Categoría: Opinión

La incertidumbre por la entrada en operación de Hidroituango es la peor señal para el sistema eléctrico nacional. Análisis del exministro Amilkar Acosta.

Por: AMYLKAR ACOSTA M.*

18 de enero de 2021.   Tomó muchos años la gestación del megaproyecto de la central de generación de energía Hidroituango, aprovechando el caudal y la torrentera del río Cauca, el segundo en importancia del país después del río Magdalena, para embalsarlo y alimentar las turbinas de sus 8 unidades, cada una con capacidad de generación de 800 MW de potencia.

Pero, fue sólo en 2010 cuando la Sociedad Hidroituango, cuyos mayores accionistas son el departamental Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y las Empresas Públicas de Medellín (EPM), suscribió con esta última el contrato BOOMT (build, opérate, own, maintainand and transfer, por sus sigla en inglés), para su construcción y puesta en operación.

EPM, a su vez, firmó los tres contratos principales para su ejecución con los consorcios liderados por las firmas Integral, Ingetec y CCC, para la asesoría y diseños del proyecto, la interventoría de las obras y la construcción propiamente dicha, en su orden. Todas empresas de ingeniería ampliamente reconocidas y con gran experiencia en el sector.

Este proyecto es considerado el de mayor envergadura en su género en el país y hace parte del Plan de Expansión Eléctrica 2015 – 2029 elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía, tendiente a garantizar el abastecimiento del servicio de energía en todo el país, con firmeza, confiabilidad y continuidad, como lo manda la Ley Eléctrica 143 de 1994.

Hidroituango, de acuerdo con lo presupuestado, debió entrar a operar en 2018 y justamente en mayo de ese año, cuando según los reportes el avance de obras era del 81%, se presentó una contingencia gravísima, que atrasó su puesta en marcha y elevó sus costos más del 40%, al pasar de los $11,4 billones iniciales a los $16,2 billones.

Los daños fueron de tal magnitud que se llegó a temer por su siniestro, que fuera un proyecto fallido, poniendo en riesgo y estresando al Sistema Interconectado Nacional (SIN), habida cuenta que con el mismo se espera cubrir el 17% de la demanda nacional de energía.

Al no entrar a tiempo, la UPME convocó dos subastas de reconfiguración, mecanismo por medio del cual se procede a ajustar el déficit de cobertura de las obligaciones de energía en firme (OEF), cuando estas son inferiores a las proyecciones de demanda.

De esta manera se ha podido suplir la energía que debería estar suministrando Hidroituango, evitando un eventual racionamiento, pero no la presión al alza del precio de la energía, la cual la termina pagando el usuario final vía tarifa. Y de contera, ha puesto en riesgo también la entrada en operación de los proyectos de generación proveniente de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) adjudicados en 2019, que contaban con su respaldo, dada la intermitencia de la energía eólica y la solar – fotovoltaica.

Los estragos causados por el colapso del túnel auxiliar de derivación dieron al traste con las obras adelantadas en Hidroituango, con la casa de máquinas y los equipos instalados, y la riada que precipitó aguas abajo del río Cauca estuvo a punto de provocar una tragedia, la que por fortuna se pudo atenuar.

La Contraloría y la Procuraduría vienen adelantando sendas investigaciones para establecer la causa raíz de la contingencia y las responsabilidades de la misma.

Con la llegada a la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle se avivó la controversia que se había suscitado en torno a este insuceso, dando lugar a su desencuentro con la Junta Directiva de EPM, la cual había estado al mando de la ejecución del proyecto, el cual terminó con el abrupto relevo de sus miembros.

Esta confrontación derivó en el anuncio del alcalde Quintero de una demanda contra los contratistas principales, cuya pretensión asciende a $9,9 billones, la cual estuvo mediada por un intento frustrado de conciliación con intervención de la Procuraduría General de la Nación. El 8 de enero de este año se anunció que había “concluido sin éxito”, allanando el camino para seguir con la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Lo curioso es que este intento de conciliación entre las partes estuvo precedido de un acuerdo entre EPM y los contratistas para que estos continúen hasta finales de este año en las tareas de recuperación, mantenimiento y estabilización del avance de obras y así asegurar que el año entrante puedan entrar en operación las primeras cuatro unidades, quedando en entredicho la entrada de las otras cuatro.

El peor escenario de Hidroituango es que no se concluya, ya que lo que está en juego es la seguridad energética del país, que no puede quedar expuesta a la incertidumbre de cuándo será ese cuando que podrá contarse con el completamiento y operación a full de las 8 unidades previstas, evitando de paso un nuevo coletazo en los precios de la energía y las tarifas que terminarían afectando los bolsillos de los usuarios finales.

Suele decirse que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero en este caso estamos entre un acuerdo y un pleito en simultánea, de los cuales no se sabe cuál será su desenlace. Así las cosas, la incertidumbre es la peor señal para el sector energético del país.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Mientras el mundillo de la pequeña política se agita y se dan los primeros escarceos de la contienda electoral de cara a las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, Colombia se debate entre el anunciado rebote del crecimiento de la economía y el rebrote de los contagios y víctimas fatales de la Covid–19.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

27 de diciembre de 2020.   En momentos en los que cunde la desazón, el desconcierto y la incertidumbre a consecuencia de la crisis pandémica, el director del DANE Juan Daniel Oviedo le reveló al país unas cifras aterradoras, espeluznantes, que delatan la pandemia de la pobreza y la desigualdad en Colombia, taras que se han visto exacerbadas este año aciago para el país. Ello es tanto más preocupante, habida cuenta que es la población vulnerable la que está llevando la peor parte de esta debacle.

Desde 2012 venía disminuyendo el índice de pobreza monetaria en Colombia, hasta que tocó fondo en 2018, cuando alcanzó el 34.7%. A partir de 2019 se revirtió dicha tendencia, registrando el 35.7%, un punto porcentual más elevado con respecto al año anterior. Según el DANE, en 2019 661.899 personas cayeron en la trampa de la pobreza, para completar las 17´470.000.

Vamos de mal en peor. Pero estamos hablando del promedio nacional, en el cual se confunde el valle con la colina, ya que, al aterrizar las cifras en los territorios, se ponen de manifiesto unas aberrantes desigualdades, las denominadas “brechas”.

