Categoría: Opinión

Después del retiro forzado de la fallida reforma tributaria que llevaba la impronta del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue defenestrado del gabinete por cuenta de la misma, el Congreso de la República se apresta a debatir el proyecto de reforma tributaria 2.0, radicado por el novel ministro José Manuel Restrepo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

24 de julio de 2021.   Con este, la administración Duque completa cuatro proyectos de reformas tributarias, una por año, récord histórico, dos de ellas frustráneas, la Ley 1943 de 2018 de “financiamiento” y el proyecto de ley 594 de 2021 de “solidaridad sostenible”, la primera por fallo adverso de la Corte Constitucional y la segunda por el estallido social que provocó. Sólo se salvó la Ley 2010 de 2019 de “crecimiento”.

Esta vez el proyecto de reforma tributaria 027 Cámara de “inversión social” cuenta con mensaje de urgencia, con la finalidad de abreviar los tiempos de su trámite, dada la premura de su aprobación, máxime cuando esta es la última legislatura del actual Congreso, mediada por la campaña electoral de cara a las elecciones de marzo y mayo del año entrante, lo cual interfiere el normal curso de sus sesiones ordinarias, caracterizadas ahora por un mayor ausentismo de los congresistas.

Este es el contexto en el cual se abordará su texto, el cual viene precedido, según lo ha anunciado el ministro Restrepo, de un amplio proceso de concertación en contraste con la que pretendió imponer en el Congreso de la República el ministro Carrasquilla.

Podríamos decir, para comenzar, que este texto contiene sólo 35 artículos, sin mayores pretensiones, pues su ambición no va más allá de un recaudo de $15,2 billones, en comparación con la reforma que no fue, cuyo farragoso texto constaba de 163 artículos y aspiraba a recaudar $28 billones, de los cuales $4,6 se transferirían a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Esta es la reforma posible, al fin y al cabo, como sostuvo Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Con razón acota el experto y director de la Maestría en Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo que este es un proyecto de reforma tributaria con más alcance político que fiscal. Arguye él que esta “es una forma de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro Democrático y de preparar la campaña electoral que comienza”.

Este proyecto de reforma tributaria se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no propone ampliar la base de la tributación del impuesto de renta para las personas naturales, con lo cual se libra sobre todo la clase media de que le metan la mano al bolsillo cuando 2´175.000 personas en dicha condición pasaron en 2020 a ser vulnerables y 659.000 de estos cayeron nuevamente en la pobreza que habían superado.

Pero, de paso, se favorece también a los más pudientes, a los del quintil 5, quienes si bien vieron menguados sus ingresos en 10,1%, en el otro extremo los del quintil 1 perdieron el 24,6%, más del doble. Luego, los de más altos ingresos mantienen su capacidad contributiva prácticamente intacta, pero, como dicen en Norte de Santander, al lado del enfermo come el alentado.

Tampoco toca el IVA, el más sensible de los impuestos dado su carácter regresivo, cuyo incremento sucesivo de sus tasas es tal vez lo que más ha contribuido a la regresividad del Estatuto Tributario en Colombia, a contrapelo de lo dispuesto en la Constitución Política.

También se dejaron de lado varias de las propuestas que traía el anterior proyecto de reforma, como fue elevar el impuesto al patrimonio del 10% al 15%, al tiempo que el programa de ingreso solidario, que se había planteado con carácter permanente ahora será temporal, sólo va hasta diciembre del año entrante. Ello llevó al economista Eduardo Lora a afirmar que “si la protesta social era para rechazar una reforma por regresiva, pues ahora tenemos una que ayuda menos a los pobres”.

En medio del barullo y el alboroto causado por el fiasco de la execrable y execrada reforma tributaria propuesta por Carrasquilla, el gremio empresarial encabezado por el presidente de la ANDI Bruce McMaster le propuso al gobierno y al Congreso revertir parte de los beneficios de los cuales habían sido objeto en la Ley de “crecimiento”. Su mensaje no pudo ser más categórico: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”.

Sin embargo, su ofrecimiento fue desdeñado y desestimado, sólo tres meses después fue tardía y parcialmente acogido por el ministro Restrepo, perdiendo un tiempo precioso, pues con esta propuesta sumada a la de FENALCO-ACOPI se pudo haber tramitado y aprobado en las sesiones del Congreso de la República que se clausuraron el pasado 20 de junio, así hubiera sido necesario incluirla en la agenda de las sesiones extras que fueron convocadas para otros proyectos, dada su urgencia.

Así se le hubiera podido salir al paso al pronunciamiento de las calificadoras de riesgo con la consiguiente pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana, con todas sus nefastas consecuencias.

