Consecuencias colaterales de la baja en la calificación de la deuda soberana

Ya nos hemos referido a los antecedentes y consecuencias de la baja de la calificación de la deuda soberana de la Nación de inversionista a especulativa por parte de Estándar & Poor´s  el pasado 19 de mayo, y la amenaza de Ficht si no se aprueba prontamente la anunciada reforma tributaria 2.0, ahora hablaremos de sus consecuencias colaterales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

7 de junio de 2021.   Una de las razones por las cuales la noticia de la baja en la calificación de la deuda no ha causado revuelo es porque ya el mercado lo había descontado, de tal suerte que la deuda soberana venía comportándose desde hace rato como si ya hubiera perdido la calificación inversionista. Sólo se oficializó lo que en la práctica ya era vox populi varios meses atrás.

Esta es una medida injusta, antipática, máxime que se da en una coyuntura “anormal”, atípica, por el choque interno y externo que han tenido que enfrentar la economía y las finanzas públicas, expuestas a vientos cruzados, que no pueden ser valoradas ni evaluadas como si nada pasara aquí.

Pero a lo hecho pecho y el Gobierno deberá encarar este nuevo escenario con decisiones de política que permitan mitigar sus nefastos efectos que tornarán más difícil salir del atolladero.

Es importante destacar que el efecto dominó y las consecuencias de la pérdida de la calificación inversionista se extendió no sólo a las demás entidades y empresas estatales sino también al sector privado.

De hecho, en la misma decisión en la que le rebajaron la nota a la deuda del GNC, también le bajaron la calificación a diez empresas y entidades, entre las cuales se destacan Bogotá Distrito Capital, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Ecopetrol y a privadas como ISAGEN, el Grupo de Inversiones Suramericana (SURA) y Davivienda.

Indudablemente es un duro golpe a la economía y a las finanzas públicas, convirtiéndose además en un freno al proceso de recuperación y reactivación, habida cuenta que, como lo afirma el gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores, “es probable que dentro de algunos meses dejemos de ver las tasas de interés históricamente bajas para comprar vivienda”, lo cual ha contribuido a dinamizar este sector. Además, la mayor devaluación ejercerá una presión inflacionaria vía importaciones de bienes, servicios e insumos, los cuales se cotizan en dólares.

Quiero, además, llamar la atención sobre dos circunstancias que deben ser analizadas concienzudamente, no solo por parte del Gobierno sino también por parte de la Academia y los centros de pensamiento en orden a enfrentar con éxito este reto.

En primer lugar, es indispensable repensar, replantear y reconsiderar la Regla Fiscal, su funcionamiento y operatividad, así como la integración de la Comisión Consultiva de la misma, para que esta deje de ser un apéndice del Ministerio de Hacienda.

Un aspecto a considerar, a propósito de la Regla Fiscal, tiene que ver con la deuda, porque, como lo acota el ex vicepresidente de ANIF Nelson Vera, al tener como único objetivo la reducción del déficit fiscal “la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% en los próximos años, razón por la que es necesario que la Regla gire hacia un esquema de deuda objetivo, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República”.

De otra parte, el único camino que nos permitirá no sólo recobrar la calificación inversionista de la deuda, que podrá tardar por lo menos dos años, y sobre todo recobrar la menguada confianza inversionista, así como garantizar hacia el futuro la solidez y consistencia de las finanzas públicas, es el de la diversificación del aparato productivo del país, para lo cual se requiere una estrategia de transformación productiva de largo aliento, desmarcándose del modelo económico dependiente en exceso de la actividad extractiva, siempre expuesta a los altibajos de sus ciclos y a la volatilidad de los precios de los commodities.

Este debe ser el norte que nos conduzca a una nueva normalidad, a una economía con un mayor ritmo de crecimiento, contando con un modelo que promueva la cohesión y la inclusión social.

Ello amerita, y es mi llamado, pactar un nuevo contrato social; sólo de esta manera se podrá desactivar la bomba de tiempo social que está a punto de estallar. Como diría el escritor Jorge Zalamea Borda: ¡No hay tiempo que perder, hay vida por ganar!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Baja en calificación de la deuda de Colombia, profecía autocumplida

Se entiende por profecía autocumplida la predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel importante la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

31 de mayo de 2021.   Traemos a colación este concepto a propósito de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entraran en barrena a consecuencia de la crisis pandémica que se desató a partir del segundo trimestre de 2020, la cual no da trazas de amainar.

Colombia, después de sortear con éxito la década pérdida de los años 80, tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4,5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar doce años después, en 2011.

En 2017, Standard & Poor´s (S&P), ya había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si sus proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás”.

En marzo de 2020 S&P, aunque mantuvo la calificación anterior, varió la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses”.

Fitch también le redujo la calificación, equiparándola con la de S&P, aduciendo que «la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales clave, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus».

Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal.

Cuando se precipitó la pandemia, la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder el grado inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y ya los precios del carbón venían en picada configurándose así la tormenta perfecta.

A ello se añadió la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgo en las cifras oficiales que reportaba el Gobierno Nacional, debido a los malabarismos a los que había recurrido el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para mimetizar el déficit fiscal.

Desde luego, a consecuencia de la pandemia y la virtual parálisis de la actividad económica a consecuencia de las medidas de prevención, contención y mitigación de la misma, se afectaron todo los indicadores económicos, sociales y desde luego las cuentas del fisco, tanto nacional como territorial. El déficit fiscal, según el Ministerio de Hacienda, pasó del 2,5% en 2019 a 7,8% en 2020 y se proyecta en 8,1% para 2021.

Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.

El exministro, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista si no la aprobaban, fue más lejos al afirmar que el Gobierno sólo tenía caja “para unas seis o siete semanas”. Según él “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera oleada.

Así las cosas, no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar la deuda soberana del país, revisaran a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S&P. Esta redujo la calificación desde BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, “en un contexto de elevadas presiones de gasto, que se ha traducido en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un deterioro reciente y marcado”.

Según esta agencia, «la pandemia de Covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década”.

Utilizando el argot futbolístico, ello es como si un equipo profesional descendiera de la categoría A a la B.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El tiempo apremia para presentar la reforma tributaria 2.0

En un insólito y tardío pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, en el que priman los economistas ortodoxos, a través de un comunicado post morten, le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma tributaria.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

16 de mayo de 2021.   La razón esgrimida por el grupo de ciudadanos preocupados para apoyar tan abominable como abominado esperpento es que “no es posible estar de acuerdo al mismo tiempo con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el Gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.

No cabe duda de la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, que va en la dirección correcta de una renta básicapara los más vulnerables que hemos venido planteando, así como “los demás gastos sociales” en que ha venido incurriendo el Gobierno Nacional, máxime después del exacerbamiento de las lacras sociales del desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad, principales secuelas de la pandemia. Pero, de ello no se sigue que la fuente de su financiación recaiga sobre la clase media y sobre los vulnerables, manteniendo incólumes los beneficios tributarios para los más pudientes, que era lo que pretendía el proyecto de marras.

Al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome, no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media… Hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.

No se puede desestimar el riesgo de la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana a consecuencia del actual desbarajuste fiscal, por cuanto ello conllevaría una dificultad mayor para el acceso al crédito en momentos en que más se requiere y el encarecimiento de la abultada deuda pública, que ya representa el 65% del PIB.

Pero tampoco se puede sobreestimar, pues, como lo afirma  Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, “evitar una rebaja en la calificación no debería ser un propósito, sino más bien una restriccióncon la que las autoridades actúen en estos momentos”. Es decir, el llamado es a la prudencia y no al pánico frente a dicho fantasma.

Coincido con la ex ministra Cecilia López en que si bien el déficit fiscal es motivo de mucha preocupación, “el principal problema de la economía colombiana hoy no es el déficit sino el desempleo y la pobreza” sobre todo de los jóvenes, con una tasa impresionante del 23.5%. Se pregunta ella y con razón “a qué hora perdimos el foco”.

A todas esas, cabe preguntarse qué espera el Gobierno Nacional para presentarle al Congreso de la República y al país su proyecto de reforma 2.0, después que el ministro Restrepo le anunció al país que “hay unos puntos de consenso. Uno es el tema de gasto social enfocado en los más vulnerables y la necesidad de una ley que apoye ese gasto y que encuentre fuentes de financiación que garantice la estabilidad fiscal”.

Restrepo ha acotado el alcance del mismo. Según él, “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca, está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla. 

Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la ANDI, por una parte, y de FENALCO – ACOPI por la otra, consistentes en aplazar en el primer caso y renunciar en el segundo a varios de los beneficios tributarios  que recibieron en la reforma tributaria de 2019. Sumadas sus propuestas, de acogerla el Gobierno y para luego es tarde, le significarían un recaudo de $13.4 billones, casi a lo que aspira el ministro Restrepo.

El mensaje del presidente de la ANDI no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrenos a nosotros”. El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójale la flota a los empresarios.

El Congreso de la República tiene el tiempo justo para tramitar y aprobar esta reforma, que no ampliaría ni la base del impuesto de renta a las personas naturales ni la del IVA y sería una contribución  a la distensión tan necesaria en estos momentos en los que la movilización y la protesta en el país está en su segundo pico, después de las de noviembre pasado.

Bien dijo el sacerdote jesuita y profesor de filosofía de la Universidad Javeriana Vicente Durán Casas, que “si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos” y a superar nuestros desencuentros.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Una propuesta sensata de reforma tributaria

Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit fiscal, pero lo inadmisible de la reforma tributaria del Gobierno era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y, sobre todo, que la mayor carga recaía sobre la clase media.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

3 de mayo de 2021.   Como en la fábula La ardilla de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria, disfrazada de “solidaridad sostenible” en el Congreso de la República y sólo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases eran la ampliación de la base del impuesto de renta y la del IVA.

El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ya había intentado, sin lograrlo, en el 2019 ampliar la base del IVA. Ahora la aspiración era mayor a la de la reforma anterior, se proponía recaudar $28 billones, de los cuales al descontar los $4.6 billones que corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) le daba un neto a la Nación de $23.4 billones.

La reacción en contra del proyecto no se hizo esperar, el rechazo fue general, al punto que el presidente Duque no contaba con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación ni siquiera con su propio partido.

Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero lo inadmisible de esta reforma era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo que la mayor carga impositiva hubiera recaido sobre la clase media, acentuando la regresividad del Estatuto Tributario y por esa vía agudizando la desigualdad, en la que Colombia ocupa un deshonroso lugar en la región y en el mundo.

No había un solo gremio que la respaldara, y el rechazo en los medios, en las calles y en las multitudinarias protestas fue generalizado y se tomaron el país.