En contraste con el promedio nacional, el índice de pobreza monetaria en el Chocó en la región Pacífica, también promediando la cifra, pasó del 61.1% al 68.4%, y el de La Guajira en la región Caribe, del 53.7% al 61.8%.

Según el DANE, en cuanto al índice de pobreza extrema, el promedio nacional pasó del 7.2% al 9.6%, 2.4 puntos porcentuales más, lo cual se tradujo en que 728.955 personas pasaron de la pobreza a la indigencia, para un consolidado de 3’500.000.

Por su parte, los departamentos de Chocó y La Guajira registraron en pobreza extrema el 36.8% y 33.5%, respectivamente, superando el 34.5% y el 26.7%, en su orden, del 2018. Y no hay que perder de vista que cuando hablamos de la pobreza, sabemos que esta se caracteriza porque la persona no tiene cómo valerse por sí misma para que sea llevadera su congrua subsistencia.

Esta tendencia, aberrante por lo demás, de empeoramiento de la condición social de la abrumadora mayoría de los colombianos, especialmente en las regiones más deprimidas y vulnerables, se ve acentuada debido a los estragos sociales de la crisis pandémica. Ésta repercute en la pérdida de empleo e ingresos, lo cual va a conducir a que, según el investigador de Fedesarrollo Jairo Núñez, “la pobreza en Colombia alcanzará un nivel de entre 47% y 49%”. Dicho de otra manera, seis millones de personas que habían salido de la pobreza volverán a ella, esta vez por cuenta de la Covid–19. De manera que, muy seguramente, al cierre del 2020 no estaremos mejor que cuando estuvimos peor.

Hemos pasado de la prevención del contagio de la pandemia a la contención de la misma y últimamente a su mitigación, a la espera de la vacuna, la cual nos permite columbrar la luz al final del túnel.

Esta emergencia copa toda la atención de los medios y las autoridades, pero hay otra realidad subyacente y lacerante que viene de atrás, que no se le puede atribuir a la pandemia, como son las execrables lacras de la pobreza, la desigualdad y el hambre.

Frente a estas ha faltado una política social de prevención, de contención y de mitigación y, lo que es peor, los distintos gobiernos se han rehusado a aplicar la única vacuna eficaz y segura para combatirlas: la política de protección, inclusión y cohesión social.

De nada sirve que se incluya entre las metas de todos los planes de desarrollo la reducción de la inequidad, si las mismas no se concretan en acciones efectivas y eficaces para lograrlo. Es consabido que las palabras que no van seguidas de hechos son asesinas de los ideales.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

En 2019 se aprobó por el Congreso de la República, a instancias del Gobierno Nacional, un paquete de medidas tendientes a allanar el camino para el proceso que conduciría a reemplazar a Electricaribe como operador y distribuidor del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

12 de diciembre de 2020.   En el texto de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron las medidas de salvamento de Electricaribe y se complementaría posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento.

Entre las medidas que se contemplaron, además de establecer un régimen regulatorio especial, se dispuso que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público de energía” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”, así como del pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, calculado en $1.53 billones.

Gracias a esas disposiciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) pudo adelantar con éxito la subasta para la escogencia de los dos nuevos operadores (Afinia y Air´e), al tiempo que prosiguió el proceso de liquidación de la intervenida Electricaribe.

Como el título de la célebre y satírica obra de teatro de Esteban Navajas, ‘La agonía del difunto’, esta no termina, o mejor, apenas empieza, dado el lastre de sus obligaciones insolutas, amén de la demanda por parte de la empresa española Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), que controlaba a Electricaribe, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington en contra de la Nación por un monto de US $1.547 millones, que pende sobre esta como espada de damocles.

Con el propósito de recaudar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones contraidas por Electricaribe y ahora asumidas por la Nación, el Congreso impartió su aprobación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 313, al establecimiento de una sobretasa con miras a fortalecer el Fondo Empresarial de la SSPD. Fondo este a través del cual se le inyectaron a Electricaribe para sacarla a flote alrededor de $5.4 billones antes de su reemplazo por parte de los nuevos operadores.

En efecto, en primer lugar, se determinó establecer una “sobretasa por kilovatio hora para fortalecer al Fondo Empresarial en el territorio nacional… de cuatro pesos”, aplicable a “los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica”.

Posteriormente la SSPD expidió la resolución para su implementación a partir de noviembre de 2019, pero con efecto retroactivo partiendo del mes de junio del mismo año, prolongándose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero, como en el verso de La perrilla de José Manuel Marroquín, “es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”.

El primer tropiezo que tuvo el Gobierno al empezar el cobro de la sobretasa y la contribución adicional fué la demanda interpuesta por el Defensor del Pueblo Carlos Negret, al considerar que dicho cargo era un impuesto disfrazado, lo que iba a contrapelo de la norma constitucional y, de contera, los ingresos esperados de $180.000 millones anuales, aproximadamente, “no representarán ningún beneficio o mejora en la prestación del mismo para los usuarios contribuyentes”.

Además, según el defensor del Pueblo, “el pago no es optativo, puesto que, mientras se mantenga la vigencia de la norma demandada, será obligación de los usuarios señalados en el hecho generador la de pagar sumas correspondientes al cargo adicional, sin que exista ninguna posibilidad de negarse al pago”. Y añadió que “el establecimiento de cualquier renta de carácter nacional que se encuentre dirigida a financiar de manera específica una necesidad concreta y no a aportar de forma global al cumplimiento de todas las funciones ejercidas por el Estado, resulta, inconstitucional.”

En respuesta a dicha demanda, la Corte Constitucional en sentencia proferida el 5 de diciembre tumbó la sobretasa, dejando virtualmente colgados de la brocha al Gobierno Nacional, a la Superintendencia y a Electricaribe en liquidación.

La Corte, al acoger la argumentación del Defensor del Pueblo, fue enfática al señalar que “no queda duda alguna de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional creada por la norma demandadaen una Ley aprobatoria del Plan de Desarrollo”.

Ello, en cuanto que el artículo demandado vulnera de manera flagrante la prohibición expresa en la Constitución Política de crear rentas con destinación específica, excepción hecha cuando su destinación es la inversión social, como lo dispone el numeral segundo del artículo 359 de la Carta.