Ello es tanto más extraño al constatar que la propuesta que finalmente se presentó no dista mucho de la de los gremios, motivados por la necesidad de incentivar la demanda, que es el mayor estímulo de la oferta, la producción y la generación de empleo, pues bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado. Lección aprendida del economista John Maynard Keynes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La multinacional suiza Glencore acordó adquirir las acciones de sus socios BH Billiton y la Anglo American, haciéndose al control total del complejo carbonífero El Cerrejón en La Guajira, segundo productor y exportador de carbón térmico después de Drumond, empresa que opera en Cesar.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

19 de julio de 2021.   La operación conllevará la compra del 66.6% de las acciones del consorcio que hoy están en manos de sus partners BH Billiton y Anglo American. Esta transacción, según los despachos de prensa internacionales, le implicaría a Glencore un desembolso de US $588 millones, aproximadamente. 

El año anterior el carbón térmico experimentó una caída en el precio, que llegó a cotizarse a US $33 la tonelada, precio que no se veía desde 2004, y en la producción, que pasó de 25,8 millones de toneladas en 2019 a 13,6 millones de toneladas en 2020 en El Cerrejón y de 32,7 millones de toneladas a 29,6 millones de toneladas para Drumond, en medio de la recesión económica mundial y la contracción de los mercados.

La proyección que tienen las dos empresas para 2021 es la de producir 26,3 millones y entre 31,5 y 33 millones de toneladas, respectivamente, en momentos en los que se ha producido un rebote de los precios y los futuros del carbón de alta calidad, como los de Colombia, subieron hasta los US $118 la tonelada, el nivel más alto desde 2012.

Esta movida por parte de Glencore no deja de causar perplejidad y confusión, después que determinó recientemente devolverle a la Agencia Nacional Minera (ANM) los títulos mineros de las minas de Calenturitas y la Jagua en el Cesar, las cuales venían siendo operadas por su filial Prodeco. Tanto más en cuanto que desde 2017 anunció su “renuncia al carbón” y en su lugar “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas para la Transición Energética”.

Desde el año anterior era un rumor a voces que las tres empresas socias de El Cerrejón se aprestaban a desinvertir en la actividad extractiva de carbón, dado su compromiso con el Acuerdo de París encaminado hacia la descarbonización de la economía global y así poder combatir eficazmente el cambio climático. ¿Cómo explicar, entonces, este paso aparentemente contradictorio que está dando Glencore?

En mi concepto, cuando esta multinacional afirma que “asumir el control total de la mina es la mejor decisión”, la cual tomó no sin antes estudiar “cuidadosamente todas las opciones” para respetar sus compromisos incluidos dentro del Acuerdo de París sobre el clima, está mandando un mensaje subliminal.

Glencore la tiene clara. Se trata de la filigrana de una movida estratégica de un repliegue táctico de la actividad carbonífera y evitar así una desbandada, protegiendo de paso los intereses de sus accionistas.

Según el consejero Delegado de Glencore Iván Glasenberg, “vender nuestros activos en combustibles fósiles y pasar el problema a otro no es la solución y no reducirá las emisiones” de gases de efecto invernadero (GEI). Reafirma, además, el propósito de la multinacional de una retirada y un manejo del portafolio de sus inversiones en combustibles fósiles de una manera “responsable y también consistente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París”

La verdad es que para Glencore es mejor negocio comprarle a sus socios su participación para después salir a vender la totalidad de las acciones que vender sólo las suyas, dado que para quien las adquiera el mayor atractivo es hacerse al control de la operación, que no lo da el 33.3% que hoy tiene a su haber Glencore.

Entre tanto, advertidos como estamos de que la industria del carbón tiene sus días contados, no nos podemos dejar deslumbrar por los destellos de los altos precios actuales del carbón, que serán flor de un día.

Tenemos que seguir preparándonos para la transición hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), en las cuales Colombia tiene un enorme potencial. Concomitantemente se debe avanzar en la estrategia de transformación productiva para diversificar la economía y de esta manera reducir la dependencia de la actividad extractiva, única forma de alcanzar un mayor crecimiento del PIB sostenible en el tiempo.

El riesgo que entraña la actual coyuntura de precios altos de los commodities, es que termine siendo un somnífero que lleve a bajar la guardia y a caer prisioneros de la autocomplacencia, lo que a la larga le pasaría factura al país.

No quiero hacer de aguafiestas, pero como dijo el economista John Maynard Keynes “el valor social de la critica consiste en prevenir los errores y no en predecir desastres”.

Advertir no es jugar a cumplir el inefable papel de Casandra, la de la guerra de Troya.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Con la elección por parte del Banco de Desarrollo de América Latina, antes Corporación Andina de Fomento (CAF), del ex ministro y actual director ejecutivo por Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sergio Díaz-Granados por un período de 5 años (2021–2026), se le abre a Colombia una ventana de oportunidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

10 de julio de 2021.   La CAF es un banco de fomento y desarrollo reconocida como una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para la región, con aprobaciones que superan los US $14.000 millones anualmente. Es reconocida también como un centro de pensamiento de alto nivel y con proyección hemisférica.

La CAF nace con el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1968, que tuvo su origen en la Declaración de Bogotá y el Acuerdo de Cartagena, suscrito por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, siendo presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, impulsor de este esfuerzo integrador a nivel regional.

