Categoría: Opinión

En el gobierno del presidente Iván Duque se han nombrado a todos los miembros actuales de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Está en riesgo la independencia del Emisor?

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

4 de septiembre de 2021.   Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta Directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su Gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al presidente Iván Duque.

Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.

Con ello, el Banco pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, ningún presidente llegara a nombrar más de dos de los cinco codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de cuatro años prorrogables dos periodos más.

Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el Ejecutivo.

Pésimo mensaje que se ha dado para el mercado, en momentos en los que Colombia acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso.

Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el  “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York, para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga.

Ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riesgo.

Como lo ha sostenido el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la pelota para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos después de ponerse a salvo, quien venga detrás que arree.

Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. “Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks”. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia de 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y sólo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.

En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, que dependía del Ministerio de Hacienda, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución del 91, desandando sus pasos.

Qué diría El Cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de sólo pensar que “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.

Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del Banco de la República, a diferencia de la Junta Monetaria que estaba amparada en la Ley. Mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa y le asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.

Todo este andamiaje y la institución misma del Banco es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Nuevamente se presentó al Congreso colombiano un proyecto de ley —firmado por más de 50 representantes— que busca prohibir la explotación de yacimientos no convencionales en el país.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ*

30 de agosto de 2021.   El proyecto seguramente va a profundizar un debate necesario pero que mucho me temo va a descender rápidamente al mundo de las acusaciones, descalificaciones y señalamientos personales, justo lo contrario de lo que necesitamos para acertar en una discusión tan importante para todos.

Sin haber terminado todavía el estudio detallado del proyecto, es evidente que la exposición de motivos discute detalladamente los potenciales impactos negativos de esta práctica. Sin embargo, deja por fuera al menos tres temas que es indispensable estén presentes en la discusión sobre la conveniencia o no de prohibirlo. Veamos:

El principio de precaución

El primero tiene que ver con la motivación para prohibir el fracking. La razón en la que se basa el proyecto es el principio de precaución (PP) que define como “cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente y la salud pública, la falta de certeza científica absoluta sobre la relación causal entre la actividad y el daño y su probabilidad de ocurrencia o magnitud no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedirlo”.

En otras palabras, que ante un potencial daño grave al ambiente, la falta de certeza sobre si una actividad lo causa no puede ser razón para no adoptar medidas eficaces que lo eviten.

Cabe entonces preguntarse si más allá de la ausencia de criterios claramente definidos para evitar una aplicación arbitraria del PP, la prohibición es la mejor medida para mitigar un potencial daño al ambiente. ¿Hay otras medidas como estándares de perforación o guías de manejo ambiental que pudieran tener el mismo efecto, pero eviten los costos de no realizar la actividad?

Supongamos que —a pesar de los más de dos millones de pozos que se han perforado en el mundo con la tecnología de fracturamiento hidráulico, de la revisión de la literatura científica que hizo la comisión interdisciplinaria de expertos conformada por el gobierno y del conocimiento ambiental acumulado en el país en más de un siglo de operación petrolera— efectivamente no es posible establecer una relación causal entre el fracking y el daño ambiental. ¿No tendría entonces más sentido hacer un estudio científico sobre esta relación para establecer si existe o no y, en caso de que se compruebe, evaluar si hay medidas eficaces para evitar los posibles daños? ¿No es este precisamente el propósito de los programas piloto de investigación que está llevando a cabo el gobierno?

Renunciar al fracking sin antes haberlo estudiado equivale a renunciar a las vacunas contra la Covid antes de haber hecho los estudios clínicos para determinar su efectividad y potenciales efectos adversos. Lo que está en juego al prohibir el fracking sin haberlo estudiado en condiciones reales no es la seguridad energética: es algo mucho más profundo que tiene que ver con la forma como tomamos decisiones como sociedad.

Si renunciamos a tomar las grandes decisiones sobre lo que nos afecta con base en la ciencia, nos espera un futuro oscuro, lleno de atropellos y equivocaciones por las que terminaremos pagando un muy alto precio.

Costos

El segundo punto tiene que ver con los costos. Las proyecciones del gobierno muestran que en los diferentes escenarios habría una pérdida de autosuficiencia de gas natural en la segunda mitad de esta década. La pérdida de capacidad para satisfacer la demanda con nuestros propios recursos debería preocuparnos por varias razones.

