ANDEG: Modificación en el impuesto al carbono aumentaría tarifas de energía

Se estima que la tarifa para usuarios finales aumentará $80 por kilovatio/hora, afectando la competitividad del sector eléctrico y de la industria nacional.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) advierte sobre el impacto que tendría la iniciativa legislativa de la ‘Ley de Financiamiento’, una nueva reforma tributaria que modificaría lo dispuesto para el tratamiento del carbón dentro de los combustibles gravados con el Impuesto al Carbono.

Esta iniciativa del Gobierno Nacional, que busca modificar la Ley 1819 de 2016, ya modificada por la Ley 2277 de 2022, plantea incrementar el gravamen de los combustibles fósiles -ahora expresado en UVT- lo que aumenta la cifra correspondiente para el carbón.

Esto conllevaría a un alza de precios en la generación de energía que se verá reflejada en las facturas de los usuarios finales de electricidad en el país.

“Desde el gremio identificamos un efecto negativo tanto para el sector eléctrico como para la industria nacional que se abastece de este mineral en sectores tan relevantes como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, dado que se presentará un incremento en la tarifa de energía eléctrica del orden de $80 por kilovatio-hora, lo que representará un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 4,5 billones de pesos/año. También se impactará el empleo de la pequeña minería asociada al carbón”, dijo Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG.

Además, indicó que modificar el impuesto al carbono generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como en el ya deficitario fondo de subsidios del sector eléctrico, dado que se incrementaría la apropiación anual del Gobierno Nacional en el presupuesto en cerca de 1 billón de pesos para financiar los subsidios.

Por otro lado, el gremio proyecta un efecto neto negativo para la sociedad del orden de 4,8 billones de pesos al año, ya que con la nueva propuesta se recaudarían solo 700 mil millones de pesos, mientras que el costo de la medida para el país sería de 5,5 billones de pesos. Por lo tanto, insiste ANDEG, esta medida representa más riesgos que beneficios para el país, pues el déficit fiscal que se generará es mayor al recaudo esperado.

Adicionalmente, esta propuesta legislativa modifica la gradualidad para la aplicación del impuesto definida hace dos años, planteando que en 2025 se aplique 75% de la tarifa del impuesto en vez del 25%. “Esto va en contravía de una transición energética segura y gradual, y con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública”, enfatizó Castañeda.

Al gremio también le preocupa que desde la Ley 2277 de 2022 se limita al 50% la aplicación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono, ya que en la propuesta del Gobierno solo el 27% del recaudo del impuesto estaría dirigido a la acción climática, lo que contradice el objetivo de aplicar un instrumento económico de precio al carbono para incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y movilizar la acción ambiental, convirtiéndolo así en un recurso para el flujo de caja estatal.

Finalmente, si bien es muy importante enfrentar los retos de cambio climático, es adecuado considerar que las prioridades de Colombia están centradas en el crecimiento del país y en brindar bienestar a su población, lo que implica impulsar el uso responsable de sus recursos naturales y garantizar la provisión confiable de los servicios públicos esenciales asegurando la competitividad nacional.

Por eso, el llamado de ANDEG es a replantear la propuesta y analizar el alto impacto socioeconómico que esta representa, estudiando las distintas iniciativas de instrumentos de precio al carbono que se están presentando para no causar una doble tributación y sí generar mayor seguridad para la inversión.

Vanti y el Club los Arrayanes firman contrato de soluciones energéticas

Ante la actual coyuntura energética, la búsqueda de soluciones que permitan ser más eficientes en sus procesos y actividades se ha convertido en un objetivo principal. Por esta razón, Vanti y el Club los Arrayanes de Bogotá llegaron a un acuerdo para desarrollar un proyecto que busca combinar la energía eléctrica y el gas natural.

El proyecto tiene una inversión aproximada de 1.400 millones de pesos que contempla un proceso de cogeneración, es decir se realiza un procedimiento de alta eficiencia energética mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria), en este caso se usará para el calentamiento de la piscina del Club.

Una vez implementado el proceso de cogeneración se alcanzará una cobertura del 42% de la demanda de energía eléctrica y del 23% de la demanda del calor utilizado en la operación. Además del uso anterior, se seguirá utilizando el gas natural para otros usos tales como cocina, calentamiento de agua sanitaria, baños turcos, entre otros. El consumo total del club se incrementará solamente en un 3,2% cuando el proyecto esté operativo.

Con la implementación del proyecto de cogeneración se logrará una reducción del 6 al 8% en sus costos anuales de energía eléctrica y gas natural, con base en los costos energéticos total para el año 2023. 