El convenio mediante el cual se creó como banco multilateral y agencia promotora del desarrollo y la integración regional se firmó en el Palacio de San Carlos, e nició formalmente sus operaciones en 1970, teniendo por sede a Caracas (Venezuela).

Huelga decir que Colombia, después de liderar este proceso de integración terminó propiciando su desintegración por el prurito de firmar el TLC con Estados Unidos en solitario, sin contar con los demás socios de la CAN, rompiendo la regla de oro que se había consensuado, propuesta precisamente por Colombia, según la cual toda negociación comercial con terceros se haría en bloque.

Luego, a consecuencia de ello y una vez que Colombia rompió filas, vino la desbandada, al punto que prácticamente el único organismo supérstite de este ensayo integracionista sigue siendo la CAF, la que tuvo que reinventarse y cobrar vida propia para no ser arrastrada por la crisis de la ahora irrelevante CAN.

El gran artífice del crecimiento y la transformación de la CAF tiene nombre propio, el peruano Enrique García, quien durante 25 años y hasta 2017 se desempeñó como su presidente ejecutivo.

Ello explica que hoy la CAF está integrada ya no sólo por los países que siguen haciendo parte de la lánguida CAN sino que se amplió a 19 países accionistas (17 latinoamericanos, además de España y Portugal), apalancada además por 13 bancos privados.

Entre su objeto misional tiene el de promover los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con la participación tanto del sector público como privado. Impulsa, además, la Transición Energética en el propósito de estimular el desarrollo sostenible de los países latinoamericanos y del Caribe. En ello coincide con el BID y la CEPAL, otros dos organismos regionales.

Díaz-Granados es un profesional del Derecho, con una destacada carrera como servidor público y amplia experiencia, especialmente en lo atinente al desarrollo y la integración regional, impulsada por él desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo primero y desde el BID, después.

Tanto su desempeño en los cargos que ha ocupado, además de su paso por el Congreso de la República, le merecieron su elección por consenso, con la sola abstención de Venezuela, por razones obvias, al tiempo que el argentino Christian Asinelli, quien también aspiraba a la presidencia, asumirá la vicepresidencia del organismo.

En septiembre próximo asume Díaz-Granados la presidencia de la CAF, en un momento clave para Colombia, urgida de acceder a recursos para financiar la recuperación y la reactivación de la economía y enfrentada a dificultades para lograrlo luego de perder la calificación inversionista de su deuda soberana.

Es esta también la oportunidad, única y feliz, para que se le de un segundo aire a la CAN, que tanto lo necesita, sobre todo contando con la circunstancia excepcional de que el ex senador de la República Jorge Hernando Pedraza es ahora su secretario general, quien le ha dado un renovado impulso. ¡Enhorabuena!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En este artículo se destaca cuáles campos especiales de gas natural pueden dejar de tener excepciones regulatorias, lo que representaría un retroceso para algunos agentes y para el mercado de gas en general.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

9 de julio de 2021.   Los campos especiales son aquellos a los que la la CREG les otorgó unas excepciones para comercializar el gas que proviene de ellos. Por ejemplo, campos menores o aislados, por mencionar algunos.

La Resolución CREG 076 de 2021, que para la fecha del presente artículo se encuentra en consulta, establece la posibilidad de negociar contratos con plazo de un año o más, para el período de comercialización 2021-2022, sobre aquellas fuentes de producción que deben acudir al procedimiento establecido en el artículo 22 de la Resolución 186 de 2020, que definió el cronograma para la compraventa de gas natural; lo que implica una obligación inicial de declarar la Producción Total Disponible para la Venta en Firme (PTDVF) y las cantidades importadas disponibles para la venta en firme (CDIVF), según corresponda.

Con lo anterior se tiene qué, transitoriamente, se le permitirá a las fuentes no excluidas del artículo 19 de la 186, la suscripción de contratos de mínimo 1 año y no de 3, como se tenía antes, equiparándose al plazo de las fuentes de producción que hoy cuentan con excepciones regulatorias en la comercialización del gas y que en su momento fueron introducidas por el Decreto 2100 de 2011, hoy compilado por el Decreto 1073 de 2015, así como por la Resolución CREG 089 de 2013.

Sin embargo, esto no es lo que llama la atención de la resolución en consulta, sino lo relacionado con el documento base D-063 de 2021 que afirma: “…Por tanto, con el fin de atender las necesidades de corto plazo ante una recuperación de la actividad económica, se encuentra por parte de los agentes la alternativa de acudir a fuentes de producción que se encuentran exceptuados de la aplicación de los mecanismos de comercialización establecidos por la CREG, lo que conlleva a distorsiones que afectan la eficiencia del mercado”. (negrilla fuera de texto).

Tal afirmación, para ciertos agentes del mercado, generaría preocupación e incertidumbre, debido a que pareciera que las excepciones ya no promueven el abastecimiento nacional de gas natural sino distorsiones en el sector.

