Del Túnel de La Línea y otros elefantes blancos

Doce años después de su adjudicación, con un atraso en su entrega de 7 años y con un sobre costo de $2.536.000´000.000, se inaugura un Túnel de La Línea inconcluso todavía y, lo que es más grave, unidireccional.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

4 de septiembre de 2020.   El primero y el único de los 15 planes nacionales de desarrollo que han regido en Colombia desde 1961 que ha trascendido el cuatrienio fue el que expidió, con gran visión de futuro, el ex presidente y estadista Alberto Lleras Camargo, el Plan Decenal de Desarrollo (1961–1970).

De allí que primen las políticas de gobierno sobre las políticas de Estado y los proyectos de corto vuelo sobre aquellos que son de largo aliento. Las promesas de los candidatos a ejercer dichos cargos de “construir sobre lo construido” por sus antecesores se quedan en la retórica, al fin y al cabo, como se suele decir, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa.

Siempre se está a la búsqueda de victorias tempranas y de mangos bajitos, al alcance de la mano, que reditúen políticamente para próximas aspiraciones, ello es patético por lo efímero.

El ex constituyente Alvaro Gómez Hurtado le dio una explicación a este síndrome: “de antemano se supone que los colombianos no están preparados para pensar en grande”. Por lo visto, estamos condenados al cortoplacismo.

Cada presidente, gobernador o alcalde aspira a poner la primera piedra de las obras a ejecutar y a cortar la cinta al momento de su inauguración. No obstante, ello no siempre es posible porque los atrasos, aplazamientos y complicaciones de las mismas, los postergan y además de los sobrecostos que conllevan, dan pie para que la avilantez de los gobernantes de turno terminen ganando indulgencias con avemarías ajenas.

La sinfonía de obras inconclusas

Y como la prioridad de unos no necesariamente es la prioridad de otros, el país se ha convertido en escenario de una sinfonía de obras inconclusas, al punto que acaba de aprobar el Congreso de la República una Ley que obliga al Gobierno a establecer un registro de los que se han dado en llamar “elefantes blancos”.

A la falta de continuidad en la planeación se ha venido a sumar la imprevisión y la improvisación que prevalecen en la gestión pública a lo largo y ancho del país.

La Contraloría General de la República identificó a través de su Estrategia Compromiso Colombia 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y lo que calificó como elefantes blancos, sin ninguna utilidad público ni social. Según el Vice contralor Ricardo Rodríguez, sumados alcanzan la friolera de los $8,6 billones. Para la muestra traemos a colación una de las más insólitas de ellas el Túnel de la Línea.

Se anuncia en los medios que “está lista una obra imaginada hace más de un siglo”, cuando esta aún está inconclusa, como lo veremos. Según el INVÍAS, el 4 de septiembre “se dará al servicio el primer módulo del proyecto”, queda faltando el segundo módulo.

El viacrucis del Túnel de la Línea

Durante más de 50 años la construcción del Túnel de la Línea se había convertido en una verdadera obsesión y en un proyecto estratégico para el país largamente aplazado, pero a la postre se tornó en un verdadero viacrucis.

Se trata de cruzar la cordillera central de Los Andes colombianos, por debajo del conocido Alto de la Línea, conectando los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), mediante una infraestructura que contempla un túnel principal de 8,65 kilómetros, aproximadamente, distante 16 y 11 kilómetros de uno y otro portal, respectivamente.

Este sería el túnel más largo en Latinoamérica. Se trata de reducir el trayecto y mejorar la movilidad desde el centro del país con el Eje Cafetero y Cali, a través de la Ruta nacional 40, y Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Una vez que esta imponente obra entre en operación se podrá reducir hasta en 80 minutos el tiempo del recorrido de los vehículos de carga y en 40 minutos el de los vehículos livianos.

En 2008 se le adjudicó la ejecución del proyecto, con un costo de $629.000 millones, bajo la modalidad llave en mano, al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario y se iniciaron obras en diciembre de 2009, teniendo como fecha de entrega del Túnel julio de 2013.

Sin embargo, la Unión Temporal, alegando mayores fallas geológicas e imprevistos no cumplió con el plazo de entrega de la obra y demandaba del Estado reajustes para cubrir sus mayores costos.

El entonces vicepresidente de la República Germán Vargas y responsable de los proyectos de infraestructura montó en cólera ante el incumplimiento y dejó en claro que al Túnel “le restaría un año y seis meses y necesitaría una inversión cercana a los $160.000 millones” adicionales al monto originalmente presupuestado, eso siempre y cuando la “obra anduviera a todo vapor”. Amenazó a la Unión Temporal con declarar la caducidad del contrato, al “constatar… que hay muy poco frente de obra trabajando. Desde hace varios meses se viene reduciendo el personal”.

Dicho y hecho, aunque la Unión Temporal prometía que la obra se concluiría en noviembre de 2016, se veía cada vez más lejos la luz al final del túnel. En efecto, la ministra de Transporte, Natalia Abello, quien estuvo en la zona del proyecto, constató que ni una sola obra del túnel estaba terminada y que faltaban unos 400.000 millones de pesos para terminarla en su totalidad.

No obstante que la constructora insistió en sentarse con el INVÍAS para negociar los términos de lo que sería un nuevo acuerdo para concluirla, se procedió a la declaratoria de la caducidad del contrato el 26 de enero de 2015 y se le impuso además al Consorcio una multa por valor de $60.300 millones, correspondiente a la cláusula penal del contrato.

La decisión del INVÍAS fue recurrida y al final no se hizo efectiva, a cambio se amplió, una vez más, el plazo de entrega y se reprogramaron las obras, con tal fin, según el vicepresidente Vargas, se establecieron “20 metas volantes, de manera que cada mes debe entregarse un conjunto de avances de obras verificables y el no cumplimiento de dos de esas metas, dará lugar a la terminación anticipada del contrato sin perjuicio de las acciones legales que pueda ejercer el Estado”.

Para completar lo que resta del Túnel de La Línea, el Gobierno junto al consorcio acordaron usar 327.000 millones de pesos, los cuales provendrían de la aseguradora del contrato, recursos propios del contratista y aportes que incluyen maquinaria, formaleta de revestimiento y plantas de trituración, asfalto y concreto.

Este último plazo tampoco se cumplió, el Gobierno decidió no prorrogar más el contrato con Segundo Centenario, este se dio por terminado y se procedió a su liquidación. Se dispuso, entonces, iniciar un nuevo proceso express de licitación para contratar la conclusión de la obra, la cual le fue adjudicado a un nuevo contratista integrado por CONCONCRETO y CSS.

Este proyecto que lo contrató e inició el ex presidente Álvaro Uribe, que lo continuó el ex presidente Juan Manuel Santos, lo asumió el presidente Iván Duque, quien en las primeras de cambio en enero de 2019 y tras inspeccionar el avance de las obras anunció que la puesta en funcionamiento del Túnel de la Línea será en diciembre de ese año.

El hecho cierto e incontrovertible es que después de 10 años de iniciado el Túnel de la Línea y 7 años de atraso, según la Ministra de Transporte Ángela María Orozco, se requieren $600.000 millones más para terminarlo.

En concepto del Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, “el costo del Túnel de la Línea creció 546%, al pasar de $464.000 millones a $3 billones, sin que aún esté concluido”.

Es más, según el director del INVÍAS Juan Esteban Gil, “las obras faltantes y que son parte del segundo módulo de entrega están tasadas en unos $750.000 millones”.

Llama poderosamente la atención que no obstante que se esperaba que la entrega del Túnel se hiciera efectiva en 2016, sólo un año después se percataron de que no se había previsto la construcción de la doble calzada desde la boca del túnel hasta Calarcá y tuvieron que salir en volandas a estructurar y diseñar dicho proyecto.

De modo que de haberse cumplido con la entrega del Túnel este no habría conducido a ninguna parte, hubiera sido un túnel ciego. Este hecho puso de manifiesto, una vez más, la imprevisión y la improvisación con que se toman decisiones por parte de los gobiernos, sobre todo en un asunto tan sensible como este.

La tapa

Pero, definitivamente, la tapa de esta triste y descorazonadora historia es como para no creer: como ya dijimos, nos demoramos más de 50 años en tomar la decisión de adelantar este proyecto, para ganar en competitividad, aproximando el centro industrial del país con el puerto de Buenaventura, reduciendo los costos del transporte y el flete; pero resulta que se contrata la ejecución del Túnel de la Línea en una sola dirección.

Tendremos que esperar otros 50 años para acometer la construcción del túnel de retorno. Increíble, pero cierto, 12 años después de su adjudicación, con un atraso en su entrega de 7 años y con un sobre costo de $2.536.000´000.000, se inaugura un túnel inconcluso todavía y lo que es más grave unidireccional.

Queda habilitado para transitar entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), quienes se dirijan hacia el occidente del país deberán continuar subiendo al alto de La Línea.

Según el director del INVÍAS, “en los estudios que se están haciendo de modelación de la carretera, se estima que en veinte años se debe tener el segundo túnel”. Veinte años que se pueden convertir en cincuenta.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La mala hora de la industria petrolera

Análisis del exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta sobre la difícil coyuntura que atraviesa el sector petrolero mundial.  

Por: AMYLKAR ACOSTA*

13 de agosto de 2020.   Según reveló el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón, tanto los ingresos operacionales como las utilidades de la empresa vienen en caída libre. En el primer trimestre de 2020 las utilidades cayeron el 95% con respecto al primer trimestre del año anterior, reduciéndose a sólo $133.000 millones.

Pero, el registro del segundo trimestre fue aún peor, ya que las utilidades se redujeron a sólo $25.000 millones, 99.3% inferiores a las del mismo trimestre del año pasado. El consolidado para el primer semestre de este año arroja una utilidad de $158.000 millones, la cual contrasta con los $6.2 billones registradas en el primer semestre del 2019.

Este es un duro golpe para las finanzas tanto del Gobierno central como para los departamentos y municipios. El Gobierno central vera reducido ostensiblemente el recaudo de la renta petrolera el año entrante y verá menguado el giro por concepto de dividendos de parte de Ecopetrol, como accionista mayoritaria que es.

Por su parte, las entidades territoriales verán también disminuidos sus ingresos provenientes de las regalías, los cuales, al fin y al cabo, son los únicos recursos ciertos con los cuales cuentan para la inversión.

La razón primordial de este bajonazo en los ingresos y en las utilidades que se extiende a toda la industria petrolera radica en la caída de los precios internacionales del crudo, cuya cotización ha caído más del 40% con respecto al precio promedio del barril del año pasado. A ello se viene a añadir la baja en la producción, que a nivel país alcanzó a rozar los 900.000 barriles/día el año pasado y en el primer semestre de 2020 ha caído hasta los 730.000 barriles/día.

Si por acá llueve…

Definitivamente esta es la mala hora no sólo para Ecopetrolsino para toda la industria petrolera en el mundo, pues, como lo afirma el presidente de Campetrol Germán Espinosa, “la crisis ha impactado de manera generalizada a todas las empresas del sector a nivel global”. En ello ha influido, como es apenas lógico, la virtual parálisis de la economía y las medidas de aislamiento e inmovilización del transporte que se tomaron a nivel mundial como medidas desesperadas para contener la propagación de la pandemia del Covid 19, desencadenando la caída de los precios del crudo, atribuible a la caída de la demanda en más del 10% en el primer semestre de este año.

La gigante ExxonMobil, considerada como la empresa más grande del mundo perdió en el primer trimestre de este año US $610 millones, el peor en 32 años, después de haber registrado utilidades del orden de los US $2.350 millones en el primer trimestre de 2019.

Pero como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, resulta que al cierre del segundo trimestre las ventas cayeron el 53% y sus pérdidas se incrementaron exponencialmente, llegando a los US $9.300 millones.

Desde luego que las empresas que han llevado la peor parte son aquellas que han estado enfocadas en la explotación de crudos pesados, offshore y yacimientos no convencionales (YNC), por incurrir en mayores costos de extracción del crudo.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de crudo para el año completo caerá en promedio 7,9 millones de barriles/día, luego de dejar atrás el “abril negro” y eso a pesar del recorte histórico pactado de la oferta por parte de la OPEP+ de 7,1 millones de barriles/día.

Para el 2021 la AIE muestra un optimismo moderado. Según su previsión, la demanda rondará los 97,4 millones de barriles/día, un avance de 5,3 millones de barriles/día, algo inferior a su proyección anterior y 2,6 millones de barriles/día por debajo del promedio de la demanda en 2019.

Claro está que, como lo advierte The Wall Street Journal, este revés de la industria petrolera no responde sólo al coletazo de la pandemia. Según la publicación, “los pésimos resultados están agravando los problemas para los gigantes del petróleo, que luchaban por atraer inversores incluso antes de la pandemia, ya que las preocupaciones sobre las regulaciones del cambio climático y la creciente competencia de las energías renovables y los vehículos eléctricos nublan el futuro de los combustibles fósiles”.