Igualmente, la innovación de este tipo de proyectos es que contribuyen de forma importante al medio ambiente, teniendo en cuenta que tendrá una reducción de 16% en emisiones de Gas Efecto Invernadero estimada en 166 toneladas de CO2 equivalentes por año.

Se espera que comience a operar en 2026 y con ello Vanti entregará su primer proyecto de cogeneración a nivel de clubes sociales, el cual se suma a otros en los sectores agropecuario, industria alimenticia y textil.

Riesgo de racionamiento eléctrico en Bogotá y la Sabana

Retrasos en obras de transmisión, que ya completan una década, tienen al borde de una crisis energética al centro del país.

Cuarenta mil unidades de vivienda suspendidas, un data center cancelado y un centro de logística generando con diésel, son las primeras consecuencias de la falta de capacidad en Bogotá y Cundinamarca para entregar nuevas conexiones del servicio de energía eléctrica.

La razón son las demoras que ya completan una década para construir las líneas de transmisión Chivor-Norte, Sogamoso y Virginia-Nueva Esperanza, que fueron adjudicadas al Grupo Energía Bogotá (GEB) y otros operadores entre 2013 y 2016, pero que no han entrado en operación por falta de licencias ambientales y otros procesos administrativos.

Específicamente, el trámite que tiene suspendidas las obras es el de sustracción de reserva relacionada con la cuenca alta del río Bogotá, que está en cabeza de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De no terminarse estas obras, a partir del 2025 podrían comenzar los racionamientos, que eufemísticamente los técnicos llaman restricciones o cortes programados.

De acuerdo con Jaime Orjuela, director de Regulación del GEB, los municipios más expuestos a sufrir cortes de energía son los ubicados en el norte de la Sabana: Sesquilé, Ubaté, Simijaca, Cogua, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Nemocón y Tocancipá. Además, se vería afectada la entrada en operación del Regiotram de Occidente y la primera línea del Metro de Bogotá, que funcionarán con trenes eléctricos.

Y es que la región central del país, que cubre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Guaviare, tiene un consumo de 3.150 Mega vatios (MW), el 25% de la demanda nacional, pero cuenta con una generación local de 3.500 MW, que la tiene en condición de vulnerabilidad ante cualquier fallo en el sistema.

De hecho, para cubrir la demanda de Bogotá y la Sabana se ha tenido que recurrir a la generación de Termozipa, la única térmica cercana, que funciona con carbón y tiene una capacidad de 166 MW, pero que su operación genera cerca de 90.000 toneladas de CO2 al mes. 

El retraso en líneas de transmisión es tal que Bogotá solo cuenta con una línea de 500 KV, mientras que la Costa tiene tres y el Valle, dos. En 2001 la UPME dijo que el centro del país necesitaba de por lo menos dos de líneas adicionales de 500 KV, líneas que debieron haber entrado entre 2015 y 2017 y que su falta tiene hoy al borde de un apagón a la capital de país.

Debilitamiento del Servicio Geológico pone en vilo el desarrollo del país

El Servicio Geológico Colombiano tuvo un recorte del 43% del presupuesto para 2024, lo que debilita su labor misional, poniendo en riesgo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), antes Ingeominas, es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que normalmente pasa inadvertida, pero que tiene la función crucial de estudiar los recursos naturales y el origen de los riesgos geológicos del país.

Dado que le Plan Nacional de Desarrollo se sustenta en ejes como el ordenamiento territorial, la adaptación al cambio climático y la transición energética, la labor del SGC es fundamental como generador de conocimiento del subsuelo.

Por eso, Flóver Rodríguez, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGE), expresó su preocupación con lo que está pasando, pues para 2024 la entidad tuvo un recorte del 43% en el presupuesto de inversión.

“Eso hace que una institución tan importante quede incapacitada para cumplir sus funciones, y por eso es que hacemos un llamado de atención al Ministerio y al Gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo gira en torno al ordenamiento territorial, a la adaptación al cambio climático y la transición energética. Todo eso tiene que ver con la misionalidad del Servicio, así que no podemos debilitarlo de ninguna manera.

“La entidad tiene que contar con los recursos para trabajar en gestión del riesgo, en energéticos, es fundamental que levante ese conocimiento geológico, que es el insumo del ordenamiento del país y por ende de todo lo que podamos desarrollar en términos de nuevos energéticos, de adaptación y demás. No hay mejor forma que podamos gestionar nuestro territorio que conociéndolo, y si el Servicio no puede cumplir con su misionalidad con este presupuesto tan bajo, pues vamos a estar en aprietos”, dijo Rodríguez.

Así mismo, expresó sus dudas sobre la intención del Gobierno de crear Ecominerales, una empresa estatal que se dedique a la explotación minera, la cual tiene antecedentes nefastos con las experiencias fallidas de empresas como Ecominas, Mineralcol y Ecocarbón.

“Yo siento que Ecominerales puede tener unas buenas intenciones que estén dirigidas hacia esos esfuerzos de formalizar la minería que todavía no hemos podido formalizar, donde hay mucho trabajo por hacer.

“Esa minería, llámese la extracción ilícita o llámese todo lo ancestral y lo artesanal, es una minería que le hace daño al medio ambiente, no cumple con las buenas prácticas ambientales, además no paga impuestos, el país no recibe regalías de esa explotación; sin embargo, me quedan dudas sobre si es necesario crear una entidad adicional o si más bien debemos fortalecer las entidades que ya tenemos para que cumplan con sus tareas y garanticen todo esto que estamos diciendo: la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el mismo Servicio Geológico Colombiano, son entidades que si fortalecemos para que cumplan su misionalidad seguramente nos ayudarían a cumplir con esto que he  mencionado”, señaló el dirigente gremial.

Se necesita más exploración

En cuanto a los recursos hidrocarburíferos, Rodríguez señaló que “tenemos que desarrollar las oportunidades que hay en el país y es prudente que lo hagamos en el menor tiempo posible. El país tiene oportunidades de gas en el offshore, Ecopetrol con su socios sigue mostrando buenos resultados, pero hay un llamado de atención hacia los proyectos en el continente, donde tenemos la infraestructura, tenemos cuencas históricamente productoras, no solo de petróleo sino de gas, entonces es fundamental hacer esfuerzos por invertir en esas zonas donde ya hay baja incertidumbre, donde ya sabemos que hay producción y que con una exploración detallada cercana a esos campos podríamos desarrollar nuevos recursos, que existen en las cuencas del Valle Inferior y Medio del Magdalena, en los Llanos y en el Piedemonte llanero.”

Sobre la cada vez menor actividad exploratoria en el país, señaló que el país requiere de múltiples actores conversando entre ellos. “Tenemos diferentes retos en términos ambientales y sociales, pero necesitamos del Gobierno nacional apoyo en los territorios para la viabilidad de estas actividades.”

Y agregó que “el Gobierno nacional ha venido insistiendo en dar garantías de abastecimiento de gas, pero vemos mucha incertidumbre, primero porque los descubrimientos toman tiempo en desarrollarse y segundo porque la curva de oferta y demanda se va a cruzar en 2025, así que, si no incorporamos nuevas reservas, pues vamos a estar en aprietos.

“Necesitamos, de la mano de la ANH, de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, de los ministerios de Minas y del Interior, entre otros, con las operadoras, con las autoridades ambientales en los territorios, ser capaces de conversar sobre las nuevas técnicas para desarrollar un proyecto exploratorio. Si quitamos esa tela de incertidumbre de conocimiento, los proyectos pueden avanzar cumpliendo con todos los requerimientos sociales y ambientales”, concluyó el director Ejecutivo de la ACGGE.

Gremios advierten desabastecimiento de gas y combustibles por paro camionero

La situación de alteración en el transporte de carga provocada por el alza en el precio del combustible diésel comenzó a causar problemas de distribución de energéticos en varias regiones del país.

Según la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas), el 41 % de las fuentes de GLP se encuentra retenido debido a las manifestaciones. Mientras que, el 24 % de la oferta proveniente de las refinerías, que está asignado por contratos a un pequeño número de empresas, enfrenta serias dificultades de movilidad en las carreteras colombianas y su disponibilidad depende de la producción de las refinerías.

A esto se suma el 35 % de la oferta que proviene de los puertos de importación, lo que implica un costo más alto para el usuario final. Este panorama ha obstaculizado gravemente el transporte de GLP, impidiendo que este combustible esencial llegue a los usuarios, pese a los esfuerzos de las empresas por garantizar el suministro.

El gremio indicó que se ha reportado que cerca del 5 % de la demanda de GLP en Cusiana está siendo quemada por razones operacionales, para no afectar la producción de Gas Natural. 

“Este 5 % es producto que se debería estar retirando para atender a los usuarios en lugar de incinerarlo, lo que no solo representa una pérdida significativa, sino que también agrava el potencial de desabastecimiento”, dijo Sara Vélez, presidente de Agremgas.

Ante estos desafíos, Agremgas hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asista con alternativas que permitan restablecer la movilidad y garantizar el suministro continuo y seguro de GLP a todas las regiones del país.

“La colaboración de las autoridades es vital en este momento crítico para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos colombianos”, dijo Vélez.

Por su parte, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, Gas y Energía (Campetrol) señaló que, ante los impactos generados por los atentados a los oleoductos, la toma de la planta de gas Gibraltar y los bloqueos de vías, invita a privilegiar el diálogo directo y creativo, en busca de acuerdos estructurales que permitan la normalización de la situación, en beneficio de todos los colombianos.

Fortalecerán infraestructura energética con subsidios

El Gobierno anunció que restructurará la forma como se otorgan los subsidios destinados a la energía eléctrica en las regiones más vulnerables del país, con el fin de facilitar la instalación de infraestructura en estas zonas y multiplicar el número de usuarios del servicio.

Así lo consideró en la 41 Conferencia Energética de Colombia, Enercol 2024, la directora de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, María Victoria Ramírez, al indicar que este es un desafío al que se enfrenta el ministerio para mejorar la cobertura del servicio en el país.

Señaló la funcionaria qué a juicio del titular de la cartera energética, los subsidios no pueden ser eternos porque dejan de ser eficientes.

Al inicio de Enercol 2024 se habló de un déficit de 1,8 billones de pesos para cubrir las obligaciones que se tienen para el subsidio de gas y energía eléctrica en 2024 por parte del Gobierno a los estratos más vulnerables de la sociedad.

Estos recursos, dijo Ramírez, se deben utilizar para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las comunidades de las zonas vulnerables del país.

“Lo que se busca es impulsar la independencia energética de estas comunidades y que dejen de depender de los subsidios del Estado y fortalecer de esta forma la economía popular”, dijo Ramírez.

Comunidades energéticas

María Victoria Ramírez dijo que ya comenzó a funcionar la comunidad energética en Bojayá, Chocó.

Indicó que su despacho tiene un ambicioso programa de cerca de 18 mil comunidades energéticas, focalizadas en escuelas y otros lugares de servicio público.

Ramírez dijo que como los recursos de Estado para este programa son finitos, el papel del sector privado en su ejecución es muy importante por lo que invitó a los inversionistas a poner en su agenda estas comunidades.

Denuncian faltante de $1,8 billones para cubrir subsidios de energía y gas en 2024

Las agremiaciones de los sectores de electricidad y gas natural, ACOLGEN, ANDEG, ANDESCO, ASOCODIS, SER COLOMBIA y NATURGAS expusieron la preocupante situación actual en materia de asignación de recursos para cubrir el déficit de subsidios o pagos por menores tarifas para las vigencias fiscales 2024 y 2025.

De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN 2024), así como en su correspondiente decreto de liquidación de presupuesto, existiría un déficit acumulado de subsidios a diciembre 31 del 2024 sin apropiar cercano a 1,3 billones de pesos para energía eléctrica y de alrededor de 500 mil millones para gas natural, para un total de 1.8 billones de pesos.

Además, de los montos de subsidios que ya los prestadores han aplicado a los usuarios, al 31 de agosto de este año la Nación les adeuda a las empresas la suma de 1,3 billones de pesos para energía eléctrica y de 351 mil millones de pesos para gas natural. Esta es una situación que viene poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las empresas haciendo que acudan a mayores créditos de lo convencional.

Por otra parte, para la vigencia 2025, las necesidades de apropiación de subsidios para cubrir la totalidad de los pagos por menores tarifas del sector eléctrico y de gas natural, son del orden de 3,8 billones de pesos para energía y de 1,2 billones de pesos para gas natural.

“Con base en lo anterior, nuestras empresas asociadas requieren para los años 2024 y 2025 que se apropien sumas cercanas a 5,1 billones de pesos para energía eléctrica, y aproximadamente 1,7 billones de pesos para gas natural, para un total de estos dos sectores de 6,8 billones de pesos. Y adicionalmente se requiere con urgencia que se paguen los subsidios ya otorgados a los usuarios con corte a agosto 31 del 2024 que corresponden para los 2 sectores a 1.65 billones de pesos”, señalan los gremios en un comunicado de prensa.

También subrayan que, no obstante lo anterior, “observamos con mucha preocupación que en el proyecto del PGN del 2025, se propone apropiar recursos tan solo por valor de 4,3 billones de pesos para los sectores de energía eléctrica y gas natural, suma que incluiría subsidios para zonas no interconectadas y para empresas no afiliadas a nuestras agremiaciones. Es decir, adicional a esta suma, para nuestras empresas asociadas, en el servicio de energía eléctrica el faltante por apropiar a diciembre 31 del 2025 sería cercano a dos billones de pesos, mientras que para el servicio de gas natural el faltante estimado sería alrededor de 900 mil millones de pesos.”

