Categoría: Opinión

«Debemos sustituir el petróleo, porque es un energético altamente nocivo para el desarrollo humano”, es una propuesta que ha surgido desde diversos sectores como una gran solución a los problemas que se derivan del uso de combustibles fósiles. ¿Pero es eso posible? ¿Bastaría una decisión de Estado para realizar la transición hacia energéticos más limpios?  

Por: ERIK GIOVANY MONTES PÁEZ*

27 de agosto de 2021.   Desde hace algunos años he tenido la oportunidad de participar como conferencista en el Programa de Formación de Líderes Energéticos del WEC Colombia, y la conferencia que he ofrecido en varias ocasiones la he llamado precisamente como el título de esta columna: ¿Por qué es tan difícil sustituir el petróleo?

La necesidad de petróleo que tiene nuestra sociedad debe analizarse desde diferentes puntos de vista, no solamente pensando en el petróleo como fuente de energía, sino como materia prima de una enorme cantidad de productos que usamos a diario, y como un fuerte motor de la economía nacional, pues la sustitución del crudo implica retos que van desde lo tecnológico hasta lo social.
La canasta energética colombiana de 2020, según cifras publicadas en el “BP Statistical Review 2021”, esta conformada por un 31% de petróleo, 28% de gas natural, 22% de hidroelectricidad, 15% de carbón y 3% de energías renovables.

Es importante destacar que el petróleo ocupa el primer renglón, pero que registró una disminución con respecto a valores de años anteriores. Sin ir más lejos, entre el 2017 y el 2019 tuvo una participación sostenida del 35% de la canasta energética nacional. ¿Significa esto que se está dando un reemplazo del crudo en Colombia? Lo cierto es que no, pues la pandemia conllevó una disminución del consumo mundial de petróleo en torno al 10%, relacionada principalmente con una reducción del 39% en el consumo de combustible para aviones. Pero en el 2021 se espera una recuperación del consumo, motivada por la reapertura de fronteras y diversos sectores de la economía. 

Colombia produjo, en promedio, 781.352 barriles de petróleo al día durante 2020, pero tuvo un consumo diario de 347.642 barriles. Consumo que se da fundamentalmente en la carga de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, donde se producen combustibles para el abastecimiento nacional. Es decir que menos de la mitad del crudo que se produce en nuestro país se destina al consumo interno, por lo cual no es de extrañarse que las exportaciones de petróleo sean un agente dinamizador de la economía colombiana.

De acuerdo con cifras del DANE, de los 31.055 millones de dólares que exportó Colombia en el año 2020, 8.754 millones de dólares ingresaron por exportaciones del petróleo, siendo éste el primer renglón en las estadísticas nacionales, seguido del carbón (4.165 millones) y el café (2.446 millones). Para Colombia, por lo tanto, el petróleo es más un commodity que un energético. De hecho, hemos apreciado en muchos momentos que una crisis en el sector de los hidrocarburos se refleja fuertemente en la economía nacional. 

Surge, por supuesto, un primer e importante reto para el país: diversificar las exportaciones, aspirando a superar esa fuerte dependencia económica del petróleo. Para esto se hace necesaria la inversión en tecnología e infraestructura, permitiendo que muchos de los procesos productivos del país puedan devenir en grandes operaciones de exportación de bienes y servicios.

Entonces, si ocurre una diversificación de las exportaciones, ¿ocurrirá la sustitución del petróleo? Aún no, pues falta superar otro gigantesco desafío, y en este caso, un desafío mundial: el del petróleo como materia prima.
Cuando se habla de “derivados del petróleo” se piensa inicialmente en combustibles. Pero, al tratar de profundizar un poco en el terreno de la petroquímica, surgen centenares de productos que actualmente se obtienen exclusivamente del petróleo. 

Solo por mencionar algunos: asfaltos, fibras sintéticas (poliéster, nylon), detergentes, cauchos, plásticos, lubricantes, velas, aislantes eléctricos, fertilizantes, grasas, aceites, solventes, acrílicos, bases de perfumes, chicle, cosméticos y hasta suplementos vitamínicos, son ejemplos de productos de uso diario que se obtienen a partir del petróleo.