Este fallo favorece el bolsillo de los usuarios del servicio de energía, que dejarán de pagar la contribución de marras, en momentos en los que sus ingresos se han visto menguados por cuenta de la peor crisis que hayan afrontado los colombianos.

Desde luego, este constituye un duro revés para las finanzas del Gobierno central, que tendrá que vérselas de cómo suplir los ingresos esperados por dicha contribución en momentos en que sus angustias fiscales son mayores por cuenta de los menores recaudos por concepto de impuestos y los mayores gastos derivados de la crisis pandémica.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

No he podido dar con la autoría de esta genial metáfora para darle el crédito correspondiente, portadora de un potente mensaje keynesiano en momentos en los que hasta sus más acérrimos críticos y los más recalcitrantes alabarderos del neoliberalismo han terminado por aceptar su teoría y sus prescripciones para enfrentar situaciones tan criticas de la economía como la actual.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

7 de diciembre de 2020.   El texto titulado La deuda de la prostituta cuenta que en agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada cae una lluvia torrencial y hace varios días que el poblado parece desierto. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna llega un millonario forrado de dinero y entra en el único pequeño hotel del lugar, pide una habitación, pone un billete de 100 euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones.

El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el carnicero. Éste toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de cerdos. Al momento éste sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos para animales. El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta a la cual hace tiempo no le paga, pues en tiempos de crisis hasta ella ofrece servicios a crédito.

La prostituta con el billete en la mano sale para el pequeño hotel, donde había llevado a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. En ese momento baja el millonario, que acaba de echarle un vistazo a las habitaciones, dice que no le convence ninguna, toma el billete y se va. Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza.

La moraleja de esta metáfora nos lleva al ejemplo que puso Keynes para ilustrar su teoría que ha servido de fundamento a las políticas contracíclicas, ya sea para conjurar la recesión o para salir de ella, estimulando la demanda mediante la generación de empleo y las transferencias monetarias a los más vulnerables. Como lo dijo él, refiriéndose a la gran crisis de los años 30 del siglo pasado, “era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener gente desocupada”.

Y no era para menos, pues al promoverse y ejecutarse obras públicas por parte del Estado se genera empleo, ingreso, capacidad adquisitiva, capacidad de compra y de esta manera, como lo planteó Keynes, se activaba el multiplicador de la inversión productiva, estimulando el crecimiento del PIB. De allí se sigue, como corolario, la importancia de la intervención del Estado en la economía, sobre todo en momentos en los que la economía entra en recesión, en procura de aminorar su contracción e impulsar su recuperación y su reactivación.

La piedra miliar sobre la cual descansa la teoría keynesiana fue su reformulación de la Ley de Say, también conocida como Ley de los mercados, según la cual “toda oferta crea su propia demanda”, partiendo de la base que la demanda está  en función de la producción y que sólo esta podía generar una mayor demanda. Es decir, según esta Ley cuanto mayor sea la oferta de bienes y servicios, la misma, per se, genera más riqueza, la que a su vez se traduciría en una mayor demanda de los mismos, dando lugar a una especie de circulo virtuoso del crecimiento de la economía. Por ello atribuían las crisis a fallas del lado de la oferta y no del lado de la demanda.

De ello se sigue la preeminencia y prominencia del mercado, considerado como el Deus ex machina, liberado al albedrío de la mano invisible de Adam Smith, de la economía, magnificado por el Consenso de Washington, el cual plantea en su decálogo la necesidad de la desregulación y la relegación del Estado al asiento trasero, donde no interfiera las leyes del mercado.

Por lo demás, el fracaso de la estrategia del Gobierno de aupar el crecimiento de la economía y la promoción del empleo incentivando “la mayor oferta de bienes y servicios” manteniendo y ampliando las gabelas impositivas a las empresas dan buena cuenta de la falacia de la Ley de Say.

Keynes le dio la vuelta e invirtió los términos de dicha Ley, pues para él es “la demanda la que crea su propia oferta”. Según Keynes, “la Ley de Say suponía implícitamente que el sistema económico operaba siempre a plena capacidad, de modo que una nueva actividad sustituía a otra actividad y que nunca era una actividad adicional. Sin embargo, una teoría basada en ese supuesto es claramente inadecuada para abordar los problemas del desempleo y del ciclo económico”.

A propósito, el Gobierno Nacional frente a la actual crisis se ha quedado corto, por cicatero, como lo ha delatado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, al señalar que hasta la fecha, nueve meses después de declarada la Emergencia económica y social a raíz de la pandemia de la Covid–19, de los $25,5 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), “sólo el 48% de ese presupuesto, unos $12,1 billones, se han usado efectivamente para atender la crisis sanitaria y económica por la pandemia”.

En concepto de su director Luis Carlos Reyes, el Gobierno “ha decidido que es preferible ahorrar que invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia” y también de las sociales. Ello explica en gran medida la lentitud de la recuperación de la economía, ya que, como lo sostiene la ex ministra Cecilia López “sin demanda no hay reactivación” y ella no se dinamiza si no se genera empleo de emergencia y se amplían las transferencias monetarias a quienes lo han perdido y carecen de un ingreso.

Mis palabras en la plenaria del Senado de la República en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

26 de septiembre de 2020.   Veintidós años después podemos decir que la calidad de la prestación del servicio por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente la Ley Eléctrica y la de Servicios Públicos que establece que tal servicio se debe pretar con eficiencia, calidad y continuidad.

Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con suspuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios.

Como lo afirmó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al momento de proceder a intervenirla el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”.

Y no era para menos. La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos: Caribe Mar y Caribe Sol. El Fondo empresarial de la Superintendencia le inyectó a la empresa $5,4 billones, de los cuales $860.000 millones para invertir en la infraestrutura en las redes de transmisión local y de distribución.  

En el entretanto, se aprobó a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de $1,53 billones, “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio”, se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria”

Las condiciones, entonces, estaban dadas y se había allanado el camino para el relevo de Electricaribe como operador de red en la región Caribe. El pasado 20 de marzo, como resultado de la subasta que abrió la Superintendencia se adjudico el mercado de Caribe Mar a Empresas Públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, al Consorcio Energía de la Costa, en proporción de 10,9% y 10,8%, respectivamente, de los 2,7 millones de usuarios, que representan el 23% de la demanda de energía en Colombia.

