Categoría: Opinión

En 2020, a consecuencia de la crisis pandémica, el país tuvo una recesión que se tradujo en un decrecimiento del PIB del –6,8% y con ella se exacerbaron el desempleo y la pobreza, alcanzando niveles históricos de 15,9% y 42,5%, respectivamente. Dicho de otra manera, Colombia retrocedió el año pasado una década.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

5 de diciembre de 2021.   El presupuesto general de la Nación, siempre desfinanciado, se caracteriza por su déficit estructural, dado que mientras el gasto, que tiene una inflexibilidad que supera el 80%, ronda el 19% del PIB los ingresos corrientes de la Nación(ICN) a duras penas llegan al 15%.

El margen de maniobra del Gobierno es limitadísimo, tanto más cuanto el Congreso de la República, a guisa de ejemplo, aprobó entre 2003 y 2019 1.224 leyes, como producto de la inflación legislativa, de las cuales 566 tienen impacto fiscal, con un gasto recurrente de $23 billones.

Las partidas correspondientes a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), la correspondiente al rubro de lo que debe girársele a Colpensiones y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el servicio de la deuda absorben muy buena parte del Presupuesto.

Es muy diciente que el servicio de la deuda, con el 22,3% del presupuesto, aforado para 2022 en $350 billones, supera ampliamente el rubro de inversión, el cual participa con el 17.8%. En la medida que estas son obligaciones ineludibles e inaplazables que la Nación debe honrar año a año y el aumento inercial de un 4% anual de los gastos de funcionamiento, lo único flexible en el presupuesto es la inversión y por ello mismo es la que al final resulta sacrificada.

Ello es preocupante porque Colombia pide a gritos más inversión, sobre todo en bienes públicos, particularmente en infraestructura, para mejorar su competitividad, lastrada como está a consecuencia del gran rezago que acusa, como lo delatan los informes periódicos del Foro Económico Mundial (FEM) y del Consejo Privado de Competitividad.

Bien dijo el premio Nobel de economía Paul Krugman que la productividad no lo es todo en materia de competitividad, pero que a largo plazo lo es casi todo. Y, precisamente, como lo sostiene ANIF, “la pérdida de crecimiento potencial del 4%-4,5% hacia el 3%-3,5% ha estado relacionada con contracciones promedio de la productividad de los factores (PTF) a ritmos del –0,5% anual durante 2015–2018”.

Huelga decir que mientras la economía no crezca por encima del 3,5%, como no lo ha hecho desde 2015, no sólo no genera empleos sino que lo destruye y ello explica que después de haber alcanzado una tasa de desempleo de un solo dígito, desde 2019, antes de la pandemia, volvimos a los dos dígitos.

Y claro, al aumentar el desempleo se afecta el ingreso y ello repercute en el índice de pobreza, el cual, después de bajar durante 7 años desde el 48,8% en 2012 al 34,7% en 2018, a partir de 2019 se revirtió la tendencia. 

En 2020, a consecuencia de la crisis pandémica, tuvimos una recesión económica que se tradujo en un decrecimiento del PIB del –6,8% y con ella se exacerbaron el desempleo y la pobreza, alcanzando niveles históricos de 15,9% y 42,5%, respectivamente. Dicho de otra manera, Colombia retrocedió el año pasado una década, una década perdida.

La brecha digital 

Como secuelas de la crisis pandémica, además de ampliarse y profundizarse la brecha social, se puso de manifiesto otra brecha no menos irritante e impactante como lo es la digital.

En Colombia, según ANDESCO, para mediados de 2019 la cobertura de internet era del 52% en las áreas urbanas y de un ínfimo 7% en las zonas rurales, convirtiéndose en una barrera, insalvable en muchos casos, para la implementación de la virtualidad en el sistema educativo, especialmente en la periferia del país, acentuando de paso la disparidad entre la educación privada y pública.

Ello me ha llevado a plantear la necesidad de añadir a los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas el cierre de labrecha digital como el 18º objetivo a nivel global.

Recientemente se aprobó la Ley 2108 de 2021, la cual declara al internet como servicio público de carácter esencial, con miras a alcanzar la cobertura universal. Este es un paso en la dirección correcta.

Ojalá no se repita la historia de la Ley eléctrica 143 de 1994, que fijó un plazo de 20 años para alcanzar la cobertura universal y casi 30 años después 400 mil hogares en Colombia carecen de este otro servicio esencial.

Se impone en uno y otro caso un compromiso que trascienda los cuatrienios presidenciales, que cuente con una estrategia, con un plan de acción y, desde luego, con la apropiación de los recursos indispensables para que tan buenos propósitos no se queden escritos como letra muerta en el papel.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El Centro Regional de Estudios de Energía presenta las prioridades que debería tener Colombia en su agenda energética después de Glasgow.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ*

2 de noviembre de 2021.   Para muchos la COP26 en Glasgow fue un fracaso porque no aseguró la carbono neutralidad a 2050 que se necesitaría para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados. Para otros, hubo avances que mejoran significativamente los compromisos que se tenían.

En cualquier caso, el Gobierno de Colombia reafirmó en Glasgow su compromiso de carbono neutralidad a 2050, lo que debería determinar sus prioridades de trabajo hacia adelante y servir para dimensionar el tamaño y el tipo de esfuerzo requerido.

A continuación siete prioridades que debería tener Colombia en su agenda después de Glasgow:

1. Volver los anuncios planes concretos

La primera prioridad debe ser aterrizar los anuncios en planes concretos que den una idea clara de los esfuerzos que hay que hacer, los beneficios que se derivarán de ellos y el realismo de las metas escogidas. Esto, además, debería llevar a que los planes se construyan con el sector privado, principal responsable de las inversiones requeridas en descarbonización. 