Esta calamitosa situación de la industria petrolera ha incidido en la cotización y en la valoración de las empresas del sector petrolero, a tal punto que según el mismo The Wall Street Journal el banco de inversión Evercore ISI “BP, PLC, SHELL y Total se cotizan a mínimos de 30 años en relación con el índice S&P 500 general. ExxonMobil se cotiza en su nivel más bajo al índice S&P 500 desde 1977”.

El contraste no puede ser mayor cuando cotejamos la cotización de las acciones y la valoración de las multinacionales petroleras con la de las compañías tecnológicas: en este momento, una acción de NETFLIX vale un 25% más que la de la ExxonMobil. Es más, el valor de mercado de TESLA, la compañía americana fabricante de vehículos eléctricos, es mayor que el de la Toyota y la Volkswagen juntas. Este es un buen indicador de hacia dónde se está moviendo el mundo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Un precedente funesto para los proyectos de energía de la Costa

Mis palabras, pronunciadas en la plenaria del Senado de la República el 28 de julio de 1998, con ocasión de un debate de control político a raíz de la decisión del Gobierno Nacional, que no compartí, de liquidar a las electrificadoras subsidiarias de Corelca para privatizar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe resultaron premonitorias: ‘vamos a salir de las llamas para caer en las brasas’.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

10 de agosto de 2020.   Han transcurrido más de dos décadas durante las cuales, lejos de mejorar la prestación del servicio como se prometió, Electricaribe, que fue la empresa que lo asumió, se convirtió para sus usuarios en una verdadera pesadilla, en una calamidad pública, al punto que a la postre el mismo Gobierno Nacional se vio en la penosa necesidad de intervenirla y posteriormente liquidarla. 

El departamento de La Guajira no es la excepción sino la regla, dado que por estar en la cola del sistema, ha llevado la peor parte, al tener que soportar con estoicismo y con paciencia los continuos apagones, racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento”, así como las oscilaciones de voltaje, con el daño consiguiente de los artefactos eléctricos.

Un estudio técnico adelantado por la UPME llegó a la conclusión, aludiendo a esta falencia, que “la ausencia de las obras de refuerzo eléctrico implica una situación de desatención del abastecimiento de energía en su área de influencia”.

Entonces, para mejorar la prestación del servicio se requiere contar con un anillo eléctrico que le de redundancia a la red de transmisión entre los municipios de Riohacha y Maicao, anudada con la subestación eléctrica de Cuestecitas. Con tal fin, ideamos e impulsamos desde el Senado de la República dicho proyecto, con la mira puesta en estabilizar la prestación del servicio de energía y mitigar las contingencias a las que aún están expuestos los usuarios. 

Años más tarde, como ministro de Minas y Energía retomé el tema. En efecto, prioricé dicho proyecto en el Plan5Caribe para su ejecución, con mensaje de urgencia, como quedó consignado en la Resolución 093 de 2014 de la CREG.

En 2016, finalmente, el Gobierno Nacional adjudicó el contrato para ejecutar este proyecto a la firma Elecnorte. Tal y como lo dispone la normatividad legal esta procedió a tramitar la Licencia ambiental y a adelantar las consultas previas correspondientes. Corpoguajira le otorgó la Licencia, la cual conlleva un plan de manejo ambiental (PMA) que incorpora las medidas de mitigación y reparación a que hubiera lugar, las cuales debió asumir la empresa ejecutora de la obra.

Por su parte, el Ministerio del Interior debía certificar, como en efecto lo hizo, las comunidades con las que se deberían adelantar las consultas previas, las que se efectuaron satisfactoriamente con las 154 comunidades entre indígenas y afrodescendientes debidamente certificadas el 11 de septiembre de 2018.

Palos en la rueda

Pero, como no faltan quienes le metan palos en las ruedas para entorpecer el avance de proyectos que como este son de interés colectivo, poniendo en primer lugar sus intereses personales, empezaron a torpedear el avance de la obra. Se interpuso una acción de tutela en la que se alegaba que algunas comunidades habían sido excluidas de dichas consultas, la que en primera instancia fue fallada a favor de las mismas, pero posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Riohacha el 22 de julio de 2019, por no encontrar mérito para ello ni fundamento en sus pretensiones.

No obstante, 32 meses después del Acuerdo suscrito por la empresa con las comunidades debidamente certificadas por el Ministerio del Interior con las que se adelantaron las consultas previas y cuando solamente falta el 10% para terminar el tendido de las líneas y así contar con un sistema redundante que garantice una notoria mejoría en la prestación del servicio, nuevamente y aludiendo los mismos motivos, se presenta una nueva tutela. Esta vez ante el Juzgado penal de circuito y este, sin verificar siquiera la existencia de la “exclusión” que se aduce, contrariando lo dispuesto por el Tribunal Superior, procedió a fallar favorablemente el pasado 21 de julio y lo que es peor ordenó suspender las obras, con grave perjuicio para más de 700.000 usuarios del servicio de energía.

Esto, a todas luces, es un despropósito, tanto más en cuanto que ordenar la parálisis de la ejecución de este importante proyecto es una medida desproporcionada, habida consideración de que si de lo que se trata es de salvaguardar el derecho a la consulta previa que demanda la parte interesada, según Sentencia de la Corte Constitucional SU -123 de 2018 “la consulta procede aun cuando el proyecto esté en marcha e incluso cuando haya finalizado”.

Cabe preguntarse en dónde queda la seguridad jurídica, acaso la competencia para determinar cuál o cuales comunidades deben ser objeto de la consulta previa no es el Ministerio del Interior o ello quedará a merced de los jueces, que contravienen los fallos de sus superiores, pues para ellos no hay cosa juzgada.

Como dice el adagio popular, cada loro en su estaca, de lo contrario situaciones como estas se van a seguir presentando, al dar pábulo para que se abuse de la Consulta previa como derecho fundamental consagrado en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, distorsionándola y desnaturalizándola con el propósito de sacar provecho indebido de la misma.

Este es un precedente funesto y si no se le pone coto, el uso y abuso de las consultas previas por parte de impostores que usurpan y se arrogan la representación de las comunidades en su propio beneficio, pueden dar al traste con los 14 proyectos ya aprobados y contratados para instalar 9 parques eólicos y 5 granjas solares en La Guajira y el Cesar, con los cuales Colombia está dando los primeros pasos de su Transición Energética hacia la generación de energía renovable y limpia, diversificando su matriz energética e imprimiéndole una mayor resiliencia frente al Cambio climático.

Está de por medio, además, una inversión inicial de $10 billones y la generación de 50.000 empleos, beneficio este que terminará extendiéndose al resto del país garantizándole mayor confiabilidad y firmeza a la prestación del servicio de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La economía en barrena

El exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta hace un análisis sobre la situación de la economía y sus perspectivas para salir de la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

3 de agosto de 2020.   La crisis económica global, que se ha visto exacerbada por la pandemia de la Covid–19 y las medidas que se han tomado para su contención, han obligado a los gobiernos a disponer acciones tendientes a evitar su agravamiento, evitando que muchas empresas pasen de la iliquidez a la insolvencia y de esta a la quiebra, aprisionadas por un choque del lado de la oferta y del lado de la demanda, tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, sacudida por la caída de los precios de las materias primas, el colapso del turismo y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros.

De allí que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB que antes le apostaban al repunte, después de un largo letargo, acentuado por la guerra comercial que desató el presidente de EEUU Donald Trump, ahora todas las proyecciones para este año están en terreno negativo.

Y no es para menos, después de semejante frenazo de la actividad económica. Según las Perspectivas económicas de la OCDE la economía global registrará este año una recesión sin precedentes de -6% si la pandemia “permanece bajo control”, y de -7.6% en caso de una segunda ola, al tiempo que prevé una leve recuperación del 2.8% para 2021.

Su Economista Jefe Laurence Boone vaticina, además, que “la pérdida de ingresos superará todas las recesiones anteriores de los últimos cien años”. Y de contera, según cifras de la OMC, el comercio global se reducirá 32%, peor que el registrado durante la crisis financiera internacional de 2008 – 2009.

Todo indica que Latinoamérica será el epicentro de la recesión económica global, la que llevará la peor parte; de hecho, antes de esta crisis el ritmo de crecimiento de la economía regional venía rezagado con respecto a la media mundial.

Según proyecciones del Banco Mundial, la contracción del PIB en Latinoamérica y el Caribe en 2020 será del -7.2%, más de tres veces mayor que la registrada a raíz de la crisis financiera en 2009, que fue de -1.9%, y la de la crisis de la deuda en 1983, cuya pérdida fue de -2.5%. Según la CEPAL, la economía de la región podría caer este año entre -5.3% y -7% y “quizá lleguemos al -8%”, algo nunca visto.

Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y dolorosa. Al preguntarnos por la forma que tomará, si será en V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo, encontramos una respuesta plausible en el director del Centro para el Desarrollo Internacional Ricardo Hausmann: dicha recuperación tomará la forma del logotipo de Nike (), una recuperación muy lenta después de una caída brusca, de tal suerte que no es dable esperar volver a los niveles de 2019 antes de 2022.

En este contexto, resulta demasiado optimista la aspiración del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de una caída del crecimiento de –5.5% para este año y un repunte inusitado del crecimiento del PIB para el año entrante “por lo menos al 5%” e “incluso del orden del 6%, como pensamos que va a suceder”, contrastando con las proyecciones del Banco Mundial y el FMI para el 2021 del 3.6% y 3.7%, respectivamente.

La recuperación de la economía colombiana estará lastrada por las secuelas que se derivan de la onda recesiva en curso, que ha elevado sensiblemente la tasa de desempleo, la cual registró en abril, primer mes de la cuarentena, el 19.8%,la cual subiría, según Fedesarrollo, hasta el 30% si se le suman los inactivos, con tendencia a su agravamiento. El desempleo afecta el ingreso, así como también al consumo y este, que representa casi el 70% del total de la economía, es el gran impulsor del crecimiento del PIB.

En cuanto al sector externo, además de la contracción del comercio internacional, Colombia enfrenta un estancamientoinveterado de sus exportaciones, las cuales dependen en una altísima proporción de las materias primas, especialmente del carbón y el petróleo. Colombia ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica, en diversificación de sus exportaciones, apenas supera a Venezuela. El bajo índice de exportaciones per cápita (US $1.000) no mejora, pese a los 16 tratados de libre comercio firmados en los últimos veinte años. Como afirma el ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo “nos hemos concentrado mucho en firmar tratados, pero no en aprovecharlos”.

De allí que, para salir del atolladero en que está patinando la economía, se requiere cambiar el modelo económico por otro más sustentable, diversificando la economía, su oferta exportadora y los mercados externos.

Lo advirtió la CEPAL al cierre del año anterior, mucho antes de la pandemia, en su Informe preliminar: “América Latina debe repensar su modelo económico para reducir la desigualdad, telón de fondo de la crisis social que está atravesando la región… En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”. ¡A pensar, entonces, fuera de la caja!

Es inadmisible que siga haciendo carrera en el país el gracejo, inspirado en la concepción neoliberal, según el cual la mejor política industrial es no tener política industrial y la mejor política agrícola es no tener política agrícola. Ello ha sido nefasto para la economía y para el país.

A la vista está que el crecimiento potencial del PIB bajó desde el 4.8 en 2012, insuflado por el largo ciclo de precios altos de las materias primas, a sólo el 3.5%, en el que permanece y lo más grave es que en los últimos cinco años el crecimiento del PIB ha estado por debajo de ese magro crecimiento potencial. A este ritmo Colombia tardará muchos años para revertir la tendencia del desempleo y volver a tasas de desempleo de un solo dígito, así como para recuperar el terreno perdido por cuenta de la actual crisis en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Reactivación sostenible

Columna del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, publicado en el diario El Tiempo, sobre los pasos que marca el sector mineroenergético para contribuir en la reactivación económica del país.

Por: DIEGO MESA PUYO*

25 de julio de 2020.   El sector mineroenergético es uno de los principales motores de desarrollo social y económico del país: aporta 7 puntos del PIB, uno de cada tres dólares de la inversión extranjera directa y más del 50 por ciento de las exportaciones. 

Entre impuestos, derechos económicos y dividendos, es responsable de cerca del 12 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación. Las regalías que aportan los proyectos de minería e hidrocarburos, más de 24 billones de pesos en el bienio 2019-2020, son fuente fundamental de desarrollo regional, llegando a representar hasta el 30 por ciento de los presupuestos de inversión de los municipios y departamentos productores.


