Pese a una mayor producción de hidrocarburos y carga en refinerías, las utilidades netas de Ecopetrol se vieron golpeadas por la Reforma Tributaria, el precio del crudo y la revaluación.
Si bien durante el primer semestre del año Ecopetrol logró varios hitos, como una producción récord de los últimos tres años de 728 mil barriles equivalentes por día (bped), apalancada en campos como Permian (EEUU), Caño sur y Rubiales, y una carga récord en refinerías de 428 mil bd; las utilidades netas se redujeron en 43% al pasar de 17 billones de pesos en el primer semestre de 2022 a $9,7 billones en el mismo periodo de 2023.
Las razones del descenso son el impacto de la reforma tributaria, al no permitir la deducibilidad de las regalías, la reducción en el precio del petróleo, pues mientras el año pasado el Brent se cotizó en promedio a 105 dólares el barril, este año está en 80 dólares, a lo que hay que sumarle la revaluación del peso.
El informe de resultados señala que “en términos de mercado, durante la primera mitad del año diversos factores han impactado el precio del crudo, tales como la posibilidad de una recesión en el mundo desarrollado, altas tasas de interés, el estrés bancario en Estados Unidos y la desaceleración económica en China.”
Ricardo Roa, presiente de Ecopetrol, señaló que la reforma tributaria impactó las utilidades en $2,4 billones en el semestre, $1,2 billones por sobretasa a la renta y $1,2 billones por la no deducibilidad de las regalías.
No obstante, ha sido el segundo mejor semestre en la historia de la empresa, luego de los resultados récord del primer semestre de 2022.
“El Ebitda ($32,4 billones) y la Utilidad Neta ($9,7 billones) del primer semestre de 2023 son los segundos mejores reportados en la historia para tal periodo, lo cual ha permitido el pago de $11,3 billones en impuestos a la Nación e incluyendo cerca de $2,4 billones incrementales asociados al aumento de la tributación derivado de la reforma tributaria efectiva desde enero de 2023”, concluye el informe.
Una alianza entre Enel Colombia, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, con apoyo de la Secretaría de Salud y CIDET, busca llegar a niños, jóvenes y adultos en localidades de Bogotá y municipios de Cundinamarca con mayor índice de accidentalidad eléctrica, para propiciar espacios de conversación y conciencia sobre las medidas de precaución que deben adoptar para prevenir estos accidentes.
Enel Colombia, en alianza con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte con apoyo de la Secretaría de Salud y CIDET (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico), firmaron una alianza por la prevención de accidentes por origen eléctrico. Este esfuerzo tiene el propósito de unir acciones para minimizar estos incidentes a través de la prevención, la atención, la pedagogía y la sensibilización sobre las consecuencias de los accidentes eléctricos.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo por disminuir los accidentes eléctricos y por eso se materializa esta alianza, con la que estamos seguros aportaremos para generar mayor conciencia y minimizar los riesgos y las consecuencias de este tipo de accidentes. Además de apostarle a la pedagogía sobre la importancia de actuar con precaución frente a la infraestructura eléctrica, hemos invertido este año más de 4.600 millones de pesos en la intervención de varios kilómetros de red con el fin de aislar las redes y alejarlas de las fachadas de algunas construcciones, que cada vez más se acercan a las redes” aseguró Francesco Bertoli, Gerente General de Enel Grids en Colombia.
De acuerdo con estadísticas de Enel Colombia, la accidentalidad asociada a riesgo eléctrico corresponde a 236 accidentes en el periodo 2020 a julio de 2023, de los cuales el 67% fueron graves, el 21% fatales y el 12% sin lesión, siendo la causa más recurrente la violación de las distancias de seguridad a redes energizadas, seguido de trabajos de construcción. Así mismo, dentro de las localidades registradas de mayor accidentalidad por riesgo eléctrico se encuentran Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba.
En este sentido, y con el fin de prevenir este tipo de situaciones, la compañía ha sensibilizado a más de 1.100 personas, entre las que se encuentran trabajadores de obra civil, telecomunicaciones, bomberos, contratistas del metro de Bogotá, concesiones y trabajadores adscritos a tiendas especializadas en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de remodelación y construcción de sus clientes.
Para Bertoli, “es muy importante que las personas conozcan las consecuencias de romper las medidas de seguridad, de asumir el riesgo de tocar las redes y de incumplir las normas que garantizan que todos estemos seguros con la infraestructura eléctrica, por eso tenemos el firme propósito de enseñar y tomar las medidas necesarias para disminuir esta problemática”.
