Un decreto del Ministerio de Hacienda, amparado en la emergencia económica, le impone nuevas cargas tributarias a los generadores de energía de Colombia.
Algunos gremios del sector eléctrico se pronunciaron sobre Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido el 21 de enero amparado en la declaración de emergencia económica, mediante el cual se imponen nuevos impuestos a las generadoras de energía con el fin de paliar las deudas de Air-e, que ascienden a más de 2,5 billones de pesos.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expresó su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para el sector eléctrico.
“Estas decisiones alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones, afectando el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables que vendrían del proceso anunciado por el Ministerio de contratación de largo plazo, y por lo tanto afectar la transición energética”, señaló el gremio en un comunicado.
Agrego que, durante los últimos 30 años, las empresas generadoras han invertido más de 140 billones de pesos para garantizar que los colombianos cuenten con energía confiable. Además, el país necesita invertir entre 10 y 13 billones de pesos cada año para asegurar el suministro de energía en el futuro. “Cambiar las reglas de manera abrupta debilita la confianza para seguir invirtiendo, justo en un momento en el que Colombia enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que, según datos de XM, podría llegar a -3,5 % en 2027.”
De acuerdo con el Decreto, se les impone a las empresas generadoras una contribución de 2,5% sobre las utilidades de 2025, y, además, obliga a las hidráulicas a entregar sin pago el 12% de la energía transada en bolsa durante el 2026 a las empresas comercializadoras intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin que eso montos se puedan cargar a la tarifa.
“Estas decisiones hacen más difícil conseguir financiación, desincentivan nuevas inversiones, vulneran tratados internacionales y pueden llegar a considerarse como una forma de expropiación. Si no se construyen nuevas plantas, el sistema eléctrico se debilita y aumenta el riesgo de problemas en el suministro en los próximos años, afectando no solo al sector, sino también a los hogares, las empresas y la competitividad del país”, señaló Acolgen.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), dijo que “el decreto es irresponsable, porque no ha hecho nada el Gobierno Nacional para solucionar el problema que tenemos con Air-e. Cuando hicieron la toma teníamos una deuda de 500 mil millones de pesos, en este momento ya supera los 2,5 billones, demostrando que han sido pésimos manejando un problema como este. Por el contrario, ha crecido la corrupción, ha crecido la ineficiencia y en este momento no hay recursos en el presupuesto nacional para esto.”
Por eso, el gremio le ha pedido ayuda a la Contraloría y la Procuraduría para tener un mensaje de advertencia ante un eventual ‘apagón financiero’, pues a las empresas del sector no solo se les debe lo correspondiente a la Opción Tarifaria’, sino a subsidios al consumo.
Ortega dijo que lo triste del paseo es que ellos (el Gobierno) saben que se va a caer esto y están jugando con la presunción de legalidad, y lo malo es que obligaría a las empresas a endeudarse y a poner en riesgo el sistema.
“Le estamos diciendo al país que nosotros hemos hecho lo necesario para poder seguir haciendo las inversiones y todo lo necesario para avanzar en este proceso. Pero el gobierno, como no fue capaz de cumplir, ahora tiene la excusa de no tener los recursos que representan menos del 3% del presupuesto nacional y nos echan la culpa y poniéndonos a nosotros mismos a volver a pagarnos con nuestros mismos recursos”, dijo el dirigente gremial.
Y agregó: “Esto es gravísimo porque nos están diciendo que no los van a pagar y que nosotros tendremos que hacerles una donación a las empresas que en este momento están en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos”.
Ortega también señaló los riesgos sobre una próxima subasta de cargo por confiabilidad. “Esa subasta se requiere, pero ¿quién va a hacer inversiones en este país cuando le cambien las reglas de juego de la manera como se las están cambiando?”, se preguntó.
Finalmente, Acolgen señaló que “la situación de la Costa Caribe no constituye un hecho súbito ni imprevisible, como el propio decreto lo admite, por lo que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas; en ese sentido, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para reconsiderar estas decisiones y encauzar los retos del sector por los mecanismos institucionales ordinarios, con diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen seguridad jurídica.”