Como consecuencia de la covid-19, el país y su economía afrontan una de las peores crisis de la historia. Según el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, a causa de la pandemia pasamos de una proyección de crecimiento de 3,7 por ciento a una contracción de 5,5 por ciento para el 2020. Pese a este sombrío panorama, el sector mineroenergético tiene la oportunidad de jugar un papel protagónico en la reactivación económica.


Desde el inicio del Gobierno nos propusimos crear las condiciones necesarias para dinamizar y atraer una mayor inversión al sector. Tanto en la Ley de Crecimiento como en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) introdujimos incentivos para las industrias intensivas en el uso de capital como la energía, la minería y los hidrocarburos.

Por ejemplo, redujimos gradualmente el impuesto sobre la renta a las empresas de 33 a 30 por ciento; permitimos que el IVA pagado en la adquisición de activos reales productivos sea ciento por ciento descontable contra el impuesto sobre la renta, eliminando, en la práctica, el IVA a estas inversiones; ampliamos de 5 a 15 años la sobrededucción del 50 por ciento de las inversiones en generación con energías renovables no convencionales y eficiencia energética, e hicimos automática la exclusión del IVA en la compra de paneles solares para democratizar el uso de esta tecnología.

Gracias a este trabajo, hoy tenemos resultados concretos que permitirán impulsar una reactivación sostenible basada en tres ejes estratégicos, la cual incluye 35 proyectos priorizados que suman más de 37 billones de pesos en inversión y 56.000 empleos en los próximos dos años.

El primer eje es acelerar la transición energética con la ejecución de 14 proyectos de energías renovables no convencionales que suman más de 8 billones de pesos en inversión y que nos permitirán dar un salto histórico al pasar de menos de 1 por ciento de generación de este tipo de fuentes a más del 12 por ciento en 2022, uno de los logros más importantes en lo corrido del Gobierno. 

Esto se complementa con la modernización, descentralización y digitalización del sector eléctrico, para lo cual hemos expedido normativa para agilizar trámites en el acceso a beneficios tributarios, hacer más expedito el acceso a puntos de conexión y desplegar la medición inteligente.

El segundo eje es la diversificación de la canasta minera con la ejecución de proyectos de oro y cobre a gran escala, con tecnología de punta y que cumplan con los más altos estándares ambientales. En este renglón tenemos 9 proyectos priorizados que suman cerca de 17 billones de pesos en inversión y 35.000 empleos.

La diversificación minera con metales fundamentales para la transición energética debe ir acompañada de una lucha frontal contra la explotación ilícita de minerales que, al mismo tiempo, apoye y acompañe a quienes quieran hacer el tránsito a la legalidad. 

El tercer eje se concentra en capitalizar la reactivación del sector de hidrocarburos que iniciamos hace dos años. Cuando llegamos al Gobierno habían transcurrido más de cinco años sin firmar un solo contrato de exploración y producción. Gracias al Proceso Permanente de Asignación de Áreas y a mejoras contractuales, hemos firmado 31 nuevos contratos con compromisos exploratorios por cerca de 10 billones de pesos, incluyendo 6 bloques costa afuera. 

El desafío no es menor. Además de las dificultades propias de la pandemia, varios de estos proyectos están en proceso de surtir trámites ambientales y de consulta previa. Sin embargo, con un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y las comunidades, el país tiene todo a favor para sacarlos adelante.

La consigna en este segundo tiempo del Ministerio de Minas y Energía no puede ser otra que impulsar la reactivación sostenible de la economía colombiana. 

*Ministro de Minas y Energía

Regalías de petróleo y carbón: la bonanza que no fue

Análisis del exministro Amilkar Acosta sobre los antecedentes, el texto y el contexto, así como el contenido y alcance del proyecto de reforma del Sistema General de Regalías.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

17 de julio de 2020.   Se repite la historia. En 2011 se aprobó una reforma al régimen vigente de las regalías mediante el Acto Legislativo 05. Según el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, los ingresos provenientes de las regalías iban a “aumentar de manera sustancial” con la “bonanza” que él auguraba para la segunda década del siglo XXI y que por lo tanto había que “cambiarle la gobernabilidad y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios”. Según sus cuentas alegres, después de haberse recibido por dicho concepto $46.6 billones entre 2000 y 2011, se esperaba recibir $94.8 billones entre 2012 y 2020.

Pero, justamente ese mismo año sirvió de punto de inflexión, a partir del cual empezaron a derrumbarse los precios del carbón, el oro y el ferroníquel primero y posteriormente, a partir de mediados de 2014, cayeron también los precios del petróleo, después de un largo ciclo de precios altos de las materias primas. Ello, como era de esperarse, repercutió en una sensible reducción de las regalías, de tal suerte que entre 2012 y 2018 se recibieron a duras penas $52.1 billones.

A consecuencia del “cambio de gobernabilidad” de dicha reforma, los departamentos y municipios productores y portuarios vieron reducirse drásticamente las regalías directas que recibían, afectadas por partida doble, toda vez que después de recibir en promedio el 74% de la totalidad de las regalías a percibir sólo el 10% como asignación directa y, de contera, tal porcentaje se ha venido aplicando sobre un monto menor de regalías con respecto al 2011 y los años anteriores. 

Ello, desde luego, provocó un gran descontento y una gran inconformidad en las regiones donde operan las empresas que extraen los recursos naturales no renovables (RNNR), sirviendo de detonante y exacerbando la conflictividad social y el rechazo de dicha actividad, poniendo en riesgo la viabilidad de los proyectos extractivos.

La saliente ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez lo percibió y lo dijo claramente, “las regiones productoras no están satisfechas con las regalías que reciben hoy”. Lo propio manifestó la ex directora del DNP Gloria Alonso, “si no les hacemos ver a las regiones productoras los beneficios que puede traer la explotación de los recursos naturales no renovables, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”.

La reforma de la reforma

Este es el origen del Acto Legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto Legislativo 05 de 2011. Se dispuso, entonces, barajar para volver a repartir las regalías, redistribuyéndolas de tal forma que a los departamentos y municipios productores y portuarios se les mejorara su participación.

En efecto, en virtud de esta reforma se le duplica dicha participación pasando la asignación directa del 10% al 20%. Como lo afirmó la ex ministra Suárez, con esta reforma “estamos devolviendo el péndulo y yo espero que esta reforma sea el equilibrio justo, en donde hay más plata para los productores de manera importante y para los no productores también”.

Pero, cabe preguntarse, cómo hacer para lograr que haya “más plata para los productores y para los no productores también”. Ímproba tarea esta, tan difícil como lograr la cuadratura del circulo. Pero este acertijo lo resolvió la ex ministra: la respuesta está en el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías (SGR), que después de contar con el 30% de este y verse reducido al 20% en el Acto Legislativo 04 de 2017, ahora se ve reducido a su mínima expresión, del 4.5%. Como dijo la ex ministra, “se ahorra menos”, “ese es el sacrificio”.

El hecho cierto es que este incremento del 10% al 20% de la asignación directa de las regalías para los departamentos y municipios productores y portuarios no se va a sentir porque, coincidencialmente, tal como sucedió con la reforma de 2011, las regalías se están viendo afectadas por la caída tanto de los precios como de la producción del carbón y del petróleo, los cuales contribuyen con el 85% de las regalías que se generan por la explotación de los RNNR.

En cuanto al carbón se refiere, la producción bajó de 84,2 millones de toneladas en 2018 a 82,2 millones en 2019 y este año difícilmente llegará a los 80 millones de toneladas y su precio se descolgó desde los US $86 la tonelada en 2018 a cotizarse en 2019 a sólo US $42 y este año ha caído hasta los US $33 la tonelada.

En lo que hace relación al petróleo, la producción y el precio que sirvieron de base para el presupuesto bienal del SGR 2019–2020 de $24 billones fue de 937 mil barriles/día y una cotización de US$65 el barril, respectivamente, y este año el volumen de producción de crudo ha caído hasta los 750 mil barriles/día, al tiempo que su cotización oscila alrededor de los US$40 el barril. Huelga decir que las regalías son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las regiones para financiar sus proyectos de inversión.

Lo más preocupante es que la tendencia es hacia la contracción de los mercados tanto del carbón como del petróleo y con ella, concomitantemente, la caída de sus precios, pues, como bien afirma Karen Christiana Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el carbón y el petróleo “tuvieron su momento de sol, pero hoy ya están en el atardecer y tenemos que, prudentemente, buscarles alternativas rápidas”.

Así lo han entendido las propias empresas extractivas. En declaraciones recientes, el saliente presidente de la empresa carbonífera El Cerrejón, Guillermo Fonseca, advirtió que estamos ante “una contracción estructural”, al tiempo que pronostica que “en los próximos cinco años la demanda de carbón del mercado Atlántico (compuesto por Europa, el Mediterráneo y las Américas), nuestro mercado natural, se va a contraer a la mitad”.

Por su parte, Simón Henry, director financiero de la petrolera Royal Dutch Shell, refiriéndose a los hidrocarburos afirmó hace cuatro años que “la demanda alcanzará su nivel máximo antes que los suministros… Y ese pico comenzará entre 5 y 15 años a partir de hoy y será impulsado por eficiencia y sustitución”.

A propósito del desplome de los precios internacionales del carbón, las empresas que lo producen y exportan han puesto el grito en el cielo debido a que al aplicarse, como se ha venido aplicando en el pasado sin reparos el artículo 8 de la Resolución 0887 de diciembre 26 de 2014 de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para determinar el precio – base de liquidación de las regalías, el precio de referencia utilizado en la fórmula para calcularlas resulta superior al precio al cual están vendiendo el carbón en nichos de mercado diferentes a los de enantes.

Lo que se cuestiona por parte de las empresas es que en dicha Resolución se establece que “el precio – base será como mínimo igual al establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno” y aducen que el mismo no consulta la realidad del comportamiento de los mercados externos, que obedecen a otra dinámica diferente a la del mercado doméstico.

Está en manos del Ministerio de Minas y Energía la decisión con respecto a la revisión de dicha norma, como lo han solicitado las empresas y ojalá que a la hora de tomarla se consulte y sopese tanto el interés de las empresas como el de las entidades territoriales que podrían, eventualmente, ver menguadas aún más sus regalías por cuenta de un cambio en la regla vigente que no las favorezca.

El carbón y el petróleo nos dan la espalda

A contrario sensu de lo que planteó el nuevo ministro de Minas y Energía Diego Mesa, en el sentido de que “no le vamos a dar la espalda al carbón”, es el carbón y el petróleo los que nos están dando la espalda.

Advertido de ello, en Colombia, como en el resto del mundo, le debemos apostar a una reactivación sostenible, resiliente frente al cambio climático, con cohesión e inclusión social, aparejada con la diversificación de la economía, de las exportaciones y de los mercados externos, al tiempo que se debe volver a propender por la integración regional y la profundización del mercado interno.

Este es el único camino que nos puede conducir a que la economía crezca más y mejor, y de paso dejar de estar expuestos a los vaivenes y altibajos inherentes a la actividad extractiva. Y para transitarlo con éxito es menester un gran pacto político alrededor de la Transformación Productiva y la Transición Energética, para que estas en lugar de obedecer a políticas de gobierno respondan a políticas de Estado, para asegurar su continuidad.

Los ajustes requeridos

Además del marchitamiento del FAE, el Gobierno Nacional, a raíz de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ambiental, con el fin de enfrentar la pandemia de la COVID 19, echó mano abusivamente de los recursos ahorrados tanto en el FAE como en el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) del SGR, por valor de $14.8 billones, para alimentar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), supuestamente en calidad de préstamo.

Preocupa sobremanera que en adelante las regiones no van a ahorrar, como lo venían haciendo, parte de los recursos provenientes de las regalías para cuando sobrevengan las épocas de vacas flacas y quedan con la incertidumbre de no saber cuándo será ese cuándo que la Nación les reintegrará la suma adeudada.

Aunque con esta reforma se dio un paso importante al simplificar el SGR, al diferir su estructuración y la distribución de sus recursos a la Ley que reglamentará el Acto legislativo en lugar de hacerlo en la propia Constitución, como lo hizo el Acto legislativo 05 de 2011, queremos plantear algunas acotaciones.

Si bien se suprimieron los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), que nunca funcionaron de la mejor manera, perviven el del fondo Paz y el de “inversión regional”, en el que se fusionan el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Compensación Regional (FCR) del SGR. Y, lo que es más grave, se establece que la viabilización de los proyectos que se financien con tales recursos se mantendrá en cabeza de los ministerios y de los departamentos administrativos del orden nacional, menoscabando la autonomía territorial consagrada en los artículos 1º, 3º y 287 de la Constitución Política.