Primero, porque es de esperar que el gas importado sea más caro que el nacional. Análisis de la UPME muestran que este gas podría costar el doble que el gas nacional debido a sus costos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación. Esto sin contar los incrementos tarifarios que traería financiar la construcción de la infraestructura de importación requerida para que el gas del exterior pueda llegar a los centros de consumo en Colombia.

Bajo esta condiciones, ¿qué implicaciones tendría, por ejemplo, un aumento en los precios del gas para la industria cuya energía depende casi la mitad de este combustible? ¿Cómo podrían afectarse el crecimiento de la economía y la generación de empleo en el país? ¿Cómo se afectarían los hogares —70% de lo cuales tienen acceso al gas— de un aumento en los precios, sobre todo si se tiene en cuenta que los más pobres destinan al pago de energía una mayor proporción de su ingreso? ¿Cuál sería el impacto en las finanzas del gobierno de tener que subsidiar un gas más caro?

Sorprendentemente, el proyecto guarda silencio sobre este punto y sobre el hecho de que los yacimientos no convencionales podrían multiplicar entre 1,5 y 3 veces el nivel de reservas probadas de gas que tenemos hoy.

Tampoco hace mención sobre una diferencia fundamental del gas nacional con el importado: que sólo el primero paga impuesto de renta y regalías. Este punto, que también aplica para el petróleo, no es un punto menor para el país y debe sumarse a los costos por mayores tarifas que traería el gas del exterior.

Finanzas públicas

Finalmente, el proyecto afirma en su exposición de motivos que “son muy bajos los aportes de este sector a las finanzas públicas” como una de las consideraciones para la prohibición.

Si bien es cierto que al compararlo con otras ramas de actividad el sector hidrocarburos no es un generador importante de empleo y que su actividad puede tener impactos importantes en el ambiente, desconocer su contribución a las finanzas públicas es contrario a la evidencia disponible.

Cuando se comparan los sectores de la economía a partir del recaudo fiscal que generan por unidad de PIB producido, puede verse que el de hidrocarburos es el que más contribuye en toda la economía, triplicando a la industria y siendo 37 veces más alto que la agricultura. Gústenos o no, este es un sector indispensable para la financiación de la inversión pública.

Prohibir el acceso a los recursos no convencionales que están en nuestro subsuelo sin un plan concreto para una transición fiscal es irresponsable y pone en riesgo la inversión del gobierno en todos los niveles.

El Congreso es un lugar por excelencia para el debate de las decisiones sobre los temas más importantes que nos afectan a todos. Este proyecto sin lugar a dudas va a motivar un debate difícil pero necesario. El problema es que lo hace mostrando sólo una parte de la realidad y que desconoce que para tomar buenas decisiones es indispensable considerar integralmente sus beneficios y costos.

Lo responsable sería, por lo tanto, asegurarse de que ellos sean tenidos en cuenta en la discusión y tomar una decisión final sólo cuando estén completos los resultados de los programas piloto.

*Centro Regional de Estudios de Energía.

Electricaribe, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos años fue el operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica en siete departamentos del Caribe colombiano.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

29 de agosto de 2021.   Electricaribe le jugó sucio a sus 2,7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Durante 22 años se dedicó a explotar inmisericordemente este mercado y se abstuvo de hacer las inversiones a las que estaba obligada, lo que derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio de energía.

Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 1994, que cataloga la energía como servicio público esencial en su artículo 5º y establece los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad en su artículo 6º.

Pero, lo que precipitó la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda en mora con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.

Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente la empresa y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial a la facturación donde se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía, para aplicarlos como subsidio al consumo básico o de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”. Se los embolsilló para cuadrar caja, utilizando como truco su asignación al “consumo distribuido comunitario”, en lugar de hacerlo al “consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado”, que debía ser el destinatario de dichos recursos y de esta forma aminorar sus pérdidas.

El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a Electricaribe, ahora en liquidación, y a la multinacional Price Waterhouse que, como revisora fiscal fue permisiva y negligente, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios afectados al escamoteárseles este alivio que debían haber recibido en sus facturas por ministerio de la Ley.

Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con el BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.

La mala noticia es que Electricaribe ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley 1955 de 2019 “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público”, que asumieron la operación a partir del 1º de octubre de 2020 (Air-e y Afinia), “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”.

