de la Nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP), que representan el 47% y los recursos propios que participan con el 35%. Adicionalmente, los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) complementan sus ingresos con un promedio del 6%.

Pues bien, según la Federación Nacional de Departamentos, los ingresos propios de estos cayeron en abril el 45%; se prevé que las regalías, a consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el carbón, caerán por lo menos en 40%. Y, como si lo anterior fuera poco, el monto de las transferencias del SGP se verá reducido drásticamente, toda vez que la base de cálculo y liquidación de las mismas son los ingresos corrientes de la Nación (ICN), que se han visto seriamente impactados.

Además de tener que frenar sus planes y proyectos de inversión, las entidades territoriales empiezan a tener inconvenientes para cubrir el pago de sus gastos de funcionamiento, empezando por la nómina de sus servidores. Estas aulagas, además de abocarlos al riesgo de incumplimiento de sus obligaciones frente a sus acreedores, en no pocos casos los llevaría a perder o a ver deteriorada su calificación y/o a bajar de categoría.

Así lo prevé la Ley 617 de 2000, que establece que el Departamento, Municipio o Distrito que incumpla con los límites del indicador prescrito por ella deberán someterse a programas de saneamiento fiscal y financiero, no podrían acceder a recursos de crédito y en el caso de los municipios pueden perder la categoría, de lo cual se sigue que hasta el sueldo de los alcaldes y los concejales se tiene que rebajar.

De allí el S.O.S que le lanzó la Federación Nacional de Departamentos (FND) a través de una comunicación enviada por su director Ejecutivo Carlos Camargo al Presidente de la República, mediante la cual le solicitan su intervención con el fin de que las entidades territoriales puedan solventar su situación financiera y se pueda garantizar su sostenibilidad fiscal.

Ello es tanto más urgente, habida cuenta que aspectos tan vitales y sensibles como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, son su responsabilidad y el riesgo de desfinanciamiento de los mismos es inminente. Por lo demás, no basta con facultar a los gobernadores y alcaldes para reorientar el gasto en función de la atención con prioridad del que demande la emergencia.

Por ello, respaldamos a los gobernadores y a los alcaldes en su justa petición al presidente Iván Duque para que se flexibilizara la Ley 617, de la misma manera que la Comisión Asesora de la Regla Fiscal la flexibilizó para abrirle espacio fiscal al mayor gasto en el que tendrá que incurrir el Gobierno Nacional. Así lo entendió el Gobierno y a través del decreto 678 del 20 de mayo dispuso que “no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento de los límites de gasto definidas en esta Ley y en la Ley 819 de 2003.

No obstante, este Decreto, aunque les permite que “para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez… las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería”, cabe preguntarse qué banco en las actuales circunstancias le va a dar crédito a las entidades territoriales si no cuentan, como si cuentan las empresas, con garantía de la Nación hasta el 90%. Convendría que se contemplara, además, responder a un clamor histórico de los departamentos, que han buscado que los gastos pensionales no sean tenidos en cuenta dentro del rubro de funcionamiento para efectos del cálculo de indicadores de gasto de la ley 617 del 2000.

A nuestro juicio, la decisión del Gobierno Nacional, mediante el Decreto 678 de ceder a favor de los departamentos y del Distrito Capital el 50% que le corresponde al INVIAS de la sobretasa al ACPM, así como el desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales (FONPET), bajando el umbral de cobertura del cálculo actuarial del 125% al 80%, para liberarle recursos a las entidades territoriales, que puede representarles, según $1.5 billones, van en la dirección correcta y constituirán un alivio para ellas.

Al fin y al cabo, existe una corresponsabilidad entre la Nación y las entidades territoriales en la gestión de esta emergencia, tanto en lo tocante con la salud, como en lo relativo al empleo, el ingreso y la asistencia a la población vulnerable.

La nueva normalidad

Como bien dijo el Papa Francisco, “prepararnos para el después es importante”, lo urgente no nos debe llevar a obnubilarnos y a desentendernos de lo importante. Es entendible que no estuviéramos preparados para afrontar y enfrentar esta contingencia, como no lo estuvo ningún país, pero sería imperdonable que una vez superada la pandemia no lo estemos. Tenemos, entonces, que prepararnos para el día después, que no será estar de vuelta al ayer, que quedará atrás con toda su pesadilla y su pesadumbre. Lo ha dicho claramente la directora del FMI Kristalina Gueorguieva, “gasten todo lo que puedan, pero guarden las facturas, pues más adelante hay que pagarlas”.

El ministro Carrasquilla anunció la reforma tributaria que será necesaria para pagar la factura, lo dijo muy claro: “esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia… Será necesaria una reforma tributaria”. Así el presidente Iván Duque lo desautorizara, por considerar su declaración políticamente incorrecta en este momento, diciendo que “pensar en cómo aumentamos los ingresos no solo es inconveniente sino inviable”.

Bien dijo Benjamín Franklin, que lo único seguro es la muerte y los impuestos, y ante la encrucijada que se abre con la postpandemia, la única forma de servir la creciente deuda pública será mediante el aumento del recaudo, tanto para los tributos nacionales como para los territoriales.

Ahora bien, de lo que se trata es de establecer cómo se repartirán las cargas impositivas entre los contribuyentes. Al país se le ha venido tomando del pelo hace muchos años, cada vez que se presenta al Congreso de la República por parte de los gobiernos de turno su proyecto de reforma tributaria se dice que esta será “estructural”, sin embargo, todas terminan siendo más de los mismo, crear nuevos impuestos y/o aumentar las tarifas de los que están vigentes para aumentar el recaudo y así tratar de tapar el hueco fiscal, sin lograrlo. Y no se ha podido corregir el déficit fiscal, ni siquiera se pudo o se quiso aprovechar para lograrlo el largo ciclo de precios altos y el gran auge de los commodities (petróleo, carbón, oro y ferroníquel, entre otros), por la erosión de la base impositiva, la cual se debe al cúmulo de gabelas impositivas (descuentos, deducciones, exclusiones y exenciones) a favor, como diría Jacinto Benavente, de los intereses creados.

