Categoría: Opinión

Desde 2007 se celebra el último sábado de marzo La hora del Planeta, iniciativa considerada como la de mayor convocatoria e impacto en la opinión ciudadana en todo el mundo contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en procura de despertar la conciencia sobre la inminencia de una catástrofe global.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

29 de marzo de 2021.   Como lo planteó recientemente la profesora de economía y directora del Instituto de Innovación y Propósito Público en University College London, Mariana Mazzucato: “Esta es la oportunidad. Si no arreglamos el Sistema, no tendremos ningún chance frente a la tercera gran crisis (la del 2008, la del 2020 y la creciente inhabitabilidad del planeta) y todas las otras más pequeñas que traerán aparejadas en los años que vendrán”.

Y como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el cambio climático”. De modo que las lecciones aprendidas de esta pesadilla deben servir para estar mejor preparados y entrenados para enfrentar la crisis provocada por el cambio climático.

Pues bien, la jornada de La hora del Planeta surgió en 2007 en Sidney (Australia), liderada por la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y desde entonces ha venido creciendo, como si fuera una bola de nieve, extendiéndose a casi 200 países.

Se trata de un gesto sencillo, pero de gran simbolismo, consistente en apagar por una hora las luces de las casas, las oficinas, los edificios, monumentos y sobre todo de sitios emblemáticos como la Ópera de Sidney, la Torre de Eiffel en París, el Coliseo de Roma, la Puerta de Brandeburgo de Berlín y la Torre Colpatria en Bogotá, entre las 20:30 y las 21:30. Este año, a diferencia de los otros, por las limitaciones propias de la crisis pandémica, se celebra de manera virtual, sin las aglomeraciones y movilizaciones tumultuosas de enantes.

La celebración de La hora del Planeta este año tiene una connotación especial, dado que el mundo se ha percatado de la necesidad de actuar ya, sin más dilaciones, para proteger la naturaleza y nuestro hábitat, de que no hay plan B porque, por ahora, no hay otro planeta habitable distinto al globo terráqueo.

El 2021 será un año en el que presidentes y jefes de Estado de todo el mundo se darán cita para abordar y revisar el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París (2015).  El 25 de abril, Día de la Tierra, a instancias del presidente Joe Biden, se reunirán 40 líderes mundiales, entre ellos Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, en una cumbre virtual, preparatoria de la aplazada 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP26), que tendrá lugar el 1º y el 2 de noviembre en Glasgow (Reino Unido). Esta será antecedida por la 15ª Cumbre sobre la Biodiversidad, prevista para octubre, en Kunming, China.

A propósito de La hora del Planeta, cabe recordar que la ONG El Boletín de Científicos Atómicos, fundada por Albert Einstein y científicos de la Universidad de Chicago en 1945, creó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, el Reloj del juicio final, utilizando las imágenes del apocalipsis, el cual tenía por objeto medir el riesgo y la inminencia de un cataclismo planetario.

Con el paso del tiempo dicho Reloj derivó en un indicador de la vulnerabilidad del mundo frente a las catástrofes que podrían provocar ya fueran las armas nucleares, el cambio climático y/o las tecnologías disruptivas en otros ámbitos, aupadas por la 4ª revolución industrial. Desde entonces, las manecillas del Reloj del apocalipsis nos indican qué tan cerca estamos y a qué velocidad nos aproximamos al “fin de los tiempos”.

Cada año, la decisión sobre la nueva hora del reloj la toma el Boletín de los Científicos Atómicos en consulta con la Junta de Patrocinadores del Boletín, que incluye a 13 premios Nobel.

Hasta ahora las manecillas del reloj, diseñado por la pintora Martyl Langsdorf, han sido ajustadas más de veinte veces, con márgenes de 2 a 17 minutos. Según Rachel Bronson, presidente y directora ejecutiva del Boletín, estamos actualmente “más cerca de la medianoche o del fin del mundo que nunca en su historia”, al avanzar el último año 20 segundos, aproximándonos a los 100 segundos restantes para la medianoche, que representa el apocalipsis. Ella lo atribuye a la pandemia del coronavirus y a la falta de progresos registrados en 2020 ante riesgos nucleares y los atribuibles al cambio climático.

En concepto de Bronson, «la pandemia de la covid-19 sirve como una ‘llamada de atención’ histórica, una ilustración vívida de que los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales no están preparados para manejar las amenazas que verdaderamente ponen fin a la civilización como las armas nucleares y el cambio climático».

Sólo desde 2007 se tomó en cuenta el cambio climático como un riesgo grave e inminente para la humanidad que demandaba, a juicio de Bronson una respuesta “urgente e inmediata” que no se vislumbra.

A su juicio, “parece que estamos normalizando un mundo muy peligroso”, estamos durmiendo con el enemigo. Y fue más lejos al decir que a ellos les gustaría alejar las manecillas de la medianoche, pero la realidad se los impedía.

Sería muy grave que el mundo no se ‘pellizcara’, que no saliera de su zona de confort y siguiera pensando con el deseo, mientras, a consecuencia del cambio climático, las manecillas del reloj siguen marcando el conteo regresivo del apocalipsis.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Desde finales de 2020 el índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, está operando y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California por acre-pie.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

21 de marzo de 2021.   La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, la necesidad de protegerlo y hacer un uso racional del mismo.

Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en 2010 la Resolución 64/292 que reconoce “el derecho humano al agua potable y al saneamiento” y reafirmó lo dispuesto en 2008, en el sentido que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

En Colombia, inexplicablemente el proyecto de ley que convertía el acceso al agua potable como un derecho fundamental se hundió sin remedio en el Congreso de la República y no se ha podido rescatar.