2. Definir los mecanismos regulatorios para la transición energética

Hacer la descarbonización realidad requiere de mecanismos regulatorios concretos. El impuesto al carbono es la herramienta preferida por los economistas por sus ventajas en materia de eficiencia, pero también existen otras como mercados de emisiones, compensaciones, estándares técnicos y o medidas administrativas.

Colombia tiene un impuesto al carbono de 5 dólares por tonelada de CO2 emitida que no es consistente con los compromisos anunciados. Su ajuste a los niveles recomendados internacionalmente de 40-80 dólares por tonelada supone una discusión que es urgente dar en términos de realismo y credibilidad.

Lo mismo sucede con la base del impuesto donde hoy no se incluyen todos los fósiles y se excluyen los sectores responsables de dos terceras partes de las emisiones como residuos y agricultura.

Para los demás mecanismos regulatorios hay que dar discusiones similares.

3. Prepararse para la electrificación de la economía

Análisis de escenarios de futuro energético que ha hecho el CREE muestran una necesidad de electrificación de la economía que aumenta con el grado de ambición climática.

Descarbonizar la generación de electricidad es el primer paso para facilitar la descarbonización del resto de la economía. Pero el esfuerzo no es sólo de la oferta; la demanda también debe hacer inversiones para electrificar los procesos de producción que sean electrificables y elevar la eficiencia en el consumo de energía.

Esto requiere financiación, planes de trabajo con los consumidores —sobre todo los más vulnerables en industria, transporte y hogares— y un enorme esfuerzo para asegurar los permisos y licencias que han dificultado la expansión solar y eólica, sin dejar de lado el trabajo para garantizar la confiabilidad en el suministro dada la intermitencia de las energías de bajas emisiones. 

4. Mecanismos para la adopción acelerada de nuevas tecnologías

La transición energética es ante todo un cambio que se da a partir de la adopción de nuevas tecnologías de producción y consumo. La última década nos ha mostrado la capacidad que tienen los costos de producción de caer ante la innovación en los procesos de manufactura y los efectos de las economías de escala.

Ello es especialmente notorio en el caso de los paneles solares, pero también se ha dado en la generación eólica o en las baterías, con caídas que superan el 90%. Es de esperar que el hidrógeno siga un desarrollo similar en los próximos 10-15 años, lo mismo que la capacidad de almacenamiento de las baterías.

La gran ventaja de estas caídas es que reducen los costos del cambio y facilitan su adopción. No obstante, caídas en costos no significa que automáticamente puedan adoptarse en Colombia.

Hay que trabajar en tener las condiciones de inversión, los marcos regulatorios, el capital humano y los servicios de soporte requeridos. Es una oportunidad de oro para hacer un esfuerzo en ciencia, tecnología e innovación local que apalanque su adopción con programas piloto y desarrollos propios.

5. Asegurar la financiación para la transición energética

La magnitud del cambio requerido en la transición energética es tal que se requiere un esfuerzo similar en materia de inversión. Comparada con la inversión hecha en los últimos 5 años, los recursos de inversión en energía limpia que se necesitarían entre 2026-2030 es del doble para cumplir con los compromisos ya hechos y el cuádruple para la carbono neutralidad en 2050.

Cifras de tal magnitud suponen un esfuerzo muy grande tanto del sector privado como de los gobiernos. La Agencia Internacional de Energía estima que el 70% de esta inversión debe venir de fuentes privadas, lo que deja cerca de una tercera parte en manos de los gobiernos que deben, entre otras cosas, asegurar los recursos para mitigar los costos de la transición en países en desarrollo y que hasta ahora han incumplido desde la firma del acuerdo de París.

Cabe anotar que aunque los reflectores están puestos en la financiación de las energías limpias, también va a necesitarse una financiación significativa en fósiles. Esto es especialmente problemático porque las fuentes de financiamiento están alejándose del carbón y los hidrocarburos, pero es imposible, sin la adecuada financiación, sostener la producción de energía de estas fuentes en los niveles requeridos para la transición.

6. Establecer la ruta para la transición fiscal

Colombia tiene una enorme deuda social por atender. No sólo más de la cuarta parte de la población vive en condiciones de pobreza, sino que tiene una de las 15 peores distribuciones del ingreso en el mundo. Solucionarlo requiere cuantiosas inversiones públicas en educación, salud e infraestructura, que dependen de la financiación disponible.

Los fósiles son los sectores que más tributan en Colombia por unidad de producto. Por cada peso de aporte fiscal que hacen los hidrocarburos, el resto de sectores económicos —con excepción de los minerales metálicos— aporta menos de 40 centavos.

Una transición energética que marchite los fósiles sin sustituir los ingresos fiscales que generan nos condenarían a desatender muchas de las necesidades más apremiantes de desarrollo.

7. Establecer planes de apoyo para los afectados

Con la transición energética habrá grupos específicos que van a verse significativamente afectados. Fundamentalmente aquellos que derivan su sustento de los sectores que van a marchitarse con la descarbonización y que deben entonces encontrar nuevas fuentes de ingreso. Muchos tienen una vulnerabilidad económica que, en ausencia de planes específicos de apoyo, va a hacerles muy difícil la transición productiva.

Un ejemplo son los productores de carbón del interior del país, que son el centro de la vida económica en decenas de municipios. Los datos muestran como sus ingresos están muy por encima de trabajos comparables en zonas rurales, que es donde se desarrolla su actividad.

Pero no es sólo un tema de ingresos: quienes trabajan en el sector carbón son más propensos a tener contratos escritos a termino indefinido y a incluir prestaciones. Es empleo de mayor calidad.

No tener planes de transición productiva realistas para pequeños productores, microempresarios y todos aquellos que le proveen bienes y servicios a los sectores que van a ir desapareciendo es una receta para el fracaso y para hacer mucho más difícil la descarbonización.