De modo que este reintegro deberá hacerse con cargo a la Nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pensional, por valor de $1,6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido.

La verdad, monda y lironda, es que los platos rotos de Electricaribe los terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. Así, la pesadilla de Electricaribe no termina.

Un comentario final: A propósito de los subsidios al consumo de susbsistencia de energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir que, de manera recurrente, el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación es insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a retrasos y moras en su cancelación a las empresas generadoras, poniéndolas en calzas prietas para operar.

A agosto de 2021 el FOES acusaba un déficit para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 millones para el servicio de electricidad y de $262.000 millones para el servicio de gas natural domiciliario.

Y en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se propone apropiar $2,6 billones, incluyendo la suma correspondiente a las zonas no interconectadas, quedando desfinanciados los subsidios el año entrante, según los gremios de las empresas prestadoras de estos servicios, en $2 billones aproximadamente.

Esta es, a mi juicio, una manera de presionar el desmonte de los subsidios, como ya se intentó cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el rechazo ciudadano el propio presidente Duque se vio precisado a dar instrucciones al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que retirara del texto del proyecto tan absurda como inconveniente propuesta.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

«Debemos sustituir el petróleo, porque es un energético altamente nocivo para el desarrollo humano”, es una propuesta que ha surgido desde diversos sectores como una gran solución a los problemas que se derivan del uso de combustibles fósiles. ¿Pero es eso posible? ¿Bastaría una decisión de Estado para realizar la transición hacia energéticos más limpios?  

Por: ERIK GIOVANY MONTES PÁEZ*

27 de agosto de 2021.   Desde hace algunos años he tenido la oportunidad de participar como conferencista en el Programa de Formación de Líderes Energéticos del WEC Colombia, y la conferencia que he ofrecido en varias ocasiones la he llamado precisamente como el título de esta columna: ¿Por qué es tan difícil sustituir el petróleo?

La necesidad de petróleo que tiene nuestra sociedad debe analizarse desde diferentes puntos de vista, no solamente pensando en el petróleo como fuente de energía, sino como materia prima de una enorme cantidad de productos que usamos a diario, y como un fuerte motor de la economía nacional, pues la sustitución del crudo implica retos que van desde lo tecnológico hasta lo social.
La canasta energética colombiana de 2020, según cifras publicadas en el “BP Statistical Review 2021”, esta conformada por un 31% de petróleo, 28% de gas natural, 22% de hidroelectricidad, 15% de carbón y 3% de energías renovables.

Es importante destacar que el petróleo ocupa el primer renglón, pero que registró una disminución con respecto a valores de años anteriores. Sin ir más lejos, entre el 2017 y el 2019 tuvo una participación sostenida del 35% de la canasta energética nacional. ¿Significa esto que se está dando un reemplazo del crudo en Colombia? Lo cierto es que no, pues la pandemia conllevó una disminución del consumo mundial de petróleo en torno al 10%, relacionada principalmente con una reducción del 39% en el consumo de combustible para aviones. Pero en el 2021 se espera una recuperación del consumo, motivada por la reapertura de fronteras y diversos sectores de la economía. 

Colombia produjo, en promedio, 781.352 barriles de petróleo al día durante 2020, pero tuvo un consumo diario de 347.642 barriles. Consumo que se da fundamentalmente en la carga de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, donde se producen combustibles para el abastecimiento nacional. Es decir que menos de la mitad del crudo que se produce en nuestro país se destina al consumo interno, por lo cual no es de extrañarse que las exportaciones de petróleo sean un agente dinamizador de la economía colombiana.

De acuerdo con cifras del DANE, de los 31.055 millones de dólares que exportó Colombia en el año 2020, 8.754 millones de dólares ingresaron por exportaciones del petróleo, siendo éste el primer renglón en las estadísticas nacionales, seguido del carbón (4.165 millones) y el café (2.446 millones). Para Colombia, por lo tanto, el petróleo es más un commodity que un energético. De hecho, hemos apreciado en muchos momentos que una crisis en el sector de los hidrocarburos se refleja fuertemente en la economía nacional. 

