Autor: Martín Rosas

La Cámara representa a más de 155 empresas de la industria de bienes y servicios de los sectores de petróleo, gas y energía. Esta industria aporta cerca del 80% de los $30 billones de pesos de los recursos de regalías que percibe el país.

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), celebra 35 años con un compromiso de entregarle la mejor energía a los colombianos, con la generación de más de 650 mil oportunidades de empleo, en 390 municipios de 22 departamentos, además del aporte al desarrollo de estos territorios con el fomento de programas sociales y enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La industria del petróleo, gas y energía cuenta con una trayectoria de más de 100 años en Colombia. Campetrol se suma a ella, a través de los 35 años que cumple al servicio de la innovación, el talento y la disciplina de los afiliados de la industria del petróleo, gas y energía que representa.

“Desde Campetrol reconocemos la importancia de integrar los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (EDS) en la estrategia corporativa del sector, los cuales tienen un papel determinante en la mitigación y el cuidado del medio ambiente, a través de acciones enfocadas en una transición energética justa, duradera y sostenible”, indicó Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol.

En ese sentido, la Cámara reconoce su compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo social del país, al tiempo que consolida una matriz energética más segura, que disminuya gases de efecto invernadero, a través de la innovación. Por ello, el sector ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad de largo plazo, atada al cumplimiento del Acuerdo de París y a los ODS.

Y es que la industria, para el bienio 2023 -2024, aporta cerca del 80% de los $30 billones de pesos de los recursos de regalías, los cuales serán una fuente primordial para luchar contra la pobreza y avanzar en los retos sociales de Colombia.

Así mismo, el sector cuenta con inversiones en fuentes alternativas como el hidrógeno verde y azul, gas natural y biocombustibles, o fuentes renovables no convencionales; así como el desarrollo de turbinas de mezcla de hidrógeno, la generación de electricidad con geotermia, los desarrollos en los parques eólicos, solares o en plantas de biodiesel o el almacenamiento subterráneo de carbono, acciones que la industria ha realizado para alinearse con las nuevas necesidades de un mundo más sostenible, de la mano de un compromiso por brindar a Colombia seguridad energética.

“Estamos en un momento crucial en el que, con mayor razón, la innovación, el talento y la disciplina que veo en los empresarios que agremiamos en Campetrol debe ser más evidente. Hoy nos enorgullece ver el camino recorrido y celebrar con nuestros afiliados que Somos la Energía de Colombia. Continuaremos poniendo pasión y orgullo por el trabajo que realizamos con el objetivo constante de innovar y transformarnos”, concluyó Castañeda.

El Comité Intergremial del Atlántico dice que el decreto de emergencia económica en La Guajira generará mayores alzas en las tarifas de energía y promoverá incumplimientos en contratos de venta a futuro.

El pasado 31 de julio, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1276 que declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, y «por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos.”

Pero, según el Comité Intergremial del Atlántico, este decreto “generará mayores alzas en las tarifas de energía y promoverá incumplimientos en contratos de venta a futuro.” El texto del comunicado es el siguiente:

A propósito de la expedición del decreto 1276 del 31 de julio de 2023, el Comité Intergremial del Atlántico, declara:

1. El decreto 1276 del 31 de julio de 2023 abre la puerta a mayores alzas en las tarifas de energía eléctrica porque al suspender los contratos de suministro de largo plazo para generadores con fuentes no convencionales en La Guajira, los comercializadores y distribuidores quedan expuestos a tener que comprarla en bolsa, lo que significa un precio mayor por las condiciones de hoy, derivadas de los efectos de El Niño y de crecimiento de la demanda, especialmente en la Región Caribe.
2. Con el citado decreto, el Gobierno nacional incentiva el incumplimiento de los contratos de compraventa de energía a futuro en toda la cadena del sistema eléctrico del país, lo que genera un factor de desconfianza en un sector cuya operación requiere reglas de juego claras y estables dada la magnitud de las inversiones que exige y la condición de esencial del servicio público que presta. Además, se trata de contratos entre privados en los que el Gobierno nacional no tiene injerencia.
3. Entendemos la compleja situación de La Guajira y la necesidad de lograr una cobertura total del servicio de energía eléctrica en ese departamento. Sin embargo, el mismo Gobierno dice en las consideraciones del decreto que para cumplir con ese objetivo se deben invertir $1,56 billones y que con la sobretasa de $1.000 para los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6 y de $5.000 para industriales y comerciales, el recaudo en los seis meses iniciales de su vigencia será de $51.230 millones. Esta suma no es representativa frente al monto de esa inversión, de manera que, con la sobretasa no resolverá el problema de la falta de energía en territorios lejanos de ese departamento.
4. Para atender necesidades de poblaciones vulnerables como las que habitan especialmente en la Alta Guajira, el Gobierno nacional puede hacer uso de recursos del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes ya establecidas como el Fondo Único de Soluciones Energéticas, FONENERGÍA.
5. Le corresponde al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional revisar el alcance de este decreto para determinar su legalidad o constitucionalidad.