Se puede apreciar que, si bien las necesidades de subsidios para los sectores de energía y gas vienen aumentando año tras año, para el PGN 2025 lo que se plantea es una disminución del 19% con respecto a lo que se había apropiado para el PGN 2024.

“Observamos con mucha preocupación que el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Congreso no incorpora la totalidad de los recursos necesarios para subsidios, e incluso hace disminuciones importantes, a pesar de que éstos corresponden a gasto público social, el cual tiene prioridad sobre cualquier otra asignación de conformidad con el artículo 366 de la Constitución Nacional, en concordancia con el Artículo 100 de la Ley 142 de 1994 y según lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 1430 de 2010”, señalan los gremios.

De acuerdo con los gremios, de no apropiarse la totalidad de los recursos de subsidios que requieren los sectores y realizarse los giros oportunamente, podrían darse afectaciones en el flujo de caja de las empresas llevando a consecuencias tales como el desplazamiento de inversiones necesarias para la expansión de servicio, el incremento de la cobertura, la reducción de pérdidas y el mejoramiento/mantenimiento de la calidad, así como un incremento en el riesgo de incumplimiento de pago de compromisos tanto con otros agentes del sector como proveedores y contratistas, lo que podría impactar de manera significativa el costo de las facturas a los usuarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios recomiendan y solicitan:

  • Pagar a la mayor brevedad los subsidios ya otorgados por las empresas con corte a agosto 31 de 2024, sumas que corresponden a 1,3 billones de pesos para energía eléctrica y 351 mil millones de pesos para gas natural.
  • Agregar en las cuentas 2102 (consolidación productiva del sector de energía eléctrica) y 2101 (acceso al servicio público domiciliario de gas combustible) del PGN 2025 (texto radicado el 30 de julio de 2024) la suma adicional de dos billones de pesos para energía eléctrica y 900 mil millones de pesos para gas natural, para un total de casi 3 billones de pesos.
  • Facilitar el uso de herramientas de crédito en el mercado secundario a través de operaciones de “factoring”, para lo cual sugerimos dar facilidad y rapidez a la aplicación de lo establecido en el Decreto 399 de 2020 con relación a la cesión de los derechos de los subsidios causados en materia del servicio público de energía eléctrica.
  • Habilitar el uso de recursos de crédito en el PGN 2025, incluyendo la emisión de bonos y otros títulos de deuda pública como se ha realizado en el pasado, para pagar los subsidios.
  • Para el manejo de los saldos pendientes con corte al 31 de diciembre de 2024, incluir un artículo que viabilice estos pagos con cargo a las apropiaciones que se hagan para la vigencia del año 2025. Estos artículos han sido utilizados en anteriores Leyes de presupuesto.
  • Giro de recursos anticipados, antes de finalizar el respectivo trimestre.

GEB hace urgente llamado para avanzar en los proyectos de transmisión

El Grupo Energía Bogotá (GEB) conmemora 128 años de historia, reafirmando su compromiso con el desarrollo de Colombia y América Latina, a través de una estrategia centrada en la sostenibilidad y la transición energética.

En el aniversario 128 del GEB, su presidente Juan Ricardo Ortega recalcó la importancia de generar un entorno propicio para el desarrollo del sector, ya que esto se traduce en progreso para Colombia y los países donde la compañía hace presencia.

“Los retrasos en la implementación de proyectos de transmisión eléctrica persisten y esto pone en juego los grandes proyectos de infraestructura del país, así como los pequeños negocios que requieren de energía para subsistir. Pasó la temporada de sequías, que afectó los embalses, y llegaron las lluvias, pero el riesgo de no poder dar abasto en el futuro persiste, por lo que aquí lo que hay es un problema de fondo que merece la atención de todos y que requiere de cambios estructurales para garantizar el servicio de energía a largo plazo”.

Lo que en inició en 1896 con la creación de la empresa familiar Samper Brush & Cía., que en 1900 permitió el comienzo del servicio de alumbrado domiciliario en Bogotá, con el encendido de 6.000 bombillos tras la inauguración de la planta hidroeléctrica El Charquito, es hoy una multilatina líder en transición energética en el país y la región.

Y es que, con cerca de 13 décadas de historia, el GEB ha podido posicionarse como un grupo empresarial sólido y rentable. Con más de 2.500 trabajadores y presencia en Perú, Colombia, Brasil y Guatemala, la compañía se consolida como un Grupo empresarial líder en la transición energética, a través de las energías renovables, la transmisión y el gas natural, con aproximadamente 20.000 kilómetros de líneas de transmisión y 4.400 kilómetros de gasoductos.

