Además del robo energía, el hurto de tapas de cámaras subterráneas, baterías, piezas de control y cableado, azotan a las distribuidoras de electricidad en el país.
En el caso de Enel Colombia, durante 2025 registró más de 28.290 casos de hurto eléctrico. De estos, 1.080 correspondieron al robo de red y materiales, mientras que 27.210 estuvieron relacionados con conexiones directas no autorizadas y manipulaciones en los medidores, de los cuales 7.230 casos se vinculan específicamente con intervenciones para evitar el registro correcto del consumo de energía.
El hurto de infraestructura eléctrica ha afectado la calidad del servicio a más de 300.000 clientes en el área de cobertura de Enel y la normalización de estas afectaciones le costó a la compañía más de $1.200 millones de pesos.
Entre los casos registrados se encuentran 629 eventos de robo de tapas de energía subterránea y la sustracción ilícita de 413 elementos asociados a equipos telecontrolados, como baterías, piezas de control y cableado; que se suman a los más de siete kilómetros de red eléctrica hurtada para extraer el material y comercializarlo de manera ilegal.
Las localidades de Bogotá con mayor número de reportes relacionados son: Chapinero, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba.
Sobre la cantidad de energía hurtada, según análisis de la compañía, esta asciende a más de 56 GWh, proporcional al consumo mínimo vital (130 kWh al mes) de 430 mil hogares de estratos 2 y 3, que puede compararse con la población de localidades como Usme, Fontibón o Suba.
Los reportes destacan que el 6% de los casos corresponde a parques industriales y comerciales con una energía hurtada de 24,7GWh, es decir, el 44% de la totalidad de la energía recuperada en 2025.
Las localidades en donde se identificó mayores casos de hurto fueron: Kennedy, Mártires y Puente Aranda, y municipios como: Soacha, Tenjo, Mosquera, Cogua y Madrid.
El hurto de energía o la manipulación fraudulente de la infraestructura eléctrica, además de ser delitos que atentan contra la seguridad pública, representan un riesgo para la vida de las personas y pueden ocasionar interrupciones en la prestación del servicio.