Por lo tanto, la reforma estructural pendiente es aquella que permita que el sistema tributario cumpla con lo que manda la Constitución: que sea equitativo, eficiente y progresivo y ello sólo se puede lograr empezando por el desmonte de todos los beneficios tributarios injustificados. De esta manera tendremos un Estatuto Tributario más justo, equilibrando las cargas, que contribuya a ir cerrando la enorme brecha de desigualdad que agobia a la mayoría de colombianos y se puede obtener un mayor recaudo en la medida en que los que más tengan contribuyan más. A ello contribuiría también el combate sin tregua, sin esguinces y sin contemplaciones a la evasión y a la elusión tributaria.  

En lo que hace relación a los tributos territoriales, el país está en mora de revisar, ajustar y actualizar el Estatuto Tributario Territorial. Como lo dijo el ex constituyente Carlos Rodado Noriega, “en nuestro país no se ha optado por una descentralización fiscal genuina, es decir, aquella que les permitiría a los gobiernos subnacionales recaudar sus propios impuestos para financiar sus gastos, sino que el énfasis se ha colocado en una descentralización espuria, en la que el gobierno central recauda los impuestos más importantes y dinámicos y luego transfiere una porción de ellos a los entes territoriales que tienen la obligación de ejecutar un libreto prediseñado. Al supeditar la autonomía local a los recursos del nivel central se mantiene prácticamente inmodificado el modelo centralista que ha prevalecido desde la Colonia”.

Es de destacar que en el transcurso de los últimos 29 años (1990–2019) se han aprobado 17 reformas tributarias, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y en ninguna de ellas se previó un mayor recaudo en favor de las entidades territoriales. Ello explica la enorme e irritante concentración del recaudo de impuestos en Colombia, de tal suerte que mientras de cada $100 que se recaudan la Nación se queda con $83.50, los 1.103 municipios participan con $11.90 y los 32 departamentos con sólo $4.6. No hay derecho para tanta concentración de los recursos en un país donde la Constitución política consagra los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Enhorabuena, la Ley 1943 de 2018 le ordenó al Gobierno Nacional integrar una Comisión de expertos para presentarle al Congreso de la República una propuesta de reforma del Estatuto Tributario Territorial. Esta será la oportunidad para balancear las cargas entre Nación y territorios.

Lo propio podemos decir con respecto al Sistema General de Participaciones (SGP), creado por la Constituyente de 1991 en sustituto del Situado fiscal creado en la administración del ex presidente Carlos Lleras Restrepo. El mismo, como lo sostiene el ex codirector del Banco de la República y Rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, tuvo como propósito fundamental propender por la convergencia interregional, objetivo que se ha malogrado. Según Meisel “actualmente estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991. Es decir, cero avances en este campo”.

Como lo sostiene Rodado, ello se debe a que “muchos actos legislativos le quitaron la fuerza redistributiva al SGP”. Se refiere a los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, los cuales le recortaron las transferencias de recursos de la Nación a las entidades territoriales, pasando a representar el 47.4% de los ingresos corrientes de la Nación en 2002, a un año de la primera reforma, al 30.5% en 2017. Basta con decir que entre 2002 y 2014 los departamentos y municipios dejaron de recibir cerca de $123 billones a consecuencia de estas dos reformas.

Esta es otra asignatura pendiente, toda vez que lo que se ha venido dando, sobre todo en los últimos tres lustros, es una especie de descentralización disfuncional, consistente en delegar funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin transferirle los recursos para asumirlas. Valga decir que ello contraviene la norma constitucional que establece claramente que “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”.

De allí la importancia de la tarea que le encomendó el Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, a una Misión de descentralización, la cual deberá presentarle una propuesta tendiente a nivelar la cancha, para que se pueda barajar para volver a repartir juego, porque no hay duda de que el verdadero desequilibrio de poderes en Colombia es el que existe entre el macrocefálico poder central y los territoriales.

El reto mayor que tendrá el Gobierno central, así como los departamentos, municipios y distritos una vez se supere esta crisis será la de la recuperación y el rescate de los más vulnerables y vulnerados por ella, así como la reactivación y reconversión de la desastrada economía. Para ello, en nuestro concepto, no basta con abrirle la posibilidad a las entidades territoriales de acceder, si es que lo logran, a los “créditos de reactivación económica.”

Nos parece que sería de gran ayuda que se hiciera extensivo a todas las entidades territoriales el mecanismo de obras por impuestos, que hoy en día se circunscribe únicamente a las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), para que las grandes empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras priorizadas y concertadas con los gobernadores y alcaldes con cargo a los impuestos de renta que deben pagar a la Nación.

En este mismo sentido y con los mismos propósitos se podría activar el mecanismo de las alianzas público-privadas, para la provisión de bienes públicos.

Y a propósito de la hoja de ruta que deberán seguir las entidades territoriales, nos parece muy puesta en razón la solicitud que le hicieron el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo y el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba para que, a través de un Decreto – ley, el Presidente Duque amplíe los términos para la aprobación de sus planes de desarrollo. Como bien dicen ellos en su misiva al Presidente, “en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”.

Ello daría pábulo para que, consultando los hechos sobrevinientes, se le hagan los ajustes pertinentes, dado que las prioridades de ayer no son las de hoy, además de la imperiosa necesidad de incluir un nuevo capítulo contentivo del Plan de acción inmediata. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales deberán sintonizarse con los cambios disruptivos que se han desatado en medio de esta pandemia.

Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno Nacional con respecto al proyecto de ley, a través del cual se reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, que reformó el Sistema General de Regalías y se modifica la Ley 1530 de 2012. En el evento que el Congreso de la República no alcance a expedirlo en esta legislatura que concluye el próximo 20 de junio, dado que el Presidente de la República quedaría facultado para expedirla mediante Decreto – ley, le solicitamos que ello no se dé sin la previa concertación con las regiones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha puesto en evidencia los faltantes de muchos países en relación con la solidez de sus instituciones, las fortalezas de sus economías y la calidad de sus liderazgos.

Por: LAURA CHINCHILLA*

13 de mayo de 2020.   Aunque el virus es el mismo para todas las naciones, su impacto en materia sanitaria, económica, política y social será diferente de un país a otro. 

En el caso de América Latina, las consecuencias que se anticipan lucen devastadoras. Los rezagos que algunos países de esta región muestran en materia de salud, protección social, y productividad, así como el deterioro que varios padecen en sus cuentas fiscales y endeudamiento externo, amplificarán las consecuencias negativas de la crisis y limitarán la capacidad de los gobiernos para mitigar los efectos de la misma. 