Es de advertir que sigue vigente la norma según la cual “los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento por los fondos de desarrollo regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su aprobación y designación de la entidad ejecutora deberán ser acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”. Es decir, que el Gobierno central con su poder de veto en las decisiones de este OCAD, una vez más, va en contravía del principio de la autonomía territorial.

La oportunidad para introducirle los ajustes requeridos, entre ellos la supresión del odioso veto, es el proyecto de ley que reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, el cual, por omisión del Congreso, al no darle trámite en las sesiones que se clausuraron el pasado 20 de junio, habilitó, como lo prevé el parágrafo 2º transitorio del artículo 1º de dicho Acto legislativo, al Presidente de la República Iván Duque para que sea él quien la expida mediante Decreto – Ley, en orden a garantizar “la operación del Sistema según el nuevo marco constitucional”.

Dada la importancia, trascendencia y la sensibilidad regional que despierta esta Ley, es de esperarse que su texto sea concertado con las regiones, las cuales, al fin y al cabo, son las titulares de los recursos provenientes de las regalías.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Los estragos económicos de la pandemia de la Covid-19

El exministro Amilkar Acosta se adentra en el estudio y análisis de la actual coyuntura económica y social del país, agravada por la pandemia de la Covid-19, y otea el panorama hacia el futuro, así como las acciones remediales y de mitigación de sus desastrosos efectos. 

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

11 de julio de 2020.   Han transcurrido más de cien días desde el 6 de marzo, cuando la pandemia de la Covid-19 tocó a las puertas de Colombia y el Ministerio de Salud confirmó el primer contagio en Cartagena, obligando al Gobierno a tomar medidas de prevención primero, de contención después y posteriormente de mitigación, que es la fase en la que estamos, a la espera de que se aplane la curva y se llegue al pico de los contagios, sin descartar un eventual rebrote.

Las medidas de confinamiento de la población han repercutido en una virtual parálisis de la economía, afectada además por la caída de los precios y la producción tanto del petróleo como del carbón. Su impacto en el empleo, en el ingreso y en el bienestar de los colombianos no tiene antecedentes, tanto por su magnitud como por su persistencia, poniendo a prueba la estructura económica y social del país.

Según las estimaciones, optimistas por lo demás, del Ministerio de Hacienda, reveladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), la caída del PIB este año sería del –5.1%, y pensando con el deseo proyecta un efecto rebote del crecimiento que se traduciría en un incremento del PIB el año entrante de 6.6%.

Pero todo indica que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla estaría, como diría el escritor mexicano Octavio Paz, a las afueras de la realidad. En efecto, según el FMI el decrecimiento de la economía colombiana en 2020 sería de –7.8% y para el año entrante su proyección de crecimiento no supera el 4.0%, yéndonos bien.

El de este año sería el peor desempeño de la economía colombiana en más de cien años y la más devastadora de las crisis, superando en sus estragos la crisis de la deuda de los años 80 del siglo XX, la de 1999 y la más reciente, la crisis financiera 2008 – 2009.

La curva de la tasa de desempleo no se aplana

Colombia había tardado 15 años, contados desde 1999, para alcanzar una tasa de desempleo de un solo dígito, pero la dicha sólo duró 6 años, entre 2013 y 2018, pues a partir del 2019 volvió a registrar una tasa de desempleo de 10,5%. Y, lo que es peor, la tasa de informalidad laboral se situó para ese mismo año en 47%.

Con la contracción de la economía la destrucción de empleo elevó aún más el desempleo y la informalidad, la mayor parte de estos ocupados por cuenta propia. Según ANIF, la pérdida de empleo formal podría situarse en un intervalo que va del 18,5% al 22,5%. Entre tanto, según la misma fuente, el 68,2% de la población ocupada en situación de vulnerabilidad eran trabajadores informales y representan el 44,8% del total de trabajadores informales del país.

Entre marzo y abril se perdieron cuatro millones de empleos, 1 de cada 5 de quienes estaban trabajando quedaron cesantes y en mayo, dado que en este último mes empezó la reapertura gradual de la actividad económica, se recuperaron 738.000.

No obstante, al flexibilizarse la medida de confinamiento, muchos de quienes permanecían inactivos retornaron a buscar trabajo, aumentando así la tasa de participación, lo cual explica que la tasa de desempleo entre un mes y el otro subió del 19,8% al 21,4%, la más alta desde que se tienen registros, la más alta de Latinoamérica y la más alta entre los 37 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Según el DANE, de los 4´694.000 desocupados en mayo, el 43,5% perdieron su empleo a consecuencia de la crisis.

El retroceso en los indicadores sociales

De acuerdo con un estudio adelantado por la compañía Kantar, el 80% de los hogares colombianos ha visto reducir sus ingresos en medio de la pandemia. Entre los meses de abril y mayo los hogares colombianos, especialmente los de los más bajos estratos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos percibe en promedio la suma de $1.068.000 mensuales, al perder el empleo, dejaron de devengar cerca de $10,5 billones, un punto porcentual del PIB.

Ello se tradujo en un aplastamiento de la clase media, categoría en la que de acuerdo con el DANE se ubicaban en 2018 14,9 millones de personas, el 30,8% de la población, ahora venida a menos.

Según el BID, la clase media que había alcanzado a representar el 30% de la población se redujo a sólo el 12,7. Pero el golpe más demoledor se siente en el aumento de la pobreza, al dispararse desde el 29,8% hasta el desconcertante 59,5%.

Ya lo había advertido el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía: “Se va a perder mucho de lo que se ha ganado en lo corrido del siglo”. Y no es para menos, una vez más el número de pobres volverá a superar al número de quienes se habían visto favorecidos por la movilidad social ascendente. Definitivamente, como lo acota Mejía, este choque, refiriéndose a la clase media, “les pega de una manera más profunda y seguramente más permanente”.

Con el propósito de salvar y rescatar a las empresas ad portas de su iliquidez, insolvencia y en no pocos casos de su liquidación, y de paso proteger el empleo y el ingreso de los trabajadores, amén de la potenciación y ampliación de los programas asistenciales del Estado enfocados a los más vulnerables, el Gobierno se ha visto precisado a aumentar sensiblemente el gasto público, a tal punto que, según el MFMP al cierre de este año, en el que se planeaba un déficit fiscal de 2,2%, este será del orden del -8,2% ($80 billones, aproximadamente).

Sumando peras con manzanas

Huelga decir que el Gobierno Nacional no ha sido claro con las cifras y ha venido jugando con ellas. Se ha llegado a afirmar por parte del Ministerio de Hacienda que el gasto extra en el que ha incurrido la Nación al amparo de la Emergencia económica, social y ambiental I y II asciende a $117,7 billones. Ello justificaría, además de la suspensión de la Regla Fiscal, que ya se hizo, elevar en 15 puntos porcentuales la deuda pública este año, desde el 50,1% del año anterior hasta el 65,6% del PIB.

Sin embargo, a juicio del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, en plata blanca, los recursos comprometidos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para sortear esta emergencia apenas sí superan los $25,4 billones (2,4% del PIB), muy inferior al esfuerzo que han hecho otros países de la región, tales como Chile, Brasil y Perú, los cuales han dispuesto de paquetes de asistencia y subsidios del orden del 5,7%, 4,6% y 4,5% del PIB, respectivamente.

Es más, dicho Observatorio fue más lejos al afirmar que este manejo acomodaticio de las cifras, en las que se están sumando peras con manzanas, viola la Ley 1712 de 2014 de Transparencia. Y tiene toda la razón, pues a lo gastado efectivamente en la emergencia (transferencia de recursos para la salud, subsidios a la nómina, pago de primas, los programas de Familias en Acción o Ingreso Solidario, etc.) no se le pueden sumar olímpicamente la “capacidad de colocación de crédito garantizado” a través del Fondo de Garantías ($60,2 billones), el “mayor desahorro permitido del FONPET a las entidades territoriales” ($1,84 billones) y medidas del Banco de la República para darle liquidez a los bancos comerciales($23 billones), entre otros, para concluir que el tamaño del paquete de estímulo fiscal del Gobierno es de $117,7 billones, una suma estrafalaria sacada del sombrero, del orden del 11,03% del PIB.

La necesidad de los “ventiladores”

Ahora bien, como lo sostiene El Tiempo, “asumir que todos los gastos extraordinarios generados por la pandemia, 2.5% del PIB, desaparecerán el año entrante es una apuesta arriesgada”. De modo que plantear, como lo hace el MFMP, que el gasto público bajará más de 3 puntos porcentuales del PIB el año entrante, desde el 23,8% del PIB hasta el 20,7% es totalmente desatentado, pues la crisis se prolongará más allá de diciembre de este año, lo que hará imperiosa la necesidad de mantener los “ventiladores” a las empresas y a la población vulnerable por un tiempo más prolongado. De otro modo se abortaría la reactivación en ciernes que empieza a mostrar los primeros retoños, aún verdes. Ello, desde luego, demandará más recursos. Tampoco es realista plantear una reducción del déficit fiscal en algo más de 3 puntos porcentuales del PIB entre este año y el entrante, pasando del -8,2% al -5,1%.

Según el MFMP, sólo en 2022 se requerirá un mayor esfuerzo fiscal tendiente a elevar los ingresos desde el 15,6% del PIB en 2020 al 17,4%, es decir 2,2 puntos porcentuales del PIB adicionales, equivalentes a $20 billones, aproximadamente. La política keynesiana que se puso en marcha, caracterizada por el activismo del Estado para dinamizar la economía, no se puede abandonar sin poner en riesgo lo alcanzado hasta ahora.  

Definitivamente los tiempos del Ministerio de Hacienda no son los de la economía, cuyo cronómetro seguirá marcando las horas. No hace sentido postergar, como lo plantea el MFMP, la reforma tributaria que se requerirá para arbitrar los recursos en orden a enjugar el déficit fiscal y servir la abultada deuda que heredará la próxima administración. Esta reforma tributaria no se puede aplazar por simples cálculos políticos más allá del año entrante, con el fin de desactivar la bomba fiscal que está a punto de estallar.

Esta reforma, obviamente, además de ser estructural, debe empezar por desmontar el cúmulo de gabelas impositivas injustificadas, que le cuestan al fisco 6,6% del PIB, que han perforado la base tributaria, al punto que el Estatuto Tributario, vigente desde 1989, se asemeja más a un queso gruyere, al tiempo que debe disponer de medidas drásticas para suturar la vena rota que constituyen la evasión y la elusión fiscal. Sólo así se podrá cumplir con lo preceptuado por el artículo 363 de la Constitución Política, en el sentido que el Sistema Tributario debe fundarse en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, los cuales, según la Comisión del gasto, creada mediante la Ley 1819 de 2016, “no cumple”.

A Napoleón Bonaparte se le atribuye esta frase: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una Comisión”. Y esto último fue lo que hizo el Gobierno, nombró una Comisión para que adelantara un “estudio de beneficios tributarios”, facultado para hacerlo por la Ley 2010 de 2019, la cual fue reglamentada por la Resolución 1046 del 27 de abril. Y en esta se dispuso que el plazo que tendrá dicha Comisión para presentar su propuesta es de 18 meses “contados a partir de la designación de los miembros expertos internacionales” y esto último sólo se dio el 17 de junio a través del decreto 855 de 2020. Es decir, que dicho plazo se extiende hasta diciembre de 2021.

Ante la reticencia del Gobierno a tramitar prontamente una “reforma fiscal de amplio espectro”, como la que se plantea en el MFMP, opta por la línea del menor esfuerzo, el de las privatizaciones, en procura de $12 billones. Como ya lo habíamos advertido, en uno de los últimos decretos–ley expedidos al amparo de la Emergencia económica, social y ambiental 2.0, el 811 del 4 de junio, previsivo el ministro Carrasquilla, se invistió al presidente Iván Duque de la facultad para enajenar “la participación accionaria del Estado… que posea en determinada empresa” listada en Bolsa.

En su capítulo II se establecieron las “disposiciones especiales para la enajenación de acciones de la Nación en sociedades inscritas en Bolsa”. Ello tiene nombre propio, se trata de un nuevo intento de vender las dos joyas de la corona, ISA y ECOPETROL, que ha sido recurrente en este Gobierno. Pero, abrigo la esperanza que esta vez, como en las anteriores, los colombianos impedirán que se vendan estos activos estratégicos de la Nación, como quien vende la nevera para ir a mercar.

Los retos de la postpandemia

Sin saber cuándo se empezará a aplanar la curva de contagios ni cuándo se alcanzará el pico de la pandemia, no obstante, ya se han dado los primeros pasos tendientes a reactivar la actividad productiva, después de casi un semestre de letargo y así recuperar la senda de crecimiento.

