La Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA) manifestó su desacuerdo tras la expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La nueva normatividad prohíbe las ventas ambulantes de alimentos que utilizan el GLP en cilindros, afectando de manera directa a miles de familias vulnerables que encontraron en esta actividad su única fuente de ingresos.
Según el gremio, esta medida vulnera el derecho constitucional a los servicios públicos y el derecho fundamental al trabajo de más de 10.000 venteros, poniendo en riesgo el sustento económico de miles de familias pobres que dependen de la denominada «economía popular» en la capital.
El presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas, dijo que el cilindro de GLP es usado de manera segura y eficiente desde hace más de 80 años, por ello hoy 12 millones de usuarios en el país, entre ellos los trabajadores informales del sector de alimentos acceden a este servicio público.
“Gracias a su portabilidad y sus propiedades como energético limpio, al uso de cilindros cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y acogidos por la anterior administración distrital en la Resolución 1207 de 2020 expedida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, permiten el uso seguro de GLP en cilindros sin representar riesgo para la comunidad”, aseguró.
El dirigente gremial hizo un llamado a la Administración Distrital para que, en lugar de recurrir a la prohibición con difíciles probabilidades de implementarse en las actuales circunstancias económicas y sociales de la capital, se trabaje activamente en desarrollar un programa integral con los vendedores ambulantes que utilizan el servicio púbico de GLP, con el fin de que sean capacitados y organizados en una solución concertada.
La propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios de venta ambulante.
GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que: “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.”
Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional.
En ese sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen 10.331 puestos de comida en el espacio público que emplean GLP. Para estos ciudadanos, el cilindro representa el «motor» de su economía familiar.
Martínez destacó que el acceso al GLP ha sido un avance social significativo, promovido incluso por los programas de sustitución de combustibles contaminantes desarrollados por la UPME y el MME, permitiendo que poblaciones vulnerables abandonen el uso de leña y carbón, combustibles altamente contaminantes que, con la prohibición de la Alcaldía, van a volver a ser utilizados por los vendedores ambulantes.
GASNOVA también argumentó que Bogotá está actuando en contravía de las tendencias globales. En las grandes metrópolis, las ventas callejeras son promovidas por las autoridades para ofrecer sabores auténticos a precios accesibles.
Debido a su alta capacidad calorífica y portabilidad, el GLP es el combustible estándar en todo el mundo para cocinas móviles. Ejemplo de ellos son los famosos carritos de perros calientes en Nueva York que utilizan cilindros de GLP diariamente en Manhattan, los carritos de crepes en Paris y casos latinoamericanos como los de Ciudad de México y Lima, con sus puestos de comidas típicas que hacen parte del turismo gastronómico.
Incluso en Colombia, Medellín cuenta con un modelo exitoso de plazoletas de food trucks que están replicando modelos de Miami y otras ciudades.
Finalmente, Martínez reiteró la disposición de GASNOVA para trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá, con el objetivo de construir una experiencia gastronómica urbana ordenada y segura, que le dé un valor agregado a la capital colombiana.
El dirigente gremial concluyó que la prohibición no es el camino; por el contrario, el servicio público de GLP debe ser visto como una herramienta que genera empleo, fomenta el turismo gastronómico y ofrece opciones de alimentación asequibles a millones de bogotanos.
“Prohibir su uso discrimina y deja sin opciones a miles de personas que han encontrado en esta actividad su única fuente de ingresos”, dijo.