En carta enviada presidente Gustavo Petro, varios exfuncionarios del sector energético llaman la atención sobre el riesgo que corre el sector de ser intervenido pasando por encima de la institucionalidad. El texto de la carta es el siguiente:
Se dirige a usted un grupo de ex ministros y ex viceministros de Minas y Energía, así como ex comisionados de la Comisión de Energía y Gas (CREG), que han tenido el privilegio de servir al país a lo largo de varias décadas. Cada uno, aportando desde diferentes gobiernos a la construcción y fortalecimiento del sector energético colombiano.
La intención anunciada por el gobierno de retomar las facultades regulatorias de la CREG, de llegar a materializarse, es una medida que vulnera la institucionalidad del sistema, la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos. Los de hoy y de mañana.
Siguiendo los principios consagrados en la Constitución de 1991 y los desarrollos legales contenidos principalmente en las leyes 142 y 143 de 1994, se ha elaborado el marco regulatorio colombiano dentro de los más altos estándares técnicos; incorporando elementos que han surgido de amplios debates públicos entre el sector empresarial, gobierno y usuarios; así como los eventos que han afectado al sector.
La regulación, en los últimos 30 años, ha permitido logros contundentes en materia de cobertura, calidad, suficiencia y confiabilidad. Destacando un sector energético con una matriz de muy bajas emisiones de gases efecto invernadero y con importantes indicadores de equidad y solidaridad. Con la suficiencia que permite aumentar los subsidios destinados a los colombianos de menores ingresos y contar con fondos públicos para aumentar la cobertura del servicio en zonas rurales alejadas.
Las billonarias inversiones que se han ejecutado en este tiempo, en toda la cadena de energía y gas, se han efectuado, creyendo en un marco vigente, por agentes de diferente naturaleza. Estas han garantizado el abastecimiento inclusive, enfrentando adversidades de todo tipo.
Durante estas tres décadas, los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la CREG, en ningún caso remplazándola. Todo esto, dentro del marco institucional del cual el gobierno hace parte a través de los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, así como del Departamento Nacional de Planeación y el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Alterar este marco podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad en la prestación del servicio a los colombianos.
De acuerdo con las agencias internacionales encargadas de monitorear los fenómenos climáticos, se ha incrementado significativamente la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño (sequías) durante el segundo semestre de este año.
Adicionalmente, la CREG, en sus últimas proyecciones de demanda y oferta, contempla un déficit de energía a final de 2027. Para superarlo, el sector espera próximamente la convocatoria de una subasta de expansión en
generación y así cumplir con los tiempos que exigen estos proyectos en su ejecución. Afrontar eficientemente estos riesgos requiere de millonarias inversiones de largo plazo que dependen de la confianza que tengan los diferentes agentes en el arreglo institucional del sector.
Respetado señor presidente, el patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular. Ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos. Es el producto de 30 años de discusiones entre gobiernos, academia, empresas y usuarios.
El sector ha podido superar eventos climáticos severos, atentados violentos contra la infraestructura eléctrica y la crisis financiera de varias electrificadoras, entre otros. Esta evolución y aprendizaje es un patrimonio institucional del país.
Somos conscientes de los múltiples desafíos que afronta el sector. Estos se pueden abordar de manera colectiva construyendo consensos dentro de la institucionalidad vigente. Una irrupción súbita, alterando dicha institucionalidad, no ofrece ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y, por el contrario, como lo hemos descrito, pone en riesgo el sostenimiento de un sector que ha sido exitoso en su desarrollo.
Con urgencia y respeto llamamos su atención a los puntos expuestos.
Atentamente,
Ex ministros: Amylkar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, María Lorena Gutiérrez, Luisa Fernanda Lafaurie, Hernán Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, María Fernanda Suárez, Ramiro Valencia y Luis Carlos Valenzuela.
Ex viceministros: Manuel Maiguashca y Ruty Paola Ortiz.
Ex comisionados de la CREG: Jaime Blandón, Juan Ignacio Caicedo, Daisy Cerquera, Carmenza Chahín, Javier Díaz, Christian Jaramillo, Hernán Molina y Camilo Quintero.