Al rescate del río Magdalena

La navegabilidad del río Magdalena no se podrá lograr jamás mientras no comprometa la recuperación y rehabilitación de su cuenca.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de febrero de 2021.   En el año 1500 el 90% de la cuenca del río Magdalena estaba poblada por bosques, los cuales se han reducido a sólo el 10% como producto de la tala y la deforestación, y a consecuencia de ellas sobreviene la erosión y con la erosión la sedimentación que arrastra el río, la que termina en bancos de arena en su cauce y en la barra de sedimentos que acusa su desembocadura.

En este caso, contrariando el adagio popular, el ahogado hay que buscarlo es aguas arriba, pues hasta que no se detenga la erosión el río seguirá arrastrando anualmente más de 250 millones de toneladas, aproximadamente, de sedimentos y desechos.

Pretender garantizar la navegabilidad permanente del Magdalena mientras no se detenga el ecocidio de la cuenca es como pretender endulzar el mar, lo más parecido al drama de Sísifo, el de la mitología griega.

Colombia cometió con el Río Grande de la Magdalena, más que un error, la torpeza, la indolencia y la ingratitud de abandonarlo a su propia suerte después que se sirvió de él.

Ello ha obedecido, entre otras razones, a que mientras en la inmensa mayoría de los países que han logrado su crecimiento y desarrollo localizando sus empresas cerca de los puertos, aquí en Colombia se ubicaron en la altiplanicie, a más de 500 y 1.000 kilómetros de sus principales puertos sobre el Pacífico y el Caribe, respectivamente.

Este cuello de botella explica, entre otras cosas, que los costos de manejo y transporte de carga en la exportación/importación de bienes y mercancías  representan, según el reporte Doing Business de 2013, el 78.7% de los costos totales de operación en que incurren las empresas en Colombia, afectando enormemente su competitividad.

Basta comparar dichos costos en la OCDE y con los de Latinoamérica, cuyos promedios, según la misma fuente, estaban en dicho reporte en el 48.5% y 43%, respectivamente. Y todo ello repercute, finalmente, en un nivel muy bajo en el Índice de Desempeño Logístico que maneja el Banco Mundial, en el cual Colombia se raja con una calificación de 2,6 sobre 5, ocupando el puesto 58 entre 161 países.

Ha llegado la hora de rescatar y recuperar el río Magdalena, convertido como está en una verdadera cloaca abierta que recoge a lo largo de su trayecto toda la inmundicia que arrojan a su cauce.

La Constituyente de 1991, gracias al prestigioso sociólogo del Caribe Orlando Fals Borda, uno de sus delegados, quiso reivindicarlo y fue así cómo incorporó en la nueva Constitución la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la única en el país con rango constitucional, en su artículo 331, desarrollado mediante la Ley 161 de 1994.

Entre sus funciones, además de “la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria”, dispuso la “adecuación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables”. Esta, como tantas otras normas de la Constitución de 1991, se ha quedado en el papel, que puede con todo.

Sólo tuvo algún desarrollo el aparte en el que se dispuso que la Ley definiría “en favor de los municipios ribereños un tratamiento especial en la asignación de regalías”, no así “en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación”.

En efecto, en la Ley 143 de 1994 que reglamentaba los articulos 360 y 361 de la carta, atinentes a la distribución de las regalías, se estableció que el 10% del Fondo Nacional de Regalías (FNR) creado por dicha Ley se le asignaran a Cormagdalena.

Con tan mala suerte que en el Acto Legislativo 05 de 2011 se le arrebataron esos recursos, quedando reducidos a sólo el 0,05% de las regalías, aunque en la más reciente reforma al Sistema General de Regalías (SGR) contenida en el Acto Legislativo 05 de 2019, reglamentado por la Ley 2056 de 2020, por fortuna mejoró su participación y se le asignó el 5%.

La Corte Constitucional ha sentado un precedente de la mayor importancia, que puede ser de gran utilidad para que el Estado colombiano vuelva sus ojos al Magdalena, al que se le dió la espalda hace marras, corriendo la misma suerte del Mar, por cuenta de un modelo económico andino, mediterráneo.

En efecto, mediante el fallo T – 622 de 2016 la alta corte sentenció que el Río Atrato, el tercero más navegable después del Magdalena y del Cauca, es “sujeto de derechos, que implican protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”.

Con más veras, en el caso del Río Grande de la Magdalena está llamado a ser también sujeto de derechos, los cuales deben ser amparados, cómo no, por la guardiana de la Constitución, la misma que le dio la importancia que no le han dado los sucesivos gobiernos durante sus treinta años de vigencia que se cumplirán próximamente.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El puerto de Barranquilla y el cuento del gallo capón

El cuento del gallo capón, que tuvo su origen en esa prodigiosa creatividad y capacidad narrativa del pueblo raso de Macondo, lo inmortalizó el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su obra cumbre Cien años de soledad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

8 de febrero de 2021.   Según la versión de Gabo, “los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras”.

Traigo a colación el cuento del gallo capón, porque sirve de metáfora a propósito del cuento de nunca acabar del dragado del Puerto de Barranquilla.

En un remoto 1955, el entonces cronista García Márquez relata en su reportaje titulado “Viacrucis de Bocas de Ceniza” cómo después de ser el más prestigioso muelle de embarque y desembarque de mercancías y migrantes hacia 1893, ya para 1955 estaba reducido a una “plataforma de hierro y madera” que amenazaba ruina. Y describe la “flamante e inservible draga de Barranquilla”, la que no dudó en mostrarla como “un montón de hierro viejo y retorcido.»