¿De dónde más los podemos obtener? Ahí aparece un segundo reto que, considero, tiene unas dimensiones mayores que el primero. Pues no se trata de la adopción de tecnologías existentes para diversificar la economía de Colombia, sino de un reto mundial que necesita de descubrimientos que permitan seguir produciendo, de forma rentable y con un menor impacto, elementos habituales en la sociedad actual.

La fiebre del caucho, que tan gratamente describía José Eustasio Rivera en “La Vorágine”, conllevó procesos de devastación masiva de árboles de caucho en la Amazonía. Pero la tecnología ofreció una alternativa: la obtención del látex de forma sintética, a partir del petróleo. La matanza de ballenas era una de las opciones de antaño para la obtención de grasas, velas o jabones, pero también hubo la necesidad de hallar alternativas que permitieran preservar a estos inmensos mamíferos marinos.

En su momento, la revolución tecnológica se centró en la petroquímica. Y ahora, la enorme cantidad de productos sintéticos ha producido nuevamente problemas ambientales, sobre todo relacionados con los plásticos.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, cerca del 90% de los plásticos que se consumen en el mundo provienen del petróleo, y más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. La idea era evitar la devastación de las especies marítimas dejando de cazar ballenas, pero la solución momentánea ahora está acabando con su hábitat. 

El reto es enorme y requiere de una mezcla de elementos que hoy apenas se vislumbran: voluntad política para tomar decisiones, investigación y desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas, consciencia social para reducir nuestros impactos sobre el planeta, compromiso de jóvenes investigadores para transformar el mundo, responsabilidad empresarial en el manejo de los procesos industriales y un largo etcétera que permitirán, ahora sí, sustituir el petróleo.

El ideal es el de un mundo en el que la vida humana sea sostenible. No porque hayamos sacado a sombrerazos al crudo de nuestras vidas, como si la culpa de todo fuera de los que un día decidimos estudiar ingeniería de petróleos, sino porque se haya dado un desarrollo tecnológico mundial, en el que los profesionales lideren procesos de transformación en todo sentido.

Por esto es que todos los análisis prospectivos muestran al petróleo como protagonista del mercado energético en los próximos 30 o 40 años. No importa que estas proyecciones sean realizadas por empresas del sector hidrocarburos (como Shell o BP) o por entidades independientes (como el World Energy Council), pues la sustitución del crudo requiere avances tecnológicos, económicos y sociales que, hasta ahora, siguen pendientes.

*Profesor Universidad Industrial de Santander
erimonpa@uis.edu.co

Después de la polémica por la compra de ISA por parte de Ecopetrol en 14,23 billones de pesos para la adquisición del 51,4%, dos temas han de tenerse en cuenta para un análisis objetivo de esta transacción: lo referente al ámbito comercial y su efecto en las finanzas del Estado; y la estrategia de Ecopetrol hacia su proyecto de descarbonización.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

26 de agosto de 2021.   El primer tema, y quizás el más debatido, es el endeudamiento con el cual la estatal ha procedido, dejando poco espacio para continuar con la exploración en busca de incrementar sus reservas de hidrocarburos.

El país en la última década ha disminuido de forma significativa el programa de exploración. De acuerdo con Campetrol, en lo que va del 2021 se han perforado únicamente 12 pozos, incluyendo a Ecopetrol y todas las empresas que tienen actividad en el país.

En cuanto a la autosuficiencia energética, se requiere el reemplazo de las reservas que se consumen al año con la producción de petróleo y gas, y una de las formas de lograrlo es con actividad exploratoria, precisamente para el hallazgo de nuevos yacimientos.

El concepto es muy simple: si lo miramos desde el abastecimiento básico en nuestros hogares, lo que se toma de la despensa se debe reemplazar, de lo contrario las existencias se agotarán.

El segundo tema es la integración vertical, que busca la estatal a lo largo de toda la cadena de valor del ciclo energético, tal como lo ha venido haciendo principalmente con el petróleo.

Ahora, uno de los segmentos que más valor agregado le han adicionado a Ecopetrol fue la creación de Cenit en 2013, con lo que se da la integración del sistema de transporte por ductos a lo largo del territorio nacional (Ocensa, Oleoducto de Llanos, Bicenterio y Oleoducto de Colombia).

