Viviendo el presente

En todo problema se identifican oportunidades, y es aquí en donde la migración hacia energías con menor impacto en la huella de carbono es una meta estratégica en las compañías del sector de hidrocarburos.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

15 de septiembre de 2021.   El calentamiento global es una realidad de nuestro presente, y de manera responsable estamos saludando el futuro con las acciones correspondientes para mitigar este impacto.

En todo problema se identifican oportunidades, y es aquí donde la migración hacia energías con menor impacto en la huella de carbono es una meta estratégica del sector de hidrocarburos. Quienes no consideren acciones que redunden en la descarbonización de su industria, poco a poco irán perdiendo espacio y mercado importante.

Para dar un ejemplo, China es quizás hoy en día quien cuenta con la mayor cantidad de autos eléctricos en circulación a nivel mundial. En 2019 vendieron 1,2 millones, más unidades que en el resto del mundo, donde se registraron 1,05 millones; y es a la vez un gran exportador de paneles solares. Sin embargo, esto no significa que sus minas de carbón, fuente de generación de energía, vayan a ser cerradas. El desafío es cómo se logra la adaptación a un nuevo entorno, sin dejar de ser un jugador importante y supliendo sus necesidades internas.

China, como gran importador de petróleo y experto en transformar materia prima en productos de exportación, es consciente de que el no estar comprometido con la huella de carbono le cerrará muchas puertas, y es que representan el 30% de todas las emisiones mundiales, con más de 10.065 millones de toneladas de CO2 emitidos y con el ostentoso compromiso de cero emisiones al 2060.

Esto mismo aplica a cualquier país en vía de desarrollo, donde el impacto en el calentamiento global es muy bajo, pero que, si no se demuestran compromisos y acciones concretas, vendrán bastantes problemas para mantener o consolidar los negocios internacionales que soportan las economías. Tal es el caso de Colombia, que de acuerdo con la EIA, produce el 0,25% de emisiones de energía primaria en el mundo, con 0,6% de la población mundial.  Así que reducir este monto a la mitad poco podría mover la aguja del KPI Global.

La tecnología jugará un rol muy importante en todas las iniciativas para alcanzar la descarbonización. Como lo indica Daniel Yergin en su libro “The New Map”, la industria automotriz está sometida a un gran reto: vehículos a gasolina mejorada versus vehículos eléctricos.

Hay que vivir el presente y afrontar los retos que este nos depara, premisa que deben entender aquellos que culpan a los combustibles fósiles de todos los males y que reclaman acciones inmediatas.

Todo proceso de transformación requiere de un plan estructurado en donde todas las variables sean consideradas, valoradas y se cuente con planes de mitigación, en donde aplique.

La tecnología seguirá dando grandes saltos, pero la invitación es a vivir el presente. Los carros eléctricos requieren de energía y esta proviene de los combustibles fósiles, de las hidroeléctricas y ahora de otras fuentes renovables. Estas últimas requieren de perfeccionamiento, surtir su curva de aprendizaje y garantizar la confiabilidad, a su vez la canasta energética requiere ser balanceada y para esto hay que invertir en investigación y desarrollo, y estos recursos se obtendrán en buena medida de los combustibles fósiles. Al final, es todo un ciclo que combina tecnología con modelos de negocio y cuyo objetivo es capturar mercado.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet.

El lío de Monómeros Colombo Venezolanos

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

13 de septiembre de 2021.   Se ha armado un lío de padre y señor mío a raíz de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de asumir el control de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. para, supuestamente, “subsanar una situación crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de “seguir desarrollando su operación normal” y “se presume que entraría a incumplir con los pagos de sus obligaciones”.

En un editorial del rotativo El Heraldo se registró el hecho que en 2005 la empresa había alcanzado “uno de los mejores balances. Sus ganancias registraron un récord en toda su historia”. Y justamente, después de conocerse semejante balance, el gobierno colombiano, decidió vender su participación accionaria en la empresa. Como se dice coloquialmente, ya que esta fiesta está tan buena, vámonos para otra.

En efecto, en el afán privatizador de los activos y participaciones en empresas del Estado, inspirado en el credo neoliberal, se le ofreció al entonces presidente Hugo Chávez, cuando todavía la relación entre los dos países estaba en los gozosos, que ejerciera el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones de Ecopetrol y del IFI, a través de la estatal venezolana Pequiven, ya que era su decisión venderlas, proceso que se finiquitó en 2006.

La intervención por parte de la Superintendencia a Monómeros estuvo antecedida de varios hechos que la tornan más compleja e impredecible en las consecuencias que se pueden derivar de la misma.