Surge, por supuesto, un primer e importante reto para el país: diversificar las exportaciones, aspirando a superar esa fuerte dependencia económica del petróleo. Para esto se hace necesaria la inversión en tecnología e infraestructura, permitiendo que muchos de los procesos productivos del país puedan devenir en grandes operaciones de exportación de bienes y servicios.

Entonces, si ocurre una diversificación de las exportaciones, ¿ocurrirá la sustitución del petróleo? Aún no, pues falta superar otro gigantesco desafío, y en este caso, un desafío mundial: el del petróleo como materia prima.
Cuando se habla de “derivados del petróleo” se piensa inicialmente en combustibles. Pero, al tratar de profundizar un poco en el terreno de la petroquímica, surgen centenares de productos que actualmente se obtienen exclusivamente del petróleo. 

Solo por mencionar algunos: asfaltos, fibras sintéticas (poliéster, nylon), detergentes, cauchos, plásticos, lubricantes, velas, aislantes eléctricos, fertilizantes, grasas, aceites, solventes, acrílicos, bases de perfumes, chicle, cosméticos y hasta suplementos vitamínicos, son ejemplos de productos de uso diario que se obtienen a partir del petróleo.

¿De dónde más los podemos obtener? Ahí aparece un segundo reto que, considero, tiene unas dimensiones mayores que el primero. Pues no se trata de la adopción de tecnologías existentes para diversificar la economía de Colombia, sino de un reto mundial que necesita de descubrimientos que permitan seguir produciendo, de forma rentable y con un menor impacto, elementos habituales en la sociedad actual.

La fiebre del caucho, que tan gratamente describía José Eustasio Rivera en “La Vorágine”, conllevó procesos de devastación masiva de árboles de caucho en la Amazonía. Pero la tecnología ofreció una alternativa: la obtención del látex de forma sintética, a partir del petróleo. La matanza de ballenas era una de las opciones de antaño para la obtención de grasas, velas o jabones, pero también hubo la necesidad de hallar alternativas que permitieran preservar a estos inmensos mamíferos marinos.

En su momento, la revolución tecnológica se centró en la petroquímica. Y ahora, la enorme cantidad de productos sintéticos ha producido nuevamente problemas ambientales, sobre todo relacionados con los plásticos.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, cerca del 90% de los plásticos que se consumen en el mundo provienen del petróleo, y más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. La idea era evitar la devastación de las especies marítimas dejando de cazar ballenas, pero la solución momentánea ahora está acabando con su hábitat. 

El reto es enorme y requiere de una mezcla de elementos que hoy apenas se vislumbran: voluntad política para tomar decisiones, investigación y desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas, consciencia social para reducir nuestros impactos sobre el planeta, compromiso de jóvenes investigadores para transformar el mundo, responsabilidad empresarial en el manejo de los procesos industriales y un largo etcétera que permitirán, ahora sí, sustituir el petróleo.

El ideal es el de un mundo en el que la vida humana sea sostenible. No porque hayamos sacado a sombrerazos al crudo de nuestras vidas, como si la culpa de todo fuera de los que un día decidimos estudiar ingeniería de petróleos, sino porque se haya dado un desarrollo tecnológico mundial, en el que los profesionales lideren procesos de transformación en todo sentido.

Por esto es que todos los análisis prospectivos muestran al petróleo como protagonista del mercado energético en los próximos 30 o 40 años. No importa que estas proyecciones sean realizadas por empresas del sector hidrocarburos (como Shell o BP) o por entidades independientes (como el World Energy Council), pues la sustitución del crudo requiere avances tecnológicos, económicos y sociales que, hasta ahora, siguen pendientes.

*Profesor Universidad Industrial de Santander
erimonpa@uis.edu.co

Después de la polémica por la compra de ISA por parte de Ecopetrol en 14,23 billones de pesos para la adquisición del 51,4%, dos temas han de tenerse en cuenta para un análisis objetivo de esta transacción: lo referente al ámbito comercial y su efecto en las finanzas del Estado; y la estrategia de Ecopetrol hacia su proyecto de descarbonización.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

26 de agosto de 2021.   El primer tema, y quizás el más debatido, es el endeudamiento con el cual la estatal ha procedido, dejando poco espacio para continuar con la exploración en busca de incrementar sus reservas de hidrocarburos.