El panorama económico es en extremo negativo, especialmente si se considera que el año anterior el crecimiento en la región se había desacelerado en 18 de los 20 países, alcanzando una tasa promedio de tan sólo 0.3%.  La Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) identifica seis canales de transmisión de los efectos de esta crisis sanitaria sobre la economía latinoamericana:

1. La menor actividad económica de los principales socios comerciales que reducirá las exportaciones,
2. La interrupción de las cadenas globales de valor que limitará el acceso a los insumos requeridos para la producción,
3. La contracción en la demanda por servicios de turismo,
4. La caída en los precios de materias primas y productos básicos,
5. El deterioro de las condiciones financieras, y
6. El menor ingreso de divisas por concepto de remesas del exterior. 

El impacto de este conjunto de condiciones acarreará una caída en el crecimiento de la economía que ha sido estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en -5.2%, muy por debajo del promedio mundial de -3%.

El deterioro económico tendrá un impacto inmediato y profundo en materia social. Los primeros efectos se han hecho sentir en el sector informal de la economía en el cual, la International Labor Organization (ILO) estima que trabajan cerca de 140 millones de personas, equivalente a casi el 50% de la población trabajadora.

La consecuencia más inmediata será el incremento en la cantidad de personas en estado de pobreza que se estima alcanzará al menos 35 millones de personas (pasando de 185 a 220 millones). Los trabajadores en el sector formal se verán también afectados, con lo cual la tasa de desempleo podría alcanzar cerca del 11,5%, lo que supone cerca de 37,7 millones de personas desempleadas. 

Si bien la mayoría de los países ha anunciado medidas de subsidios a la población necesitada y a las empresas que lo requieran, los recursos con que cuentan los gobiernos son extremadamente limitados.

La acumulación del déficit fiscal en América Latina durante la última década es cercano a 3%. Esta situación ha obligado a que en medio de las apremiantes necesidades generadas por la pandemia, Ecuador haya tenido pagar USD 326 millones de capital de bonos el pasado 24 de marzo, para evitar el default en que habría caído en caso de no hacerlo. 

Finalmente, y para completar este complejo escenario, debemos añadir la fragilidad que algunas variables políticas venían mostrando en los años previos a la crisis del coronavirus. El apoyo a la democracia en América Latina se venía debilitando en los últimos años, en la misma medida en que crecía la percepción negativa sobre el desempeño de los gobiernos. De acuerdo al Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia ha venido disminuyendo constantemente, pasando de un 44% en 2008 a un 24% en 2018. Ante la pregunta formulada ese mismo año de “¿para quién se gobierna?”, los latinoamericanos manifiestan en casi un 80% que “para unos pocos y en beneficio propio”, en el 2009 ese porcentaje había sido de un 61%.

El enfado y el desencanto con las instituciones públicas y la política terminó expresándose de manera violenta en las calles de varias ciudades latinoamericanas, cuando en 2019 explotaron varias protestas sociales que pusieron en apuros a gobiernos en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, entre otros. 

Pese a la magnitud de los desafíos planteados, la región cuenta con herramientas internas, regionales e internacionales, que debidamente combinadas en el marco de una adecuada estrategia puede permitirle sortear los problemas más apremiantes de naturaleza sanitaria, y a la vez construir la ruta de la recuperación económica y social. 

El objetivo más inmediato es contener la crisis sanitaria y la velocidad de contagio del virus, para lo cual la región cuenta a su favor con las experiencias adquiridas en los escenarios asiáticos y europeos. Aunque hay algunos países en los que los niveles de contagio se han disparado, hay también un grupo amplio en el que las normas de confinamiento y distanciamiento social, están dando buenos resultados. 

De manera concomitante, los países deben mitigar la caída de ingresos, especialmente de los hogares más vulnerables y tomar acciones para apalancar el tejido empresarial. Tanto en esta materia como en la atención sanitaria, las instituciones financieras internacionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están jugando un papel determinante brindando acceso al financiamiento de manera rápida y en condiciones favorables a los gobiernos de la región. 

Superadas esas etapas quedará la tarea más compleja relativa a la reactivación económica considerando que más allá del shock ocasionado por el nuevo coronavirus, la región arrastra un conjunto de problemas estructurales que le dificultará acelerar el crecimiento y asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Para emprender esta tarea, se deberán impulsar políticas fiscales y monetaria expansivas que conduzcan a la reactivación económica, pero teniendo presente los errores y excesos del pasado y la naturaleza transitoria de dichas medidas. Estas políticas deberán ser acompañadas de un conjunto de medidas dirigidas a elevar de manera sustancial la productividad y competitividad de las naciones latinoamericanas, en el marco de un renovado regionalismo, el impulso de alianzas público-privadas, e instituciones más transparentes, eficaces e incluyentes. 

La crisis a la que nos ha arrastrado la pandemia, podemos convertirla en la oportunidad para revisar el endémico crecimiento nuestras economías y el mediocre desempeño de nuestras democracias, e iniciar el recorrido hacia escenarios de mayor prosperidad, bienestar y estabilidad.

*Ex presidente de Costa Rica

El exministro Amilkar Acosta analiza las consecuencias para las finanzas de la Nación que traerá la caída en los precios del petróleo y el desplome de las utilidades de Ecopetrol.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

12 de mayo de 2020.   Las cifras dadas a conocer por el presidente de ECOPETROL Felipe Bayón son reveladoras sobre las repercusiones de la contracción de la demanda, concomitantemente con el desplome de los precios internacionales del petróleo.

Su utilidad netaen este año cayó estruendosamente, al pasar de los $2.7 billones en el I trimestre de 2019 a sólo $133.000 millones en el I trimestre de este año, un espantoso 95.2%. Y eso que la mayor caída del precio del crudo se registró en el mes de abril y sigue sin reponerse. Por ello, según Bayón, “el segundo y tercer trimestre serán más críticos”. Y no es para menos, pues la suerte de los precios del petróleo está atada a la de la economía, que seguirá por un largo rato en un coma inducido a consecuencia de la pandemia de la covid-19.

No solo ECOPETROL, toda la industria petrolera se está viendo impactada por el desplome de los precios y la baja en la producción a consecuencia del mismo. Bien ha dicho el presidente de la Junta Directiva de ACIPET Carlos Leal, al referirse al caso de ECOPETROL, que “los resultados y el impacto no son distintos a los que en general se han visto en la industria”.