En medio de la crispación causada y el reclamo para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y se diera paso a la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Duque y su ministro de Hacienda insistieron con terquedad aragonesa en su trámite.

Lo último que se le ocurrió al presidente Duque, en lugar de retirarlo, fue plantear como salida alternativa la presentación de una que el llamó “ponencia sustitutiva”, en un intento desesperado por salvar el proyecto de su hundimiento. Al no existir ponencia sino ponentes del proyecto, por sustracción de materia no había nada qué sustituir.

En segundo lugar, tampoco tenía asidero en la Ley 5ª de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República y, finalmente en el caso hipotético que existiera dicha facultad estaría en manos de los congresistas y no en manos del ejecutivo, y nadie puede disponer de lo que no tiene.

A lo sumo, se podría proceder por parte de los ponentes a presentar un pliego de modificaciones a la consideración de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y pare de contar.

En medio de semejante embrollo y asediado por el rechazo ciudadano, no le quedó otro camino al Presidente que retirar el Proyecto y ahora sí presentar otro “sustitutivo”, que ojalá no se parezca al anterior y que sea fruto de una gran concertación nacional y no el producto de conciliábulos, porque de ser así saldríamos de las llamas para caer en las brasas.

En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia, la ANDI le presentó al Gobierno y al Congreso una propuesta, esa sí sustitutiva de la del Gobierno, la cual coincido con el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo en calificarla como sensata.

La propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se le dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta, que sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, con el cual se podría lograr un recaudo de $12.4 billones.

Esta propuesta es tanto más pertinente por cuanto, aunque el Gobierno alega que el déficit fiscal que busca saldar es para poder financiar la continuidad de sus programas de apoyo a las empresas con el fin de proteger el empleo y las transferencias monetarias y no monetarias, especialmente el programa de Ingreso Solidario, la gran verdad es que en gran medida ese déficit viene desde la reforma tributaria anterior, que al conceder beneficios tributarios por $11 billones abrió un hueco fiscal que ahora se intenta tapar. Por ello he venido sosteniendo que la mejor reforma tributaria es el desmonte de aquellos beneficios que no estén plenamente justificados.

Esa propuesta fue desestimada por parte de Carrasquilla por considerar que la misma “no permitiría financiar estos programas sociales” refiriéndose a la extensión hasta junio de este año del subsidio a la nómina de las empresas (PAEF) y “hacer permanente el ingreso solidario”.

A la propuesta de la ANDI se sumó la de FENALCO y ACOPI, manifestando que están dispuestas a renunciar a 2 de los 3 días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno Nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón.

De modo que, sumadas las propuestas de la ANDI y FENALCO – ACOPI, le representarían al Gobierno Nacional $13.4 billones de mayores ingresos. De aceptarse esta propuesta no habría necesidad de tocar las bases del impuesto de renta y del IVA, que tanto repudio ha suscitado. Estas dos propuestas  están sobre la mesa y deberían servir de base para el nuevo texto que se habrá de discutir.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

XM, una quinceañera muy madura

Según sentenció Nicolás Maquiavelo, nunca se debe desperdiciar la oportunidad que ofrece una buena crisis, coincidiendo con el proverbio chino según el cual en el corazón de cada crisis se esconde una gran oportunidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

26 de abril de 2021.  Traigo a colación estos dichos para significar que el gran apagón que sufrió el país entre los años 1992 y 1993, que sumió al sector eléctrico del país en su más profunda crisis, fue la oportunidad para darle un revolcón a su estructura y funcionamiento.

Ese fue el origen de la Ley Eléctrica 143 de 1994, gracias a la cual el sistema eléctrico del país ha ganado en confiabilidad y firmeza. Aunque la Ley fijó un plazo de 20 años para alcanzar la cobertura universal de la prestación de este servicio esencial, esta es la hora que, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, 500.000 hogares carecen del mismo.

Posteriormente se expidieron las leyes 697 de 2001, que propenden por el uso racional y eficiente de la energía, y la Ley 1715 de 2014, la cual, además de estimular la generación y el uso de energía a partir de fuentes no convencionales, incentiva y promueve la eficiencia energética, las cuales la complementan.

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) cuenta con 90 generadores, entre centrales hídricas, que participan con el 68,2% de la capacidad instalada de generación,  unidades térmicas a gas y carbón, que participan con el 29,8% y plantas solares, eólicas, cogeneradores y autogeneradores, que participan con el 2% restante.  

Quince empresas transportan la energía a través de 27.459 kilómetros de redes de transmisión nacional y regional a 230 y 500 KV de tensión, amén de 39 operadores de red y de transmisión regional.

Pero sólo 11 años después de expedida la Ley eléctrica, mediante el Decreto 848 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía, se dio un paso fundamental para garantizar, como lo manda la Ley eléctrica, la prestación del servicio con calidad, eficiencia y continuidad, al crear la empresa XM, para que esta asumiera la responsabilidad de operar y administrar el mercado eléctrico, en momentos en los que este había alcanzado su madurez.

Dicha empresa nace como filial de ISA, que para aquel entonces tenía el monopolio del transporte de energía del país. Durante los 15 años cumplidos de XM, el sector eléctrico no ha parado de crecer: la capacidad instalada de generación pasó de 13.348 MW de potencia a los 17.462 MW.  Entre tanto la demanda creció desde los 50.430 GWH hasta los 71.925 GWH.