Según datos de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, del 2018 a junio del 2023 las zonas con mayor número de quemados se ubicaron en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá, siendo los niños de 0 a 5 años los que tuvieron mayor número de ingresos.
Adicionalmente, en este mismo periodo, de los 8.388 pacientes atendidos por quemaduras, 600 han tenido relación con accidentes eléctricos, convirtiéndose en la tercera causa más alta, superando a la cifra de afectados por pólvora y químicos; y posicionándose como el número uno en fatalidad de quemaduras.
“En el ejercicio de estadística de nuestra Unidad de Quemados, de 2007 a 2017 se atendieron 9.384 pacientes, cuando miramos 2018 a 2023 ya vamos en 8.388, venimos en crecimiento exponencial en torno a las quemaduras que genera una alerta. Hoy el llamado es a prevenir los traumas por la quemadura eléctrica, la cual genera secuelas gravísimas que van desde la más grave que es la muerte, hasta amputaciones, deformidades, problemas cardíacos y renales con posibilidad de ser crónicas” anotó el Dr. Daniel Blanco Santamaria, Gerente de Norte del Hospital Simón Bolívar.
La campaña liderada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ‘Mi País Seguro’ a través de expertos del Hospital Simón Bolívar y aliados como Enel Colombia, se enfoca en realizar jornadas de concientización y acercamiento de la realidad que tienen que vivir los cientos de afectados que llegan al centro de salud con quemaduras graves ocasionadas por diferentes agentes como accidentes eléctricos, que dejan secuelas que marcan vidas y transforman familias.
Igualmente, esta unión de esfuerzos busca generar conciencia en las zonas con mayor incidencia de accidentalidad eléctrica, especialmente en Bogotá y Cundinamarca con acciones como la educación en instituciones educativas, propiciando espacios de conversación y socialización con líderes de comunidades sobre las precauciones y secuelas de este tipo de accidentes.
De acuerdo con los datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Colombia el 31 % de los accidentes por origen eléctrico corresponde a menores de edad (589 accidentes), así mismo el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta que, en muertes por este tipo, la población joven ocupa el 10 % de los casos (160 muertes).
“Nuestro propósito es salvar vidas y crear una cultura de seguridad eléctrica, para que las personas entiendan las consecuencias y riesgos que implica una manipulación inadecuada de los sistemas y productos eléctricos. Este año, con la segunda versión de la campaña “Que no se te vayan las luces” impactaremos más de 16.000 niños, jóvenes, padres y educadores de instituciones educativas de la ciudad de Bogotá donde hay un alto número de accidentes y muertes por origen eléctrico. A través de actividades de sensibilización lúdico-pedagógicas generaremos mayor conciencia desde edades tempranas para que más ciudadanos se empoderen y comprendan las acciones mediante las cuales pueden prevenir accidentes y muertes en sus hogares y demás espacios” afirmó Carlos Ariel Naranjo, director Ejecutivo del CIDET.
En todo un novelón se ha convertido el parque eólico Jepirachi, que debía estar desmontado a partir de octubre de 2023 pero que ahora se quiere convertir en un proyecto público popular con las comunidades wayuu de La Guajira’.
En rueda de prensa conjunta entre la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Daniel Quintero Calle, el pasado 5 de julio se anunció con bombos y platillos un “acuerdo entre el Gobierno Nacional y la empresa pública EPM para que el parque eólico Jepirachi opere como parte de una alianza público popular con la comunidad wayuu en La Guajira.”
“Hoy EPM decide que Jepirachi, parque eólico de 19,5 Mw en La Guajira, pasará a esquema de propiedad con la comunidad wayuu. Cumplimos al presidente Gustavo Petro en su iniciativa de asociatividad público popular para materializar la transición energética justa”, afirmó en ese momento la entonces ministra Vélez Torres.
El acuerdo contemplaba entregarle al Gobierno Nacional, en cabeza del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), las instalaciones del primer parque eólico construido en el país.
Pero casi un mes después, el pasado 2 de agosto, EPM sacó un comunicado donde anunciaba que para “materializar esta comunidad energética, se requieren ajustes regulatorios y la definición de un modelo empresarial por parte del Gobierno Nacional, y que EPM venía entregando al FENOGE la información requerida para el respectivo análisis de viabilidad de la propuesta.”
Y agregaba que “de materializarse la propuesta, EPM entregaría al Gobierno Nacional el parque eólico en condiciones óptimas de operación, para que las comunidades continúen beneficiándose de la energía que se genere y capacitaría a las personas que defina el Gobierno Nacional para la operación del Parque.”