Uno de los objetivos del desarrollo del milenio fue reducir un 50% la proporción de personas sin acceso al agua potable en el mundo hacia el 2015. Desafortunadamente Colombia, según el coordinador residente de las Naciones Unidas Fabrizio Hochschild, avanzaba “en la dirección correcta” pero “no a la velocidad necesaria”.

Nuevamente, entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) está el acceso al agua limpia y tiene entre otras metas lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, así como la utilización eficiente del recurso hídrico.

Hemos venido sosteniendo que el agua potable dejó de ser hace rato un bien libre para convertirse en un bien económico, el cual después de considerarse un recurso natural renovable, por cuenta del cambio climático, se tornó en un recurso natural no renovable y por lo tanto expuesto a su agotamiento. Como bien lo plantea el experto Álvaro Sánchez “el planeta no produce agua nueva, el agua es estable sobre la tierra”.

Recientemente el mundo fue sorprendido con la noticia que el agua había empezado a cotizarse en Bolsa, al lado del oro, el crudo, el cobre y la soya. Y ello en momentos en los que dos mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua y se estima que próximamente dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua, al tiempo que millones de personas se verán desplazadas por la carencia del líquido.

Por ello, no han faltado quienes han puesto el grito en el cielo de sólo pensar que se llegue a especular en Wall Street con un recurso que en el mundo es considerado como un bien común de dominio público. Pero, en la práctica, al darse este paso se da un sinceramiento del mercado en donde el agua es gestionada como un activo financiero. Es el caso de los derechos o concesiones para la utilización del agua con distintos fines mediante actos administrativos.

Como afirma el director de Economía del Agua en el Instituto del Agua de Madrid (España), Gonzalo Delacámara, “esto siempre ha funcionado de manera informal en todos los lugares del mundo con sistema de riego”. Y lo ilustra con un ejemplo: “un regante A le dice al B, este mes no voy a regar, te cedo mis derechos a cambio de una compensación”.

Delacámara señala que así como se da el intercambio de derechos de uso de agua entre agricultores a cambio de dicha “compensación”, también se da que “otros actores lo que busquen sea ganar dinero con esos activos financieros”. Y allí es donde nace el negocio con el agua, donde quien la necesita va al mercado spot a comprarla, como cualquier otro bien transable, pagando el precio al cual se cotice el derecho de agua.

Pero, también puede ocurrir que el interesado no la necesita de momento, pero quiere asegurarse de disponer del agua para cuando la requiera (para riego, por ejemplo) y en ese caso puede recurrir al mercado de “derivados”, ya sea como bien de opción o de futuros del agua.

Huelga decir que estos contratos de futuro no obligan necesariamente a la entrega física de agua en una fecha determinada, son puras y duras transacciones financieras. Operan como si fueran un seguro para cubrir el riesgo frente a la variabilidad climática, pues en el evento de que se presente una hidrología crítica y no le puedan suministrar el volumen de agua convenido, quien la contrató recibe el pago estipulado como compensación.

Lo cierto es que desde finales de 2020 el índice Nasdaq Veles California Water Index, con el “ticker” NQH2O, está operando y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California por acre-pie.

Algunos expertos defienden que estos mecanismos financieros pueden contribuir a una gestión más eficiente de un recurso cada vez más escaso. Y no les falta razón a quienes aducen que ponerle precio al agua cuando, como ya dijimos, merced al cambio climático dejó de ser un bien libre para adquirir un valor económico, aunque no deja de ser un bien público, nada justifica que no se le ponga precio cuando se otorgan derechos y concesiones a título gratuito para su usufructo por parte de particulares.

Eso sí se debe garantizar el efectivo ejercicio del acceso al agua potable como derecho humano, tal como lo dispuso las Naciones Unidas, ello no puede sufrir menoscabo, única forma de cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Ojalá el Gobierno Nacional y el Congreso de la República le den trámite al proyecto de ley que consagra el agua potable como un derecho fundamental en Colombia, al tiempo que se garantice el mínimo vital gratuito a la población vulnerable.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Países, empresas, bancos, fondos de inversión y hasta entidades multilaterales están desincentivando las inversiones en carbón. Consecuencias en Colombia.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

27 de febrero de 2021.   Como lo avizoró el ex presidente de El Cerrejón Guillermo Fonseca, “el carbón está en declive y la compañía está sufriendo”, y lo que es más grave, estamos “en el lado equivocado del Canal de Panamá” por donde toca transitar para llegar al último reducto de nicho de mercado que le queda al carbón: el asiático, donde nuestros carbones no son competitivos por los altos fletes.

Y fue más lejos en sus malos presagios al señalar que estamos ante “una contracción estructural”, advirtiendo además que “en los próximos 5 años la demanda de carbón del mercado del Atlántico (Europa, Mediterráneo y las Américas), que es nuestro mercado natural, se va a contraer a la mitad”. Estamos en presencia de una realidad incontrastable, una reconfiguración del mercado que no favorece los carbones de Colombia.

Huelga decir que con la firme decisión de China, anunciada en la Asamblea de las Naciones Unidas por su Presidente Xi Jinping, de reducir sus emisiones y de lograr neutralizarlas hacia el 2060 y avanzar en su “revolución verde”, también allá terminarán más pronto que tarde por darle la espalda al carbón.

En este contexto no sorprende la decisión tomada por la multinacional Glencor de abandonar sus operaciones, después de haberlas suspendido temporalmente y devolverle los títulos mineros de Calenturitas y La Jagua en el Cesar por parte de su filial Prodeco a la Agencia Nacional de Minería (ANM), al considerar que “el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable”.

