Los gobernadores de los departamentos del Caribe y el sector productivo les enviaron una carta a los ministros de Hacienda y Energía y al superintendente de Servicios Públicos, donde manifiestan su preocupación ante la inminente crisis energética que podría afectar gravemente la región.
“La falta de inversiones adecuadas, los problemas financieros de las empresas prestadoras del servicio y las deficiencias en la infraestructura eléctrica que por años se han presentado, ponen en riesgo la continuidad del suministro de energía, lo que tendría consecuencias devastadoras para el desarrollo social y económico del Caribe colombiano”, señalan los mandatarios y empresarios.
Recalcan que la situación financiera de Afinia es especialmente crítica. La empresa enfrenta graves dificultades económicas que amenazan su capacidad de operación y mantenimiento de la red eléctrica en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar.
“Con más de 1,8 millones de usuarios dependientes de su servicio, la falta de acciones urgentes podría llevar a una crisis sin precedentes en la prestación del servicio eléctrico en estas zonas”, señalan.
Por otro lado, la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ha generado incertidumbre en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde presta servicio a más de 1,3 millones de usuarios.
Para esta empresa, solicitan que, “además de los subsidios, se implementen acciones adicionales que permitan fortalecer financieramente a la Empresa Intervenida y faciliten las inversiones urgentes en la infraestructura eléctrica.”
Para la región Caribe resulta imperativo que las entidades nacionales consideren el impacto humano y económico de esta problemática. “Las redes eléctricas de la región Caribe han sufrido un rezago histórico que solo puede ser revertido con acciones decididas que aseguren una administración eficiente y una financiación adecuada. Solo de esta manera podremos garantizar la continuidad y calidad del servicio, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos y promoviendo el desarrollo sostenible en nuestros territorios”, agregan en la misiva.
Recordemos que a las empresas distribuidoras de energía a nivel nacional les adeudan recursos por más de 7 billones de pesos, representados en la Opción Tarifaria, pagos de subsidios y deudas de empresas estatales, donde las empresas del Caribe son a las que más se les adeuda.
En mayo de 2024 el presiente Petro se comprometió con los usuarios a que el gobierno asumiría los saldos de la Opción Tarifaria, pero luego incluyó estos recursos en la fallida reforma tributaria.
Otra solución que se ha planteado es la titularización de la deuda para darle caja a las empresas, pero la resolución reposa en el escritorio del ministro de Minas y Energía sin que hasta la fecha se haya firmado.
“Actuar con celeridad y eficacia en esta materia es crucial para evitar enviar señales negativas al sector energético, que podrían erosionar la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones al país. Estas inversiones son fundamentales no solo para modernizar la infraestructura existente, sino también para aumentar la capacidad de generación requerida para atender la creciente demanda de energía. De hecho, estudios recientes indican que, de no tomarse las medidas necesarias, podría haber un faltante de oferta eléctrica para el año 2028, lo que representaría un grave riesgo para la estabilidad energética y el desarrollo del país.
“Por ello, instamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la SSPD a que implementen de manera inmediata los mecanismos necesarios para respaldar financieramente a la empresa Intervenida y a Afinia, así como para facilitar las inversiones urgentes que demanda el sistema eléctrico regional. Esta medida no solo atenderá las necesidades actuales, sino que también contribuirá a prevenir mayores afectaciones socioeconómicas en el mediano y largo plazo”, concluyen los gobernadores y empresarios.