En el entendido que la economía colombiana deberá crecer más y mejor hacia el futuro. Entre 2010 y 2019 el crecimiento promedio del PIB fue de 3,6% y, según las proyecciones de la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings, entre 2020 y 2029 dicho crecimiento sería de un anémico 2,6%, insuficiente para generar empleo en lugar de seguir destruyéndolo, que era lo que venía sucediendo incluso antes de la actual crisis atribuible a la pandemia.

Hemos dicho que más que una reactivación lo que se impone hacia el futuro es una reestructuración de la economía, que pasa por su modernización y diversificación, las cuales demandarán ajustes en el mercado laboral. Hay que partir de la base que así como muchas empresas sobrevivirán a la actual coyuntura, muchas otras están sucumbiendo a ella, de la misma manera que muchos de los empleos destruidos no se van a poder recuperar ni el corto ni en el mediano plazo.

De allí la importancia de la implementación por parte del Estado de un plan de choque de rescate de empresas, especialmente las micros, pequeñas y medianas, así como también se hará necesaria una estrategia que permita la creación de empleos de emergencia, así sean temporales.

Proyectos como la ejecución de un ambicioso programa de construcción de vías terciarias es un buen ejemplo de lo que se debe hacer, porque, además de ser intensivas en mano de obra, contribuyen a desembotellar amplias zonas rurales del país en donde la producción agrícola está confinada por falta de vías de acceso. Con tal fin se podría disponer de los recursos remantes que permanecen sin ejecutarse aún en el Sistema General de Regalías (SGR) cifrados en $6 billones.

Ello es tanto más urgente habida cuenta que el estímulo a la oferta sin respuesta por el lado de la demanda es insostenible. Una de las lecciones aprendidas de esta crisis es la fragilidad de un mercado laboral en el que prima la informalidad, de allí que uno de los mayores retos sea promover la formalización laboral. Y la mayor “flexibilización”, como oportunistamente la plantean algunos, riñe con la formalización, pues la misma tiende a precarizar aún más de lo que está el trabajo, so pretexto de “formalizarlo”.

Se impone también la necesidad de implementar un programa intenso de reconversión laboral, ya que muchas de las empresas, de todas las ramas y tamaños, por fuerza de las circunstancias, han tenido que introducir cambios tecnológicos, tales como la automatización y la digitalización, amén del teletrabajo, de suerte que ello puede dar pie a un desacople entre la oferta y la demanda laboral. En ello pueden jugar un papel importante el SENA y los institutos tecnológicos; es más, desde ya se pueden ofrecer dichos programas aprovechando que se prolonga el aislamiento preventivo en los hogares. Como bien dijo Schumpeter, “difícilmente se mantienen algunas de las formas de hacer las cosas que fueron óptimas antes”, lo cual lo llevó a formular su conocida teoría de la “destrucción creativa”.

Volver al campo

Mención aparte merece la atención al campo colombiano, al que desde hace tres décadas se le dio la espalda. Con la apertura atolondrada que se decretó en 1991 se arrasó con la producción agrícola y se abrió el país a la importación masiva de los excedentes agrícolas de otros países, en especial desde EEUU. El primer impacto fue la contracción del área cultivada que, excluyendo el café, se redujo en “936.255 hectáreas entre 1990 – 1999. Así las cosas, el 25% del área cultivada en 1990 había salido de la producción”.

Más recientemente, el área sembrada en el país en lugar de ampliarse se ha seguido reduciendo. Ello se puede constatar al cotejar el resultado del Censo Agropecuario adelantado en 2014, que daba cuenta de 7,1 millones de hectáreas cultivadas, con las 5,3 millones de hectáreas que reportó la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) cinco años después, en 2019, de 43 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, esto es, el 12.3%. Una vez más, el área cultivada se redujo en un 25%, esta vez en un lustro, al tiempo que el sector agrícola pierde participación en el PIB, al punto que después de haber alcanzado el 18% en 1990 hoy a duras penas contribuye con el 6.3%, la tercera parte y siempre creciendo por debajo del crecimiento del PIB total.

Ello explica que Colombia, dotada de agua, suelo y con todos los pisos térmicos, catalogada por la FAO como una de los primeros diez países en el mundo por su potencial para contribuir con la seguridad alimentaria a nivel global, después de importar 750.000 toneladas de alimentos en 1990, en 2009 ya importaba 8 millones de toneladas y diez años después, en 2019, 14 millones de toneladas. Y ello, a pesar de que en 1991 se consagró en el artículo 65 de la Constitución Política que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Esto es insólito, inaudito, máxime que, como dijera el reconocido agricultor, biólogo y filósofo japonés Masanobu Fukuoka, “la alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo”.

Por ello, me parece de la mayor importancia la propuesta del “revolcón agrario nacional” del experto en el tema Andrés Espinoza Fenwarth y comparto su invitación a imitar el “milagro agropecuario peruano y en particular la Ley de Promoción Agraria de Estado, que declara la agricultura de interés nacional.”

Y por qué no, seguir también el ejemplo de El Cerrado en Brasil, que ha hecho de este país una potencia agrícola a nivel mundial. Para ello, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y CORPOICA pueden servir de punta de lanza en dicho propósito. Al fin y al cabo, según el mismo artículo 65 de la Constitución Política, entre las funciones del Estado está promover “la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.

Claro está que estas medidas deben estar precedidas o ser concomitantes con la Reforma agraria integral pactada en el Acuerdo final con las FARC y reglamentado mediante el Decreto 902 de 2017, que tiene en el catastro multipropósito, ya en marcha, una de sus principales herramientas para lograr la formalización de la propiedad y la tenencia del 54,31% de la tierra. Esta es una oportunidad de oro, además, para poner en práctica las muy atinadas recomendaciones de la Misión Rural, que tuvo por jefe y orientador el ex ministro José Antonio Ocampo.

Epílogo

Concluyo citando un aparte de una columna del ex codirector del Banco de la República y rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, como epílogo de este texto:

“Sí, Colombia no será la misma después de esta crisis. Vista de otra forma, la pandemia es una oportunidad para construir un país más equilibrado en su desarrollo económico y social entre las regiones, estratos, grupos étnicos y géneros. Una sociedad donde cada ciudadano tenga garantizado un nivel de vida digno. Tendremos que avanzar hacia un país donde se aplane la curva de la desigualdad en las oportunidades”.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La economía como profesión y su enseñanza

Pese a casi tres siglos de evolución y a sus desarrollos teóricos, los cuales le merecieron entrar a la galería de los premios Nobel desde 1968, mucho se ha discutido si la economía como disciplina es una ciencia.  

Por: AMYLKAR ACOSTA M.*

3 de julio de 2020.  Del economista se ha dicho que “es alguien que explicará mañana por qué lo que predijo ayer no se ha cumplido hoy”; que ve algo que está funcionando en la práctica y se pregunta “si funcionará en principio”.

En la medida en que no es ni ha sido una ciencia exacta, sino una ciencia social, se nos endilga a los economistas la falta de rigor científico y la carencia de un método que pueda reputarse como tal. La complejidad de su objeto de estudio y su mutación permanente hacen de él un blanco móvil, inasible y en ocasiones confuso y difuso.

Todo análisis de la sociedad, ya sea desde la perspectiva de la sociología, de la historia, de la ciencia política o de la ciencia económica, conlleva una cierta carga de subjetividad e ideología. Por ello, no es dable esperar de ellas dogmas o doctrinas universales, que las anquilosarían; se caracterizan más bien por una constante lucha dialéctica desde polos opuestos, entre una y otra interpretación. De allí que hayan surgido distintas concepciones y diferentes escuelas del pensamiento económico.

Las discrepancias de unas escuelas con otras van desde sus concepciones y conceptualizaciones divergentes, pasando por el marco teórico, hasta la terminología empleada; todo lo cual dificulta, y de qué manera, la comprensión y el entendimiento entre las diversas escuelas económicas.

A este propósito, el profesor Beethoven Herrera trae a colación dos ejemplos sumamente ilustrativos: la traducción literal al español del título en inglés de la obra del Nobel de economía Amartya Sen, ‘Desarrollo como libertad’, terminó desvirtuando totalmente su contenido. Para el autor, ‘Desarrollo y libertad’, que fue su título en español, no es lo mismo que ‘Desarrollo como libertad’. En el primer caso se conciben el desarrollo y la libertad como dos procesos coetáneos, independientes y paralelos; en el segundo, la libertad antecede al desarrollo, pues para Amartya Sen esta es condición imprescindible de aquel.

El otro ejemplo hace alusión a lo que aconteció recientemente con la obra del Nobel Joseph Stiglitz, que se convirtió rápidamente en un best seller. Su título original en inglés La gran desilusión, quedó convertido por cuenta del marketing, al momento de traducirse al español, en El malestar en la globalización, que no es lo mismo. Y así podríamos arribar a una confusión de lenguas, dificultándose el diálogo y los consensos.

Tal vez a ello se atribuya por parte de Sir Winston Churchill el que “Si metemos a dos economistas en una habitación, saldrán de allí con dos opiniones diferentes, a menos que uno de ellos sea Lord Keynes, en cuyo caso obtendremos tres”, o el gracejo de George Bernard Shaw, cuando afirmó que “si tendiéramos a todos los economistas en el suelo, uno a continuación de otro, no se llegaría nunca a una conclusión”

Por muchísimos años el trabajo en las ciencias sociales se circunscribió a la búsqueda y hallazgo del acervo de datos y cifras, que luego servirían de base para demostrar ciertas hipótesis, tratando de establecer las relaciones o correlaciones entre distintas variables, en procura de obtener unos resultados no pocas veces deleznables.

Hoy en día prima el razonamiento teórico sobre el cúmulo de información que nos abruma, el cual permite desenredar la madeja de los cada vez más complicados procesos socioeconómicos de los cuales da cuenta. En este sentido, ya para 1967 Lauchlin Currie insistía “en la prioridad de una preparación básica en teoría económica en los términos más sencillos y menos técnicos que fuera posible”, al prevenir sobre los riesgos de que la formación del economista se inclinara más por la economía cuantitativa. Según él, ésta en cierto modo era una especie de “escape del mundo confuso e insatisfactorio de las ciencias sociales, de donde pueden excluirse los legos y los economistas pueden escribir y conversar entre sí como ´verdaderos´ científicos”.

También alertaba Currie sobre los peligros que entrañaba entremezclar la formación del economista propiamente dicho, con la de disciplinas afines, como son la administración, que para él era una ocupación y la planeación que la asumía como un arte.

Para su época no se había desarrollado aún la econometría, pero sí se empezaba a incursionar en la programación lineal, poniéndola al servicio de ciencia económica. Al referirse a ella se dolía de que “lo que debiera ser una herramienta altamente especializada de análisis económico está viniendo a reemplazar a la economía en sí, y los economistas se están convirtiendo únicamente en aquellos que pueden manejarla”.

Y concluye sus disquisiciones llamando la atención sobre el hecho de que, por esa vía, estábamos llegando al punto donde se sabía más y más con respecto a menos y menos.  

Según afirma el ex codirector del Banco de la República y ex presidente de ANIF Sergio Clavijo, “la labor analítica requerida en este nuevo siglo es más exigente, pues las piezas del rompecabezas científico se han venido expandiendo a medida que los países se desarrollan y se profundiza el intercambio cultural de bienes y servicios.

Dicho de otra manera, el nuevo siglo exige talentosos profesionales que cuenten con un mejor discernimiento científico para evitar perderse en la abundancia informativa”, y para no confundirse en medio de tantas fórmulas y modelos abstrusos, perdiendo el hilo conductor que no es otro que la base conceptual. Ello es tanto más necesario, cuando se observa cuán a menudo se suele confundir los medios con los fines, y las causas con las consecuencias, a la hora de formular o de poner en práctica la política económica.

Tendencias económicas en Colombia

En el país han hecho carrera dos tendencias muy definidas en cuanto a la formación académica del economista. La una ha puesto el énfasis en la formación teórica, básica; la otra ha tendido a ser más pragmática y aplicada.

Ambas tendencias han estado influidas por las corrientes teóricas en boga, ora la del desarrollismo, ora la de la escuela de Chicago o la cepalina de Raúl Prebish. A este último le cupo el mérito de haber contribuido a forjar un modelo propio, que tuvo su vigencia y operatividad, muy criticado hoy en día, pero no superado por el nuevo modelo impuesto a partir del Consenso de Washington, pues hoy no estamos mejor que cuando estuvimos peor.

Uno de los retos de lo que tenemos algún grado de responsabilidad, ya sea como docentes o investigadores, directivas y estudiantes, es el de ser capaces de reformular y replantear nuestro modelo, de tal modo que responda más a nuestras especificidades y singularidades, sin perder la perspectiva, desde luego de la economía global. Esta, per se, no es ni buena ni mala, es simplemente una realidad a la que se le saca ventaja o se le padece, según cómo se administren las asimetrías entre unos países y otros, que son una realidad no pueden ignorarse a la hora de reglarla, si es que ello es posible.