Recordemos que las excepciones regulatorias, introducidas en el Decreto 2100 de 2011, se concibieron como un incentivo regulatorio para atraer capital extranjero a través de inversiones de exploración y explotación de gas natural, lo que llevo a dar mayor flexibilidad a la comercialización de gas natural para campos nuevos, yacimientos no convencionales y campos aislados, en un mercado que ya estaba ampliamente regulado y, se puede decir, muy estático.    

Repasemos entonces las excepciones a las que hacemos alusión. En el Decreto 1073 de 2015 se establecen las siguientes: (i) La comercialización de gas en Campos Menores, (ii) La comercialización de gas en campos de hidrocarburos que se encuentren en pruebas extensas o sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad y, (iii) La comercialización de gas en yacimientos no convencionales.

A los cuales se le sumaron otras dos, con la Resolución CREG 089 de 2013 reemplazada por la CREG 186 de 2020, que son: Cuando provenga de un campo aislado, y cuando provenga del desarrollo de un nuevo campo de producción de gas natural.

Esto implica que el regulador, en cualquier momento y a través de un acto administrativo, puede eliminar cuando menos las excepciones de que gozan los campos nuevos y aislados, lo que representaría, sin duda alguna, un retroceso para algunos agentes y para el mercado de gas en general.

*Socio de OGE Legal Services

Ya nos hemos referido a los antecedentes y consecuencias de la baja de la calificación de la deuda soberana de la Nación de inversionista a especulativa por parte de Estándar & Poor´s  el pasado 19 de mayo, y la amenaza de Ficht si no se aprueba prontamente la anunciada reforma tributaria 2.0, ahora hablaremos de sus consecuencias colaterales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

7 de junio de 2021.   Una de las razones por las cuales la noticia de la baja en la calificación de la deuda no ha causado revuelo es porque ya el mercado lo había descontado, de tal suerte que la deuda soberana venía comportándose desde hace rato como si ya hubiera perdido la calificación inversionista. Sólo se oficializó lo que en la práctica ya era vox populi varios meses atrás.

Esta es una medida injusta, antipática, máxime que se da en una coyuntura “anormal”, atípica, por el choque interno y externo que han tenido que enfrentar la economía y las finanzas públicas, expuestas a vientos cruzados, que no pueden ser valoradas ni evaluadas como si nada pasara aquí.

Pero a lo hecho pecho y el Gobierno deberá encarar este nuevo escenario con decisiones de política que permitan mitigar sus nefastos efectos que tornarán más difícil salir del atolladero.

Es importante destacar que el efecto dominó y las consecuencias de la pérdida de la calificación inversionista se extendió no sólo a las demás entidades y empresas estatales sino también al sector privado.

De hecho, en la misma decisión en la que le rebajaron la nota a la deuda del GNC, también le bajaron la calificación a diez empresas y entidades, entre las cuales se destacan Bogotá Distrito Capital, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Ecopetrol y a privadas como ISAGEN, el Grupo de Inversiones Suramericana (SURA) y Davivienda.

Indudablemente es un duro golpe a la economía y a las finanzas públicas, convirtiéndose además en un freno al proceso de recuperación y reactivación, habida cuenta que, como lo afirma el gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores, “es probable que dentro de algunos meses dejemos de ver las tasas de interés históricamente bajas para comprar vivienda”, lo cual ha contribuido a dinamizar este sector. Además, la mayor devaluación ejercerá una presión inflacionaria vía importaciones de bienes, servicios e insumos, los cuales se cotizan en dólares.

Quiero, además, llamar la atención sobre dos circunstancias que deben ser analizadas concienzudamente, no solo por parte del Gobierno sino también por parte de la Academia y los centros de pensamiento en orden a enfrentar con éxito este reto.

En primer lugar, es indispensable repensar, replantear y reconsiderar la Regla Fiscal, su funcionamiento y operatividad, así como la integración de la Comisión Consultiva de la misma, para que esta deje de ser un apéndice del Ministerio de Hacienda.

Un aspecto a considerar, a propósito de la Regla Fiscal, tiene que ver con la deuda, porque, como lo acota el ex vicepresidente de ANIF Nelson Vera, al tener como único objetivo la reducción del déficit fiscal “la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% en los próximos años, razón por la que es necesario que la Regla gire hacia un esquema de deuda objetivo, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República”.

De otra parte, el único camino que nos permitirá no sólo recobrar la calificación inversionista de la deuda, que podrá tardar por lo menos dos años, y sobre todo recobrar la menguada confianza inversionista, así como garantizar hacia el futuro la solidez y consistencia de las finanzas públicas, es el de la diversificación del aparato productivo del país, para lo cual se requiere una estrategia de transformación productiva de largo aliento, desmarcándose del modelo económico dependiente en exceso de la actividad extractiva, siempre expuesta a los altibajos de sus ciclos y a la volatilidad de los precios de los commodities.

Este debe ser el norte que nos conduzca a una nueva normalidad, a una economía con un mayor ritmo de crecimiento, contando con un modelo que promueva la cohesión y la inclusión social.