Lo anterior es relevante dado que, con la compra de ISA, Ecopetrol busca ocupar un espacio bien posicionado en el transporte de energía. Si con Cenit fue necesario una consolidación, con ISA el camino está muy bien recorrido. Se podría decir entonces que Cenit es al transporte de hidrocarburos como ISA al transporte de energía.         

Lo que viene es que Ecopetrol siga trabajando con sus proyectos de generación a través de otras fuentes de energía como la solar o la eólica, las cuáles ya están en marcha, más todo lo relacionado con el hidrógeno como materia prima de otras formas no dependientes de los combustibles fósiles, todas ellas que podrían correlacionarse con el “upstream”.

Si bien es cierto que no realizar actividad exploratoria es preocupante por la autosuficiencia energética, que no ha sido fácil de mantener, por otro lado, es una noticia alentadora seguir avanzando con una estrategia en la transición hacia renovables y otras fuentes de energía, cuyo único fin es migrar hacia la descarbonización, teniendo en cuenta que la meta de Ecopetrol al 2050 es llegar a cero emisiones netas.

Lo peor que le puede pasar a una empresa como Ecopetrol es dejar pasar el tiempo y las oportunidades. Incrementar la actividad exploratoria es una necesidad del presente y con ISA se cristaliza una buena oportunidad mirando al futuro. El vaso se seguirá mirando medio lleno o medio vacío, lo cuál es y seguirá siendo parte de nuestra naturaleza humana.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Continuación del análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, propuesto por el Gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de agosto de 2021.   En esta ocasión quiero destacar que mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. Ello resulta muy gravoso para las PYMES, las más golpeadas por la crisis pandémica

Además, llama la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”. Al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2,6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.

El ministro de Hacienda Manuel Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años”. En ello le asiste la razón, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas.

Al tétrico panorama fiscal se añade el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50,3% del PIB en 2019 al 64,7% en 2020, y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Como lo planteó el ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también el crecimiento y la reactivación económica”.

El propósito fundamental del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerable, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso Solidario, con un costo previsto para 2022 de $7,2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.

En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6,7 billones de $15,2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años”, según afirma el presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, dos puntos porcentuales más que la propuesta de la ANDI.

Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto.

Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3,9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12,4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos.

Según el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”.

Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantenerlos, sobre todo cuando no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados.

Según el director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”.

Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6,5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de Expertos, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. Por ello recomendó su supresión.

Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2,4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios.

Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que “perder es ganar un poco.”

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Con la Ley 2128 del 4 de agosto de 2021, el Gobierno Nacional sigue dando cumplimiento a su hoja de ruta contemplada en el Plan Energético Nacional 2020-2050.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

13 de agosto de 2021.   La Ley 2128, que promueve el abastecimiento, la confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país, está alineada con la premisa que el gas es el combustible de la transición hacia renovables y otras fuentes de energía.

De acuerdo con el DANE, cerca de dos millones de personas en Colombia utilizan leña como fuente primaria de energía, debido a que las zonas a que pertenecen no están conectadas a una infraestructura de suministro de gas. Por tanto, se busca dar el cubrimiento correspondiente mediante alianzas con la industria privada, para llevar el gas distribuido por cilindros (GLP) a estos puntos de difícil acceso. Como complemento, se otorgarán subsidios hasta del 50% para el estrato 1 y del 40% para el estrato 2.

En ese sentido, La Ley también busca que aquellas regiones no interconectadas a la red nacional y que generan energía con diésel, realicen la transición mediante la identificación de soluciones sostenibles.

Uno de los principales objetivos de la Ley es la Declaratoria de Interés Nacional y Estratégico de la masificación del gas natural, por lo que se deberán implementar políticas públicas que garanticen en los próximos 10 años que al menos un 30% de la nueva flota vehicular y al menos el 30% del transporte de carga, haya migrado hacia el gas natural.

Es así como la exoneración del pico y placa o del día sin carro, el pago de impuestos no mayor al 1% del valor comercial de los vehículos, el descuento del 30% en la revisión técnico-mecánica y el descuento del 10% en el seguro obligatorio (SOAT) son, entre otros, los beneficios que se otorgan.

Como el sector de exploración y producción de hidrocarburos no se podía dejar de lado, se promueve la integración de los hallazgos de gas natural costa afuera a los sistemas de transporte existentes. Para esto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá realizar una actualización de las tarifas de transporte de gas.