Este hecho, que estuvo antecedido por el cierre de las minas de El Hatillo y La Francia, en el Paso (Cesar) por parte de la multinacional Colombian Natural Resources (CNR), obliga a encender todas las alarmas, porque no se auguran tiempos mejores para el carbón. Estamos hablando de la tercera empresa productora/exportadora de carbón, participando con el 25%, con 15,3 millones de toneladas en 2019, sólo superada por Drumond y El Cerrejón, de la cual su matriz Glencore posee el 33.3% de participación accionaria.

Prodeco, además, es la segunda empresa en generación de empleo en el Cesar, después de Drummond, con 4.500 operadores, de los cuales 1.200 son por contratación directa.

Así las cosas, tanto el departamento como los municipios de La Jagua y Becerril, que recibieron en el bienio 2019 – 2020 $65.000 millones y $15.000 millones, respectivamente, verán menguados sensiblemente sus ingresos.

Su impacto se sentirá también en el resto del país, toda vez que el Sistema General de Regalías (SGR) dejará de recibir $357.000 millones/año, aproximadamente, al tiempo que el fisco nacional verá reducido su recaudo por concepto de impuesto a la renta.

Hay que ser conscientes de que está en curso una estampida de las principales empresas carboníferas, de la banca y de los fondos de inversión, que están abandonando y desinvirtiendo en esta industria y que esto no es algo aislado ni coyuntural.

Es muy diciente que los tres socios del consorcio de El Cerrejón, la australiana BHP Billinton, la suiza Glencore y AngloAmerican del Reino Unido están partiendo cobijas con el carbón, desmarcándose del mismo.

La primera en romper fila, presionada por sus inversionistas, fue la Billinton, la empresa minera más gigante del planeta,para adherirse al Acuerdo de París, al decidir reconocer el cambio climático y manifiestar su “renuncia al carbón”. Además, se retiró de la Asociación Mundial del Carbón por su discrepancia insuperable con respecto a la política a seguir contra el calentamiento global. Fueron varios fondos de inversión europeos los que le sugirieron a la minera angloaustraliana su salida de El Cerrejón.

Por su parte, Glencore, con sede en Baar (Suiza), resolvió “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas esenciales para la Transición Energética”, y la AngloAmerican resolvió apartarse de las operaciones de carbón térmico tanto en Colombia como en Sudáfrica a partir de 2023.

Nada menos que el Fondo Soberano Noruego, el más poderoso del mundo, receptor de los enormes rendimientos provenientes de los yacimientos de hidrocarburos del país nórdico, vetó las inversiones en Glencore y Angloamerican por su exposición en la industria del carbón.

Y como si lo anterior fuera poco, el Banco Mundial cerró desde 2020 todas las lineas de crédito para el financiamiento de proyectos de exploración y explotación de carbón, petróleo y gas. Es claro, entonces, que los bancos y los fondos de inversión están en retirada de las energías de orígen fósil.

Estamos notificados sobre lo que se le viene a Colombia pierna arriba y, en consecuencia, se deben tomar las acciones y previsiones pertinentes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Colombia llegó a posicionarse como el quinto mayor exportador de carbón en el mundo, y el mineral llegó a ser el segundo renglón de exportaciones del país, desplazando al café, pero ahora el futuro del mineral se ve negro.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

21 de febrero de 2021.   Sin el carbón no habría sido posible la primera revolución industrial, consistente en el salto de la manufactura a la maquinización de los procesos productivos, gracias al invento de la máquina a vapor.

El coque, un derivado del carbón metalúrgico, como elemento reductor, servía de materia prima en la fundición del acero en las siderúrgicas para la fabricación de las máquinas y las locomotoras, y el carbón térmico servía como combustible para avivar el fuego en las calderas para producir el vapor y así ponerlas en marcha. Así surgió la industria del carbón, demandado por las fabricas, el transporte marítimo y los ferrocarriles.

Después del boom del carbón, que llegó a su clímax en las postrimerías del siglo XIX y se prolongó hasta el estallido de la primera guerra mundial, es desplazado por el petróleo, luego de que este emergiera aupado por la invención del motor de combustión interna.

El petróleo, al ser menos contaminante, más fácil de almacenar y transportar, le ganó la partida al carbón, el cual fue relegado a un segundo plano, hasta la crisis energética de 1973 causada por el embargo petrolero decretado por parte de los países árabes productores de petróleo en contra de los países aliados de Israel, encabezados por EEUU. Estos vieron la necesidad de diversificar su matriz energética para no depender sólo del petróleo, en ese momento en manos de la OPEP, impulsando la producción y el consumo del carbón y el gas.

No es por casualidad que justo en la década de los 70 se da en Colombia el arribo de la petrolera Texas tras los enormes yacimientos de gas de La Guajira, e INTERCOR, filial de la petrolera Exxon, que emprende el primer desarrollo a escala industrial en Colombia de la extracción de carbón para la exportación en El Cerrejón, también en La Guajira.

En el primer caso, Texas se asoció con Ecopetrol, en el segundo, Intercor se asoció con Carbocol, empresa del Estado que terminó vendiendo su 50% de participación en la Asociación a precio de gallina flaca.

Ahora, una vez más, el carbón se está viendo desplazado a consecuencia del compromiso contraído por la comunidad internacional en 2015, a través del Acuerdo de París, en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21), de descarbonizar la economía, migrando de las energías de origen fósil, que tanto contaminan el medioambiente, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias. Ello situó al petróleo y al carbón en el lugar equivocado de la historia.

De allí la tendencia a la contracción del mercado de uno y otro y la descolgada de sus precios internacionales. Las propias empresas ligadas al negocio del petróleo y el carbón han entendido que su perspectiva hacia el futuro está pasando vertiginosamente de castaño a oscuro.