En los próximos meses la industria minera del país se juega su futuro: por un lado, la Corte Constitucional deberá fallar sobre la no deducibilidad de las regalías en la declaración de renta de las empresas, y por el otro, un proyecto de decreto que salió a comentarios por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, facultaría a cualquier funcionario para declarar, de manera subjetiva, reservas de recursos naturales.

Por: MARTÍN ROSAS

Este 4 de agosto la Corte Constitucional realizó la última audiencia pública, antes de fallar sobre las demandas que se han presentado contra el artículo 19 de la Reforma Tributaria de 2022, según el cual las regalías que pagan las empresas mineras no son deducibles de la renta.

Tal como está hoy la norma, solo en dos países del mundo, Colombia y Zambia, no se pueden deducir las regalías que pagan las empresas al Estado por los derechos de explotación de los recursos naturales.

Tres estudios independientes, de la Universidad Externado, Econometría Consultores y Mauricio Reina y Sandra Oviedo, coinciden en que la no deducibilidad de las regalías lleva al sector minero a tasas efectivas de tributación del 142%, cuando antes de la Reforma esa tasa estaba en el 88% en promedio.

“La no deducibilidad de las regalías llevará a que se marchite de manera gradual la minería, sobre todo la del carbón térmico, y eso compromete las finanzas públicas hacia adelante”, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Mitos vs realidad

El dirigente gremial señala que en el debate se han esgrimido varios mitos sobre la actividad minera. “Uno es que no es cierto, como lo dice la exposición de motivos de la reforma, que este sector tenga una capacidad tributaria superior a otros sectores productivos, hoy ya este sector tiene una capacidad contributiva limitada del 88%, y en algunas operaciones sube al 90%.”

El otro mito que señala Nariño es que tampoco es cierto que el sector no aporte más plata a los colombianos en épocas de precios altos de los minerales. De hecho, dice que en un año excepcional de precios altos como el 2022, el sector triplicó sus aportes.

Efectivamente, mientras en 2021 el sector aportó en rentas y regalías 4,7 billones de pesos, el año pasado la suma ascendió a 15,7 billones de pesos. “Es un sector que en su estructura tributaria ya tiene inmerso que cuando hay buenos precios se aporta más al fisco colombiano”, dice.

Por último, el otro mito que señala es que no es cierto que la deducibilidad de las regalías signifique una recuperación del pago. “Es un criterio que no es acorde con la realidad contable en el mundo. Si fuera cierto que todos los costos fueran recuperación del pago, no existiría ningún costo salarial que se descuente ni operativo o de las materias pimas que se deducen, todos esos costos serían considerados una recuperación del pago de impuestos, dice Nariño.

Proyecto de decreto

Pero el mayor peligro que los mineros está viendo que se cierne sobre la actividad es el proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recurso naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.”

Según la ACM, este proyecto de decreto le da facultades a la ministra para decretar áreas ambientales de protección en cualquier parte del país, desbordando las facultades del Ministerio y asumiendo facultades de las Corporaciones Autónomas Regionales.

“Considero que este decreto materializa la intención del gobierno de menguar la actividad minera en Colombia vía actos administrativos por varias razones: La primera es que vuelve general el principio de precaución que hoy la jurisprudencia colombiana ha dicho que es un principio excepcional, cosa que le da una enorme subjetividad a los funcionarios públicos para tomar determinaciones.

“Lo segundo, este decreto elimina el rigor técnico para decretar esas áreas de reservas ambientales temporales, en un sector donde los colombianos lo que necesitamos es que cada vez tenga más universidades, más academia y más análisis con rigor técnico y académico.

“Tercero, este es un decreto que desconoce las autonomías y competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, es decir, unos funcionarios desde Bogotá van a determinar las sensibilidades ambientales en el territorio colombiano.

“Y cuarto, este es un decreto que elimina los derechos adquiridos de las actividades productivas en Colombia, y a través del principio de precaución los funcionarios públicos pueden suspender o eliminar actividades productivas, por supuesto mineras, en cualquier parte del territorio, por un principio entendido de manera generalizada”, concluye Nariño.

Así, pues, los últimos meses del 2023 serán cruciales para la actividad minera del país. Por un lado, en las manos de la Corte Constitucional está la viabilidad económica de la industria, y en el Ministerio de Ambiente se definirá la estabilidad jurídica, que pondría en riesgo la producción de minerales para otros sectores de la economía, como la construcción, el agro y la tan cacareada transición energética.