A lo largo de todo el año de todos los años se registra con asombro cómo debido a las dificultades de la operación y la operatividad misma del Puerto de Barranquilla estas están seriamente comprometidas por el bajo calado, el cual impide que arriben embarcaciones sin exponerse a terminar encalladas en los bancos de arena producto del sedimento que arrastra el río Magdalena.

Esta circunstancia genera incertidumbre y sobrecostos enormes, pues las embarcaciones parten desde su puerto de origen sin saber si a su llegada pueden atracar en Barranquilla y no pocas veces deben ser desviadas a puertos vecinos para aligerar parte de la carga, la que posteriormente debe transportarse por tierra hasta las bodegas de destino, con los sobrecostos que dicha operación de transbordo conlleva.

Esta calamitosa situación ha repercutido, y de qué manera, sobre el puerto de Barranquilla, al punto que después de ser desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el principal puerto marítimo de Colombia a ser de quinta, después del de Buenaventura, Tumaco, Santa Marta y Cartagena.

A lo largo de la última década han desfilado por allí un sinnúmero de dragas para la remoción de los sedimentos, tratando de garantizar y estabilizar un mínimo de calado, mediante el mantenimiento de la operatividad del canal de acceso al Puerto, sin lograrlo.

Constantemente, ante el inminente cierre del puerto, se apela a la declaratoria de la urgencia manifiesta, de dudosa factura porque su recurrencia advierte la ausencia de hechos imprevisibles y sobrevinientes que las justifiquen, para contratar en volandas el dragado. Ello, con el fin de restablecer los niveles operativos y las condiciones de navegabilidad en el canal de acceso.

La contratación de dichas dragas corre por cuenta de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, y más recientemente se han venido adelantando estos procesos a través de FINDETER.

El 6 de marzo de 2020 inició operaciones de dragado la empresa Shangai Dredging, con el compromiso establecido en los términos de referencia del contrato de obtener de manera sostenible un calado de 10,20 metros. Sin embargo, según lo denuncian miembros del Comité Intergremial del Atlántico, transcurridos más de 8 meses de ejecución de dicho contrato, durante el 53% del lapso transcurrido el calado ha estado por debajo de 9,80 metros “y sólo alcanzó este nivel en el 47% de dicho tiempo”.

Ello llevó a afirmar al director de Asoportuaria Lucas Ariza que “la situación en el canal de acceso del puerto es crítica”. Él ha insistido una y otra vez en que se necesita “un calado óptimo en todo el canal para seguir prestando el servicio de importación y exportación de mercancías sin molestar a nadie”. Pero en este caso, como diría el poeta León de Greiff, todo pasa sin que pase nada.

Ha sido tan patética la situación planteada que, habiendo sido una de las principales motivaciones para la construcción del nuevo y monumental puente Pumarejo la de posibilitar que por debajo del mismo transitaran buques de mayor calado hacia la zona industrial de Malambo y Ponedera, ello está descartado.

Es más, según el director de Cormagdalena Pedro Pablo Jurado, la estructura del nuevo puente aumenta la sedimentación en detrimento de la navegabilidad del mismo. Ello, a causa de que ha inducido un “cambio en la dinámica del río por la presencia de las pilonas”. Vea, pues.

*Exministro de Minas y Energía y  miembro de número de la ACCE.

La venta de ISA, una jugada maestra

Con el propósito de tapar el hueco fiscal del Gobierno central, desde que el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla asumió el cargo ha intentado infructuosamente la privatización de las dos joyas de la corona: Ecopetrol e Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

31 de enero de 2021.   A pesar de las acrobacias del ministro Carrasquilla para maquillar y disimular el déficit fiscal pagando deudas con deudas, mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES) y recurriendo al ardid de la contabilidad creativa, haciendo pasar el gasto corriente por financiamiento, tuvo que solicitar al Comité Consultivo de la Regla Fiscal la dispensa para su flexibilización primero y para su suspensión después, ante la imposibilidad de cumplir con el objetivo de meter en cintura el déficit fiscal estructural que acusa el Gobierno.

El ex ministro de Hacienda Guillermo Perry, uno de los integrantes de dicho Comité, criticó acerbamente este proceder, así como el tratamiento de la venta de activos al registrar “los recursos procedentes de esas ventas como ingresos corrientes para reducir su déficit y cumplir con la regla fiscal”.

Por su parte, Fedesarrollo, ANIF y Portafolio, al unísono, señalaron que ello era violatorio de las normas contables del FMI, “según las cuales las ventas de activos constituyen una forma de financiar el déficit y no de reducirlo”.

En su momento, la calificadora de riesgo Fitch le advirtió claramente al ministro Carrasquilla que si persistía en tales prácticas ello le podría acarrear la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana de la Nación, con todas sus implicaciones.

Han sido muy variados los argumentos que se han esgrimido para privatizar los activos de la Nación, primero se adujo que el Estado era un pésimo administrador y como ese no era el caso de ISAGEN, esta vez se arguyó sibilinamente que de lo que se trataba era de reemplazar un activo de generación por otro, que sería la modernización de la infraestructura vial del país, en la que supuestamente se invertirían los recursos provenientes de su venta, circunstancia esta que nunca se dio.