Como se recordará, el 23 de febrero de 2019 Nicolás Maduro rompió sus relaciones con el Estado colombiano. En tales circunstancias y amparado en el reconocimiento que le dispensó el gobierno colombiano y protegido por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su estrategia “Plan país” para “recuperar activos venezolanos”, tomó por asalto la Junta Directiva de Monómeros, destituyeron al gerente general Pedro Lugo y pusieron en su lugar a Guillermo Rodríguez, quien actualmente funge como tal.

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el escenario es otro y la estrategia para poner fin al régimen dictatorial de Maduro por parte de la oposición venezolana también es otro, ya que, como lo sostiene el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”.

La oposición venezolana al gobierno de Maduro pasó de la confrontación al diálogo y están sentados frente a frente en Ciudad de México desde el 13 de agosto, cuando fue instalada la mesa de negociación. Y justamente cuando uno de los puntos acordados es el de la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior, se apresuró la Superintendencia a dar este paso en falso que compromete seriamente la tan cacareada “confianza inversionista”, al sentar un funesto precedente de cara hacia el futuro. Este dislate no tiene antecedentes en el país, pero sí puede tener serias consecuencias para su reputación.

Este tropel, que involucra a los dos países pone de manifiesto los errores del pasado, cuando en el afán de salir de las empresas del Estado con el socorrido argumento de que es un mal administrador y los privados lo pueden hacer mejor, no se midieron las consecuencias de vender la participación de la Nación en un activo tan estratégico como lo era y lo sigue siendo Monómeros. Un error histórico garrafal que le puede salir caro al país.

Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra, pues las entidades de crédito, sus proveedores y clientes tomarán distancia de ella en previsión de que puedan llegar a materializarse los malos augurios de la Superintendencia. Este puede llegar a ser un caso de una profecía autocumplida.

Contrasta la actitud del gobierno con respecto a Monómeros con la política de mano tendida para salvar a las empresas y de paso proteger el empleo y sobre todo va a contrapelo de su apuesta por la reactivación de la economía. El gobierno, con esta medida, se está disparando un tiro en el pie.

Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia, es considerada la octava empresa más grande en el Caribe colombiano en términos de ingresos, diecisiete en ventas y la dieciocho por sus utilidades. Genera 700 empleos directos, mil indirectos y de su operación dependen más de 15.000 empleos de toda su cadena de valor. Abastece el 46% del mercado nacional de fertilizantes y exporta unas 300.000 toneladas a países del Caribe y Centroamérica.

Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos, está llegando a un conglomerado de más de tres millones de agricultores del país.

Lo más preocupante es que con estos desvaríos la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país queda en un grave predicamento. Este no es un asunto de poca monta y se le debe prestar la mayor atención.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Carbono neutralidad y transición energética

La carbono neutralidad implica transformaciones profundas de todas las actividades en el país. Es cierto que el sector energético no es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia. Pero, también es cierto que lograr la carbono neutralidad exige que cada sector la alcance por su cuenta.

Por: RICARDO DELGADO*

8 de septiembre de 2021.   El término “transición” se encuentra entre los más usados en cualquier conversación reciente sobre energía. El concepto de carbono neutralidad también está, aunque con menos frecuencia, en la lista corta de los términos más usados en las discusiones energéticas actuales.

Parece que tanto la “transición” como la “carbono neutralidad” hacen parte de la misma conversación y el primero implica al segundo. Sin embargo, la combinación de estos dos conceptos en una misma conversación puede llevar a silencios incómodos.

Uno de estos silencios es la duración de la transición. Otro es el punto de llegada del proceso de transición. ¿La transición energética va a ser un proceso continuo? o, por el contrario, ¿hay una fecha objetivo para lograr los cambios relacionados con la transición? ¿Cuál es el punto de llegada del proceso de transición energética? Invito al lector a que se responda estas preguntas.

Un proceso de transición implica que un sistema en un estado A llegue a un estado B. El estado A del sector energético en Colombia es la situación actual. Un sistema relativamente con pocas emisiones, que ha aumentado la cobertura y el acceso a la energía y que ha soportado el desarrollo económico del país. El sistema en la situación actual funciona bien. Podríamos seguir entregando energía a bajo costo utilizando los energéticos con los que contamos. Sin embargo, por alguna razón como país hemos identificado la necesidad de realizar un proceso de transición energética. ¿Cuál es el estado B al que el sistema debe llegar luego de surtir su proceso de transición?

Es posible que el lector responda que la ruta de transición debe llevar a tener un sector energético descarbonizado o carbono neutral (más todos los atributos del estado inicial). Esa respuesta implica que la principal razón para llevar a cabo la transición energética del país es la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lo cual hace falta diversificar el suministro y utilizar nuevas fuentes y tecnologías. Por lo tanto, el éxito o fracaso de la transición energética se mide por qué tan efectiva fue para cortar las emisiones de gases de efecto invernadero mientras se mantienen los demás atributos del estado actual.