En conclusión, el mensaje del Gobierno Nacional con esta Ley es su convencimiento y alineamiento con la necesidad de balancear la canasta energética, tal como lo ha establecido en su Plan Energético Nacional.

Para esto, y utilizando el gas como el combustible de la transición, se busca:

1. Dejar la leña como medio de generación de energía en los hogares más vulnerables,
2. Llevar el GLP hacia las zonas más remotas del país,
3. Identificar e implementar los proyectos para el reemplazo del diésel por gas en la generación de energía en aquellas regiones no conectadas al Sistema Nacional,
4. La creación de políticas públicas que permitan que al menos el 30% de la nueva flota vehicular funcionen a gas y
5. La integración de los hallazgos de gas costa afuera con los sistemas de trasporte existentes.

Lo anterior es muestra de que los combustibles fósiles seguirán siendo el eje de la canasta energética para los próximos años, y de los cuales se obtendrá un gran porcentaje de los recursos que financiarán la transición hacia renovables y otras fuentes de energía, tema muy de moda en estos tiempos.

Es aquí donde se ratifica al gas como el combustible de la transición.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Ecopetrol acaba de revelar sus resultados operacionales del primer semestre de este año, los cuales son muy alentadores.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

7 de agosto de 2021.  No obstante que la producción de crudo de Ecopetrol viene en picada, desde los 726.000/día en el primer semestre de 2019 a los 706.100 en 2020 y los 668.400 en 2021, para el mismo período, la utilidad neta pasó de $6,23 billones en 2019 a los $160 mil millones en 2020 y para el primer semestre de este año alcanzó los $6,81billones.

Ello se explica en gran medida por el comportamiento de los precios internacionales del crudo, los cuales se incrementaron en más del 40% con respecto a su cotización del año anterior, promediando los US $69 el barril de la referencia Brent. Huelga decir que Ecopetrol tenía una previsión de precio para su presupuesto de este año de sólo US $45 el barril. A ello se vino a sumar la apreciación del dólar que ha llevado la tasa de cambio a un promedio en el primer semestre de este año de $3.691.

A este resultado han contribuido también, y de qué manera, la mayor eficiencia tanto en la operación, logrando bajar el umbral del “dolor” a partir del cual es rentable extraer el barril de crudo hasta los US $30, así como su gestión comercial, logrando reducir el descuento con respecto a la cotización internacional de su canasta de crudos desde los US $10 por barril hasta los US $4, al tiempo que, ante la contracción del mercado estadounidense, se abrió su propio nicho en el mercado asiático, destino actual del 49% de sus exportaciones.

Desde luego que este buen resultado favorece las finanzas de Ecopetrol y de paso a las de la Nación. El reparto de dividendos a sus accionistas pasaría de los $1,7 billones de este año a los $6 billones el año entrante y, como es obvio, un mayor recaudo por concepto de impuesto de renta proveniente de la estatal petrolera y de contera también se beneficiarán las entidades territoriales, al percibir mayores regalías.

Coincide esta buena noticia, “de la evolución favorable de la situación financiera de Ecopetrol”, con la concreción de su oferta a la Nación, esta vez con carácter vinculante, para la compra del 51,4% de las acciones de esta en ISA. Esta operación, en mi concepto, es una jugada maestra que le permite al Estado enajenar un activo estratégico con el fin de cuadrar caja, sin perder el control del mismo.

Ecopetrol, además con esta adquisición diversifica su matriz de riesgo y su portafolio de inversión en una actividad que no está tan expuesta a la volatilidad de los precios como es el caso del petróleo y da un paso en la misma dirección que la industria petrolera de cara a la Transición Energética, reconvirtiéndose y apostándole, como ya lo viene haciendo, a las energías renovables.

Claro está, este buen desempeño de la empresa no puede llevar a sus directivas a obnubilarse y perder la perspectiva hacia el futuro de los hidrocarburos, cuya suerte está echada desde que en 2015 se aprobó el Acuerdo de París en el seno de la 21ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21). Ese mismo año se aprobó también la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se plasmó en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

El Acuerdo de París y la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible convergen en el propósito de descarbonizar la economía, como estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así combatir eficazmente el catastrófico cambio climático y sus devastadores efectos.

