La Contraloría General de la República confirmó, en segunda instancia, la decisión que en septiembre pasado declaró como responsables fiscales de irregularidades en Hidroituango a 26 personas, entre naturales y jurídicas.
29 de noviembre de 2021. Para el ente de control, en este caso hubo una “destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de 3,1 billones de pesos y se originó un lucro cesante de 1,1 billones”, por lo cual el monto del fallo es de 4,3 billones de pesos.
La sanción se genera por el daño al patrimonio del Estado causado por las mayores inversiones que se tuvieron que hacer en el proyecto, por un lado, y por el lucro cesante luego de que la hidroeléctrica no comenzó a generar energía a partir de noviembre de 2018, como se había comprometido.
Además de la confirmación de la sanción contra 26 personas, en grado de consulta se confirmó el fallo sin responsabilidad fiscal a favor del entonces alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa y de Jorge Mario Pérez Gallón, miembro suplente en la junta directiva de Hidroituango.
Además, se revocó la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora Mapfre y por tanto fue declarada como tercero civilmente responsable, haciendo efectiva una póliza de construcción. También se confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable de Seguros Suramericana, haciendo efectiva una póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores.
Loas pecados de Hidroituango
La Contraloría señaló que en Hidroituango se implementó un ‘plan de aceleración’ en medio del cual se tomaron decisiones que generaron la contingencia de 2018, cuando se derrumbó uno de los túneles de desviación que generó un riesgo ambiental y que hizo que debiera desviarse el agua del río Cauca a través de la casa de máquinas para evitar un daño mayor.
Por ese motivo, para el órgano de control, las acciones u omisiones de los sancionados conllevaron a un daño al patrimonio del Estado por las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, «resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público».
Las circunstancias que llevaron a la implementación de un plan de aceleración o planes de aceleración continuos se debieron a retrasos con los que venía la obra casi desde su comienzo.
Reacción de EPM
Inmediatamente salió el fallo de la Contraloría, Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsable del proyecto, emitió un comunicado a la opinión pública, donde señala:
1. La Empresa conoció a través de los medios de comunicación el fallo de segunda instancia dentro del proceso de responsabilidad fiscal por el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
2. EPM con su equipo técnico, jurídico, financiero y de riesgos estudiará el fallo, siempre bajo la premisa del respeto por las decisiones de los entes de control.
3. Una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de éste y el proceso de ajuste del siniestro.
4. Es importante tener en cuenta que a la fecha el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado, razón por la cual los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos.
Los sancionados
Las 17 personas naturales que fueron sancionadas son los miembros de la junta directiva de Hidroituango: Federico José Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo (exgerente de EPM), Alejandro Antonio Granda Zapata, Fabio Alonso Salazar Jaramillo (exalcalde de Medellín), Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio, Ana Cristina Moreno Palacios, Iván Mauricio Pérez Salazar, María Eugenia Ramos Villa, Rafael Andrés Nanclares Ospina, Jesús Arturo Aristizábal Guevara y Sergio Fajardo Valderrama (exgobernador de Antioquia).
Del mismo modo, los exgerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa y John Alberto Maya Salazar.
Así como Luis Alfredo Ramos, sancionado como exgobernador de Antioquia, y Luis Javier Vélez Duque, quien para entonces era gerente de EPM-Ituango y vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM.
De otro lado, las sociedades sancionadas son: como diseñadores y asesores, Integral S. A. e Integral Ingeniería de Supervisión que absorbió a la empresa Solingral.
También los constructores de las obras principales: Construcoes E Comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H. S. A.
Así como los constructores de los túneles de desviación Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores.
Por último, los interventores: Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S. A. Ingetec, y Sedic S. A.