El país en la última década ha disminuido de forma significativa el programa de exploración. De acuerdo con Campetrol, en lo que va del 2021 se han perforado únicamente 12 pozos, incluyendo a Ecopetrol y todas las empresas que tienen actividad en el país.

En cuanto a la autosuficiencia energética, se requiere el reemplazo de las reservas que se consumen al año con la producción de petróleo y gas, y una de las formas de lograrlo es con actividad exploratoria, precisamente para el hallazgo de nuevos yacimientos.

El concepto es muy simple: si lo miramos desde el abastecimiento básico en nuestros hogares, lo que se toma de la despensa se debe reemplazar, de lo contrario las existencias se agotarán.

El segundo tema es la integración vertical, que busca la estatal a lo largo de toda la cadena de valor del ciclo energético, tal como lo ha venido haciendo principalmente con el petróleo.

Ahora, uno de los segmentos que más valor agregado le han adicionado a Ecopetrol fue la creación de Cenit en 2013, con lo que se da la integración del sistema de transporte por ductos a lo largo del territorio nacional (Ocensa, Oleoducto de Llanos, Bicenterio y Oleoducto de Colombia).

Lo anterior es relevante dado que, con la compra de ISA, Ecopetrol busca ocupar un espacio bien posicionado en el transporte de energía. Si con Cenit fue necesario una consolidación, con ISA el camino está muy bien recorrido. Se podría decir entonces que Cenit es al transporte de hidrocarburos como ISA al transporte de energía.         

Lo que viene es que Ecopetrol siga trabajando con sus proyectos de generación a través de otras fuentes de energía como la solar o la eólica, las cuáles ya están en marcha, más todo lo relacionado con el hidrógeno como materia prima de otras formas no dependientes de los combustibles fósiles, todas ellas que podrían correlacionarse con el “upstream”.

Si bien es cierto que no realizar actividad exploratoria es preocupante por la autosuficiencia energética, que no ha sido fácil de mantener, por otro lado, es una noticia alentadora seguir avanzando con una estrategia en la transición hacia renovables y otras fuentes de energía, cuyo único fin es migrar hacia la descarbonización, teniendo en cuenta que la meta de Ecopetrol al 2050 es llegar a cero emisiones netas.

Lo peor que le puede pasar a una empresa como Ecopetrol es dejar pasar el tiempo y las oportunidades. Incrementar la actividad exploratoria es una necesidad del presente y con ISA se cristaliza una buena oportunidad mirando al futuro. El vaso se seguirá mirando medio lleno o medio vacío, lo cuál es y seguirá siendo parte de nuestra naturaleza humana.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Continuación del análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, propuesto por el Gobierno.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de agosto de 2021.   En esta ocasión quiero destacar que mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. Ello resulta muy gravoso para las PYMES, las más golpeadas por la crisis pandémica

Además, llama la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”. Al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2,6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.

El ministro de Hacienda Manuel Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años”. En ello le asiste la razón, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas.

Al tétrico panorama fiscal se añade el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50,3% del PIB en 2019 al 64,7% en 2020, y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Como lo planteó el ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también el crecimiento y la reactivación económica”.

El propósito fundamental del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerable, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso Solidario, con un costo previsto para 2022 de $7,2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.

En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6,7 billones de $15,2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años”, según afirma el presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, dos puntos porcentuales más que la propuesta de la ANDI.

Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto.

Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3,9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12,4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos.

Según el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”.

Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantenerlos, sobre todo cuando no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados.

Según el director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”.

Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6,5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de Expertos, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. Por ello recomendó su supresión.

Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2,4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios.

Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que “perder es ganar un poco.”

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Con la Ley 2128 del 4 de agosto de 2021, el Gobierno Nacional sigue dando cumplimiento a su hoja de ruta contemplada en el Plan Energético Nacional 2020-2050.

Por: ÓSCAR DÍAZ MARTÍNEZ*

13 de agosto de 2021.   La Ley 2128, que promueve el abastecimiento, la confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país, está alineada con la premisa que el gas es el combustible de la transición hacia renovables y otras fuentes de energía.

De acuerdo con el DANE, cerca de dos millones de personas en Colombia utilizan leña como fuente primaria de energía, debido a que las zonas a que pertenecen no están conectadas a una infraestructura de suministro de gas. Por tanto, se busca dar el cubrimiento correspondiente mediante alianzas con la industria privada, para llevar el gas distribuido por cilindros (GLP) a estos puntos de difícil acceso. Como complemento, se otorgarán subsidios hasta del 50% para el estrato 1 y del 40% para el estrato 2.