8. Incorporar las preferencias de los electores

Los últimos meses han visto una escalada en los precios de la energía en varias partes del mundo. Esto ha disparado las alarmas de los gobiernos a tomar medidas de emergencia, algunas inútiles o peligrosas para el adecuado funcionamiento de los mercados.

En Estados Unidos, el presidente Biden, líder en la lucha global contra el cambio climático, va liberar reservas estratégicas de crudo y a pedirle a la OPEC que aumente la producción de petróleo para aliviar los altos precios que enfrentan sus gobernados en las estaciones de servicio.

En Europa, donde los problemas de suministro de gas y poco viento para la generación eólica tienen los precios de la electricidad en máximos históricos, el gobierno socialista de España, abanderado también de lucha contra el calentamiento global, les ha puesto techo a los precios, quitado los impuestos y aumentado los cupos de emisiones para energía menos limpia.

Estos ejemplos reflejan la sensibilidad de los votantes a los  precios de la energía y el temor de los gobernantes a las protestas, el descontento y la pérdida de gobernabilidad. Son episodios que deben servir de alerta en Colombia.

Si no se pone la confiabilidad y una relativa estabilidad de precios en el centro de la transición, la agenda de descarbonización va a ser más difícil de sacar adelante y puede terminar en las garras del populismo.

*Director del CREE

En días pasados, en una entrevista para el diario El Tiempo, el senador y aspirante a la Presidencia Gustavo Petro afirmó sin titubear que de llegar a la Casa de Nariño, la primera decisión que tomará “es el cese de la contratación de exploración petrolera”.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

29 de noviembre de 2021.   La afirmación suscitó una gran controversia en el país. Y no es para menos, habida consideración que, si bien Colombia no puede calificarse como un país petrolero, dada la precariedad de sus reservas y el modesto volumen de su producción y por ello mismo irrelevante en el mercado internacional del crudo, con una participación del 0.75% de la oferta mundial, su economía depende del petróleo.

El sector de los hidrocarburos contribuye con el 5% del PIB, por décadas ha sido el primer renglón de exportación y por ende el mayor generador de divisas, no sólo por concepto de las exportaciones sino también por la vía de la inversión extranjera directa (IED), toda vez que el sector petrolero es receptor del 27% de la misma.

Además, en la última década el petróleo ha representado el 40% de las exportaciones totales, al tiempo que ha contribuido con un promedio de $18 billones anuales en pago de impuestos y dividendos al fisco nacional y $6 billones adicionales, por concepto de regalías a las entidades territoriales. 

Como es apenas obvio, si se frena la exploración se aleja la posibilidad de nuevos hallazgos que permitan reponer los volúmenes de petróleo extraídos y detenga la caída de la producción desde el millón de barriles/día en 2013 a sólo 750.000 actualmente, concomitantemente con la declinación de las reservas, la cuales sólo alcanzan para 5,3 años de autoabastecimiento.

Según el senador Petro, “hay doce años hacia delante, 2034, donde está previsto que nuestras reservas aguanten”. Ello sólo sería posible si el país deja de exportar y limita su producción sólo para abastecer el consumo doméstico. Ello agravaría aún más la aterradora perspectiva planteada por el Banco de la República en su reciente Informe de Política Monetaria, según la cual “se espera una expansión del déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos al 5,3% del PIB”.

Ello precipitaría, además, una hiperdevaluación del peso, una inflación galopante, agravaría el déficit fiscal y dispararía la deuda pública, lo cual conduciría a la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana con todas sus consecuencias. Este sería un escenario catastrófico para el país, que vería aún más ralentizado su crecimiento del PIB, lo cual repercutiría en un agravamiento del desempleo y la pobreza, sobre todo en aquellas regiones en donde opera la actividad petrolera.

Coincidimos con el senador Petro en que “hay que hacer una transición hacia las energías limpias. Si no lo hacemos, será una tragedia en términos sociales” y añadiría yo, ambientales. De ello estamos advertidos, dado que luego del Acuerdo de París (COP21/2015), las fuentes primarias de energía de origen fósil, sobre todo el carbón y el petróleo, quedaron en el lugar equivocado de la historia. Su suerte está echada.  Como lo afirma la ex secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Christiana Figueres, llegó la hora de reconocer que ellas tuvieron su momento de sol “pero hoy están en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarles alternativas rápidas ya”.

Y la prudencia aconseja, como lo plantea el mismo Petro “una transición tranquila”, sin sobresaltos ni traumatismos como los que se derivarían de una decisión tomada en volandas, como la anunciada por él, pues ello sería un salto al vacío. Citando al poeta Machado, digamos “despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”.

La propia Agencia Internacional de Energía (AIE), a pesar de estar alineada con el Acuerdo de Paris, advierte que solo hacia el año 2030 se empezará a aplanar la curva de la demanda de petróleo.

Es decir, nos va a tocar convivir por otro largo rato con el petróleo y sus derivados y el crudo que eventualmente deje de producir Colombia lo producirán otros países, desde donde tendríamos que importarlo para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Estas demandan diariamente 360 mil barriles para su refinación y producir los combustibles que consume el parque automotor y su importación le costaría al país US $16.000 millones, una cifra similar a la que el país dejaría de recibir si pasa de ser exportador a importador de crudo. Y cabe preguntarse de dónde habrán de salir.

Lo que el senador Petro plantea como punto de partida debe ser la meta a alcanzar, no se puede llegar a la tarde si pasar por el medio día. Lo primero es lo primero y la primera prioridad como política de Estado es la seguridad energética, como se ha puesto de manifiesto a raíz de la crisis energética que afrontan Europa y Asia.