Es decir, que hasta ese momento la entrega del proyecto estaba en el aire. Además, agregaba en el mismo comunicado que, de acuerdo con una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expedida en 2019, el parque no cumplía con las condiciones técnicas.
Y a reglón seguido señalaba que “por esta razón, EPM desde 2020 ha venido avanzando en el proceso de desmantelamiento del Parque, con el objetivo de cumplir la norma vigente y culminar su operación el 9 de octubre de 2023.”
Es decir que el parque debería ser desmontado a partir de este año, no solo porque ya cumplió su vida útil de 20 años, sino por la obsolescencia tecnológica. Además, porque desde sus inicios se concibió como un proyecto piloto.
Efectivamente, y como lo menciona la propia EPM, el parque eólico Jepirachi es un proyecto que inició operación en 2004, y “desde sus inicios hasta hoy se ha concebido como un proyecto piloto experimental y como un laboratorio privilegiado para la investigación y el conocimiento de la tecnología eólica…”
Cabe señalar que el parque está compuesto por 15 aerogeneradores que, con la tecnología actual, pueden ser remplazados por solo 4 molinos para generar la misma cantidad de energía.
El Fenoge, por su parte, a través de un comunicado respondió el pasado 3 de agosto que EPM les había “remitido información de manera parcialsobre el estado del parque Jepirachi, la cual resulta insuficiente para determinar la viabilidad de continuar con la operación del parque bajo el esquema propuesto”.
Aunque no lo mencionaba expresamente, el comunicado estaba relacionado con una extensa carta que el director Ejecutivo del Fenoge, Juan Camilo Vallejo, le envió el 28 de julio a EPM solicitando aclarar más de 52 puntos, desde temas ambientales y sociales, hasta técnicos, operativos y financieros del parque.
Entre ellos, le solicitaba a EPM que “es necesario conocer al detalle el proceso de modernización, incluyendo costos, fechas estimadas y plazos en las que se debería realizar los mantenimientos, acondicionamientos o reposiciones, para garantizar la condición operativa y confiable del parque de generación. Así mismo, se debe incluir lo correspondiente a los aerogeneradores que se encuentran indisponibles”, el 5 y el 15.
Sobre la vida útil del proyecto, le solicita “detallar las inversiones necesarias y los costos asociados a estas, para la entrega del parque de generación, asegurando la vida útil de este durante un periodo de entre 15 y 20 años.”
En cuanto al flujo de caja, el Fenoge no logró evidenciar las proyecciones, por lo que le pide a EPM “incluir las estimaciones necesarias para la entrega en funcionamiento del proyecto y los supuestos generales de proyección utilizados.” Además de “aclarar las razones por las que en algunos periodos resulta negativo el flujo de caja del proyecto y por qué difieren tanto los valores entre periodos.”
La carta concluye solicitándole a EPM que “realice una propuesta del plan de inversiones en el cual se incluya, entre otras y de manera desagregada, la repotenciación y puesta en operación del parque de generación, el desmonte al finalizar la vida útil adicional del proyecto, la operación del parque bajo su responsabilidad, en la que se considere el AOM y el mecanismo mediante el cual las comunidades participarían como contratistas dentro de las actividades normales de operación. Dicha propuesta debe incluir la proyección de las utilidades esperadas del proyecto, considerando la repartición de beneficios entre EPM y las comunidades que serían participes del mismo.”
De manera general, el Fenoge solicita realizar una auditoría externa o debida diligencia que comprenda la revisión técnica, documental, ambiental, social y financiera de los componentes mencionados en la carta y demás que sean relevantes para el proyecto, un proyecto que por ahora sigue en el aire.
SEA-LNG ha realizado un nuevo análisis del mercado de abastecimiento de GNL verde que muestra que el bio-GNL está disponible hoy en casi 70 puertos en todo el mundo, incluidos Singapur, Rotterdam y la costa este de EE. UU.
Los datos sobre la disponibilidad ampliada de bio-GNL como combustible marino se revelan en la actualización de la coalición de su herramienta en línea Bunker Navigator, que brinda información sobre la disponibilidad de combustibles en la ruta del GNL en todo el mundo.
La producción anual de biometano, a partir del cual se produce bio-GNL, es actualmente de alrededor de 30 millones de toneladas o alrededor del 10% de la demanda energética anual total del transporte marítimo.
La flota global actual de 355 buques alimentados con GNL, excluyendo los transportadores de GNL, son todos capaces de usar bio-GNL como combustible directo sin ninguna modificación.