Esta vez, la insistencia en vender el 51.4% de la participación accionaria de la Nación en ISA es, sin ambages, sólo para cuadrar caja toda vez que, pese a los malabares del ministro Carrasquilla, 2019 cerró con un déficit del 2,5% del PIB, el cual se vio agravado el año anterior a consecuencia de la crisis pandémica, estimándose que el déficit de 2020 estuvo alrededor del 9%, muy lejos a la meta que se tenía para 2020, inicialmente de 2,3%, y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de junio pasado del 5,1%. Por lo demás, la Regla Fiscal sigue de vacaciones desde el 15 de junio de 2020, cuando el CCRF accedió a su suspensión.

Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el presupuesto para la vigencia de 2021 se aprobó con un desfinanciamiento de $39,1 billones y se previó en el mismo que $12 billones se procurarían teniendo como fuente “ingresos por disposición de activos”. Y estos, como ya quedó dicho, tienen nombre propio, en primera instancia ISA.

El previsivo ministro Carrasquilla se adelantó a expedir, al amparo de la declaratoria de la Emergencia Económica y Social, el Decreto legislativo 811 de 2020, el cual deja abierta en su artículo 10 la posibilidad de la enajenación de accionaria entre entidades estatales. Esta jugada maestra es la que le permitirá la enajenación de ISA sin su privatización.

Tres entidades estatales pujan en este momento por adquirir la participación accionaria de la Nación en ISA y de esta manera hacerse al control de la misma: Empresas Públicas de Medellín (EPM), el Grupo Energía Bogotá (GEB) y Ecopetrol.

Esta última ya oficializó su oferta y de darse este sería un enroque que, al tiempo que le significaría ingresos frescos a la Nación de $7 billones, aproximadamente, para financiar su déficit, pero sin perder dicho activo habida cuenta que la petrolera es propiedad de la Nación en un 88,5%.

Ecopetrol por su parte, de concretarse esta operación, diversifica aún más su portafolio de inversión y su matriz de riesgo, gana en sinergias y se consolidaría como un conglomerado energético, muy a tono con la Transición Energética, en cuya hoja de ruta cumple un rol preponderante.

Como bien dijo su presidente Felipe Bayón, “esta adquisición significaría un hito en la historia de Ecopetrol, que nos fortalecería en el sector energético nacional e internacional y nos permitiría acelerar la Transición Energética en la que estamos comprometidos. Sería el nacimiento de un conglomerado más fuerte, más resiliente y con mayor capacidad para crecer en la nueva era de la energía limpia”.

Huelga decir que, como lo afirmó el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, de darse la enajenación de ISA a manos de Ecopetrol, dada la magnitud del déficit fiscal en 2021 y el que se proyecta para 2022, no nos librará de la anunciada reforma tributaria, llamada eufemísticamente “reforma fiscal”, que el Gobierno considera inexorable para tratar de corregir el creciente déficit fiscal.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

¿Y Hidroituango como para cuándo?

La incertidumbre por la entrada en operación de Hidroituango es la peor señal para el sistema eléctrico nacional. Análisis del exministro Amilkar Acosta.

Por: AMYLKAR ACOSTA M.*

18 de enero de 2021.   Tomó muchos años la gestación del megaproyecto de la central de generación de energía Hidroituango, aprovechando el caudal y la torrentera del río Cauca, el segundo en importancia del país después del río Magdalena, para embalsarlo y alimentar las turbinas de sus 8 unidades, cada una con capacidad de generación de 800 MW de potencia.

Pero, fue sólo en 2010 cuando la Sociedad Hidroituango, cuyos mayores accionistas son el departamental Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), suscribió con esta última el contrato BOOMT (build, opérate, own, maintainand and transfer, por sus sigla en inglés), para su construcción y puesta en operación.

EPM, a su vez, firmó los tres contratos principales para su ejecución con los consorcios liderados por las firmas Integral, Ingetec y CCC, para la asesoría y diseños del proyecto, la interventoría de las obras y la construcción propiamente dicha, en su orden. Todas empresas de ingeniería ampliamente reconocidas y con gran experiencia en el sector.

Este proyecto es considerado el de mayor envergadura en su género en el país y hace parte del Plan de Expansión Eléctrica 2015 – 2029 elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, tendiente a garantizar el abastecimiento del servicio de energía en todo el país, con firmeza, confiabilidad y continuidad, como lo manda la Ley Eléctrica 143 de 1994.

Hidroituango, de acuerdo con lo presupuestado, debió entrar a operar en 2018 y justamente en mayo de ese año, cuando según los reportes el avance de obras era del 81%, se presentó una contingencia gravísima, que atrasó su puesta en marcha y elevó sus costos más del 40%, al pasar de los $11,4 billones iniciales a los $16,2 billones.

Los daños fueron de tal magnitud que se llegó a temer por su siniestro, que fuera un proyecto fallido, poniendo en riesgo y estresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), habida cuenta que con el mismo se espera cubrir el 17% de la demanda nacional de energía.

Al no entrar a tiempo, la UPME convocó dos subastas de reconfiguración, mecanismo por medio del cual se procede a ajustar el déficit de cobertura de las obligaciones de energía en firme (OEF), cuando estas son inferiores a las proyecciones de demanda.

De esta manera se ha podido suplir la energía que debería estar suministrando Hidroituango, evitando un eventual racionamiento, pero no la presión al alza del precio de la energía, la cual la termina pagando el usuario final vía tarifa. Y de contera, ha puesto en riesgo también la entrada en operación de los proyectos de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) adjudicados en 2019, que contaban con su respaldo, dada la intermitencia de la energía eólica y la solar – fotovoltaica.

Los estragos causados por el colapso del túnel auxiliar de derivación dieron al traste con las obras adelantadas en Hidroituango, con la casa de máquinas y los equipos instalados, y la riada que precipitó aguas abajo del río Cauca estuvo a punto de provocar una tragedia, la que por fortuna se pudo atenuar.

