Las restricciones han obligado a suspender parte de la producción de petróleo, generando pérdidas superiores a $500 millones diarios en regalías para la región y el país.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expresó su preocupación por los bloqueos que desde el 11 de mayo se presentan en el peaje El Yucao, sobre la vía nacional que comunica a Puerto Gaitán con Puerto López, corredor estratégico entre Meta y Vichada.
Las vías de hecho, lideradas por un grupo de transportadores de material pétreo que solicita ajustes en las tarifas de transporte, vienen afectando la circulación de personas, bienes y servicios, así como el desarrollo de actividades productivas fundamentales para la economía regional.
La situación también ha impactado a trabajadores, comerciantes, comunidades y empresas que dependen de este corredor para su actividad diaria.
Frente a esta situación, es importante precisar que las empresas operadoras de petróleo no están facultadas para definir, coordinar o acordar tarifas de mercado, dado que ello constituiría una práctica restrictiva de la libre competencia sancionada por la legislación colombiana.
Asimismo, las compañías operadoras no mantienen una relación comercial directa con los transportadores que prestan este servicio.
Aunque se trata de una controversia económica específica, sus efectos trascienden a los actores directamente involucrados. Las restricciones están afectando la actividad económica de la región, el acceso al trabajo y la continuidad de operaciones que generan empleo, inversión y recursos para el desarrollo territorial.
Como consecuencia de las restricciones para el transporte de insumos y el normal desarrollo de las operaciones, entre el 24 y el 27 de mayo se registró una producción diferida cercana a los 8.000 barriles de petróleo por día. Esto representa una reducción superior a $500 millones diarios en regalías para el municipio, el departamento y la Nación, recursos que contribuyen a financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional.
Desde el inicio de la situación, las empresas del sector han participado en diferentes espacios de diálogo con los transportadores, la administración municipal y las empresas contratistas, buscando alternativas que permitan avanzar hacia soluciones dentro del marco institucional y legal. Entre el 12 y el 25 de mayo se realizaron varias reuniones de concertación; sin embargo, las restricciones a la movilidad continúan.
La ACP reitera que el diálogo es el camino para construir soluciones sostenibles que beneficien a las comunidades y fortalezcan el desarrollo de la región.
En ese sentido, hizo un llamado a todos los actores involucrados y a las autoridades competentes para avanzar en mecanismos de concertación que permitan restablecer la movilidad, proteger la actividad económica y garantizar las condiciones necesarias para que la región continúe generando bienestar y oportunidades para sus habitantes.