El bio-GNL también se puede transportar y almacenar en puertos utilizando la infraestructura de GNL existente, lo que proporciona una ruta para una mayor expansión de su disponibilidad en los próximos años.
En general, el uso de bio-GNL como combustible marino puede reducir las emisiones de GEI hasta en un 80 % en comparación con el diésel marino sobre una base completa desde el pozo hasta la vigilia.
Según el método de producción, el bio-GNL puede tener emisiones de GEI netas nulas o incluso negativas durante el ciclo de vida, lo que crea oportunidades inmediatas para que los operadores de embarcaciones reduzcan las emisiones de GEI y ofrece una ruta sostenible hacia la descarbonización para 2050.
En octubre de 2022, el análisis realizado por un equipo del Centro de Excelencia de Desarrollo Sostenible y Energía Marítima (MESD) de la Universidad Tecnológica de Nanyang, que hizo preguntas prácticas sobre las emisiones, la disponibilidad y el costo de bio-GNL, mostró un enorme potencial global para la expansión de la producción de biometano de hasta a 20 veces los niveles de producción actuales para 2050.
Teniendo en cuenta la demanda de otros sectores, MESD pronosticó que el bio-GNL como combustible marino podría estar disponible en cantidad suficiente para descarbonizar completamente aproximadamente el 13 % de la flota marítima mundial en 2050.
“El hecho de que el bio-GNL esté disponible comercialmente ahora y que los operadores en Europa, América del Norte y Asia lo utilicen como combustible marino directo demuestra la contribución sostenida que la ruta del GNL puede hacer para descarbonizar nuestra industria, a partir de hoy. El cambio climático es un problema de stock y flujo, cuanto más espere nuestra industria para comenzar a usar combustibles bajos en carbono, más difícil será el desafío de la descarbonización”, dijo Adi Aggarwal, Gerente General de SEA-LNG.
Durante el primer año de la administración Petro el sector minero – energético ha estado al garete, sin rumbo fijo. La mejor prueba de ello es que a estas alturas, no obstante que su mayor apuesta es la Transición Energética Justa, no se cuenta con su hoja de ruta.
Por: AMYLKAR D. ACOSTA*
Desde el Ministerio de Minas y Energía se han hecho muchos anuncios, que se han quedado en eso, en discursos para la galería, especialmente en los escenarios internacionales. ¡Mucho ruido y pocas nueces!
De hecho, no se ha avanzado en la concreción de los 2.400 MW en los proyectos de los parques eólicos asignados en subastas en 2019-2020, por falta de diligencia del gobierno nacional para remover los obstáculos que lo han impedido. Palabras, solo palabras. Como lo hemos afirmado, se ha venido acelerando en neutro la tal Transición Energética Justa.
Ello explica el retroceso que ha llevado a Colombia a rezagarse: según el último reporte del Foro Económico Mundial (FEM), Colombia perdió diez posiciones en el Índice de Desempeño de la Transición Energética entre 2021 y 2023, pasando del puesto 29 al 39 y después de secundar a Chile, que era el líder en Latinoamérica, Colombia ahora es sexto.
Y, para rematar, con lo dispuesto en el Decreto 1276, expedido al amparo de la emergencia económica y social declarada por el presidente Petro, se da al traste con la seguridad jurídica que debe inspirar a la política pública al liberar a los generadores de energía eólicos, cuyos proyectos están atascados en La Guajira, de sus obligaciones para con los comercializadores de energía, rompiendo de facto la relación contractual entre unos y otros, terciando en favor de los primeros y en detrimento de los segundos, que se verán precisados a salir a comprar la energía en Bolsa, en momentos en que los precios están disparados a consecuencia del Fenómeno de El Niño. Y los usuarios finales serán los que pagarán los platos rotos, ya que esos mayores precios se traducirán al final del día en más altas tarifas en las facturas.
Con terquedad aragonesa, la saliente ministra Irene Vélez se mantuvo en sus trece y no dio su brazo a torcer, negándose sistemáticamente a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Para justificar su obstinación, a finales del año pasado prefabricó, sirviéndose de la ANH como mampara, un supuesto balance de reservas en el cual sumaba peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles y recursos contingentes y prospectivos), para ratificarse en su posición de que con los ya firmados bastaba y sobraba para espantar el fantasma de la importación de petróleo y gas.
Pero, del borrador de la Hoja de ruta de la Transición Energética publicado para comentarios y sus proyecciones, basadas en el Informe de la ANH de la reducción de las reservas y el aumento previsto de la demanda se infiere como corolario que Colombia estará importando gas en 2026 y petróleo en 2028.