Según la señora Robinson, nuestra labor como economistas no es decir lo que debe hacerse, pero si advertir cuando lo que se hace no está de acuerdo con los buenos principios. Para ello hay que superar las tendencias al encasillamiento teórico y las tendencias fundamentalistas.

No hay que temer al eclecticismo como lo entiende Bobbio, resultante de tomar lo que nos sirva de cada uno de los modelos conocidos, con el pragmatismo con el cual China acopló el mercado a sus propias condiciones, no dejando que sus leyes funcionen sino haciéndolas funcionar en beneficio de su crecimiento y desarrollo económico, perfilándose como una gran potencia económica.

La heterodoxia no tiene por qué ser irresponsable. Nos podemos apartar de la ortodoxia sin abandonar la disciplina fiscal. Cuando la medicina tradicional agota sin éxito sus recetas, no es insensato ensayar las recetas de la medicina alternativa.

Gabriel García Márquez afirmaba que “nuestra virtud mayor es la creatividad y, sin embargo, no hemos hecho más que vivir de doctrinas recalentadas y guerras ajenas.”

Creo que sigue teniendo actualidad una de las conclusiones de un estudio de la Unión Panamericana, citada por el profesor Currie: “El mayor valor de una buena educación económica radica en la forma de pensar y en los métodos de abordar los problemas que ella confiere… Para alcanzar este objetivo, sin embargo, se requiere no solamente un cambio en la manera de enseñar, sino también una disminución en el énfasis puesto sobre la acumulación de material informativo y el número de cursos”. Ello es tanto más válido habida cuenta de que ya no estamos formando profesionales de la economía que han de desenvolverse en el estrecho marco de las fronteras patrias, sino al ciudadano de la aldea global.

Una gran lección

A este respecto, viene como anillo al dedo la anécdota contada por Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, de la cual podemos extraer una gran lección. Cuenta él que hacía algún tiempo había recibido una llamada de un colega. Estaban a punto de ponerle un cero a un estudiante por la respuesta que le había dado a un problema de física, pese a que éste se sostenía en que su respuesta era la correcta. Profesores y estudiantes acordaron pedir un nuevo calificador y el elegido fue él. Comenzó por leer la pregunta del examen que a la letra decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: lleve el barómetro a la azotea del edificio y átele una cuerda bien larga; luego, descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio.

En efecto, el estudiante había planteado un problema con la forma ingeniosa como resolvió el ejercicio, por que él había respondido a la pregunta correcta y completamente. No obstante, si se le concedía la máxima puntuación, al obtener una nota más alta, ello certificaría su alto nivel de conocimientos en física; empero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel. Sugirió, entonces, Ernest que se le diera al alumno otra oportunidad. Fue así cómo le concedió seis minutos para que le respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en su respuesta debía demostrar su dominio de la física. Pasados cinco minutos el estudiante no había contestado nada. Le preguntó, entonces, si deseaba retirarse, pero el alumno le contestó al profesor que él tenía muchas respuestas al mismo problema. Su dificultad estribaba en elegir la mejor de todas. Le rogó, entonces, que continuara, no sin antes excusarse por haberlo interrumpido. En el minuto final que le quedaba, sorpresivamente escribió la siguiente respuesta, que dejó atónito al profesor: tome el barómetro y láncelo al suelo desde la azotea del edificio, tome el tiempo de caída con un cronómetro; luego aplique la fórmula de un medio de la altura por la aceleración de la gravedad y por el cuadrado del tiempo y así obtenemos, como producto, la altura del edificio.

En ese momento, cuando el estudiante entrega su examen, el profesor indaga a su colega si lo dejaba retirar del salón de clases en donde se estaba realizando la prueba, a lo cual este asintió, conviniendo en asignarle la nota más alta.

Luego el profesor Ernest se encontraría, de sopetón y fuera de la clase, al estudiante y no pudo vencer la curiosidad por conocer cuáles eran sus otras respuestas a la pregunta, ya que lo había dejado intrigado. Bueno, respondió el estudiante, hay muchas alternativas: por ejemplo, tome el barómetro en un día soleado y mida la altura del barómetro y la longitud de su sombra; si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción obtendremos también, de este modo, la altura del edificio.

Perfecto, le dijo, ¿ahora cuéntame cuál podría ser otra forma? Sí, contestó el alumno, este otro procedimiento para medir un edificio es muy sencillo, diría que elemental, pero también sirve. Veamos: en este método, se toma el barómetro y se sitúa en las escaleras del edificio, en la planta baja, según se suben las escaleras se va marcando la altura del barómetro y se cuenta el número de marcas hasta la azotea. Se multiplica al final la altura del barómetro por el número de marcas que se ha hecho y listo, así se obtiene la altura. Este último método es muy directo.

Por supuesto, continuó diciendo el estudiante, si prefiere un procedimiento más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea la gravedad es cero y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura del edificio. En este mismo estilo, se ata el barómetro a una cuerda y se lo descuelga desde la azotea a la calle; usándolo como un péndulo se puede calcular la altura midiendo su período de presesión.

En fin, concluyó el aventajado alumno, existen muchas otras maneras de establecer la altura del edificio en cuestión, y continuó diciendo, pero probablemente la mejor de todas sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del portero y cuando éste abra, decirle que tengo un bonito barómetro y si me dice la altura del edificio se lo regalo.

En este momento de la conversación, el profesor le pregunta al alumno si él conocía la respuesta convencional a la pregunta (la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares). La respuesta fue más sorprendente todavía: Claro que sí la sabía, pero que sólo le molestaba que durante sus estudios sus profesores habían intentado a todo transe enseñarle a pensar.

El estudiante resultó ser Niels Bohr, físico danés, premio Nóbel de física en 1922, más conocido por haber sido nada menos que el primero en proponer el modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodean. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica.

La gran moraleja de esta anécdota no es otra que, si alguna pertinencia tiene la formación que se imparte al economista, consiste en su orientación a promover y fomentar el espíritu investigativo, la creatividad, para así contar con profesionales capaces de pensar con cabeza propia, sin grilletes ideológicos, sin prejuicios por camisa de fuerza.

Los conocimientos son muy importantes, más no suficientes; tanto o más importantes que ellos son la capacidad de pensar y la idoneidad para el discernimiento. Aunque suene presuntuoso, además de formar pensadores, las facultades en donde se forma al economista o se sirve dicha asignatura para otras disciplinas del saber, es también importante que los egresados se entrenen en plasmar sus ideas en la práctica, pues es consabido que un número creciente de ellos leen mal y escriben peor.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colombia: Reactivación o reestructuración de la economía

Análisis del exministro Amilkar Acosta sobre la coyuntura que atraviesa el mundo y particularmente Colombia.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA

17 de junio de 2020.  La crisis económica global, que se ha visto exacerbada por la pandemia de la Covid–19 y las medidas que se han tomado para su contención, han obligado a los gobiernos a disponer acciones tendientes a evitar su agravamiento, evitando que muchas empresas pasen de la iliquidez a la insolvencia y de esta a la quiebra, aprisionadas por un choque del lado de la oferta y del lado de la demanda simultáneamente tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, sacudida por la caída de los precios de las materias primas, el colapso del turismo y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros.

De ahí que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB mundial, que antes le apostaban al repunte, después de un largo letargo, ahora todas las proyecciones para este año están en terreno negativo.

Y no es para menos, después de semejante frenazo de la actividad económica. Según las Perspectivas económicas de la OCDE, la economía global registrará este año una recesión sin precedentes, de -6% si la pandemia “permanece bajo control” y de -7.6% en caso de una segunda ola, al tiempo que prevé una leve recuperación del 2.8% para el 2021.

Su economista jefe Laurence Boone vaticina, además, que “la pérdida de ingresos superará todas las recesiones anteriores de los últimos cien años”. Y de contera, según cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el comercio global se reducirá en 32%, mucho peor que el registrado durante la crisis financiera internacional de 2008 – 2009.

Todo indica que Latinoamérica será la región que llevará la peor parte, de hecho, antes de esta crisis el ritmo de crecimiento de su economía venía rezagado con respecto a la media mundial.

Según proyecciones del Banco Mundial, la contracción del PIB en Latinoamérica y el Caribe en 2020 será del -7.2%, más de tres veces mayor que la registrada a raíz de la crisis financiera en 2009, que fue de -1.9% y la de la crisis de la deuda en 1983, cuya pérdida fue de -2.5%. Según la CEPAL, la economía de la región podría caer este año entre -5.3% y -7% y quizá lleguemos al -8%, algo nunca visto.

Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y dolorosa. Al preguntarnos por la forma que tomará, si será en V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo, encontramos una respuesta plausible en Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía del Desarrollo de la Kennedy School of Government University de Harvard. Según él, dicha recuperación tomará la forma del logotipo de Nike (), una recuperación muy lenta después de una caída brusca, de tal suerte que no es dable esperar volver a los niveles de 2019 antes de 2022.

En este contexto, resulta demasiado optimista la aspiración del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de un crecimiento del PIB para el año entrante “por lo menos al 5%” e “incluso del orden del 6%, como pensamos que va a suceder”, contrastando con las proyecciones del Banco Mundial y el FMI para el 2021 del 3.6% y 3.7%, respectivamente.

La recuperación de la economía colombiana estará lastrada por las secuelas que se derivan de la onda recesiva en curso, que ha elevado sensiblemente la tasa de desempleo, la cual registró en abril, primer mes de la cuarentena, el 19.8%,la cual subiría, según FEDESARROLLO, hasta el 30% si se le suman los inactivos, con tendencia a su agravamiento. El desempleo afecta el ingreso, así como también al consumo y este, que representa casi el 70% del total de la economía, es el gran impulsor del crecimiento del PIB.

En cuanto al sector externo, además de la contracción del comercio internacional, Colombia enfrenta un estancamientoinveterado de sus exportaciones, las cuales dependen en una altísima proporción de las materias primas, especialmente del carbón y el petróleo.

Colombia ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica en diversificación de sus exportaciones, apenas supera a Venezuela. El bajo índice de exportaciones per cápita (US $1.000) no mejora, pese a los 16 tratados de libre comercio firmados en los últimos veinte años. Como afirma el ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo “nos hemos concentrado mucho en firmar tratados, pero no en aprovecharlos”.

A repensar el modelo económico

De allí que, para salir del atolladero en que está patinando la economía, se requiere cambiar el modelo económico por otro más sustentable, diversificando la economía, su oferta exportadora y los mercados externos. Lo advirtió la CEPAL al cierre del año anterior, mucho antes de la pandemia, en su Informe preliminar: “América Latina debe repensar su modelo económico para reducir la desigualdad, telón de fondo de la crisis social que está atravesando la región… En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”. ¡A pensar, entonces, fuera de la caja!

Es inadmisible que siga haciendo carrera en el país el gracejo, porque no es otra cosa, inspirado en la concepción neoliberal, según el cual la mejor política industrial es no tener política industrial y la mejor política agrícola es no tener política agrícola. Ello ha sido nefasto para la economía y para el país.

A la vista está que el crecimiento potencial del PIB bajó desde el 4.8 en 2012, insuflado por el largo ciclo de precios altos de las materias primas, a sólo el 3.5%, en el que permanece y lo más grave es que en los últimos 5 años el crecimiento del PIB ha estado por debajo de ese magro crecimiento potencial.

A este ritmo Colombia tardará muchos años para volver a tasas de desempleo de un solo dígito, así como para recuperar el terreno perdido por cuenta de la actual crisis en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Máxime cuando a consecuencia de la actual crisis se estima un aumento de 15 puntos porcentuales en el índice de pobreza, elevándose la cifra de pobres en 7.3 millones más con respecto a 2019. Y no hay que perder de vista que, como lo presagia el rector de la Universidad del Norte Adolfo Meisel, refiriéndose a los vulnerables, “la pérdida de estatus que sufrirán millones de personas puede derivar en un resentimiento creciente”, una bomba de tiempo social.

Según el ex presidente de ANIF Sergio Clavijo, con el anémico crecimiento actual del PIB de Colombia, esta tardará 45 años para equipararse con el ingreso per cápita de Chile, que es de US$15.300, en contraste con los US$4.500 de Colombia. Entonces, más que una reactivación lo que requerirá la economía colombiana es una reestructuración, una reconversión, no sólo para crecer más sino para crecer mejor. Como dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, se debe “crecer para igualar e igualar para crecer”, ya que “una mejor distribución del ingreso, además de disminuir el número de pobres, refuerza el crecimiento”. De acuerdo con el FMI, el PIB per cápita de Colombia ha estado congelado los últimos veinte años.