Ya lo había predicho el ex ministro de petróleos de Arabia Saudita Ahmed Zaki Yamani, que “la edad de piedra terminó no por falta de piedras y la era del petróleo terminará no por falta de petróleo”. Esta frase puede hacerse extensiva al carbón.

Colombia llegó a posicionarse como el quinto mayor exportador de carbón en el mundo, al punto que el mismo llegó a desbancar del segundo renglón de exportación al café desde el año 2000, constituyéndose, junto con el petróleo, en el mayor dinamizador del crecimiento de la economía colombiana y en el mayor generador de divisas del país y de ingresos tanto para la Nación como para las entidades territoriales.

Después del más largo ciclo de precios altos del carbón, llegando a cotizarse a US $102.35 la tonelada en 2011 y de la máxima producción histórica en 2016 de 91 millones de toneladas, ambos se han venido en barrena debido a la notable reducción de la demanda. En 2020 tocaron fondo tanto el volumen de producción como el precio, registrándose una baja hasta los 53.7 millones de toneladas y US $29 la tonelada, en su orden.

Ello, desde luego, afectará las previsiones de ingresos esperados tanto por parte de la Nación como por los departamentos y municipios, dado que el Presupuesto General de la Nación (PGN) así como el Presupuesto bienal del Sistema General de Regalías (SGR) tomaron como base un mayor volumen de producción y precios mucho más altos, los cuales han tenido que ser revisados a la baja por fuerza de las circunstancias. A guisa de ejemplo, el cierre de las minas que opera Prodeco en el Cesar le significará al SGR 357.000 millones de pesos anuales menos.

El primer revés para el carbón colombiano se presentó en el mercado estadounidense, que era el segundo destino de nuestro mineral después de Europa. En Estados Unidos el gas natural abundante y barato productos del uso de la técnica del fracking, convirtió a ese país, como dijo el expresidente Barack Obama, en la Arabia Saudita del gas natural, y remplazó al carbón en sus centrales térmicas de generación.

Se calcula que en Europa y EEUU la demanda de carbón ha caído 39%, aproximadamente, con tendencia a una mayor caída dado el compromiso que han contraído de alcanzar la neutralidad de sus emisiones hacia el año 2050.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La navegabilidad del río Magdalena no se podrá lograr jamás mientras no comprometa la recuperación y rehabilitación de su cuenca.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de febrero de 2021.   En el año 1500 el 90% de la cuenca del río Magdalena estaba poblada por bosques, los cuales se han reducido a sólo el 10% como producto de la tala y la deforestación, y a consecuencia de ellas sobreviene la erosión y con la erosión la sedimentación que arrastra el río, la que termina en bancos de arena en su cauce y en la barra de sedimentos que acusa su desembocadura.

En este caso, contrariando el adagio popular, el ahogado hay que buscarlo es aguas arriba, pues hasta que no se detenga la erosión el río seguirá arrastrando anualmente más de 250 millones de toneladas, aproximadamente, de sedimentos y desechos.

Pretender garantizar la navegabilidad permanente del Magdalena mientras no se detenga el ecocidio de la cuenca es como pretender endulzar el mar, lo más parecido al drama de Sísifo, el de la mitología griega.

Colombia cometió con el Río Grande de la Magdalena, más que un error, la torpeza, la indolencia y la ingratitud de abandonarlo a su propia suerte después que se sirvió de él.

Ello ha obedecido, entre otras razones, a que mientras en la inmensa mayoría de los países que han logrado su crecimiento y desarrollo localizando sus empresas cerca de los puertos, aquí en Colombia se ubicaron en la altiplanicie, a más de 500 y 1.000 kilómetros de sus principales puertos sobre el Pacífico y el Caribe, respectivamente.

Este cuello de botella explica, entre otras cosas, que los costos de manejo y transporte de carga en la exportación/importación de bienes y mercancías  representan, según el reporte Doing Business de 2013, el 78.7% de los costos totales de operación en que incurren las empresas en Colombia, afectando enormemente su competitividad.

Basta comparar dichos costos en la OCDE y con los de Latinoamérica, cuyos promedios, según la misma fuente, estaban en dicho reporte en el 48.5% y 43%, respectivamente. Y todo ello repercute, finalmente, en un nivel muy bajo en el Índice de Desempeño Logístico que maneja el Banco Mundial, en el cual Colombia se raja con una calificación de 2,6 sobre 5, ocupando el puesto 58 entre 161 países.

Ha llegado la hora de rescatar y recuperar el río Magdalena, convertido como está en una verdadera cloaca abierta que recoge a lo largo de su trayecto toda la inmundicia que arrojan a su cauce.

La Constituyente de 1991, gracias al prestigioso sociólogo del Caribe Orlando Fals Borda, uno de sus delegados, quiso reivindicarlo y fue así cómo incorporó en la nueva Constitución la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la única en el país con rango constitucional, en su artículo 331, desarrollado mediante la Ley 161 de 1994.

Entre sus funciones, además de “la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria”, dispuso la “adecuación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables”. Esta, como tantas otras normas de la Constitución de 1991, se ha quedado en el papel, que puede con todo.

Sólo tuvo algún desarrollo el aparte en el que se dispuso que la Ley definiría “en favor de los municipios ribereños un tratamiento especial en la asignación de regalías”, no así “en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación”.

En efecto, en la Ley 143 de 1994 que reglamentaba los articulos 360 y 361 de la carta, atinentes a la distribución de las regalías, se estableció que el 10% del Fondo Nacional de Regalías (FNR) creado por dicha Ley se le asignaran a Cormagdalena.

Con tan mala suerte que en el Acto Legislativo 05 de 2011 se le arrebataron esos recursos, quedando reducidos a sólo el 0,05% de las regalías, aunque en la más reciente reforma al Sistema General de Regalías (SGR) contenida en el Acto Legislativo 05 de 2019, reglamentado por la Ley 2056 de 2020, por fortuna mejoró su participación y se le asignó el 5%.