Así lo consideran Valora Analitik y expertos tan reconocidos como el profesor de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales, sin embargo en dicho documento no se repara para nada en sus nefastas consecuencias tanto en la seguridad energética del país como en la balanza comercial, amén de su impacto en las finanzas públicas.
Este año se ha caracterizado por la imprevisión y la improvisación en el MME, empezando por la interinidad en varias de las dependencias claves del Ministerio, tales como la dirección de la ANH, que ya completa cuatro meses acéfala y la CREG en la que 4 de sus 6 expertos comisionados, en un hecho insólito, fueron designados en calidad de encargados, manteniendo su calidad de asesores del Despacho, lo cual, además del conflicto de competencias que ello significa, se lleva de calle el carácter autónomo de la CREG que le da la Ley. Hasta en el propio Despacho del Ministerio se manifiesta esta interinidad en la provisión de los viceministerios.
Situaciones tan críticas como el alza inusitada de las tarifas de energía especialmente en la región Caribe, han mostrado un Ministerio errático, pasando de la amenaza de asumir las funciones de la CREG y ahora que la controla no sabe qué hacer con ella.
El rimbombante anuncio de la ministra Irene de un “Pacto por la justicia tarifaria” dizque para rebajarlas, le dejó un sinsabor a los defraudados usuarios porque desde entonces sólo han visto subir las tarifas y el costo de sus facturas.
El clima en el sector es de incertidumbre y desconfianza. Deja al sector minero en ascuas, al determinar en otro Decreto, el 1277, que prácticamente paraliza la actividad minera en el país, excepción hecha de la extracción de minerales conocidos como críticos o estratégicos, sin los cuales no se puede dar la Transición, tales como el carbón metalúrgico o coquizable, el níquel y el cobre. Y, para rematar, se anunció la presentación de un proyecto de Ley minera que, según lo que ha trascendido, en lugar de estimular la actividad tiende más bien a proscribirla.
Con este pobre balance, este año pasará a la historia como el de la hostilidad en lugar de la concertación en el sector, en el que en el Ministerio se pasó, como dijo la ministra Irene en su carta de renuncia, de responder por “un sector históricamente tecnocéntrico y patriarcal” a otro conducido por el activismo, primando la ideología sobre el rigor técnico, lo que llevó a la ministra a desmantelar prácticamente el Ministerio.
*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.
La Cámara representa a más de 155 empresas de la industria de bienes y servicios de los sectores de petróleo, gas y energía. Esta industria aporta cerca del 80% de los $30 billones de pesos de los recursos de regalías que percibe el país.
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), celebra 35 años con un compromiso de entregarle la mejor energía a los colombianos, con la generación de más de 650 mil oportunidades de empleo, en 390 municipios de 22 departamentos, además del aporte al desarrollo de estos territorios con el fomento de programas sociales y enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“La industria del petróleo, gas y energía cuenta con una trayectoria de más de 100 años en Colombia. Campetrol se suma a ella, a través de los 35 años que cumple al servicio de la innovación, el talento y la disciplina de los afiliados de la industria del petróleo, gas y energía que representa.
“Desde Campetrol reconocemos la importancia de integrar los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (EDS) en la estrategia corporativa del sector, los cuales tienen un papel determinante en la mitigación y el cuidado del medio ambiente, a través de acciones enfocadas en una transición energética justa, duradera y sostenible”, indicó Nelson Castañeda, presidente Ejecutivo de Campetrol.
En ese sentido, la Cámara reconoce su compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo social del país, al tiempo que consolida una matriz energética más segura, que disminuya gases de efecto invernadero, a través de la innovación. Por ello, el sector ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad de largo plazo, atada al cumplimiento del Acuerdo de París y a los ODS.
Y es que la industria, para el bienio 2023 -2024, aporta cerca del 80% de los $30 billones de pesos de los recursos de regalías, los cuales serán una fuente primordial para luchar contra la pobreza y avanzar en los retos sociales de Colombia.
Así mismo, el sector cuenta con inversiones en fuentes alternativas como el hidrógeno verde y azul, gas natural y biocombustibles, o fuentes renovables no convencionales; así como el desarrollo de turbinas de mezcla de hidrógeno, la generación de electricidad con geotermia, los desarrollos en los parques eólicos, solares o en plantas de biodiesel o el almacenamiento subterráneo de carbono, acciones que la industria ha realizado para alinearse con las nuevas necesidades de un mundo más sostenible, de la mano de un compromiso por brindar a Colombia seguridad energética.