En el caso específico de ECOPETROL, se vio precisada a cerrar más de 300 pozos productores, dado que su umbral de “dolor”, donde la extracción del crudo deja de ser rentable, está alrededor de los US$30 el barril, el mismo precio al cual se ha anclado su cotización en lo corrido de este mes. Ello, junto con la baja de los precios, repercute en los ingresos de la Nación, en el desempeño de la economía, así como en la generación de empleo e ingresos.

Se estima que, de finalizar 2020 con precio promedio del crudo de la referencia Brent de US$30, que es muy probable, los ingresos de la Nación por concepto de la renta petrolera y los dividendos se reducirán en $12 billones, aproximadamente. Y los ingresos de las entidades territoriales por concepto de regalías se verán reducidos en $6 billones, aproximadamente.

Se puede repetir la historia de 2016, cuando ECOPETROL, por primera vez, no repartió dividendos, debido a las pérdidas de $3,9 billones el año anterior. Después del 2016, esta ha sido la evolución de las utilidades y el reparto de dividendos en los últimos años: Utilidades en 2016 $1.56 billones, dividendos recibidos por la Nación en 2017 $837.000 millones / utilidades en 2017 $6.2 billones, dividendos recibidos por la Nación en 2018 $3.2 billones / utilidades en 2018 $11.5 billones, dividendos recibidos por la Nación en 2019 $8.1 billones / utilidades en 2019 $7.4 billones, dividendos recibidos por la Nación $6.5 billones + $3.6 billones de las reservas extraordinarias de utilidades.

Qué pasará en 2021, esta es la gran incógnita, aunque no se auguran mejores tiempos, pues se ha vuelto un lugar común reconocer que lo peor de esta crisis está por venir.

Desde luego, sigue siendo inconveniente la excesiva dependencia de la economía nacional del petróleo: 40% de las exportaciones, 24% de los ingresos corrientes de la Nación y las regalías, que son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las entidades territoriales para inversión (entre 40 y 50% de su presupuesto de inversión), se verán reducidas por lo menos en un 50%.

Recordemos que todas las proyecciones de todas las variables de la economía (crecimiento del PIB, exportaciones, renta petrolera y regalías) para 2020 se hicieron sobre la base de un precio del barril de crudo de US$60.5 el barril y una producción de crudo de 854.000 barriles/día. De no cumplirse estas previsiones las consecuencias no se harán esperar. Es imperiosa la necesidad de diversificar la economía, para no seguir al vaivén de los precios del crudo.

La amenaza que se cierne sobre la economía y las finanzas es tanto mayor habida cuenta que las precarias reservas probadas con las que cuenta el país, así hayan repuntado levemente en los últimos dos años, al pasar de 1.782 millones de barriles (relación reservas/producción 5.7) en 2017 a 1.958 millones de barriles en 2018 (relación reservas/producción 6.2) y al cierre de 2019 alcanzaron los 2.036 millones (relación reservas/producción 6.3), para un incremento del 4%.

Además, ese ligero repunte en las reservas obedece, en un porcentaje mayor de las 2/3 partes al recobro mejorado, no así a nuevos hallazgos, y las mismas se ven menguadas con la baja de la cotización del crudo, pues las reservas están en función de los precios. Así, mientras que con precios del crudo de la referencia Brent de US $60 el barril las reservas oscilan alrededor de los 2.006 millones de barriles, a US $30 el barril se reducirían a sólo 1.520 millones de barriles.

No es previsible que con la recesión económica global que, según el FMI, será la peor en 90 años, que los precios del petróleo retornen en el corto o mediano plazo a niveles que superen los US$50 el barril.

Según cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la inversión exploratoria caerá este año de US$640 millones a solo US $270 millones, con una caída del 60%, en la producción de petróleo. Solamente ECOPETROL ha recortado en US$1.200 millones su Plan de inversión para 2020.

Según Francisco Lloreda, con un precio estimado de US$35 el barril, la producción se ha reducido en 35.000 barriles/día y si baja de ese nivel se reduciría aún más. Según él, así las cosas, se “pasaría de un recaudo estimado en el 2019 de $16.1 billones en regalías, impuestos y derechos económicos a un recaudo estimado de 4 billones en 2020”. Esto será la debacle para la economía y las finanzas públicas.

Análisis de la actual coyuntura de recesión económica ocasionada por un débil crecimiento y precipitada por la pandemia del coronavirus. De dónde venimos y para dónde vamos.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

28 de abril de 2020.   Un fantasma recorre el mundo. La recesión económica que sigue a la pandemia del Covid-19, dado que, como lo sostiene el director del CEDE de la Universidad de los Andes Hernando Zuleta, “el impacto de la emergencia económica sigue, como la epidemia misma, una curva exponencial: si no hacemos nada para evitarlo, la pérdida de empleos y tejido empresarial empezará pronto y se multiplicará rápido”.

De allí que al tiempo que hay que empeñarse en aplanar la curva de contagio del coronavirus, hay que hacer lo propio con la curva de la tasa de desempleo, de la pobreza y la del número de empresas que colapsan bajo el peso de la crisis.

Así las cosas, se impone la necesidad de recurrir a la caja de herramientas en salud y economía de la que disponemos, en el entendido que no se puede poner a salvo la salud sino se pone a salvo la economía y viceversa. Tratar de contraponer la salud y la economía es un falso dilema, la una no sobrevive sin la otra. Como lo advierte el escritor Cristo García, “cuanto hay que preservar, priorizar, anteponer a cualquier otra razón, sin por eso relegar en el desván de los esfuerzos a la economía y al aparato productivo, es la vida y la salud de los humanos, pues de ellas dependen la economía, los sistemas políticos y el mercado.”

En suma, la actual crisis por la que atraviesa el país y el mundo tiene tres aristas, la de la salud, la de la economía y la social, imbricadas, interrelacionadas entre sí, de modo tal que la una sigue la suerte de las otras.

El premio Nobel de Economía Amartya Sen lo ejemplifica muy bien: “Si bien la presencia del virus mata gente, la ausencia de sustento también lo hace”. Dicho de otra manera, sin vida no hay economía, y la plata para salvar vidas sale de la economía, son dos variables de una misma ecuación.

Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, “están en juego muchas vidas y muchos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el Covid–19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso.

De dónde venimos

Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco, “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de las desastradas economía y las finanzas públicas, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia del Covid-19.