Hagamos una digresión para resaltar el hecho que, con antelación, la Ley eléctrica había facultado al ejecutivo para modificar el objeto social de ISA, así como la creación de una empresa de economía mixta (ISAGEN), la cual asumiría el control y manejo de los activos de generación que se escindieron de ISA.

Para darle desarrollo a lo dispuesto por la Ley, se expidió el Decreto 1521 de 1994, concretándose su constitución el 4 de abril de 1995, fecha en la que se firmó la escritura de escisión. A partir de entonces, ISA se concentra en la actividad de transporte de energía y deja de lado la generación.

Al tener bajo su responsabilidad la administración y operación del mercado eléctrico, XM asumió también el control, la supervisión y el monitoreo permanente de todo el engranaje del sistema, sirviendo de articulador e integrador de todos los agentes del mercado, constituyéndose en el eslabón que jalona la cadena. Desde luego, para cumplir su rol, XM se debe ceñir a la regulación y al reglamento que expedió la CREG.

Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia figura en el top 10 a nivel mundial y encabeza Latinoamérica por su posicionamiento en el Índice Global de Desempeño de Arquitectura de Energía. Ello se debe tanto al marco normativo y regulatorio como al arreglo institucional, en el cual XMcumple una función relevante.

Ello explica en gran medida la mayor resiliencia del sistema eléctrico del país, al punto que ha podido sortear con éxito tres eventos de climatología extrema a causa del Fenómeno del Niño, espantando el fantasma del racionamiento del servicio de energía. Gracias a las alertas tempranas emitidas por XM se pudieron conjurar sus amagos recientes y la región Caribe se libró de un apagón.

XM tiene por delante el reto que le impone la Transición Energética en la que está empeñado el país, para integrar las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a su matriz energética, la cual viene aparejada con la modernización y digitalización de todos los procesos inherentes a la operación del sistema eléctrico.

Ello se habrá de traducir en el mayor y mejor uso de herramientas tan imprescindibles en la nueva normalidad del sector como la Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos para registrar, procesar y analizar en tiempo real, el cúmulo de datos que a diario genera la operación del sistema y de esta manera tomar las mejores y más oportunas decisiones.

Cabe advertir que XM se rige actualmente por un régimen corporativo, que garantiza su independencia y manejo técnico e imparcial por parte de sus directivas, encabezadas por su gerente Nohemí Arboleda Arango, de los cuales da buena cuenta el reconocimiento por parte del sector.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Colombia, un año después de la pandemia

Colombia y el mundo han soportado un año aciago por cuenta del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado tras de sí una estela de muerte y desolación.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

3 de abril de 2021.   La cifras son escalofriantes: 130´341.697 contagiados por la Covid-19 en todo el mundo y 2´839.884 fallecidos, siendo EEUU, Brasil, México e India, en su orden, los países con mayor número de víctimas fatales.

La cuota de Colombia a tan dantesco cuadro no es menor: en momentos en los que se encamina hacia un tercer “pico” de contagiados, el acumulado de infectados recuperados y decesos se cifran, al 2 de abril, en 2´428.048 y 63.614, respectivamente. Según el Director del DANE Juan Daniel Oviedo, la Covid-19 se convirtió en la principal causa de muerte en Colombia en 2020.

Las preexistencias a la pandemia, tanto en el orden económico como social, hicieron de Latinoamerica la región más vulnerable a sus devastadores efectos. Después de crecer durante el largo ciclo de precios altos de las materias primas (2003 – 2011) por encima del promedio de la economía global, en 2019 había ajustado cinco años con un anémico crecimiento, muy por debajo del ritmo de crecimiento del resto del mundo.

De manera que el entorno de la economía colombiana, que venía rengueando los últimos años, creciendo por debajo del crecimiento potencial del PIB, no era ni es el mejor de cara a su recuperación que, según la CEPAL y el FMI será demasiado lenta.

Según la previsión del Banco Mundial, después de la recesión del año pasado, que hundió la economía con una contracción del PIB del -6.8%, tendremos un repunte este año de 5% que, de alcanzarlo, debemos darnos por bien servidos, aunque dada la incertidumbre por la prolongación de la crisis pandémica dicho pronóstico es reservado. Tanto más en cuanto que el petróleo y el carbón, los dos principales renglones de exportación y los principales jalonadores del crecimiento de la economía, han perdido tracción a consecuencia de la caída de la producción y los precios internacionales.

De contera, el turismo, que venía posicionándose como el tercer renglón generador de divisas del país, ha sido el sector más golpeado por la actual crisis, estimándose una caída de ingresos del orden de los $20 billones en 2020 con respecto al 2019, y será este sector el último en reactivarse a nivel mundial.

Las finanzas públicas que, desde antes de la pandemia, venían acusando un déficit estructural de no menos del 4%, que es la brecha entre la presión fiscal (recaudo/PIB) y el gasto público, del cual no menos del 85% es inflexible, se siguen deteriorando.

Según el Ministerio de Hacienda, 2020 cerró con un déficit fiscal de -7.8% del PIB, el cual, según su plan financiero, se elevaría este año hasta -8.6%. Y de remate, según estimativo del Banco Mundial, el endeudamiento público del país al cierre de 2021 se elevaría hasta el 70,4% del PIB, poniendo en calzas prietas la sostenibilidad fiscal de la Nación.