Hablando de cambio climático, hoy en día sabemos que el éxito de la mitigación se mide en carbono neutralidad. Si el objetivo de la mitigación es detener el aumento de la temperatura global y este aumento se da por la acumulación de gases de efecto invernadero, ya sabemos que la única manera de ser exitosos es alcanzar la carbono neutralidad global.

El agua de un estanque lleno se va a seguir derramando mientras haya un flujo de agua a la entrada, así este sea pequeño. Ya la ciencia nos ha confirmado que, para detener el aumento de la temperatura del planeta, debemos (como planeta) alcanzar la carbono neutralidad. De nada vale que sólo una parte del planeta la consiga si otra parte nunca la alcanza (habrá siempre un chorro pequeño de agua entrando al estanque).

La carbono neutralidad, sin que entremos a discutir sobre la necesidad o conveniencia de fijarla como objetivo nacional, implica transformaciones profundas de todas las actividades en el país. Es cierto que el sector energético no es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia. Pero, también es cierto que lograr la carbono neutralidad a nivel país exige que cada uno de los sectores la alcance por su cuenta.

Supongamos que el sector agropecuario, forestal y de cambios de uso del suelo (AFOLU, por su acrónimo en inglés) lograra llevar sus emisiones netas a cero. Para lograrlo ese sector deberá disminuir sus propias emisiones y hacer uso de potencial de captura para compensar las emisiones remanentes que no pueden ser mitigadas.

Aunque en el sector AFOLU colombiano la mayoría de las emisiones se dan por la deforestación, también hay un gran aporte de las actividades como ganadería y agricultura. Es imposible, desde el punto de vista técnico, tener una producción ganadera sin emisiones de metano asociadas.

Del mismo modo, no hay manera de realizar fertilización de suelos sin que se produzcan emisiones. De esta manera, el suponer un sector AFOLU carbono neutral implica que se logren cambios técnicos en las actividades agropecuarias, se detenga la deforestación y se logren procesos de reforestación y restauración. Como resultado, es posible que en algunas décadas el sector AFOLU logre mitigar más de lo que emite dando espacio para compensar emisiones de otros sectores como el energético, por ejemplo.

Aún así, de nada valdría el esfuerzo de lograr la carbono neutralidad del sector AFOLU sin lograr la del sector energético, la del sector de manejo de residuos y la de los procesos industriales y uso de productos. Estos últimos tres sectores tienen en la mira el potencial de compensación del sector AFOLU para sus propias estrategias de carbono neutralidad. Pero AFOLU no tiene la capacidad de compensar sus propias emisiones y las emisiones de los otros tres sectores al mismo tiempo.

Cada sector debe realizar su propio proceso de transición hacia la descarbonización. En el caso del sector energético, este es el proceso de transición. Y esto implica que las ya de por si bajas emisiones del sector energético deberían ser mucho más bajas luego de la transición. Y la única manera de tener menos emisiones en el futuro que las que tenemos hoy es disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. Esto por supuesto no es sencillo y nadie sensato espera que la transición se dé en uno o dos años (o en un solo gobierno presidencial).

Pero, ¿para cuándo estamos esperando lograr la carbono neutralidad del sector energético? De acuerdo con los anuncios del gobierno, la meta nacional es alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Para ese momento el sector AFOLU ya debería haber alcanzado la carbono neutralidad y estar generando absorciones netas.

Sabemos con certeza que el consumo de energía en 2050 en el país va a ser mayor que el de hoy en día. Por lo tanto, resulta sensato pensar que si en ese año el sector energético no ha alcanzado el objetivo de su proceso de transición, no hay más alternativa que el incumplimiento de objetivo del gobierno, que será un compromiso (no vinculante) del estado una vez se comunique formalmente al IPCC.

El cumplimiento del compromiso de carbono neutralidad sólo es posible si en 2050 el uso de combustibles fósiles es muy inferior (90%-100%) al consumo actual.

Así las cosas, ¿encajan la transición energética colombiana con la carbono neutralidad en la misma conversación?

*Investigador del Centro Regional de Estudios Energéticos

El Banco de la República como apéndice

En el gobierno del presidente Iván Duque se han nombrado a todos los miembros actuales de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Está en riesgo la independencia del Emisor?

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

4 de septiembre de 2021.   Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta Directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su Gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al presidente Iván Duque.

Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.

Con ello, el Banco pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, ningún presidente llegara a nombrar más de dos de los cinco codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de cuatro años prorrogables dos periodos más.

Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el Ejecutivo.