La Contraloría y la Procuraduría vienen adelantando sendas investigaciones para establecer la causa raíz de la contingencia y las responsabilidades de la misma.

Con la llegada a la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle se avivó la controversia que se había suscitado en torno a este insuceso, dando lugar a su desencuentro con la Junta Directiva de EPM, la cual había estado al mando de la ejecución del proyecto, el cual terminó con el abrupto relevo de sus miembros.

Esta confrontación derivó en el anuncio del alcalde Quintero de una demanda contra los contratistas principales, cuya pretensión asciende a $9,9 billones, la cual estuvo mediada por un intento frustrado de conciliación con intervención de la Procuraduría General de la Nación. El 8 de enero de este año se anunció que había “concluido sin éxito”, allanando el camino para seguir con la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Lo curioso es que este intento de conciliación entre las partes estuvo precedido de un acuerdo entre EPM y los contratistas para que estos continúen hasta finales de este año en las tareas de recuperación, mantenimiento y estabilización del avance de obras y así asegurar que el año entrante puedan entrar en operación las primeras cuatro unidades, quedando en entredicho la entrada de las otras cuatro.

El peor escenario de Hidroituango es que no se concluya, ya que lo que está en juego es la seguridad energética del país, que no puede quedar expuesta a la incertidumbre de cuándo será ese cuando que podrá contarse con el completamiento y operación a full de las 8 unidades previstas, evitando de paso un nuevo coletazo en los precios de la energía y las tarifas que terminarían afectando los bolsillos de los usuarios finales.

Suele decirse que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero en este caso estamos entre un acuerdo y un pleito en simultánea, de los cuales no se sabe cuál será su desenlace. Así las cosas, la incertidumbre es la peor señal para el sector energético del país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Colombia: De mal en peor en pobreza y desigualdad

Mientras el mundillo de la pequeña política se agita y se dan los primeros escarceos de la contienda electoral de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, Colombia se debate entre el anunciado rebote del crecimiento de la economía y el rebrote de los contagios y víctimas fatales de la Covid–19.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

27 de diciembre de 2020.   En momentos en los que cunde la desazón, el desconcierto y la incertidumbre a consecuencia de la crisis pandémica, el director del DANE Juan Daniel Oviedo le reveló al país unas cifras aterradoras, espeluznantes, que delatan la pandemia de la pobreza y la desigualdad en Colombia, taras que se han visto exacerbadas este año aciago para el país. Ello es tanto más preocupante, habida cuenta que es la población vulnerable la que está llevando la peor parte de esta debacle.

Desde 2012 venía disminuyendo el índice de pobreza monetaria en Colombia, hasta que tocó fondo en 2018, cuando alcanzó el 34.7%. A partir de 2019 se revirtió dicha tendencia, registrando el 35.7%, un punto porcentual más elevado con respecto al año anterior. Según el DANE, en 2019 661.899 personas cayeron en la trampa de la pobreza, para completar las 17´470.000.

Vamos de mal en peor. Pero estamos hablando del promedio nacional, en el cual se confunde el valle con la colina, ya que, al aterrizar las cifras en los territorios, se ponen de manifiesto unas aberrantes desigualdades, las denominadas “brechas”.

En contraste con el promedio nacional, el índice de pobreza monetaria en el Chocó en la región Pacífica, también promediando la cifra, pasó del 61.1% al 68.4%, y el de La Guajira en la región Caribe, del 53.7% al 61.8%.

Según el DANE, en cuanto al índice de pobreza extrema, el promedio nacional pasó del 7.2% al 9.6%, 2.4 puntos porcentuales más, lo cual se tradujo en que 728.955 personas pasaron de la pobreza a la indigencia, para un consolidado de 3’500.000.

Por su parte, los departamentos de Chocó y La Guajira registraron en pobreza extrema el 36.8% y 33.5%, respectivamente, superando el 34.5% y el 26.7%, en su orden, del 2018. Y no hay que perder de vista que cuando hablamos de la pobreza, sabemos que esta se caracteriza porque la persona no tiene cómo valerse por sí misma para que sea llevadera su congrua subsistencia.

Esta tendencia, aberrante por lo demás, de empeoramiento de la condición social de la abrumadora mayoría de los colombianos, especialmente en las regiones más deprimidas y vulnerables, se ve acentuada debido a los estragos sociales de la crisis pandémica. Ésta repercute en la pérdida de empleo e ingresos, lo cual va a conducir a que, según el investigador de Fedesarrollo Jairo Núñez, “la pobreza en Colombia alcanzará un nivel de entre 47% y 49%”. Dicho de otra manera, seis millones de personas que habían salido de la pobreza volverán a ella, esta vez por cuenta de la Covid–19. De manera que, muy seguramente, al cierre del 2020 no estaremos mejor que cuando estuvimos peor.

Hemos pasado de la prevención del contagio de la pandemia a la contención de la misma y últimamente a su mitigación, a la espera de la vacuna, la cual nos permite columbrar la luz al final del túnel.

Esta emergencia copa toda la atención de los medios y las autoridades, pero hay otra realidad subyacente y lacerante que viene de atrás, que no se le puede atribuir a la pandemia, como son las execrables lacras de la pobreza, la desigualdad y el hambre.

Frente a estas ha faltado una política social de prevención, de contención y de mitigación y, lo que es peor, los distintos gobiernos se han rehusado a aplicar la única vacuna eficaz y segura para combatirlas: la política de protección, inclusión y cohesión social.