La Corte Constitucional ha sentado un precedente de la mayor importancia, que puede ser de gran utilidad para que el Estado colombiano vuelva sus ojos al Magdalena, al que se le dió la espalda hace marras, corriendo la misma suerte del Mar, por cuenta de un modelo económico andino, mediterráneo.

En efecto, mediante el fallo T – 622 de 2016 la alta corte sentenció que el Río Atrato, el tercero más navegable después del Magdalena y del Cauca, es “sujeto de derechos, que implican protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”.

Con más veras, en el caso del Río Grande de la Magdalena está llamado a ser también sujeto de derechos, los cuales deben ser amparados, cómo no, por la guardiana de la Constitución, la misma que le dio la importancia que no le han dado los sucesivos gobiernos durante sus treinta años de vigencia que se cumplirán próximamente.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El cuento del gallo capón, que tuvo su origen en esa prodigiosa creatividad y capacidad narrativa del pueblo raso de Macondo, lo inmortalizó el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su obra cumbre Cien años de soledad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

8 de febrero de 2021.   Según la versión de Gabo, “los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras”.

Traigo a colación el cuento del gallo capón, porque sirve de metáfora a propósito del cuento de nunca acabar del dragado del Puerto de Barranquilla.

En un remoto 1955, el entonces cronista García Márquez relata en su reportaje titulado “Viacrucis de Bocas de Ceniza” cómo después de ser el más prestigioso muelle de embarque y desembarque de mercancías y migrantes hacia 1893, ya para 1955 estaba reducido a una “plataforma de hierro y madera” que amenazaba ruina. Y describe la “flamante e inservible draga de Barranquilla”, la que no dudó en mostrarla como “un montón de hierro viejo y retorcido.»

A lo largo de todo el año de todos los años se registra con asombro cómo debido a las dificultades de la operación y la operatividad misma del Puerto de Barranquilla estas están seriamente comprometidas por el bajo calado, el cual impide que arriben embarcaciones sin exponerse a terminar encalladas en los bancos de arena producto del sedimento que arrastra el río Magdalena.

Esta circunstancia genera incertidumbre y sobrecostos enormes, pues las embarcaciones parten desde su puerto de origen sin saber si a su llegada pueden atracar en Barranquilla y no pocas veces deben ser desviadas a puertos vecinos para aligerar parte de la carga, la que posteriormente debe transportarse por tierra hasta las bodegas de destino, con los sobrecostos que dicha operación de transbordo conlleva.

Esta calamitosa situación ha repercutido, y de qué manera, sobre el puerto de Barranquilla, al punto que después de ser desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el principal puerto marítimo de Colombia a ser de quinta, después del de Buenaventura, Tumaco, Santa Marta y Cartagena.

A lo largo de la última década han desfilado por allí un sinnúmero de dragas para la remoción de los sedimentos, tratando de garantizar y estabilizar un mínimo de calado, mediante el mantenimiento de la operatividad del canal de acceso al Puerto, sin lograrlo.

Constantemente, ante el inminente cierre del puerto, se apela a la declaratoria de la urgencia manifiesta, de dudosa factura porque su recurrencia advierte la ausencia de hechos imprevisibles y sobrevinientes que las justifiquen, para contratar en volandas el dragado. Ello, con el fin de restablecer los niveles operativos y las condiciones de navegabilidad en el canal de acceso.

La contratación de dichas dragas corre por cuenta de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, y más recientemente se han venido adelantando estos procesos a través de FINDETER.

El 6 de marzo de 2020 inició operaciones de dragado la empresa Shangai Dredging, con el compromiso establecido en los términos de referencia del contrato de obtener de manera sostenible un calado de 10,20 metros. Sin embargo, según lo denuncian miembros del Comité Intergremial del Atlántico, transcurridos más de 8 meses de ejecución de dicho contrato, durante el 53% del lapso transcurrido el calado ha estado por debajo de 9,80 metros “y sólo alcanzó este nivel en el 47% de dicho tiempo”.

Ello llevó a afirmar al director de Asoportuaria Lucas Ariza que “la situación en el canal de acceso del puerto es crítica”. Él ha insistido una y otra vez en que se necesita “un calado óptimo en todo el canal para seguir prestando el servicio de importación y exportación de mercancías sin molestar a nadie”. Pero en este caso, como diría el poeta León de Greiff, todo pasa sin que pase nada.

Ha sido tan patética la situación planteada que, habiendo sido una de las principales motivaciones para la construcción del nuevo y monumental puente Pumarejo la de posibilitar que por debajo del mismo transitaran buques de mayor calado hacia la zona industrial de Malambo y Ponedera, ello está descartado.

Es más, según el director de Cormagdalena Pedro Pablo Jurado, la estructura del nuevo puente aumenta la sedimentación en detrimento de la navegabilidad del mismo. Ello, a causa de que ha inducido un “cambio en la dinámica del río por la presencia de las pilonas”. Vea, pues.

*Exministro de Minas y Energía y  miembro de número de la ACCE.

Con el propósito de tapar el hueco fiscal del Gobierno central, desde que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla asumió el cargo ha intentado infructuosamente la privatización de las dos joyas de la corona: Ecopetrol e Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

31 de enero de 2021.   A pesar de las acrobacias del ministro Carrasquilla para maquillar y disimular el déficit fiscal pagando deudas con deudas, mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES) y recurriendo al ardid de la contabilidad creativa, haciendo pasar el gasto corriente por financiamiento, tuvo que solicitar al Comité Consultivo de la Regla Fiscal la dispensa para su flexibilización primero y para su suspensión después, ante la imposibilidad de cumplir con el objetivo de meter en cintura el déficit fiscal estructural que acusa el Gobierno.

