La crisis energética fue uno de los temas que abordaron seis centros de pensamiento para proponer salidas al país de cara al próximo cuatrienio: 2026-2030, con motivo de la Asamblea General de ANIF el pasado 6 de noviembre. El CREE fue el encargado de la energía.
“El próximo presidente de Colombia no va a poder gobernar si no empieza a resolver los temas de energía de manera decidida”. Con esa frase, el director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), Tomás González, abrió su intervención en la Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Su mensaje fue claro: la energía no es un asunto técnico o de especialistas, sino el pulso que mantiene vivo el sistema económico y social del país.
“La energía es la sangre del sistema económico”, insistió González ante empresarios y banqueros. Sin energía no hay crecimiento, ni empleo, ni ingresos fiscales que sostengan el gasto social. Solo en los años 2022 y 2023 —recordó—, el sector de petróleo, gas y carbón aportó alrededor de 3,5 puntos del PIB en impuestos, dividendos y regalías: casi la mitad del déficit fiscal. “Por eso necesitamos que la energía sea fuerte, dinámica y organizada”, subrayó.
Una crisis que avanza en silencio
El panorama que trazó González dista mucho de ser alentador. Según el director del CREE, Colombia está entrando en una crisis energética silenciosa, producto de una insuficiente oferta frente a una demanda que no deja de crecer. “Nos estamos comiendo las reservas del sistema eléctrico”, advirtió. Si el país enfrenta condiciones de hidrología crítica, en 2028 podría no estar garantizado el abastecimiento de energía, según proyecciones de XM, el operador del mercado.
Por el lado de la generación, los proyectos avanzan a paso lento: apenas se construye una cuarta parte de la capacidad que debería entrar al sistema; y en transmisión, los retrasos promedio rondan los cuatro años y medio.
A este déficit físico se suma un problema financiero que amenaza con desbordarse: una deuda acumulada de unos 6 billones de pesos en el sector eléctrico, entre subsidios pendientes, alivios de pandemia sin pagar y obligaciones de entidades públicas. “Eso equivale a dos años de ingresos de los comercializadores. Tenemos una bomba de tiempo financiera que no hemos desactivado”, alertó.
Y la situación del gas natural no es mejor. “Nos dormimos en los laureles”, admitió González. Las reservas nacionales se agotaron sin que se repusieran a tiempo, y para 2026, la oferta local solo cubrirá el 70% de la demanda esencial, es decir, la de hogares, pequeños comercios e industrias.
Riesgos que frenan la inversión
Para el exministro de Minas y Energía, las causas de esta parálisis energética se dividen en dos grandes frentes: los riesgos de entorno y los riesgos regulatorios.
El primero tiene que ver con los cuellos de botella que enfrentan los proyectos energéticos en Colombia: conflictos con comunidades, demoras en licencias, trámites ambientales interminables y una falta de acompañamiento institucional. “En los proyectos solares, solo el 25% del tiempo se dedica a la construcción; el resto se va en permisos, estudios y temas de tierras”, explicó.
El segundo frente, quizás más grave, es el deterioro de las señales regulatorias. González criticó la falta de independencia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que lleva años sin una composición completa y estable. “No es una CREG independiente; muchos de sus comisionados han sido subordinados del Gobierno”, afirmó.
Esa inestabilidad, sumada a intervenciones directas del gobierno nacional, como los techos de precios en la bolsa de energía, ha erosionado la confianza de los inversionistas. “Si las señales son incorrectas y el acompañamiento deficiente, la inversión no llega, y los proyectos se atrasan. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy”.
Tres pasos para corregir el rumbo
Pese al diagnóstico sombrío, González presentó tres medidas concretas para evitar un colapso energético y recuperar la confianza de los inversionistas.
- Reconstruir las instituciones técnicas.
“En los primeros diez días del nuevo gobierno hay que nombrar una CREG completa, técnica e independiente”, planteó. El objetivo: devolver la credibilidad al regulador y garantizar decisiones basadas en criterios técnicos, no políticos. - Reactivar los “Pines” para destrabar proyectos.
González propuso recuperar el modelo de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines), que en el pasado permitió hacer seguimiento de alto nivel a las obras más importantes en energía e infraestructura. “Era un espacio con metas claras, compromisos y gerencia; eso tenemos que retomarlo”, dijo. - Resolver la crisis financiera dentro del sector.
Según el CREE, eliminar el subsidio al diésel sería suficiente para cubrir las deudas acumuladas del sistema eléctrico. “Subir el precio del diésel liberaría unos 8 billones de pesos anuales, según cálculos del propio Gobierno. Con eso se puede pagar la deuda, financiar inversiones en acceso y apoyar a los transportadores más afectados”, explicó González.
Energía para gobernar
Las cifras y advertencias del CREE son una llamada de atención para el país y, sobre todo, para quienes aspiran a gobernarlo. González fue enfático en que ningún presidente podrá ejecutar su plan de desarrollo si no resuelve antes la crisis energética.
La magnitud de la tarea es enorme: entre generación y transmisión, Colombia necesitará inversiones cercanas a 70 mil millones de dólares de aquí a 2040. Un esfuerzo imposible sin la participación del sector privado. “Tenemos que ponerle tapete rojo a la inversión”, resumió.
El mensaje del CREE fue un recordatorio de que el tiempo se agota. Resolver los problemas del sector no es solo una cuestión técnica, sino una condición política y económica para la gobernabilidad.
Si las advertencias de González se ignoran, el próximo gobierno podría empezar su mandato con la peor de las herencias: un país sin energía suficiente para sostener su desarrollo.