Entre los compromisos adquiridos por los dos operadores está la inversión de $10 billones en los próximos 10 años en los proyectos contemplados en el Plan5Caribe, el cual priorizó los principales proyectos a ejecutar para corregir el rezago histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe para mejorar la calidad de la prestación del servicio que nunca hizo.

Se espera y se aspira que, ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1º de octubre los nuevos operadores asumen el control y la prestación del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido los usuarios y se le ponga coto a los abusos y atropellos de los cuales han sido objeto.

El primer reto que deben encarar los nuevos operadores estriba en recuperar la confianza perdida por tantos años de desafueros y exabruptos. Y de contera, es de esperar también que los nuevos operadores sirvan de facilitadores de la Transición Energética y del impulso de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), pues Electricaribe se había convertido en su mayor obstáculo.

Si EPM y el consorcio Energía de la Costa cumplen, muy seguramente mejorará el nivel de recaudo y la calidad de la cartera, que se han visto afectados como una de las secuelas de la pandemia y se desmitificará el infundio de Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, que controlaba a Electricaribe hasta su intervención, para justificar su inoperancia y mediocridad, así como su incumplimiento con las inversiones requeridas. Este último fue la causa raíz de la calamitosa situación que nos ha tocado padecer a sus usuarios, como lo pudo establecer el estudio que a mi paso por el Ministerio de Minas y Energía le encomendamos a la ex comisionada de la CREG Carmenza Chahin.

Hacemos votos porque a los nuevos operadores les vaya bien, porque si a ellos les va mal también le irá mal a la región, que ha tenido en las protuberantes falencias y deficiencias en la prestación del servicio público de energía un freno a su desarrollo económico y social, justo en momentos en los que se ha venido dando un proceso largamente aplazado de relocalización industrial que demanda más y más energía.

Tanto es así que el crecimiento de la demanda máxima de potencia de energía en la región Caribe, que ronda los 2.857 MW, la mayor después del Centro del país, está muy por encima del promedio nacional. El año anterior, mientras el aumento promedio de la demanda de energía fue de 4,02%, en la región Caribe registró 6,8%. De manera que el desafío de los dos nuevos operadores es mayúsculo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Desde el estallido de la huelga en El Cerrejón me dí a la tarea de examinar el contexto y el escenario en el que se da este conflicto laboral, al final del cual, me atrevo a anticipar, sólo habrá perdedores y estos serán no sólo las partes enfrentadas, la empresa y el Sindicato, sino sus grupos de interés.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de septiembre de 2020.   Del pulso laboral de El Cerrejón saldrán perdiendo también la región y el país, tanto por el empleo y los ingresos que dejarán de devengar los 11.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a la operación, como el menor recaudo de impuestos y los menores ingresos por concepto de regalías. Veamos:

Colombia posee enormes reservas de carbón térmico de excelente calidad. Las reservas medidas superan las 6.000 millones de toneladas, con un alto poder calorífico, bajo contenido de azufre y cenizas, que lo tornan muy apetecido en los mercados internacionales. El 82% de esas reservas (4.981 millones de toneladas) se concentran en los departamentos de Cesar y La Guajira.

Colombia ocupa entre el 4º y 5º lugar como exportador de carbón y, a diferencia de sus competidores, el país registra un bajo consumo del mismo, pues más del 95% lo exporta, convirtiéndose en el segundo renglón de exportación después del petróleo, con una participación del 18%. En 2017 se llegaron a exportar 90,5 millones de toneladas, constituyéndose en un récord histórico, de las cuales más del 90% provinieron de las minas del Cesar y La Guajira.

El mercado y los precios del carbón, al igual que las demás materias primas, responden a ciclos de expansión y alzas seguidos por su contracción y bajas. Entre 2003 y 2012 se registró un largo ciclo de precios altos, aupados  por la gran demanda de China e India, cuyas economías venían creciendo a un ritmo de dos dígitos y se comportaron como verdaderas aspiradoras de materias primas.

En 2011 el precio del carbón llegó a US $102,35 la tonelada. Luego vendría el que yo he llamado el cuarto menguante del auge minero-energético, concomitantemente con la contracción del mercado y la destorcida de los precios.

Se suele decir que el optimista es aquel que ve el vaso medio lleno y el pesimista aquel que lo ve medio vacío, pero para los economistas importa más saber si el vaso se está llenando o se está vaciando, es decir la tendencia.

Pues bien, hay un antes y un después del 2015, signado por los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la comunidad internacional y por el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que tienen como propósito fundamental la descarbonización de la economía global. Esta conlleva una drástica reducción del consumo de las fuentes de energía de orígen fósil, principalmente del carbón térmico, ahora en el lado equivocado de la historia, traduciéndose en una tendencia sostenida a la baja del precio, que hoy oscila arededor de US $40 la tonelada, 58% por debajo del precio de hace apenas dos años.

El mundo le da la espalda al carbón

El ministro de Minas y Energía Diego Mesa, pensando con el deseo, afirmó recientemente: “no le vamos a dar la espalda al carbón”. Pero, realmente es el mundo entero el que le está dando la espalda al carbón y está tomando distancia de este. Y no es para menos, pues ya a mediados de 2019 lo advirtió el entonces presidente de El Cerrejón Guillermo Fonseca: “El carbón está en declive y la compañía está sufriendo… los precios cayeron y su mina está en el lado equivocado del Canal de Panamá”. Y fue más lejos en sus malos presagios, al señalar que estamos ante “una contracción estructural”, que “en los próximos 5 años la demanda de carbón del mercado del Atlántico (Europa, Mediterráneo y las Américas) se va a contraer a la mitad”.

Y para allá vamos, con el agravante que los carbones de Colombia no compiten en el mercado asiático, que es el que todavía se mantiene, por los altos costos del flete.

A la contracción del mercado le sigue la reducción de la producción, que ha pasado de 84,3 millones de tonaladas en 2018 a 80,3 millones en 2019 y este año llegará a los sumo a las 65 millones de toneladas.

