Categoría: Opinión

“El mundo avanza con los ojos cerrados hacia la catástrofe climática”: Antonio Guterres, secretario General de la ONU.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

3 de abril de 2022.   A la declaratoria de las Naciones Unidas del Día mundial forestal el 21 de marzo y del Día mundial del agua el 22 del mismo mes, se vino a sumar La hora del Planeta, iniciativa liderada por la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), nacida en Suiza y una de las más importantes organizaciones no gubernamentales de conservación ambiental, con presencia en más de 100 países.

La hora del Planeta surgió en 2007 y desde entonces ha venido in crescendo. Se trata de un gesto sencillo, pero de gran simbolismo, consistente en apagar las luces de las casas, las oficinas, los edificios, monumentos y sobre todo de sitios tan emblemáticos como la Ópera de Sidney, la Torre de Eiffel en París, el Coliseo de Roma y la Torre Colpatria en Bogotá por una hora, entre las 20:30 y las 21:30 el último sábado de marzo.

Esta iniciativa es considerada como la de mayor convocatoria e impacto en la opinión ciudadana en todo el mundo contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en procura de despertar la conciencia sobre la inminencia de una catástrofe global si no paramos esta alocada carrera destructiva de la que llama el Papa Francisco nuestra “casa común”. De lo que se trata es de sensibilizar y concientizar a la opinión pública sobre el reto que encaramos, que no se podrá eludir.

Como lo planteó recientemente la profesora de economía y directora del Instituto de Innovación en University College London Mariana Mazzucato, “esta es la oportunidad. Si no arreglamos el Sistema, no tendremos ningún chance frente a la tercera gran crisis (la del 2008, la del 2020 y la creciente inhabitabilidad del planeta) y todas las otras más pequeñas que traerán aparejadas en los años y décadas que vendrán”.

Como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el cambio climático”. De modo que las lecciones aprendidas de esta pesadilla nos deben servir para estar mejor preparados y entrenados para enfrentar la crisis provocada por el cambio climático.

El camino no es otro que el de la prevención, la adaptación y la mitigación frente a los embates de la variabilidad climática y sus devastadores efectos. Es la sostenibilidad ambiental y pervivencia del planeta tierra, el único habitable por ahora. De tal manera que los millones que dilapidan los ricos y famosos en sus viajes turísticos al espacio, así como los que se invierten en la  carrera espacial en la afanosa búsqueda de vida en otros planetas a donde se pueda trastear la humanidad, le van a hacer falta a los recursos para evitar la sexta extinción masiva de la biodiversidad a causa de fenómenos naturales extremos. La diferencia de esta con respecto a las cinco anteriores es que estamos migrando del holoceno hacia el antropoceno, en la que se pone el foco en cómo la actividad humana viene impactando y de qué manera en nuestro planeta azul.

En La hora del Planeta de este año se enfatiza en la importancia de visibilizar el Convenio sobre Diversidad Biológica que propende y promueve un ambicioso plan de acción global tendiente a detener y a revertir la pérdida de naturaleza y biodiversidad, que están en alto riesgo, hacia el 2030, año en que, según el Acuerdo de París (2015), las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) deberán disminuir un 45% con respecto a los niveles de 2010 y de esta manera intentar alcanzar el “cero neto”, la neutralidad de carbono, alrededor de 2050. Mantener a raya el aumento de la temperatura por debajo del umbral de los 1,5 grados centígrados con respecto a la temperatura media de la era preindustrial se logrará si y sólo si se alcanza esta meta volante.

Este año La hora del Planeta se da en medio de la invasión y la guerra asimétrica que le impuso Putin a Ucrania, la peor conflagración y la más destructiva y amenazante desde la guerra fría y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en diciembre de 1991.

Un mes después de la invasión sus consecuencias a nivel global son catastróficas y a la tragedia humanitaria, cifrada en vidas humanas que se pierden y se desplazan, se le está haciendo un enorme daño al planeta, pues como lo afirmó el director general del WWF Internacional Marco Lambertini, “sabemos que para construir un futuro en armonía con la naturaleza necesitamos paz entre las personas” y, añadiría yo, entre los países.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Dos días de marzo están destacados por las Naciones Unidas: el 21 como Día mundial forestal, y el 22 como Día mundial del agua, como una forma de llamar la atención y despertar el interés de la comunidad internacional sobre la importancia de la protección de los recursos forestales y del agua.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

27 de marzo de 2022.   Tal declaratoria está entre los antecedentes más importantes de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en 2015.

Entre las metas del Objetivo 6 de agua limpia y saneamiento están lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, así como también a los servicios de saneamiento e higiene requeridos.

De igual manera, entre las metas del Objetivo 15 referido a la vida de ecosistemas terrestres se cuentan la protección, el restablecimiento y la promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, así como un ordenamiento sostenible, delimitación y protección de los bosques, luchas contra el avance de la desertificación, como también detener y revertir la creciente degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad.

Huelga decir que los 17 ODS están alineados con el Acuerdo de París que propende por la descarbonización de la economía.

En 1971 los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acordaron celebrar el 21 de marzo de cada año el Día mundial forestal. Se trata de destacar y ponderar la importancia de los recursos forestales, los cuales contribuyen a la reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano. Tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2.

El lema para el Día mundial forestal en 2022 es “consumo y producción sostenibles”. En este sentido, el lema de este año pone el foco en el consumo de madera y concientizar sobre un problema global que en muchos países arrasa con miles de hectáreas de masa forestal cada año.

Se estima por parte de la FAO que cada año más de 130.000 km² de bosques se pierden debido a la deforestación. El caso de Colombia es dramático: entre 2015 y 2016, cuando alcanzó las 179.000 hectáreas,  se incrementó la deforestación  el 44%, en el 2017 se registraron 219.973 hectáreas deforestadas, incrementándose el 23% con respecto al año anterior, y en 2018, según el IDEAM, se alcanzó el pico más elevado con 280.000 hectáreas deforestadas, un 27.2% más con respecto al 2017. En el año 2019 le dieron un respiro, especialmente a la Amazonía, la más depredada, al bajar las áreas deforestadas hasta las 158.894 hectáreas, pero sólo para volver a crecer el 8% en el 2020 con 171.685 hectáreas arrasadas.

Ello contribuye y de qué manera a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de tal suerte que la deforestación junto con el cambio de uso del suelo participan con el 33% de las mismas. Por lo tanto, poner coto a la deforestación en Colombia es la mayor y mejor contribución al cumplimiento de la meta que se ha impuesto el país de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030 y la neutralidad de carbono hacia el 2050.