“Estamos en un momento crucial en el que, con mayor razón, la innovación, el talento y la disciplina que veo en los empresarios que agremiamos en Campetrol debe ser más evidente. Hoy nos enorgullece ver el camino recorrido y celebrar con nuestros afiliados que Somos la Energía de Colombia. Continuaremos poniendo pasión y orgullo por el trabajo que realizamos con el objetivo constante de innovar y transformarnos”, concluyó Castañeda.
El nuevo gasoducto troncal transporta gas natural desde Vaca Muerta hasta el punto de conexión en Salliqueló, en Buenos Aires, y desde allí por Neuba II llega a las centrales térmicas de esa región aregentina.
Desde el pasado 4 de agosto el Gasoducto Néstor Kirchner está inyectando parte de la producción de Vaca Muerta en la red de Buenos Aires. El miércoles por la noche se completó con éxito la conexión al gasoducto Neuba II y la línea quedó definitivamente en operaciones.
Pese a la viralización de videos y posteos sobre que el Gasoducto Néstor Kirchner era «una farsa», la obra se conectó finalmente al sistema del gasoducto Neuba II y desde entonces el nuevo gasoducto Néstor Kirchner ya transporta y entrega gas de Vaca Muerta a las redes de Buenos Aires.
La novedad fue confirmada por fuentes de Enarsa, la empresa estatal a cargo de la obra y concesionaria del nuevo gasoducto que de esta forma entró el jueves finalmente en operaciones, con la capacidad de poder transportar hasta 11 millones de metros cúbicos de gas natural por día y entregarlo a un sistema que está en funcionamiento desde 1986.
En esta primera etapa el gas que se transporte se destinará a las usinas que generan energía eléctrica, permitiendo así reducir la importación de gasoil y fuel oilque estaban utilizando y que tiene un alto costo, similar al del gas natural licuado (GNL).
Este destino de estos 11 millones de metros cúbicos diarios se fijó en el contrato que selló la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con Enarsa, al tomar la totalidad del transporte del Gasoducto Néstor Kirchner para inyectar en el mismo el gas que tiene por contrato con las productoras por medio del Plan Gas.Ar.
Pero esto no implica que el nuevo gasoducto no redundará en más gas para industrias y hogares, ya que la producción que ya se transportaba por Neuba II podrá ahora redireccionarse, siempre que haya capacidad.
Vaca Muerta marcó récord en julio
Por otro lado, el ritmo de actividad en Vaca Muerta registró en julio su récord histórico al alcanzar un total de 1.380 etapas de fracturas, con el liderazgo de YPF que representa el 52% de ese desempeño.
Los datos corresponden al informe elaborado por Luciano Fucello, country manager de la firma internacional NCS Multistage, que revela el nivel de actividad de las compañías que operan en la formación de la Cuenca Neuquina.
De acuerdo con ese reporte, la actividad en la formación neuquina sumó en julio las 1.380 fracturas, unas 72 etapas más que las 1.157 de junio y apenas una más de las registradas en agosto de 2022.
De esta manera, la formación retomó su alto nivel de actividad de sus equipos tras meses de alta disparidad y el acumulado cerró en los primeros siete meses del año con 8.342 etapas, muy por encima del mismo período del año pasado.
El informe también detalló que durante mayo YPF volvió a ser la operadora que mayor nivel de fracturas alcanzó con 716 etapas, es decir poco más del 50% del conjunto de la operación, y en su caso trabaja con sets de fractura operados por las compañías de servicios Schlumberger y Halliburton.
Las empresas que completan el escenario de julio fueron Shell (201), Vista (136), Pan American Energy (114), Total (98), Pluspetrol (93) y Pampa Energía (22).
Entre las grandes compañías de servicios, Halliburton lidera el mercado de fracturas hidráulicas, con un 48% de la actividad, Schlumberger 29%, Calfrac 8%, Tenaris 7% y Weatherford 7%.
El reporte de Fucello destacó como conclusión que «la actividad de fractura se mantiene por debajo de lo previsto en el pronóstico para el año de unas 1.400 en promedio, pese a que los sets de fractura están en su máxima capacidad con siete compañías operadoras.
A pesar del récord de julio, advirtió que los problemas con las importaciones se hacen cada vez más presentes y amenazan la continuidad de las operaciones.
La técnica de fractura (fracking en inglés) es la forma en que se estimulan los pozos de recursos no convencionales como el de Vaca Muerta, y es un indicador para medir el nivel de actividad en los campos.
En Argentina, el termómetro de la actividad de los yacimientos no convencionales y la métrica comercial se da en términos de etapas de fractura, y no en cantidad de pozos o equipos de perforación activos, como lo es en yacimientos convencionales.