Como lo sostiene la multinacional PRODECO, empresa que extrae carbón en el Cesar, en comunicación enviada a la Agencia Nacional de Minería (ANM) solicitando autorización para la suspención de operaciones por los próximos 4 años, que se vendría a sumar al cese de operaciones de otra minera en el Cesar, la Colombian Natural Resources (CNR), “la demanda de carbón térmico la determina la demanda de capacidad de generación de electricidad con carbón más la demanda de los sectores del cemento y el industrial. En los sectores de energía y mercado industrial, el carbón térmico compite con el gas natural y cada vez más con la generación de energía renovable eólica y solar.

“Esta tendencia ha sido más significativa en Europa, donde el precio del carbón se grava sobre las fuentes de emisiones desde que se estableció en 2005 el régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea (UE).

“A medida que las fuentes de generación renovables se han incrementado y vuelto más competitivas, se ha impulsado el cierre de las estaciones de energía a carbón. Entre 2010 a 2019 se han cerrado 39 GW de capacidad europea de generación a carbón y se proyecta cerrar 52 GW más hasta el 2030.

“La reducción en la capacidad de generación ha producido una demanda decreciente de carbón importado en Europa y en el mercado más amplio del Atlántico”. Aunque la ANM negó dicha solicitud, PRODECO insiste y le está pidiendo que reconsidere su decisión.

A tomar atenta nota

De ello hay que tomar atenta nota, como ya lo han hecho las propias empresas carboníferas, tanto es así que dos de los tres socios de El Cerrejón están de salida de la industria del carbón y se están alineando con la Transición Energética desde las fuentes de orígen fósil, altamente contaminentes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Billiton, la empresa minera más gigante del planeta, se adhirió al Acuerdo de París y “reconoce el cambio climático y renuncia al carbón”. Entre tanto, Glencore resolvió “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas esenciales para la Transición Energética”. Ambas están en retirada de la industria del carbón, desinvirtiendo y reconvirtiéndose para poder sobrevivir.

Tanto el Gobierno Nacional como los territoriales deben tomar atenta nota de estas megatendencias y actuar en consecuencia. El país y la región tienen que diversificar su estructura productiva, sus exportaciones y el destino de estas no puede seguir dependiendo de los vaivenes de la actividad extractiva.

Tanto el petróleo como el carbón, como dice Christine Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tuvieron “su momento de sol, pero hoy ya están en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

Llegó la hora de emprender en serio la reconversión laboral y la transformación productiva como Política de Estado y no como política de gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de la ACCE.

Editorial del presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos sobre la polémica en torno al fracking.

Por: CARLOS ALBERTO LEAL NIÑO

11 de septiembre de 2020.   Cuando se acercan instancias definitivas, que deben decidir el futuro del desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en Colombia, se disparan las estrategias por parte de los detractores de la industria de los hidrocarburos para buscar favorabilidad en la opinión pública, y a través de esto presionar las decisiones de los magistrados y congresistas.

Las tácticas incluyen utilizar a influenciadores de toda índole, que se encargan de repetir un discurso al que le sobra emotividad y le faltan razones con rigurosidad científica. También lanzan retos como el Fracking Challenge, que rayan en el sinsentido al querer polarizar a la opinión con la dicotomía agua o petróleo.

El verdadero Fracking Challenge en el país es el de propiciar una discusión sin sesgos populistas y sin desinformación, que permita desde el punto de vista técnico y científico explicar claramente a la comunidad y a los tomadores de decisiones las razones por las cuales se recomienda la realización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII).

También es parte de este reto que la industria petrolera demuestre con acciones que se encuentra preparada en todos los frentes para realizar de manera responsable, transparente y bien hechas todas las actividades técnicas, operativas y de manejo del entorno para llevar a feliz término la ejecución de los PPII.

En la concepción de los PPII por parte de la Comisión de Expertos, son incluidos los escenarios participativos, a través del concepto de “urna de cristal”, para que todos los interesados tengan la oportunidad de ver en un medio real y controlado, todas las operaciones necesarias para la aplicación de esta tecnología en nuestro territorio, y con base en sus resultados tomar decisiones definitivas sobre el desarrollo de estos recursos. La presencia de suficientes ojos garantes del proceso favorece la evaluación clara y transparente, ¿A qué se le teme?

Basta de emitir información errada y tendenciosa, basta de cantar victorias inexistentes y estériles, basta de polarizar el país hacia dos vertientes sin retorno. Esto no hace más que hacer apología a condiciones que desde épocas coloniales nos han dividido, y que en lo más profundo de nuestro ser queremos superar.  No hagamos de este tema un Florero de Llorente y no nos prestemos a quienes les interesa el caos y la anarquía. 

El reto que deberíamos afrontar es el de tener altura democrática, para hacer un alto en el camino despojándonos de todo prejuicio y prevención de un lado y de otro, en la búsqueda de un entendimiento mutuo, que permita que no haya vencedores ni vencidos, sino que se logre un acuerdo por el bien de todos los colombianos.  

El panorama que se avizora no es nada halagüeño. La crisis económica y social impactará fuertemente al país por lo menos un par de años más y es aquí cuando deben superarse las diferencias y buscar soluciones sostenibles por el bien de todos.

El desarrollo de los Yacimientos No Convencionales es una de esas alternativas; no la dejemos pasar privilegiando las disputas partidarias e intereses electorales y personales. El reto es Colombia y la decisión que se tome sobre este tema marcará sin lugar a duda el futuro del país.  

*Presidente Junta Directiva Acipet

Doce años después de su adjudicación, con un atraso en su entrega de 7 años y con un sobre costo de $2.536.000´000.000, se inaugura un Túnel de La Línea inconcluso todavía y, lo que es más grave, unidireccional.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

4 de septiembre de 2020.   El primero y el único de los 15 planes nacionales de desarrollo que han regido en Colombia desde 1961 que ha trascendido el cuatrienio fue el que expidió, con gran visión de futuro, el ex presidente y estadista Alberto Lleras Camargo, el Plan Decenal de Desarrollo (1961–1970).

De allí que primen las políticas de gobierno sobre las políticas de Estado y los proyectos de corto vuelo sobre aquellos que son de largo aliento. Las promesas de los candidatos a ejercer dichos cargos de “construir sobre lo construido” por sus antecesores se quedan en la retórica, al fin y al cabo, como se suele decir, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa.

Siempre se está a la búsqueda de victorias tempranas y de mangos bajitos, al alcance de la mano, que reditúen políticamente para próximas aspiraciones, ello es patético por lo efímero.