Pero este cometido no se podrá lograr con el Estado enclenque que hemos tenido, el cual se ha venido arrinconando y desvalijando con el pretexto de que es muy mal administrador, que no debe invadir el ámbito y el rol de las empresas privadas que, según los talibanes del neoliberalismo, lo hacen mejor.

La Constitución de 1991, al tiempo que estableció que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”, dispuso que “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado”. Pero este último precepto es letra muerte para quienes consideran al Estado como un estorbo, eso sí hasta que necesitan de él, apelando al mismo como el buen Samaritano. A guisa de ejemplo, a raíz de la crisis financiera de 1999 fue el denostado Estado el que salió en auxilio de la banca hasta sanearla metiéndole la mano al bolsillo de todos los colombianos.

Por fuerza de las circunstancias y muy a su pesar en Colombia como en el resto del mundo, muchos mandatarios tuvieron que recurrir a las políticas de corte keynesiano sin compartirlas para mantener a flote a la economía y a la sociedad. Pero no falta quienes, distantes como están del pensamiento de Keynes, como el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, han salido a decir que “Keynes puede tener razón cada 80 años”. Sí, cuando sobrevienen las crisis cíclicas inmanentes al sistema capitalista, así como las posibles contingencias hace menester contar con el cuerpo de bomberos y una vez superada la emergencia deben volver a sus cuarteles. Es lo mismo que sugiere Echeverri:  “la ironía del keynesianismo es que es un analgésico tan potente, que solamente debe ser administrado por un anestesiólogo no keynesiano (Ministro de Hacienda). Pues debe retirar el sedante tan pronto el paciente deje de sentir dolor. De lo contrario se puede hacer adicto a los opioides”. A lo que invita Echeverri es volver a las mismas con las mismos. Pero bien dijo Einstein, al definir la locura, que esta consiste en “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Una de las lecciones aprendidas de esta crisis es la necesidad de contar con un Estado, capaz de cumplir su papel, en este caso la dirección general de la economía, así como también cumplir y hacer cumplir el Estado Social de Derecho estatuido en el artículo 1º de la Carta.

La Constitución de 1991 es supremamente garantista, pero el Estado ha demostrado su incapacidad de hacerlo valer. El caso más patético salió a relucir a raíz de la pandemia del COVID-19, que sorprendió al país con un Sistema Nacional de Salud que se ha visto a gatas para atenderla, no obstante que la salud está consagrada como derecho fundamental. Lo propio podemos decir de la educación, que al tratar de implementarse su virtualidad se tropezó con medio país sin acceso a la red de internet y con la carencia de dotación de computadores en las escuelas y colegios. Amén del limitado alcance de la cobertura de los programas asistenciales del Estado.

El Estado se ha quedado corto a la hora de responder a los retos que le plantea la emergencia declarada por parte del Gobierno. De allí que tuviera que echar mano de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensión Territorial (FONPET) del Sistema General de Regalías (SGR) de las regiones, como principal fuente de financiación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Se tuvo que flexibilizar la Regla fiscal elevando el umbral del déficit hasta el –6.1%, muy distante del 2.4 del 2019.

Pero, según estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el déficit fiscal este año superará el 8% del PIB y la relación deuda pública/PIB dará un salto de un nivel del 51.2% a cerca del 60% del PIB. Y más recientemente, ante la contundencia de los desafíos planteados por la actual crisis, el director de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda declaró que “por los indicadores que estamos teniendo, ese 6.1% del PIB parece más un piso que un techo. Qué tan grande va a ser el déficit lo determinan la magnitud de la emergencia sanitaria y su duración. Segundo, qué grado de progreso logre el país y qué tan rápido es esta reapertura gradual que se viene haciendo”.

Por ello, no es de extrañar la decisión tomada por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, apelando al artículo 11 de la Ley 1473 de 2011 que la estableció, una especie de cláusula de escape, de dar concepto favorable para la suspensión de su aplicación hasta el 2022 y en lo sucesivo se limitará a monitorear el desempeño de las finanzas públicas. Según los analistas del mercado financiero, tras esta determinación se puede derivar un aumento del riesgo crediticio, una desvalorización en títulos de deuda pública (TES) e incluso puede llegar a impactar negativamente la tasa de cambio.

Es más, ante la reticencia del ministro Carrasquilla para comprometer mayores recursos en apoyo de quienes han perdido el empleo o permanecen inactivos y sin ingresos, como una salida desesperada está planteando por parte del Gobierno que los propios trabajadores cesantes recurran a retirar sus cesantías y/o los ahorros de sus pensiones para autofinanciarse, poniendo en grave riesgo su estabilidad económica hacia el futuro.

Como si lo anterior fuera poco, la salida que se le ofrece a los adultos mayores de 65 años que no cuentan con una pensión, que son el 49.8%, como alternativa de ingresos la así llamada “hipoteca inversa”, que no es nada distinto a empeñar su vivienda, muchas veces su único patrimonio y la única heredad para los suyos, para recibir a cambio una mesada que le permita sobrellevar su congrua subsistencia. En su lugar se viene abriendo paso la iniciativa de establecer un ingreso mínimo garantizado a título de renta básica de un salario mínimo a los 9 millones de hogares más vulnerables.

Desde luego que nadie podía prever la magnitud de esta emergencia, pero también es cierto que esta puso al desnudo las vulnerabilidades de la economía y las finanzas públicas, además de las precariedades de más del 50% de la población colombiana. Basta con señalar que para el 2016, mientras el gasto público del Gobierno central representaba el 19.2% del PIB, el recaudo de impuestos a duras penas llegaba al 15.7%, de lo cual se derivaba un déficit estructural de casi 4 puntos porcentuales del PIB. Y, como es bien sabido, en virtud de la Ley de Wagner el gasto público crece inercialmente como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público en Colombia, según la Comisión del gasto integrada por el Gobierno en 2017, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual.

Y, aunque parezca una obviedad, la misma Comisión sostiene en su informe final que “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”. Y como lo sostiene uno de sus integrantes, Jorge Iván González, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas.

La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa”. Según los datos más recientes, en tanto que el recaudo impositivo en Colombia se sitúa en el 19.4% del PIB, según la CEPAL el promedio en Latinoamérica está en el 22.8% y el promedio en la OCDE es del 34.2%. Empero, las intenciones del ministro Carrasquilla, expresada con ocasión del trámite del proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2019, era reducir el gasto hasta el 15.4% del PIB en 2022. Ello, además de absurdo, es impracticable y menos después de esta debacle, cuando se demandará más y no menos Estado, más y no menos gasto público.

La necesidad de un pacto fiscal

Lo ha reconocido el propio ministro Carrasquilla, a sabiendas de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague: “La crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, más gasto público… pero también implica menos ingresos públicos… Esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia”.

Ello torna ineluctable una nueva reforma tributaria para arbitrarle más recursos tanto a la Nación como a las entidades territoriales. De lo que se trata, entonces, es de establecer qué tipo de reforma será. A no dudarlo esta, al contrario de las dos anteriores, la Ley de financiamiento primero y la Ley de crecimiento después, que tuvieron un costo fiscal alrededor de los $10 billones, deberá incrementar sensiblemente el recaudo para tratar de tapar el enorme hueco fiscal. Y ello debido a que, con el espejismo de incentivar mayores inversiones y mayor generación de empleo por parte de las empresas se les redujo la carga impositiva, sin lograrlo, por la vía de ampliar aún más las gabelas impositivas que venían recibiendo.

En una de sus columnas recientes, el ex ministro y profesor de la Universidad de Los Andes Carlos Caballero Argáez acota a lo planteado por el ex gerente del Banco de la República Miguel Urrutia en su libro Política social para la equidad en Colombia, que “al contrario de lo que generalmente se cree, un planteamiento central del libro es que el nivel alto de impuestos no atenta contra el crecimiento económico. Afirmación que se sustenta en la experiencia de los países ricos a lo largo del siglo XX, que elevaron sustancialmente el recaudo de los impuestos sin afectar de manera negativa sus ritmos de crecimiento”. Eso sí, deja en claro que “en América Latina no han tenido mayor aceptación, por lo cual la tributación recae sobre los impuestos indirectos, de menor capacidad distributiva”.

Por lo demás, para justificar la baja en la tarifa del impuesto a la renta de las empresas, la proliferación de beneficios tributarios a las mismas, así como la oposición al gravamen a los dividendos y a la remesa de utilidades, se cabalga sobre la falacia de las altas tasas comparativas con respecto a otros países con los cuales compite Colombia, confundiendo deliberadamente la tarifa nominal con la tarifa efectiva.

Según la Comisión del Gasto Público, “el esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de recaudo; además, de que no cumple con los principios de eficiencia y equidad característicos de un sistema fiscal exitoso”. Por ello, juzgo plenamente justificada y comparto la demanda ante la Corte Constitucional contra el actual Estatuto Tributario por parte de la ONG Dejusticia, por violar flagrantemente el mandato constitucional que consagra los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

Según el ex ministro Caballero Argáez, “la política social sí tiene la capacidad para reducir la desigualdad en un país como Colombia”, pero “las limitaciones que impone el recaudo de los impuestos y la poca progresividad de una gran  parte del gasto público” lo impiden. Y va más lejos cuando asegura que “así las cosas, ni los impuestos ni el gasto público mejoran la igualdad económica en el país porque no atienden la progresividad… El diagnóstico es claro. Falta, eso sí, la voluntad política para cambiar el estado actual de cosas. La crisis del coronavirus abre la oportunidad para implantar ese cambio”.

Bien dijo Churchill que no se deben desperdiciar las oportunidades que entrañan las crisis, y como lo sugiere The Economist, hay que “aprovechar el momento”. Y éste es el momento preciso para propiciar un Pacto Fiscal que permita poner en orden las finanzas públicas, tanto las del Gobierno central como las territoriales.

Esta es la hora de la transición

Como lo resume muy bien la presidente del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, se debe implementar “una estrategia para la recuperación, adaptación y preparación de Colombia a una nueva realidad, compuesta por estos cinco pilares: aparato productivo sofisticado y diversificado, empleo de calidad, hogares con redes de protección social, estabilidad fiscal, y Estado fuerte, eficiente y transparente”, mucho más empoderado de lo que esta hoy. Basta ya de buenos propósitos y de pactos voluntaristas por el crecimiento y el empleo que no conducen a ningún Pereira.

Lo dijo con toda claridad el Foro Económico Mundial (FEM): “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía”.

Colombia está en mora de tomar en serio este reto, el de la transformación productiva. Esta debe ir acompasada con la Transición Energética de la producción y uso de las fuentes de energía, altamente contaminantes, de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Este es el camino para que la economía nacional se enganche y se acople a la cuarta revolución industrial (4.0), incorporando la digitalización, la Big Data y la inteligencia artificial (IA) en sus procesos y de esta manera progresar en la productividad que, a juicio del Nobel de Economía Paul Krugman, en tratándose de la competitividad “no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”.

Después de registrar en 2019 el mayor repunte en la década en el ranking internacional de competitividad (IMD), en el 2020 retrocedió, perdiendo dos posiciones, ubicándose en el puesto 54 entre 63 economías objeto de esta medición.

El país está en mora de poner en práctica la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIC) que se construyó desde las regiones hacia el año 2007, con los ajustes que requiere después de más de una década de reposar en los anaqueles oficiales. Desde las postrimerías de la administración Barco se identificaron los ejes fundamentales de la estrategia para asegurar el éxito de la AIC: la modernización, la reconversión y la relocalización industrial, de la mano con el desarrollo de la agroindustria concomitantemente con el estímulo y apoyo de la economía campesina.

Desde luego que la puesta en marcha de la AIC demandará, además de una estrategia, ingentes recursos tanto de parte del sector público como del sector privado, habida consideración que se requerirán mayores inversiones en infraestructura, nuevas industrias, en bienes públicos, en ciencia, tecnología e innovación.

De allí la importancia del fortalecimiento y vigorización del Estado, así como de las alianzas público-privadas, con una perspectiva regional que propenda por el cierre de brechas tanto interregional como intrarregional, que son aberrantes en el país. Como lo afirma el profesor Akash Goel, “cuando volvamos a estar juntos debemos aprovechar la oportunidad de reimaginar un camino diferente hacia delante”.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena sostiene que “la recuperación debe ser distinta esta vez, basada en sectores verdes, con un gran impulso a la sostenibilidad o de economía verde”, la cual debe estar en el centro de la estrategia de reactivación. Tanto más en cuanto que “estas inversiones alentarían la innovación, nuevos negocios y empleos decentes, efectos positivos en la oferta y demanda agregada en las economías de la región, superiores a los de los sectores tradicionales”.

