Dos concepciones ideológicas opuestas entre los presidentes de Ecuador y Colombia y la falta de cooperación contra el crimen organizado terminaron en una guerra comercial, afectando a las empresas, las economías y las poblaciones de los dos países.
La estrategia de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro debilitó las Fuerzas Armadas y fortaleció a los grupos criminales, que lograron copar más territorio con la consecuente expansión de los cultivos ilícitos (más de 300 mil hectáreas) y la mayor producción de cocaína de la historia.
Un narcotráfico desbordado en la región Andina, especialmente en Colombia y Venezuela, fue lo que llevó a los Estado Unidos a finales de 2025 a desplegar la mayor fuerza militar en el mar Caribe y el Pacífico para atacar embarcaciones de traficantes, capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro, jefe del Cartel de Los Soles, e incluir en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton, el 24 de octubre de 2025, al presidente de Colombia, a su esposa Verónica Alcocer y al ministro de Interior Armando Benedetti.
Posteriormente, ante la falta de colaboración para controlar la frontera, el pasado 21 de enero el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, impuso aranceles del 30 por ciento a las exportaciones colombianas. En respuesta, el ministerio colombiano de Minas y Energía suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país y Ecuador anunció aranceles al transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), que lleva el petróleo del departamento de Putumayo al puerto de Esmeraldas, en Ecuador.
El general Fausto Salinas, excomandante general de la Policía de Ecuador, dijo para SEMANA: “Ya no existe la erradicación aérea. Todas las herramientas de erradicación han sido limitadas, lo que hace que la cantidad de cocaína se incremente. Sube la producción, se incrementa la oferta y esta oferta, necesariamente, tiene que pasar por varios lugares; uno de ellos es Ecuador, generando muchos problemas de seguridad y conflictos de convivencia y paz ciudadana.”
Así, lo que empezó como un fracaso en la colaboración binacional para luchar contra los grupos criminales en la frontera, terminó en una guerra con actores que nada tienen que ver con el conflicto: el sector energético de ambos países.
Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), expresó su preocupación por la decisión de suspender el suministro eléctrico a Ecuador, no solo por su impacto económico, sino por lo que representa en términos de cooperación histórica. A su juicio, “los temas de seguridad en la frontera, aunque relevantes, deben resolverse en las instancias correspondientes y no mediante medidas económicas.”
Por su parte, Sandra Fonseca, expresidente de Asoenergia, señaló: “En el marco de la Comunidad Andina de Naciones, estos intercambios (de energía) están concebidos para operar bajo criterios de eficiencia económica, confiabilidad del sistema y disponibilidad energética. Es decir, se exporta o se importa cuando es más barato, más seguro y técnicamente viable hacerlo. En la práctica, sin embargo, hemos visto cómo estos flujos se han abierto y cerrado en distintos momentos por decisiones administrativas del gobierno, incluso cuando las señales técnicas y de precio indicaban otra cosa. Eso introduce discrecionalidad en un mecanismo que debería ser estrictamente técnico y reduce la previsibilidad del intercambio.”
En la práctica, a Ecuador se le corta un suministro de electricidad que representa entre el 6% y el 10% del consumo total del país, con picos que pueden variar según la situación hidrológica, como en 2024 que llegó a representar el 16% durante un periodo de fuerte sequía.
Por su parte, los generadores colombianos dejan de percibir más de 27 millones de dólares mensuales por concepto de la venta de energía al vecino país, y Ecopetrol y otras empresas verán afectados sus ya menguados ingresos por el sobrecosto de transportar crudo por el oleoducto binacional.
Según información de la empresa, el OCP ha movilizado más de 46 millones de barriles colombianos desde su inauguración en 2013 hasta el 31 de diciembre de 2025.
Pero no es la primera vez que el sector minero energético colombiano se ve afectado por temas políticos. Recordemos que el gobierno Petro suspendió unilateralmente la venta de carbón a Israel, para protestar por los ataques de ese país en la franja de Gaza.
A falta de una política energética, lo que ha hecho el gobierno colombiano es hacer política con la energía.