Pésimo mensaje que se ha dado para el mercado, en momentos en los que Colombia acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso.

Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el  “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York, para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga.

Ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riesgo.

Como lo ha sostenido el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la pelota para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos después de ponerse a salvo, quien venga detrás que arree.

Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. “Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks”. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia de 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y sólo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.

En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, que dependía del Ministerio de Hacienda, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución del 91, desandando sus pasos.

Qué diría El Cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de sólo pensar que “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.

Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del Banco de la República, a diferencia de la Junta Monetaria que estaba amparada en la Ley. Mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa y le asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.

Todo este andamiaje y la institución misma del Banco es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Cuidado con el fracking

Nuevamente se presentó al Congreso colombiano un proyecto de ley —firmado por más de 50 representantes— que busca prohibir la explotación de yacimientos no convencionales en el país.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ*

30 de agosto de 2021.   El proyecto seguramente va a profundizar un debate necesario pero que mucho me temo va a descender rápidamente al mundo de las acusaciones, descalificaciones y señalamientos personales, justo lo contrario de lo que necesitamos para acertar en una discusión tan importante para todos.

Sin haber terminado todavía el estudio detallado del proyecto, es evidente que la exposición de motivos discute detalladamente los potenciales impactos negativos de esta práctica. Sin embargo, deja por fuera al menos tres temas que es indispensable estén presentes en la discusión sobre la conveniencia o no de prohibirlo. Veamos:

El principio de precaución

El primero tiene que ver con la motivación para prohibir el fracking. La razón en la que se basa el proyecto es el principio de precaución (PP) que define como “cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente y la salud pública, la falta de certeza científica absoluta sobre la relación causal entre la actividad y el daño y su probabilidad de ocurrencia o magnitud no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedirlo”.

En otras palabras, que ante un potencial daño grave al ambiente, la falta de certeza sobre si una actividad lo causa no puede ser razón para no adoptar medidas eficaces que lo eviten.

Cabe entonces preguntarse si más allá de la ausencia de criterios claramente definidos para evitar una aplicación arbitraria del PP, la prohibición es la mejor medida para mitigar un potencial daño al ambiente. ¿Hay otras medidas como estándares de perforación o guías de manejo ambiental que pudieran tener el mismo efecto, pero eviten los costos de no realizar la actividad?

Supongamos que —a pesar de los más de dos millones de pozos que se han perforado en el mundo con la tecnología de fracturamiento hidráulico, de la revisión de la literatura científica que hizo la comisión interdisciplinaria de expertos conformada por el gobierno y del conocimiento ambiental acumulado en el país en más de un siglo de operación petrolera— efectivamente no es posible establecer una relación causal entre el fracking y el daño ambiental. ¿No tendría entonces más sentido hacer un estudio científico sobre esta relación para establecer si existe o no y, en caso de que se compruebe, evaluar si hay medidas eficaces para evitar los posibles daños? ¿No es este precisamente el propósito de los programas piloto de investigación que está llevando a cabo el gobierno?

Renunciar al fracking sin antes haberlo estudiado equivale a renunciar a las vacunas contra la Covid antes de haber hecho los estudios clínicos para determinar su efectividad y potenciales efectos adversos. Lo que está en juego al prohibir el fracking sin haberlo estudiado en condiciones reales no es la seguridad energética: es algo mucho más profundo que tiene que ver con la forma como tomamos decisiones como sociedad.

Si renunciamos a tomar las grandes decisiones sobre lo que nos afecta con base en la ciencia, nos espera un futuro oscuro, lleno de atropellos y equivocaciones por las que terminaremos pagando un muy alto precio.

Costos

El segundo punto tiene que ver con los costos. Las proyecciones del gobierno muestran que en los diferentes escenarios habría una pérdida de autosuficiencia de gas natural en la segunda mitad de esta década. La pérdida de capacidad para satisfacer la demanda con nuestros propios recursos debería preocuparnos por varias razones.

Primero, porque es de esperar que el gas importado sea más caro que el nacional. Análisis de la UPME muestran que este gas podría costar el doble que el gas nacional debido a sus costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación. Esto sin contar los incrementos tarifarios que traería financiar la construcción de la infraestructura de importación requerida para que el gas del exterior pueda llegar a los centros de consumo en Colombia.

Bajo esta condiciones, ¿qué implicaciones tendría, por ejemplo, un aumento en los precios del gas para la industria cuya energía depende casi la mitad de este combustible? ¿Cómo podrían afectarse el crecimiento de la economía y la generación de empleo en el país? ¿Cómo se afectarían los hogares —70% de lo cuales tienen acceso al gas— de un aumento en los precios, sobre todo si se tiene en cuenta que los más pobres destinan al pago de energía una mayor proporción de su ingreso? ¿Cuál sería el impacto en las finanzas del gobierno de tener que subsidiar un gas más caro?