En ese sentido, La Ley también busca que aquellas regiones no interconectadas a la red nacional y que generan energía con diésel, realicen la transición mediante la identificación de soluciones sostenibles.

Uno de los principales objetivos de la Ley es la Declaratoria de Interés Nacional y Estratégico de la masificación del gas natural, por lo que se deberán implementar políticas públicas que garanticen en los próximos 10 años que al menos un 30% de la nueva flota vehicular y al menos el 30% del transporte de carga, haya migrado hacia el gas natural.

Es así como la exoneración del pico y placa o del día sin carro, el pago de impuestos no mayor al 1% del valor comercial de los vehículos, el descuento del 30% en la revisión técnico-mecánica y el descuento del 10% en el seguro obligatorio (SOAT) son, entre otros, los beneficios que se otorgan.

Como el sector de exploración y producción de hidrocarburos no se podía dejar de lado, se promueve la integración de los hallazgos de gas natural costa afuera a los sistemas de transporte existentes. Para esto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá realizar una actualización de las tarifas de transporte de gas.

En conclusión, el mensaje del Gobierno Nacional con esta Ley es su convencimiento y alineamiento con la necesidad de balancear la canasta energética, tal como lo ha establecido en su Plan Energético Nacional.

Para esto, y utilizando el gas como el combustible de la transición, se busca:

1. Dejar la leña como medio de generación de energía en los hogares más vulnerables,
2. Llevar el GLP hacia las zonas más remotas del país,
3. Identificar e implementar los proyectos para el reemplazo del diésel por gas en la generación de energía en aquellas regiones no conectadas al Sistema Nacional,
4. La creación de políticas públicas que permitan que al menos el 30% de la nueva flota vehicular funcionen a gas y
5. La integración de los hallazgos de gas costa afuera con los sistemas de trasporte existentes.

Lo anterior es muestra de que los combustibles fósiles seguirán siendo el eje de la canasta energética para los próximos años, y de los cuales se obtendrá un gran porcentaje de los recursos que financiarán la transición hacia renovables y otras fuentes de energía, tema muy de moda en estos tiempos.

Es aquí donde se ratifica al gas como el combustible de la transición.

*Presidente de la Junta Directiva de Acipet

Ecopetrol acaba de revelar sus resultados operacionales del primer semestre de este año, los cuales son muy alentadores.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

7 de agosto de 2021.  No obstante que la producción de crudo de Ecopetrol viene en picada, desde los 726.000/día en el primer semestre de 2019 a los 706.100 en 2020 y los 668.400 en 2021, para el mismo período, la utilidad neta pasó de $6,23 billones en 2019 a los $160 mil millones en 2020 y para el primer semestre de este año alcanzó los $6,81billones.

Ello se explica en gran medida por el comportamiento de los precios internacionales del crudo, los cuales se incrementaron en más del 40% con respecto a su cotización del año anterior, promediando los US $69 el barril de la referencia Brent. Huelga decir que Ecopetrol tenía una previsión de precio para su presupuesto de este año de sólo US $45 el barril. A ello se vino a sumar la apreciación del dólar que ha llevado la tasa de cambio a un promedio en el primer semestre de este año de $3.691.

A este resultado han contribuido también, y de qué manera, la mayor eficiencia tanto en la operación, logrando bajar el umbral del “dolor” a partir del cual es rentable extraer el barril de crudo hasta los US $30, así como su gestión comercial, logrando reducir el descuento con respecto a la cotización internacional de su canasta de crudos desde los US $10 por barril hasta los US $4, al tiempo que, ante la contracción del mercado estadounidense, se abrió su propio nicho en el mercado asiático, destino actual del 49% de sus exportaciones.

Desde luego que este buen resultado favorece las finanzas de Ecopetrol y de paso a las de la Nación. El reparto de dividendos a sus accionistas pasaría de los $1,7 billones de este año a los $6 billones el año entrante y, como es obvio, un mayor recaudo por concepto de impuesto de renta proveniente de la estatal petrolera y de contera también se beneficiarán las entidades territoriales, al percibir mayores regalías.