Las aulagas fiscales del Gobierno Nacional han servido para justificar una reforma tributaria, disfrazada ahora con el rimbombante título de “solidaridad sostenible”, cuando en realidad estaba cantada desde el momento en que se aprobó la anterior bajo el eufemismo de Ley de “crecimiento”, pues a resultas de esta se había abierto una tronera al recaudo de más de $10 billones, por cuenta de la extensión y ampliación de los beneficios tributarios otorgados con largueza mediante exenciones, deducciones, descuentos y exclusiones impositivas.

Esas gabelas impositivas se han convertido en un pesado fardo para las finanzas del Estado, que ahora se pretende aligerar cargándole la mano sobre todo a la clase media vulnerable ampliando la base gravable del IVA.

Pero, como siempre ocurre, los que han llevado la peor parte de la actual crisis pandémica son los más vulnerables. Las cifras que acaba de revelar el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, muestran el patetismo de sus estragos sociales: 1,6 millones de familias que al inicio de la pandemia consumían tres comidas al día, hoy ya no tienen esa posibilidad. Los hogares que tenían acceso a las tres comidas al día en febrero de 2020 eran 7,11 millones, mientras que en febrero de 2021 fueron 5,4 millones.

Según Oviedo, “vemos que 1,5 millones de hogares que antes comían tres comidas al día ahora están comiendo sólo dos, lo cual corresponde al 21,47% de esos hogares que antes consumían tres raciones al día”.

Y, más grave aún, 92.214 familias pasaron de comer tres veces a un solo plato al día y otros 9.010 hogares no tendrían siquiera para una comida diaria. Lo más preocupante es que sus secuelas perdurarán por años y en muchos casos sus consecuencias serán irreversibles, sobre todo tratándose de la niñez desnutrida.

Esta es una tragedia que reclama la acción pronta y eficaz del Gobierno, lo cual demanda más Estado y no menos Estado,como lo plantean los talibanes del neoliberalismo secundados por el populismo de derecha.

Ello se explica en gran medida por la pérdida y/o precarización del ingreso y el empleo, dado que la tasa de desempleo, que ya venía in crescendo en la prepandemia, se elevó al 15,9%, la más alta desde el 2000.

Lo propio se puede decir de la pobreza. Después de 10 años de reducción se había revertido dicha tendencia a partir de 2019, al pasar del 34,7% en 2018 al 35,7% en 2019; y ahora, según proyecciones del investigador de Fedesarrollo Jairo Nuñez, puede situarse entre el 47% y el 49% en 2020, para un retroceso de 20 años. ¡Una calamidad!

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El reloj del apocalipsis marca ‘La hora del Planeta’

Desde 2007 se celebra el último sábado de marzo La hora del Planeta, iniciativa considerada como la de mayor convocatoria e impacto en la opinión ciudadana en todo el mundo contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en procura de despertar la conciencia sobre la inminencia de una catástrofe global.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

29 de marzo de 2021.   Como lo planteó recientemente la profesora de economía y directora del Instituto de Innovación y Propósito Público en University College London, Mariana Mazzucato: “Esta es la oportunidad. Si no arreglamos el Sistema, no tendremos ningún chance frente a la tercera gran crisis (la del 2008, la del 2020 y la creciente inhabitabilidad del planeta) y todas las otras más pequeñas que traerán aparejadas en los años que vendrán”.

Y como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el cambio climático”. De modo que las lecciones aprendidas de esta pesadilla deben servir para estar mejor preparados y entrenados para enfrentar la crisis provocada por el cambio climático.

Pues bien, la jornada de La hora del Planeta surgió en 2007 en Sidney (Australia), liderada por la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y desde entonces ha venido creciendo, como si fuera una bola de nieve, extendiéndose a casi 200 países.

Se trata de un gesto sencillo, pero de gran simbolismo, consistente en apagar por una hora las luces de las casas, las oficinas, los edificios, monumentos y sobre todo de sitios emblemáticos como la Ópera de Sidney, la Torre de Eiffel en París, el Coliseo de Roma, la Puerta de Brandeburgo de Berlín y la Torre Colpatria en Bogotá, entre las 20:30 y las 21:30. Este año, a diferencia de los otros, por las limitaciones propias de la crisis pandémica, se celebra de manera virtual, sin las aglomeraciones y movilizaciones tumultuosas de enantes.

La celebración de La hora del Planeta este año tiene una connotación especial, dado que el mundo se ha percatado de la necesidad de actuar ya, sin más dilaciones, para proteger la naturaleza y nuestro hábitat, de que no hay plan B porque, por ahora, no hay otro planeta habitable distinto al globo terráqueo.

El 2021 será un año en el que presidentes y jefes de Estado de todo el mundo se darán cita para abordar y revisar el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París (2015).  El 25 de abril, Día de la Tierra, a instancias del presidente Joe Biden, se reunirán 40 líderes mundiales, entre ellos Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, en una cumbre virtual, preparatoria de la aplazada 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP26), que tendrá lugar el 1º y el 2 de noviembre en Glasgow (Reino Unido). Esta será antecedida por la 15ª Cumbre sobre la Biodiversidad, prevista para octubre, en Kunming, China.

A propósito de La hora del Planeta, cabe recordar que la ONG El Boletín de Científicos Atómicos, fundada por Albert Einstein y científicos de la Universidad de Chicago en 1945, creó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, el Reloj del juicio final, utilizando las imágenes del apocalipsis, el cual tenía por objeto medir el riesgo y la inminencia de un cataclismo planetario.

