Reproducimos un artículo publicado por la Revista Energía Andina, donde el experto en energía y regulación hace un balance de la Política Energética Nacional de Perú.
Por: ERICK GARCÍA PORTUGAL*
La Política Energética Nacional de Perú nació el 2010 con nueve objetivos estratégicos: autosuficiencia, competitividad, reducción de emisiones, masificación del gas natural, matriz energética diversificada y, sobre todo, acceso universal a la energía.
A quince años de su aprobación, la realidad muestra un fuerte contraste: el país cuenta con hidrocarburos suficientes, pero millones de peruanos siguen cocinando con leña, sin tecnologías eficientes, sin agua caliente ni calefacción y climatización.
En teoría, el acceso a la energía debería abarcar todas las necesidades del hogar: cocción de alimentos, iluminación, calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, conservación de alimentos, telecomunicaciones y usos productivos; el hogar que no cuente con alguno de estos usos o destine más del 10% de sus ingresos para tenerlos se considera como “pobre energético”.
En la práctica, sin embargo, Perú ha reducido la universalización energética principalmente a dos cosas: iluminación y cocción de alimentos, principalmente con gas licuado de petróleo. La consecuencia es una pobreza energética que se mantiene oculta en las estadísticas, pero que golpea la vida cotidiana de millones de familias y en muchos casos con consecuencias fatales.
Brechas energéticas frente a la región
El panorama regional evidencia el rezago peruano. Según datos de INTEA Corp. (2023):
- Apenas 18.8% de los hogares peruanos acceden a agua caliente por cañería, frente al 85.6% en Argentina y el 92.5% en Chile.
- Solo 2.7% de las familias cuentan con calefacción o aire acondicionado, mientras que Uruguay supera el 50% y Argentina llega al 74%.
- La cobertura de electricidad rural en Perú es de 85.3%, mientras países vecinos como Paraguay, Uruguay o Ecuador superan el 97%.
- El uso de leña para cocinar todavía alcanza al 36.6% de los hogares más pobres, lo que perpetúa riesgos para la salud y el ambiente.
- La contradicción es evidente, mientras Uruguay o Chile, sin reservas significativas de hidrocarburos, garantizan altos niveles de bienestar energético, Perú —con abundantes recursos de gas natural y GLP— sigue rezagado.
Los datos de INTEA son claros: mientras países sin hidrocarburos garantizan más del 60% de acceso a agua caliente y climatización, el Perú no llega ni al 20%. Esto revela un problema estructural, no de recursos, sino de visión y gestión.
Pobreza energética, el verdadero problema
Una familia se encuentra en situación de pobreza energética cuando carece de energía suficiente para cubrir sus usos básicos o, teniéndola, no puede pagarla.
En Perú, este concepto permite ver que la política pública se ha limitado casi exclusivamente a la electrificación rural y al subsidio para la cocción de alimentos. Pero la energía no es solo luz ni cocina, también implica calor para enfrentar el frío en la sierra, agua caliente sanitaria para la salud, y climatización para la productividad en zonas de temperaturas extremas.
Perú tiene dos recursos clave para superar la pobreza energética: gas natural y gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, su uso sigue siendo parcial. El gas natural se ha expandido en zonas urbanas, pero con un enfoque limitado a la cocina y, en menor medida, a agua caliente. El GLP, por su parte, ha crecido en consumo, pero enfrenta problemas de logística y precios en regiones rurales, donde muchas veces resulta inaccesible.
¿Qué hacer?
Superar la pobreza energética y cumplir los objetivos de la Política Energética Nacional exige pasar de los diagnósticos a decisiones concretas. Las líneas de acción deben enfocarse en tres ejes complementarios:
1. Redefinir los subsidios del FISE
El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) ha tenido un impacto relevante mediante el Vale GLP y el Bonogas. Sin embargo, su diseño ha limitado el alcance. Hoy resulta imprescindible que el FISE financie de manera integral los usos energéticos domésticos.
En el caso del Bonogas (gas natural), se debe volver a lo aprobado en el Plan Anual de Promociones, en donde el programa daba hasta 3 puntos de conexión (cocina, terma y calefacción) y con ductos de agua caliente; esto es fundamental para las regiones altoandinas. Y el programa debe considerar brindar como mínimo dos puntos de conexión.
En el caso del Vale GLP, se debe establecer otros esquemas de intervención para las zonas más alejadas (última milla), donde por la cadena logística el balón de GLP llega a precios muy altos, una solución es implementar el “GLP No Convencional”, que abarca diferentes mecanismos como por ejemplo, el subsidio en infraestructura (tanques, redes, surtidores, entre otros) y licitar pequeñas concesiones donde las Plantas Envasadoras locales brinden el servicio de operación y a un precio asequible; considerando no solo cocina, sino agua caliente y calefacción.
El aumento del vale ha demostrado que no ha logrado tener un impacto significativo (2-5 % aumento de la tasa de canje) pero si ha impactado al presupuesto del FISE, que ha incrementado de casi 180 millones de Soles a más de 400 millones.
2. Impulsar el gas natural con visión integral
El desarrollo del gas natural, uno de los nueve objetivos de la Política Energética, debe avanzar más allá de la cocina y la generación eléctrica. Es necesario priorizar su uso en agua caliente, calefacción y transporte limpio, fortaleciendo además las redes urbanas de distribución complementándolas con el uso de GLP en zonas aledañas y el GLP No convencional y biomasa con tecnologías eficientes para zonas alejadas conocidas como “última milla”.
3. Implementar el GLP no convencional, clave para la última milla
El mayor reto está en las zonas rurales y dispersas, donde el gas natural nunca llegará y donde el modelo de vales tradicionales no resuelve el problema del alto costo logístico. Allí se requiere un enfoque diferenciado: el GLP no convencional.
Este esquema plantea que el Estado, a través del FISE, financie la infraestructura mínima (tanques a granel, surtidores, redes locales, plantas móviles o mini concesiones), mientras que la operación quede a cargo del sector privado. Al reducir las barreras de transporte y almacenamiento, se abaratan los costos y se logra que el GLP llegue a precios justos incluso en las provincias más alejadas, pero para todos los usos que requieren las familias peruanas.
Reflexión final
Perú necesita repensar los mecanismos para implementar su política energética desde la vida cotidiana. No basta con mostrar cifras de electrificación rural o de vales de GLP. Lo que está en juego es que millones de peruanos dejen de pasar frío, que tengan agua caliente en sus hogares y que accedan a energía suficiente para vivir con dignidad.
La pobreza energética es el gran desafío pendiente, y los hidrocarburos pueden ser la palanca de inclusión si se usan con inteligencia. El gas natural en las ciudades y el GLP en las áreas aledañas y en las más alejadas bajo un esquema no convencional son piezas complementarias, no excluyentes.
En conclusión, universalizar el acceso implica mirar la energía como un derecho al bienestar. Y es ahí donde Perú debe dar un salto decisivo: usar sus propios hidrocarburos para transformar la vida de su gente.
*Experto peruano en energía y regulación.