En 1992, en la Cumbre Río + 20, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/Res/47/193 se consagró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua, que busca sensibilizar a las autoridades y a la sociedad civil sobre la importancia de la gestión integral del recurso hídrico y su conservación.

Debemos destacar el hecho que la misma Asamblea de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292 del 2010, reconoció el derecho humano al agua. Además el objetivo 6 de los ODS se ocupa del agua limpia y el saneamiento.

Este año el mensaje de las Naciones Unidas está enfocado en la reivindicación de la importancia de las aguas subterráneas y su difícil acceso para un gran conglomerado de la población más vulnerable.

En 2021 su campaña a favor del preciado líquido tuvo como eslogan “valoremos el agua”, tanto más en cuanto que está amenazada su disponibilidad por el cambio climático. Ya en 2019 había planteado la necesidad de “no dejar a nadie atrás”, con el cual se envió un mensaje tendiente a asegurar el acceso de agua potable a toda la población, haciendo énfasis en la calidad de la misma. Según Naciones Unidas, 800 mil personas mueren cada año en el mundo por causas asociadas con la carencia del líquido.

Colombia no es ajena a este drama. Al menos 6,2 millones de colombianos consumen agua no apta para el consumo humano. Por ello no es extraño que el 71.6% de las muertes por enfermedad diarreica aguda, que afecta sobre todo a la primera infancia y a los adultos mayores, tiene como factor desencadenante la pésima calidad del agua que ingieren.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Aunque todos los gases de efecto invernadero generan cambio climático, la urgencia manifiesta es reducir el CO₂, aunque es altamente deseable reducir también los otros gases.

Por: RICARDO DELGADO CADENA*

25 de marzo de 2022.  En la pasada Conferencia de las Partes (COP 26), la comunidad internacional: 

1. Reafirmó el objetivo global de mantener el incremento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2°C y de continuar los esfuerzos para que el incremento no supere los 1,5°C con respecto a la era preindustrial; 
2. ii) Reconoció que para mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de 1,5°C es necesario reducir las emisiones de CO₂ un 45% con respecto a los niveles de 2010 y alcanzar emisiones netas cero de este gas hacia la mitad del este siglo, y lograr reducciones profundas en los otros gases de efecto invernadero (GEI); 
3. iii) Invitó a los países a considerar acciones adicionales para reducir al 2030 el 30% de las emisiones de otros gases distintos del CO₂, incluyendo el metano (CH₄) y, 
4. iv) Enfatizó la importancia de conservar la naturaleza y los ecosistemas, incluyendo los bosques y los ecosistemas marinos, para que puedan actuar como sumideros de gases de efecto invernadero.

De la decisión anterior (decisión de la COP26), además del objetivo, se plantean varios puntos que merecen ser examinados con mayor detalle: i) el papel del CO2; ii) el papel de los otros gases de efecto invernadero, incluyendo el metano y, iii) el papel de los ecosistemas terrestres y marinos en el logro de los objetivos de estabilización del clima.

En Colombia, los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero y de carbono neutralidad consideran la suma de la totalidad de emisiones de todos los gases.

El cumplimiento de la NDC colombiana no implica, necesariamente, que las emisiones de CO₂ en 2030 disminuyan 51% con respecto al escenario base porque la reducción podría lograrse con una mayor mitigación de los otros gases de efecto invernadero diferentes al CO₂.

Lo anterior es muy importante porque de acuerdo con el tercer BUR de Colombia, las emisiones netas de GEI de Colombia en 2018 fueron 67.6% CO₂, 26.4% metano y el resto fueron otros gases. Del total de estos gases en ese año, el sector energético fue responsable del 44% y 11% del total de CO₂ y metano producido en el país, respectivamente.

El promedio histórico de la participación de las emisiones de CO₂ por producción y uso de energía en Colombia ha sido 33.6% y el de metano ha sido 12.3%. El aporte de la energía al total de CO₂ emitido en el país hoy es superior al promedio histórico (aún en un año con alta deforestación, como lo fue 2018).

En este orden de ideas, y conectando con las decisiones de la COP y con los análisis de UNEP y del IPCC, siendo que toda reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es importante, ¿por qué se hace énfasis (en las decisiones de las COP y los análisis de UNEP y de IPCC) en la urgencia de reducir las emisiones de CO₂ con mayor rapidez que las emisiones de los otros gases?

El “Emissions Gap Report” de UNEP hace una diferenciación entre CO₂ y los demás GEI: “Se requieren reducciones sostenidas en las emisiones para alcanzar el CO2 neto cero para estabilizar el calentamiento global, mientras que lograr emisiones netas de GEI cero resultará en un pico y luego una disminución en el calentamiento global“.

Si no se logra la carbono neutralidad (CO₂ neutro) no hay forma de estabilizar el clima porque el CO₂ se acumula por siglos. Si se logra la neutralidad de GEI (CO₂eq) se logrará un pico y luego una reducción del calentamiento global.

Consecuentemente, a las partes (países) se les ha pedido que hagan sus aportes de reducción de emisión de todos los gases, pero el objetivo principal es la neutralidad en emisiones de carbono (de dióxido de carbono). De hecho, los requerimientos para fijar los objetivos de carbono neutralidad son, o eran, en principio sobre carbono.

¿Y el metano?

El metano es un problema importante (y su importancia aumenta en la medida en que se nos está acabando el presupuesto de carbono para los objetivos de 2°C y de 1,5°C), pero hay unas razones para que la atención haya enfocado principalmente en el carbono, sobre todo el carbono de combustibles fósiles.

Siendo que todas las fuentes de gases de efecto invernadero son importantes, las emisiones de los fósiles son las que se están añadiendo a la atmósfera y que no estaban en la atmósfera.

Para explicar lo anterior usaremos el ejemplo de las emisiones producidas por la fermentación entérica del ganado. El asunto con el ganado es que para que una vaca pueda emitir metano tiene que haber consumido carbono en forma de alimento. Ese carbono viene de la atmósfera y se fijó por fotosíntesis. Una vez liberado el metano, este permanece en la atmósfera por cerca de 12 años hasta que se degrada o se descompone. La descomposición de ese metano produce CO₂ y agua, y ese CO₂ fue el que inicialmente ingirió el animal en la biomasa de la que se alimentó. El efecto del metano sobre el calentamiento del planeta es 29,8 veces mayor al del CO₂, pero su impacto es limitado en el tiempo (lo que tarda el metano en degradarse: 12 años).

De hecho, recientemente han habido periodos en los que el metano añadido a la atmósfera y el que naturalmente se descompuso estuvieron en niveles similares. Como consecuencia, hubo años (recientemente) en los que no aumentó la concentración de metano en la atmósfera.

En el caso extremo, si hoy y durante una década el hombre dejara de emitir metano, ya no tendríamos problemas adicionales (además del calentamiento producido en esa década y los posibles impactos derivados) con ese gas.

El mismo razonamiento aplica para el metano producido por la disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales, se emite porque la materia orgánica se está descomponiendo, pero esa materia orgánica se formó con carbono que en algún momento (cercano en el tiempo) estuvo en la atmósfera.

Hay un efecto de calentamiento potente durante el periodo en que el metano permanece en la atmósfera, pero todo hace parte de un ciclo. Para que el metano en atmósfera deje de ser un problema, sería necesario alcanzar un punto en el que la tasa de descomposición del metano fuera menor que la tasa de emisión y así el calentamiento causado comenzaría a disminuir. Las reducciones en emisión de metano llevan a menos calentamiento en periodos cortos de tiempo. El problema está en que además del ganado, los residuos y las aguas residuales, hay metano que no estaba en la atmósfera desde hace millones de años: el de las emisiones fugitivas (atrapadas en las profundidades de la tierra) y el que está atrapado en el permafrost.

El caso con el carbono es bien distinto. Aunque tiene un poder de calentamiento global menor que el de los otros gases principales de efecto invernadero, el CO₂ no se descompone. Se fija por fotosíntesis o se disuelve en el mar, principalmente.

El proceso de fotosíntesis es neutro en carbono. Al final la biomasa resultante de la fotosíntesis termina descomponiéndose, exceptuando los esos árboles (y plantas) que pueden durar décadas o siglos en pie, el resto de la biomasa se descompone y se renueva constantemente.

Todo el carbono almacenado en la biomasa de las plantas y que se emite cuando se deforesta un área de selva estuvo en la atmósfera “recientemente”. En teoría, sería posible volver a sembrar la selva y al final absorber todo lo emitido por haber deforestado esa área de selva, aunque en la práctica eso no es tan sencillo.

La cantidad de biomasa, fruto de la diversidad biológica y de años de crecimiento no es fácilmente reemplazable (sin incluir los daños ecosistémicos asociados a la deforestación). La realidad eso es mucho más complicada. En el proceso, una parte de carbono termina secuestrado por el suelo.

La otra fuente natural para extraer el CO₂ de la atmósfera es mediante la absorción por parte del mar. La superficie del mar interactúa con la atmósfera y parte del CO₂ de la atmósfera se disuelve en el océano. El calentamiento del planeta habría sido mucho más rápido sino hubiera sido porque el océano ha estado todo este tiempo disolviendo CO₂ y “sacándolo” de la atmósfera. Parte de ese CO₂ “disuelto” vuelve a la atmósfera y otra parte se va disolviendo en las capas inferiores del océano donde ya deja de ser un problema, y esto sólo es posible porque el océano es enorme. No tendríamos ningún problema si esa transferencia de carbono de la superficie al fondo del mar fuera rápida, pero no lo es. Pueden pasar siglos desde que el CO₂ emitido a la atmósfera llegue al fondo marino y quede almacenado. Una tonelada de carbono en la atmósfera va a estar contribuyendo al calentamiento del planeta durante siglos.

El problema se complica cuando le añadimos a la atmósfera carbono que no estaba en la atmósfera recientemente (en los últimos millones de años): el carbono de los combustibles fósiles. El carbono de la biomasa estaba en la atmósfera y, en teoría, si se restaurara esa biomasa se podría llegar a tener un ciclo cerrado de carbono, pero al usar combustibles fósiles, que han sido y son la base del crecimiento económico del planeta, estamos poniendo en la atmósfera carbono que estaba en la profundidad de la tierra y al océano le puede tomar siglos volver a secuestrar de manera permanente ese carbono. Según el IPCC, “Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”.

A pesar de que existen fuentes naturales que producen gases de efecto invernadero, hoy sabemos con absoluta certeza que la acción humana ha causado el aumento de temperatura media global observado.

Además, hay otro carbono que suma; el que está en el suelo y se libera cuando se remueve el suelo o hay deforestación. Pasa mucho tiempo para que el carbono de la atmósfera termine en estado sólido depositado en el suelo, liberarlo implica que va a estar muchos años antes de volver a estar en el suelo, no son sólo los fósiles los que ponen carbono “extra” en la atmósfera.

Por eso es por lo que, aunque hay que atacar todos los gases de efecto invernadero porque todos generan cambio climático, la urgencia manifiesta es reducir el CO₂, aunque es altísimamente deseable reducir también los otros gases.

El objetivo de limitar el calentamiento global apunta a evitar cambios profundos en el clima del planeta que lo aleje de las condiciones en las que se han desarrollado las especies actuales (muchas de ellas que sostienen materialmente a los seres humanos), los sistemas productivos y las sociedades humanas. Todos esos sistemas se adaptan a los cambios del entorno.

No sabemos a qué velocidad se pueden adaptar los sistemas sociales y económicos actuales, pero sí sabemos que los animales y las plantas que se han adaptado al medio ambiente cambiante durante millones de años: en un medio ambiente que cambiaba en periodos de millones de años.

El reto con el cambio climático es que los cambios se están dando en espacio de decenas de años (las grandes emisiones de GEI arrancaron desde 1850) y que el planeta, aunque resiliente también tiene unos límites. Por ejemplo, la tasa a la que el océano captura carbono va disminuyendo conforme la concentración de carbono en el agua aumenta y en la medida en que el océano disuelve más carbono, este se va acidificando, modificando aún más las condiciones de los ecosistemas marinos.

Con el metano la humanidad pudo darse el lujo de “procastinar”, pero hoy en día, dado que las emisiones de carbono resultaron tan difíciles de evitar, esos 12 años de metano en la atmósfera empiezan a sumar fuertemente en la ecuación para estabilizar el clima del planeta. De ahí que la decisión 1 de la COP26 invite aumentar la ambición en la disminución de las emisiones de metano.

Reducir el metano en la atmósfera le permitiría al planeta ganar algunos años o disminuir, temporalmente, el nivel del calentamiento global. Pero la compra de tiempo sólo tiene sentido si el planeta es capaz de alcanzar la neutralidad de CO₂.

Finalmente, el énfasis que se puso en la decisión 1 de la COP26 a la conservación de la naturaleza y los ecosistemas, incluyendo los bosques y los ecosistemas marinos, tiene que ver con la necesidad de aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero.

En todo este enredo, la energía juega un papel central, incluso en Colombia donde no llega a ser la principal fuente de emisiones de GEI, pero en el país, como en resto del mundo, la energía sí es la principal fuente de emisiones de carbono que no estuvo circulando en la atmósfera terrestre en los últimos millones de años.

Todas las emisiones calientan el planeta, pero si no fuera por las adiciones de carbono y metano, que estuvieron fuera de la atmósfera durante millones de años, el problema del cambio climático no sería un problema.

*Investigador del Centro Regional de Estudios de Energía

La invasión rusa en Ucrania y el consecuente choque de oferta de petróleo y gas ha puesto el tema de la seguridad energética en el debate público nuevamente. Daniel Yergin incluso afirma que este choque nos ha despertado de una amnesia colectiva en seguridad energética.

Por: JUAN CAMILO HERRERA*

21 de marzo de 2022.   Cuando se habla de seguridad energética en Colombia, inevitablemente se asocia con la prestación de servicios públicos domiciliarios y el mandato constitucional del estado de intervenir en la prestación de estos y garantizar, entre otros, su “prestación continua e ininterrumpida”.

Esta obligación se traduce, por ejemplo, en el principio de continuidad para el caso de la electricidad y políticas tales como el cargo por confiabilidad que da señales de largo plazo a los agentes a construir y operar recursos de generación necesarios para garantizar la atención de la demanda.

Para el caso del gas natural, esta obligación derivó en los tan mencionados objetivos de política de confiabilidad y seguridad en el abastecimiento que a su vez han derivado en políticas tales como las prioridades de abastecimiento en caso de racionamiento y el plan de abastecimiento de gas natural, entre otros.

Estas políticas de seguridad energética tienen algo en común, y es que están encaminadas únicamente a aumentar la disponibilidad o el acceso a unos recursos (en forma de infraestructura o de reservas del respectivo energético o portador) para atender la demanda en el largo plazo, o en el corto plazo en casos fortuitos y/o de fuerza mayor.

La seguridad energética no es solamente la disponibilidad de recursos, ¿o acaso aquellos países que no tienen recursos fósiles como Japón o Corea tienen menos seguridad energética que otros que si disponen de estos?

El concepto de seguridad energética ha evolucionado hacia la inclusión de otras dimensiones que trascienden a la seguridad en el suministro como único factor, con el fin de responder a los nuevos retos que enfrenta la política energética.

Una de las dimensiones a tener en cuenta para evaluar la seguridad energética es por ejemplo la diversidad. Así como la disponibilidad de recursos aumenta la seguridad energética, la diversidad tanto en la matriz energética como en el número de fuentes de cada energético influye en la seguridad energética.

Así mismo, la diversidad de agentes en los mercados de energía, la diversidad en las tecnologías de transformación de energéticos primarios, y la diversidad en la infraestructura de transporte y su acceso redundan en mayor seguridad energética.

Otra dimensión es lasostenibilidaden la extracción de recursos primarios (y la transformación y uso de estos) y los impactos ambientales que estos generan en el sistema y en el entorno, ya que mayores impactos en los ecosistemas y los sistemas tierra, agua y aire encarecen su extracción, transformación y consumo, disminuye el rendimiento futuro en la extracción de los mismos recursos, obstaculizan su licencia ambiental, e incluso generan impactos permanentes que imposibilitan su existencia. La seguridad energética aumenta cuando el impacto ambiental de un energético o un portador de energía disminuye.

Los precios y su inherente volatilidad es otra dimensión relevante de la seguridad energética. A medida que la variabilidad en los precios de la energía aumenta, las decisiones de largo plazo para los productores y consumidores pueden desincentivar la inversión en nueva infraestructura o disminuir su consumo, aumentar la vulnerabilidad de estos a los choques de precios, dificultando así la disponibilidad del energético en el largo plazo, lo que eventualmente hace más difícil su planeación. Por ende, el nivel de precios (así como sus subsidios) y la volatilidad de los energéticos afectan la seguridad energética.

Igualmente, factores socioculturalesy la aprobación de los ciudadanos a la construcción de infraestructura energética en sus regiones, al uso de ciertas tecnologías y/o energéticos, o a ciertas políticas energéticas, pueden influir en su viabilidad de largo plazo y por ende en la seguridad energética.

Otra dimensiones tales como la tecnología, eficiencia, resiliencia, salud, relaciones internacionales, seguridad nacional, etc. son muy relevantes para la seguridad energética y son ampliamente definidos en la literatura.

Para medir el nivel de seguridad energética de un país, se puede realizar a través de indicadores simples o multidimensionales que reflejen cada uno de los factores mencionados anteriormente, no obstante, los retos de política en los países son idiosincráticos y tienen que adaptarse a las circunstancias propias de cada región.

Y es allí donde recae la importancia del análisis multidimensional. Porque analizar una política de seguridad energética aisladamente desde un solo ángulo, y comparar esta con otros países sin tener en cuenta el contexto puede llevar a conclusiones equívocas. A manera de ejemplo, en el anterior boletín, Tomás González escribió:

“Europa cuenta con importantes reservas de gas por desarrollar que le darían para más o menos 14,5 años si mantuviera las tasas de producción actuales… y si bien estas reservas no le permitirían resolver la totalidad de sus problemas de seguridad energética, sí le ayudarían a mitigar la fuerte vulnerabilidad a la que hoy está sujeta. Sobre todo si además se tiene en cuenta el potencial de yacimientos no convencionales de países como Polonia, Francia o el Reino Unido.”

Si se analiza este problema de seguridad energética únicamente desde la dimensión de la disponibilidad de reservas, cobra sentido el argumento que la solución a este es que Europa explote sus reservas de petróleo y gas incluidos los no convencionales. No obstante, si se introducen otras dimensiones en la conversación, este argumento empieza a ser desafiado. Por ejemplo, si se involucra la dimensión sociocultural y las actitudes del público frente al fracking en el Reino Unido, se encuentra que el 45% del público se opone a esta tecnología mientras que solo un 17% la apoya, lo cual no favorece su explotación.

Aún más, desde la dimensión de tecnología y de eficiencia, medidas más realizables y con menor costo para la sociedad como las que sugiere ECIU de mejorar el aislamiento de un millón de hogares por año e instalar 600.000 bombas de calor al año, reduciría al menos en 20% la demanda de gas y generaría ahorros mensuales de 260 libras por mes en cada hogar del Reino Unido.

En cambio, iniciar la exploración de gas en el mar del norte solamente vería las primeras moléculas hasta el 2026 alcanzando un pico en el 2028 y, lo más relevante, no tendría impacto en los precios por lo que los consumidores seguirían consumiendo gas natural doméstico, pero aún costoso.

La solución a este problema (así como para muchos otros) yace en el medio, involucrando diferentes estrategias de política que consideren las diferentes dimensiones de la seguridad energética. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía publicó un decálogo para reducir la dependencia de la Unión Europea al gas natural, y este contempla medidas para aumentar el almacenamiento de gas, acelerar la implementación de energéticos y tecnologías sustitutas del gas natural que redunden en la reducción del consumo de gas, proteger a los consumidores de los choques de precios y alentar cambios comportamentales, entre otros.

Y por supuesto, no podemos dejar de lado la política. La primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon ha afirmado que el aumento del petróleo y el gas del Mar del Norte no es una solución a corto plazo para la dependencia de Europa de los suministros rusos, y en Whitehall el secretario de Energía y Negocios del Reino Unido Kwasi Kwarteng ha dicho que este problema no es de seguridad en el suministro sino de precios y que si bien apoyan la producción de fósiles en el mar del norte, éste no va a reducir los precios y que la solución de largo plazo es entre otros la diversificación y dejar de consumir gas natural.

¿Y el paralelo con Colombia?

Ciertamente es indiscutible que incrementar la certeza sobre la disponibilidad del gas y su seguridad en el suministro, bien sea nacional y/o importado, es quizá uno de los temas más relevantes en la seguridad energética nacional, pero como se evidenció en el ejemplo anterior, es necesario tener un enfoque multidimensional en la seguridad energética que vaya más allá de las reservas, que tenga en cuenta el contexto del país y sus particularidades, e involucre en cambio sus múltiples dimensiones tecnológica, sociocultural, precios, sostenibilidad, etc.

En conclusión, bienvenido el debate para incrementar la seguridad energética del país, pero evolucionemos en su discusión, involucremos a todo el sistema y sus diferentes energéticos y tecnologías, definamos indicadores multidimensionales que trasciendan criterios simples, y dejemos de gravitar en la discusión alrededor de las reservas como única dimensión de la seguridad energética.

*Investigador del Centro Regional de Estudios Energéticos. Ingeniero mecánico, Magister en economía de la Universidad de los Andes, MSc en economía y políticas de la energía de University College London.

Recuento del entorno, causas y consecuencias que llevaron al país al recionamiento eléctrico en 1992.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

21 de marzo de 2022.   En 1990, en mi calidad de ministro encargado de Energía en mi discurso de instalación de un congreso latinoamericano de energía en Santa Marta plantee dos tesis que se apartaban de los paradigmas del sector eléctrico por aquellas calendas.

La primera, controvertida para la época: el agua, merced al cambio climático había dejado de ser un bien libre para tornarse en un bien económico, y fui más lejos al sostener que el agua había dejado de ser un recurso renovable. Tesis esta que he venido desarrollando y corroborando con el paso del tiempo.

La segunda, que los planes de expansión de generación eléctrica privilegiaban el mínimo costo al momento de priorizar los proyectos a ejecutar, pero para mí, sin soslayar dicha variable, era mucho más importante el mínimo riesgo y propuse introducir esta otra variable en la ecuación.

Pero, como dice la canción Pedro Navaja de Rubén Blades y Willie Colón, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. No estaba en mis planes aspirar y ser electo senador de la República en 1991 y mucho menos que como miembro de la Comisión V del Senado me correspondería coordinar la subcomisión que investigó las causas del racionamiento del servicio de energía eléctrica, más conocido como ‘El apagón’, el cual fue una verdadera calamidad pública, que se prolongó durante casi un año, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Tuve, además, la responsabilidad de redactar el Informe final de la investigación sobre la crisis eléctrica del país.

Si bien lo que precipitó tan drástica como costosa medida fue el fenómeno de El Niño, pudo más la imprevisión, la improvisación, los errores de cálculo y cómo no, la corrupción. En efecto, a consecuencia de la sequía, que se prolongó mucho más allá de los pronósticos, la más intensa en 37 años según Instituto Colombiano de Hidrología (HIMAT), el nivel de los embalses de las hidroeléctricas llegó a sus mínimos, al punto que el de El Peñol, que era y sigue siendo el de mayor capacidad registró un histórico 20.66%, lo cual se tradujo en una virtual parálisis del parque de generación hídrica con que contaba el país. Y, lo que era más grave, no obstante que la capacidad total instalada de potencia, de 8.335 MW, superaba en un 13% la demanda máxima en horas pico, el 78% de la misma dependía de la hidrología. En el mix de la capacidad instalada de generación el parque térmico apenas si llegaba al 22%, lo cual se constituyó en la gran vulnerabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Irónicamente, en momentos en los que expertos del sector sostenían que el sector eléctrico estaba “sobre instalado”, se presentó semejante falla.

No sólo en Colombia sino en Latinoamérica había un sesgo en favor de los proyectos hidroeléctricos, por una parte porque se asumía que sus menores costos operativos los hacían más competitivos frente a los térmicos y de contera la banca multilateral, especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sólo contaban con líneas de financiamiento para proyectos hidroeléctricos. Ello inducía y sesgaba los planes de expansión, dado que el 100% de la inversión de dichos proyectos corrían por cuenta de la Nación, que terminó endeudándose hasta la coronilla para dotar al país de esta infraestructura.

Además de esa falla en la planeación del sector y la subestimación del costo racionamiento de energía al darle al agua valor cero, al estudiar las causas del racionamiento salieron a flote varias irregularidades, entre ellas la falta de mantenimiento y overhaul de varias de las plantas térmicas, de modo que cuando se les requirió varias de ellas no estaban operativas, el descalabro del proyecto de construcción de la hidroeléctrica de El Guavio, el cual, además de los sobrecostos injustificados, no entró en el tiempo previsto. Y de remate, de manera improvisada e improvidente se importaron en volandas al país dos barcazas generadoras que nunca generaron un solo kilovatio, fue un fiasco total, agravando aún más la situación ya de por sí compleja.

Adelanté sendos debates de control político en el Congreso de la República sobre el particular, de los cuales dio cuenta el exministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio en el prólogo a mi libro ‘Del racionamiento eléctrico al racionamiento moral’, en los siguientes términos: “El debate sobre El Guavio condujo a que, por primera vez, se llevara a cabo un juicio fiscal y la Contraloría del Distrito exigiera el reintegro de $2.097 millones por parte de los ex gerentes de la Empresa de Energía de Bogotá… Las conclusiones del debate sobre las barcazas se trasladaron a la Comisión de Ética del Senado, la que encontró méritos para solicitar la pérdida de la investidura de uno de los miembros de la propia corporación”.

Por su parte, los organismos de control hicieron su parte, de tal suerte que sus investigaciones en el orden disciplinario y fiscal derivaron en destituciones de los responsables e inhabilidades para ejercer cargos públicos hacia el futuro, debiendo responder por el detrimento patrimonial al que dieron lugar sus actuaciones u omisiones, y la Fiscalía General de la Nación puso a varios de ellos a buen recaudo.  

El presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo, a través de una alocución televisiva en horario triple A, le anunció al país las sanciones a quienes reportamos en nuestro Informe como los más responsables de esta pesadilla en que se convirtió para todo los colombianos el racionamiento del fluido eléctrico.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La Sociedad Hidroituango, de la cual es socia Empresas Públicas de Medellín (EPM) junto con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), suscribió con EPM un contrato para la construcción y puesta en operación de la mayor hidroeléctrica del país.  A su vez, EPM contrató con dicho consorcio la ejecución del proyecto.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

13 de marzo de 2022.   La introducción anterior es para tener el contexto del nuevo pulso entre ellos, y entender mejor el embrollo que se ha armado.

Huelga decir que Hidroituango es un proyecto de interés estratégico para el país, dado que atenderá el 17% de la demanda de energía nacional, y su atraso, además de presionar al alza los precios y la tarifa del servicio, pone en riesgo su confiabilidad y firmeza.

El pasado 2 de febrero, en rueda de prensa, el gerente de EPM Jorge Carrillo anunció, en compañía del alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, que “la primera unidad generadora de energía de Hidroituango estará en servicio el próximo 26 de julio de 2022, de acuerdo con el cronograma técnico que se tiene establecido”.

Ahora resulta que, nada menos que el consorcio constructor, CCC, acaba de poner en tela de juicio dicho anuncio. En comunicación fechada el 21 de febrero firmada por su director General Braulio Saravia, dirigida al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM William Giraldo Jiménez, advierte que “teniendo en cuenta los cronogramas que son analizados conjuntamente en los comités de programación a los que somos invitados y en los cuales se presentan las actividades de otros contratistas y su interrelación con las actividades que desarrolla el consorcio, encontramos que dichos cronogramas no se ajustan en su terminación para la fecha anunciada”.

El Consorcio CCC va mucho más lejos en su pronunciamiento al dejar claro que “según la programación que conocemos, la ruta crítica de entrada en operación de la primera unidad está marcada por el blindaje de las conducciones y codos superiores, así como los concretos alrededor de estos, y cuya finalización prevé el inicio de las pruebas con agua para el mes de octubre de 2022. De este modo, resaltamos que las actividades que viene desarrollando el Consorcio están enfocadas a lograr esta meta”, y no la del 26 de julio.

La respuesta de EPM no se hizo esperar. A través de un comunicado de prensa el ingeniero William Giraldo informó que están “haciendo todo lo que está en nuestras manos para sacar adelante la obra”. No obstante, termina poniéndose la venda antes de la herida, curándose en salud, haciendo la salvedad que “los cronogramas en una megaobra… tienen nivel de incertidumbre”.

Por su parte, el gerente de EPM, al terciar en la discrepancia entre unos y otros, espetó que “queremos tener un contratista cuyo cronograma se pueda forzar”.

Semejante dislate le sirvió de pretexto para tratar de justificar su empecinamiento en el cambio de contratista y de paso anunciar la apertura de la licitación para que sea otro contratista el que dizque ejecute la “segunda etapa” del proyecto, pese a las advertencias de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, de los siete decanos de facultades de ingeniería de Antioquia, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el propio Informe de Pöyry, pues ello implicaría un retraso adicional de la entrada en operación del proyecto de mínimo un año.

El dictamen pericial de Pöyry es enfático al referirse a los “cinco puntos críticos” detectados en su estudio, que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación”. Luego, cualquier dilación aumenta el riesgo de la materialización de este indeseable “escenario catastrófico”.

El equipo técnico de la ANLA se limitó en su recorrido a la obra a verificar lo reportado en el Informe de la Pöyry y pare de contar. La ANLA, al final de su visita, se limitó a decir que “continuará con el análisis del documento”, refiriéndose al Informe de Pöyry y recordó que “la ANLA realiza los pronunciamientos a través de actos administrativos”.

A propósito de la salida en falso del gerente de EPM, cuando manifestó su preferencia por contratistas “cuyo cronograma se pueda forzar”, bueno es conocer el concepto autorizado del presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería (SCI), declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, Germán Pardo.

En su concepto, “están colocando fechas de inauguración de la primera generación. Realmente, eso me parece  que no es bueno para el proyecto, porque es una presión indebida sobre la ingeniería. El tema del cronograma deber ir ajustándose en la medida en que el mismo proyecto, con las obras que se están haciendo, nos lo permita. No podemos prever ahora que una primera unidad podría estar en junio o podría estar en julio”.

A EPM queremos recordarle que el apresuramiento no es buen consejero. Como le dijo Napoleón Bonaparte a su ayudante, en medio de su afán y sus afugias: “vísteme despacio que tengo prisa”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Columna del presidente de la Junta Directiva de Acipet, quien inicia con algunos apartes del libro “The New Map” de Daniel Yergin, premio Pulitzer.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

10 de marzo de 2022.   Hoy en día Rusia es uno de los tres grandes productores de petróleo, el segundo productor de gas natural después de los Estados Unidos y el primer gran exportador de petróleo y gas. Las ganancias producto de las exportaciones de hidrocarburos significan un 45% del presupuesto del gobierno, y el 30% del PIB. Esto muestra su dependencia económica de los combustibles fósiles y de la necesidad (o no) de contar con una matriz energética balanceada.

De otro lado, Ucrania ha sido conocida como la pequeña Rusia, y el principal punto de discusión por parte del Gobierno de Putin es aceptar que ellos formen parte de la Unión Europea. El pertenecer a la OTAN destruiría el sueño de Putin de construir la Unión Euroasiática, con intereses económicos comunes bajo el liderazgo de Moscú, un asunto que para Ucrania es una total contradicción, dado que no se podría pertenecer a dos sistemas “cien por cien exclusivos”.