Desde entonces, todas las fuentes primarias de energía de origen fósil (el carbón, el petróleo y el gas) están sentenciadas, sus días están contados, al punto que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha dado un giro de 180 grados y empieza a darles la espalda.

En efecto, en un pronunciamiento reciente manifestó que “nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo” y fue más lejos al pedir al mundo “renunciar desde ya a la industria petrolera”.

Por ello, hace bien Ecopetrol al comprometerse con la Agenda de París y con los ODS, reduciendo la huella de carbono en sus actividades de extracción, transporte y refinación de crudo, concomitantemente con su apuesta por las energías renovables y limpias.

Recientemente instaló una granja solar fotovoltaica en el municipio Castilla La Nueva (Meta), la mayor del país, con una capacidad de 21 MW, suministrando con ella el 30% de la energía que demanda uno de sus más importantes campos de producción: Castilla.

De esta manera, Ecopetrol puso la pica en Flandes para avanzar con paso firme por el camino de la Transición Energética y aspira a llegar a los 400 MW de capacidad de generación de electricidad con base en fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

El presidente Ecopetrol Felipe Bayón ha sido categórico al afirmar que el compromiso de la empresa es “tener cero emisiones netas de carbono al año 2050”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En la lucha contra el cambio climático no sólo hay que pensar cuánto reducimos las emisiones sino cómo. Sobre todo ahora que el país va a asumir compromisos que tendrán enormes implicaciones para todos.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ* 

7 de agosto de 2021.   Quizá el mayor aporte de Antanas Mockus —uno de los más singulares líderes políticos que ha tenido nuestro país— fue su filosofía del “todos ponen”. Con esa enorme capacidad que tiene para explicar cosas difíciles de manera fácil, el profesor Mockus hizo su campaña a la alcaldía de Bogotá a partir de una pirinola que simbolizaba su forma de pensar frente a los asuntos públicos: si todos ponen va a haber mucho más para que todos tomen.

Con este profundo pero sencillo enfoque ganó las elecciones a la alcaldía y capturó la imaginación de los bogotanos que se embarcaron en un proyecto de cultura ciudadana sin precedentes. El poder de la filosofía del “todos ponen” radica, a mi modo de ver, en los mensajes que enfatiza: que cómo nos vaya depende del esfuerzo colectivo, que todos debemos contribuir, pero que no todos debemos poner lo mismo.

Este último punto lo captura maravillosamente el meme de Craig Froehle sobre igualdad y justicia que se volvió viral en redes: para que un resultado sea justo no a todos se les debe pedir lo mismo.

¿Qué tiene que ver esto con la energía y la lucha contra el cambio climático? La respuesta corta es que Colombia decidió comprometerse a llevar a cero sus emisiones netas de CO₂ (carbono-neutralidad) a 2050 sin que todavía esté muy claro cómo va a repartirse el esfuerzo para lograrlo. Esto, que puede parecer esotérico y distante, tiene grandes consecuencias económicas y sociales. Si, como quisiéramos, el país crece sostenidamente a tasas superiores al 4%, análisis realizados por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) muestran el tamaño del esfuerzo que Colombia tendría que hacer para cumplir la meta de carbono neutralidad anunciada por el gobierno.

La combinación de crecimiento elevado (que aumenta el consumo de energía) y de reducción acelerada de emisiones (que obliga a recurrir a fuentes limpias) supone grandes cambios para la industria, los hogares, el transporte y, por supuesto, la producción de energía. Por un lado, la capacidad de generación eléctrica tendría que multiplicarse más de cinco veces ante la necesidad de atender la demanda principalmente con fuentes intermitentes como sol y viento, lo cual llevaría a su vez a fuertes incrementos en los precios de la electricidad.

Por el lado de la demanda supondría aumentar drásticamente la eficiencia en el consumo, lo que supone un cambio masivo de equipos como calderas en la industria, neveras, lavadoras y aires acondicionados en los hogares, así como chatarrización de buses y camiones viejos.