El ex constituyente Alvaro Gómez Hurtado le dio una explicación a este síndrome: “de antemano se supone que los colombianos no están preparados para pensar en grande”. Por lo visto, estamos condenados al cortoplacismo.

Cada presidente, gobernador o alcalde aspira a poner la primera piedra de las obras a ejecutar y a cortar la cinta al momento de su inauguración. No obstante, ello no siempre es posible porque los atrasos, aplazamientos y complicaciones de las mismas, los postergan y además de los sobrecostos que conllevan, dan pie para que la avilantez de los gobernantes de turno terminen ganando indulgencias con avemarías ajenas.

La sinfonía de obras inconclusas

Y como la prioridad de unos no necesariamente es la prioridad de otros, el país se ha convertido en escenario de una sinfonía de obras inconclusas, al punto que acaba de aprobar el Congreso de la República una Ley que obliga al Gobierno a establecer un registro de los que se han dado en llamar “elefantes blancos”.

A la falta de continuidad en la planeación se ha venido a sumar la imprevisión y la improvisación que prevalecen en la gestión pública a lo largo y ancho del país.

La Contraloría General de la República identificó a través de su Estrategia Compromiso Colombia 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y lo que calificó como elefantes blancos, sin ninguna utilidad público ni social. Según el Vice contralor Ricardo Rodríguez, sumados alcanzan la friolera de los $8,6 billones. Para la muestra traemos a colación una de las más insólitas de ellas el Túnel de la Línea.

Se anuncia en los medios que “está lista una obra imaginada hace más de un siglo”, cuando esta aún está inconclusa, como lo veremos. Según el INVÍAS, el 4 de septiembre “se dará al servicio el primer módulo del proyecto”, queda faltando el segundo módulo.

El viacrucis del Túnel de la Línea

Durante más de 50 años la construcción del Túnel de la Línea se había convertido en una verdadera obsesión y en un proyecto estratégico para el país largamente aplazado, pero a la postre se tornó en un verdadero viacrucis.

Se trata de cruzar la cordillera central de Los Andes colombianos, por debajo del conocido Alto de la Línea, conectando los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), mediante una infraestructura que contempla un túnel principal de 8,65 kilómetros, aproximadamente, distante 16 y 11 kilómetros de uno y otro portal, respectivamente.

Este sería el túnel más largo en Latinoamérica. Se trata de reducir el trayecto y mejorar la movilidad desde el centro del país con el Eje Cafetero y Cali, a través de la Ruta nacional 40, y Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Una vez que esta imponente obra entre en operación se podrá reducir hasta en 80 minutos el tiempo del recorrido de los vehículos de carga y en 40 minutos el de los vehículos livianos.

En 2008 se le adjudicó la ejecución del proyecto, con un costo de $629.000 millones, bajo la modalidad llave en mano, al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario y se iniciaron obras en diciembre de 2009, teniendo como fecha de entrega del Túnel julio de 2013.

Sin embargo, la Unión Temporal, alegando mayores fallas geológicas e imprevistos no cumplió con el plazo de entrega de la obra y demandaba del Estado reajustes para cubrir sus mayores costos.

El entonces vicepresidente de la República Germán Vargas y responsable de los proyectos de infraestructura montó en cólera ante el incumplimiento y dejó en claro que al Túnel “le restaría un año y seis meses y necesitaría una inversión cercana a los $160.000 millones” adicionales al monto originalmente presupuestado, eso siempre y cuando la “obra anduviera a todo vapor”. Amenazó a la Unión Temporal con declarar la caducidad del contrato, al “constatar… que hay muy poco frente de obra trabajando. Desde hace varios meses se viene reduciendo el personal”.

Dicho y hecho, aunque la Unión Temporal prometía que la obra se concluiría en noviembre de 2016, se veía cada vez más lejos la luz al final del túnel. En efecto, la ministra de Transporte, Natalia Abello, quien estuvo en la zona del proyecto, constató que ni una sola obra del túnel estaba terminada y que faltaban unos 400.000 millones de pesos para terminarla en su totalidad.

No obstante que la constructora insistió en sentarse con el INVÍAS para negociar los términos de lo que sería un nuevo acuerdo para concluirla, se procedió a la declaratoria de la caducidad del contrato el 26 de enero de 2015 y se le impuso además al Consorcio una multa por valor de $60.300 millones, correspondiente a la cláusula penal del contrato.

La decisión del INVÍAS fue recurrida y al final no se hizo efectiva, a cambio se amplió, una vez más, el plazo de entrega y se reprogramaron las obras, con tal fin, según el vicepresidente Vargas, se establecieron “20 metas volantes, de manera que cada mes debe entregarse un conjunto de avances de obras verificables y el no cumplimiento de dos de esas metas, dará lugar a la terminación anticipada del contrato sin perjuicio de las acciones legales que pueda ejercer el Estado”.

Para completar lo que resta del Túnel de La Línea, el Gobierno junto al consorcio acordaron usar 327.000 millones de pesos, los cuales provendrían de la aseguradora del contrato, recursos propios del contratista y aportes que incluyen maquinaria, formaleta de revestimiento y plantas de trituración, asfalto y concreto.

Este último plazo tampoco se cumplió, el Gobierno decidió no prorrogar más el contrato con Segundo Centenario, este se dio por terminado y se procedió a su liquidación. Se dispuso, entonces, iniciar un nuevo proceso express de licitación para contratar la conclusión de la obra, la cual le fue adjudicado a un nuevo contratista integrado por CONCONCRETO y CSS.

Este proyecto que lo contrató e inició el ex presidente Álvaro Uribe, que lo continuó el ex presidente Juan Manuel Santos, lo asumió el presidente Iván Duque, quien en las primeras de cambio en enero de 2019 y tras inspeccionar el avance de las obras anunció que la puesta en funcionamiento del Túnel de la Línea será en diciembre de ese año.

El hecho cierto e incontrovertible es que después de 10 años de iniciado el Túnel de la Línea y 7 años de atraso, según la Ministra de Transporte Ángela María Orozco, se requieren $600.000 millones más para terminarlo.

En concepto del Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, “el costo del Túnel de la Línea creció 546%, al pasar de $464.000 millones a $3 billones, sin que aún esté concluido”.