De nada sirve que se incluya entre las metas de todos los planes de desarrollo la reducción de la inequidad, si las mismas no se concretan en acciones efectivas y eficaces para lograrlo. Es consabido que las palabras que no van seguidas de hechos son asesinas de los ideales.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Colgados de la brocha por Electricaribe

En 2019 se aprobó por el Congreso de la República, a instancias del Gobierno Nacional, un paquete de medidas tendientes a allanar el camino para el proceso que conduciría a reemplazar a Electricaribe como operador y distribuidor del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

12 de diciembre de 2020.   En el texto de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron las medidas de salvamento de Electricaribe y se complementaría posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento.

Entre las medidas que se contemplaron, además de establecer un régimen regulatorio especial, se dispuso que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público de energía” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”, así como del pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, calculado en $1.53 billones.

Gracias a esas disposiciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) pudo adelantar con éxito la subasta para la escogencia de los dos nuevos operadores (Afinia y Air´e), al tiempo que prosiguió el proceso de liquidación de la intervenida Electricaribe.

Como el título de la célebre y satírica obra de teatro de Esteban Navajas, ‘La agonía del difunto’, esta no termina, o mejor, apenas empieza, dado el lastre de sus obligaciones insolutas, amén de la demanda por parte de la empresa española Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), que controlaba a Electricaribe, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington en contra de la Nación por un monto de US $1.547 millones, que pende sobre esta como espada de damocles.

Con el propósito de recaudar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones contraidas por Electricaribe y ahora asumidas por la Nación, el Congreso impartió su aprobación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 313, al establecimiento de una sobretasa con miras a fortalecer el Fondo Empresarial de la SSPD. Fondo este a través del cual se le inyectaron a Electricaribe para sacarla a flote alrededor de $5.4 billones antes de su reemplazo por parte de los nuevos operadores.

En efecto, en primer lugar, se determinó establecer una “sobretasa por kilovatio hora para fortalecer al Fondo Empresarial en el territorio nacional… de cuatro pesos”, aplicable a “los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica”.

Posteriormente la SSPD expidió la resolución para su implementación a partir de noviembre de 2019, pero con efecto retroactivo partiendo del mes de junio del mismo año, prolongándose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero, como en el verso de La perrilla de José Manuel Marroquín, “es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”.

El primer tropiezo que tuvo el Gobierno al empezar el cobro de la sobretasa y la contribución adicional fué la demanda interpuesta por el Defensor del Pueblo Carlos Negret, al considerar que dicho cargo era un impuesto disfrazado, lo que iba a contrapelo de la norma constitucional y, de contera, los ingresos esperados de $180.000 millones anuales, aproximadamente, “no representarán ningún beneficio o mejora en la prestación del mismo para los usuarios contribuyentes”.

Además, según el defensor del Pueblo, “el pago no es optativo, puesto que, mientras se mantenga la vigencia de la norma demandada, será obligación de los usuarios señalados en el hecho generador la de pagar sumas correspondientes al cargo adicional, sin que exista ninguna posibilidad de negarse al pago”. Y añadió que “el establecimiento de cualquier renta de carácter nacional que se encuentre dirigida a financiar de manera específica una necesidad concreta y no a aportar de forma global al cumplimiento de todas las funciones ejercidas por el Estado, resulta, inconstitucional.”

En respuesta a dicha demanda, la Corte Constitucional en sentencia proferida el 5 de diciembre tumbó la sobretasa, dejando virtualmente colgados de la brocha al Gobierno Nacional, a la Superintendencia y a Electricaribe en liquidación.

La Corte, al acoger la argumentación del Defensor del Pueblo, fue enfática al señalar que “no queda duda alguna de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional creada por la norma demandadaen una Ley aprobatoria del Plan de Desarrollo”.

Ello, en cuanto que el artículo demandado vulnera de manera flagrante la prohibición expresa en la Constitución Política de crear rentas con destinación específica, excepción hecha cuando su destinación es la inversión social, como lo dispone el numeral segundo del artículo 359 de la Carta.

Este fallo favorece el bolsillo de los usuarios del servicio de energía, que dejarán de pagar la contribución de marras, en momentos en los que sus ingresos se han visto menguados por cuenta de la peor crisis que hayan afrontado los colombianos.

Desde luego, este constituye un duro revés para las finanzas del Gobierno central, que tendrá que vérselas de cómo suplir los ingresos esperados por dicha contribución en momentos en que sus angustias fiscales son mayores por cuenta de los menores recaudos por concepto de impuestos y los mayores gastos derivados de la crisis pandémica.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La deuda de la prostituta y una moraleja keynesiana

No he podido dar con la autoría de esta genial metáfora para darle el crédito correspondiente, portadora de un potente mensaje keynesiano en momentos en los que hasta sus más acérrimos críticos y los más recalcitrantes alabarderos del neoliberalismo han terminado por aceptar su teoría y sus prescripciones para enfrentar situaciones tan criticas de la economía como la actual.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

7 de diciembre de 2020.   El texto titulado La deuda de la prostituta cuenta que en agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada cae una lluvia torrencial y hace varios días que el poblado parece desierto. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna llega un millonario forrado de dinero y entra en el único pequeño hotel del lugar, pide una habitación, pone un billete de 100 euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones.

El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el carnicero. Éste toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de cerdos. Al momento éste sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos para animales. El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta a la cual hace tiempo no le paga, pues en tiempos de crisis hasta ella ofrece servicios a crédito.

