De como políticas populistas tomadas por los gobiernos pueden dar al traste con la prestación de los servicios públicos en América Latina.
México es el ejemplo de cómo un caso de éxito se puede transformar rápidamente en un fracaso.
Desde mediados de la década pasada el país azteca optó por eliminar el monopolio que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía sobre el mercado del gas licuado del petróleo (GLP), y darle paso a la liberación de los precios, las importaciones y el mercado, como unas primeras medidas que potencializaron el sector, que pasó en su mayor proporción a ser manejado por el sector privado. Hoy, el país se surte de GLP en un 33% de la estatal petrolera y en un 67% de las importaciones.
Así, la empresa privada logró consolidar este sector energético y convertir al mercado mexicano del GLP en el más grande de América Latina. De los 130 millones de habitantes de México, 100 millones consumen GLP en el sector domiciliario, frente a 17 millones que cocinan con gas natural y 13 millones que aún lo hacen con leña. Además, en AutoGLP, México ocupa el primer lugar en el subcontinente y el séptimo en el mundo, con 407.000 vehículos y 2.080 estaciones de carga (cifras de 2021).
Una idea del tamaño del mercado mexicano del GLP es que al mes consume 710 mil toneladas; es decir, lo que Colombia consume en un año.
Pero la historia comenzó a tomar un giro inesperado a mediados de 2021, cuando a raíz de la subida de los precios internacionales del combustible el gobierno mexicano tomó la decisión de intervenir los precios para que estos no superaran la inflación.
Recordemos que en ese año el mundo comenzaba a salir de la pandemia de la Covid-19, y en consecuencia la economía global inició su reactivación y la demanda de Asia, especialmente de China que para ese entonces había terminado la construcción de grandes plantas petroquímicas, requirieron mayor cantidad de producto, lo que desencadenó la escalada de precios.
Si bien la medida populista tomada de manera apresurada y sin consultar la información real del mercado en México, fue en un comienzo una melodía para los oídos de los consumidores, los efectos en el mercado fueron desastrosos.
“En consecuencia, hubo una afectación muy grave en el mercado, porque el margen comercial fue durante muchos meses insuficiente para cubrir los costos de las operaciones y las empresas salían a vender perdiendo, lo que puso en riesgo no solo el abasto del producto sino la seguridad”, dice Carlos Serrano, presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) y quien fuera uno de los conferencistas del pasado Quinto Congreso de Gasnova, realizado en agosto en Bogotá.
Las consecuencias de la pérdida de rentabilidad fueron, en primer lugar, que se redujeron las inversiones en expansiones y mantenimientos, al tiempo que se redujo el cubrimiento geográfico, se despidieron miles de trabajadores, salieron de operación cientos de carrotanques, se cerraron estaciones de servicio, se bajaron los niveles de servicio y se disparó el robo de GLP a Pemex.
“Afortunadamente, tuvimos un dialogo con las autoridades, donde les expusimos estudios bien fundamentados de los costos de operación, de conversión y reinversión, y análisis del retorno de la inversión aceptables internacionalmente, y eso sirvió en gran medida para que se fuera corrigiendo y mejorando el margen comercial otorgado. Todavía no estamos en el momento que consideramos adecuado para darle una viabilidad y un desarrollo sustentable a la industria, pero ya está en un punto que permite operar”, señala Serrano.
Como lo recalca siempre el analista especializado Adrián Calcaneo, en el sector del GLP, América Latina es un tomador de los precios internacionales, luego es una variable que no controlan los países de la región. En ese sentido, intervenir los precios internos es una de las peores medidas que pueden tomar los gobierno, como lo acaba de demostrar el caso mexicano.