Con el paso del tiempo dicho Reloj derivó en un indicador de la vulnerabilidad del mundo frente a las catástrofes que podrían provocar ya fueran las armas nucleares, el cambio climático y/o las tecnologías disruptivas en otros ámbitos, aupadas por la 4ª revolución industrial. Desde entonces, las manecillas del Reloj del apocalipsis nos indican qué tan cerca estamos y a qué velocidad nos aproximamos al “fin de los tiempos”.

Cada año, la decisión sobre la nueva hora del reloj la toma el Boletín de los Científicos Atómicos en consulta con la Junta de Patrocinadores del Boletín, que incluye a 13 premios Nobel.

Hasta ahora las manecillas del reloj, diseñado por la pintora Martyl Langsdorf, han sido ajustadas más de veinte veces, con márgenes de 2 a 17 minutos. Según Rachel Bronson, presidente y directora ejecutiva del Boletín, estamos actualmente “más cerca de la medianoche o del fin del mundo que nunca en su historia”, al avanzar el último año 20 segundos, aproximándonos a los 100 segundos restantes para la medianoche, que representa el apocalipsis. Ella lo atribuye a la pandemia del coronavirus y a la falta de progresos registrados en 2020 ante riesgos nucleares y los atribuibles al cambio climático.

En concepto de Bronson, «la pandemia de la covid-19 sirve como una ‘llamada de atención’ histórica, una ilustración vívida de que los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales no están preparados para manejar las amenazas que verdaderamente ponen fin a la civilización como las armas nucleares y el cambio climático».

Sólo desde 2007 se tomó en cuenta el cambio climático como un riesgo grave e inminente para la humanidad que demandaba, a juicio de Bronson una respuesta “urgente e inmediata” que no se vislumbra.

A su juicio, “parece que estamos normalizando un mundo muy peligroso”, estamos durmiendo con el enemigo. Y fue más lejos al decir que a ellos les gustaría alejar las manecillas de la medianoche, pero la realidad se los impedía.

Sería muy grave que el mundo no se ‘pellizcara’, que no saliera de su zona de confort y siguiera pensando con el deseo, mientras, a consecuencia del cambio climático, las manecillas del reloj siguen marcando el conteo regresivo del apocalipsis.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El agua cotiza en Wall Street

Desde finales de 2020 el índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, está operando y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California por acre-pie.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

21 de marzo de 2021.   La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, la necesidad de protegerlo y hacer un uso racional del mismo.

Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en 2010 la Resolución 64/292 que reconoce “el derecho humano al agua potable y al saneamiento” y reafirmó lo dispuesto en 2008, en el sentido que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

En Colombia, inexplicablemente el proyecto de ley que convertía el acceso al agua potable como un derecho fundamental se hundió sin remedio en el Congreso de la República y no se ha podido rescatar.

Uno de los objetivos del desarrollo del milenio fue reducir un 50% la proporción de personas sin acceso al agua potable en el mundo hacia el 2015. Desafortunadamente Colombia, según el coordinador residente de las Naciones Unidas Fabrizio Hochschild, avanzaba “en la dirección correcta” pero “no a la velocidad necesaria”.

Nuevamente, entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) está el acceso al agua limpia y tiene entre otras metas lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, así como la utilización eficiente del recurso hídrico.

Hemos venido sosteniendo que el agua potable dejó de ser hace rato un bien libre para convertirse en un bien económico, el cual después de considerarse un recurso natural renovable, por cuenta del cambio climático, se tornó en un recurso natural no renovable y por lo tanto expuesto a su agotamiento. Como bien lo plantea el experto Álvaro Sánchez “el planeta no produce agua nueva, el agua es estable sobre la tierra”.

Recientemente el mundo fue sorprendido con la noticia que el agua había empezado a cotizarse en Bolsa, al lado del oro, el crudo, el cobre y la soya. Y ello en momentos en los que dos mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua y se estima que próximamente dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua, al tiempo que millones de personas se verán desplazadas por la carencia del líquido.

Por ello, no han faltado quienes han puesto el grito en el cielo de sólo pensar que se llegue a especular en Wall Street con un recurso que en el mundo es considerado como un bien común de dominio público. Pero, en la práctica, al darse este paso se da un sinceramiento del mercado en donde el agua es gestionada como un activo financiero. Es el caso de los derechos o concesiones para la utilización del agua con distintos fines mediante actos administrativos.

Como afirma el director de Economía del Agua en el Instituto del Agua de Madrid (España), Gonzalo Delacámara, “esto siempre ha funcionado de manera informal en todos los lugares del mundo con sistema de riego”. Y lo ilustra con un ejemplo: “un regante A le dice al B, este mes no voy a regar, te cedo mis derechos a cambio de una compensación”.

Delacámara señala que así como se da el intercambio de derechos de uso de agua entre agricultores a cambio de dicha “compensación”, también se da que “otros actores lo que busquen sea ganar dinero con esos activos financieros”. Y allí es donde nace el negocio con el agua, donde quien la necesita va al mercado spot a comprarla, como cualquier otro bien transable, pagando el precio al cual se cotice el derecho de agua.

Pero, también puede ocurrir que el interesado no la necesita de momento, pero quiere asegurarse de disponer del agua para cuando la requiera (para riego, por ejemplo) y en ese caso puede recurrir al mercado de “derivados”, ya sea como bien de opción o de futuros del agua.