La prostituta con el billete en la mano sale para el pequeño hotel, donde había llevado a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. En ese momento baja el millonario, que acaba de echarle un vistazo a las habitaciones, dice que no le convence ninguna, toma el billete y se va. Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza.

La moraleja de esta metáfora nos lleva al ejemplo que puso Keynes para ilustrar su teoría que ha servido de fundamento a las políticas contracíclicas, ya sea para conjurar la recesión o para salir de ella, estimulando la demanda mediante la generación de empleo y las transferencias monetarias a los más vulnerables. Como lo dijo él, refiriéndose a la gran crisis de los años 30 del siglo pasado, “era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener gente desocupada”.

Y no era para menos, pues al promoverse y ejecutarse obras públicas por parte del Estado se genera empleo, ingreso, capacidad adquisitiva, capacidad de compra y de esta manera, como lo planteó Keynes, se activaba el multiplicador de la inversión productiva, estimulando el crecimiento del PIB. De allí se sigue, como corolario, la importancia de la intervención del Estado en la economía, sobre todo en momentos en los que la economía entra en recesión, en procura de aminorar su contracción e impulsar su recuperación y su reactivación.

La piedra miliar sobre la cual descansa la teoría keynesiana fue su reformulación de la Ley de Say, también conocida como Ley de los mercados, según la cual “toda oferta crea su propia demanda”, partiendo de la base que la demanda está  en función de la producción y que sólo esta podía generar una mayor demanda. Es decir, según esta Ley cuanto mayor sea la oferta de bienes y servicios, la misma, per se, genera más riqueza, la que a su vez se traduciría en una mayor demanda de los mismos, dando lugar a una especie de circulo virtuoso del crecimiento de la economía. Por ello atribuían las crisis a fallas del lado de la oferta y no del lado de la demanda.

De ello se sigue la preeminencia y prominencia del mercado, considerado como el Deus ex machina, liberado al albedrío de la mano invisible de Adam Smith, de la economía, magnificado por el Consenso de Washington, el cual plantea en su decálogo la necesidad de la desregulación y la relegación del Estado al asiento trasero, donde no interfiera las leyes del mercado.

Por lo demás, el fracaso de la estrategia del Gobierno de aupar el crecimiento de la economía y la promoción del empleo incentivando “la mayor oferta de bienes y servicios” manteniendo y ampliando las gabelas impositivas a las empresas dan buena cuenta de la falacia de la Ley de Say.

Keynes le dio la vuelta e invirtió los términos de dicha Ley, pues para él es “la demanda la que crea su propia oferta”. Según Keynes, “la Ley de Say suponía implícitamente que el sistema económico operaba siempre a plena capacidad, de modo que una nueva actividad sustituía a otra actividad y que nunca era una actividad adicional. Sin embargo, una teoría basada en ese supuesto es claramente inadecuada para abordar los problemas del desempleo y del ciclo económico”.

A propósito, el Gobierno Nacional frente a la actual crisis se ha quedado corto, por cicatero, como lo ha delatado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, al señalar que hasta la fecha, nueve meses después de declarada la Emergencia económica y social a raíz de la pandemia de la Covid–19, de los $25,5 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), “sólo el 48% de ese presupuesto, unos $12,1 billones, se han usado efectivamente para atender la crisis sanitaria y económica por la pandemia”.

En concepto de su director Luis Carlos Reyes, el Gobierno “ha decidido que es preferible ahorrar que invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia” y también de las sociales. Ello explica en gran medida la lentitud de la recuperación de la economía, ya que, como lo sostiene la ex ministra Cecilia López “sin demanda no hay reactivación” y ella no se dinamiza si no se genera empleo de emergencia y se amplían las transferencias monetarias a quienes lo han perdido y carecen de un ingreso.

Se apaga Electricaribe; se encienden Air-e y Afinia

Mis palabras en la plenaria del Senado de la República en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

26 de septiembre de 2020.   Veintidós años después podemos decir que la calidad de la prestación del servicio por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente la Ley Eléctrica y la de Servicios Públicos que establece que tal servicio se debe pretar con eficiencia, calidad y continuidad.

Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con suspuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios.

Como lo afirmó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al momento de proceder a intervenirla el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”.

Y no era para menos. La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos: Caribe Mar y Caribe Sol. El Fondo empresarial de la Superintendencia le inyectó a la empresa $5,4 billones, de los cuales $860.000 millones para invertir en la infraestrutura en las redes de transmisión local y de distribución.  

En el entretanto, se aprobó a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de $1,53 billones, “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio”, se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria”

Las condiciones, entonces, estaban dadas y se había allanado el camino para el relevo de Electricaribe como operador de red en la región Caribe. El pasado 20 de marzo, como resultado de la subasta que abrió la Superintendencia se adjudico el mercado de Caribe Mar a Empresas Públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, al Consorcio Energía de la Costa, en proporción de 10,9% y 10,8%, respectivamente, de los 2,7 millones de usuarios, que representan el 23% de la demanda de energía en Colombia.

Entre los compromisos adquiridos por los dos operadores está la inversión de $10 billones en los próximos 10 años en los proyectos contemplados en el Plan5Caribe, el cual priorizó los principales proyectos a ejecutar para corregir el rezago histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe para mejorar la calidad de la prestación del servicio que nunca hizo.

Se espera y se aspira que, ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1º de octubre los nuevos operadores asumen el control y la prestación del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido los usuarios y se le ponga coto a los abusos y atropellos de los cuales han sido objeto.

