Categoría: Opinión

No he podido dar con la autoría de esta genial metáfora para darle el crédito correspondiente, portadora de un potente mensaje keynesiano en momentos en los que hasta sus más acérrimos críticos y los más recalcitrantes alabarderos del neoliberalismo han terminado por aceptar su teoría y sus prescripciones para enfrentar situaciones tan criticas de la economía como la actual.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

7 de diciembre de 2020.   El texto titulado La deuda de la prostituta cuenta que en agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada cae una lluvia torrencial y hace varios días que el poblado parece desierto. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna llega un millonario forrado de dinero y entra en el único pequeño hotel del lugar, pide una habitación, pone un billete de 100 euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones.

El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el carnicero. Éste toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de cerdos. Al momento éste sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos para animales. El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta a la cual hace tiempo no le paga, pues en tiempos de crisis hasta ella ofrece servicios a crédito.

La prostituta con el billete en la mano sale para el pequeño hotel, donde había llevado a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. En ese momento baja el millonario, que acaba de echarle un vistazo a las habitaciones, dice que no le convence ninguna, toma el billete y se va. Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza.

La moraleja de esta metáfora nos lleva al ejemplo que puso Keynes para ilustrar su teoría que ha servido de fundamento a las políticas contracíclicas, ya sea para conjurar la recesión o para salir de ella, estimulando la demanda mediante la generación de empleo y las transferencias monetarias a los más vulnerables. Como lo dijo él, refiriéndose a la gran crisis de los años 30 del siglo pasado, “era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener gente desocupada”.

Y no era para menos, pues al promoverse y ejecutarse obras públicas por parte del Estado se genera empleo, ingreso, capacidad adquisitiva, capacidad de compra y de esta manera, como lo planteó Keynes, se activaba el multiplicador de la inversión productiva, estimulando el crecimiento del PIB. De allí se sigue, como corolario, la importancia de la intervención del Estado en la economía, sobre todo en momentos en los que la economía entra en recesión, en procura de aminorar su contracción e impulsar su recuperación y su reactivación.

La piedra miliar sobre la cual descansa la teoría keynesiana fue su reformulación de la Ley de Say, también conocida como Ley de los mercados, según la cual “toda oferta crea su propia demanda”, partiendo de la base que la demanda está  en función de la producción y que sólo esta podía generar una mayor demanda. Es decir, según esta Ley cuanto mayor sea la oferta de bienes y servicios, la misma, per se, genera más riqueza, la que a su vez se traduciría en una mayor demanda de los mismos, dando lugar a una especie de circulo virtuoso del crecimiento de la economía. Por ello atribuían las crisis a fallas del lado de la oferta y no del lado de la demanda.

De ello se sigue la preeminencia y prominencia del mercado, considerado como el Deus ex machina, liberado al albedrío de la mano invisible de Adam Smith, de la economía, magnificado por el Consenso de Washington, el cual plantea en su decálogo la necesidad de la desregulación y la relegación del Estado al asiento trasero, donde no interfiera las leyes del mercado.

Por lo demás, el fracaso de la estrategia del Gobierno de aupar el crecimiento de la economía y la promoción del empleo incentivando “la mayor oferta de bienes y servicios” manteniendo y ampliando las gabelas impositivas a las empresas dan buena cuenta de la falacia de la Ley de Say.

Keynes le dio la vuelta e invirtió los términos de dicha Ley, pues para él es “la demanda la que crea su propia oferta”. Según Keynes, “la Ley de Say suponía implícitamente que el sistema económico operaba siempre a plena capacidad, de modo que una nueva actividad sustituía a otra actividad y que nunca era una actividad adicional. Sin embargo, una teoría basada en ese supuesto es claramente inadecuada para abordar los problemas del desempleo y del ciclo económico”.

A propósito, el Gobierno Nacional frente a la actual crisis se ha quedado corto, por cicatero, como lo ha delatado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, al señalar que hasta la fecha, nueve meses después de declarada la Emergencia económica y social a raíz de la pandemia de la Covid–19, de los $25,5 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), “sólo el 48% de ese presupuesto, unos $12,1 billones, se han usado efectivamente para atender la crisis sanitaria y económica por la pandemia”.

En concepto de su director Luis Carlos Reyes, el Gobierno “ha decidido que es preferible ahorrar que invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia” y también de las sociales. Ello explica en gran medida la lentitud de la recuperación de la economía, ya que, como lo sostiene la ex ministra Cecilia López “sin demanda no hay reactivación” y ella no se dinamiza si no se genera empleo de emergencia y se amplían las transferencias monetarias a quienes lo han perdido y carecen de un ingreso.

Mis palabras en la plenaria del Senado de la República en 1998 al oponerme a la privatización de la prestación del servicio de energía en la región Caribe, afirmando que íbamos a salir de las llamas para caer en las brasas, resultaron premonitorias.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

26 de septiembre de 2020.   Veintidós años después podemos decir que la calidad de la prestación del servicio por parte de Electricaribe no está mejor que cuando estuvo peor, violando flagrantemente la Ley Eléctrica y la de Servicios Públicos que establece que tal servicio se debe pretar con eficiencia, calidad y continuidad.

Electricaribe, con sus continuos y prolongados cortes de energía, muchas veces disfrazados con suspuestos “mantenimientos”, que superaban las 90 horas/ año, el doble del promedio nacional, así como las recurrentes oscilaciones de voltaje con el consiguiente daño de los electrodomésticos, se convirtió en una pesadilla para sus resignados usuarios.

Como lo afirmó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al momento de proceder a intervenirla el 14 de noviembre de 2016, “la toma de posesión de Electricaribe es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”.

Y no era para menos. La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia derivó en su liquidación y la apertura posteriormente de un proceso para el cambio de operador de red del mercado del Caribe, el cual terminó segmentándose en dos: Caribe Mar y Caribe Sol. El Fondo empresarial de la Superintendencia le inyectó a la empresa $5,4 billones, de los cuales $860.000 millones para invertir en la infraestrutura en las redes de transmisión local y de distribución.  

En el entretanto, se aprobó a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo un salvavidas para mantener a flote a la empresa y posibilitar la consecución de los dos nuevos operadores. Al tiempo que la Nación asumió el pasivo pensional y prestacional de $1,53 billones, “con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio”, se facultó al Gobierno Nacional “para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria”

Las condiciones, entonces, estaban dadas y se había allanado el camino para el relevo de Electricaribe como operador de red en la región Caribe. El pasado 20 de marzo, como resultado de la subasta que abrió la Superintendencia se adjudico el mercado de Caribe Mar a Empresas Públicas de Medellín, que comprende los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, y el de Caribe Sol, que comprende los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, al Consorcio Energía de la Costa, en proporción de 10,9% y 10,8%, respectivamente, de los 2,7 millones de usuarios, que representan el 23% de la demanda de energía en Colombia.

Entre los compromisos adquiridos por los dos operadores está la inversión de $10 billones en los próximos 10 años en los proyectos contemplados en el Plan5Caribe, el cual priorizó los principales proyectos a ejecutar para corregir el rezago histórico de las inversiones que ha debido hacer Electricaribe para mejorar la calidad de la prestación del servicio que nunca hizo.