No podemos renunciar prematuramente al petróleo, pues este es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pues peor que depender del petróleo es depender de sus importaciones.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Con éxito culminó la IV Cumbre de Petróleos y Gas, organizada por el Comité Gremial Petrolero integrado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP) la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET).

Por: LUIS GUILLERMO ACOSTA*

23 de noviembre de 2021.   La reactivación socioeconómica es un compromiso nacional que nos atañe a todos, en especial al sector de hidrocarburos, el cual atraviesa importantes momentos.

El mundo actual exige así mismo un compromiso alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en toda su definición: humana, ambiental y económica. 

El cambio climático es una preocupación a nivel mundial, no obstante, debemos ser muy cautos para que las políticas de control climático no atenten de forma más negativa contra los países y sus habitantes que el mismo cambio climático en sí.

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son en gran medida los causantes del cambio climático y el CO2 es responsable en un 20% de los GEI.  Colombia produce 290M Teq anuales de CO2, de este monto el 30% proviene del sector energético, el otro 70% proviene de otros sectores como la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos del suelo.

Existe una correlación clara entre crecimiento económico, consumo de energía primaria y aumento de emisiones C02. En la medida que Colombia continúe su desarrollo económico es de esperar que aumente el consumo de energía primaria y aumenten las emisiones. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (EIA), Colombia produce el 0,25% de emisiones de energía primaria en el mundo, con 0,6% de la población mundial. Así que, reducir este monto a la mitad, como muchos proclaman, poco podría mover la aguja de este KPI global, pero sí restringiría sustancialmente la capacidad del país de crecer y desarrollarse. 

No obstante, es una gran preocupación y de alta prioridad del sector de hidrocarburos disminuir significativamente las emisiones de CO2 (hasta neutralizarlas en un futuro) y se están haciendo grandes esfuerzos para hacerlo. Sin embargo, esto es solamente una parte de la ecuación.

Estamos en una transición energética, que significa una transformación a largo plazo de las fuentes de energía primarias de un país. Esta transición es específica para cada país dependiendo de su matriz de generación eléctrica, su canasta energética primaria y su economía en general.

En ese sentido, la tecnología es una gran aliada para apalancar el trayecto por la transición específica de cada país. Un par de ejemplos de la industria son la inyección y el almacenamiento de CO2 en el subsuelo para la generación de energía geotérmica, y la inyección de CO2 en los yacimientos para el incremento de recobro de reservas, que representa hasta un 22% adicional. 

Las tecnologías exponenciales, que permiten el cambio a una velocidad acelerada como la inteligencia artificial, van a coincidir sinérgicamente para solucionar muchos de los problemas y retos de hoy, incluyendo la transición energética, de la cual somos protagonistas de primera línea. 

De Elon Musk podemos aprender la aproximación de los principios fundamentales para solucionar cualquier problema. Básicamente, desintegrar los problemas en sus componentes primarios, identificar la causa raíz de los mismos y solucionarlos, esta aproximación fue aplicada a la compañía de cohetes Space-X, pionera en la utilización múltiple de cohetes al espacio. 

Nuestros profesionales deben ser más holísticos y entender la intersección de las actuales tecnologías de punta y cómo aplicarlas a los diversos retos que tiene el sector hoy.

Protagonistas de la transición energética

Los hidrocarburos representan el 75% de la canasta energética primaria del país y será el patrocinador en gran medida de las energías renovables no convencionales (diferente a energía renovable por generación hidráulica), como lo son la solar y la eólica.

La industria de hidrocarburos ha sido y será un pilar fundamental de la economía del país. Somos un país con importantes recursos en materia de carbón, petróleo y gas. Solo el sector de hidrocarburos representa aproximadamente el 5% del PIB, el 37% de las exportaciones, más del 23% de inversión extranjera y el 14% de ingresos corrientes de la Nación. Lo anterior es muestra de que el sector de hidrocarburos es clave para financiar la inversión social del país.

En Colombia debemos comunicar a la opinión pública en forma clara y contundente cuál ha sido el aporte de la industria de hidrocarburos al país, y cuál es la importancia de la misma para combatir la pobreza y lograr un mejor futuro para los colombianos. 

La riqueza del subsuelo combate la pobreza del suelo. De ahí la importancia de garantizar nuevas fuentes de reservas y producción, e infraestructura para la industria nacional: más exploración, campos de gas y petróleo costa afuera, yacimientos no convencionales y una red moderna y eficiente de gasoductos en doble vía.

El presidente de la República explicó que el sector de los hidrocarburos es un vital generador de divisas para impulsar los procesos de desarrollo económico y social del país, así como la petroquímica que se deriva de esa actividad. 

“A veces no se le explica al ciudadano para qué la petroquímica. Poder alimentar 9.000 millones de habitantes en el mundo es imposible sin petroquímica, porque todos los esquemas de producción de fertilizantes y muchos derivados de la petroquímica son esenciales para aumentar la productividad por hectárea global” indicó el mandatario.

Por lo tanto, el sector de hidrocarburos, fuera de estar presente por mucho tiempo como protagonista de la transición energética, lo estará por mucho tiempo más pues hasta el momento no hay sustitutos para los productos petroquímicos que se originan a partir de los hidrocarburos.

Es claro que el país está viviendo un momento histórico en su democracia y que todos los colombianos nos tenemos que unir para combatir corrientes políticas que afectan la sostenibilidad de la Nación. En ese sentido, nuestro deber como colombianos es informarnos y concientizarnos de la importancia del sector energético y no dejarnos arrastrar por declaraciones populistas, que pueden causar un daño irreparable a la economía nacional y a todo el país. 