Pero, esta no es más que una cortina de humo, habida consideración que la economía global no había terminado de reponerse de la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre tanto, las economías de Latinoamérica estaban en plena resaca después de embriagarse con el largo ciclo de precios altos de los commodities, entre 2003 y 2012, para los productos mineros, y entre 2003 y 2014 para el petróleo. De allí que, después de muchos años durante los cuales el promedio de crecimiento de la economía de la región se situaba por encima del crecimiento promedio de la economía global, se invirtieron los papeles y desde entonces su crecimiento ha estado por debajo de dicho nivel.

Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en la región. En Colombia, particularmente para el 2003 casi el 59% de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en 2016 este porcentaje disminuyó al 39,6%. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, esta tendencia se revirtió al pasar del 26.9% en 2017 al 27% en 2018, 190.000 habitantes cayeron en la trampa de la pobreza.

Ocurrió lo mismo con el coeficiente GINI, que mide el grado de concentración del ingreso, el cual después de descender desde 0.54 en 2014 a 0.51 en 2017, en 2018 volvió y subió al 0.52. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31%, superara el porcentaje de pobreza, el 40% de ella se tornó vulnerable, con un pie en la clase media y el otro pie en la pobreza.

En buena medida este retroceso en los indicadores sociales se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9% en 2011 al 3.3% en 2019. Además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5% en 2012, a poco andar cayó al 3.5% y de allí no se ha podido levantar, con el agravante que ya completamos 5 años consecutivos donde el crecimiento del PIB ha estado por debajo de este menguado crecimiento potencial. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los tratados de libre comercio (TLC), que se firmaron a tontas y a locas, el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos pasó de -3.3% en 2013 a – 4.3% en 2019.

Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5%, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del orden del 47%.

Según el DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4% de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90% de las empresas se clasifican como micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en 2016 a 15.7% del PIB, en contraste con el 19.2% del PIB del gasto público. Esta brecha de casi 4 puntos porcentuales se agiganta sin remedio dado que, según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Ello explica el déficit fiscal estructural crónico que acusa la Nación, el cual pasó de -1.8% del PIB en 2014 a -2.5% en 2019.

Es de anotar que, de acuerdo con la CEPAL, el recaudo de impuestos en Colombia como proporción del PIB en 2018 se situó en 18.8%, inferior al promedio de la región que es del 22.8% y muy por debajo del promedio de la OCDE que registra el 34.2%.

A contrapelo de ello, en concepto del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “para cumplir la Ley (léase Regla fiscal), deberán efectuar un ajuste fiscal de 1.4% del PIB entre 2018 y 2019. Esto que suena manejable, equivale de hecho a un choque entre 7.5% y 10% del tamaño del Gobierno en Colombia”. Ello es a todas luces impracticable, máxime cuando con la Ley de Financiamiento primero y la Ley de Crecimiento después, en lugar de arbitrarle mayores recursos a la Nación, se asumió un costo fiscal que bordea los $10 billones. Tanto más si se tiene en cuenta la inflexibilidad que acusa el Presupuesto General de la Nación que supera el 85%.

Ante esta encrucijada, el ministro Carrasquilla ha recurrido a la treta de hacer pasar el gasto corriente por financiamiento mediante la expedición a troche y moche de TES para comprar deuda con deuda y financiar gasto, maquillando las cifras fiscales, las que han perdido credibilidad, tal como lo han manifestado los expertos y las firmas calificadoras de riesgo, y exponiendo al país a la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación. De hecho, dos de las más importantes firmas calificadoras de riesgo, S&P Ratings y Fitch, ya le rebajaron la nota, que está a sólo un escalón de perder la calificación inversionista. Con esta práctica nada ortodoxa, elevó peligrosamente la deuda pública al cierre de 2019, según el Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, hasta el 51.2%.

Las tensiones en el seno de la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal llevaron a que uno de sus integrantes renunciara por considerar que “la Regla fiscal se ha vuelto inocua…El Gobierno cambió la forma de contabilizar el déficit fiscal y está pagando obligaciones con emisión de TES. Esto hace que esos pagos no se vean reflejados en mayores déficits, pero sí engordan la deuda”. Dicho y hecho.

Ahora, cuando el ministro Carrasquilla dice que “este será uno de los peores años, si no el peor, de nuestra historia económica”, no puede atribuírsele en un todo a la pandemia, esta lo que ha hecho es exacerbar la crisis de la economía y las finanzas públicas que ya se venía incubando.

Es más, lo que venía haciendo crisis es el modelo económico que desde los años 90 se impuso en Colombia, siguiendo el recetario del neoliberalismo, aupado por el fatídico y fracasado Consenso de Washington, que siempre tuvo más de Washington que de consenso. Este propugnaba por un Estado ausente, por un Estado distante, que no interfiriera las leyes del mercado, por ello su Decálogo contemplaba la desregulación de la actividad económica como paradigma. Se trata del capitalismo salvaje.

En el caso particular de Colombia, las cifras son tozudas. Durante los diez años siguientes a la adopción de este modelo en las postrimerías de la administración Barco, el crecimiento promedio del PIB fue de 2.5%, la más baja de todo el siglo XX, 50% de la tasa de crecimiento en la década anterior, con el tan execrado modelo “cepalino”.

Después de semejante fiasco, no es extraño que se hubiera reconocido por parte de los heliotropos del Consenso de Washington, encabezados por el mismísimo John Williamson, su padre putativo, en la Cumbre que tuvo lugar en Barcelona en 2004, “los mediocres resultados de las reformas diseñadas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en muchas regiones del mundo. La persistencia – y a menudo empeoramiento – de una distribución de la riqueza y de la renta altamente desigual en muchos países en desarrollo”.

Concluyeron, además, en dicha Cumbre, que “no existe una única política económica que pueda garantizar un crecimiento sostenido… Los países deberían tener la libertad de diseñar políticas adaptadas a sus circunstancias específicas… La prioridad es identificar las restricciones que más dificultan el crecimiento y superarlas mediante políticas microeconómicas y macroeconómicas adecuadas”.

Esto mismo reconoce, aunque tardíamente, el ex viceministro de Hacienda y ex director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, quien después de haberse declarado como “un neoliberal sin corazón”, ahora acepta que “tenemos que rectificar las reformas propuestas, como la apertura económica, las privatizaciones, la desregulación y la reducción de impuestos, pues son mal percibidas… La ilusión de que el mercado solito iba a acelerar el crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación, no resultó cierta para nuestros países… Toca generar conciencia sobre cómo los costos del progreso los están soportando los más vulnerables y el sistema no está siendo justo”. Claro que él podrá repetir con Churchill que “a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada”.