Coincide esta buena noticia, “de la evolución favorable de la situación financiera de Ecopetrol”, con la concreción de su oferta a la Nación, esta vez con carácter vinculante, para la compra del 51,4% de las acciones de esta en ISA. Esta operación, en mi concepto, es una jugada maestra que le permite al Estado enajenar un activo estratégico con el fin de cuadrar caja, sin perder el control del mismo.

Ecopetrol, además con esta adquisición diversifica su matriz de riesgo y su portafolio de inversión en una actividad que no está tan expuesta a la volatilidad de los precios como es el caso del petróleo y da un paso en la misma dirección que la industria petrolera de cara a la Transición Energética, reconvirtiéndose y apostándole, como ya lo viene haciendo, a las energías renovables.

Claro está, este buen desempeño de la empresa no puede llevar a sus directivas a obnubilarse y perder la perspectiva hacia el futuro de los hidrocarburos, cuya suerte está echada desde que en 2015 se aprobó el Acuerdo de París en el seno de la 21ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21). Ese mismo año se aprobó también la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se plasmó en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

El Acuerdo de París y la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible convergen en el propósito de descarbonizar la economía, como estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así combatir eficazmente el catastrófico cambio climático y sus devastadores efectos.

Desde entonces, todas las fuentes primarias de energía de origen fósil (el carbón, el petróleo y el gas) están sentenciadas, sus días están contados, al punto que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha dado un giro de 180 grados y empieza a darles la espalda.

En efecto, en un pronunciamiento reciente manifestó que “nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo” y fue más lejos al pedir al mundo “renunciar desde ya a la industria petrolera”.

Por ello, hace bien Ecopetrol al comprometerse con la Agenda de París y con los ODS, reduciendo la huella de carbono en sus actividades de extracción, transporte y refinación de crudo, concomitantemente con su apuesta por las energías renovables y limpias.

Recientemente instaló una granja solar fotovoltaica en el municipio Castilla La Nueva (Meta), la mayor del país, con una capacidad de 21 MW, suministrando con ella el 30% de la energía que demanda uno de sus más importantes campos de producción: Castilla.

De esta manera, Ecopetrol puso la pica en Flandes para avanzar con paso firme por el camino de la Transición Energética y aspira a llegar a los 400 MW de capacidad de generación de electricidad con base en fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

El presidente Ecopetrol Felipe Bayón ha sido categórico al afirmar que el compromiso de la empresa es “tener cero emisiones netas de carbono al año 2050”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En la lucha contra el cambio climático no sólo hay que pensar cuánto reducimos las emisiones sino cómo. Sobre todo ahora que el país va a asumir compromisos que tendrán enormes implicaciones para todos.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ* 

7 de agosto de 2021.   Quizá el mayor aporte de Antanas Mockus —uno de los más singulares líderes políticos que ha tenido nuestro país— fue su filosofía del “todos ponen”. Con esa enorme capacidad que tiene para explicar cosas difíciles de manera fácil, el profesor Mockus hizo su campaña a la alcaldía de Bogotá a partir de una pirinola que simbolizaba su forma de pensar frente a los asuntos públicos: si todos ponen va a haber mucho más para que todos tomen.

Con este profundo pero sencillo enfoque ganó las elecciones a la alcaldía y capturó la imaginación de los bogotanos que se embarcaron en un proyecto de cultura ciudadana sin precedentes. El poder de la filosofía del “todos ponen” radica, a mi modo de ver, en los mensajes que enfatiza: que cómo nos vaya depende del esfuerzo colectivo, que todos debemos contribuir, pero que no todos debemos poner lo mismo.

Este último punto lo captura maravillosamente el meme de Craig Froehle sobre igualdad y justicia que se volvió viral en redes: para que un resultado sea justo no a todos se les debe pedir lo mismo.

¿Qué tiene que ver esto con la energía y la lucha contra el cambio climático? La respuesta corta es que Colombia decidió comprometerse a llevar a cero sus emisiones netas de CO₂ (carbono-neutralidad) a 2050 sin que todavía esté muy claro cómo va a repartirse el esfuerzo para lograrlo. Esto, que puede parecer esotérico y distante, tiene grandes consecuencias económicas y sociales. Si, como quisiéramos, el país crece sostenidamente a tasas superiores al 4%, análisis realizados por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) muestran el tamaño del esfuerzo que Colombia tendría que hacer para cumplir la meta de carbono neutralidad anunciada por el gobierno.