Sorprendentemente, el proyecto guarda silencio sobre este punto y sobre el hecho de que los yacimientos no convencionales podrían multiplicar entre 1,5 y 3 veces el nivel de reservas probadas de gas que tenemos hoy.

Tampoco hace mención sobre una diferencia fundamental del gas nacional con el importado: que sólo el primero paga impuesto de renta y regalías. Este punto, que también aplica para el petróleo, no es un punto menor para el país y debe sumarse a los costos por mayores tarifas que traería el gas del exterior.

Finanzas públicas

Finalmente, el proyecto afirma en su exposición de motivos que “son muy bajos los aportes de este sector a las finanzas públicas” como una de las consideraciones para la prohibición.

Si bien es cierto que al compararlo con otras ramas de actividad el sector hidrocarburos no es un generador importante de empleo y que su actividad puede tener impactos importantes en el ambiente, desconocer su contribución a las finanzas públicas es contrario a la evidencia disponible.

Cuando se comparan los sectores de la economía a partir del recaudo fiscal que generan por unidad de PIB producido, puede verse que el de hidrocarburos es el que más contribuye en toda la economía, triplicando a la industria y siendo 37 veces más alto que la agricultura. Gústenos o no, este es un sector indispensable para la financiación de la inversión pública.

Prohibir el acceso a los recursos no convencionales que están en nuestro subsuelo sin un plan concreto para una transición fiscal es irresponsable y pone en riesgo la inversión del gobierno en todos los niveles.

El Congreso es un lugar por excelencia para el debate de las decisiones sobre los temas más importantes que nos afectan a todos. Este proyecto sin lugar a dudas va a motivar un debate difícil pero necesario. El problema es que lo hace mostrando sólo una parte de la realidad y que desconoce que para tomar buenas decisiones es indispensable considerar integralmente sus beneficios y costos.

Lo responsable sería, por lo tanto, asegurarse de que ellos sean tenidos en cuenta en la discusión y tomar una decisión final sólo cuando estén completos los resultados de los programas piloto.

*Centro Regional de Estudios de Energía.

La pesadilla de Electricaribe

Electricaribe, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos años fue el operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica en siete departamentos del Caribe colombiano.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

29 de agosto de 2021.   Electricaribe le jugó sucio a sus 2,7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Durante 22 años se dedicó a explotar inmisericordemente este mercado y se abstuvo de hacer las inversiones a las que estaba obligada, lo que derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio de energía.

Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 1994, que cataloga la energía como servicio público esencial en su artículo 5º y establece los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad en su artículo 6º.

Pero, lo que precipitó la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda en mora con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.

Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente la empresa y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial a la facturación donde se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía, para aplicarlos como subsidio al consumo básico o de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”. Se los embolsilló para cuadrar caja, utilizando como truco su asignación al “consumo distribuido comunitario”, en lugar de hacerlo al “consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado”, que debía ser el destinatario de dichos recursos y de esta forma aminorar sus pérdidas.

El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a Electricaribe, ahora en liquidación, y a la multinacional Price Waterhouse que, como revisora fiscal fue permisiva y negligente, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios afectados al escamoteárseles este alivio que debían haber recibido en sus facturas por ministerio de la Ley.

Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con el BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.

La mala noticia es que Electricaribe ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley 1955 de 2019 “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público”, que asumieron la operación a partir del 1º de octubre de 2020 (Air-e y Afinia), “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”.

De modo que este reintegro deberá hacerse con cargo a la Nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pensional, por valor de $1,6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido.

La verdad, monda y lironda, es que los platos rotos de Electricaribe los terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. Así, la pesadilla de Electricaribe no termina.

Un comentario final: A propósito de los subsidios al consumo de susbsistencia de energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir que, de manera recurrente, el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación es insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a retrasos y moras en su cancelación a las empresas generadoras, poniéndolas en calzas prietas para operar.

A agosto de 2021 el FOES acusaba un déficit para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 millones para el servicio de electricidad y de $262.000 millones para el servicio de gas natural domiciliario.

Y en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se propone apropiar $2,6 billones, incluyendo la suma correspondiente a las zonas no interconectadas, quedando desfinanciados los subsidios el año entrante, según los gremios de las empresas prestadoras de estos servicios, en $2 billones aproximadamente.

Esta es, a mi juicio, una manera de presionar el desmonte de los subsidios, como ya se intentó cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el rechazo ciudadano el propio presidente Duque se vio precisado a dar instrucciones al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que retirara del texto del proyecto tan absurda como inconveniente propuesta.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

¿Por qué es tan difícil sustituir el petróleo?