En dónde estamos

La pandemia del Covid-19 se propagó rápidamente por el mundo, y las medidas que se vieron forzados a tomar los distintos países para tratar de atenderla y contenerla causaron una abrupta interrupción de los flujos comerciales, interrumpió la operatividad de las cadenas de valor, así como los suministros y la movilidad a nivel global. Esta provocó una virtual parálisis de la economía, del comercio internacional y una estampida de los capitales golondrina, especialmente desde los países en desarrollo.

De manera que, la confluencia de la pandemia y el freno del crecimiento de la economía global sorprende a esta con muy bajas defensas y por ello mismo muy propensa al contagio. El crecimiento de la economía global en 2019 fue de 2.9% y se pronosticaba un crecimiento del 3.3% para 2020.

Por su parte la economía latinoamericana, después de haber crecido en promedio 2% durante el auge minero-energético (2000–2013), en 2019 el crecimiento estuvo en terreno negativo con –0.6%. La previsión para 2020 del crecimiento de la economía regional por parte del FMI mostraba un ligero repunte de 1.6%. Ahora, según la secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, Latinoamérica está “ante el principio de una profunda recesión. Estamos ante la caída de crecimiento más fuerte que ha tenido la región”.

La economía colombiana, después de cuatro años de ralentización del crecimiento, bajando desde 6.9% en 2011 hasta tocar fondo en 2017 con un crecimiento de 1.4%, rebotó en 2018 con un crecimiento de 2.5% y de 3.3% en 2019, con una meta de crecimiento del 3.7% para 2020. Se prevé un agravamiento del déficit en Cuenta corriente de la Balanza de pagos a consecuencia de la caída tanto de los precios como de los volúmenes exportados de petróleo y carbón. Además, el turismo, que había alcanzado cifras record en 2019, US$6.420 millones, posicionándose en el segundo renglón como generador de divisas, después del petróleo (US$12.900 millones) y por encima del carbón (US$5.600 millones), fue el primero y el más golpeado por esta crisis.

Otra fuente importante generadora de divisas que ingresan al país son las remesas de los colombianos residentes en el exterior, que también se han visto afectadas, a tal punto que se proyecta una caída desde el récord registrado en 2019 de US$6.744 millones a la horquilla entre US$2.023 y US$3.034 millones.

De otra parte, según la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, tanto el Índice de confianza industrial como la comercial registraron en marzo de este año mínimos históricos de -35% y -30.8%, respectivamente. En cuanto al Índice de confianza del consumidor, este registró en marzo -23.8%, perdiendo 12.5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Y no hay que perder de vista que, como lo afirma el presidente de ANIF Mauricio Santamaría, “cuando el consumo de los hogares empieza a caer el PIB también lo hace inmediatamente, porque eso se transmite a otros sectores; entonces los negocios dejan de vender y tienen que recortar empleos. Eso se convierte en una espiral que es manejable hasta cierto punto, pero se puede convertir en una recesión de la que es casi imposible salir y de la que cuesta mucho tiempo recuperarse”.

Para dónde vamos
La perspectiva de la economía a nivel global es sombría y desde luego a nivel regional y nacional. La pandemia la ha puesto a prueba, tanto más en cuanto que su contención al tiempo que afecta los ingresos del sector público y privado, demanda ingentes recursos que sólo el Estado puede proporcionar. El Ministerio de Hacienda pronostica una caída de $10 billones en el recaudo esperado para 2020 de $148 billones. Como afirma el ex presidente de Uruguay José Mojica, “sólo ahora se han dado cuenta de que el Estado es imprescindible”, sobre todo en las actuales circunstancias, en las que deberá impedir a toda costa que la iliquidez en la economía se torne en insolvencia y la recesión en depresión.

Bien ha dicho el ministro Carrasquilla que “la crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de iliquidez empresarial; pero también implica mucho menos ingresos públicos, como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia”.

Según el ex presidente de ANIF Sergio Clavijo, la deuda pública estará “bordeando el 56% del PIB tras financiar déficits arriba del 4% del PIB en 2020–2021 y teniendo que reembolsar los recursos del FAE y el FONPET”.

El ministro Carrasquilla se vio precisado a convocar de urgencia el Comité consultivo de la Regla fiscal, para que este le diera su visto bueno a una mayor flexibilización de la meta del déficit fiscal de 2020, el cual se acordó revisar desde el -2.2% ($22 billones) previsto hasta el -4.9%, asumiendo un decrecimiento de la economía del -1.6%. Ello daría un margen de gasto adicional de $28 billones, los cuales son a todas luces insuficientes, ya que los recursos provenientes de endeudamiento interno para el Fondo de Mitigación de la Emergencia (FOME) suman $25.2 billones y $9.8 billones con la banca comercial a través de los títulos de solidaridad, los cuales superan dicho margen. No obstante, como lo sostiene el director del FMI para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner “se han cumplido las condiciones necesarias para activar el artículo 6 de la regla fiscal que permite gastos contracíclicos adicionales por dos años bajo la Regla. Incluso, si esto no fuera suficiente, también existe una Cláusula de escape bajo la Regla fiscal que podría activarse en circunstancias extraordinarias fuera de control del Gobierno”.

Ello puede llegar a representar un hueco fiscal en 2020 que, según Corficolombiana, oscilaría entre 4.2% y 5.1% del PIB; para ANIF del 5%, y para Fedesarrollo entre 4.7% y 5.7%, cálculo que puede resultar optimista si se prolonga la pandemia. La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes va más lejos y asegura que el efecto combinado del gasto adicional no previsto y la caída en el ingreso podrían llevar el déficit al 8% del PIB, lo cual se traduciría en un incremento de la relación deuda pública/PIB del 51.2% a cerca del 60%. No se le pueden, entonces, endosar todas nuestras dolamas al coronavirus.