El ex ministro de Hacienda Guillermo Perry, uno de los integrantes de dicho Comité, criticó acerbamente este proceder, así como el tratamiento de la venta de activos al registrar “los recursos procedentes de esas ventas como ingresos corrientes para reducir su déficit y cumplir con la regla fiscal”.

Por su parte, Fedesarrollo, ANIF y Portafolio, al unísono, señalaron que ello era violatorio de las normas contables del FMI, “según las cuales las ventas de activos constituyen una forma de financiar el déficit y no de reducirlo”.

En su momento, la calificadora de riesgo Fitch le advirtió claramente al ministro Carrasquilla que si persistía en tales prácticas ello le podría acarrear la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación, con todas sus implicaciones.

Han sido muy variados los argumentos que se han esgrimido para privatizar los activos de la Nación, primero se adujo que el Estado era un pésimo administrador y como ese no era el caso de ISAGEN, esta vez se arguyó sibilinamente que de lo que se trataba era de reemplazar un activo de generación por otro, que sería la modernización de la infraestructura vial del país, en la que supuestamente se invertirían los recursos provenientes de su venta, circunstancia esta que nunca se dio.

Esta vez, la insistencia en vender el 51.4% de la participación accionaria de la Nación en ISA es, sin ambages, sólo para cuadrar caja toda vez que, pese a los malabares del ministro Carrasquilla, 2019 cerró con un déficit del 2,5% del PIB, el cual se vio agravado el año anterior a consecuencia de la crisis pandémica, estimándose que el déficit de 2020 estuvo alrededor del 9%, muy lejos a la meta que se tenía para 2020, inicialmente de 2,3%, y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de junio pasado del 5,1%. Por lo demás, la Regla Fiscal sigue de vacaciones desde el 15 de junio de 2020, cuando el CCRF accedió a su suspensión.

Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el presupuesto para la vigencia de 2021 se aprobó con un desfinanciamiento de $39,1 billones y se previó en el mismo que $12 billones se procurarían teniendo como fuente “ingresos por disposición de activos”. Y estos, como ya quedó dicho, tienen nombre propio, en primera instancia ISA.

El previsivo ministro Carrasquilla se adelantó a expedir, al amparo de la declaratoria de la Emergencia Económica y Social, el Decreto legislativo 811 de 2020, el cual deja abierta en su artículo 10 la posibilidad de la enajenación de accionaria entre entidades estatales. Esta jugada maestra es la que le permitirá la enajenación de ISA sin su privatización.

Tres entidades estatales pujan en este momento por adquirir la participación accionaria de la Nación en ISA y de esta manera hacerse al control de la misma: Empresas Públicas de Medellín (EPM), el Grupo Energía Bogotá (GEB) y Ecopetrol.

Esta última ya oficializó su oferta y de darse este sería un enroque que, al tiempo que le significaría ingresos frescos a la Nación de $7 billones, aproximadamente, para financiar su déficit, pero sin perder dicho activo habida cuenta que la petrolera es propiedad de la Nación en un 88,5%.

Ecopetrol por su parte, de concretarse esta operación, diversifica aún más su portafolio de inversión y su matriz de riesgo, gana en sinergias y se consolidaría como un conglomerado energético, muy a tono con la Transición Energética, en cuya hoja de ruta cumple un rol preponderante.

Como bien dijo su presidente Felipe Bayón, “esta adquisición significaría un hito en la historia de Ecopetrol, que nos fortalecería en el sector energético nacional e internacional y nos permitiría acelerar la Transición Energética en la que estamos comprometidos. Sería el nacimiento de un conglomerado más fuerte, más resiliente y con mayor capacidad para crecer en la nueva era de la energía limpia”.

Huelga decir que, como lo afirmó el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, de darse la enajenación de ISA a manos de Ecopetrol, dada la magnitud del déficit fiscal en 2021 y el que se proyecta para 2022, no nos librará de la anunciada reforma tributaria, llamada eufemísticamente “reforma fiscal”, que el Gobierno considera inexorable para tratar de corregir el creciente déficit fiscal.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La incertidumbre por la entrada en operación de Hidroituango es la peor señal para el sistema eléctrico nacional. Análisis del exministro Amilkar Acosta.

Por: AMYLKAR ACOSTA M.*

18 de enero de 2021.   Tomó muchos años la gestación del megaproyecto de la central de generación de energía Hidroituango, aprovechando el caudal y la torrentera del río Cauca, el segundo en importancia del país después del río Magdalena, para embalsarlo y alimentar las turbinas de sus 8 unidades, cada una con capacidad de generación de 800 MW de potencia.

Pero, fue sólo en 2010 cuando la Sociedad Hidroituango, cuyos mayores accionistas son el departamental Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), suscribió con esta última el contrato BOOMT (build, opérate, own, maintainand and transfer, por sus sigla en inglés), para su construcción y puesta en operación.

EPM, a su vez, firmó los tres contratos principales para su ejecución con los consorcios liderados por las firmas Integral, Ingetec y CCC, para la asesoría y diseños del proyecto, la interventoría de las obras y la construcción propiamente dicha, en su orden. Todas empresas de ingeniería ampliamente reconocidas y con gran experiencia en el sector.

Este proyecto es considerado el de mayor envergadura en su género en el país y hace parte del Plan de Expansión Eléctrica 2015 – 2029 elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, tendiente a garantizar el abastecimiento del servicio de energía en todo el país, con firmeza, confiabilidad y continuidad, como lo manda la Ley Eléctrica 143 de 1994.