«Debemos sustituir el petróleo, porque es un energético altamente nocivo para el desarrollo humano”, es una propuesta que ha surgido desde diversos sectores como una gran solución a los problemas que se derivan del uso de combustibles fósiles. ¿Pero es eso posible? ¿Bastaría una decisión de Estado para realizar la transición hacia energéticos más limpios?  

Por: ERIK GIOVANY MONTES PÁEZ*

27 de agosto de 2021.   Desde hace algunos años he tenido la oportunidad de participar como conferencista en el Programa de Formación de Líderes Energéticos del WEC Colombia, y la conferencia que he ofrecido en varias ocasiones la he llamado precisamente como el título de esta columna: ¿Por qué es tan difícil sustituir el petróleo?

La necesidad de petróleo que tiene nuestra sociedad debe analizarse desde diferentes puntos de vista, no solamente pensando en el petróleo como fuente de energía, sino como materia prima de una enorme cantidad de productos que usamos a diario, y como un fuerte motor de la economía nacional, pues la sustitución del crudo implica retos que van desde lo tecnológico hasta lo social.
La canasta energética colombiana de 2020, según cifras publicadas en el “BP Statistical Review 2021”, esta conformada por un 31% de petróleo, 28% de gas natural, 22% de hidroelectricidad, 15% de carbón y 3% de energías renovables.

Es importante destacar que el petróleo ocupa el primer renglón, pero que registró una disminución con respecto a valores de años anteriores. Sin ir más lejos, entre el 2017 y el 2019 tuvo una participación sostenida del 35% de la canasta energética nacional. ¿Significa esto que se está dando un reemplazo del crudo en Colombia? Lo cierto es que no, pues la pandemia conllevó una disminución del consumo mundial de petróleo en torno al 10%, relacionada principalmente con una reducción del 39% en el consumo de combustible para aviones. Pero en el 2021 se espera una recuperación del consumo, motivada por la reapertura de fronteras y diversos sectores de la economía. 

Colombia produjo, en promedio, 781.352 barriles de petróleo al día durante 2020, pero tuvo un consumo diario de 347.642 barriles. Consumo que se da fundamentalmente en la carga de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, donde se producen combustibles para el abastecimiento nacional. Es decir que menos de la mitad del crudo que se produce en nuestro país se destina al consumo interno, por lo cual no es de extrañarse que las exportaciones de petróleo sean un agente dinamizador de la economía colombiana.

De acuerdo con cifras del DANE, de los 31.055 millones de dólares que exportó Colombia en el año 2020, 8.754 millones de dólares ingresaron por exportaciones del petróleo, siendo éste el primer renglón en las estadísticas nacionales, seguido del carbón (4.165 millones) y el café (2.446 millones). Para Colombia, por lo tanto, el petróleo es más un commodity que un energético. De hecho, hemos apreciado en muchos momentos que una crisis en el sector de los hidrocarburos se refleja fuertemente en la economía nacional. 

Surge, por supuesto, un primer e importante reto para el país: diversificar las exportaciones, aspirando a superar esa fuerte dependencia económica del petróleo. Para esto se hace necesaria la inversión en tecnología e infraestructura, permitiendo que muchos de los procesos productivos del país puedan devenir en grandes operaciones de exportación de bienes y servicios.

Entonces, si ocurre una diversificación de las exportaciones, ¿ocurrirá la sustitución del petróleo? Aún no, pues falta superar otro gigantesco desafío, y en este caso, un desafío mundial: el del petróleo como materia prima.
Cuando se habla de “derivados del petróleo” se piensa inicialmente en combustibles. Pero, al tratar de profundizar un poco en el terreno de la petroquímica, surgen centenares de productos que actualmente se obtienen exclusivamente del petróleo. 

Solo por mencionar algunos: asfaltos, fibras sintéticas (poliéster, nylon), detergentes, cauchos, plásticos, lubricantes, velas, aislantes eléctricos, fertilizantes, grasas, aceites, solventes, acrílicos, bases de perfumes, chicle, cosméticos y hasta suplementos vitamínicos, son ejemplos de productos de uso diario que se obtienen a partir del petróleo.

¿De dónde más los podemos obtener? Ahí aparece un segundo reto que, considero, tiene unas dimensiones mayores que el primero. Pues no se trata de la adopción de tecnologías existentes para diversificar la economía de Colombia, sino de un reto mundial que necesita de descubrimientos que permitan seguir produciendo, de forma rentable y con un menor impacto, elementos habituales en la sociedad actual.