Huelga decir que estos contratos de futuro no obligan necesariamente a la entrega física de agua en una fecha determinada, son puras y duras transacciones financieras. Operan como si fueran un seguro para cubrir el riesgo frente a la variabilidad climática, pues en el evento de que se presente una hidrología crítica y no le puedan suministrar el volumen de agua convenido, quien la contrató recibe el pago estipulado como compensación.

Lo cierto es que desde finales de 2020 el índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, está operando y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California por acre-pie.

Algunos expertos defienden que estos mecanismos financieros pueden contribuir a una gestión más eficiente de un recurso cada vez más escaso. Y no les falta razón a quienes aducen que ponerle precio al agua cuando, como ya dijimos, merced al cambio climático dejó de ser un bien libre para adquirir un valor económico, aunque no deja de ser un bien público, nada justifica que no se le ponga precio cuando se otorgan derechos y concesiones a título gratuito para su usufructo por parte de particulares.

Eso sí se debe garantizar el efectivo ejercicio del acceso al agua potable como derecho humano, tal como lo dispuso las Naciones Unidas, ello no puede sufrir menoscabo, única forma de cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso de la República le den trámite al proyecto de ley que consagra el agua potable como un derecho fundamental en Colombia, al tiempo que se garantice el mínimo vital gratuito a la población vulnerable.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Crece la aversión mundial al carbón

Países, empresas, bancos, fondos de inversión y hasta entidades multilaterales están desincentivando las inversiones en carbón. Consecuencias en Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

27 de febrero de 2021.   Como lo avizoró el ex presidente de El Cerrejón Guillermo Fonseca, “el carbón está en declive y la compañía está sufriendo”, y lo que es más grave, estamos “en el lado equivocado del Canal de Panamá” por donde toca transitar para llegar al último reducto de nicho de mercado que le queda al carbón: el asiático, donde nuestros carbones no son competitivos por los altos fletes.

Y fue más lejos en sus malos presagios al señalar que estamos ante “una contracción estructural”, advirtiendo además que “en los próximos 5 años la demanda de carbón del mercado del Atlántico (Europa, Mediterráneo y las Américas), que es nuestro mercado natural, se va a contraer a la mitad”. Estamos en presencia de una realidad incontrastable, una reconfiguración del mercado que no favorece los carbones de Colombia.

Huelga decir que con la firme decisión de China, anunciada en la Asamblea de las Naciones Unidas por su Presidente Xi Jinping, de reducir sus emisiones y de lograr neutralizarlas hacia el 2060 y avanzar en su “revolución verde”, también allá terminarán más pronto que tarde por darle la espalda al carbón.

En este contexto no sorprende la decisión tomada por la multinacional Glencor de abandonar sus operaciones, después de haberlas suspendido temporalmente y devolverle los títulos mineros de Calenturitas y La Jagua en el Cesar por parte de su filial Prodeco a la Agencia Nacional de Minería (ANM), al considerar que “el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable”.

Este hecho, que estuvo antecedido por el cierre de las minas de El Hatillo y La Francia, en el Paso (Cesar) por parte de la multinacional Colombian Natural Resources (CNR), obliga a encender todas las alarmas, porque no se auguran tiempos mejores para el carbón. Estamos hablando de la tercera empresa productora/exportadora de carbón, participando con el 25%, con 15,3 millones de toneladas en 2019, sólo superada por Drumond y El Cerrejón, de la cual su matriz Glencore posee el 33.3% de participación accionaria.

Prodeco, además, es la segunda empresa en generación de empleo en el Cesar, después de Drummond, con 4.500 operadores, de los cuales 1.200 son por contratación directa.

Así las cosas, tanto el departamento como los municipios de La Jagua y Becerril, que recibieron en el bienio 2019 – 2020 $65.000 millones y $15.000 millones, respectivamente, verán menguados sensiblemente sus ingresos.

Su impacto se sentirá también en el resto del país, toda vez que el Sistema General de Regalías (SGR) dejará de recibir $357.000 millones/año, aproximadamente, al tiempo que el fisco nacional verá reducido su recaudo por concepto de impuesto a la renta.

Hay que ser conscientes de que está en curso una estampida de las principales empresas carboníferas, de la banca y de los fondos de inversión, que están abandonando y desinvirtiendo en esta industria y que esto no es algo aislado ni coyuntural.

Es muy diciente que los tres socios del consorcio de El Cerrejón, la australiana BHP Billinton, la suiza Glencore y AngloAmerican del Reino Unido están partiendo cobijas con el carbón, desmarcándose del mismo.

La primera en romper fila, presionada por sus inversionistas, fue la Billinton, la empresa minera más gigante del planeta,para adherirse al Acuerdo de París, al decidir reconocer el cambio climático y manifiestar su “renuncia al carbón”. Además, se retiró de la Asociación Mundial del Carbón por su discrepancia insuperable con respecto a la política a seguir contra el calentamiento global. Fueron varios fondos de inversión europeos los que le sugirieron a la minera angloaustraliana su salida de El Cerrejón.

Por su parte, Glencore, con sede en Baar (Suiza), resolvió “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas esenciales para la Transición Energética”, y la AngloAmerican resolvió apartarse de las operaciones de carbón térmico tanto en Colombia como en Sudáfrica a partir de 2023.

Nada menos que el Fondo Soberano Noruego, el más poderoso del mundo, receptor de los enormes rendimientos provenientes de los yacimientos de hidrocarburos del país nórdico, vetó las inversiones en Glencore y Angloamerican por su exposición en la industria del carbón.