El primer reto que deben encarar los nuevos operadores estriba en recuperar la confianza perdida por tantos años de desafueros y exabruptos. Y de contera, es de esperar también que los nuevos operadores sirvan de facilitadores de la Transición Energética y del impulso de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), pues Electricaribe se había convertido en su mayor obstáculo.

Si EPM y el consorcio Energía de la Costa cumplen, muy seguramente mejorará el nivel de recaudo y la calidad de la cartera, que se han visto afectados como una de las secuelas de la pandemia y se desmitificará el infundio de Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, que controlaba a Electricaribe hasta su intervención, para justificar su inoperancia y mediocridad, así como su incumplimiento con las inversiones requeridas. Este último fue la causa raíz de la calamitosa situación que nos ha tocado padecer a sus usuarios, como lo pudo establecer el estudio que a mi paso por el Ministerio de Minas y Energía le encomendamos a la ex comisionada de la CREG Carmenza Chahin.

Hacemos votos porque a los nuevos operadores les vaya bien, porque si a ellos les va mal también le irá mal a la región, que ha tenido en las protuberantes falencias y deficiencias en la prestación del servicio público de energía un freno a su desarrollo económico y social, justo en momentos en los que se ha venido dando un proceso largamente aplazado de relocalización industrial que demanda más y más energía.

Tanto es así que el crecimiento de la demanda máxima de potencia de energía en la región Caribe, que ronda los 2.857 MW, la mayor después del Centro del país, está muy por encima del promedio nacional. El año anterior, mientras el aumento promedio de la demanda de energía fue de 4,02%, en la región Caribe registró 6,8%. De manera que el desafío de los dos nuevos operadores es mayúsculo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El carbón colombiano la está viendo negra

Desde el estallido de la huelga en El Cerrejón me dí a la tarea de examinar el contexto y el escenario en el que se da este conflicto laboral, al final del cual, me atrevo a anticipar, sólo habrá perdedores y estos serán no sólo las partes enfrentadas, la empresa y el Sindicato, sino sus grupos de interés.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de septiembre de 2020.   Del pulso laboral de El Cerrejón saldrán perdiendo también la región y el país, tanto por el empleo y los ingresos que dejarán de devengar los 11.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a la operación, como el menor recaudo de impuestos y los menores ingresos por concepto de regalías. Veamos:

Colombia posee enormes reservas de carbón térmico de excelente calidad. Las reservas medidas superan las 6.000 millones de toneladas, con un alto poder calorífico, bajo contenido de azufre y cenizas, que lo tornan muy apetecido en los mercados internacionales. El 82% de esas reservas (4.981 millones de toneladas) se concentran en los departamentos de Cesar y La Guajira.

Colombia ocupa entre el 4º y 5º lugar como exportador de carbón y, a diferencia de sus competidores, el país registra un bajo consumo del mismo, pues más del 95% lo exporta, convirtiéndose en el segundo renglón de exportación después del petróleo, con una participación del 18%. En 2017 se llegaron a exportar 90,5 millones de toneladas, constituyéndose en un récord histórico, de las cuales más del 90% provinieron de las minas del Cesar y La Guajira.

El mercado y los precios del carbón, al igual que las demás materias primas, responden a ciclos de expansión y alzas seguidos por su contracción y bajas. Entre 2003 y 2012 se registró un largo ciclo de precios altos, aupados  por la gran demanda de China e India, cuyas economías venían creciendo a un ritmo de dos dígitos y se comportaron como verdaderas aspiradoras de materias primas.

En 2011 el precio del carbón llegó a US $102,35 la tonelada. Luego vendría el que yo he llamado el cuarto menguante del auge minero-energético, concomitantemente con la contracción del mercado y la destorcida de los precios.

Se suele decir que el optimista es aquel que ve el vaso medio lleno y el pesimista aquel que lo ve medio vacío, pero para los economistas importa más saber si el vaso se está llenando o se está vaciando, es decir la tendencia.

Pues bien, hay un antes y un después del 2015, signado por los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la comunidad internacional y por el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que tienen como propósito fundamental la descarbonización de la economía global. Esta conlleva una drástica reducción del consumo de las fuentes de energía de orígen fósil, principalmente del carbón térmico, ahora en el lado equivocado de la historia, traduciéndose en una tendencia sostenida a la baja del precio, que hoy oscila arededor de US $40 la tonelada, 58% por debajo del precio de hace apenas dos años.

El mundo le da la espalda al carbón

El ministro de Minas y Energía Diego Mesa, pensando con el deseo, afirmó recientemente: “no le vamos a dar la espalda al carbón”. Pero, realmente es el mundo entero el que le está dando la espalda al carbón y está tomando distancia de este. Y no es para menos, pues ya a mediados de 2019 lo advirtió el entonces presidente de El Cerrejón Guillermo Fonseca: “El carbón está en declive y la compañía está sufriendo… los precios cayeron y su mina está en el lado equivocado del Canal de Panamá”. Y fue más lejos en sus malos presagios, al señalar que estamos ante “una contracción estructural”, que “en los próximos 5 años la demanda de carbón del mercado del Atlántico (Europa, Mediterráneo y las Américas) se va a contraer a la mitad”.

Y para allá vamos, con el agravante que los carbones de Colombia no compiten en el mercado asiático, que es el que todavía se mantiene, por los altos costos del flete.

A la contracción del mercado le sigue la reducción de la producción, que ha pasado de 84,3 millones de tonaladas en 2018 a 80,3 millones en 2019 y este año llegará a los sumo a las 65 millones de toneladas.