La fiebre del caucho, que tan gratamente describía José Eustasio Rivera en “La Vorágine”, conllevó procesos de devastación masiva de árboles de caucho en la Amazonía. Pero la tecnología ofreció una alternativa: la obtención del látex de forma sintética, a partir del petróleo. La matanza de ballenas era una de las opciones de antaño para la obtención de grasas, velas o jabones, pero también hubo la necesidad de hallar alternativas que permitieran preservar a estos inmensos mamíferos marinos.

En su momento, la revolución tecnológica se centró en la petroquímica. Y ahora, la enorme cantidad de productos sintéticos ha producido nuevamente problemas ambientales, sobre todo relacionados con los plásticos.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, cerca del 90% de los plásticos que se consumen en el mundo provienen del petróleo, y más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. La idea era evitar la devastación de las especies marítimas dejando de cazar ballenas, pero la solución momentánea ahora está acabando con su hábitat. 

El reto es enorme y requiere de una mezcla de elementos que hoy apenas se vislumbran: voluntad política para tomar decisiones, investigación y desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas, consciencia social para reducir nuestros impactos sobre el planeta, compromiso de jóvenes investigadores para transformar el mundo, responsabilidad empresarial en el manejo de los procesos industriales y un largo etcétera que permitirán, ahora sí, sustituir el petróleo.

El ideal es el de un mundo en el que la vida humana sea sostenible. No porque hayamos sacado a sombrerazos al crudo de nuestras vidas, como si la culpa de todo fuera de los que un día decidimos estudiar ingeniería de petróleos, sino porque se haya dado un desarrollo tecnológico mundial, en el que los profesionales lideren procesos de transformación en todo sentido.

Por esto es que todos los análisis prospectivos muestran al petróleo como protagonista del mercado energético en los próximos 30 o 40 años. No importa que estas proyecciones sean realizadas por empresas del sector hidrocarburos (como Shell o BP) o por entidades independientes (como el World Energy Council), pues la sustitución del crudo requiere avances tecnológicos, económicos y sociales que, hasta ahora, siguen pendientes.

*Profesor Universidad Industrial de Santander
erimonpa@uis.edu.co

El vaso medio lleno o medio vacío

Después de la polémica por la compra de ISA por parte de Ecopetrol en 14,23 billones de pesos para la adquisición del 51,4%, dos temas han de tenerse en cuenta para un análisis objetivo de esta transacción: lo referente al ámbito comercial y su efecto en las finanzas del Estado; y la estrategia de Ecopetrol hacia su proyecto de descarbonización.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

26 de agosto de 2021.   El primer tema, y quizás el más debatido, es el endeudamiento con el cual la estatal ha procedido, dejando poco espacio para continuar con la exploración en busca de incrementar sus reservas de hidrocarburos.

El país en la última década ha disminuido de forma significativa el programa de exploración. De acuerdo con Campetrol, en lo que va del 2021 se han perforado únicamente 12 pozos, incluyendo a Ecopetrol y todas las empresas que tienen actividad en el país.

En cuanto a la autosuficiencia energética, se requiere el reemplazo de las reservas que se consumen al año con la producción de petróleo y gas, y una de las formas de lograrlo es con actividad exploratoria, precisamente para el hallazgo de nuevos yacimientos.

El concepto es muy simple: si lo miramos desde el abastecimiento básico en nuestros hogares, lo que se toma de la despensa se debe reemplazar, de lo contrario las existencias se agotarán.

El segundo tema es la integración vertical, que busca la estatal a lo largo de toda la cadena de valor del ciclo energético, tal como lo ha venido haciendo principalmente con el petróleo.

Ahora, uno de los segmentos que más valor agregado le han adicionado a Ecopetrol fue la creación de Cenit en 2013, con lo que se da la integración del sistema de transporte por ductos a lo largo del territorio nacional (Ocensa, Oleoducto de Llanos, Bicenterio y Oleoducto de Colombia).

Lo anterior es relevante dado que, con la compra de ISA, Ecopetrol busca ocupar un espacio bien posicionado en el transporte de energía. Si con Cenit fue necesario una consolidación, con ISA el camino está muy bien recorrido. Se podría decir entonces que Cenit es al transporte de hidrocarburos como ISA al transporte de energía.         

Lo que viene es que Ecopetrol siga trabajando con sus proyectos de generación a través de otras fuentes de energía como la solar o la eólica, las cuáles ya están en marcha, más todo lo relacionado con el hidrógeno como materia prima de otras formas no dependientes de los combustibles fósiles, todas ellas que podrían correlacionarse con el “upstream”.

Si bien es cierto que no realizar actividad exploratoria es preocupante por la autosuficiencia energética, que no ha sido fácil de mantener, por otro lado, es una noticia alentadora seguir avanzando con una estrategia en la transición hacia renovables y otras fuentes de energía, cuyo único fin es migrar hacia la descarbonización, teniendo en cuenta que la meta de Ecopetrol al 2050 es llegar a cero emisiones netas.