“Durante 128 años el Grupo Energía Bogotá ha crecido a la par del sector eléctrico colombiano, uno de los más capaces y competentes en el mundo, un referente de primer nivel para América Latina. Eso nos ha permitido posicionarnos como líderes en transición energética en el país y la región”, dijo el presidente de la multilatina. 

Solidez financiera e internacionalización 

En términos financieros, el GEB ha logrado resultados excepcionales. Entre 2019 y 2023, la utilidad neta aumentó en aproximadamente un 40%, y el EBITDA consolidado creció un 66%, alcanzando $5,2 billones al cierre de 2023. Estos resultados reflejan la solidez y coherencia del plan estratégico de la compañía, que sigue generando valor para sus accionistas y mejorando la vida de las personas en los territorios donde opera.

En esa misma línea, durante los últimos cuatro años el Grupo logró, entre otros grandes resultados y negociaciones exitosas, aliarse con Interconexión Eléctrica (ISA) para implementar en Perú dos proyectos que llevarán energía a más de 9 millones de ciudadanos, promoviendo la descarbonización y la eficiencia energética; en Brasil, se consolidó como la quinta empresa más grande en transmisión de energía con la compra de cinco concesiones de transmisión eléctrica; en Guatemala, con Enel Colombia, cerró la compra del 100% de las acciones del activo de transmisión de energía eléctrica Transnova. 

Finalmente, en Colombia, adquirió Elecnorte, que presta servicios en La Guajira; cerró el proceso de consulta previa más grande de un proyecto de infraestructura energética en el país y avanza en la ejecución de Colectora, que incorporará las energías renovables no convencionales de siete parques eólicos de La Guajira al Sistema de Transmisión Nacional; selló una alianza con Enel que fortalece el mercado de energías renovables en la región, y creó Enlaza, filial que maneja la transmisión de energía eléctrica.

Gremios se pronuncian sobre las afirmaciones del Presidente respecto a las tarifas de energía

En un comunicado a la opinión pública, los gremios ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA realizaron las siguientes aclaraciones sobre la alocución presidencial del 25 de agosto acerca de las tarifas de energía eléctrica:

1.      Colombia es el único país de América Latina donde el costo de energía no está regulado por el Estado.

Esto es incorrecto. A partir de las Leyes 142 y 143 de 1994, en Colombia el costo unitario del servicio de energía está regulado por la CREG, a través de la definición de una fórmula tarifaria que establece qué se puede o no trasladar en la tarifa. Todos los componentes de la fórmula tarifaria (generación, transmisión, distribución y comercialización, entre otros) están diseñados y establecidos por la CREG.

Específicamente para la generación, y como se hace en otras partes del mundo como Reino Unido, España, Estados Unidos, Australia, Chile, Brasil, Perú y México, se cuenta con reglas y parámetros de eficiencia y formación de precios para que los usuarios puedan contar con un servicio público de electricidad disponible en sus hogares.

Las empresas ofrecen precios acorde con las condiciones del mercado y del sistema que deben considerarse, como las condiciones climáticas cada vez más severas que afectan los embalses de las hidroeléctricas, el incremento en los precios de los combustibles y el atraso en la entrada en operación de proyectos que se esperaban.

Tambien, se encuentran reguladas las reglas de remuneración específicas para las actividades de transmisión, distribución y comercialización, que definen de manera comparativa los costos que se reconocen vía tarifa. La estructura tarifaria está diseñada para cubrir los costos operativos y mantener la estabilidad del suministro. Por lo tanto, el costo de energía sí está regulado.

2.      Una empresa en Colombia puede producir energía a un costo bajo y venderlo a un precio mucho más alto ligado a tarifas que tienen que ver con tecnologías muchísimo más ineficientes. Ejemplificando un valor de 5.000 pesos.

Esto es impreciso. En primer lugar, cabe aclarar que en ningún momento ni los usuarios ni sus comercializadores han llegado a pagar valores de $5.000/kWh por generación de energía. La energía que se compra para atender los usuarios residenciales se abastece en promedio en un 80% a través de contratos, precio que en el último año (julio 2023 a julio 2024) ha

estado en promedio alrededor de $296/kWh, y el 20% restante se compra en la bolsa, que en promedio ha estado en alrededor de $583/kWh en el mismo periodo.

Por otro lado, es impreciso decir que la tarifa de generación esté ligada a tecnologías ineficientes. Es importante destacar que los precios en la bolsa de energía se basan en criterios técnicos y económicos que buscan garantizar la sostenibilidad del sistema energético y reflejan las condiciones del mercado de energía eléctrica.

Ratificamos que se requiere garantizar una mayor oferta facilitando la entrada de nuevos proyectos, tanto los que están en desarrollo (que ya tienen atrasos de más de cuatro años y de Colectora que faltan aún dos años), como la ejecución de subastas para la nueva capacidad que necesita ser instalada, lo que contribuirá a una mayor eficiencia y competitividad en la formación de precios.

3.      Pocas empresas controlan y alteran los precios de la energía a su favor. La fórmula tarifaria es una fórmula matemática que están hechas para favorecer a los pocos que generan energía y para perjudicar a los usuarios.

Esto no es correcto. La fórmula tarifaria está diseñada por la CREG en cumplimiento de las funciones otorgadas en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, justamente para asegurar que los usuarios puedan recibir el cobro de costos eficientes de energía, y evitar prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas en el mercado frente a la participación de pocos agentes, en línea con el artículo 34 de la Ley 142 de 1994.

Sectores como éste, que requiere inversiones que superan los $10 billones anuales, con expectativas de retorno de más de 20 años, suelen ser atractivos para pocos, y para ello se deben fijar reglas claras para asegurar que nueva oferta de energía llegue, ya sea a través de las empresas existentes, nuevas o esquemas asociativos como las comunidades energéticas.

En Colombia existen regulaciones y mecanismos de supervisión para garantizar la competencia, en el mercado donde hoy participan en igualdad de condiciones empresas públicas, privadas y mixtas. Sobre la participación cruzada entre las empresas generadoras aclaramos que estas no comparten socios de carácter privado.

Cabe mencionar que el objetivo de la fórmula, así como el interés de las empresas del sector, ha sido y seguirá siendo aportar al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Las fórmulas tarifarias están diseñadas para cubrir los costos y asegurar la inversión en infraestructura, en términos competitivos e incentivando el capital necesario.

Los gremios no apoyamos conductas contrarias a la Ley, como tampoco declaraciones sin sustento ni previa investigaciones, por lo cual instamos al Gobierno Nacional a que de

encontrarse alguna evidencia de ello, se adelanten las investigaciones y acciones pertinentes, como corresponde.

4.      Respecto al nombramiento de los comisionados de la CREG

El sector siempre ha reclamado insistentemente superar la interinidad de estos cargos de manera que los expertos de la CREG se nombren en propiedad y con dedicación exclusiva de acuerdo los dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Precisamente, protegiendo la Ley y el interés público, las autoridades judiciales han anulado el nombramiento de los comisionados que no han cumplido los requisitos de Ley, no solo de expertos nombrados por el gobierno actual sino también de anteriores. Al respecto, siempre hemos manifestado que los expertos deben contar con un perfil técnico.

Hoy el Presidente tiene todas las facultades y la orden para el nombramiento de estos funcionarios en su totalidad. Actualmente faltan tres cargos en propiedad (dos pendientes de nombramiento y uno que aún está en encargo a pesar de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca refrendada por el Consejo de Estado sobre el nombramiento en propiedad). Es en este cuerpo colegiado técnico donde se deben construir las modificaciones tarifarias, asegurando la protección de los usuarios tanto en el corto como en el largo plazo.

5.      Sobre la modificación de la fórmula tarifaria en el corto plazo

Cualquier cambio a esta fórmula, actualmente definida en la Resolución CREG 119 de 2007, debe cumplir los criterios del régimen tarifario definidos en el artículo 87 de la Ley mencionada, que son: eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Así mismo, debe contar con el debido proceso, con tiempos suficientes de consulta y los análisis de impacto respectivos.

6.      Respecto a la integración de fuentes de energías renovables no convencionales y las comunidades energéticas

Somos aliados de la integración de este tipo de fuentes y de las comunidades energéticas, razón por la cual hemos apoyado procesos que van en línea con este propósito. Sin embargo, los tiempos excesivos de trámites para los proyectos eólicos y solares está dificultando su oportuna entrada, por lo cual el gobierno debe tomar acciones articuladas entre las diferentes entidades públicas para procurar y agilizar la puesta en marcha de estos proyectos. Las fuentes renovables, aunque beneficiosas, requieren una inversión significativa y planificación para integrar eficientemente en el sistema existente.

Además, es preciso aclarar que, dada la variabilidad de estas fuentes y la posición geográfica de Colombia, no es factible ni técnica ni económicamente depender exclusivamente de este tipo de fuentes y por ello es fundamental procurar por una matriz diversificada y complementaria entre tecnologías, con el fin de garantizar la estabilidad y confiabilidad del servicio.

Respecto a las comunidades energéticas, estas contribuirán a la mayor participación del usuario en la transición energética, pero también deben considerar los costos iniciales y la infraestructura y el mantenimiento necesarios, así como la vigilancia de los recursos públicos que se asigne en estos casos.