Hacia dónde vamos

El ministro Carrasquilla dice que “la economía, obviamente, no va a crecer el 3.7% que estimamos en el Plan financiero redactado antes de la pandemia. La tasa de crecimiento será negativa y lo será en grado muy importante. Nuestro cálculo preliminar está entre -1.5% y – 2%”[1]. Todo indica que el Ministro se está quedando corto por exceso de optimismo, pues según las proyecciones del FMI el PIB en 2020 tendrá una baja en su crecimiento de –2.4%, por su parte la CEPAL prevé una contracción del PIB de –2.6%. Fedesarrollo es más pesimista y pronostica una baja del crecimiento que se situaría en el rango –2.7% a –7.9% en 2020, y peor le iría a la tasa de desempleo que podría alcanzar el 16%, en el escenario más optimista y 20.5% en el más pesimista. Y, como lo sostiene el director del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, el economista Stéfano Farné, “muchas familias terminarán en la pobreza porque la informalidad era su alternativa de empleo”. Según el columnista Ricardo Ávila, de continuar con la parálisis actual, “haría desaparecer más de diez millones de empleos con consecuencias devastadoras sobre un vasto segmento de la población”.

Y no es para menos, dado que según la desoladora Declaración reciente del FMI la caída del PIB mundial sería de –3%, la cual podría llegar a –8% si se prolonga la pandemia o se presenta una nueva ola de contagios. Refiriéndose a Latinoamérica, la CEPAL sostiene que “a diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera, sino de personas, producción y bienestar”, y después de haber previsto un crecimiento del PIB de la región para el 2020 de 1.3 ahora prevé un descenso de –1.8%, pero que podría llegar a ser -4% “o incluso más”. Entre tanto el FMI considera que a Latinoamérica le puede ir peor y por ello pronostica una caída de la actividad económica de –5.2%, la peor recesión de su historia.

Queda en el campo de la futurología saber cómo y cuándo vamos a salir de este pandemónium. En este momento todo es incertidumbre, todavía es muy temprano para hacer balances o proyecciones, de allí que no sepamos ni podemos predecir si la recuperación de la economía global, la de la región y la de Colombia tomará forma de V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo.

Corolario

Varias son las conclusiones que podemos colegir luego de analizar y examinar los antecedentes y las consecuencias que se pueden derivar de la actual crisis, la cual no tiene precedentes en la historia moderna, empezando porque la globalización como la conocemos va a cambiar y con ella van a cambiar muchos de sus paradigmas. Nuevas reglas en las relaciones comerciales entre los países, los hábitos de consumo van a cambiar y la economía digital terminará por imponerse. Como afirma Paul Valery, “el futuro ya no es lo que era” antes de esta pandemia.

En una cita afortunada del ex secretario del Departamento de Estado de EEUU Henry Kissinger que nos trae el analista Moisés Naím, nos dice que “estamos viviendo un cambio de épocas… El reto histórico para los líderes de hoy es gestionar la crisis al mismo tiempo que construyen el futuro. Su fracaso en esta tarea puede incendiar el mundo”.

El gran historiador israelí y autor de la obra 21 lecciones para el siglo XXI Yuval Noah Harari, dice que “las decisiones que los gobiernos y las personas adopten ahora van a determinar el escenario de los años que vienen…No solamente en lo que tiene que ver con la salud, sino también con la economía, la política y la cultura”.

Pero, también advierte: “sea quien sea a quien elijamos para gobernar en los próximos años tendrá la capacidad de revertir lo que se decida ahora… Pronto un nuevo orden emergerá y se solidificará y, por lo tanto, el momento de influir en la dirección de la historia es este”. Así de claro.

Coincido con la secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena cuando anuncia que “estamos ante un cambio de época, de paradigma. Tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo”, porque el ya anquilosado modelo económico neoliberal fracasó, porque el Estado, tan denostado por sus turiferarios, vuelve con más fuerza a cumplir su rol de gestor y promotor de un desarrollo sostenido e incluyente. Dijo Bertolt Brecht que “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”, y en esas estamos.

Devendrá una nueva normalidad, puesto que, como lo dice la escritora Isabel Allende “nuestros sistemas políticos y económicos han caducado” y otro sistema político y económico vendrá a ocupar su lugar. Como el huevo de la serpiente de Ingmar, su membrana transparente lo delata. No podemos permitir que se perpetúe un modelo económico y social en donde, como lo afirma el ex presidente de Uruguay José Mojica, “la economía crece, pero concentra mucho más de lo que crece”. Esta distopía le debe ceder el paso a la utopía realizable de una economía solidaria, resiliente frente al cambio climático, diversificada, signada por el bienestar, la equidad y la inclusión social.

En Colombia llegó la hora, por fuerza de las circunstancias, de repensar y replantear el modelo económico al que se han aferrado unos tras otros los gobiernos, sobre todo en las últimas tres décadas, durante las cuales, al igual que en los demás países de Latinoamérica, según lo acota Alicia Bárcena, “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados” y remata diciendo, “así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.

En esa misma línea, elForo Económico Mundial (FEM) llama la atención sobre el hecho que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”. Para ello se requiere que la diversificación de la economía sea una política de Estadode largo aliento, que garantice su continuidad en el tiempo y el espacio.

Rematamos con esta frase de Gabriel García Márquez que, como todas las suyas, ilumina con su lucidez y perspicacia: “Nuestra virtud mayor es la creatividad y, sin embargo, no hemos hecho más que vivir de doctrinas recalentadas y guerras ajenas.” Entonces, seamos creativos. ¿Por qué no darnos nuestro propio modelo, que responda a nuestra realidad y expectativas?

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

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El exministro Amilkar Acosta hace un análisis sobre las implicaciones de la guerra de precios del petróleo sobre la economía colombiana, en medio de la crisis mundial por el coronavirus.  

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

31 de marzo de 2020.   Si algo caracteriza a los precios del petróleo es su volatilidad, y esta está determinada por los fundamentales del mercado y/o por las viceversas de la geopolítica. El caso más patético fue lo ocurrido a raíz de la Guerra del Yonkipur en octubre de 1973, que provocó una espiral alcista de los precios del petróleo desde los US $2.5 el barril de crudo ese año hasta los US $30 en 1979, para un alza del 1.200%. Desde entonces la tendencia de los precios del petróleo ha sido al alza, pero sin dejar atrás su volatilidad, al punto que, después de haber alcanzado su máximo histórico de US $146.50 el barril en julio de 2008, se desplomó hasta tocar piso en enero de 2016 bordeando los US $24 el barril.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se preveía que, a consecuencia del enfriamiento de la economía global, atribuible a la guerra comercial que el presidente Donald Trump le había declarado al resto del mundo, la demanda de petróleo en 2020 se reduciría, por primera vez desde 2009, aproximadamente en 90.000 barriles/día.