Como lo sostiene la multinacional PRODECO, empresa que extrae carbón en el Cesar, en comunicación enviada a la Agencia Nacional de Minería (ANM) solicitando autorización para la suspención de operaciones por los próximos 4 años, que se vendría a sumar al cese de operaciones de otra minera en el Cesar, la Colombian Natural Resources (CNR), “la demanda de carbón térmico la determina la demanda de capacidad de generación de electricidad con carbón más la demanda de los sectores del cemento y el industrial. En los sectores de energía y mercado industrial, el carbón térmico compite con el gas natural y cada vez más con la generación de energía renovable eólica y solar.

“Esta tendencia ha sido más significativa en Europa, donde el precio del carbón se grava sobre las fuentes de emisiones desde que se estableció en 2005 el régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea (UE).

“A medida que las fuentes de generación renovables se han incrementado y vuelto más competitivas, se ha impulsado el cierre de las estaciones de energía a carbón. Entre 2010 a 2019 se han cerrado 39 GW de capacidad europea de generación a carbón y se proyecta cerrar 52 GW más hasta el 2030.

“La reducción en la capacidad de generación ha producido una demanda decreciente de carbón importado en Europa y en el mercado más amplio del Atlántico”. Aunque la ANM negó dicha solicitud, PRODECO insiste y le está pidiendo que reconsidere su decisión.

A tomar atenta nota

De ello hay que tomar atenta nota, como ya lo han hecho las propias empresas carboníferas, tanto es así que dos de los tres socios de El Cerrejón están de salida de la industria del carbón y se están alineando con la Transición Energética desde las fuentes de orígen fósil, altamente contaminentes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Billiton, la empresa minera más gigante del planeta, se adhirió al Acuerdo de París y “reconoce el cambio climático y renuncia al carbón”. Entre tanto, Glencore resolvió “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas esenciales para la Transición Energética”. Ambas están en retirada de la industria del carbón, desinvirtiendo y reconvirtiéndose para poder sobrevivir.

Tanto el Gobierno Nacional como los territoriales deben tomar atenta nota de estas megatendencias y actuar en consecuencia. El país y la región tienen que diversificar su estructura productiva, sus exportaciones y el destino de estas no puede seguir dependiendo de los vaivenes de la actividad extractiva.

Tanto el petróleo como el carbón, como dice Christine Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tuvieron “su momento de sol, pero hoy ya están en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

Llegó la hora de emprender en serio la reconversión laboral y la transformación productiva como Política de Estado y no como política de gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de la ACCE.

El ‘fracking challenge’

Editorial del presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos sobre la polémica en torno al fracking.

Por: CARLOS ALBERTO LEAL NIÑO

11 de septiembre de 2020.   Cuando se acercan instancias definitivas, que deben decidir el futuro del desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en Colombia, se disparan las estrategias por parte de los detractores de la industria de los hidrocarburos para buscar favorabilidad en la opinión pública, y a través de esto presionar las decisiones de los magistrados y congresistas.

Las tácticas incluyen utilizar a influenciadores de toda índole, que se encargan de repetir un discurso al que le sobra emotividad y le faltan razones con rigurosidad científica. También lanzan retos como el Fracking Challenge, que rayan en el sinsentido al querer polarizar a la opinión con la dicotomía agua o petróleo.

El verdadero Fracking Challenge en el país es el de propiciar una discusión sin sesgos populistas y sin desinformación, que permita desde el punto de vista técnico y científico explicar claramente a la comunidad y a los tomadores de decisiones las razones por las cuales se recomienda la realización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII).

También es parte de este reto que la industria petrolera demuestre con acciones que se encuentra preparada en todos los frentes para realizar de manera responsable, transparente y bien hechas todas las actividades técnicas, operativas y de manejo del entorno para llevar a feliz término la ejecución de los PPII.

En la concepción de los PPII por parte de la Comisión de Expertos, son incluidos los escenarios participativos, a través del concepto de “urna de cristal”, para que todos los interesados tengan la oportunidad de ver en un medio real y controlado, todas las operaciones necesarias para la aplicación de esta tecnología en nuestro territorio, y con base en sus resultados tomar decisiones definitivas sobre el desarrollo de estos recursos. La presencia de suficientes ojos garantes del proceso favorece la evaluación clara y transparente, ¿A qué se le teme?

Basta de emitir información errada y tendenciosa, basta de cantar victorias inexistentes y estériles, basta de polarizar el país hacia dos vertientes sin retorno. Esto no hace más que hacer apología a condiciones que desde épocas coloniales nos han dividido, y que en lo más profundo de nuestro ser queremos superar.  No hagamos de este tema un Florero de Llorente y no nos prestemos a quienes les interesa el caos y la anarquía. 

El reto que deberíamos afrontar es el de tener altura democrática, para hacer un alto en el camino despojándonos de todo prejuicio y prevención de un lado y de otro, en la búsqueda de un entendimiento mutuo, que permita que no haya vencedores ni vencidos, sino que se logre un acuerdo por el bien de todos los colombianos.  

El panorama que se avizora no es nada halagüeño. La crisis económica y social impactará fuertemente al país por lo menos un par de años más y es aquí cuando deben superarse las diferencias y buscar soluciones sostenibles por el bien de todos.

El desarrollo de los Yacimientos No Convencionales es una de esas alternativas; no la dejemos pasar privilegiando las disputas partidarias e intereses electorales y personales. El reto es Colombia y la decisión que se tome sobre este tema marcará sin lugar a duda el futuro del país.  

*Presidente Junta Directiva Acipet