Existen estudios que vinculan directamente la cantidad de etapas de fractura con la producción de hidrocarburos en el futuro inmediato.
Una etapa de fractura se compone de aproximadamente 250 toneladas de arena y 1.500 m3 de agua inyectada a más de 10.000 PSI en boca de pozo, lo cual permite medir el movimiento económico, de equipamiento y logístico asociado a esto.
Así, sabiendo la relación directa entre etapas y producción, conociendo la cantidad de etapas del mercado, se puede predecir la producción inmediata.
Colombia es el sexto país latinoamericano mejor evaluado en el progreso de iniciativas de eficiencia energética, de acuerdo al Foro Económico Mundial.
En el ámbito empresarial, tanto la sostenibilidad como la conservación de recursos se han convertido en claves fundamentales de crecimiento. En ese sentido, cada vez más compañías reconocen abiertamente la importancia de optimizar el consumo de energía como parte de su responsabilidad corporativa con la sociedad.
Con base en lo anterior, Colombia está en un proceso de transformación importante. El reporte “Promoviendo una transición energética efectiva 2023” del Foro Económico Mundial reveló que el país se ubica en la sexta posición de América Latina como uno de los países que más avances han hecho en materia de eficiencia energética, por detrás de Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay.
Asimismo, el camino hacia un futuro más sostenible inició con ejes de acción que promueven prácticas y tecnologías en eficiencia energética para operaciones públicas y comerciales. Sólo para ejemplificar, está el caso del Plan Energético Nacional (PEN) 2020-2050, una propuesta del gobierno nacional para alcanzar una transformación energética que habilite el desarrollo sostenible del territorio colombiano.
Pero, ¿cómo benefician los proyectos de eficiencia energética al sector empresarial? En primer lugar, implica reducir el consumo de recursos naturales, lo que contribuye a la preservación de la naturaleza y la disminución de la huella de carbono.
La optimización de los procesos, el uso responsable de la energía y la incorporación de tecnología moderna más eficiente permiten reducir los gastos en electricidad, gas y otros recursos, lo que mejora la rentabilidad y la competitividad de las organizaciones.
Para las compañías que demuestran un compromiso con la eficiencia energética suman beneficios fiscales, incentivos y reconocimiento público, fortaleciendo así su reputación y credibilidad tanto en los mercados.
En ese contexto, al igual que pasa con el PEN 2020-2050, es vital para las organizaciones colombianas encontrar entidades que empujen el compromiso por la eficiencia energética. Un caso representativo de ello es lo que logró Siemens Colombia, con la puesta en marcha de su Academia de Eficiencia Energética.
“La academia se fundó bajo la premisa de compartir conocimientos técnicos que permitan a las personas implementar un sistema eficiente de gestión de energía de forma correcta e independiente. Queremos colaborar con las empresas que tengan en la mira mejorar su gestión de energía para capacitarlos en temas como descarbonización o manejo de tecnología fotovoltaica”, señaló Eduardo Uribe, líder de la Academia de Eficiencia Energética en Siemens Colombia.
Esta institución permitirá obtener experiencias de aprendizaje accesibles, ágiles y colaborativas para los que estén interesados en los temas de gestión de energía. En palabras de Reinaldo Garcia, presidente de Siemens Colombia, es como pasar de la teoría a la práctica con el objetivo de que las empresas cambien de paradigma y vean a largo plazo el impacto positivo que los hará ganar una ventaja competitiva en sus industrias.
Recientemente la Academia de Eficiencia Energética finalizó su primera versión, la cual contó con 120 horas de capacitación técnica y en la que participaron 27 empresas con 50 proyectos en 6 líneas de acción alineadas con la descarbonización y la sostenibilidad de los procesos.
Una de las asistentes fue la multinacional Johnson & Johnson, donde Héctor Raúl Ballesteros, ingeniero de proyectos Senior, destacó: “Siemens me brindó herramientas que prácticamente desconocía como son las últimas tecnologías de analítica de datos. Gracias a ello diseñaremos un plan piloto de recolección de datos con el que llegaremos a soluciones de eficiencia energética reales en nuestra planta de producción en Cali”.
Aquellas empresas que abrazan la eficiencia energética se posicionan como líderes en la construcción de un mejor mañana, así como en la preservación del planeta para las generaciones venideras.
La eficiencia energética es, sin duda, una ruta que llevará a las empresas hacia el éxito y el progreso sostenible en un entorno mundial cambiante.