Lo peor que le puede pasar a una empresa como Ecopetrol es dejar pasar el tiempo y las oportunidades. Incrementar la actividad exploratoria es una necesidad del presente y con ISA se cristaliza una buena oportunidad mirando al futuro. El vaso se seguirá mirando medio lleno o medio vacío, lo cuál es y seguirá siendo parte de nuestra naturaleza humana.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Reforma tributaria 2.0: Perder es ganar un poco

Continuación del análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, propuesto por el Gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de agosto de 2021.   En esta ocasión quiero destacar que mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. Ello resulta muy gravoso para las PYMES, las más golpeadas por la crisis pandémica

Además, llama la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”. Al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2,6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.

El ministro de Hacienda Manuel Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años”. En ello le asiste la razón, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas.

Al tétrico panorama fiscal se añade el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50,3% del PIB en 2019 al 64,7% en 2020, y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Como lo planteó el ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también el crecimiento y la reactivación económica”.

El propósito fundamental del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerable, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso Solidario, con un costo previsto para 2022 de $7,2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.

En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6,7 billones de $15,2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años”, según afirma el presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, dos puntos porcentuales más que la propuesta de la ANDI.

Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto.

Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3,9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12,4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos.

Según el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”.

Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantenerlos, sobre todo cuando no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados.

Según el director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”.

Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6,5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de Expertos, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. Por ello recomendó su supresión.

Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2,4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios.

Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que “perder es ganar un poco.”

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Gas, el combustible de la transición energética

Con la Ley 2128 del 4 de agosto de 2021, el Gobierno Nacional sigue dando cumplimiento a su hoja de ruta contemplada en el Plan Energético Nacional 2020-2050.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

13 de agosto de 2021.   La Ley 2128, que promueve el abastecimiento, la confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país, está alineada con la premisa que el gas es el combustible de la transición hacia renovables y otras fuentes de energía.

De acuerdo con el DANE, cerca de dos millones de personas en Colombia utilizan leña como fuente primaria de energía, debido a que las zonas a que pertenecen no están conectadas a una infraestructura de suministro de gas. Por tanto, se busca dar el cubrimiento correspondiente mediante alianzas con la industria privada, para llevar el gas distribuido por cilindros (GLP) a estos puntos de difícil acceso. Como complemento, se otorgarán subsidios hasta del 50% para el estrato 1 y del 40% para el estrato 2.

En ese sentido, La Ley también busca que aquellas regiones no interconectadas a la red nacional y que generan energía con diésel, realicen la transición mediante la identificación de soluciones sostenibles.

Uno de los principales objetivos de la Ley es la Declaratoria de Interés Nacional y Estratégico de la masificación del gas natural, por lo que se deberán implementar políticas públicas que garanticen en los próximos 10 años que al menos un 30% de la nueva flota vehicular y al menos el 30% del transporte de carga, haya migrado hacia el gas natural.

Es así como la exoneración del pico y placa o del día sin carro, el pago de impuestos no mayor al 1% del valor comercial de los vehículos, el descuento del 30% en la revisión técnico-mecánica y el descuento del 10% en el seguro obligatorio (SOAT) son, entre otros, los beneficios que se otorgan.

Como el sector de exploración y producción de hidrocarburos no se podía dejar de lado, se promueve la integración de los hallazgos de gas natural costa afuera a los sistemas de transporte existentes. Para esto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá realizar una actualización de las tarifas de transporte de gas.

En conclusión, el mensaje del Gobierno Nacional con esta Ley es su convencimiento y alineamiento con la necesidad de balancear la canasta energética, tal como lo ha establecido en su Plan Energético Nacional.

Para esto, y utilizando el gas como el combustible de la transición, se busca:

  1. Dejar la leña como medio de generación de energía en los hogares más vulnerables,
  2. Llevar el GLP hacia las zonas más remotas del país,
  3. Identificar e implementar los proyectos para el reemplazo del diésel por gas en la generación de energía en aquellas regiones no conectadas al Sistema Nacional,
  4. La creación de políticas públicas que permitan que al menos el 30% de la nueva flota vehicular funcionen a gas y
  5. La integración de los hallazgos de gas costa afuera con los sistemas de trasporte existentes.

Lo anterior es muestra de que los combustibles fósiles seguirán siendo el eje de la canasta energética para los próximos años, y de los cuales se obtendrá un gran porcentaje de los recursos que financiarán la transición hacia renovables y otras fuentes de energía, tema muy de moda en estos tiempos.

Es aquí donde se ratifica al gas como el combustible de la transición.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

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