Ello amerita, y es mi llamado, pactar un nuevo contrato social; sólo de esta manera se podrá desactivar la bomba de tiempo social que está a punto de estallar. Como diría el escritor Jorge Zalamea Borda: ¡No hay tiempo que perder, hay vida por ganar!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Se entiende por profecía autocumplida la predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel importante la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

31 de mayo de 2021.   Traemos a colación este concepto a propósito de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entraran en barrena a consecuencia de la crisis pandémica que se desató a partir del segundo trimestre de 2020, la cual no da trazas de amainar.

Colombia, después de sortear con éxito la década pérdida de los años 80, tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4,5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar doce años después, en 2011.

En 2017, Standard & Poor´s (S&P), ya había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si sus proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás”.

En marzo de 2020 S&P, aunque mantuvo la calificación anterior, varió la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses”.

Fitch también le redujo la calificación, equiparándola con la de S&P, aduciendo que «la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales clave, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus».

Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal.

Cuando se precipitó la pandemia, la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder el grado inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y ya los precios del carbón venían en picada configurándose así la tormenta perfecta.

A ello se añadió la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgo en las cifras oficiales que reportaba el Gobierno Nacional, debido a los malabarismos a los que había recurrido el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para mimetizar el déficit fiscal.

Desde luego, a consecuencia de la pandemia y la virtual parálisis de la actividad económica a consecuencia de las medidas de prevención, contención y mitigación de la misma, se afectaron todo los indicadores económicos, sociales y desde luego las cuentas del fisco, tanto nacional como territorial. El déficit fiscal, según el Ministerio de Hacienda, pasó del 2,5% en 2019 a 7,8% en 2020 y se proyecta en 8,1% para 2021.

Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.

El exministro, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista si no la aprobaban, fue más lejos al afirmar que el Gobierno sólo tenía caja “para unas seis o siete semanas”. Según él “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera oleada.

Así las cosas, no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar la deuda soberana del país, revisaran a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S&P. Esta redujo la calificación desde BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, “en un contexto de elevadas presiones de gasto, que se ha traducido en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un deterioro reciente y marcado”.

Según esta agencia, «la pandemia de Covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década”.

Utilizando el argot futbolístico, ello es como si un equipo profesional descendiera de la categoría A a la B.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En un insólito y tardío pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, en el que priman los economistas ortodoxos, a través de un comunicado post morten, le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma tributaria.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

16 de mayo de 2021.   La razón esgrimida por el grupo de ciudadanos preocupados para apoyar tan abominable como abominado esperpento es que “no es posible estar de acuerdo al mismo tiempo con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el Gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.

No cabe duda de la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, que va en la dirección correcta de una renta básicapara los más vulnerables que hemos venido planteando, así como “los demás gastos sociales” en que ha venido incurriendo el Gobierno Nacional, máxime después del exacerbamiento de las lacras sociales del desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad, principales secuelas de la pandemia. Pero, de ello no se sigue que la fuente de su financiación recaiga sobre la clase media y sobre los vulnerables, manteniendo incólumes los beneficios tributarios para los más pudientes, que era lo que pretendía el proyecto de marras.

Al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome, no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media… Hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.

No se puede desestimar el riesgo de la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana a consecuencia del actual desbarajuste fiscal, por cuanto ello conllevaría una dificultad mayor para el acceso al crédito en momentos en que más se requiere y el encarecimiento de la abultada deuda pública, que ya representa el 65% del PIB.

Pero tampoco se puede sobreestimar, pues, como lo afirma  Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, “evitar una rebaja en la calificación no debería ser un propósito, sino más bien una restriccióncon la que las autoridades actúen en estos momentos”. Es decir, el llamado es a la prudencia y no al pánico frente a dicho fantasma.

Coincido con la ex ministra Cecilia López en que si bien el déficit fiscal es motivo de mucha preocupación, “el principal problema de la economía colombiana hoy no es el déficit sino el desempleo y la pobreza” sobre todo de los jóvenes, con una tasa impresionante del 23.5%. Se pregunta ella y con razón “a qué hora perdimos el foco”.

A todas esas, cabe preguntarse qué espera el Gobierno Nacional para presentarle al Congreso de la República y al país su proyecto de reforma 2.0, después que el ministro Restrepo le anunció al país que “hay unos puntos de consenso. Uno es el tema de gasto social enfocado en los más vulnerables y la necesidad de una ley que apoye ese gasto y que encuentre fuentes de financiación que garantice la estabilidad fiscal”.

Restrepo ha acotado el alcance del mismo. Según él, “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca, está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla. 

Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la ANDI, por una parte, y de FENALCO – ACOPI por la otra, consistentes en aplazar en el primer caso y renunciar en el segundo a varios de los beneficios tributarios  que recibieron en la reforma tributaria de 2019. Sumadas sus propuestas, de acogerla el Gobierno y para luego es tarde, le significarían un recaudo de $13.4 billones, casi a lo que aspira el ministro Restrepo.

El mensaje del presidente de la ANDI no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrenos a nosotros”. El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójale la flota a los empresarios.