El diálogo como mecanismo de construcción regulatoria

En general, afirmaciones incorrectas o imprecisas generan una distorsión de la realidad que generan malestar en los usuarios, en lugar de crear soluciones eficientes en el corto plazo.

Invitamos a construir la regulación del servicio público de energía con información certera y soluciones efectivas con el liderazgo del Gobierno Nacional y con la participación plural y democrática de los grupos de interés. Es necesario que se logre la entrada de los proyectos de generación y de transmisión en desarrollo para procurar mayor oferta y mejores precios.

Además, es fundamental que se materialicen de manera urgente los aportes comprometidos por el Gobierno para reducir el cobro de la Opción Tarifaria en las facturas, para lo cual es necesario que se radique cuanto antes el proyecto de ley que garantiza la apropiación de estos recursos para los usuarios más vulnerables; con esta medida algunas regiones podrían tener reducciones inmediatas de hasta un 23% de la tarifa de energía. Cada día que pasa sin esos aportes prometidos va en contra de los usuarios.

Así mismo, reiteramos la necesidad de apropiar recursos del Presupuesto General de la Nación para mitigar el impacto de las pérdidas no técnicas (fraude) que viene pagando la Costa Caribe.

Además, desde la política social se debe garantizar la apropiación y pago en su totalidad y de manera oportuna de los subsidios de energía, así como revisar y corregir la focalización de estos subsidios y los consumos de subsistencia. Esto permitirá que los usuarios más vulnerables cuenten efectivamente con las ayudas esperadas.

Finalmente, hemos pedido que se revisen otros valores que se están incluyendo en las facturas de energía, tales como el cobro del alumbrado público e impuestos locales, como las tasas de seguridad y de convivencia ciudadana, que en muchos casos superan el 30% del valor de la factura.

Colombia: Desabastecimiento de combustible de aviación por demora en atender emergencia

Mientras el Gobierno dice que no hay problemas, hay vuelos cancelados y reprogramados, suspendida la venta de tiquetes y Ecopetrol anunció la importación de 100 mil barriles de Jet A1.

El pasado 16 de agosto se presentó un incendio en la planta de la Refinería de Cartagena por un fallo eléctrico que afectó la producción de combustible para aviación, conocido como Jet A1.

De acuerdo con Ecopetrol, la refinería ya está operando normalmente, pero este fin de semana comenzó a registrarse una escasez del combustible en varios aeropuertos del país, lo que llevó a cancelación y reprogramación de vuelos, lo mismo que la cancelación de la venta de tiquetes por parte de algunas aerolíneas.

Y es que, pese a que el accidente se presentó hace diez días, solo hasta el pasado domingo 25 de agosto Ecopetrol anunció la importación de 100 mil barriles de Jet A1.

Esto llevó a que a primeras horas del lunes se convocara una rueda de prensa en la Casa de Nariño, donde se anunció la convocatoria a un Puesto de Mando Unificado (PMU) por parte del Ministerio de Minas y Energía, con la participación de los agentes de la cadena de distribución de combustibles de aviación, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, Ecopetrol, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y las aerolíneas.

Al respecto, la Asociación Colombia de Petróleo, Gas y Energía (ACP) resaltó las acciones emprendidas para atender la coyuntura e hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas estructurales para el aprovisionamiento del país, en un escenario de creciente demanda (6% anual) y estrechez en la oferta, por lo cual, para evitar contingencias futuras, propone:

  • Habilitar el Jet A para uso de turbinas en Colombia.
  • Facilitar que las importaciones de combustible de aviación sean realizadas por terceros, para el adecuado reconocimiento de los costos asociados.
  • Robustecer el mecanismo de planeación de abastecimiento de Jet.
  • Promover la ampliación oportuna de infraestructura de transporte por poliducto de Jet y el desarrollo de almacenamientos estratégicos.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a:
  • A través de la dirección de Hidrocarburos al monitoreo permanente de los inventarios de combustible de las comercializadoras de JET A1, para garantizar el normal y ágil abastecimiento en todos los aeropuertos del país.
  • Desplegar procesos de vigilancia y control en las instalaciones de las empresas comercializadoras del JET A1, para detallar el inventario y las estrategias de entrega del combustible a los aeropuertos en todo el país.
  • Solicitar a la Superintendencia de Industria y Comercio acompañamiento para trabajar de la mano con las empresas comercializadoras de combustible y con las empresas de transporte aeronáutico con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento de la cadena de suministro del combustible.

Finalmente, los Ministerios de Transporte y de Minas y Energía, le informarán al país diariamente el desarrollo de estas acciones y del funcionamiento del transporte aeronáutico

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