Otro dato en esta ecuación es la dependencia de la UE del gas. Su matriz energética indica que, cerca del 25% del consumo lo constituye este combustible fósil y casi la tercera parte proviene de Rusia. Las demás fuentes de gas provienen del campo Groningen en Holanda, del Mar del Norte en Gran Bretaña, de Noruega (no forma parte de la UE) y el resto de África.

De lo anterior, no es de sorprender como Rusia se haya posicionado en una ficha clave en el suministro de gas para Europa y por qué la importancia de los gasoductos que atraviesan Ucrania. En este sentido, Ucrania solo reconoce una tercera parte de la tarifa del gas que se le cobra a Europa.

Dicho de otra forma, estos gasoductos son como “la joya de la corona” para Ucrania, no solo por el tema de precios, sino porque son un mecanismo de presión contra Rusia, dado que es el medio para que el gas ruso llegue a Europa. Es así como los gasoductos Nord Stream, a través del mar báltico hacia Alemania; Yamal-Europa, a través de Polonia; Blue Stream, a través del mar Muerto hacia Turquía, son de las jugadas maestras de Rusia para llevar gas a Europa sin pasar por Ucrania.

Por tanto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, más que un tema económico se traduce en razones geopolíticas.  El permitir que Ucrania forme parte de la OTAN destruye el sueño de Putin de reunificar económicamente los países que en el pasado formaron parte de la Unión Soviética y por tanto convertir a Rusia en una potencia mundial en temas energéticos.

Ser un actor importante dentro de la OPEP+ con liderazgo conciliatorio, vender los gasoductos que se construyen hacia Europa como una forma de garantizar la seguridad energética, la relación económica y comercial con China, el mayor consumidor mundial de combustibles fósiles, y su foco en los países africanos como potencial mercado, han convertido a Rusia en una potencia energética.

Sin embargo, la situación con Ucrania es inaceptable desde todo punto de vista. Las vidas humanas están pasando a un segundo plano, por forzar una estrategia rusa. Esta situación es como el papá enseñándole al hijo rebelde “quién manda a quién”, y donde los vecinos no se involucran así se evidencie violencia intrafamiliar.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Columna del Ministro de Minas y Energía, originalmente publicada en el diario El Tiempo.

Por: DIEGO MESA*

3 de marzo de 2022.    El turbulento inicio de la tercera década del siglo XXI se ha encargado de recordarle al mundo la importancia del sector energético, así como su vulnerabilidad y resiliencia ante factores exógenos, la cual usualmente se ve reflejada en una significativa pero explicable volatilidad en los precios.

La pandemia de covid-19 nos mostró cómo la demanda mundial de crudo podía sufrir una contracción del 30 por ciento de un día para otro. Ese choque de demanda coincidió con una guerra de oferta entre Rusia y Arabia Saudita, el segundo y tercer productor de crudo del mundo, respectivamente, lo cual llevó a que, durante las épocas de las cuarentenas más estrictas, los precios internacionales del crudo colapsaran, incluso llevando a los contratos futuros a terrenos negativos en abril 2020. Nunca antes en los mercados financieros se había dado una situación en la que un agente estuviera dispuesto a pagarle a otro para entregarle crudo en una fecha futura.

Después de la pandemia y el despliegue de la vacunación masiva vino la reactivación económica, lo cual generó un incremento acelerado en la demanda de energía eléctrica e hidrocarburos en 2021.

En algunos países europeos, que venían avanzando de manera apresurada en reemplazar fuentes de generación fósiles por alternativas más limpias, la mayor demanda de energía coincidió con épocas de menor viento, menor radiación solar y por ende menor capacidad de generación de energía renovable. El resultado fue un incremento desproporcionado en el precio del gas natural importado, el cual se utiliza, entre otras cosas, para generación térmica. En países como España, Portugal, Francia y Alemania el precio del megavatio/hora alcanzó niveles de más de 300 euros a finales de 2021, entre 15 y 20 veces más de lo que valía en Colombia a precios de conversión para la misma época.
A medida que se reactivaba el mundo en 2021, el precio del petróleo iba recuperando el terreno que había perdido en 2020, y el 2022 empezaba con una expectativa optimista de entre 70 y 80 dólares el barril.

Sin embargo, a medida que transcurría febrero se fueron acrecentando las tensiones entre Rusia y Ucrania, lo que finalmente desembocó en una invasión militar rusa y una guerra que todavía no sabemos en qué va a terminar. Como resultado, el precio del crudo ya superó la barrera de los 110 dólares el barril y Europa se enfrenta a la incertidumbre energética más grande de su historia, a raíz de su dependencia del gas natural ruso.

Estos acontecimientos nos deben llevar a valorar las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque en materia de transición y seguridad energética, y a reflexionar sobre el futuro.

En primer lugar, hemos realizado una de las transiciones energéticas más audaces de la región, diseñando e implementando una ambiciosa política pública para que el sector privado incorpore masivamente a la matriz eléctrica fuentes de energía solar y eólica, las cuales eran prácticamente inexistentes en 2018. En lo que va corrido de gobierno, hemos adjudicado proyectos por más de 2.800 megavatios y 3.000 millones de dólares, multiplicando por 100 veces la capacidad instalada que había en 2018.

Esta apuesta por las energías renovables la hemos hecho de manera responsable, asegurándonos también de contar con nuevas fuentes de generación hidráulica y térmica que le den respaldo al sistema, para que el país nunca tenga que enfrentar situaciones como las vividas en Europa a finales de 2021 y principios de 2022.

En segundo lugar, y en aras de proteger nuestra soberanía energética y estabilidad macroeconómica, hemos reactivado el sector de hidrocarburos con la firma de 69 nuevos contratos de exploración y producción con inversiones por más de 3.500 millones de dólares, después de que recibimos un sector que en 2018 llevaba más de 4 años sin firmar nuevos contratos.

Avanzamos también de manera decidida en exploración de hidrocarburos costa afuera y en los pilotos de investigación en yacimientos no convencionales, prospectos que podrían añadir varias décadas más a nuestras reservas de crudo y gas, que hoy están en 6,2 y 7,7 años respectivamente, para que Colombia no tenga que depender de otros países como les ocurre hoy a tantas naciones europeas con Rusia.

Finalmente, hemos fortalecido y apoyado la transformación de Ecopetrol, nuestra principal empresa y uno de los mayores conglomerados energéticos de la región, que justo esta semana entregó los mejores resultados económicos de su historia, pese a los bloqueos criminales durante el paro nacional.

Los colombianos debemos unirnos en torno al sector energético, exigir que se siga consolidando la transición energética, incorporando nuevas fuentes como el hidrógeno limpio y proyectos eólicos costa afuera, a los cuales les dejamos hojas de ruta para los próximos 30 años.

Igualmente, debemos defender férreamente el sector petrolero de amenazas populistas y electoreras que atentan contra nuestra seguridad energética y el bolsillo de todos los colombianos.
*Ministro de Minas y Energía de Colombia. Es economista, experto en diseño y formulación de políticas públicas para el sector mineroenergético, y cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de McGill en Canadá.

El conflicto en Ucrania no es solo una tragedia humana, sino un potenciador de la crisis ambiental global. Ante la falta de gas, varios países europeos tendrían que volver su mirada al carbón

Por: CAMILO PRIETO*

25 de febrero de 2022.   La Unión Europea importa de Rusia más del 40 % del gas que consume. De esta forma, las sanciones internacionales a Rusia, como lo son las restricciones al comercio con ese país, afectan los mercados energéticos europeos, los cuales tendrían que desplazarse a otras fuentes, como el carbón, lo cual dispararía las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hay que recordar que el consumo de gas en países como Austria y Finlandia depende prácticamente un 100 % de Rusia. En el caso de Alemania, este valor es cercano al 60 %. Alemania, además, ha bloqueado la certificación del gasoducto ruso Nord Stream II. Este proyecto busca llevar gas ruso a Alemania y al resto de la Unión Europea, y está proyectado que su alcance sea para más de 26 millones de hogares.

Sin gas natural, los países tendrían que trasladarse a fuentes fósiles como el carbón, lo que haría imposible cumplir las metas del pacto de Glasgow para el clima. Así, el conflicto en Ucrania no es solo una tragedia humana, sino un potenciador de la crisis ambiental global.

¿Qué es el gasoducto Nord Stream?

El Nord Stream es un sistema para transportar gas de Rusia a Alemania y a otros países europeos a través del mar Báltico. El sistema consta de dos gasoductos: Nord Stream I, que funciona desde 2011, y Nord Stream II, que se terminó de construir en el 2021, pero su licencia para operar estaba engavetada desde noviembre pasado y ahora está suspendida la aprobación final por parte de Alemania, debido a las acciones de Rusia en Ucrania.

Ante la falta de gas, varios países europeos tendrían que volver su mirada al carbón o tener que buscar aliados como EEUU para suplir sus necesidades de gas en un futuro próximo.

¿Qué es el pacto Glasgow por el clima?

El Pacto de Glasgow es un conjunto de decisiones, entre las que se incluye esfuerzos para aumentar la resistencia al cambio climático, frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar la financiación necesaria para ambos.

Los países reafirmaron cumplir la promesa de proporcionar 100. 000 millones de dólares anuales de los países desarrollados a los países en desarrollo. Además, acordaron trabajar para reducir la brecha entre los planes existentes de reducción de emisiones y lo que se requiere para reducirlas, de modo que el aumento de la temperatura media mundial pueda limitarse a 1,5 grados.

Como parte del paquete de decisiones, los países también completaron las normas de aplicación del Acuerdo de París en lo que respecta a los mecanismos de mercado y los enfoques no comerciales, así como a la notificación transparente de las acciones climáticas y el apoyo proporcionado o recibido, incluso por pérdidas y daños.

*Profesor de posgrados en las áreas de cambio climático y energía en la Pontificia Universidad Javeriana. Forma parte del comité asesor del Foro Nacional Ambiental; es consultor del Instituto Latinoamericano de Liderazgo en asuntos ambientales y de salud, y es el director de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano.

La ejecución del megaproyecto de Hidroituango y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se presentó en abril de 2018.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

2 de febrero de 2022.   La contingencia llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la Licencia Ambiental que le había otorgado. En el mismo acto administrativo le requirió a Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua non para reconsiderar la medida.

En efecto, dando cumplimiento a la misma se contrató a la consultora chilena Pöyry y EPM radicó su dictamen ante la ANLA, convirtiéndose para ella en una papa caliente en sus manos.

Habiendo dispuesto “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”, sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas. De modo que mientras esté vigente la susodicha Resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este año, respectivamente.

Lo más preocupante del dictamen pericial de Pöyry es que pese a que sostiene que el proyecto “es técnicamente recuperable”, revela entre sus hallazgos 5 puntos críticos, todos ellos de extrema gravedad, los cuales “pueden resultar, directa o indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas”.

Y plantea que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian.

Y entre sus conclusiones plantea que, en este escenario, para lograr tal cometido es impensable el cambio de ejecutor del proyecto, ya que ello podría acarrear un retraso adicional no menor a un año, con lo cual se estaría acrecentando el riesgo que está latente.

Pese a ello, EPM insiste en el cambio de ejecutor a partir de noviembre, cuando concluya la última prórroga al consorcio constructor y para ello se ha anunciado la apertura de una licitación. Ello iría a contrapelo de lo que recomienda Pöyry, de no cambiarlo a riesgo de un retraso mayor para su entrada en operación, tanto más en cuanto que la decisión de la Contraloría General de cerrar el proceso de responsabilidad fiscal abierto contra las empresas que integran el consorcio, varios ex gobernadores de Antioquia, ex alcaldes de Medellín, ex gerentes de EPM y las compañías aseguradoras, luego que estas resarcieran el daño patrimonial establecido por el ente fiscalizador tasado en $4,3 billones, dejó sin piso la razón aducida en su momento por el Alcalde para no prorrogarle el contrato.

Entre tanto, la autoridad ambiental dejó establecido en su Resolución que “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a Hidroituango” y será entonces cuando emitirá “un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta”, y mientras tanto el tiempo discurre sin que se vea luz al final del túnel.

Huelga decir que, de no cumplirse con el nuevo cronograma planteado por EPM para que las primeras unidades empiecen a generar energía, entraría otra vez en incumplimiento de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Como se recordará, la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada en operación de Hidroituango el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto.

Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43,1 millones, la cual hizo efectiva la operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo.

El tiempo apremia, pues además de la contingencia ahora toca lidiar con la incertidumbre que generan estos bandazos y cualquier dilación puede dar al traste con el proyecto, que podría colapsar, comprometiendo seriamente no sólo la seguridad energética del país, sino que se podría exponer a un desastre de consecuencias impredecibles.

No hay tiempo que perder, de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido y apretar el paso para acelerar la entrada en operación del proyecto y de paso conjurar el riesgo que puso de manifiesto Pöyry en su diagnóstico.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.