El Congreso de la República tiene el tiempo justo para tramitar y aprobar esta reforma, que no ampliaría ni la base del impuesto de renta a las personas naturales ni la del IVA y sería una contribución  a la distensión tan necesaria en estos momentos en los que la movilización y la protesta en el país está en su segundo pico, después de las de noviembre pasado.

Bien dijo el sacerdote jesuita y profesor de filosofía de la Universidad Javeriana Vicente Durán Casas, que “si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos” y a superar nuestros desencuentros.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit fiscal, pero lo inadmisible de la reforma tributaria del Gobierno era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y, sobre todo, que la mayor carga recaía sobre la clase media.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

3 de mayo de 2021.   Como en la fábula La ardilla de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria, disfrazada de “solidaridad sostenible” en el Congreso de la República y sólo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases eran la ampliación de la base del impuesto de renta y la del IVA.

El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ya había intentado, sin lograrlo, en el 2019 ampliar la base del IVA. Ahora la aspiración era mayor a la de la reforma anterior, se proponía recaudar $28 billones, de los cuales al descontar los $4.6 billones que corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) le daba un neto a la Nación de $23.4 billones.

La reacción en contra del proyecto no se hizo esperar, el rechazo fue general, al punto que el presidente Duque no contaba con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación ni siquiera con su propio partido.

Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero lo inadmisible de esta reforma era su carácter alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo que la mayor carga impositiva hubiera recaido sobre la clase media, acentuando la regresividad del Estatuto Tributario y por esa vía agudizando la desigualdad, en la que Colombia ocupa un deshonroso lugar en la región y en el mundo.

No había un solo gremio que la respaldara, y el rechazo en los medios, en las calles y en las multitudinarias protestas fue generalizado y se tomaron el país.

En medio de la crispación causada y el reclamo para que el Gobierno retirara el proyecto de reforma y se diera paso a la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Duque y su ministro de Hacienda insistieron con terquedad aragonesa en su trámite.

Lo último que se le ocurrió al presidente Duque, en lugar de retirarlo, fue plantear como salida alternativa la presentación de una que el llamó “ponencia sustitutiva”, en un intento desesperado por salvar el proyecto de su hundimiento. Al no existir ponencia sino ponentes del proyecto, por sustracción de materia no había nada qué sustituir.

En segundo lugar, tampoco tenía asidero en la Ley 5ª de 1992 que reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República y, finalmente en el caso hipotético que existiera dicha facultad estaría en manos de los congresistas y no en manos del ejecutivo, y nadie puede disponer de lo que no tiene.

A lo sumo, se podría proceder por parte de los ponentes a presentar un pliego de modificaciones a la consideración de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y pare de contar.

En medio de semejante embrollo y asediado por el rechazo ciudadano, no le quedó otro camino al Presidente que retirar el Proyecto y ahora sí presentar otro “sustitutivo”, que ojalá no se parezca al anterior y que sea fruto de una gran concertación nacional y no el producto de conciliábulos, porque de ser así saldríamos de las llamas para caer en las brasas.

En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia, la ANDI le presentó al Gobierno y al Congreso una propuesta, esa sí sustitutiva de la del Gobierno, la cual coincido con el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo en calificarla como sensata.

La propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se le dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta, que sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, con el cual se podría lograr un recaudo de $12.4 billones.

Esta propuesta es tanto más pertinente por cuanto, aunque el Gobierno alega que el déficit fiscal que busca saldar es para poder financiar la continuidad de sus programas de apoyo a las empresas con el fin de proteger el empleo y las transferencias monetarias y no monetarias, especialmente el programa de Ingreso Solidario, la gran verdad es que en gran medida ese déficit viene desde la reforma tributaria anterior, que al conceder beneficios tributarios por $11 billones abrió un hueco fiscal que ahora se intenta tapar. Por ello he venido sosteniendo que la mejor reforma tributaria es el desmonte de aquellos beneficios que no estén plenamente justificados.

Esa propuesta fue desestimada por parte de Carrasquilla por considerar que la misma “no permitiría financiar estos programas sociales” refiriéndose a la extensión hasta junio de este año del subsidio a la nómina de las empresas (PAEF) y “hacer permanente el ingreso solidario”.

A la propuesta de la ANDI se sumó la de FENALCO y ACOPI, manifestando que están dispuestas a renunciar a 2 de los 3 días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno Nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón.

De modo que, sumadas las propuestas de la ANDI y FENALCO – ACOPI, le representarían al Gobierno Nacional $13.4 billones de mayores ingresos. De aceptarse esta propuesta no habría necesidad de tocar las bases del impuesto de renta y del IVA, que tanto repudio ha suscitado. Estas dos propuestas  están sobre la mesa y deberían servir de base para el nuevo texto que se habrá de discutir.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Según sentenció Nicolás Maquiavelo, nunca se debe desperdiciar la oportunidad que ofrece una buena crisis, coincidiendo con el proverbio chino según el cual en el corazón de cada crisis se esconde una gran oportunidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

26 de abril de 2021.  Traigo a colación estos dichos para significar que el gran apagón que sufrió el país entre los años 1992 y 1993, que sumió al sector eléctrico del país en su más profunda crisis, fue la oportunidad para darle un revolcón a su estructura y funcionamiento.

Ese fue el origen de la Ley Eléctrica 143 de 1994, gracias a la cual el sistema eléctrico del país ha ganado en confiabilidad y firmeza. Aunque la Ley fijó un plazo de 20 años para alcanzar la cobertura universal de la prestación de este servicio esencial, esta es la hora que, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, 500.000 hogares carecen del mismo.

Posteriormente se expidieron las leyes 697 de 2001, que propenden por el uso racional y eficiente de la energía, y la Ley 1715 de 2014, la cual, además de estimular la generación y el uso de energía a partir de fuentes no convencionales, incentiva y promueve la eficiencia energética, las cuales la complementan.

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) cuenta con 90 generadores, entre centrales hídricas, que participan con el 68,2% de la capacidad instalada de generación,  unidades térmicas a gas y carbón, que participan con el 29,8% y plantas solares, eólicas, cogeneradores y autogeneradores, que participan con el 2% restante.  

Quince empresas transportan la energía a través de 27.459 kilómetros de redes de transmisión nacional y regional a 230 y 500 KV de tensión, amén de 39 operadores de red y de transmisión regional.

Pero sólo 11 años después de expedida la Ley eléctrica, mediante el Decreto 848 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía, se dio un paso fundamental para garantizar, como lo manda la Ley eléctrica, la prestación del servicio con calidad, eficiencia y continuidad, al crear la empresa XM, para que esta asumiera la responsabilidad de operar y administrar el mercado eléctrico, en momentos en los que este había alcanzado su madurez.

Dicha empresa nace como filial de ISA, que para aquel entonces tenía el monopolio del transporte de energía del país. Durante los 15 años cumplidos de XM, el sector eléctrico no ha parado de crecer: la capacidad instalada de generación pasó de 13.348 MW de potencia a los 17.462 MW.  Entre tanto la demanda creció desde los 50.430 GWH hasta los 71.925 GWH.

Hagamos una digresión para resaltar el hecho que, con antelación, la Ley eléctrica había facultado al ejecutivo para modificar el objeto social de ISA, así como la creación de una empresa de economía mixta (ISAGEN), la cual asumiría el control y manejo de los activos de generación que se escindieron de ISA.

Para darle desarrollo a lo dispuesto por la Ley, se expidió el Decreto 1521 de 1994, concretándose su constitución el 4 de abril de 1995, fecha en la que se firmó la escritura de escisión. A partir de entonces, ISA se concentra en la actividad de transporte de energía y deja de lado la generación.

Al tener bajo su responsabilidad la administración y operación del mercado eléctrico, XM asumió también el control, la supervisión y el monitoreo permanente de todo el engranaje del sistema, sirviendo de articulador e integrador de todos los agentes del mercado, constituyéndose en el eslabón que jalona la cadena. Desde luego, para cumplir su rol, XM se debe ceñir a la regulación y al reglamento que expedió la CREG.

Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia figura en el top 10 a nivel mundial y encabeza Latinoamérica por su posicionamiento en el Índice Global de Desempeño de Arquitectura de Energía. Ello se debe tanto al marco normativo y regulatorio como al arreglo institucional, en el cual XMcumple una función relevante.

Ello explica en gran medida la mayor resiliencia del sistema eléctrico del país, al punto que ha podido sortear con éxito tres eventos de climatología extrema a causa del Fenómeno del Niño, espantando el fantasma del racionamiento del servicio de energía. Gracias a las alertas tempranas emitidas por XM se pudieron conjurar sus amagos recientes y la región Caribe se libró de un apagón.

XM tiene por delante el reto que le impone la Transición Energética en la que está empeñado el país, para integrar las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a su matriz energética, la cual viene aparejada con la modernización y digitalización de todos los procesos inherentes a la operación del sistema eléctrico.

Ello se habrá de traducir en el mayor y mejor uso de herramientas tan imprescindibles en la nueva normalidad del sector como la Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos para registrar, procesar y analizar en tiempo real, el cúmulo de datos que a diario genera la operación del sistema y de esta manera tomar las mejores y más oportunas decisiones.

Cabe advertir que XM se rige actualmente por un régimen corporativo, que garantiza su independencia y manejo técnico e imparcial por parte de sus directivas, encabezadas por su gerente Nohemí Arboleda Arango, de los cuales da buena cuenta el reconocimiento por parte del sector.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Colombia y el mundo han soportado un año aciago por cuenta del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado tras de sí una estela de muerte y desolación.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

3 de abril de 2021.   La cifras son escalofriantes: 130´341.697 contagiados por la Covid-19 en todo el mundo y 2´839.884 fallecidos, siendo EEUU, Brasil, México e India, en su orden, los países con mayor número de víctimas fatales.