Este gran perjuicio al sector no es algo que se pueda reparar tan sencillo como encender o apagar un dispositivo eléctrico con un botón. Una vez golpeada la industria de esta manera, sería un daño casi irreversible para el país y este tardaría muchísimos años estancado en su desarrollo para salir a flote. 

Integrémonos e informémonos para sacar adelante al país, estamos en un momento histórico en la democracia colombiana.*Director Ejecutivo de Acipet

Colombia afronta una sumatoria de crisis no resueltas, las cuales la han conducido a una gran encrucijada, sin que se alcance a otear en el inmediato futuro una buena salida.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

22 de noviembre de 2021.   Indudablemente, la peor de todas las crisis que atraviesa Colombia, porque agrava las demás: la económica, la social y la ambiental, entre otras, es la crisis de confianza, porque cuando esta se pierde se pone en riesgo la gobernabilidad y cuando esta se complica tambalea la legitimidad de las instituciones.

A este punto hemos llegado por cuenta de la procastinación por parte de los sucesivos gobiernos debido a que como dijera Miguel Abadía Méndez “los problemas viejos no se resuelven y los nuevos los dejan envejecer”, presumiendo y dando por sentado que la estabilidad de la democracia y de las instituciones que la sustentan permanecerán incólumes, a pesar de la desidia y la inacción. Cuando la realidad es que los problemas que no se resuelven se agravan y se tornan crónicos.

El gran juisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen de la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno. Es claro, además, que el ejercicio de la ciudadanía no termina con el voto.

Y qué importante es la confianza para el desarrollo económico y social de un país. Entre los estragos de la pérdida de la confianza están la pérdida de la reputación y de la confianza inversionista, las cuales alejan y ahuyentan a la inversión y a los inversionistas y conducen al fracaso. Ello llevó a afirmar al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “la inversión en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Velar, entonces, por su preservación y conservación resultan ser un asunto de la mayor relevancia.

Por ello, resulta preocupante que el empeoramiento de la situación social del país a consecuencia de la crisis pandémica ha impactado y de qué manera la percepción que tienen los ciudadanos frente al Gobierno, llevándose de calle a las propias instituciones a las cuales sirve.

Es así cómo, según el más reciente informe de la OCDE, Colombia al lado de Chile, hacen parte del grupo de países en los cuales los ciudadanos más dudan y ponen en tela de juicio a sus gobiernos. En Colombia, particularmente, cayó la confianza frente al Gobierno entre el 2007 y el 2020 del 51% al 37%.

Y este escepticismo frente al Gobierno se extiende a las empresas, a los medios de comunicación y hasta las ONG. Es más, el Observatorio de la Democracia de la Uniandes encontró que el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el 2020 alcanzó el nivel más bajo en décadas, 18%. Concluye, además, que la confianza ciudadana en todas las instituciones, incluidas las más reputadas en el pasado, está por el piso.

De acuerdo con los resultados de la encuesta virtual en la cual participaron 33 mil personas adelantada recientemente por el Barómetro Edelman Trust de la agencia global de comunicaciones Edelman, la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones se consolidó este año. Según la misma encuesta, Colombia es el cuarto país que más desconfía de su gobierno entre 27 evaluados. Ello es preocupante.

El ex codirector del Banco de la República y rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, lo advirtió con mucha antelación con la crisis pandémica y sus devastadores efectos, sobre todo entre los más vulnerables: “la pérdida de estatus que sufrirán millones de personas puede derivar en un resentimiento creciente”. Dicho y hecho. En el segundo semestre de 2019, antes del advenimiento de la COVID–19 se presentaron los primeros brotes de descontento e inconformidad, traslapados y postergados por la pandemia.

Y, aunque el mayor catalizador de la protesta tiene que ver con demandas, sobre todo por parte de los jóvenes, por empleo, acceso a la salud y a la educación, y por una renta básica para los más vulnerables, entre otras reivindicaciones, a través de ella se está interpelando y cuestionando el Modelo económico de corte neoliberal incapaz de dar respuesta a sus anhelos represados. Stiglitz, refiriéndose a las movilizaciones sociales de Chile y Colombia en 2019 dijo que “la sorpresa fue que el malestar tardara tanto en manifestarse”.

Sobre ello llama la atención el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Diego Guevara, al advertir que “es hora de romper la ilusión de un exitoso mundo macroeconómico antes de la pandemia, ya que continuar con los discursos de austeridad, estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal sólo perpetuará un escenario que ha sido favorable para una porción muy pequeña de colombianos. Debemos apostar por un cambio importante en el que se mantenga una política fiscal fuerte y activa, orientada a la política monetaria con el mismo fin: creación de empleo, mejor distribución y estabilidad de precios”. Como dijo Keynes, “no se debe desaprovechar una buena crisis”. Esta crisis es la oportunidad para replantear el Modelo económico.

Un estudio adelantado por Econometría, apoyándose en la tesis que le mereció el premio Nobel de Economía al psicólogo y matemático Daniel Kahneman sobre la teoría económica del comportamiento, concluyó que “es más fácil cambiar el statu quo en tiempos de crisis que en tiempos normales. En crisis, los afectados están dispuestos a hacer cambios que serían impensables en condiciones normales, cuando prefieren mantenerse en su zona de confort.”

Crecimiento sostenible y sostenibilidad del crecimiento, incluyente, además, debe ser el paradigma de la nueva normalidad, la cual deberá encausarse hacia el denominado capitalismo progresista que viene proponiendo Stiglitz como alternativa al fracasado  Consenso de Washington.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

A la encrucijada de China, que está afectando y de qué manera la cadena de suministros a nivel mundial, que es de por si motivo de gran preocupación, se viene a sumar un alza sincronizada de los precios de todas las materias primas en los mercados internacionales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

13 de noviembre de 2021.   Mientras el petróleo ha tenido un incremento del 70% en los últimos doce meses, el gas natual ha experimentado un alza del 300%.

El aumento del precio del crudo es atribuible a múltiples causas, pero se debe especialmente a la decisión de la OPEP+ de incrementar su oferta a cuenta gotas, en un momento en el que el repunte de la economía más lo demanda. A ello se ha venido a sumar el cuello de botella que afronta la infraestructura petrolera de los EEUU, así como la caída de sus inventarios.

Por su parte, el aumento de los precios del gas natural obedece a una baja en la producción, en parte debido a la caída de las reservas, a conflictos geoestratégicos, en los que Rusia tiene un papel protagónico y a una mayor demanda de Asia.

Y las perspectivas de precios para estos dos hidrocarburos no son alentadoras, habida cuenta de la proximidad del invierno en los países desarrollados. Quien a esta hora debe estarse frotando las manos de la dicha es Vladimir Putin, pues Rusia le está sacando provecho por partida doble en este escenario de mercados caóticos y de aumento vertiginoso de los precios del petróleo y del gas natural.

Podríamos concluir con el director ejecutivo del Comité del Acero de la ANDI, David Barrios, quien refiriéndose al mercado del acero hizo una aseveración que se puede hacer extensiva a los productos básicos afirmó que “hay una relación inversa en lo que es la producción e inventarios, de tal manera que no hay suficiente producto que permita satisfacer la demanda global y local”.

Para terminar de configurar la tormenta perfecta, resulta que, a consecuencia de la pandemia y la recesión económica que provocó, los grandes puertos chinos se vieron atiborrados de contenedores y no hay suficientes buques disponibles para acelerar el transporte con destino a Europa y EEUU. A consecuencia de este atasco los fletes marítimos se han incrementado en más del 500%.

Es en la Unión Europea donde primero y con mayor fuerza se están sintiendo estos sobresaltos, los cuales terminarán por afectar también a los Estados Unidos y a Latinoamérica, amenazando con una hiperinflación global y con la ralentización de la reactivación económica.

A Europa, particularmente, la sorprende en medio de un estrés energético sin antecedentes recientes, con alzas inusitadas en los precios de la energía. Ello en razón a que han tenido que apelar, muy a su pesar, a la generación con carbón y gas, los cuales acusan precios elevados.

De hecho, los precios de la energía en el mercado mayorista en España, por ejemplo, se han duplicado en lo que va corrido del 2021. *Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE

Colombia no solo ha avanzado en la estructuración del marco regulatorio para el impulso de las energías renovables; en el terreno práctico se ha podido constatar el efecto de las medidas adoptadas.

Por: ÁLVARO JOSUÉ YÁÑEZ*

8 de noviembre de 2021.   En el caso particular de la generación de energía eléctrica, Colombia ha enfocado su estrategia en la diversificación de su matriz energética impulsando las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), en particular los proyectos solares y eólicos, y más recientemente, con el lanzamiento de la ruta del hidrógeno, busca promover proyectos de hidrógeno verde en el país.

Colombia tiene una ventaja comparativa respecto de otros países: su matriz de generación eléctrica es mayoritariamente limpia, pues se basa en hidroeléctricas. Eso hace que la presión por la transición sea menor que la que experimentan países cuya generación tiene la carga de ser altamente contaminante.

Colombia no solo ha avanzado en la estructuración del marco regulatorio para el impulso de las energías renovables. En el terreno práctico se ha podido constatar el efecto de las medidas adoptadas. Así, por ejemplo, se pasó de 1MW de capacidad solar instalada en 2015 a 225 MW finalizando el 2020, gracias a la adopción de medidas e incentivos tributarios para este tipo de proyectos, que se reiteraron y ampliaron en la Ley de Transición Energética.

Adicionalmente, Colombia cuenta con la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), la cual ha sido definida como una herramienta de política pública creada para la gestión del cambio climático, con un enfoque sectorial y territorial que permita incorporar dicha gestión en las decisiones públicas y privadas. Bajo dicha política se articulan otras estrategias en las que el país ya venía trabajando, tales como el Plan Nacional de Adaptación, la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques y la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono.

Los objetivos trazados por el Gobierno Nacional para el 2030 son muy ambiciosos, particularmente en lo que tiene que ver con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y deforestación, pero al mismo tiempo, con una adecuada planificación y, sobre todo, una prudente ejecución, parecerían metas alcanzables.

En ese sentido, lo importante no es solamente llegar a la meta trazada, sino escoger de manera adecuada y ordenada el camino para llegar a dicha meta, entendiendo que la manera en que se emprenda la transición energética puede tener -y tendrá- efectos importantes en la economía, y que estos efectos pueden ser positivos o negativos dependiendo de la manera en que dicha transición se ejecute.

Uno de los mayores retos en toda transición es tener siempre presente que la forma en la cual se adelante puede tener alto impacto sobre la economía del país, y particularmente sobre el bolsillo del ciudadano. La actual situación en España es un ejemplo ilustrativo. Se trata de generar de manera limpia, pero también de manera económicamente eficiente.

* Socio en CMS Rodríguez-Azuero.

Los usuarios de energía de Colombia han sido pacientes, han aguardado con entereza el cumplimiento de una serie de anhelos que hoy se perciben como promesas por (in)cumplir.

Por: SANDRA FONSECA*

8 de noviembre de 2021.   Entre las promesas por (in)cumplir, están: energía competitiva, proyectos de generación oportunos y económicos, líneas de transmisión que entren en fechas programadas, más energía en competencia y menos generación de seguridad, con un portafolio de recursos y tecnologías sostenible y sustentable, con la hoy más importante e icónica obra de infraestructura que nos tiene en vilo: Hidroituango.

Todos hemos profundizado en estos días en la importancia, relevancia, impacto y esperanza que representa Hidroituango como generación eléctrica. Resaltando que, como proyecto de ingeniería y de obra civil, es monumental y con un avance y un progreso irreductible; pero con básicamente poco adelanto en la producción de energía, sin poder, aún, usar el agua acaudalada en esta gran presa. Con una larga historia de promesas inconclusas, con asignaciones de confiabilidad tanto en 2008 como en 2012 y en 2019.

Vale la pena aclarar que los estudios del proyecto iniciaron desde 1974 y no fue hasta 2009 que se le otorgó la licencia ambiental, hoy suspendida, para empezar la construcción en 2010. Promesa ideal: se preveía que en el 2018 iniciaría operaciones, pues se esperaba funcionaran 300 MW en ese año y en el 2019 otros 900 MW, para un total de 1.200 MW es decir el 50% de Hidroituango.

La segunda fase, los otros 1.200 MW, entrarían divididos, a su vez, en una primera mitad en el 2021 y los restantes 600 MW en el 2022. Al no poder cumplir esto -una primera promesa rota-, en abril de 2018 se presentó un evento desafortunado que desembocó en una difícil decisión, se inundó la casa de máquinas y se aplazó su operación dejando el corazón energético herido.

Consecuentemente, esto ocasionó que se aplicaran en 2019 las garantías del Cargo por Confiabilidad que respalda a los usuarios, tal como se ejecutó para otra planta de EPM en 2011. Una garantía que alivió al usuario en un menor valor de restricciones en la tarifa, pero que dejó a la demanda con la incertidumbre y un mayor precio en el mercado. En su momento otras plantas también se habían descartado: Termocol, Porce IV y Miel II.

El Gobierno reaccionó y asignó una nueva subasta de confiabilidad en 2019 para reemplazar a Hidroituango, entre otros, con otra parte de Hidroituango, dos plantas a gas, y una hidroeléctrica -ya hoy desechadas por incumplimiento-, todas con la expectativa de entrar en diciembre de 2022.

De la misma manera, empezó la contratación de largo plazo de las renovables (Fernc) para entrada teórica en enero de 2022, pero con dos años de plazo de gracia. En este marco es llamativo, por decir lo menos, que el Plan de Expansión de la UPME contemple escenarios con solo 50% de Hidroituango, promesa a la mitad.

Hasta ahora, si un proyecto acumulaba más de un año de retraso reportado por un auditor, se ejecutaban las garantías que reducen la tarifa al usuario y disparan las acciones para reemplazar la energía firme del mismo. Sin embargo, en 2021 se modificó la regla y si un proyecto tiene un avance de más de 80%, evita esta secuencia. ¿Salvavidas o promesa aplazada?

Si por alguna razón Hidroituango se aplazara otro año -motivos sobran, como lo vemos a diario en las noticias- puede que la demanda reciba nuevamente un alivio temporal por efecto de los recursos de la garantía, y se evidencie, indefectiblemente, que debe reemplazarse nuevamente la energía respaldada, pues por su lado la energía del proyecto tarde o temprano entrará.

O puede, simplemente, que le den más tiempo, y las tarifas suban cándidamente porque la energía a utilizar en este escenario es llanamente más costosa. ¿Promesa rota o promesa dilatada?

Resultado para la demanda: incertidumbre, mayores tarifas, menores alivios, información segmentada y mayor riesgo. Promesas por cumplir ¿pero, por quién?

Se viene incubando una crisis energética global de grandes proporciones, la cual tiene como trasfondo la emergencia climática. Esta se originó en el exacerbamiento y las mayores concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, siendo el principal de ellos el dióxido de carbono (CO₂), aumentando la probabilidad de que se desaten fenómenos metereológicos extremos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

6 de noviembre de 2021.   Como es bien sabido, la principal fuente emisora de GEI son las energías de origen fósil provenientes especialmente del carbón, el petróleo y el gas natural, las cuales participan con el 80% de la matriz energética global. Se destaca la generación de electricidad, con el 21,3% de las emisiones como la mayor responsable de las emisiones.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las emisiones de GEI provenientes de las centrales de generación de energía eléctrica fogueadas con carbón representan el 41% de la totalidad de las emisiones del sector eléctrico. Por eso, el Instituto Climate Analytics de Alemania plantea que dichas plantas generadoras “deben desaparecer de aquí a un par de décadas”. Ello significaría cerrar dos centrales de generación a carbón cada tres semanas en la Unión Europea o una por semana en China.

Hoy por hoy, China, con el 53%, tiene la mayor participación en el mundo de generación eléctrica a partir del carbón y paradójicamente es, a la vez, el mayor fabricante del mundo de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, así como el mayor mercado para los mismos. No es de extrañar, entonces, que China sea el principal consumidor de carbón térmico del mundo.

Y, aunque el 90% de su aprovisionamiento de este mineral es local, debido a una serie de medidas del gobierno que preside Xi Jinping, su extracción ha mermado y los inventarios resultan insuficientes para satisfacer la demanda.

En efecto, China está ante una gran encrucijada: una gran demanda de energía, al tiempo que las restricciones medioambientales afectan la producción de carbón y el consumo del mismo, para cumplir con la meta de descarbonización, alineada con el Acuerdo de París. Son señales de un conflicto no resuelto.

Según analistas de Morgan Stanley, “el bajo inventario de los productores independientes de energía ha impulsado rápidamente la demanda de almacenamiento de carbón, lo que ha provocado picos de precios del mineral en un período estacionalmente débil”.

Cabe destacar que en seis de los más importantes grupos generadores de electricidad chinos sus inventarios han bajado un 31,5% respecto al 2020, que fue un año atípico por la pandemia, y se encuentran en niveles que no se habían registrado desde 2017.

Es tal el desespero que, según el Consejo de Electricidad de China, las empresas están dispuestas a comprar el carbón que requieren con urgencia a “cualquier precio, para garantizar la calefacción y la generación de energía en invierno”. En efecto, la presión de la demanda ha empujado los precios del carbón térmico a alzas que superan el 300%, cotizándose hasta los US $166 la tonelada.

Ello ocurre en momentos en los que la economía china salía del letargo provocado por la pandemia y el ritmo de su crecimiento en el primer semestre de 2021 registró el 12,7%. La incapacidad de satisfacer la demanda de energía amenaza con dar al traste con la reactivación de su economía, expuesta a cortes de suministro y racionamiento del servicio de energía.

Y no hay que olvidar que China, pese a los recientes avatares y desencuentros con la administración Trump y su nacionalismo ultramontano, sigue siendo la fábrica del mundo.

De modo que el impacto de esta perlesía de la actividad fabril está repercutiendo en el resto del mundo, empezando por la Unión Europea, que es donde primero se ha sentido la disparada de los precios internacionales del acero, superior al 75%, y el aluminio, así como la cerámica, el vidrio y el cemento.

Con la relocalización de muchas de sus empresas en China, la economía de la Unión Europea depende en gran medida del gigante asiático, al punto de convertirse en la locomotora que jalona su crecimiento.

Muchas partes, componentes, circuitos integrados y microchips, de los cuales se surten empresas europeas y estadounidenses, son producidos en China, de modo que la parálisis a la que están expuestas sus factorías afectan la cadena de suministros, especialmente de las empresas tecnológicas, repercutiendo además en sus costos y precios de mercado.

Es patético el caso de la industria automotriz europea. Marcas tan emblemáticas como la Volvo sueca o la BMW alemana son fabricadas exclusivamente en China. Sólo el 3% de los autos que circulan en Europa se fabrican en el viejo continente y actualmente importan desde China 50.000 vehículos al año.

Al fin y al cabo, China sigue siendo la gran fábrica del mundo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Para los expertos, una de las claves para mitigar el riesgo en Colombia, estaría en definir las reglas para que los inversionistas se sientan seguros.

Por: ÁLVARO JOSUÉ YÁÑEZ*

3 de noviembre de 2021.   Durante los últimos cinco años, en Colombia el gas natural se ha vuelto un tema central dentro de los debates energéticos, muchos de ellos enfocados en la preocupación de decenas de expertos que aseguran que el país pronto entrará en una crisis de autosuficiencia que impactaría directamente en el bolsillo de los colombianos.

Colombia, por ahora, es capaz de producir gas para su consumo, de ahí la importancia de implementar medidas que, en lo posible, le garanticen su autoabastecimiento; de lo contrario, si el país se ve obligado a importar el combustible, muy probablemente el precio que pagan los hogares por la molécula aumentaría, eso sin mencionar que, de llegar al desabastecimiento, sería necesario recurrir a otras fuentes de energía potencialmente más costosas.

Siendo éste un combustible de uso cotidiano de millones de colombianos, lo que suceda con su disponibilidad afectaría directamente la economía de cada uno de los hogares.

Esta situación no es reciente, las proyecciones de consumo de gas natural en Colombia siempre han sido más agresivas que los niveles de exploración y explotación del hidrocarburo, y en el ambiente del sector siempre ha estado latente la amenaza de la pérdida de autosuficiencia.

La crisis de los precios de los hidrocarburos de 2015 y 2016 afectó de manera importante el ritmo de celebración de contratos y de actividades exploratorias en el país; y a pesar de que el precio se ha recuperado, esa recuperación no se ha trasladado automáticamente a la exploración.

Además, si a eso se le suma la incertidumbre de los inversionistas frente a la posibilidad de desarrollar yacimientos no convencionales, el futuro del sector parece bastante retador.

Sin embargo, esta situación no es específicamente un problema colombiano: muchos países en Europa son dependientes de la producción de gas de otras partes del mundo, es decir, son importadores netos, de modo que la alta demanda ha provocado un aumento exacerbado de los precios. Asia está demandando mucho más gas que el que normalmente consumía y países como Brasil están usando su producción para generar la energía faltante por el bajo nivel de las hidroeléctricas, producto de una sequía.

Una forma de mitigar el riesgo de desabastecimiento en Colombia sería garantizar condiciones estables para la inversión, esto es, rebajar el nivel de incertidumbre a través de reglas de juego claras y estables, y una posición coherente del país respecto de la explotación de los recursos naturales; en otras palabras, no caer en el error de promover rondas para atraer inversionistas quienes, luego de entrar al país, se encuentran día a día con nuevas trabas y requisitos, e incluso con posiciones contradictorias entre distintas agencias del mismo gobierno.

No hay forma de aumentar las reservas de gas de un país sin invertir en exploración y Colombia tradicionalmente ha tenido un juego de reglas relativamente claras y estables, pero últimamente esto se ha visto amenazado por ciertos pronunciamientos de políticos en campaña y por cierto activismo judicial, no siempre fiel al contenido de las normas.

El 2022 será un año clave para el país y se espera que Colombia decida si va a permitir o no la explotación de yacimientos no convencionales, así como nuevos lineamientos para garantizar mayor transparencia y celeridad a los trámites asociados a este tipo de proyectos, en particular en lo que tiene que ver con licenciamiento ambiental y relación con las comunidades.

La exploración de prospectos hasta llegar a descubrimientos de nuevos yacimientos no se hace de la noche a la mañana, por esto es necesario que de manera inmediata se envíen las señales adecuadas a los mercados y a los inversionistas, que permitan atraer capitales que a su vez viabilicen nuevos proyectos.

*Socio de CMS Rodríguez–Azuero y experto en energía y cambio climático.