Hidroituango, de acuerdo con lo presupuestado, debió entrar a operar en 2018 y justamente en mayo de ese año, cuando según los reportes el avance de obras era del 81%, se presentó una contingencia gravísima, que atrasó su puesta en marcha y elevó sus costos más del 40%, al pasar de los $11,4 billones iniciales a los $16,2 billones.

Los daños fueron de tal magnitud que se llegó a temer por su siniestro, que fuera un proyecto fallido, poniendo en riesgo y estresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), habida cuenta que con el mismo se espera cubrir el 17% de la demanda nacional de energía.

Al no entrar a tiempo, la UPME convocó dos subastas de reconfiguración, mecanismo por medio del cual se procede a ajustar el déficit de cobertura de las obligaciones de energía en firme (OEF), cuando estas son inferiores a las proyecciones de demanda.

De esta manera se ha podido suplir la energía que debería estar suministrando Hidroituango, evitando un eventual racionamiento, pero no la presión al alza del precio de la energía, la cual la termina pagando el usuario final vía tarifa. Y de contera, ha puesto en riesgo también la entrada en operación de los proyectos de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) adjudicados en 2019, que contaban con su respaldo, dada la intermitencia de la energía eólica y la solar – fotovoltaica.

Los estragos causados por el colapso del túnel auxiliar de derivación dieron al traste con las obras adelantadas en Hidroituango, con la casa de máquinas y los equipos instalados, y la riada que precipitó aguas abajo del río Cauca estuvo a punto de provocar una tragedia, la que por fortuna se pudo atenuar.

La Contraloría y la Procuraduría vienen adelantando sendas investigaciones para establecer la causa raíz de la contingencia y las responsabilidades de la misma.

Con la llegada a la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle se avivó la controversia que se había suscitado en torno a este insuceso, dando lugar a su desencuentro con la Junta Directiva de EPM, la cual había estado al mando de la ejecución del proyecto, el cual terminó con el abrupto relevo de sus miembros.

Esta confrontación derivó en el anuncio del alcalde Quintero de una demanda contra los contratistas principales, cuya pretensión asciende a $9,9 billones, la cual estuvo mediada por un intento frustrado de conciliación con intervención de la Procuraduría General de la Nación. El 8 de enero de este año se anunció que había “concluido sin éxito”, allanando el camino para seguir con la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Lo curioso es que este intento de conciliación entre las partes estuvo precedido de un acuerdo entre EPM y los contratistas para que estos continúen hasta finales de este año en las tareas de recuperación, mantenimiento y estabilización del avance de obras y así asegurar que el año entrante puedan entrar en operación las primeras cuatro unidades, quedando en entredicho la entrada de las otras cuatro.

El peor escenario de Hidroituango es que no se concluya, ya que lo que está en juego es la seguridad energética del país, que no puede quedar expuesta a la incertidumbre de cuándo será ese cuando que podrá contarse con el completamiento y operación a full de las 8 unidades previstas, evitando de paso un nuevo coletazo en los precios de la energía y las tarifas que terminarían afectando los bolsillos de los usuarios finales.

Suele decirse que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero en este caso estamos entre un acuerdo y un pleito en simultánea, de los cuales no se sabe cuál será su desenlace. Así las cosas, la incertidumbre es la peor señal para el sector energético del país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Mientras el mundillo de la pequeña política se agita y se dan los primeros escarceos de la contienda electoral de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, Colombia se debate entre el anunciado rebote del crecimiento de la economía y el rebrote de los contagios y víctimas fatales de la Covid–19.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

27 de diciembre de 2020.   En momentos en los que cunde la desazón, el desconcierto y la incertidumbre a consecuencia de la crisis pandémica, el director del DANE Juan Daniel Oviedo le reveló al país unas cifras aterradoras, espeluznantes, que delatan la pandemia de la pobreza y la desigualdad en Colombia, taras que se han visto exacerbadas este año aciago para el país. Ello es tanto más preocupante, habida cuenta que es la población vulnerable la que está llevando la peor parte de esta debacle.

Desde 2012 venía disminuyendo el índice de pobreza monetaria en Colombia, hasta que tocó fondo en 2018, cuando alcanzó el 34.7%. A partir de 2019 se revirtió dicha tendencia, registrando el 35.7%, un punto porcentual más elevado con respecto al año anterior. Según el DANE, en 2019 661.899 personas cayeron en la trampa de la pobreza, para completar las 17´470.000.

Vamos de mal en peor. Pero estamos hablando del promedio nacional, en el cual se confunde el valle con la colina, ya que, al aterrizar las cifras en los territorios, se ponen de manifiesto unas aberrantes desigualdades, las denominadas “brechas”.

En contraste con el promedio nacional, el índice de pobreza monetaria en el Chocó en la región Pacífica, también promediando la cifra, pasó del 61.1% al 68.4%, y el de La Guajira en la región Caribe, del 53.7% al 61.8%.

Según el DANE, en cuanto al índice de pobreza extrema, el promedio nacional pasó del 7.2% al 9.6%, 2.4 puntos porcentuales más, lo cual se tradujo en que 728.955 personas pasaron de la pobreza a la indigencia, para un consolidado de 3’500.000.

Por su parte, los departamentos de Chocó y La Guajira registraron en pobreza extrema el 36.8% y 33.5%, respectivamente, superando el 34.5% y el 26.7%, en su orden, del 2018. Y no hay que perder de vista que cuando hablamos de la pobreza, sabemos que esta se caracteriza porque la persona no tiene cómo valerse por sí misma para que sea llevadera su congrua subsistencia.

Esta tendencia, aberrante por lo demás, de empeoramiento de la condición social de la abrumadora mayoría de los colombianos, especialmente en las regiones más deprimidas y vulnerables, se ve acentuada debido a los estragos sociales de la crisis pandémica. Ésta repercute en la pérdida de empleo e ingresos, lo cual va a conducir a que, según el investigador de Fedesarrollo Jairo Núñez, “la pobreza en Colombia alcanzará un nivel de entre 47% y 49%”. Dicho de otra manera, seis millones de personas que habían salido de la pobreza volverán a ella, esta vez por cuenta de la Covid–19. De manera que, muy seguramente, al cierre del 2020 no estaremos mejor que cuando estuvimos peor.

Hemos pasado de la prevención del contagio de la pandemia a la contención de la misma y últimamente a su mitigación, a la espera de la vacuna, la cual nos permite columbrar la luz al final del túnel.

Esta emergencia copa toda la atención de los medios y las autoridades, pero hay otra realidad subyacente y lacerante que viene de atrás, que no se le puede atribuir a la pandemia, como son las execrables lacras de la pobreza, la desigualdad y el hambre.

Frente a estas ha faltado una política social de prevención, de contención y de mitigación y, lo que es peor, los distintos gobiernos se han rehusado a aplicar la única vacuna eficaz y segura para combatirlas: la política de protección, inclusión y cohesión social.

De nada sirve que se incluya entre las metas de todos los planes de desarrollo la reducción de la inequidad, si las mismas no se concretan en acciones efectivas y eficaces para lograrlo. Es consabido que las palabras que no van seguidas de hechos son asesinas de los ideales.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En 2019 se aprobó por el Congreso de la República, a instancias del Gobierno Nacional, un paquete de medidas tendientes a allanar el camino para el proceso que conduciría a reemplazar a Electricaribe como operador y distribuidor del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

12 de diciembre de 2020.   En el texto de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron las medidas de salvamento de Electricaribe y se complementaría posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento.

Entre las medidas que se contemplaron, además de establecer un régimen regulatorio especial, se dispuso que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público de energía” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”, así como del pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, calculado en $1.53 billones.

Gracias a esas disposiciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) pudo adelantar con éxito la subasta para la escogencia de los dos nuevos operadores (Afinia y Air´e), al tiempo que prosiguió el proceso de liquidación de la intervenida Electricaribe.

Como el título de la célebre y satírica obra de teatro de Esteban Navajas, ‘La agonía del difunto’, esta no termina, o mejor, apenas empieza, dado el lastre de sus obligaciones insolutas, amén de la demanda por parte de la empresa española Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), que controlaba a Electricaribe, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington en contra de la Nación por un monto de US $1.547 millones, que pende sobre esta como espada de damocles.

Con el propósito de recaudar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones contraidas por Electricaribe y ahora asumidas por la Nación, el Congreso impartió su aprobación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 313, al establecimiento de una sobretasa con miras a fortalecer el Fondo Empresarial de la SSPD. Fondo este a través del cual se le inyectaron a Electricaribe para sacarla a flote alrededor de $5.4 billones antes de su reemplazo por parte de los nuevos operadores.

En efecto, en primer lugar, se determinó establecer una “sobretasa por kilovatio hora para fortalecer al Fondo Empresarial en el territorio nacional… de cuatro pesos”, aplicable a “los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica”.

Posteriormente la SSPD expidió la resolución para su implementación a partir de noviembre de 2019, pero con efecto retroactivo partiendo del mes de junio del mismo año, prolongándose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero, como en el verso de La perrilla de José Manuel Marroquín, “es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”.

El primer tropiezo que tuvo el Gobierno al empezar el cobro de la sobretasa y la contribución adicional fué la demanda interpuesta por el Defensor del Pueblo Carlos Negret, al considerar que dicho cargo era un impuesto disfrazado, lo que iba a contrapelo de la norma constitucional y, de contera, los ingresos esperados de $180.000 millones anuales, aproximadamente, “no representarán ningún beneficio o mejora en la prestación del mismo para los usuarios contribuyentes”.

Además, según el defensor del Pueblo, “el pago no es optativo, puesto que, mientras se mantenga la vigencia de la norma demandada, será obligación de los usuarios señalados en el hecho generador la de pagar sumas correspondientes al cargo adicional, sin que exista ninguna posibilidad de negarse al pago”. Y añadió que “el establecimiento de cualquier renta de carácter nacional que se encuentre dirigida a financiar de manera específica una necesidad concreta y no a aportar de forma global al cumplimiento de todas las funciones ejercidas por el Estado, resulta, inconstitucional.”

En respuesta a dicha demanda, la Corte Constitucional en sentencia proferida el 5 de diciembre tumbó la sobretasa, dejando virtualmente colgados de la brocha al Gobierno Nacional, a la Superintendencia y a Electricaribe en liquidación.

La Corte, al acoger la argumentación del Defensor del Pueblo, fue enfática al señalar que “no queda duda alguna de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional creada por la norma demandadaen una Ley aprobatoria del Plan de Desarrollo”.

Ello, en cuanto que el artículo demandado vulnera de manera flagrante la prohibición expresa en la Constitución Política de crear rentas con destinación específica, excepción hecha cuando su destinación es la inversión social, como lo dispone el numeral segundo del artículo 359 de la Carta.

Este fallo favorece el bolsillo de los usuarios del servicio de energía, que dejarán de pagar la contribución de marras, en momentos en los que sus ingresos se han visto menguados por cuenta de la peor crisis que hayan afrontado los colombianos.

Desde luego, este constituye un duro revés para las finanzas del Gobierno central, que tendrá que vérselas de cómo suplir los ingresos esperados por dicha contribución en momentos en que sus angustias fiscales son mayores por cuenta de los menores recaudos por concepto de impuestos y los mayores gastos derivados de la crisis pandémica.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.