La cuota de Colombia a tan dantesco cuadro no es menor: en momentos en los que se encamina hacia un tercer “pico” de contagiados, el acumulado de infectados recuperados y decesos se cifran, al 2 de abril, en 2´428.048 y 63.614, respectivamente. Según el Director del DANE Juan Daniel Oviedo, la Covid-19 se convirtió en la principal causa de muerte en Colombia en 2020.

Las preexistencias a la pandemia, tanto en el orden económico como social, hicieron de Latinoamerica la región más vulnerable a sus devastadores efectos. Después de crecer durante el largo ciclo de precios altos de las materias primas (2003 – 2011) por encima del promedio de la economía global, en 2019 había ajustado cinco años con un anémico crecimiento, muy por debajo del ritmo de crecimiento del resto del mundo.

De manera que el entorno de la economía colombiana, que venía rengueando los últimos años, creciendo por debajo del crecimiento potencial del PIB, no era ni es el mejor de cara a su recuperación que, según la CEPAL y el FMI será demasiado lenta.

Según la previsión del Banco Mundial, después de la recesión del año pasado, que hundió la economía con una contracción del PIB del -6.8%, tendremos un repunte este año de 5% que, de alcanzarlo, debemos darnos por bien servidos, aunque dada la incertidumbre por la prolongación de la crisis pandémica dicho pronóstico es reservado. Tanto más en cuanto que el petróleo y el carbón, los dos principales renglones de exportación y los principales jalonadores del crecimiento de la economía, han perdido tracción a consecuencia de la caída de la producción y los precios internacionales.

De contera, el turismo, que venía posicionándose como el tercer renglón generador de divisas del país, ha sido el sector más golpeado por la actual crisis, estimándose una caída de ingresos del orden de los $20 billones en 2020 con respecto al 2019, y será este sector el último en reactivarse a nivel mundial.

Las finanzas públicas que, desde antes de la pandemia, venían acusando un déficit estructural de no menos del 4%, que es la brecha entre la presión fiscal (recaudo/PIB) y el gasto público, del cual no menos del 85% es inflexible, se siguen deteriorando.

Según el Ministerio de Hacienda, 2020 cerró con un déficit fiscal de -7.8% del PIB, el cual, según su plan financiero, se elevaría este año hasta -8.6%. Y de remate, según estimativo del Banco Mundial, el endeudamiento público del país al cierre de 2021 se elevaría hasta el 70,4% del PIB, poniendo en calzas prietas la sostenibilidad fiscal de la Nación.

Las aulagas fiscales del Gobierno Nacional han servido para justificar una reforma tributaria, disfrazada ahora con el rimbombante título de “solidaridad sostenible”, cuando en realidad estaba cantada desde el momento en que se aprobó la anterior bajo el eufemismo de Ley de “crecimiento”, pues a resultas de esta se había abierto una tronera al recaudo de más de $10 billones, por cuenta de la extensión y ampliación de los beneficios tributarios otorgados con largueza mediante exenciones, deducciones, descuentos y exclusiones impositivas.

Esas gabelas impositivas se han convertido en un pesado fardo para las finanzas del Estado, que ahora se pretende aligerar cargándole la mano sobre todo a la clase media vulnerable ampliando la base gravable del IVA.

Pero, como siempre ocurre, los que han llevado la peor parte de la actual crisis pandémica son los más vulnerables. Las cifras que acaba de revelar el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, muestran el patetismo de sus estragos sociales: 1,6 millones de familias que al inicio de la pandemia consumían tres comidas al día, hoy ya no tienen esa posibilidad. Los hogares que tenían acceso a las tres comidas al día en febrero de 2020 eran 7,11 millones, mientras que en febrero de 2021 fueron 5,4 millones.

Según Oviedo, “vemos que 1,5 millones de hogares que antes comían tres comidas al día ahora están comiendo sólo dos, lo cual corresponde al 21,47% de esos hogares que antes consumían tres raciones al día”.

Y, más grave aún, 92.214 familias pasaron de comer tres veces a un solo plato al día y otros 9.010 hogares no tendrían siquiera para una comida diaria. Lo más preocupante es que sus secuelas perdurarán por años y en muchos casos sus consecuencias serán irreversibles, sobre todo tratándose de la niñez desnutrida.

Esta es una tragedia que reclama la acción pronta y eficaz del Gobierno, lo cual demanda más Estado y no menos Estado,como lo plantean los talibanes del neoliberalismo secundados por el populismo de derecha.

Ello se explica en gran medida por la pérdida y/o precarización del ingreso y el empleo, dado que la tasa de desempleo, que ya venía in crescendo en la prepandemia, se elevó al 15,9%, la más alta desde el 2000.

Lo propio se puede decir de la pobreza. Después de 10 años de reducción se había revertido dicha tendencia a partir de 2019, al pasar del 34,7% en 2018 al 35,7% en 2019; y ahora, según proyecciones del investigador de Fedesarrollo Jairo Nuñez, puede situarse entre el 47% y el 49% en 2020, para un retroceso de 20 años. ¡Una calamidad!

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.