Se espera y se aspira que, ahora que se apaga Electricaribe y a partir del 1º de octubre los nuevos operadores asumen el control y la prestación del servicio, cese la horrible noche que hemos padecido los usuarios y se le ponga coto a los abusos y atropellos de los cuales han sido objeto.

El primer reto que deben encarar los nuevos operadores estriba en recuperar la confianza perdida por tantos años de desafueros y exabruptos. Y de contera, es de esperar también que los nuevos operadores sirvan de facilitadores de la Transición Energética y del impulso de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), pues Electricaribe se había convertido en su mayor obstáculo.

Si EPM y el consorcio Energía de la Costa cumplen, muy seguramente mejorará el nivel de recaudo y la calidad de la cartera, que se han visto afectados como una de las secuelas de la pandemia y se desmitificará el infundio de Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, que controlaba a Electricaribe hasta su intervención, para justificar su inoperancia y mediocridad, así como su incumplimiento con las inversiones requeridas. Este último fue la causa raíz de la calamitosa situación que nos ha tocado padecer a sus usuarios, como lo pudo establecer el estudio que a mi paso por el Ministerio de Minas y Energía le encomendamos a la ex comisionada de la CREG Carmenza Chahin.

Hacemos votos porque a los nuevos operadores les vaya bien, porque si a ellos les va mal también le irá mal a la región, que ha tenido en las protuberantes falencias y deficiencias en la prestación del servicio público de energía un freno a su desarrollo económico y social, justo en momentos en los que se ha venido dando un proceso largamente aplazado de relocalización industrial que demanda más y más energía.

Tanto es así que el crecimiento de la demanda máxima de potencia de energía en la región Caribe, que ronda los 2.857 MW, la mayor después del Centro del país, está muy por encima del promedio nacional. El año anterior, mientras el aumento promedio de la demanda de energía fue de 4,02%, en la región Caribe registró 6,8%. De manera que el desafío de los dos nuevos operadores es mayúsculo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Desde el estallido de la huelga en El Cerrejón me dí a la tarea de examinar el contexto y el escenario en el que se da este conflicto laboral, al final del cual, me atrevo a anticipar, sólo habrá perdedores y estos serán no sólo las partes enfrentadas, la empresa y el Sindicato, sino sus grupos de interés.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

15 de septiembre de 2020.   Del pulso laboral de El Cerrejón saldrán perdiendo también la región y el país, tanto por el empleo y los ingresos que dejarán de devengar los 11.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a la operación, como el menor recaudo de impuestos y los menores ingresos por concepto de regalías. Veamos:

Colombia posee enormes reservas de carbón térmico de excelente calidad. Las reservas medidas superan las 6.000 millones de toneladas, con un alto poder calorífico, bajo contenido de azufre y cenizas, que lo tornan muy apetecido en los mercados internacionales. El 82% de esas reservas (4.981 millones de toneladas) se concentran en los departamentos de Cesar y La Guajira.

Colombia ocupa entre el 4º y 5º lugar como exportador de carbón y, a diferencia de sus competidores, el país registra un bajo consumo del mismo, pues más del 95% lo exporta, convirtiéndose en el segundo renglón de exportación después del petróleo, con una participación del 18%. En 2017 se llegaron a exportar 90,5 millones de toneladas, constituyéndose en un récord histórico, de las cuales más del 90% provinieron de las minas del Cesar y La Guajira.

El mercado y los precios del carbón, al igual que las demás materias primas, responden a ciclos de expansión y alzas seguidos por su contracción y bajas. Entre 2003 y 2012 se registró un largo ciclo de precios altos, aupados  por la gran demanda de China e India, cuyas economías venían creciendo a un ritmo de dos dígitos y se comportaron como verdaderas aspiradoras de materias primas.

En 2011 el precio del carbón llegó a US $102,35 la tonelada. Luego vendría el que yo he llamado el cuarto menguante del auge minero-energético, concomitantemente con la contracción del mercado y la destorcida de los precios.

Se suele decir que el optimista es aquel que ve el vaso medio lleno y el pesimista aquel que lo ve medio vacío, pero para los economistas importa más saber si el vaso se está llenando o se está vaciando, es decir la tendencia.

Pues bien, hay un antes y un después del 2015, signado por los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la comunidad internacional y por el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que tienen como propósito fundamental la descarbonización de la economía global. Esta conlleva una drástica reducción del consumo de las fuentes de energía de orígen fósil, principalmente del carbón térmico, ahora en el lado equivocado de la historia, traduciéndose en una tendencia sostenida a la baja del precio, que hoy oscila arededor de US $40 la tonelada, 58% por debajo del precio de hace apenas dos años.

El mundo le da la espalda al carbón

El ministro de Minas y Energía Diego Mesa, pensando con el deseo, afirmó recientemente: “no le vamos a dar la espalda al carbón”. Pero, realmente es el mundo entero el que le está dando la espalda al carbón y está tomando distancia de este. Y no es para menos, pues ya a mediados de 2019 lo advirtió el entonces presidente de El Cerrejón Guillermo Fonseca: “El carbón está en declive y la compañía está sufriendo… los precios cayeron y su mina está en el lado equivocado del Canal de Panamá”. Y fue más lejos en sus malos presagios, al señalar que estamos ante “una contracción estructural”, que “en los próximos 5 años la demanda de carbón del mercado del Atlántico (Europa, Mediterráneo y las Américas) se va a contraer a la mitad”.

Y para allá vamos, con el agravante que los carbones de Colombia no compiten en el mercado asiático, que es el que todavía se mantiene, por los altos costos del flete.

A la contracción del mercado le sigue la reducción de la producción, que ha pasado de 84,3 millones de tonaladas en 2018 a 80,3 millones en 2019 y este año llegará a los sumo a las 65 millones de toneladas.

Como lo sostiene la multinacional PRODECO, empresa que extrae carbón en el Cesar, en comunicación enviada a la Agencia Nacional de Minería (ANM) solicitando autorización para la suspención de operaciones por los próximos 4 años, que se vendría a sumar al cese de operaciones de otra minera en el Cesar, la Colombian Natural Resources (CNR), “la demanda de carbón térmico la determina la demanda de capacidad de generación de electricidad con carbón más la demanda de los sectores del cemento y el industrial. En los sectores de energía y mercado industrial, el carbón térmico compite con el gas natural y cada vez más con la generación de energía renovable eólica y solar.

“Esta tendencia ha sido más significativa en Europa, donde el precio del carbón se grava sobre las fuentes de emisiones desde que se estableció en 2005 el régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea (UE).

“A medida que las fuentes de generación renovables se han incrementado y vuelto más competitivas, se ha impulsado el cierre de las estaciones de energía a carbón. Entre 2010 a 2019 se han cerrado 39 GW de capacidad europea de generación a carbón y se proyecta cerrar 52 GW más hasta el 2030.

“La reducción en la capacidad de generación ha producido una demanda decreciente de carbón importado en Europa y en el mercado más amplio del Atlántico”. Aunque la ANM negó dicha solicitud, PRODECO insiste y le está pidiendo que reconsidere su decisión.