De hecho ya veníamos con una sobreoferta de crudo que presionaba el precio a la baja, lo que condujo a la OPEP y a otros 10 países más, encabezados por Rusia, a hacer causa común para atajar la caída de los precios. Con tal fin acordaron desde 2017 reducir su oferta y esta medida les venía funcionando, al punto que el año anterior el promedio del precio fue de US $64 el barril.

Con lo que nadie contaba era con que en los albores de 2020 se iba a desatar la pandemia del COVID-19 que, al obligar a tomar medidas extremas por parte de todos los países para contener su avance, se afectaron las cadenas de valor a nivel global, contagiando a la economía.

Llegamos al punto que, al limitarse la producción y circulación de personas, bienes y servicios, según la directora del FMI Kristalina Georgieva, “hemos entrado en una recesión igual o peor que la del 2009”. Y esta recesión, todavía en ciernes, afecta la demanda de petróleo arrastrando los precios a la baja, repitiéndose la historia de 2008, cuando la economía global tuvo un decrecimiento de -0.6% y los precios del crudo cayeron de un promedio de US 94.10 el barril en 2008 a US $60.86 en 2009.

Pero, como por la Ley de Murphy todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, el desencuentro entre Arabia Saudita, que lidera la OPEP, y Rusia, impidió que se extendiera el acuerdo alcanzado hasta diciembre de 2020 y desató una guerra de precios que ha puesto en jaque a los productores y exportadores de petróleo en todo el mundo.

Los precios del crudo se deslizaron desde los US $68.9 el barril de la referencia BRENT el 6 de enero de este año hasta los US $22.76 al cual se cotizó el 30 de marzo pasado, su menor nivel desde noviembre de 2002. Y no es para menos, luego de conocerse el anuncio de Arabia Saudita de llevar su producción a un nivel record de 10.6 millones de barriles diarios para el mes de mayo.

Bien decía Napoleón Bonaparte que cuando uno sube se puede detener, pero cuando baja es muy difícil detenerse; esto, para decir que no se vislumbran mejores precios para el petróleo en el inmediato futuro, máxime cuando, como afirma Eugen Weinberg de Commerzbank, “no hay ninguna señal de reconciliación entre Arabia Saudita y Rusia”. Cómo será que el impredecible Donald Trump se atrevió a espetar que “esta es una lucha entre Arabia Saudita y Rusia y ambos se volvieron locos”.

Arabia Saudita está convencida, como lo dice Andre Lebow de Commodities Research, que “con las mayores reservas de crudo y el bajo costo de su producción va a ganar” esta guerra y Rusia considera que está en capacidad de resistirla.

Los déficits gemelos

Así las cosas, la economía colombiana va a tener que soportar este año un choque externo a consecuencia de la caída de los precios del petróleo muy severo, después de cerrar el año anterior con los déficits gemelos a cuestas: 4.3% de déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos y un déficit fiscal aparentede 2.5%.

De mantenerse los precios del crudo alrededor de los US $30 el barril por el resto del año, lo que es muy probable, y siendo que este renglón de las exportaciones representa el 40%, aproximadamente, se teme que el déficit de cuenta corriente puede llegar a superar el 5%. Huelga decir que también impactará el ritmo de crecimiento de la economía, toda vez que por cada US $10 que baja el precio del barril de crudo reduce en un 0.4 puntos porcentuales el crecimiento del PIB.

Además, si tenemos en cuenta que el precio de referencia que se tuvo en cuenta en la actualización del Plan financiero de 2020 fue de US $60.5 dólares el barril, la diferencia le pasará factura al Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2020 por valor de $12 billones.

La situación se complicaría aún más el año entrante, dado que será entonces cuando se sentirá con todo su rigor el costo fiscal, por cuenta de las exenciones y beneficios tributarios a las empresas, de la Ley de crecimiento aprobada el año anterior, que se calcula en unos $10 billones y también la caída de los ingresos al fisco por concepto de impuesto de rentas, dividendos y regalías que paga la industria petrolera. Por cada dólar que baja el precio del barril de crudo se dejan de recibir $429.000 millones y por cada 10.000 barriles que se dejan de exportar se dejan de recibir $301.000 millones.

Colombia se verá afectada por partida doble, porque a la baja de los precios, que es ineluctable, se vendrá a sumar la caída de la producción y las exportaciones de crudo porque los pozos que produzcan a costos por encima de los US $30 el barril, que son muchos, seguramente dejarán de bombear. En suma, este bajonazo de los precios del crudo ha puesto a la economía colombiana a sudar petróleo.

Este cuadro tan amenazador fue el que llevó a la firma calificadora de riesgo S&P Global Ratings a rebajar la perspectiva desde estable hasta negativa, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica la visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses.

Ya a finales del año anterior otra firma calificadora de riesgo, Fitch, había ratificado también la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia, pero con perspectiva negativa, sustentada en el hecho que la misma “refleja los riesgos continuos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal y el aumento de las vulnerabilidades externas derivadas de los mayores desequilibrios externos y el aumento del endeudamiento.”

Como afirma Daniel Guardiola, economista de BTG Pactual, “la economía colombiana enfrenta un período desafiante, con un empeoramiento del déficit de cuenta corriente, un aumento del déficit fiscal, una desaceleración de la actividad económica y, finalmente, un deterioro de la calificación crediticia del país y tal vez la pérdida del grado de inversión.” Y estamos a un solo escalón de perderlo.

Una vez más, apelo a la frase del inversor y empresario estadounidense Warren Buffet, según la cual “sólo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo”, y lo que es claro es que, después del largo ciclo de precios altos del petróleo, que duró desde 2003 hasta junio de 2014, que no supimos aprovechar para corregir los déficit gemelos, la economía colombiana sigue dependiendo en exceso del crudo, sujeta a las oscilaciones de sus precios internacionales.

Bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) que “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía.” Pero no se ha tomado nota de ello, sólo cuando sobreviene la destorcida de los precios del petróleo se plantea la necesidad de diversificar la economía, pero tan pronto repuntan deja de ser prioridad para el Gobierno de turno. Este debería ser un propósito nacional que se traduzca en una política de Estado y deje de ser política de gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.