Y añade, “si tomamos estas acciones, América Latina y el Caribe saldrán reforzados de esta crisis y podremos decir que fuimos responsables para con la Casa común que, como dice la Encíclica, se nos ha confiado”. Esta demostrado, además, que, contrariamente a las suposiciones, las inversiones en una economía más sostenible generan más y mejores empleos.

Compartimos con George Soros que “no volveremos a donde estábamos cuando empezó la pandemia”. Se ha vuelto lugar común decir que el mundo no volverá a ser el mismo después de esta pesadilla, pero ello hay que tomarlo en serio a riesgo de enfrentar otra peor, esta vez por cuenta del recrudecimiento de los fenómenos extremos que caracterizan a la variabilidad climática. Como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el Cambio climático”. Retornar al pasado es retroceder.

Para Isabel Cavalier, directora de Transforma Global y estudiosa del cambio climático y desarrollo sostenible, es fundamental que “las medidas de recuperación impulsen cambios en los patrones de nuestro sistema productivo, privilegiando sectores de energía limpia y decidiendo a qué sectores se les imponen impuestos y a cuáles alivios”. Como afirma uno de los miembros del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) Germán Poveda, “la pandemia ha sido una bofetada en la cara a la especie humana. Nos ha puesto presente la arrogancia del ser humano y nos exige una nueva relación con la naturaleza”.

Así como Franklin D. Roosevelt, en respuesta a la gran crisis económica de los años 30, que arrastró y sumió al mundo entero en una gran recesión, puso en marcha el New Deal, esta vez se impone la imperiosa necesidad de una estrategia similar, el Green New Deal, como lo planteó el diario británico The Guardian, una especie de “pacto ecológico que ponga la economía al servicio de la humanidad” y no al revés.

La Unión Europea viene dando pasos en esa dirección. La Comisión Europea aprobó el Documento “Trayendo la naturaleza de nuevo a nuestras vidas” a través del cual se establece la hoja de ruta de cara a la post pandemia. En desarrollo del mismo se estableció como fecha límite al uso de motores de combustión interna en los vehículos el año 2040 y para 2050 no menos del 50% de la generación de energía eléctrica debe tener como base las FNCER. En Alemania particularmente se apagará la última central de generación eléctrica fogueada con carbón en 2021, desmarcándose además de la generación de energía nuclear, que empezó a perder terreno luego del accidente de Fukushima en 2011.

La normativa europea contrasta con decisiones recientes que se han tomado en Colombia, en donde nos ufanamos de tener, como lo ha sostenido la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, la sexta matriz energética más limpia del mundo, al dar luz verde a través del Plan de Expansión a la instalación de 48 nuevas unidades de generación térmica, de las cuales la mitad de ellas operaría utilizando carbón, que como es bien sabido es muy contaminante, así se diga que son amigables con el medioambiente por el hecho de que se utilizarán tecnologías “limpias”,“ultrasupercríticas”.

Por su parte España expidió la Ley de Cambio climático, como parte del paquete de medidas de la reestructuración de su economía y se plantea como propósito “desenganchar al país de los combustibles fósiles”. Se prevé en la misma que en diez años el 70% de la electricidad se generará a partir de FNCER y para el año 2050 se aspira que sea el 100%. Es más, se estableció que para el año 2040 sólo circularán vehículos con motores eléctricos.

Colombia no se puede quedar atrás después de que ha dado pasos tendientes a abrirle espacio a la Seguridad y a la Transición Energética. De hecho, Colombia cuenta ya con el instrumental requerido para lograr ambos propósitos y compaginarlos con la estrategia de diversificación de su economía, en donde esta dependa cada vez menos de los recursos fósiles (el petróleo y el carbón), sin que por ello el sector energético deje de ser el gran dinamizador que ha sido del crecimiento, pero esta vez de manera sostenida y sustentable.

En efecto, el Congreso ratificó el Acuerdo de París mediante la Ley 1844 de 2017, que por lo tanto es vinculante su cumplimiento. El mismo se propone “neutralizar” las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, en la segunda mitad de este siglo. El país adquirió el compromiso con la comunidad internacional de reducir el 20% sus emisiones de GEI hacia el 2030.

Por medio de la Ley 1931 de 2018 se establecieron las pautas para los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), a través de los cuales se identifican, evalúan, priorizan y definen medidas y/o acciones tanto de adaptación como de mitigación de las emisiones de GEI. Adicionalmente, en el Plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 se define “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Complementariamente, se expidieron dos documentos CONPES, el 3918 y 3934 de 2018, estableciendo una “estrategia para la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y delineando una “política de crecimiento verde” en Colombia. 

El sector energético está llamado a servir de dinamizador y apalancamiento de la reactivación económicaen la post pandemia, y con tal fin debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética, especialmente en lo atinente al uso de las FNCER, así como al ahorro y uso eficiente de la energía, lo cual contribuirá decisivamente a su mayor competitividad. Pero nada de ello será posible sino se asume esta tarea como una Política de Estado y no como política de Gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Acerca de las medidas del Gobierno para salvar las empresas y el empleo

“En la economía, las soluciones rinden más que los problemas; en la política, los problemas valen mucho más que las soluciones”: Nicolás Bujarin.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

12 de junio de 2020.   En días pasados, el consultor Mauricio Cabrera tituló su columna de opinión diciendo que “hay que rescatar a Avianca” y comienza advirtiendo que, “a riesgo de ser crucificado por las redes sociales, debo decir que para el país es necesario que Avianca siga operando”.

Yo añadiría que no sólo Avianca sino Latam y las demás aerolíneas que conectan a Colombia y a Colombia con el mundo. Y más que rescatar a dichas empresas de lo que se trata es de proteger los 600 mil empleos que, entre directos e indirectos, generan, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), amén de los US $7.500 millones que le aportan al PIB del país. Por lo demás, el transporte aéreo, al igual que las demás modalidades de transporte, es el que pone en movimiento los ejes de la economía nacional, es el gran articulador del ecosistema productivo.  

En el Decreto – Ley 811 del 4 de junio, uno de los últimos que expidió el presidente Iván Duque al amparo de la Emergencia Económica 2.0 dejó abierta la escotilla al darle vía libre al Gobierno Nacional para lanzarle un salvavidas a las empresas que estén al borde de la insolvencia, mediante la compra de acciones o participaciones en las mismas, con pacto de retracto, esto es que una vez superada la emergencia sus accionistas o propietarios se obligan a recomprarlas dentro del plazo que se convenga entre las partes. Ello, tratándose de “empresas que desarrollen actividades de interés nacional”, tal es el caso de las aerolíneas.

Preocupa sobremanera que en el Decreto se deja una rendija para la eventual privatización de ISA o Ecopetrol, cuando alude a la facultad para enajenar “la participación accionaria del Estado… que posea en determinada empresa”. El único condicionamiento previsto es que los recursos provenientes de la venta “sean destinados para atender los efectos económicos adversos relacionados con la Emergencia Económica”.

Lo que se predica para el sector transportador aplica también a los demás sectores de la economía. Todo el esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno en pro de las empresas, para evitar que se vayan a la quiebra, busca de paso poner a salvo los empleos que ellas generan.

Las empresas, además de generar empleo producen bienes y servicios, tanto para el mercado doméstico como para las exportaciones y de contera contribuyen a la financiación del Estado mediante el pago de impuestos. No se puede caer, entonces, en la desmesura del pasajero del avión al que poco le importaba que el mismo se siniestrara porque al fin y al cabo el avión no era de él. Como bien dice el director del diario económico Portafolio Francisco Miranda, “una empresa que se hunde es el fin de un sueño y la parálisis de un piñón del motor económico de una sociedad”.

Eso sí, en nuestro concepto, la ayuda oficial a las empresas debe ser temporal, acotada y condicionada. Temporal, porque debe responder y corresponder a la coyuntura que, como la actual, amerite la intervención del Estado; pero, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a ella debe cesar. Y no como ha ocurrido en el pasado, dado que, como dijo Miguel Antonio Caro: “En Colombia para que las cosas sean definitivas, deben ser transitorias”, pues no hay nada más permanente que las normas temporales.

Debe evitarse, además, que haga carrera el oportunismo de quienes quieren aprovechar la coyuntura para pasar en volandas reformas a los regímenes laboral y pensional, en desmedro de los intereses de los trabajadores, con el espejismo de generar empleos.

Acotada, porque dada la limitación de recursos con los que cuenta el Estado, se debe establecer un tratamiento diferencial y diferenciado según el tamaño de las empresas y su actividad, fijar prioridades, montos y plazos razonables.

Es bien sabido que las Mipymes, a diferencia de las grandes empresas, han tropezado con dificultades para acceder al crédito bancario, no obstante la liquidez y las garantías que el Gobierno Nacional les ha dispensado. Tratándose de los créditos para las mipymes, al igual que los recursos del programa Ingreso Solidario, se han debido canalizar a través de las entidades públicas, como BANCOLDEX, FINDETER o el Banco Agrario y no mediante la intermediación de la banca comercial.

Condicionada, de tal suerte que el apoyo a las empresas vaya en línea con las políticas estatales y no ocurra lo que en el pasado, por ejemplo que se desmontaron los parafiscales y se concedieron exenciones a cambio de que generaran empleo, no lo generaron pero se quedaron con los beneficios fiscales otorgados.

Debería existir una cláusula de reversión, pues ante el incumplimiento se deben perder las ventajas o beneficios recibidos. Así mismo, la ayuda y el apoyo a las empresas deben ser coherentes con las políticas públicas agenciadas por el Estado. Un ejemplo de ello fue lo que dispuso el presidente Obama en EEUU para salvar de la quiebra a la industria automotriz, al condicionar la ayuda estatal a la mayor eficiencia de los motores que se fabricaran, teniendo como meta 54.5 millas de recorrido por galón de combustible para el 2025, teniendo como línea base las 35 millas recorridas. Esta medida iba en línea con su programa de eficiencia energética y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El economista turco Nouriel Roubin, célebre por pronosticar con acierto el advenimiento de las crisis, afirmó, cuando apenas se empezaba a propagar la pandemia del COVID-19, que “en este año existen visibles cisnes blancos potencialmente sísmicos, que podrían detonar graves perturbaciones no vistas desde el 2008”.

Y así fue. Ello, en el entendido que los cisnes blancos son aquellos que son previsibles, como en el caso que nos ocupa, en donde la única duda es la duración y las secuelas de la actual crisis. Esta es de tal magnitud y gravedad que ha puesto en cuestión la sobrevivencia de la globalización como la conocemos y como ha venido operando. De hecho, las cadenas globales de valor se han visto estropeadas y los países están replegándose hacia sus propias fronteras. Viviremos una reconfiguración de la globalización, en la que prime la inclusión y la cohesión social tan venida a menos en los tiempos que corren.

El capitalismo progresista

Como lo afirma el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, terminará por imponerse el capitalismo progresista, “sustentado en una comprensión clara de los elementos que fomentan el crecimiento y el bienestar de la sociedad que nos ofrece una opción para salir del lodazal y mejorar la calidad de vida de la población”. Es la única salida ante la actual encrucijada para salvar al capitalismo de sí mismo.

Hasta los magnates de la gran empresa se han persuadido sobre la imperiosa necesidad de un cambio de paradigma y están tomando distancia del viejo y anacrónico paradigma de Milton Friedman, según el cual las empresas sólo tienen obligaciones con sus accionistas.

Antes, incluso, de esta crisis sin par por la que está pasando la economía global, en agosto del año pasado la Business Roundtable, que agrupa a los representantes de 181 multinacionales estadounidenses, entre las cuales están Apple, Amazon, Coca Cola, Morgan, Boeing y la petrolera ExxonMobil, lanzaron un manifiesto en el cual dicen textualmente que “cada una de las partes involucradas (en la vida económica) es fundamental. Nos comprometemos a aportar valor a cada una de ellas en pos del éxito futuro de nuestras empresas, de nuestras comunidades y de nuestro país” y no sólo de sus accionistas.  

Hacia el futuro, hasta la métrica para medir el PIB se tendrá que revaluar. La preocupación sobre el mismo habrá de trascender su ritmo de crecimiento para dar cuenta de su composición, su distribución y estará sujeto al análisis de ciclo de vida para poder establecer la trazabilidad de la huella de carbono de la economía. Como lo planteó Robert F. Kennedy en un elocuente discurso en Kansas en marzo de 1968, poco antes de su asesinato, el PIB “mide todo, en resumen, excepto lo que hace que la vida valga la pena” para los excluidos.

Como lo acaba de plantear la Organización para el Desarrollo y la Cooperación (OCDE), “los gobiernos tienen que aprovechar esta oportunidad para concebir una economía más justa y duradera, volver más inteligentes a las competencias y las regulaciones, modernizar la fiscalidad, los gastos y la protección social”.

Definitivamente, habrá que domesticar el capitalismo, no hay de otra. Esta es una tarea inaplazable.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.