Y como si lo anterior fuera poco, el Banco Mundial cerró desde 2020 todas las lineas de crédito para el financiamiento de proyectos de exploración y explotación de carbón, petróleo y gas. Es claro, entonces, que los bancos y los fondos de inversión están en retirada de las energías de orígen fósil.

Estamos notificados sobre lo que se le viene a Colombia pierna arriba y, en consecuencia, se deben tomar las acciones y previsiones pertinentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Carbón colombiano, de castaño a oscuro

Colombia llegó a posicionarse como el quinto mayor exportador de carbón en el mundo, y el mineral llegó a ser el segundo renglón de exportaciones del país, desplazando al café, pero ahora el futuro del mineral se ve negro.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

21 de febrero de 2021.   Sin el carbón no habría sido posible la primera revolución industrial, consistente en el salto de la manufactura a la maquinización de los procesos productivos, gracias al invento de la máquina a vapor.

El coque, un derivado del carbón metalúrgico, como elemento reductor, servía de materia prima en la fundición del acero en las siderúrgicas para la fabricación de las máquinas y las locomotoras, y el carbón térmico servía como combustible para avivar el fuego en las calderas para producir el vapor y así ponerlas en marcha. Así surgió la industria del carbón, demandado por las fabricas, el transporte marítimo y los ferrocarriles.

Después del boom del carbón, que llegó a su clímax en las postrimerías del siglo XIX y se prolongó hasta el estallido de la primera guerra mundial, es desplazado por el petróleo, luego de que este emergiera aupado por la invención del motor de combustión interna.

El petróleo, al ser menos contaminante, más fácil de almacenar y transportar, le ganó la partida al carbón, el cual fue relegado a un segundo plano, hasta la crisis energética de 1973 causada por el embargo petrolero decretado por parte de los países árabes productores de petróleo en contra de los países aliados de Israel, encabezados por EEUU. Estos vieron la necesidad de diversificar su matriz energética para no depender sólo del petróleo, en ese momento en manos de la OPEP, impulsando la producción y el consumo del carbón y el gas.

No es por casualidad que justo en la década de los 70 se da en Colombia el arribo de la petrolera Texas tras los enormes yacimientos de gas de La Guajira, e INTERCOR, filial de la petrolera Exxon, que emprende el primer desarrollo a escala industrial en Colombia de la extracción de carbón para la exportación en El Cerrejón, también en La Guajira.

En el primer caso, Texas se asoció con Ecopetrol, en el segundo, Intercor se asoció con Carbocol, empresa del Estado que terminó vendiendo su 50% de participación en la Asociación a precio de gallina flaca.

Ahora, una vez más, el carbón se está viendo desplazado a consecuencia del compromiso contraído por la comunidad internacional en 2015, a través del Acuerdo de París, en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21), de descarbonizar la economía, migrando de las energías de origen fósil, que tanto contaminan el medioambiente, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Ello situó al petróleo y al carbón en el lugar equivocado de la historia.

De allí la tendencia a la contracción del mercado de uno y otro y la descolgada de sus precios internacionales. Las propias empresas ligadas al negocio del petróleo y el carbón han entendido que su perspectiva hacia el futuro está pasando vertiginosamente de castaño a oscuro.

Ya lo había predicho el ex ministro de petróleos de Arabia Saudita Ahmed Zaki Yamani, que “la edad de piedra terminó no por falta de piedras y la era del petróleo terminará no por falta de petróleo”. Esta frase puede hacerse extensiva al carbón.

Colombia llegó a posicionarse como el quinto mayor exportador de carbón en el mundo, al punto que el mismo llegó a desbancar del segundo renglón de exportación al café desde el año 2000, constituyéndose, junto con el petróleo, en el mayor dinamizador del crecimiento de la economía colombiana y en el mayor generador de divisas del país y de ingresos tanto para la Nación como para las entidades territoriales.

Después del más largo ciclo de precios altos del carbón, llegando a cotizarse a US $102.35 la tonelada en 2011 y de la máxima producción histórica en 2016 de 91 millones de toneladas, ambos se han venido en barrena debido a la notable reducción de la demanda. En 2020 tocaron fondo tanto el volumen de producción como el precio, registrándose una baja hasta los 53.7 millones de toneladas y US $29 la tonelada, en su orden.

Ello, desde luego, afectará las previsiones de ingresos esperados tanto por parte de la Nación como por los departamentos y municipios, dado que el Presupuesto General de la Nación (PGN) así como el Presupuesto bienal del Sistema General de Regalías (SGR) tomaron como base un mayor volumen de producción y precios mucho más altos, los cuales han tenido que ser revisados a la baja por fuerza de las circunstancias. A guisa de ejemplo, el cierre de las minas que opera Prodeco en el Cesar le significará al SGR 357.000 millones de pesos anuales menos.

El primer revés para el carbón colombiano se presentó en el mercado estadounidense, que era el segundo destino de nuestro mineral después de Europa. En Estados Unidos el gas natural abundante y barato productos del uso de la técnica del fracking, convirtió a ese país, como dijo el expresidente Barack Obama, en la Arabia Saudita del gas natural, y remplazó al carbón en sus centrales térmicas de generación.

Se calcula que en Europa y EEUU la demanda de carbón ha caído 39%, aproximadamente, con tendencia a una mayor caída dado el compromiso que han contraído de alcanzar la neutralidad de sus emisiones hacia el año 2050.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

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