Es más, según el director del INVÍAS Juan Esteban Gil, “las obras faltantes y que son parte del segundo módulo de entrega están tasadas en unos $750.000 millones”.

Llama poderosamente la atención que no obstante que se esperaba que la entrega del Túnel se hiciera efectiva en 2016, sólo un año después se percataron de que no se había previsto la construcción de la doble calzada desde la boca del túnel hasta Calarcá y tuvieron que salir en volandas a estructurar y diseñar dicho proyecto.

De modo que de haberse cumplido con la entrega del Túnel este no habría conducido a ninguna parte, hubiera sido un túnel ciego. Este hecho puso de manifiesto, una vez más, la imprevisión y la improvisación con que se toman decisiones por parte de los gobiernos, sobre todo en un asunto tan sensible como este.

La tapa

Pero, definitivamente, la tapa de esta triste y descorazonadora historia es como para no creer: como ya dijimos, nos demoramos más de 50 años en tomar la decisión de adelantar este proyecto, para ganar en competitividad, aproximando el centro industrial del país con el puerto de Buenaventura, reduciendo los costos del transporte y el flete; pero resulta que se contrata la ejecución del Túnel de la Línea en una sola dirección.

Tendremos que esperar otros 50 años para acometer la construcción del túnel de retorno. Increíble, pero cierto, 12 años después de su adjudicación, con un atraso en su entrega de 7 años y con un sobre costo de $2.536.000´000.000, se inaugura un túnel inconcluso todavía y lo que es más grave unidireccional.

Queda habilitado para transitar entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), quienes se dirijan hacia el occidente del país deberán continuar subiendo al alto de La Línea.

Según el director del INVÍAS, “en los estudios que se están haciendo de modelación de la carretera, se estima que en veinte años se debe tener el segundo túnel”. Veinte años que se pueden convertir en cincuenta.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Análisis del exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta sobre la difícil coyuntura que atraviesa el sector petrolero mundial.  

Por: AMYLKAR ACOSTA*

13 de agosto de 2020.   Según reveló el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón, tanto los ingresos operacionales como las utilidades de la empresa vienen en caída libre. En el primer trimestre de 2020 las utilidades cayeron el 95% con respecto al primer trimestre del año anterior, reduciéndose a sólo $133.000 millones.

Pero, el registro del segundo trimestre fue aún peor, ya que las utilidades se redujeron a sólo $25.000 millones, 99.3% inferiores a las del mismo trimestre del año pasado. El consolidado para el primer semestre de este año arroja una utilidad de $158.000 millones, la cual contrasta con los $6.2 billones registradas en el primer semestre del 2019.

Este es un duro golpe para las finanzas tanto del Gobierno central como para los departamentos y municipios. El Gobierno central vera reducido ostensiblemente el recaudo de la renta petrolera el año entrante y verá menguado el giro por concepto de dividendos de parte de Ecopetrol, como accionista mayoritaria que es.

Por su parte, las entidades territoriales verán también disminuidos sus ingresos provenientes de las regalías, los cuales, al fin y al cabo, son los únicos recursos ciertos con los cuales cuentan para la inversión.

La razón primordial de este bajonazo en los ingresos y en las utilidades que se extiende a toda la industria petrolera radica en la caída de los precios internacionales del crudo, cuya cotización ha caído más del 40% con respecto al precio promedio del barril del año pasado. A ello se viene a añadir la baja en la producción, que a nivel país alcanzó a rozar los 900.000 barriles/día el año pasado y en el primer semestre de 2020 ha caído hasta los 730.000 barriles/día.

Si por acá llueve…

Definitivamente esta es la mala hora no sólo para Ecopetrolsino para toda la industria petrolera en el mundo, pues, como lo afirma el presidente de Campetrol Germán Espinosa, “la crisis ha impactado de manera generalizada a todas las empresas del sector a nivel global”. En ello ha influido, como es apenas lógico, la virtual parálisis de la economía y las medidas de aislamiento e inmovilización del transporte que se tomaron a nivel mundial como medidas desesperadas para contener la propagación de la pandemia del Covid 19, desencadenando la caída de los precios del crudo, atribuible a la caída de la demanda en más del 10% en el primer semestre de este año.

La gigante ExxonMobil, considerada como la empresa más grande del mundo perdió en el primer trimestre de este año US $610 millones, el peor en 32 años, después de haber registrado utilidades del orden de los US $2.350 millones en el primer trimestre de 2019.

Pero como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, resulta que al cierre del segundo trimestre las ventas cayeron el 53% y sus pérdidas se incrementaron exponencialmente, llegando a los US $9.300 millones.

Desde luego que las empresas que han llevado la peor parte son aquellas que han estado enfocadas en la explotación de crudos pesados, offshore y yacimientos no convencionales (YNC), por incurrir en mayores costos de extracción del crudo.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de crudo para el año completo caerá en promedio 7,9 millones de barriles/día, luego de dejar atrás el “abril negro” y eso a pesar del recorte histórico pactado de la oferta por parte de la OPEP+ de 7,1 millones de barriles/día.

Para el 2021 la AIE muestra un optimismo moderado. Según su previsión, la demanda rondará los 97,4 millones de barriles/día, un avance de 5,3 millones de barriles/día, algo inferior a su proyección anterior y 2,6 millones de barriles/día por debajo del promedio de la demanda en 2019.

Claro está que, como lo advierte The Wall Street Journal, este revés de la industria petrolera no responde sólo al coletazo de la pandemia. Según la publicación, “los pésimos resultados están agravando los problemas para los gigantes del petróleo, que luchaban por atraer inversores incluso antes de la pandemia, ya que las preocupaciones sobre las regulaciones del cambio climático y la creciente competencia de las energías renovables y los vehículos eléctricos nublan el futuro de los combustibles fósiles”.

Esta calamitosa situación de la industria petrolera ha incidido en la cotización y en la valoración de las empresas del sector petrolero, a tal punto que según el mismo The Wall Street Journal el banco de inversión Evercore ISI “BP, PLC, SHELL y Total se cotizan a mínimos de 30 años en relación con el índice S&P 500 general. ExxonMobil se cotiza en su nivel más bajo al índice S&P 500 desde 1977”.

El contraste no puede ser mayor cuando cotejamos la cotización de las acciones y la valoración de las multinacionales petroleras con la de las compañías tecnológicas: en este momento, una acción de NETFLIX vale un 25% más que la de la ExxonMobil. Es más, el valor de mercado de TESLA, la compañía americana fabricante de vehículos eléctricos, es mayor que el de la Toyota y la Volkswagen juntas. Este es un buen indicador de hacia dónde se está moviendo el mundo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Mis palabras, pronunciadas en la plenaria del Senado de la República el 28 de julio de 1998, con ocasión de un debate de control político a raíz de la decisión del Gobierno Nacional, que no compartí, de liquidar a las electrificadoras subsidiarias de Corelca para privatizar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe resultaron premonitorias: ‘vamos a salir de las llamas para caer en las brasas’.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

10 de agosto de 2020.   Han transcurrido más de dos décadas durante las cuales, lejos de mejorar la prestación del servicio como se prometió, Electricaribe, que fue la empresa que lo asumió, se convirtió para sus usuarios en una verdadera pesadilla, en una calamidad pública, al punto que a la postre el mismo Gobierno Nacional se vio en la penosa necesidad de intervenirla y posteriormente liquidarla. 

El departamento de La Guajira no es la excepción sino la regla, dado que por estar en la cola del sistema, ha llevado la peor parte, al tener que soportar con estoicismo y con paciencia los continuos apagones, racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento”, así como las oscilaciones de voltaje, con el daño consiguiente de los artefactos eléctricos.

Un estudio técnico adelantado por la UPME llegó a la conclusión, aludiendo a esta falencia, que “la ausencia de las obras de refuerzo eléctrico implica una situación de desatención del abastecimiento de energía en su área de influencia”.

Entonces, para mejorar la prestación del servicio se requiere contar con un anillo eléctrico que le de redundancia a la red de transmisión entre los municipios de Riohacha y Maicao, anudada con la subestación eléctrica de Cuestecitas. Con tal fin, ideamos e impulsamos desde el Senado de la República dicho proyecto, con la mira puesta en estabilizar la prestación del servicio de energía y mitigar las contingencias a las que aún están expuestos los usuarios. 

Años más tarde, como ministro de Minas y Energía retomé el tema. En efecto, prioricé dicho proyecto en el Plan5Caribe para su ejecución, con mensaje de urgencia, como quedó consignado en la Resolución 093 de 2014 de la CREG.

En 2016, finalmente, el Gobierno Nacional adjudicó el contrato para ejecutar este proyecto a la firma Elecnorte. Tal y como lo dispone la normatividad legal esta procedió a tramitar la Licencia ambiental y a adelantar las consultas previas correspondientes. Corpoguajira le otorgó la Licencia, la cual conlleva un plan de manejo ambiental (PMA) que incorpora las medidas de mitigación y reparación a que hubiera lugar, las cuales debió asumir la empresa ejecutora de la obra.

Por su parte, el Ministerio del Interior debía certificar, como en efecto lo hizo, las comunidades con las que se deberían adelantar las consultas previas, las que se efectuaron satisfactoriamente con las 154 comunidades entre indígenas y afrodescendientes debidamente certificadas el 11 de septiembre de 2018.

Palos en la rueda

Pero, como no faltan quienes le metan palos en las ruedas para entorpecer el avance de proyectos que como este son de interés colectivo, poniendo en primer lugar sus intereses personales, empezaron a torpedear el avance de la obra. Se interpuso una acción de tutela en la que se alegaba que algunas comunidades habían sido excluidas de dichas consultas, la que en primera instancia fue fallada a favor de las mismas, pero posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Riohacha el 22 de julio de 2019, por no encontrar mérito para ello ni fundamento en sus pretensiones.

No obstante, 32 meses después del Acuerdo suscrito por la empresa con las comunidades debidamente certificadas por el Ministerio del Interior con las que se adelantaron las consultas previas y cuando solamente falta el 10% para terminar el tendido de las líneas y así contar con un sistema redundante que garantice una notoria mejoría en la prestación del servicio, nuevamente y aludiendo los mismos motivos, se presenta una nueva tutela. Esta vez ante el Juzgado penal de circuito y este, sin verificar siquiera la existencia de la “exclusión” que se aduce, contrariando lo dispuesto por el Tribunal Superior, procedió a fallar favorablemente el pasado 21 de julio y lo que es peor ordenó suspender las obras, con grave perjuicio para más de 700.000 usuarios del servicio de energía.

Esto, a todas luces, es un despropósito, tanto más en cuanto que ordenar la parálisis de la ejecución de este importante proyecto es una medida desproporcionada, habida consideración de que si de lo que se trata es de salvaguardar el derecho a la consulta previa que demanda la parte interesada, según Sentencia de la Corte Constitucional SU -123 de 2018 “la consulta procede aun cuando el proyecto esté en marcha e incluso cuando haya finalizado”.

Cabe preguntarse en dónde queda la seguridad jurídica, acaso la competencia para determinar cuál o cuales comunidades deben ser objeto de la consulta previa no es el Ministerio del Interior o ello quedará a merced de los jueces, que contravienen los fallos de sus superiores, pues para ellos no hay cosa juzgada.

Como dice el adagio popular, cada loro en su estaca, de lo contrario situaciones como estas se van a seguir presentando, al dar pábulo para que se abuse de la Consulta previa como derecho fundamental consagrado en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, distorsionándola y desnaturalizándola con el propósito de sacar provecho indebido de la misma.

Este es un precedente funesto y si no se le pone coto, el uso y abuso de las consultas previas por parte de impostores que usurpan y se arrogan la representación de las comunidades en su propio beneficio, pueden dar al traste con los 14 proyectos ya aprobados y contratados para instalar 9 parques eólicos y 5 granjas solares en La Guajira y el Cesar, con los cuales Colombia está dando los primeros pasos de su Transición Energética hacia la generación de energía renovable y limpia, diversificando su matriz energética e imprimiéndole una mayor resiliencia frente al Cambio climático.

Está de por medio, además, una inversión inicial de $10 billones y la generación de 50.000 empleos, beneficio este que terminará extendiéndose al resto del país garantizándole mayor confiabilidad y firmeza a la prestación del servicio de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.