A tomar atenta nota

De ello hay que tomar atenta nota, como ya lo han hecho las propias empresas carboníferas, tanto es así que dos de los tres socios de El Cerrejón están de salida de la industria del carbón y se están alineando con la Transición Energética desde las fuentes de orígen fósil, altamente contaminentes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

Billiton, la empresa minera más gigante del planeta, se adhirió al Acuerdo de París y “reconoce el cambio climático y renuncia al carbón”. Entre tanto, Glencore resolvió “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas esenciales para la Transición Energética”. Ambas están en retirada de la industria del carbón, desinvirtiendo y reconvirtiéndose para poder sobrevivir.

Tanto el Gobierno Nacional como los territoriales deben tomar atenta nota de estas megatendencias y actuar en consecuencia. El país y la región tienen que diversificar su estructura productiva, sus exportaciones y el destino de estas no puede seguir dependiendo de los vaivenes de la actividad extractiva.

Tanto el petróleo como el carbón, como dice Christine Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tuvieron “su momento de sol, pero hoy ya están en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

Llegó la hora de emprender en serio la reconversión laboral y la transformación productiva como Política de Estado y no como política de gobierno.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de la ACCE.

Editorial del presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos sobre la polémica en torno al fracking.

Por: CARLOS ALBERTO LEAL NIÑO

11 de septiembre de 2020.   Cuando se acercan instancias definitivas, que deben decidir el futuro del desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en Colombia, se disparan las estrategias por parte de los detractores de la industria de los hidrocarburos para buscar favorabilidad en la opinión pública, y a través de esto presionar las decisiones de los magistrados y congresistas.

Las tácticas incluyen utilizar a influenciadores de toda índole, que se encargan de repetir un discurso al que le sobra emotividad y le faltan razones con rigurosidad científica. También lanzan retos como el Fracking Challenge, que rayan en el sinsentido al querer polarizar a la opinión con la dicotomía agua o petróleo.

El verdadero Fracking Challenge en el país es el de propiciar una discusión sin sesgos populistas y sin desinformación, que permita desde el punto de vista técnico y científico explicar claramente a la comunidad y a los tomadores de decisiones las razones por las cuales se recomienda la realización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII).

También es parte de este reto que la industria petrolera demuestre con acciones que se encuentra preparada en todos los frentes para realizar de manera responsable, transparente y bien hechas todas las actividades técnicas, operativas y de manejo del entorno para llevar a feliz término la ejecución de los PPII.

En la concepción de los PPII por parte de la Comisión de Expertos, son incluidos los escenarios participativos, a través del concepto de “urna de cristal”, para que todos los interesados tengan la oportunidad de ver en un medio real y controlado, todas las operaciones necesarias para la aplicación de esta tecnología en nuestro territorio, y con base en sus resultados tomar decisiones definitivas sobre el desarrollo de estos recursos. La presencia de suficientes ojos garantes del proceso favorece la evaluación clara y transparente, ¿A qué se le teme?

Basta de emitir información errada y tendenciosa, basta de cantar victorias inexistentes y estériles, basta de polarizar el país hacia dos vertientes sin retorno. Esto no hace más que hacer apología a condiciones que desde épocas coloniales nos han dividido, y que en lo más profundo de nuestro ser queremos superar.  No hagamos de este tema un Florero de Llorente y no nos prestemos a quienes les interesa el caos y la anarquía. 

El reto que deberíamos afrontar es el de tener altura democrática, para hacer un alto en el camino despojándonos de todo prejuicio y prevención de un lado y de otro, en la búsqueda de un entendimiento mutuo, que permita que no haya vencedores ni vencidos, sino que se logre un acuerdo por el bien de todos los colombianos.  

El panorama que se avizora no es nada halagüeño. La crisis económica y social impactará fuertemente al país por lo menos un par de años más y es aquí cuando deben superarse las diferencias y buscar soluciones sostenibles por el bien de todos.

El desarrollo de los Yacimientos No Convencionales es una de esas alternativas; no la dejemos pasar privilegiando las disputas partidarias e intereses electorales y personales. El reto es Colombia y la decisión que se tome sobre este tema marcará sin lugar a duda el futuro del país.  

*Presidente Junta Directiva Acipet

Doce años después de su adjudicación, con un atraso en su entrega de 7 años y con un sobre costo de $2.536.000´000.000, se inaugura un Túnel de La Línea inconcluso todavía y, lo que es más grave, unidireccional.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

4 de septiembre de 2020.   El primero y el único de los 15 planes nacionales de desarrollo que han regido en Colombia desde 1961 que ha trascendido el cuatrienio fue el que expidió, con gran visión de futuro, el ex presidente y estadista Alberto Lleras Camargo, el Plan Decenal de Desarrollo (1961–1970).

De allí que primen las políticas de gobierno sobre las políticas de Estado y los proyectos de corto vuelo sobre aquellos que son de largo aliento. Las promesas de los candidatos a ejercer dichos cargos de “construir sobre lo construido” por sus antecesores se quedan en la retórica, al fin y al cabo, como se suele decir, se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa.

Siempre se está a la búsqueda de victorias tempranas y de mangos bajitos, al alcance de la mano, que reditúen políticamente para próximas aspiraciones, ello es patético por lo efímero.

El ex constituyente Alvaro Gómez Hurtado le dio una explicación a este síndrome: “de antemano se supone que los colombianos no están preparados para pensar en grande”. Por lo visto, estamos condenados al cortoplacismo.

Cada presidente, gobernador o alcalde aspira a poner la primera piedra de las obras a ejecutar y a cortar la cinta al momento de su inauguración. No obstante, ello no siempre es posible porque los atrasos, aplazamientos y complicaciones de las mismas, los postergan y además de los sobrecostos que conllevan, dan pie para que la avilantez de los gobernantes de turno terminen ganando indulgencias con avemarías ajenas.

La sinfonía de obras inconclusas

Y como la prioridad de unos no necesariamente es la prioridad de otros, el país se ha convertido en escenario de una sinfonía de obras inconclusas, al punto que acaba de aprobar el Congreso de la República una Ley que obliga al Gobierno a establecer un registro de los que se han dado en llamar “elefantes blancos”.

A la falta de continuidad en la planeación se ha venido a sumar la imprevisión y la improvisación que prevalecen en la gestión pública a lo largo y ancho del país.

La Contraloría General de la República identificó a través de su Estrategia Compromiso Colombia 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y lo que calificó como elefantes blancos, sin ninguna utilidad público ni social. Según el Vice contralor Ricardo Rodríguez, sumados alcanzan la friolera de los $8,6 billones. Para la muestra traemos a colación una de las más insólitas de ellas el Túnel de la Línea.

Se anuncia en los medios que “está lista una obra imaginada hace más de un siglo”, cuando esta aún está inconclusa, como lo veremos. Según el INVÍAS, el 4 de septiembre “se dará al servicio el primer módulo del proyecto”, queda faltando el segundo módulo.

El viacrucis del Túnel de la Línea

Durante más de 50 años la construcción del Túnel de la Línea se había convertido en una verdadera obsesión y en un proyecto estratégico para el país largamente aplazado, pero a la postre se tornó en un verdadero viacrucis.

Se trata de cruzar la cordillera central de Los Andes colombianos, por debajo del conocido Alto de la Línea, conectando los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), mediante una infraestructura que contempla un túnel principal de 8,65 kilómetros, aproximadamente, distante 16 y 11 kilómetros de uno y otro portal, respectivamente.

Este sería el túnel más largo en Latinoamérica. Se trata de reducir el trayecto y mejorar la movilidad desde el centro del país con el Eje Cafetero y Cali, a través de la Ruta nacional 40, y Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Una vez que esta imponente obra entre en operación se podrá reducir hasta en 80 minutos el tiempo del recorrido de los vehículos de carga y en 40 minutos el de los vehículos livianos.

En 2008 se le adjudicó la ejecución del proyecto, con un costo de $629.000 millones, bajo la modalidad llave en mano, al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario y se iniciaron obras en diciembre de 2009, teniendo como fecha de entrega del Túnel julio de 2013.

Sin embargo, la Unión Temporal, alegando mayores fallas geológicas e imprevistos no cumplió con el plazo de entrega de la obra y demandaba del Estado reajustes para cubrir sus mayores costos.

El entonces vicepresidente de la República Germán Vargas y responsable de los proyectos de infraestructura montó en cólera ante el incumplimiento y dejó en claro que al Túnel “le restaría un año y seis meses y necesitaría una inversión cercana a los $160.000 millones” adicionales al monto originalmente presupuestado, eso siempre y cuando la “obra anduviera a todo vapor”. Amenazó a la Unión Temporal con declarar la caducidad del contrato, al “constatar… que hay muy poco frente de obra trabajando. Desde hace varios meses se viene reduciendo el personal”.

Dicho y hecho, aunque la Unión Temporal prometía que la obra se concluiría en noviembre de 2016, se veía cada vez más lejos la luz al final del túnel. En efecto, la ministra de Transporte, Natalia Abello, quien estuvo en la zona del proyecto, constató que ni una sola obra del túnel estaba terminada y que faltaban unos 400.000 millones de pesos para terminarla en su totalidad.

No obstante que la constructora insistió en sentarse con el INVÍAS para negociar los términos de lo que sería un nuevo acuerdo para concluirla, se procedió a la declaratoria de la caducidad del contrato el 26 de enero de 2015 y se le impuso además al Consorcio una multa por valor de $60.300 millones, correspondiente a la cláusula penal del contrato.

La decisión del INVÍAS fue recurrida y al final no se hizo efectiva, a cambio se amplió, una vez más, el plazo de entrega y se reprogramaron las obras, con tal fin, según el vicepresidente Vargas, se establecieron “20 metas volantes, de manera que cada mes debe entregarse un conjunto de avances de obras verificables y el no cumplimiento de dos de esas metas, dará lugar a la terminación anticipada del contrato sin perjuicio de las acciones legales que pueda ejercer el Estado”.

Para completar lo que resta del Túnel de La Línea, el Gobierno junto al consorcio acordaron usar 327.000 millones de pesos, los cuales provendrían de la aseguradora del contrato, recursos propios del contratista y aportes que incluyen maquinaria, formaleta de revestimiento y plantas de trituración, asfalto y concreto.

Este último plazo tampoco se cumplió, el Gobierno decidió no prorrogar más el contrato con Segundo Centenario, este se dio por terminado y se procedió a su liquidación. Se dispuso, entonces, iniciar un nuevo proceso express de licitación para contratar la conclusión de la obra, la cual le fue adjudicado a un nuevo contratista integrado por CONCONCRETO y CSS.

Este proyecto que lo contrató e inició el ex presidente Álvaro Uribe, que lo continuó el ex presidente Juan Manuel Santos, lo asumió el presidente Iván Duque, quien en las primeras de cambio en enero de 2019 y tras inspeccionar el avance de las obras anunció que la puesta en funcionamiento del Túnel de la Línea será en diciembre de ese año.

El hecho cierto e incontrovertible es que después de 10 años de iniciado el Túnel de la Línea y 7 años de atraso, según la Ministra de Transporte Ángela María Orozco, se requieren $600.000 millones más para terminarlo.

En concepto del Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, “el costo del Túnel de la Línea creció 546%, al pasar de $464.000 millones a $3 billones, sin que aún esté concluido”.

Es más, según el director del INVÍAS Juan Esteban Gil, “las obras faltantes y que son parte del segundo módulo de entrega están tasadas en unos $750.000 millones”.

Llama poderosamente la atención que no obstante que se esperaba que la entrega del Túnel se hiciera efectiva en 2016, sólo un año después se percataron de que no se había previsto la construcción de la doble calzada desde la boca del túnel hasta Calarcá y tuvieron que salir en volandas a estructurar y diseñar dicho proyecto.

De modo que de haberse cumplido con la entrega del Túnel este no habría conducido a ninguna parte, hubiera sido un túnel ciego. Este hecho puso de manifiesto, una vez más, la imprevisión y la improvisación con que se toman decisiones por parte de los gobiernos, sobre todo en un asunto tan sensible como este.

La tapa

Pero, definitivamente, la tapa de esta triste y descorazonadora historia es como para no creer: como ya dijimos, nos demoramos más de 50 años en tomar la decisión de adelantar este proyecto, para ganar en competitividad, aproximando el centro industrial del país con el puerto de Buenaventura, reduciendo los costos del transporte y el flete; pero resulta que se contrata la ejecución del Túnel de la Línea en una sola dirección.

Tendremos que esperar otros 50 años para acometer la construcción del túnel de retorno. Increíble, pero cierto, 12 años después de su adjudicación, con un atraso en su entrega de 7 años y con un sobre costo de $2.536.000´000.000, se inaugura un túnel inconcluso todavía y lo que es más grave unidireccional.

Queda habilitado para transitar entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), quienes se dirijan hacia el occidente del país deberán continuar subiendo al alto de La Línea.

Según el director del INVÍAS, “en los estudios que se están haciendo de modelación de la carretera, se estima que en veinte años se debe tener el segundo túnel”. Veinte años que se pueden convertir en cincuenta.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Análisis del exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta sobre la difícil coyuntura que atraviesa el sector petrolero mundial.  

Por: AMYLKAR ACOSTA*

13 de agosto de 2020.   Según reveló el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón, tanto los ingresos operacionales como las utilidades de la empresa vienen en caída libre. En el primer trimestre de 2020 las utilidades cayeron el 95% con respecto al primer trimestre del año anterior, reduciéndose a sólo $133.000 millones.

Pero, el registro del segundo trimestre fue aún peor, ya que las utilidades se redujeron a sólo $25.000 millones, 99.3% inferiores a las del mismo trimestre del año pasado. El consolidado para el primer semestre de este año arroja una utilidad de $158.000 millones, la cual contrasta con los $6.2 billones registradas en el primer semestre del 2019.

Este es un duro golpe para las finanzas tanto del Gobierno central como para los departamentos y municipios. El Gobierno central vera reducido ostensiblemente el recaudo de la renta petrolera el año entrante y verá menguado el giro por concepto de dividendos de parte de Ecopetrol, como accionista mayoritaria que es.

Por su parte, las entidades territoriales verán también disminuidos sus ingresos provenientes de las regalías, los cuales, al fin y al cabo, son los únicos recursos ciertos con los cuales cuentan para la inversión.

La razón primordial de este bajonazo en los ingresos y en las utilidades que se extiende a toda la industria petrolera radica en la caída de los precios internacionales del crudo, cuya cotización ha caído más del 40% con respecto al precio promedio del barril del año pasado. A ello se viene a añadir la baja en la producción, que a nivel país alcanzó a rozar los 900.000 barriles/día el año pasado y en el primer semestre de 2020 ha caído hasta los 730.000 barriles/día.

Si por acá llueve…

Definitivamente esta es la mala hora no sólo para Ecopetrolsino para toda la industria petrolera en el mundo, pues, como lo afirma el presidente de Campetrol Germán Espinosa, “la crisis ha impactado de manera generalizada a todas las empresas del sector a nivel global”. En ello ha influido, como es apenas lógico, la virtual parálisis de la economía y las medidas de aislamiento e inmovilización del transporte que se tomaron a nivel mundial como medidas desesperadas para contener la propagación de la pandemia del Covid 19, desencadenando la caída de los precios del crudo, atribuible a la caída de la demanda en más del 10% en el primer semestre de este año.

La gigante ExxonMobil, considerada como la empresa más grande del mundo perdió en el primer trimestre de este año US $610 millones, el peor en 32 años, después de haber registrado utilidades del orden de los US $2.350 millones en el primer trimestre de 2019.

Pero como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, resulta que al cierre del segundo trimestre las ventas cayeron el 53% y sus pérdidas se incrementaron exponencialmente, llegando a los US $9.300 millones.

Desde luego que las empresas que han llevado la peor parte son aquellas que han estado enfocadas en la explotación de crudos pesados, offshore y yacimientos no convencionales (YNC), por incurrir en mayores costos de extracción del crudo.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de crudo para el año completo caerá en promedio 7,9 millones de barriles/día, luego de dejar atrás el “abril negro” y eso a pesar del recorte histórico pactado de la oferta por parte de la OPEP+ de 7,1 millones de barriles/día.

Para el 2021 la AIE muestra un optimismo moderado. Según su previsión, la demanda rondará los 97,4 millones de barriles/día, un avance de 5,3 millones de barriles/día, algo inferior a su proyección anterior y 2,6 millones de barriles/día por debajo del promedio de la demanda en 2019.

Claro está que, como lo advierte The Wall Street Journal, este revés de la industria petrolera no responde sólo al coletazo de la pandemia. Según la publicación, “los pésimos resultados están agravando los problemas para los gigantes del petróleo, que luchaban por atraer inversores incluso antes de la pandemia, ya que las preocupaciones sobre las regulaciones del cambio climático y la creciente competencia de las energías renovables y los vehículos eléctricos nublan el futuro de los combustibles fósiles”.

Esta calamitosa situación de la industria petrolera ha incidido en la cotización y en la valoración de las empresas del sector petrolero, a tal punto que según el mismo The Wall Street Journal el banco de inversión Evercore ISI “BP, PLC, SHELL y Total se cotizan a mínimos de 30 años en relación con el índice S&P 500 general. ExxonMobil se cotiza en su nivel más bajo al índice S&P 500 desde 1977”.

El contraste no puede ser mayor cuando cotejamos la cotización de las acciones y la valoración de las multinacionales petroleras con la de las compañías tecnológicas: en este momento, una acción de NETFLIX vale un 25% más que la de la ExxonMobil. Es más, el valor de mercado de TESLA, la compañía americana fabricante de vehículos eléctricos, es mayor que el de la Toyota y la Volkswagen juntas. Este es un buen indicador de hacia dónde se está moviendo el mundo.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Mis palabras, pronunciadas en la plenaria del Senado de la República el 28 de julio de 1998, con ocasión de un debate de control político a raíz de la decisión del Gobierno Nacional, que no compartí, de liquidar a las electrificadoras subsidiarias de Corelca para privatizar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe resultaron premonitorias: ‘vamos a salir de las llamas para caer en las brasas’.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

10 de agosto de 2020.   Han transcurrido más de dos décadas durante las cuales, lejos de mejorar la prestación del servicio como se prometió, Electricaribe, que fue la empresa que lo asumió, se convirtió para sus usuarios en una verdadera pesadilla, en una calamidad pública, al punto que a la postre el mismo Gobierno Nacional se vio en la penosa necesidad de intervenirla y posteriormente liquidarla. 

El departamento de La Guajira no es la excepción sino la regla, dado que por estar en la cola del sistema, ha llevado la peor parte, al tener que soportar con estoicismo y con paciencia los continuos apagones, racionamientos no programados disfrazados de “mantenimiento”, así como las oscilaciones de voltaje, con el daño consiguiente de los artefactos eléctricos.

Un estudio técnico adelantado por la UPME llegó a la conclusión, aludiendo a esta falencia, que “la ausencia de las obras de refuerzo eléctrico implica una situación de desatención del abastecimiento de energía en su área de influencia”.

Entonces, para mejorar la prestación del servicio se requiere contar con un anillo eléctrico que le de redundancia a la red de transmisión entre los municipios de Riohacha y Maicao, anudada con la subestación eléctrica de Cuestecitas. Con tal fin, ideamos e impulsamos desde el Senado de la República dicho proyecto, con la mira puesta en estabilizar la prestación del servicio de energía y mitigar las contingencias a las que aún están expuestos los usuarios. 

Años más tarde, como ministro de Minas y Energía retomé el tema. En efecto, prioricé dicho proyecto en el Plan5Caribe para su ejecución, con mensaje de urgencia, como quedó consignado en la Resolución 093 de 2014 de la CREG.

En 2016, finalmente, el Gobierno Nacional adjudicó el contrato para ejecutar este proyecto a la firma Elecnorte. Tal y como lo dispone la normatividad legal esta procedió a tramitar la Licencia ambiental y a adelantar las consultas previas correspondientes. Corpoguajira le otorgó la Licencia, la cual conlleva un plan de manejo ambiental (PMA) que incorpora las medidas de mitigación y reparación a que hubiera lugar, las cuales debió asumir la empresa ejecutora de la obra.

Por su parte, el Ministerio del Interior debía certificar, como en efecto lo hizo, las comunidades con las que se deberían adelantar las consultas previas, las que se efectuaron satisfactoriamente con las 154 comunidades entre indígenas y afrodescendientes debidamente certificadas el 11 de septiembre de 2018.

Palos en la rueda

Pero, como no faltan quienes le metan palos en las ruedas para entorpecer el avance de proyectos que como este son de interés colectivo, poniendo en primer lugar sus intereses personales, empezaron a torpedear el avance de la obra. Se interpuso una acción de tutela en la que se alegaba que algunas comunidades habían sido excluidas de dichas consultas, la que en primera instancia fue fallada a favor de las mismas, pero posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Riohacha el 22 de julio de 2019, por no encontrar mérito para ello ni fundamento en sus pretensiones.

No obstante, 32 meses después del Acuerdo suscrito por la empresa con las comunidades debidamente certificadas por el Ministerio del Interior con las que se adelantaron las consultas previas y cuando solamente falta el 10% para terminar el tendido de las líneas y así contar con un sistema redundante que garantice una notoria mejoría en la prestación del servicio, nuevamente y aludiendo los mismos motivos, se presenta una nueva tutela. Esta vez ante el Juzgado penal de circuito y este, sin verificar siquiera la existencia de la “exclusión” que se aduce, contrariando lo dispuesto por el Tribunal Superior, procedió a fallar favorablemente el pasado 21 de julio y lo que es peor ordenó suspender las obras, con grave perjuicio para más de 700.000 usuarios del servicio de energía.

Esto, a todas luces, es un despropósito, tanto más en cuanto que ordenar la parálisis de la ejecución de este importante proyecto es una medida desproporcionada, habida consideración de que si de lo que se trata es de salvaguardar el derecho a la consulta previa que demanda la parte interesada, según Sentencia de la Corte Constitucional SU -123 de 2018 “la consulta procede aun cuando el proyecto esté en marcha e incluso cuando haya finalizado”.

Cabe preguntarse en dónde queda la seguridad jurídica, acaso la competencia para determinar cuál o cuales comunidades deben ser objeto de la consulta previa no es el Ministerio del Interior o ello quedará a merced de los jueces, que contravienen los fallos de sus superiores, pues para ellos no hay cosa juzgada.

Como dice el adagio popular, cada loro en su estaca, de lo contrario situaciones como estas se van a seguir presentando, al dar pábulo para que se abuse de la Consulta previa como derecho fundamental consagrado en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, distorsionándola y desnaturalizándola con el propósito de sacar provecho indebido de la misma.

Este es un precedente funesto y si no se le pone coto, el uso y abuso de las consultas previas por parte de impostores que usurpan y se arrogan la representación de las comunidades en su propio beneficio, pueden dar al traste con los 14 proyectos ya aprobados y contratados para instalar 9 parques eólicos y 5 granjas solares en La Guajira y el Cesar, con los cuales Colombia está dando los primeros pasos de su Transición Energética hacia la generación de energía renovable y limpia, diversificando su matriz energética e imprimiéndole una mayor resiliencia frente al Cambio climático.

Está de por medio, además, una inversión inicial de $10 billones y la generación de 50.000 empleos, beneficio este que terminará extendiéndose al resto del país garantizándole mayor confiabilidad y firmeza a la prestación del servicio de energía.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

El exministro de Minas y Energía Amilkar Acosta hace un análisis sobre la situación de la economía y sus perspectivas para salir de la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19.

Por: AMYLKAR ACOSTA*

3 de agosto de 2020.   La crisis económica global, que se ha visto exacerbada por la pandemia de la Covid–19 y las medidas que se han tomado para su contención, han obligado a los gobiernos a disponer acciones tendientes a evitar su agravamiento, evitando que muchas empresas pasen de la iliquidez a la insolvencia y de esta a la quiebra, aprisionadas por un choque del lado de la oferta y del lado de la demanda, tanto en la economía doméstica como en la economía internacional, sacudida por la caída de los precios de las materias primas, el colapso del turismo y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros.

De allí que las proyecciones sobre el crecimiento del PIB que antes le apostaban al repunte, después de un largo letargo, acentuado por la guerra comercial que desató el presidente de EEUU Donald Trump, ahora todas las proyecciones para este año están en terreno negativo.

Y no es para menos, después de semejante frenazo de la actividad económica. Según las Perspectivas económicas de la OCDE la economía global registrará este año una recesión sin precedentes de -6% si la pandemia “permanece bajo control”, y de -7.6% en caso de una segunda ola, al tiempo que prevé una leve recuperación del 2.8% para 2021.

Su Economista Jefe Laurence Boone vaticina, además, que “la pérdida de ingresos superará todas las recesiones anteriores de los últimos cien años”. Y de contera, según cifras de la OMC, el comercio global se reducirá 32%, peor que el registrado durante la crisis financiera internacional de 2008 – 2009.

Todo indica que Latinoamérica será el epicentro de la recesión económica global, la que llevará la peor parte; de hecho, antes de esta crisis el ritmo de crecimiento de la economía regional venía rezagado con respecto a la media mundial.

Según proyecciones del Banco Mundial, la contracción del PIB en Latinoamérica y el Caribe en 2020 será del -7.2%, más de tres veces mayor que la registrada a raíz de la crisis financiera en 2009, que fue de -1.9%, y la de la crisis de la deuda en 1983, cuya pérdida fue de -2.5%. Según la CEPAL, la economía de la región podría caer este año entre -5.3% y -7% y “quizá lleguemos al -8%”, algo nunca visto.

Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y dolorosa. Al preguntarnos por la forma que tomará, si será en V, saliendo rápidamente del fondo, W con recaída, U con una lenta recuperación o L después de un largo letargo, encontramos una respuesta plausible en el director del Centro para el Desarrollo Internacional Ricardo Hausmann: dicha recuperación tomará la forma del logotipo de Nike (), una recuperación muy lenta después de una caída brusca, de tal suerte que no es dable esperar volver a los niveles de 2019 antes de 2022.

En este contexto, resulta demasiado optimista la aspiración del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de una caída del crecimiento de –5.5% para este año y un repunte inusitado del crecimiento del PIB para el año entrante “por lo menos al 5%” e “incluso del orden del 6%, como pensamos que va a suceder”, contrastando con las proyecciones del Banco Mundial y el FMI para el 2021 del 3.6% y 3.7%, respectivamente.

La recuperación de la economía colombiana estará lastrada por las secuelas que se derivan de la onda recesiva en curso, que ha elevado sensiblemente la tasa de desempleo, la cual registró en abril, primer mes de la cuarentena, el 19.8%,la cual subiría, según Fedesarrollo, hasta el 30% si se le suman los inactivos, con tendencia a su agravamiento. El desempleo afecta el ingreso, así como también al consumo y este, que representa casi el 70% del total de la economía, es el gran impulsor del crecimiento del PIB.

En cuanto al sector externo, además de la contracción del comercio internacional, Colombia enfrenta un estancamientoinveterado de sus exportaciones, las cuales dependen en una altísima proporción de las materias primas, especialmente del carbón y el petróleo. Colombia ocupa el penúltimo lugar en Latinoamérica, en diversificación de sus exportaciones, apenas supera a Venezuela. El bajo índice de exportaciones per cápita (US $1.000) no mejora, pese a los 16 tratados de libre comercio firmados en los últimos veinte años. Como afirma el ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo “nos hemos concentrado mucho en firmar tratados, pero no en aprovecharlos”.

De allí que, para salir del atolladero en que está patinando la economía, se requiere cambiar el modelo económico por otro más sustentable, diversificando la economía, su oferta exportadora y los mercados externos.

Lo advirtió la CEPAL al cierre del año anterior, mucho antes de la pandemia, en su Informe preliminar: “América Latina debe repensar su modelo económico para reducir la desigualdad, telón de fondo de la crisis social que está atravesando la región… En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mejor a las características de la región”. ¡A pensar, entonces, fuera de la caja!

Es inadmisible que siga haciendo carrera en el país el gracejo, inspirado en la concepción neoliberal, según el cual la mejor política industrial es no tener política industrial y la mejor política agrícola es no tener política agrícola. Ello ha sido nefasto para la economía y para el país.

A la vista está que el crecimiento potencial del PIB bajó desde el 4.8 en 2012, insuflado por el largo ciclo de precios altos de las materias primas, a sólo el 3.5%, en el que permanece y lo más grave es que en los últimos cinco años el crecimiento del PIB ha estado por debajo de ese magro crecimiento potencial. A este ritmo Colombia tardará muchos años para revertir la tendencia del desempleo y volver a tasas de desempleo de un solo dígito, así como para recuperar el terreno perdido por cuenta de la actual crisis en materia de reducción de la pobreza y de la desigualdad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Columna del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, publicado en el diario El Tiempo, sobre los pasos que marca el sector mineroenergético para contribuir en la reactivación económica del país.

Por: DIEGO MESA PUYO*

25 de julio de 2020.   El sector mineroenergético es uno de los principales motores de desarrollo social y económico del país: aporta 7 puntos del PIB, uno de cada tres dólares de la inversión extranjera directa y más del 50 por ciento de las exportaciones. 

Entre impuestos, derechos económicos y dividendos, es responsable de cerca del 12 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación. Las regalías que aportan los proyectos de minería e hidrocarburos, más de 24 billones de pesos en el bienio 2019-2020, son fuente fundamental de desarrollo regional, llegando a representar hasta el 30 por ciento de los presupuestos de inversión de los municipios y departamentos productores.

Como consecuencia de la covid-19, el país y su economía afrontan una de las peores crisis de la historia. Según el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, a causa de la pandemia pasamos de una proyección de crecimiento de 3,7 por ciento a una contracción de 5,5 por ciento para el 2020. Pese a este sombrío panorama, el sector mineroenergético tiene la oportunidad de jugar un papel protagónico en la reactivación económica.

Desde el inicio del Gobierno nos propusimos crear las condiciones necesarias para dinamizar y atraer una mayor inversión al sector. Tanto en la Ley de Crecimiento como en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) introdujimos incentivos para las industrias intensivas en el uso de capital como la energía, la minería y los hidrocarburos.

Por ejemplo, redujimos gradualmente el impuesto sobre la renta a las empresas de 33 a 30 por ciento; permitimos que el IVA pagado en la adquisición de activos reales productivos sea ciento por ciento descontable contra el impuesto sobre la renta, eliminando, en la práctica, el IVA a estas inversiones; ampliamos de 5 a 15 años la sobrededucción del 50 por ciento de las inversiones en generación con energías renovables no convencionales y eficiencia energética, e hicimos automática la exclusión del IVA en la compra de paneles solares para democratizar el uso de esta tecnología.

Gracias a este trabajo, hoy tenemos resultados concretos que permitirán impulsar una reactivación sostenible basada en tres ejes estratégicos, la cual incluye 35 proyectos priorizados que suman más de 37 billones de pesos en inversión y 56.000 empleos en los próximos dos años.

El primer eje es acelerar la transición energética con la ejecución de 14 proyectos de energías renovables no convencionales que suman más de 8 billones de pesos en inversión y que nos permitirán dar un salto histórico al pasar de menos de 1 por ciento de generación de este tipo de fuentes a más del 12 por ciento en 2022, uno de los logros más importantes en lo corrido del Gobierno. 

Esto se complementa con la modernización, descentralización y digitalización del sector eléctrico, para lo cual hemos expedido normativa para agilizar trámites en el acceso a beneficios tributarios, hacer más expedito el acceso a puntos de conexión y desplegar la medición inteligente.

El segundo eje es la diversificación de la canasta minera con la ejecución de proyectos de oro y cobre a gran escala, con tecnología de punta y que cumplan con los más altos estándares ambientales. En este renglón tenemos 9 proyectos priorizados que suman cerca de 17 billones de pesos en inversión y 35.000 empleos.

La diversificación minera con metales fundamentales para la transición energética debe ir acompañada de una lucha frontal contra la explotación ilícita de minerales que, al mismo tiempo, apoye y acompañe a quienes quieran hacer el tránsito a la legalidad. 

El tercer eje se concentra en capitalizar la reactivación del sector de hidrocarburos que iniciamos hace dos años. Cuando llegamos al Gobierno habían transcurrido más de cinco años sin firmar un solo contrato de exploración y producción. Gracias al Proceso Permanente de Asignación de Áreas y a mejoras contractuales, hemos firmado 31 nuevos contratos con compromisos exploratorios por cerca de 10 billones de pesos, incluyendo 6 bloques costa afuera. 

El desafío no es menor. Además de las dificultades propias de la pandemia, varios de estos proyectos están en proceso de surtir trámites ambientales y de consulta previa. Sin embargo, con un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y las comunidades, el país tiene todo a favor para sacarlos adelante.

La consigna en este segundo tiempo del Ministerio de Minas y Energía no puede ser otra que impulsar la reactivación sostenible de la economía colombiana. 

*Ministro de Minas y Energía

Análisis del exministro Amilkar Acosta sobre los antecedentes, el texto y el contexto, así como el contenido y alcance del proyecto de reforma del Sistema General de Regalías.

Por: AMYLKAR ACOSTA MEDINA*

17 de julio de 2020.   Se repite la historia. En 2011 se aprobó una reforma al régimen vigente de las regalías mediante el Acto Legislativo 05. Según el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, los ingresos provenientes de las regalías iban a “aumentar de manera sustancial” con la “bonanza” que él auguraba para la segunda década del siglo XXI y que por lo tanto había que “cambiarle la gobernabilidad y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios”. Según sus cuentas alegres, después de haberse recibido por dicho concepto $46.6 billones entre 2000 y 2011, se esperaba recibir $94.8 billones entre 2012 y 2020.

Pero, justamente ese mismo año sirvió de punto de inflexión, a partir del cual empezaron a derrumbarse los precios del carbón, el oro y el ferroníquel primero y posteriormente, a partir de mediados de 2014, cayeron también los precios del petróleo, después de un largo ciclo de precios altos de las materias primas. Ello, como era de esperarse, repercutió en una sensible reducción de las regalías, de tal suerte que entre 2012 y 2018 se recibieron a duras penas $52.1 billones.

A consecuencia del “cambio de gobernabilidad” de dicha reforma, los departamentos y municipios productores y portuarios vieron reducirse drásticamente las regalías directas que recibían, afectadas por partida doble, toda vez que después de recibir en promedio el 74% de la totalidad de las regalías a percibir sólo el 10% como asignación directa y, de contera, tal porcentaje se ha venido aplicando sobre un monto menor de regalías con respecto al 2011 y los años anteriores. 

Ello, desde luego, provocó un gran descontento y una gran inconformidad en las regiones donde operan las empresas que extraen los recursos naturales no renovables (RNNR), sirviendo de detonante y exacerbando la conflictividad social y el rechazo de dicha actividad, poniendo en riesgo la viabilidad de los proyectos extractivos.

La saliente ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez lo percibió y lo dijo claramente, “las regiones productoras no están satisfechas con las regalías que reciben hoy”. Lo propio manifestó la ex directora del DNP Gloria Alonso, “si no les hacemos ver a las regiones productoras los beneficios que puede traer la explotación de los recursos naturales no renovables, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”.

La reforma de la reforma

Este es el origen del Acto Legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto Legislativo 05 de 2011. Se dispuso, entonces, barajar para volver a repartir las regalías, redistribuyéndolas de tal forma que a los departamentos y municipios productores y portuarios se les mejorara su participación.

En efecto, en virtud de esta reforma se le duplica dicha participación pasando la asignación directa del 10% al 20%. Como lo afirmó la ex ministra Suárez, con esta reforma “estamos devolviendo el péndulo y yo espero que esta reforma sea el equilibrio justo, en donde hay más plata para los productores de manera importante y para los no productores también”.

Pero, cabe preguntarse, cómo hacer para lograr que haya “más plata para los productores y para los no productores también”. Ímproba tarea esta, tan difícil como lograr la cuadratura del circulo. Pero este acertijo lo resolvió la ex ministra: la respuesta está en el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías (SGR), que después de contar con el 30% de este y verse reducido al 20% en el Acto Legislativo 04 de 2017, ahora se ve reducido a su mínima expresión, del 4.5%. Como dijo la ex ministra, “se ahorra menos”, “ese es el sacrificio”.

El hecho cierto es que este incremento del 10% al 20% de la asignación directa de las regalías para los departamentos y municipios productores y portuarios no se va a sentir porque, coincidencialmente, tal como sucedió con la reforma de 2011, las regalías se están viendo afectadas por la caída tanto de los precios como de la producción del carbón y del petróleo, los cuales contribuyen con el 85% de las regalías que se generan por la explotación de los RNNR.

En cuanto al carbón se refiere, la producción bajó de 84,2 millones de toneladas en 2018 a 82,2 millones en 2019 y este año difícilmente llegará a los 80 millones de toneladas y su precio se descolgó desde los US $86 la tonelada en 2018 a cotizarse en 2019 a sólo US $42 y este año ha caído hasta los US $33 la tonelada.

En lo que hace relación al petróleo, la producción y el precio que sirvieron de base para el presupuesto bienal del SGR 2019–2020 de $24 billones fue de 937 mil barriles/día y una cotización de US$65 el barril, respectivamente, y este año el volumen de producción de crudo ha caído hasta los 750 mil barriles/día, al tiempo que su cotización oscila alrededor de los US$40 el barril. Huelga decir que las regalías son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las regiones para financiar sus proyectos de inversión.

Lo más preocupante es que la tendencia es hacia la contracción de los mercados tanto del carbón como del petróleo y con ella, concomitantemente, la caída de sus precios, pues, como bien afirma Karen Christiana Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el carbón y el petróleo “tuvieron su momento de sol, pero hoy ya están en el atardecer y tenemos que, prudentemente, buscarles alternativas rápidas”.

Así lo han entendido las propias empresas extractivas. En declaraciones recientes, el saliente presidente de la empresa carbonífera El Cerrejón, Guillermo Fonseca, advirtió que estamos ante “una contracción estructural”, al tiempo que pronostica que “en los próximos cinco años la demanda de carbón del mercado Atlántico (compuesto por Europa, el Mediterráneo y las Américas), nuestro mercado natural, se va a contraer a la mitad”.

Por su parte, Simón Henry, director financiero de la petrolera Royal Dutch Shell, refiriéndose a los hidrocarburos afirmó hace cuatro años que “la demanda alcanzará su nivel máximo antes que los suministros… Y ese pico comenzará entre 5 y 15 años a partir de hoy y será impulsado por eficiencia y sustitución”.

A propósito del desplome de los precios internacionales del carbón, las empresas que lo producen y exportan han puesto el grito en el cielo debido a que al aplicarse, como se ha venido aplicando en el pasado sin reparos el artículo 8 de la Resolución 0887 de diciembre 26 de 2014 de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para determinar el precio – base de liquidación de las regalías, el precio de referencia utilizado en la fórmula para calcularlas resulta superior al precio al cual están vendiendo el carbón en nichos de mercado diferentes a los de enantes.

Lo que se cuestiona por parte de las empresas es que en dicha Resolución se establece que “el precio – base será como mínimo igual al establecido para la liquidación de regalías del carbón de consumo interno” y aducen que el mismo no consulta la realidad del comportamiento de los mercados externos, que obedecen a otra dinámica diferente a la del mercado doméstico.

Está en manos del Ministerio de Minas y Energía la decisión con respecto a la revisión de dicha norma, como lo han solicitado las empresas y ojalá que a la hora de tomarla se consulte y sopese tanto el interés de las empresas como el de las entidades territoriales que podrían, eventualmente, ver menguadas aún más sus regalías por cuenta de un cambio en la regla vigente que no las favorezca.

El carbón y el petróleo nos dan la espalda

A contrario sensu de lo que planteó el nuevo ministro de Minas y Energía Diego Mesa, en el sentido de que “no le vamos a dar la espalda al carbón”, es el carbón y el petróleo los que nos están dando la espalda.

Advertido de ello, en Colombia, como en el resto del mundo, le debemos apostar a una reactivación sostenible, resiliente frente al cambio climático, con cohesión e inclusión social, aparejada con la diversificación de la economía, de las exportaciones y de los mercados externos, al tiempo que se debe volver a propender por la integración regional y la profundización del mercado interno.

Este es el único camino que nos puede conducir a que la economía crezca más y mejor, y de paso dejar de estar expuestos a los vaivenes y altibajos inherentes a la actividad extractiva. Y para transitarlo con éxito es menester un gran pacto político alrededor de la Transformación Productiva y la Transición Energética, para que estas en lugar de obedecer a políticas de gobierno respondan a políticas de Estado, para asegurar su continuidad.

Los ajustes requeridos

Además del marchitamiento del FAE, el Gobierno Nacional, a raíz de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ambiental, con el fin de enfrentar la pandemia de la COVID 19, echó mano abusivamente de los recursos ahorrados tanto en el FAE como en el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) del SGR, por valor de $14.8 billones, para alimentar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), supuestamente en calidad de préstamo.

Preocupa sobremanera que en adelante las regiones no van a ahorrar, como lo venían haciendo, parte de los recursos provenientes de las regalías para cuando sobrevengan las épocas de vacas flacas y quedan con la incertidumbre de no saber cuándo será ese cuándo que la Nación les reintegrará la suma adeudada.

Aunque con esta reforma se dio un paso importante al simplificar el SGR, al diferir su estructuración y la distribución de sus recursos a la Ley que reglamentará el Acto legislativo en lugar de hacerlo en la propia Constitución, como lo hizo el Acto legislativo 05 de 2011, queremos plantear algunas acotaciones.

Si bien se suprimieron los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), que nunca funcionaron de la mejor manera, perviven el del fondo Paz y el de “inversión regional”, en el que se fusionan el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Compensación Regional (FCR) del SGR. Y, lo que es más grave, se establece que la viabilización de los proyectos que se financien con tales recursos se mantendrá en cabeza de los ministerios y de los departamentos administrativos del orden nacional, menoscabando la autonomía territorial consagrada en los artículos 1º, 3º y 287 de la Constitución Política.

Es de advertir que sigue vigente la norma según la cual “los proyectos de inversión susceptibles de financiamiento por los fondos de desarrollo regional y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su aprobación y designación de la entidad ejecutora deberán ser acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”. Es decir, que el Gobierno central con su poder de veto en las decisiones de este OCAD, una vez más, va en contravía del principio de la autonomía territorial.

La oportunidad para introducirle los ajustes requeridos, entre ellos la supresión del odioso veto, es el proyecto de ley que reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, el cual, por omisión del Congreso, al no darle trámite en las sesiones que se clausuraron el pasado 20 de junio, habilitó, como lo prevé el parágrafo 2º transitorio del artículo 1º de dicho Acto legislativo, al Presidente de la República Iván Duque para que sea él quien la expida mediante Decreto – Ley, en orden a garantizar “la operación del Sistema según el nuevo marco constitucional”.

Dada la importancia, trascendencia y la sensibilidad regional que despierta esta Ley, es de esperarse que su texto sea concertado con las regiones, las cuales, al fin y al cabo, son las titulares de los recursos provenientes de las regalías.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.