¿Cómo se financiarían estos cambios? Si es con ayuda del gobierno, ¿a quiénes ayudaría y cómo? ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿Cómo se enfrentaría una posible pérdida de competitividad por el aumento en los precios de la energía? ¿Se mantendría el actual esquema de subsidios a la energía a pesar de los eventuales aumentos en sus precios? ¿Cómo se compensaría el impacto fiscal de la pérdida de regalías e impuestos ante la caída en la producción de combustibles fósiles? ¿Qué apoyo se la daría, por ejemplo, a sectores productivos como los pequeños productores de carbón del interior del país cuando pierdan su sustento? ¿Cómo se ayudaría a los hogares más vulnerables que necesiten cambiar sus electrodomésticos? ¿Qué previsiones se están haciendo para facilitar los cambios tecnológicos que podrían aminorar estas dificultades?

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil. Sin embargo, debemos contestarlas para asegurar que la transición energética sea efectiva y minimice sus costos económicos y sociales, lo cual nos lleva de vuelta al meme de la justicia.

Si suponemos que las personas representan los sectores productivos, su altura el costo social de reducir una tonelada de emisiones y la cerca la magnitud de la meta de reducción, claramente no todos los sectores deben hacer el mismo esfuerzo. Sería ineficiente. Lo eficiente es que a quien le cuesta menos (el más bajito) haga más esfuerzo (más cajas) para llegar a la meta, mientras que a los sectores que más les cuesta hagan menos.

En el caso de Colombia, la Universidad de los Andes realizó hace algunos años un estudio que identificó cerca de 80 proyectos para reducir emisiones de gases efecto invernadero a 2030 en todos los sectores de la economía y calculó para cada uno el costo por tonelada reducida. Su conclusiones muestran que, de los 10 proyectos que generan la mitad de las reducciones 9 no están en el sector energético, y que 21 de los 25 proyectos con menores costos de reducción por tonelada están en la agricultura, el transporte y la industria.

Lo anterior  no quiere decir que el sector energético no deba contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino que debe hacerlo de acuerdo con sus costos de reducción de emisiones y de cómo estos se comparen con los de otros sectores. En lugar de satanizar tecnologías o sectores debemos encontrar la combinación de medidas que nos permitan cumplir las metas a mínimo costo.

En un sentido más general, y consistente con el principio de que no todos deberían poner lo mismo, esta discusión supone preguntarse por criterios complementarios para la asignación del esfuerzo: ¿Debe hacer más esfuerzo el que más emite? ¿Debe aportar más el que más recursos tiene? Ambas preguntas tienen que alimentar la estrategia de Colombia al ser el sustento del principio de responsabilidad compartida en el que la comunidad internacional debería asumir parte de nuestros esfuerzos de descarbonización.

Estar comprometido con el cambio climático no es desechar el carbón y el petróleo; es apoyar el mejor paquete para nuestras necesidades ambientales, pero también para las de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si lo pensamos así, es posible que entendamos que es preferible el pragmatismo al fundamentalismo y que la meta de descarbonización se puede cumplir con menos polarización, más tranquilidad y menores costos.

Volviendo al meme y considerando los costos, cabe preguntarse también si no tendría sentido considerar la altura de la cerca. ¿Es necesario que nuestra carbono-neutralidad sea en 2050?

Artículo originalmente publicado en La Silla Vacía el 30 de enero de 2021.

Una nueva era de negocios alrededor de los gases combustibles en Colombia comienza con la expedición de la Ley 2128 de 2021, la cual promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y la ampliación en su cobertura.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

7 de agosto de 2021.   El gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP), en sus usos de primera generación, han logrado posicionarse en algunos sectores, como el residencial, el industrial y la generación térmica.

Con la expedición la Ley 2128 de 2021 comienza una nueva era para el gas, una era de usos de última generación del gas natural, donde este combustible se convierte en precursor de la transición energética, esto a partir de procesos como la compresión, licuefacción y la transformación para producir energía eléctrica e impulsar vehículos con menos emisiones contaminantes.

Un ejemplo de lo que trae esta ley es que desaparecen los usuarios regulados tratándose de autogeneración o cogeneración, porque todos serán tratados como usuarios no regulados.

Con esta ley los usuarios que utilicen gas para actividades de autogeneración y cogeneración, sin importar el nivel de consumo, serán tratados como grandes consumidores lo que les permitirá negociar precios y condiciones del contrato.

Como se observa, esta nueva generación del gas trae incentivos para incrementar la oferta y la demanda del energético, con lo cual ganan todos los actores y gana el país, en la medida que estas nuevas oportunidades se convierten en negocios que reactivaran la economía.

