Dentro de las iniciativas insulsas, improcedentes y descabelladas que mes a mes presenta el gobierno nacional por cuenta propia o a través de los congresistas del Pacto Histórico, actualmente cursa un proyecto de Ley bajo el radicado de 344/2023 de la Cámara de Representantes, el cual no es otra que la retardataria idea de crear una empresa estatal minera, llamada Ecominerales.
Por: SANTIAGO SOTO*
En resumidas cuentas, esta empresa tiene como objeto realizar actividades de exploración, explotación, comercialización de minerales, actividades de investigación, así como celebrar contratos de diferentes naturaleza con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Sí, tendrá como objeto todas esas actividades que el mismo gobierno lleva dos años entorpeciendo y atacando, pero esta vez, convenientemente ejecutadas por ellos.
Además de lo arcaico que es pensar en la estatización para la ejecución de una actividad económica, cuando es bien sabido que lo público es desde cierta perspectiva ineficiente, está también más que demostrado que la fórmula que funciona es la inversión privada para desarrollar proyectos de alto impacto, generar empleo, inversión social, contratación y pago oportuno de bienes y servicios entre otras bondades. Es por esto que no se entiende el propósito de meter al país en esta empresa que, además de lo expuesto, tiene aún muchos vacíos acerca de su funcionamiento.
Basta con mirar el sector hidrocarburos en la historia del país, donde pasó de promediar entre 500.000 y 600.000 barriles diarios cuando el país operaba bajo el modelo de contrato de concesión, a alcanzar los 900.000 y 1’000.000 de barriles diarios de crudo, después de la escisión de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante la Ley 1760 de 2003, donde se incentivó la inversión privada y extranjera, dinamizando la actividad petrolera en diversas zonas del país, trayendo desarrollo, inversión, mayor recaudo por concepto de regalías e impuestos, así como entrada de divisas.
Las dudas acerca de esta turbia iniciativa comienzan con los apartes del articulado que hablan sobre su financiación. Como primera fuente estará la reversión de títulos mineros, lo cual explicaría la persecución contra el sector minero los últimos dos años, desincentivando nuevas inversiones y ocasionando devoluciones de títulos y requerimientos por parte de la Agencia de la competencia, y de este modo, contar con alternativas prospectivas para financiar este proyecto estatal.
De igual forma, otra de las principales fuentes de financiación serán las dos agencias administradoras de los contratos mineros y petroleros, Agencia Nacional de Minería y Agencia Nacional de Hidrocarburos, las cuales deberán hacer aportes a la naciente empresa.
También llama la atención que el texto precisa que, para el capital inicial de la empresa del estado, no será necesario el traslado de recursos financieros provenientes del presupuesto general de la Nación ni demandará esfuerzo fiscal, sin embargo, en el párrafo subsiguiente deja a discrecionalidad del gobierno nacional disponer de aportes vía presupuesto o traslado presupuestal para la capitalización de la empresa.
Tampoco menciona en ningún aparte las condiciones en que la empresa pagará al Estado la contraprestación por explotar recursos naturales no renovables.
Ahora bien, de acuerdo con el texto aprobado en comisión de la Cámara, las relaciones laborales se regirán por el contrato de trabajo, convención colectiva y pactos colectivos, lo cual es lo normal en entidades del sector público, no obstante, puede percibirse la innecesaria creación de esta empresa como un caramelo a los sindicatos del sector minero y petrolero, quienes vieron sus mejores días, en el caso del sector hidrocarburos, cuando Ecopetrol era empresa con capital 100% público, y que podrían robustecer nuevamente su poder con una estatal del sector minero.
Respecto al controvertido proyecto de ley, la Contraloría General de la Nación manifestó preocupación, pues una iniciativa de este corte no es nueva en nuestro país. Contrario sensu, se asemeja a otros intentos fallidos como lo fueron en la década de los 90 Ecominas, Mineralcol, Ecocarbón, las cuales terminaron en liquidación y transfiriendo sus funciones a Ingeominas. Continua el contralor indicando que es imposible pensar la creación y funcionamiento de Ecominerales sin esforzar el presupuesto público, lo cual es más preocupante aún por el hecho de no tener total claridad de las inversiones que la empresa realizará.
En conclusión, habrá que ver el término de esta iniciativa retardataria del país que nos devuelve al siglo pasado, concentrando los sectores económicos en el Estado, lesionando la iniciativa privada, de lo cual no percibiremos las consecuencias sino hasta recibir la embestida económica, cuando empiecen a salir del país multinacionales mineras, petroleras y en general de energía, llevándose consigo divisas, regalías, impuestos, inversión social, contratación de mano de obra, bienes y servicios. Una vez perdida la confianza inversionista, no será fácil recuperarla.
*Abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado.