Buena por esa, Ecopetrol

Ecopetrol acaba de revelar sus resultados operacionales del primer semestre de este año, los cuales son muy alentadores.

Por: AMILKAR D. ACOSTA*

7 de agosto de 2021.  No obstante que la producción de crudo de Ecopetrol viene en picada, desde los 726.000/día en el primer semestre de 2019 a los 706.100 en 2020 y los 668.400 en 2021, para el mismo período, la utilidad neta pasó de $6,23 billones en 2019 a los $160 mil millones en 2020 y para el primer semestre de este año alcanzó los $6,81billones.

Ello se explica en gran medida por el comportamiento de los precios internacionales del crudo, los cuales se incrementaron en más del 40% con respecto a su cotización del año anterior, promediando los US $69 el barril de la referencia Brent. Huelga decir que Ecopetrol tenía una previsión de precio para su presupuesto de este año de sólo US $45 el barril. A ello se vino a sumar la apreciación del dólar que ha llevado la tasa de cambio a un promedio en el primer semestre de este año de $3.691.

A este resultado han contribuido también, y de qué manera, la mayor eficiencia tanto en la operación, logrando bajar el umbral del “dolor” a partir del cual es rentable extraer el barril de crudo hasta los US $30, así como su gestión comercial, logrando reducir el descuento con respecto a la cotización internacional de su canasta de crudos desde los US $10 por barril hasta los US $4, al tiempo que, ante la contracción del mercado estadounidense, se abrió su propio nicho en el mercado asiático, destino actual del 49% de sus exportaciones.

Desde luego que este buen resultado favorece las finanzas de Ecopetrol y de paso a las de la Nación. El reparto de dividendos a sus accionistas pasaría de los $1,7 billones de este año a los $6 billones el año entrante y, como es obvio, un mayor recaudo por concepto de impuesto de renta proveniente de la estatal petrolera y de contera también se beneficiarán las entidades territoriales, al percibir mayores regalías.

Coincide esta buena noticia, “de la evolución favorable de la situación financiera de Ecopetrol”, con la concreción de su oferta a la Nación, esta vez con carácter vinculante, para la compra del 51,4% de las acciones de esta en ISA. Esta operación, en mi concepto, es una jugada maestra que le permite al Estado enajenar un activo estratégico con el fin de cuadrar caja, sin perder el control del mismo.

Ecopetrol, además con esta adquisición diversifica su matriz de riesgo y su portafolio de inversión en una actividad que no está tan expuesta a la volatilidad de los precios como es el caso del petróleo y da un paso en la misma dirección que la industria petrolera de cara a la Transición Energética, reconvirtiéndose y apostándole, como ya lo viene haciendo, a las energías renovables.

Claro está, este buen desempeño de la empresa no puede llevar a sus directivas a obnubilarse y perder la perspectiva hacia el futuro de los hidrocarburos, cuya suerte está echada desde que en 2015 se aprobó el Acuerdo de París en el seno de la 21ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21). Ese mismo año se aprobó también la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se plasmó en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

El Acuerdo de París y la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible convergen en el propósito de descarbonizar la economía, como estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así combatir eficazmente el catastrófico cambio climático y sus devastadores efectos.

Desde entonces, todas las fuentes primarias de energía de origen fósil (el carbón, el petróleo y el gas) están sentenciadas, sus días están contados, al punto que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha dado un giro de 180 grados y empieza a darles la espalda.

En efecto, en un pronunciamiento reciente manifestó que “nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo” y fue más lejos al pedir al mundo “renunciar desde ya a la industria petrolera”.

Por ello, hace bien Ecopetrol al comprometerse con la Agenda de París y con los ODS, reduciendo la huella de carbono en sus actividades de extracción, transporte y refinación de crudo, concomitantemente con su apuesta por las energías renovables y limpias.

Recientemente instaló una granja solar fotovoltaica en el municipio Castilla La Nueva (Meta), la mayor del país, con una capacidad de 21 MW, suministrando con ella el 30% de la energía que demanda uno de sus más importantes campos de producción: Castilla.

De esta manera, Ecopetrol puso la pica en Flandes para avanzar con paso firme por el camino de la Transición Energética y aspira a llegar a los 400 MW de capacidad de generación de electricidad con base en fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.

El presidente Ecopetrol Felipe Bayón ha sido categórico al afirmar que el compromiso de la empresa es “tener cero emisiones netas de carbono al año 2050”.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Carbono neutro: Todos ponen… pero no lo mismo

En la lucha contra el cambio climático no sólo hay que pensar cuánto reducimos las emisiones sino cómo. Sobre todo ahora que el país va a asumir compromisos que tendrán enormes implicaciones para todos.

Por: TOMÁS GONZÁLEZ* 

7 de agosto de 2021.   Quizá el mayor aporte de Antanas Mockus —uno de los más singulares líderes políticos que ha tenido nuestro país— fue su filosofía del “todos ponen”. Con esa enorme capacidad que tiene para explicar cosas difíciles de manera fácil, el profesor Mockus hizo su campaña a la alcaldía de Bogotá a partir de una pirinola que simbolizaba su forma de pensar frente a los asuntos públicos: si todos ponen va a haber mucho más para que todos tomen.

Con este profundo pero sencillo enfoque ganó las elecciones a la alcaldía y capturó la imaginación de los bogotanos que se embarcaron en un proyecto de cultura ciudadana sin precedentes. El poder de la filosofía del “todos ponen” radica, a mi modo de ver, en los mensajes que enfatiza: que cómo nos vaya depende del esfuerzo colectivo, que todos debemos contribuir, pero que no todos debemos poner lo mismo.

Este último punto lo captura maravillosamente el meme de Craig Froehle sobre igualdad y justicia que se volvió viral en redes: para que un resultado sea justo no a todos se les debe pedir lo mismo.


Adaptado de Craig Froehle / Angus Maguire.

¿Qué tiene que ver esto con la energía y la lucha contra el cambio climático? La respuesta corta es que Colombia decidió comprometerse a llevar a cero sus emisiones netas de CO2 (carbono-neutralidad) a 2050 sin que todavía esté muy claro cómo va a repartirse el esfuerzo para lograrlo. Esto, que puede parecer esotérico y distante, tiene grandes consecuencias económicas y sociales. Si, como quisiéramos, el país crece sostenidamente a tasas superiores al 4%, análisis realizados por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) muestran el tamaño del esfuerzo que Colombia tendría que hacer para cumplir la meta de carbono neutralidad anunciada por el gobierno.

La combinación de crecimiento elevado (que aumenta el consumo de energía) y de reducción acelerada de emisiones (que obliga a recurrir a fuentes limpias) supone grandes cambios para la industria, los hogares, el transporte y, por supuesto, la producción de energía. Por un lado, la capacidad de generación eléctrica tendría que multiplicarse más de cinco veces ante la necesidad de atender la demanda principalmente con fuentes intermitentes como sol y viento, lo cual llevaría a su vez a fuertes incrementos en los precios de la electricidad.

Por el lado de la demanda supondría aumentar drásticamente la eficiencia en el consumo, lo que supone un cambio masivo de equipos como calderas en la industria, neveras, lavadoras y aires acondicionados en los hogares, así como chatarrización de buses y camiones viejos.

¿Cómo se financiarían estos cambios? Si es con ayuda del gobierno, ¿a quiénes ayudaría y cómo? ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿Cómo se enfrentaría una posible pérdida de competitividad por el aumento en los precios de la energía? ¿Se mantendría el actual esquema de subsidios a la energía a pesar de los eventuales aumentos en sus precios? ¿Cómo se compensaría el impacto fiscal de la pérdida de regalías e impuestos ante la caída en la producción de combustibles fósiles? ¿Qué apoyo se la daría, por ejemplo, a sectores productivos como los pequeños productores de carbón del interior del país cuando pierdan su sustento? ¿Cómo se ayudaría a los hogares más vulnerables que necesiten cambiar sus electrodomésticos? ¿Qué previsiones se están haciendo para facilitar los cambios tecnológicos que podrían aminorar estas dificultades?

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil. Sin embargo, debemos contestarlas para asegurar que la transición energética sea efectiva y minimice sus costos económicos y sociales, lo cual nos lleva de vuelta al meme de la justicia.

Si suponemos que las personas representan los sectores productivos, su altura el costo social de reducir una tonelada de emisiones y la cerca la magnitud de la meta de reducción, claramente no todos los sectores deben hacer el mismo esfuerzo. Sería ineficiente. Lo eficiente es que a quien le cuesta menos (el más bajito) haga más esfuerzo (más cajas) para llegar a la meta, mientras que a los sectores que más les cuesta hagan menos.

En el caso de Colombia, la Universidad de los Andes realizó hace algunos años un estudio que identificó cerca de 80 proyectos para reducir emisiones de gases efecto invernadero a 2030 en todos los sectores de la economía y calculó para cada uno el costo por tonelada reducida. Su conclusiones muestran que, de los 10 proyectos que generan la mitad de las reducciones 9 no están en el sector energético, y que 21 de los 25 proyectos con menores costos de reducción por tonelada están en la agricultura, el transporte y la industria.

Lo anterior  no quiere decir que el sector energético no deba contribuir a la lucha contra el cambio climático, sino que debe hacerlo de acuerdo con sus costos de reducción de emisiones y de cómo estos se comparen con los de otros sectores. En lugar de satanizar tecnologías o sectores debemos encontrar la combinación de medidas que nos permitan cumplir las metas a mínimo costo.

En un sentido más general, y consistente con el principio de que no todos deberían poner lo mismo, esta discusión supone preguntarse por criterios complementarios para la asignación del esfuerzo: ¿Debe hacer más esfuerzo el que más emite? ¿Debe aportar más el que más recursos tiene? Ambas preguntas tienen que alimentar la estrategia de Colombia al ser el sustento del principio de responsabilidad compartida en el que la comunidad internacional debería asumir parte de nuestros esfuerzos de descarbonización.

Estar comprometido con el cambio climático no es desechar el carbón y el petróleo; es apoyar el mejor paquete para nuestras necesidades ambientales, pero también para las de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si lo pensamos así, es posible que entendamos que es preferible el pragmatismo al fundamentalismo y que la meta de descarbonización se puede cumplir con menos polarización, más tranquilidad y menores costos.

Volviendo al meme y considerando los costos, cabe preguntarse también si no tendría sentido considerar la altura de la cerca. ¿Es necesario que nuestra carbono-neutralidad sea en 2050?

Artículo originalmente publicado en La Silla Vacía el 30 de enero de 2021.

AutoGLP y NautiGLP, hacia un futuro energético más limpio

El GLP, como combustible de transición, es sin duda un pasaporte hacia un futuro energético más limpio para Colombia.

Por: ALEJANDRO MARTÍNEZ VILLEGAS*

7 de agosto de 2021.   En el mundo se ha vuelto una meta común la conversión de la canasta energética hacia energías renovables y, por eso, los países más poderosos del planeta han establecido políticas y planes concretos para eliminar su dependencia de los combustibles fósiles.

Es fácil estar de acuerdo con este planteamiento que busca reducir los niveles de contaminación del planeta y recuperarlo para las futuras generaciones, pero muchas veces el tema se trata a la ligera. No podemos perder de vista que esta no es una tarea sencilla ni de corto plazo y que conlleva retos serios, dada la enorme dependencia de los combustibles fósiles que tiene el mundo de hoy, situación de la cual no escapa Colombia.

Así las cosas, es claro que se necesita en nuestro país un plan de transición entre la canasta actual y una futura conformada por fuentes de energía renovable. Dicho plan implicará reducir gradualmente nuestra dependencia del petróleo (del cual el país tiene cada vez menos reservas descubiertas) y sus derivados, y usar menos energéticos contaminantes, que disminuyan el aporte de carbono y que, por lo tanto, impacten menos al medio ambiente.

Es lo que podemos llamar combustibles de transición, tales como los gases combustibles (gas licuado del petróleo -GLP- y gas natural). Pero haciendo conciencia de que esta no será una transición corta, porque abastecerse al ciento por ciento con energías renovables requiere tiempo, tecnología y dinero, el país debe plasmar este proceso en un plan gradual bien estructurado y con metas realistas.

Por todo lo anterior, es muy importante para la diversificación de nuestra canasta energética la reciente aprobación del Proyecto de Ley 391-21S, que ampliará el uso del Gas Licuado del Petróleo (GLP) como combustible para los vehículos (AutoGLP) y motores náuticos (NautiGLP).

La Ley, que ya fue sancionada como Ley de la República, va a generar impactos positivos en el medio ambiente, el bienestar de la población y el acceso a un servicio público de calidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022): “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

La ley en mención promueve en el sector automotor una nueva alternativa de energía limpia para garantizar una movilidad terrestre, marítima y fluvial sostenible con el autoGLP y el nautiGLP, cuyo uso se dinamizará mediante una serie de incentivos como: i) exenciones a restricción vehicular (pico y placa), ii) sistema de etiquetado de vehículos, iii) fortalecimiento del SICOM (Sistema de información de combustibles líquidos), iv) cumplimiento de una cuota mínima del 30% de vehículos nuevos a gas combustible en el sector de transporte público, automotor de carga y servicio especial, v) disminución tarifa de impuesto sobre vehículos y vi) la exención del certificado de emisiones por 10 años.

De acuerdo con la Asociación Mundial del GLP (WLPGA, por su sigla en inglés), los automóviles cuyos motores utilizan autoGLP -en condiciones equivalentes a los que usan gasolina- emiten 81% menos de material particulado y 21% menos de monóxido de carbono; y comparado con los motores diésel, el GLP genera 74% menos partículas y 81% menos emisiones de carbono.

Otra ventaja del GLP para uso vehicular o náutico, es que es un combustible que se puede transportar fácilmente a cualquier lugar de nuestra geografía, ya sea por mar, ferrocarril, ducto o carretera, por lo cual estaría disponible con relativa rapidez en cualquier región.

El autoGLP no requiere de una infraestructura de transporte dedicada ni costosa. Existe, además, la alternativa de realizar una baja inversión para adaptar los vehículos originalmente diseñados para otros combustibles, por lo cual el ahorro, cuando se compara con otro tipo de conversión, es significativo.

La eficiencia energética del autoGLP es otra de sus virtudes: al tener un gran poder calorífico, permite a los automóviles que antes funcionaban con gasolina o diésel, conservar su potencia y explica porqué a nivel mundial camiones y vehículos de carga lo prefieren sobre otros combustibles alternativos.

La inclusión creciente de los gases combustibles en nuestra canasta energética nos permitirá avanzar en forma confiable hacia las energías renovables, haciendo la matriz cada vez más limpia, con un acercamiento gradual a las metas más ambiciosas en materia ambiental.

El GLP, como combustible de transición, es sin duda un pasaporte hacia un futuro energético más limpio para Colombia.

*Ex Viceministro de Minas y Energía y presidente de Gasnova.

Una nueva era para los gases combustibles en Colombia

Una nueva era de negocios alrededor de los gases combustibles en Colombia comienza con la expedición de la Ley 2128 de 2021, la cual promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y la ampliación en su cobertura.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

7 de agosto de 2021.   El gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP), en sus usos de primera generación, han logrado posicionarse en algunos sectores, como el residencial, el industrial y la generación térmica.

Con la expedición la Ley 2128 de 2021 comienza una nueva era para el gas, una era de usos de última generación del gas natural, donde este combustible se convierte en precursor de la transición energética, esto a partir de procesos como la compresión, licuefacción y la transformación para producir energía eléctrica e impulsar vehículos con menos emisiones contaminantes.

Un ejemplo de lo que trae esta ley es que desaparecen los usuarios regulados tratándose de autogeneración o cogeneración, porque todos serán tratados como usuarios no regulados.

Con esta ley los usuarios que utilicen gas para actividades de autogeneración y cogeneración, sin importar el nivel de consumo, serán tratados como grandes consumidores lo que les permitirá negociar precios y condiciones del contrato.

Como se observa, esta nueva generación del gas trae incentivos para incrementar la oferta y la demanda del energético, con lo cual ganan todos los actores y gana el país, en la medida que estas nuevas oportunidades se convierten en negocios que reactivaran la economía.

Con la nueva ley también se impulsan el abastecimiento y la oferta de gas natural y GLP, tanto el local como el importado; nuevos usos del gas, la generación de energía eléctrica, subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros, declaratoria de interés nacional y estratégico y el transporte terrestre automotor de carga.

También llegan incentivos tributarios para los vehículos que operen con gas natural o GLP, cuya tarifa no podrá superar en ningún caso el uno por ciento del valor comercial del vehículo y quedarán exentos por un término de diez años a partir de la fecha de matrícula del automotor, de obtener el certificado de emisiones contaminantes.

En cuanto al gas importado, señala que se debe incluir en los Planes de Abastecimiento de Gas Natural y GLP proyectos necesarios para la conexión de gas natural proveniente de fuentes offshore.  

Ahora bien, frente a la pregunta de quién paga la infraestructura de importación, la nueva ley ratifica que los costos de la infraestructura de regasificación e importación que sea impulsada por el Gobierno Nacional por medio de los Planes de Abastecimiento de Gas Natural y GLP serán asumidos por la demanda beneficiada.

En términos generales, esta ley es vital para el sector del transporte terrestre y náutico porque promueve el uso del GLP como combustible: AutoGLP y NautiGLP, así como del GNV en vehículos de transporte público terrestre de pasajeros y en vehículos de transporte terrestre de carga.

Así, se abre una nueva era de los gases limpios en Colombia, con la aparición de nuevos esquemas y negocios que ayudarán a la reducción de emisiones de CO2.

*Abogado socio de OGE Legal Services

El GLP, un combustible al alza

La variabilidad y la volatilidad de los precios internacionales del petróleo se da en un mercado de países ganadores, los productores – exportadores, y de perdedores, aquellos que lo importan, y el impacto se siente en toda la cadena de los hidrocarburos.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

31 de julio de 2021.   En los últimos meses, los precios del crudo se han elevado ostensiblemente como consecuencia de un efecto combinado de la cartelización de la oferta por parte de la OPEP+ y de la reactivación de las dos economías más poderosas del mundo: EEUU y China, y la consiguiente mayor demanda del oro negro.

Y con el aumento de los precios del crudo sobreviene el aumento inusitado del precio de sus derivados, entre ellos el gas licuado del petróleo (GLP), más conocido como gas propano.

A ello ha contribuido, además, la alta demanda de GLP desde Asia: de una parte, la China que está demandando grandes cantidades de propano para su creciente industria petroquímica y de la otra el crecimiento de la demanda de India, que lleva varios años ejecutando un exitoso programa de sustitución de leña por GLP en las familias más pobres del país.

El incremento de los precios internacionales del GLP ha llevado a elevar en forma significativa los precios regulados a los que vende Ecopetrol su GLP al mercado colombiano.

Esta situación implica para el país importantes retos regulatorios, no solo para mitigar el impacto de esta alza de precios en los más de 12 millones de colombianos que hoy lo utilizan para cocinar, sino también para lograr el necesario propósito de ampliar la participación de este combustible limpio la nuestra canasta energética, frente a los compromisos en materia de reducción de los gases de efecto invernadero en un 51% hacia el 2030.

Debe resaltarse que, enhorabuena, fue expedida la Ley 2099 de 2021, mediante la cual se amplió el espectro de la Ley 1715, incluyendo el GLP y el gas natural como combustibles de transición dentro de la canasta energética.

En la nueva ley se establecen incentivos para la masificación del uso de estos combustibles limpios y se fijan obligaciones concretas al gobierno nacional en este sentido, atendiendo los compromisos globales del país para atender el riesgo que implica el calentamiento global.

Se incluyen en esta iniciativa parlamentaria decisiones tan importantes como la obligatoriedad de ejecutar sendos programas para la sustitución de leña, carbón y residuos por gas combustible y otro programa de generación de energía eléctrica para las zonas no interconectadas, que hoy usan principalmente el diésel como combustible para las plantas de generación, costando más el transporte que el mismo precio.

Pero estas decisiones de política pública del legislativo se enfrentan con una amenaza: el alza desproporcionada en los últimos meses del precio regulado del GLP que vende Ecopetrol.

En julio el incremento del precio del GLP frente al mes anterior fue del 25%, acumulando ya la impresionante cifra de un incremento de más del 80%, de diciembre pasado a junio de 2021.

Ello le pone un freno de mano a la reconversión del consumo de la leña y el carbón vegetal por GLP, en momentos en los que se incrementa la deforestación en el país, uno de los principales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero que se pretenden disminuir. Ello va a contrapelo de la reciente recomendación de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de usar GLP para reducir la contaminación del aire doméstico, “porque es limpio y salva vidas”.

Es motivo de preocupación que esta situación de precios altos del GLP se agravará finalizando el año, cuando llegue el invierno en el hemisferio norte, con los consabidos mayores aumentos en los precios del GLP por el incremento en la demanda para calefacción. A ello se añade la trepada de la cotización del dólar, que está rozando los $4.000.

Así que no da espera la toma de decisiones gubernamentales para mitigar el coletazo de los impactos del precio internacional en el mercado de este servicio público en nuestro país. Es tanto más urgente la intervención del gobierno, habida cuenta que los hogares han visto menoscabados sus ingresos en el último año a consecuencia de la pandemia.

El abanico de decisiones está allí y el país cuenta con las experiencias vividas con los combustibles líquidos, cuyos precios internacionales también han implicado la toma de decisiones como el establecimiento de promedios móviles para los precios internacionales y para el tipo de cambio.

En el sector del gas natural la situación se ha manejado en la medida en que los precios tienen vigencia anual y no mensual, como sí sucede en el GLP y los combustibles líquidos.

Finalmente, queda Ecopetrol, que viene reduciendo sostenidamente su oferta de GLP al mercado, debido a que decidió usarlo en procesos internos que le resultan mas rentables.

Sería conveniente para el país que Ecopetrol reconsiderara estas decisiones que obligarán al país, en el segundo semestre de 2021, a importar cantidades crecientes de GLP para completar la oferta al mercado nacional.

Ya es excesiva el alza como para tener que sumarle a esta crítica situación el costo del transporte del GLP importado desde EEUU hasta los puertos colombianos.

La responsabilidad social de la empresa estatal también cobija a los 12 millones de usuarios que podrían verse forzados a volver a utilizar la leña para cocinar sus alimentos.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Los productores de petróleo y gas y la energía geotérmica

La generación de energía geotérmica es la proveniente del calor que se encuentra en el subsuelo, por ejemplo, de las áreas asignadas por la ANH en los contratos de exploración y producción de petróleo y gas.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

30 de julio de 2021.   Los inversionistas que celebran contratos de exploración y producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adquieren de forma exclusiva el derecho a explorar en las áreas asignadas y, aunque existen exclusiones respecto de algunos recursos naturales, tienen una ventaja para la generación de energía geotérmica por la autorización que tienen sobre las áreas.

La energía geotérmica se reconoce como de última generación, y con la expedición de la ley 1715 de 2014 y la ley 2099 de 2021 se fortaleció su aprovechamiento por las empresas productoras de gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo.

A partir del desarrollo de la energía geotérmica resultan ventajas como la participación en las fuentes no convencionales de energía renovable, especialmente en energéticos de última generación; contar con autoabastecimiento de energía en los campos de producción; obtención de certificados de energía renovable; aplicación para la no causación del impuesto al carbono e ingresos por la venta de excedentes de energía eléctrica.

Dentro de la nueva ley se destaca que en la escena institucional y jurídica el Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la entidad que designe, determinará los requisitos y requerimientos técnicos que han de cumplir los proyectos de exploración y de explotación del recurso geotérmico para generar energía eléctrica.

Se creará un registro geotérmico donde estarán inscritos todos aquellos proyectos destinados a explorar y explotar la geotermia para generar energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía podrá cobrar una contraprestación a los interesados en desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica con geotermia por la delimitación de las áreas en las que dichos proyectos se adelanten, a través del Registro Geotérmico.

Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía podrá adoptar las medidas necesarias para evitar la superposición de proyectos de geotermia, dentro de lo cual podrá definir las áreas que no serán objeto de registro; y determinar las condiciones, plazos, requisitos y las obligaciones bajo las cuales los interesados obtendrán, mantendrán y perderán su registro.

La ley de transición energética faculta al Ministerio para adelantar el seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos y requerimientos técnicos que se definan para la exploración y explotación del recurso geotérmico, a tal punto que puede imponer las sanciones a quienes incumplan esos requisitos en el desarrollo de actividades relacionadas con proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la geotermia.

Finalmente, este tipo de proyectos tienen la calificación de fuentes no convencionales de energía renovable y por ello tienen derecho a aplicar incentivos tributarios como exclusión del IVA, descuento en renta, depreciación acelerada y exención del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumas destinados exclusivamente para labores de inversión o reinversión en proyectos de energía geotérmica.

*Abogado y socio fundador de OGE Legal Services.

La reforma tributaria 2.0

Después del retiro forzado de la fallida reforma tributaria que llevaba la impronta del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue defenestrado del gabinete por cuenta de la misma, el Congreso de la República se apresta a debatir el proyecto de reforma tributaria 2.0, radicado por el novel ministro José Manuel Restrepo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

24 de julio de 2021.   Con este, la administración Duque completa cuatro proyectos de reformas tributarias, una por año, récord histórico, dos de ellas frustráneas, la Ley 1943 de 2018 de “financiamiento” y el proyecto de ley 594 de 2021 de “solidaridad sostenible”, la primera por fallo adverso de la Corte Constitucional y la segunda por el estallido social que provocó. Sólo se salvó la Ley 2010 de 2019 de “crecimiento”.

Esta vez el proyecto de reforma tributaria 027 Cámara de “inversión social” cuenta con mensaje de urgencia, con la finalidad de abreviar los tiempos de su trámite, dada la premura de su aprobación, máxime cuando esta es la última legislatura del actual Congreso, mediada por la campaña electoral de cara a las elecciones de marzo y mayo del año entrante, lo cual interfiere el normal curso de sus sesiones ordinarias, caracterizadas ahora por un mayor ausentismo de los congresistas.

Este es el contexto en el cual se abordará su texto, el cual viene precedido, según lo ha anunciado el ministro Restrepo, de un amplio proceso de concertación en contraste con la que pretendió imponer en el Congreso de la República el ministro Carrasquilla.

Podríamos decir, para comenzar, que este texto contiene sólo 35 artículos, sin mayores pretensiones, pues su ambición no va más allá de un recaudo de $15,2 billones, en comparación con la reforma que no fue, cuyo farragoso texto constaba de 163 artículos y aspiraba a recaudar $28 billones, de los cuales $4,6 se transferirían a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Esta es la reforma posible, al fin y al cabo, como sostuvo Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Con razón acota el experto y director de la Maestría en Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo que este es un proyecto de reforma tributaria con más alcance político que fiscal. Arguye él que esta “es una forma de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro Democrático y de preparar la campaña electoral que comienza”.

Este proyecto de reforma tributaria se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no propone ampliar la base de la tributación del impuesto de renta para las personas naturales, con lo cual se libra sobre todo la clase media de que le metan la mano al bolsillo cuando 2´175.000 personas en dicha condición pasaron en 2020 a ser vulnerables y 659.000 de estos cayeron nuevamente en la pobreza que habían superado.

Pero, de paso, se favorece también a los más pudientes, a los del quintil 5, quienes si bien vieron menguados sus ingresos en 10,1%, en el otro extremo los del quintil 1 perdieron el 24,6%, más del doble. Luego, los de más altos ingresos mantienen su capacidad contributiva prácticamente intacta, pero, como dicen en Norte de Santander, al lado del enfermo come el alentado.

Tampoco toca el IVA, el más sensible de los impuestos dado su carácter regresivo, cuyo incremento sucesivo de sus tasas es tal vez lo que más ha contribuido a la regresividad del Estatuto Tributario en Colombia, a contrapelo de lo dispuesto en la Constitución Política.

También se dejaron de lado varias de las propuestas que traía el anterior proyecto de reforma, como fue elevar el impuesto al patrimonio del 10% al 15%, al tiempo que el programa de ingreso solidario, que se había planteado con carácter permanente ahora será temporal, sólo va hasta diciembre del año entrante. Ello llevó al economista Eduardo Lora a afirmar que “si la protesta social era para rechazar una reforma por regresiva, pues ahora tenemos una que ayuda menos a los pobres”.

En medio del barullo y el alboroto causado por el fiasco de la execrable y execrada reforma tributaria propuesta por Carrasquilla, el gremio empresarial encabezado por el presidente de la ANDI Bruce McMaster le propuso al gobierno y al Congreso revertir parte de los beneficios de los cuales habían sido objeto en la Ley de “crecimiento”. Su mensaje no pudo ser más categórico: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”.

Sin embargo, su ofrecimiento fue desdeñado y desestimado, sólo tres meses después fue tardía y parcialmente acogido por el ministro Restrepo, perdiendo un tiempo precioso, pues con esta propuesta sumada a la de FENALCO-ACOPI se pudo haber tramitado y aprobado en las sesiones del Congreso de la República que se clausuraron el pasado 20 de junio, así hubiera sido necesario incluirla en la agenda de las sesiones extras que fueron convocadas para otros proyectos, dada su urgencia.

Así se le hubiera podido salir al paso al pronunciamiento de las calificadoras de riesgo con la consiguiente pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana, con todas sus nefastas consecuencias.

Ello es tanto más extraño al constatar que la propuesta que finalmente se presentó no dista mucho de la de los gremios, motivados por la necesidad de incentivar la demanda, que es el mayor estímulo de la oferta, la producción y la generación de empleo, pues bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado. Lección aprendida del economista John Maynard Keynes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La movida de Glencore en El Cerrejón

La multinacional suiza Glencore acordó adquirir las acciones de sus socios BH Billiton y la Anglo American, haciéndose al control total del complejo carbonífero El Cerrejón en La Guajira, segundo productor y exportador de carbón térmico después de Drumond, empresa que opera en Cesar.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

19 de julio de 2021.   La operación conllevará la compra del 66.6% de las acciones del consorcio que hoy están en manos de sus partners BH Billiton y Anglo American. Esta transacción, según los despachos de prensa internacionales, le implicaría a Glencore un desembolso de US $588 millones, aproximadamente. 

El año anterior el carbón térmico experimentó una caída en el precio, que llegó a cotizarse a US $33 la tonelada, precio que no se veía desde 2004, y en la producción, que pasó de 25,8 millones de toneladas en 2019 a 13,6 millones de toneladas en 2020 en El Cerrejón y de 32,7 millones de toneladas a 29,6 millones de toneladas para Drumond, en medio de la recesión económica mundial y la contracción de los mercados.

La proyección que tienen las dos empresas para 2021 es la de producir 26,3 millones y entre 31,5 y 33 millones de toneladas, respectivamente, en momentos en los que se ha producido un rebote de los precios y los futuros del carbón de alta calidad, como los de Colombia, subieron hasta los US $118 la tonelada, el nivel más alto desde 2012.

Esta movida por parte de Glencore no deja de causar perplejidad y confusión, después que determinó recientemente devolverle a la Agencia Nacional Minera (ANM) los títulos mineros de las minas de Calenturitas y la Jagua en el Cesar, las cuales venían siendo operadas por su filial Prodeco. Tanto más en cuanto que desde 2017 anunció su “renuncia al carbón” y en su lugar “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas para la Transición Energética”.

Desde el año anterior era un rumor a voces que las tres empresas socias de El Cerrejón se aprestaban a desinvertir en la actividad extractiva de carbón, dado su compromiso con el Acuerdo de París encaminado hacia la descarbonización de la economía global y así poder combatir eficazmente el cambio climático. ¿Cómo explicar, entonces, este paso aparentemente contradictorio que está dando Glencore?

En mi concepto, cuando esta multinacional afirma que “asumir el control total de la mina es la mejor decisión”, la cual tomó no sin antes estudiar “cuidadosamente todas las opciones” para respetar sus compromisos incluidos dentro del Acuerdo de París sobre el clima, está mandando un mensaje subliminal.

Glencore la tiene clara. Se trata de la filigrana de una movida estratégica de un repliegue táctico de la actividad carbonífera y evitar así una desbandada, protegiendo de paso los intereses de sus accionistas.

Según el consejero Delegado de Glencore Iván Glasenberg, “vender nuestros activos en combustibles fósiles y pasar el problema a otro no es la solución y no reducirá las emisiones” de gases de efecto invernadero (GEI). Reafirma, además, el propósito de la multinacional de una retirada y un manejo del portafolio de sus inversiones en combustibles fósiles de una manera “responsable y también consistente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París”

La verdad es que para Glencore es mejor negocio comprarle a sus socios su participación para después salir a vender la totalidad de las acciones que vender sólo las suyas, dado que para quien las adquiera el mayor atractivo es hacerse al control de la operación, que no lo da el 33.3% que hoy tiene a su haber Glencore.

Entre tanto, advertidos como estamos de que la industria del carbón tiene sus días contados, no nos podemos dejar deslumbrar por los destellos de los altos precios actuales del carbón, que serán flor de un día.

Tenemos que seguir preparándonos para la transición hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), en las cuales Colombia tiene un enorme potencial. Concomitantemente se debe avanzar en la estrategia de transformación productiva para diversificar la economía y de esta manera reducir la dependencia de la actividad extractiva, única forma de alcanzar un mayor crecimiento del PIB sostenible en el tiempo.

El riesgo que entraña la actual coyuntura de precios altos de los commodities, es que termine siendo un somnífero que lleve a bajar la guardia y a caer prisioneros de la autocomplacencia, lo que a la larga le pasaría factura al país.

No quiero hacer de aguafiestas, pero como dijo el economista John Maynard Keynes “el valor social de la critica consiste en prevenir los errores y no en predecir desastres”.

Advertir no es jugar a cumplir el inefable papel de Casandra, la de la guerra de Troya.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Presidencia de la CAF, una ventana de oportunidad para Colombia

Con la elección por parte del Banco de Desarrollo de América Latina, antes Corporación Andina de Fomento (CAF), del ex ministro y actual director ejecutivo por Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sergio Díaz-Granados por un período de 5 años (2021–2026), se le abre a Colombia una ventana de oportunidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

10 de julio de 2021.   La CAF es un banco de fomento y desarrollo reconocida como una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para la región, con aprobaciones que superan los US $14.000 millones anualmente. Es reconocida también como un centro de pensamiento de alto nivel y con proyección hemisférica.

La CAF nace con el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1968, que tuvo su origen en la Declaración de Bogotá y el Acuerdo de Cartagena, suscrito por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, siendo presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, impulsor de este esfuerzo integrador a nivel regional.

El convenio mediante el cual se creó como banco multilateral y agencia promotora del desarrollo y la integración regional se firmó en el Palacio de San Carlos, e nició formalmente sus operaciones en 1970, teniendo por sede a Caracas (Venezuela).

Huelga decir que Colombia, después de liderar este proceso de integración terminó propiciando su desintegración por el prurito de firmar el TLC con Estados Unidos en solitario, sin contar con los demás socios de la CAN, rompiendo la regla de oro que se había consensuado, propuesta precisamente por Colombia, según la cual toda negociación comercial con terceros se haría en bloque.

Luego, a consecuencia de ello y una vez que Colombia rompió filas, vino la desbandada, al punto que prácticamente el único organismo supérstite de este ensayo integracionista sigue siendo la CAF, la que tuvo que reinventarse y cobrar vida propia para no ser arrastrada por la crisis de la ahora irrelevante CAN.

El gran artífice del crecimiento y la transformación de la CAF tiene nombre propio, el peruano Enrique García, quien durante 25 años y hasta 2017 se desempeñó como su presidente ejecutivo.

Ello explica que hoy la CAF está integrada ya no sólo por los países que siguen haciendo parte de la lánguida CAN sino que se amplió a 19 países accionistas (17 latinoamericanos, además de España y Portugal), apalancada además por 13 bancos privados.

Entre su objeto misional tiene el de promover los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con la participación tanto del sector público como privado. Impulsa, además, la Transición Energética en el propósito de estimular el desarrollo sostenible de los países latinoamericanos y del Caribe. En ello coincide con el BID y la CEPAL, otros dos organismos regionales.

Díaz-Granados es un profesional del Derecho, con una destacada carrera como servidor público y amplia experiencia, especialmente en lo atinente al desarrollo y la integración regional, impulsada por él desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo primero y desde el BID, después.

Tanto su desempeño en los cargos que ha ocupado, además de su paso por el Congreso de la República, le merecieron su elección por consenso, con la sola abstención de Venezuela, por razones obvias, al tiempo que el argentino Christian Asinelli, quien también aspiraba a la presidencia, asumirá la vicepresidencia del organismo.

En septiembre próximo asume Díaz-Granados la presidencia de la CAF, en un momento clave para Colombia, urgida de acceder a recursos para financiar la recuperación y la reactivación de la economía y enfrentada a dificultades para lograrlo luego de perder la calificación inversionista de su deuda soberana.

Es esta también la oportunidad, única y feliz, para que se le de un segundo aire a la CAN, que tanto lo necesita, sobre todo contando con la circunstancia excepcional de que el ex senador de la República Jorge Hernando Pedraza es ahora su secretario general, quien le ha dado un renovado impulso. ¡Enhorabuena!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Campos especiales de gas natural que pueden desaparecer

En este artículo se destaca cuáles campos especiales de gas natural pueden dejar de tener excepciones regulatorias, lo que representaría un retroceso para algunos agentes y para el mercado de gas en general.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

9 de julio de 2021.   Los campos especiales son aquellos a los que la la CREG les otorgó unas excepciones para comercializar el gas que proviene de ellos. Por ejemplo, campos menores o aislados, por mencionar algunos.

La Resolución CREG 076 de 2021, que para la fecha del presente artículo se encuentra en consulta, establece la posibilidad de negociar contratos con plazo de un año o más, para el período de comercialización 2021-2022, sobre aquellas fuentes de producción que deben acudir al procedimiento establecido en el artículo 22 de la Resolución 186 de 2020, que definió el cronograma para la compraventa de gas natural; lo que implica una obligación inicial de declarar la Producción Total Disponible para la Venta en Firme (PTDVF) y las cantidades importadas disponibles para la venta en firme (CDIVF), según corresponda.

Con lo anterior se tiene qué, transitoriamente, se le permitirá a las fuentes no excluidas del artículo 19 de la 186, la suscripción de contratos de mínimo 1 año y no de 3, como se tenía antes, equiparándose al plazo de las fuentes de producción que hoy cuentan con excepciones regulatorias en la comercialización del gas y que en su momento fueron introducidas por el Decreto 2100 de 2011, hoy compilado por el Decreto 1073 de 2015, así como por la Resolución CREG 089 de 2013.

Sin embargo, esto no es lo que llama la atención de la resolución en consulta, sino lo relacionado con el documento base D-063 de 2021 que afirma: “…Por tanto, con el fin de atender las necesidades de corto plazo ante una recuperación de la actividad económica, se encuentra por parte de los agentes la alternativa de acudir a fuentes de producción que se encuentran exceptuados de la aplicación de los mecanismos de comercialización establecidos por la CREG, lo que conlleva a distorsiones que afectan la eficiencia del mercado”. (negrilla fuera de texto).

Tal afirmación, para ciertos agentes del mercado, generaría preocupación e incertidumbre, debido a que pareciera que las excepciones ya no promueven el abastecimiento nacional de gas natural sino distorsiones en el sector.

Recordemos que las excepciones regulatorias, introducidas en el Decreto 2100 de 2011, se concibieron como un incentivo regulatorio para atraer capital extranjero a través de inversiones de exploración y explotación de gas natural, lo que llevo a dar mayor flexibilidad a la comercialización de gas natural para campos nuevos, yacimientos no convencionales y campos aislados, en un mercado que ya estaba ampliamente regulado y, se puede decir, muy estático.    

Repasemos entonces las excepciones a las que hacemos alusión. En el Decreto 1073 de 2015 se establecen las siguientes: (i) La comercialización de gas en Campos Menores, (ii) La comercialización de gas en campos de hidrocarburos que se encuentren en pruebas extensas o sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad y, (iii) La comercialización de gas en yacimientos no convencionales.

A los cuales se le sumaron otras dos, con la Resolución CREG 089 de 2013 reemplazada por la CREG 186 de 2020, que son: Cuando provenga de un campo aislado, y cuando provenga del desarrollo de un nuevo campo de producción de gas natural.

Esto implica que el regulador, en cualquier momento y a través de un acto administrativo, puede eliminar cuando menos las excepciones de que gozan los campos nuevos y aislados, lo que representaría, sin duda alguna, un retroceso para algunos agentes y para el mercado de gas en general.

*Socio de OGE Legal Services

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