Con la nueva ley también se impulsan el abastecimiento y la oferta de gas natural y GLP, tanto el local como el importado; nuevos usos del gas, la generación de energía eléctrica, subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros, declaratoria de interés nacional y estratégico y el transporte terrestre automotor de carga.

También llegan incentivos tributarios para los vehículos que operen con gas natural o GLP, cuya tarifa no podrá superar en ningún caso el uno por ciento del valor comercial del vehículo y quedarán exentos por un término de diez años a partir de la fecha de matrícula del automotor, de obtener el certificado de emisiones contaminantes.

En cuanto al gas importado, señala que se debe incluir en los Planes de Abastecimiento de Gas Natural y GLP proyectos necesarios para la conexión de gas natural proveniente de fuentes offshore.  

Ahora bien, frente a la pregunta de quién paga la infraestructura de importación, la nueva ley ratifica que los costos de la infraestructura de regasificación e importación que sea impulsada por el Gobierno Nacional por medio de los Planes de Abastecimiento de Gas Natural y GLP serán asumidos por la demanda beneficiada.

En términos generales, esta ley es vital para el sector del transporte terrestre y náutico porque promueve el uso del GLP como combustible: AutoGLP y NautiGLP, así como del GNV en vehículos de transporte público terrestre de pasajeros y en vehículos de transporte terrestre de carga.

Así, se abre una nueva era de los gases limpios en Colombia, con la aparición de nuevos esquemas y negocios que ayudarán a la reducción de emisiones de CO₂.

*Abogado socio de OGE Legal Services

La generación de energía geotérmica es la proveniente del calor que se encuentra en el subsuelo, por ejemplo, de las áreas asignadas por la ANH en los contratos de exploración y producción de petróleo y gas.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

30 de julio de 2021.   Los inversionistas que celebran contratos de exploración y producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adquieren de forma exclusiva el derecho a explorar en las áreas asignadas y, aunque existen exclusiones respecto de algunos recursos naturales, tienen una ventaja para la generación de energía geotérmica por la autorización que tienen sobre las áreas.

La energía geotérmica se reconoce como de última generación, y con la expedición de la ley 1715 de 2014 y la ley 2099 de 2021 se fortaleció su aprovechamiento por las empresas productoras de gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo.

A partir del desarrollo de la energía geotérmica resultan ventajas como la participación en las fuentes no convencionales de energía renovable, especialmente en energéticos de última generación; contar con autoabastecimiento de energía en los campos de producción; obtención de certificados de energía renovable; aplicación para la no causación del impuesto al carbono e ingresos por la venta de excedentes de energía eléctrica.

Dentro de la nueva ley se destaca que en la escena institucional y jurídica el Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la entidad que designe, determinará los requisitos y requerimientos técnicos que han de cumplir los proyectos de exploración y de explotación del recurso geotérmico para generar energía eléctrica.

Se creará un registro geotérmico donde estarán inscritos todos aquellos proyectos destinados a explorar y explotar la geotermia para generar energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía podrá cobrar una contraprestación a los interesados en desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica con geotermia por la delimitación de las áreas en las que dichos proyectos se adelanten, a través del Registro Geotérmico.

Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía podrá adoptar las medidas necesarias para evitar la superposición de proyectos de geotermia, dentro de lo cual podrá definir las áreas que no serán objeto de registro; y determinar las condiciones, plazos, requisitos y las obligaciones bajo las cuales los interesados obtendrán, mantendrán y perderán su registro.

La ley de transición energética faculta al Ministerio para adelantar el seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos y requerimientos técnicos que se definan para la exploración y explotación del recurso geotérmico, a tal punto que puede imponer las sanciones a quienes incumplan esos requisitos en el desarrollo de actividades relacionadas con proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la geotermia.

Finalmente, este tipo de proyectos tienen la calificación de fuentes no convencionales de energía renovable y por ello tienen derecho a aplicar incentivos tributarios como exclusión del IVA, descuento en renta, depreciación acelerada y exención del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumas destinados exclusivamente para labores de inversión o reinversión en proyectos de energía geotérmica.

*Abogado y socio fundador de OGE Legal Services.