La combinación de crecimiento elevado (que aumenta el consumo de energía) y de reducción acelerada de emisiones (que obliga a recurrir a fuentes limpias) supone grandes cambios para la industria, los hogares, el transporte y, por supuesto, la producción de energía. Por un lado, la capacidad de generación eléctrica tendría que multiplicarse más de cinco veces ante la necesidad de atender la demanda principalmente con fuentes intermitentes como sol y viento, lo cual llevaría a su vez a fuertes incrementos en los precios de la electricidad.

Por el lado de la demanda supondría aumentar drásticamente la eficiencia en el consumo, lo que supone un cambio masivo de equipos como calderas en la industria, neveras, lavadoras y aires acondicionados en los hogares, así como chatarrización de buses y camiones viejos.

¿Cómo se financiarían estos cambios? Si es con ayuda del gobierno, ¿a quiénes ayudaría y cómo? ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿Cómo se enfrentaría una posible pérdida de competitividad por el aumento en los precios de la energía? ¿Se mantendría el actual esquema de subsidios a la energía a pesar de los eventuales aumentos en sus precios? ¿Cómo se compensaría el impacto fiscal de la pérdida de regalías e impuestos ante la caída en la producción de combustibles fósiles? ¿Qué apoyo se la daría, por ejemplo, a sectores productivos como los pequeños productores de carbón del interior del país cuando pierdan su sustento? ¿Cómo se ayudaría a los hogares más vulnerables que necesiten cambiar sus electrodomésticos? ¿Qué previsiones se están haciendo para facilitar los cambios tecnológicos que podrían aminorar estas dificultades?

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil. Sin embargo, debemos contestarlas para asegurar que la transición energética sea efectiva y minimice sus costos económicos y sociales, lo cual nos lleva de vuelta al meme de la justicia.

Si suponemos que las personas representan los sectores productivos, su altura el costo social de reducir una tonelada de emisiones y la cerca la magnitud de la meta de reducción, claramente no todos los sectores deben hacer el mismo esfuerzo. Sería ineficiente. Lo eficiente es que a quien le cuesta menos (el más bajito) haga más esfuerzo (más cajas) para llegar a la meta, mientras que a los sectores que más les cuesta hagan menos.

En el caso de Colombia, la Universidad de los Andes realizó hace algunos años un estudio que identificó cerca de 80 proyectos para reducir emisiones de gases efecto invernadero a 2030 en todos los sectores de la economía y calculó para cada uno el costo por tonelada reducida. Su conclusiones muestran que, de los 10 proyectos que generan la mitad de las reducciones 9 no están en el sector energético, y que 21 de los 25 proyectos con menores costos de reducción por tonelada están en la agricultura, el transporte y la industria.

Lo anterior  no quiere decir que el sector energético no deba contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino que debe hacerlo de acuerdo con sus costos de reducción de emisiones y de cómo estos se comparen con los de otros sectores. En lugar de satanizar tecnologías o sectores debemos encontrar la combinación de medidas que nos permitan cumplir las metas a mínimo costo.

En un sentido más general, y consistente con el principio de que no todos deberían poner lo mismo, esta discusión supone preguntarse por criterios complementarios para la asignación del esfuerzo: ¿Debe hacer más esfuerzo el que más emite? ¿Debe aportar más el que más recursos tiene? Ambas preguntas tienen que alimentar la estrategia de Colombia al ser el sustento del principio de responsabilidad compartida en el que la comunidad internacional debería asumir parte de nuestros esfuerzos de descarbonización.

Estar comprometido con el cambio climático no es desechar el carbón y el petróleo; es apoyar el mejor paquete para nuestras necesidades ambientales, pero también para las de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si lo pensamos así, es posible que entendamos que es preferible el pragmatismo al fundamentalismo y que la meta de descarbonización se puede cumplir con menos polarización, más tranquilidad y menores costos.

Volviendo al meme y considerando los costos, cabe preguntarse también si no tendría sentido considerar la altura de la cerca. ¿Es necesario que nuestra carbono-neutralidad sea en 2050?

Artículo originalmente publicado en La Silla Vacía el 30 de enero de 2021.