Los Premios Lazos a la Sostenibilidad 2023 incluyen 15 categorías en las que empresas grandes, medianas, pequeñas y personas naturales, pueden postular sus proyectos. La información sobre las categorías y el formulario para las inscripciones están en la página web de BritCham Colombia: www.britcham.com.co
La Cámara de Comercio Colombo Británica (BritCham Colombia) y la Embajada Británica lanzaron la versión número XVI de los Premios Lazos a la Sostenibilidad, evento que se llevará a cabo el 12 de octubre de 2023 y que busca resaltar, promover y visibilizar los proyectos desarrollados en el país en torno a los ejes de ESG (ambiental, social, corporativo).
El director Ejecutivo de BritCham Colombia, Santiago Uribe, destacó que “estas iniciativas reflejan el compromiso continuo de las empresas y personas en Colombia, impulsando una cultura de sostenibilidad que trasciende fronteras y marca una diferencia significativa en el país.”
Los Premios Lazos a la Sostenibilidad 2023 incluyen 15 categorías en las que empresas grandes, medianas, pequeñas y personas naturales, pueden postular sus proyectos sobre acciones relacionadas con el clima, productos y servicios sostenibles, bioeconomía, gestión de comunidades, reconciliación y paz, periodismo sostenible, moda sostenible, biodiversidad, agua, contenido digital sostenible y liderazgo empresarial sostenible.
La ceremonia se llevará a cabo el 12 de octubre en el hotel JW Marriott, en un encuentro sin precedentes con una ‘green carpet’ y gala de premiación. Además, en el marco del evento se va a desarrollar una agenda académica durante la mañana y la tarde de la jornada, con speakers invitados nacionales e internacionales de reconocidas organizaciones.
La convocatoria para postularse a los premios no tiene costo y estará abierta hasta el 15 de septiembre, para todas las empresas legalmente constituidas en Colombia y/o personas naturales que quieran participar. La información sobre las categorías y el formulario para las inscripciones están en la página web de BritCham Colombia: www.britcham.com.co
Los Premios Lazos a la Sostenibilidad organizados por BritCham y la Embajada Británica representan una oportunidad única para celebrar los logros y el compromiso de empresas y personas en la construcción de un futuro sostenible en Colombia.
El Comité Intergremial del Atlántico dice que el decreto de emergencia económica en La Guajira generará mayores alzas en las tarifas de energía y promoverá incumplimientos en contratos de venta a futuro.
El pasado 31 de julio, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1276 que declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, y «por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos.”
Pero, según el Comité Intergremial del Atlántico, este decreto “generará mayores alzas en las tarifas de energía y promoverá incumplimientos en contratos de venta a futuro.” El texto del comunicado es el siguiente:
A propósito de la expedición del decreto 1276 del 31 de julio de 2023, el Comité Intergremial del Atlántico, declara:
El decreto 1276 del 31 de julio de 2023 abre la puerta a mayores alzas en las tarifas de energía eléctrica porque al suspender los contratos de suministro de largo plazo para generadores con fuentes no convencionales en La Guajira, los comercializadores y distribuidores quedan expuestos a tener que comprarla en bolsa, lo que significa un precio mayor por las condiciones de hoy, derivadas de los efectos de El Niño y de crecimiento de la demanda, especialmente en la Región Caribe.
Con el citado decreto, el Gobierno nacional incentiva el incumplimiento de los contratos de compraventa de energía a futuro en toda la cadena del sistema eléctrico del país, lo que genera un factor de desconfianza en un sector cuya operación requiere reglas de juego claras y estables dada la magnitud de las inversiones que exige y la condición de esencial del servicio público que presta. Además, se trata de contratos entre privados en los que el Gobierno nacional no tiene injerencia.
Entendemos la compleja situación de La Guajira y la necesidad de lograr una cobertura total del servicio de energía eléctrica en ese departamento. Sin embargo, el mismo Gobierno dice en las consideraciones del decreto que para cumplir con ese objetivo se deben invertir $1,56 billones y que con la sobretasa de $1.000 para los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6 y de $5.000 para industriales y comerciales, el recaudo en los seis meses iniciales de su vigencia será de $51.230 millones. Esta suma no es representativa frente al monto de esa inversión, de manera que, con la sobretasa no resolverá el problema de la falta de energía en territorios lejanos de ese departamento.
Para atender necesidades de poblaciones vulnerables como las que habitan especialmente en la Alta Guajira, el Gobierno nacional puede hacer uso de recursos del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes ya establecidas como el Fondo Único de Soluciones Energéticas, FONENERGÍA.
Le corresponde al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional revisar el alcance de este decreto para determinar su legalidad o constitucionalidad.
