Categoría: Opinión

Una nueva era de negocios alrededor de los gases combustibles en Colombia comienza con la expedición de la Ley 2128 de 2021, la cual promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y la ampliación en su cobertura.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

7 de agosto de 2021.   El gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP), en sus usos de primera generación, han logrado posicionarse en algunos sectores, como el residencial, el industrial y la generación térmica.

Con la expedición la Ley 2128 de 2021 comienza una nueva era para el gas, una era de usos de última generación del gas natural, donde este combustible se convierte en precursor de la transición energética, esto a partir de procesos como la compresión, licuefacción y la transformación para producir energía eléctrica e impulsar vehículos con menos emisiones contaminantes.

Un ejemplo de lo que trae esta ley es que desaparecen los usuarios regulados tratándose de autogeneración o cogeneración, porque todos serán tratados como usuarios no regulados.

Con esta ley los usuarios que utilicen gas para actividades de autogeneración y cogeneración, sin importar el nivel de consumo, serán tratados como grandes consumidores lo que les permitirá negociar precios y condiciones del contrato.

Como se observa, esta nueva generación del gas trae incentivos para incrementar la oferta y la demanda del energético, con lo cual ganan todos los actores y gana el país, en la medida que estas nuevas oportunidades se convierten en negocios que reactivaran la economía.

Con la nueva ley también se impulsan el abastecimiento y la oferta de gas natural y GLP, tanto el local como el importado; nuevos usos del gas, la generación de energía eléctrica, subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros, declaratoria de interés nacional y estratégico y el transporte terrestre automotor de carga.

También llegan incentivos tributarios para los vehículos que operen con gas natural o GLP, cuya tarifa no podrá superar en ningún caso el uno por ciento del valor comercial del vehículo y quedarán exentos por un término de diez años a partir de la fecha de matrícula del automotor, de obtener el certificado de emisiones contaminantes.

En cuanto al gas importado, señala que se debe incluir en los Planes de Abastecimiento de Gas Natural y GLP proyectos necesarios para la conexión de gas natural proveniente de fuentes offshore.  

Ahora bien, frente a la pregunta de quién paga la infraestructura de importación, la nueva ley ratifica que los costos de la infraestructura de regasificación e importación que sea impulsada por el Gobierno Nacional por medio de los Planes de Abastecimiento de Gas Natural y GLP serán asumidos por la demanda beneficiada.

En términos generales, esta ley es vital para el sector del transporte terrestre y náutico porque promueve el uso del GLP como combustible: AutoGLP y NautiGLP, así como del GNV en vehículos de transporte público terrestre de pasajeros y en vehículos de transporte terrestre de carga.

Así, se abre una nueva era de los gases limpios en Colombia, con la aparición de nuevos esquemas y negocios que ayudarán a la reducción de emisiones de CO₂.

*Abogado socio de OGE Legal Services

La generación de energía geotérmica es la proveniente del calor que se encuentra en el subsuelo, por ejemplo, de las áreas asignadas por la ANH en los contratos de exploración y producción de petróleo y gas.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

30 de julio de 2021.   Los inversionistas que celebran contratos de exploración y producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adquieren de forma exclusiva el derecho a explorar en las áreas asignadas y, aunque existen exclusiones respecto de algunos recursos naturales, tienen una ventaja para la generación de energía geotérmica por la autorización que tienen sobre las áreas.

La energía geotérmica se reconoce como de última generación, y con la expedición de la ley 1715 de 2014 y la ley 2099 de 2021 se fortaleció su aprovechamiento por las empresas productoras de gas natural, gas licuado de petróleo y petróleo.

A partir del desarrollo de la energía geotérmica resultan ventajas como la participación en las fuentes no convencionales de energía renovable, especialmente en energéticos de última generación; contar con autoabastecimiento de energía en los campos de producción; obtención de certificados de energía renovable; aplicación para la no causación del impuesto al carbono e ingresos por la venta de excedentes de energía eléctrica.

Dentro de la nueva ley se destaca que en la escena institucional y jurídica el Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la entidad que designe, determinará los requisitos y requerimientos técnicos que han de cumplir los proyectos de exploración y de explotación del recurso geotérmico para generar energía eléctrica.

Se creará un registro geotérmico donde estarán inscritos todos aquellos proyectos destinados a explorar y explotar la geotermia para generar energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía podrá cobrar una contraprestación a los interesados en desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica con geotermia por la delimitación de las áreas en las que dichos proyectos se adelanten, a través del Registro Geotérmico.

Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía podrá adoptar las medidas necesarias para evitar la superposición de proyectos de geotermia, dentro de lo cual podrá definir las áreas que no serán objeto de registro; y determinar las condiciones, plazos, requisitos y las obligaciones bajo las cuales los interesados obtendrán, mantendrán y perderán su registro.

La ley de transición energética faculta al Ministerio para adelantar el seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos y requerimientos técnicos que se definan para la exploración y explotación del recurso geotérmico, a tal punto que puede imponer las sanciones a quienes incumplan esos requisitos en el desarrollo de actividades relacionadas con proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la geotermia.

Finalmente, este tipo de proyectos tienen la calificación de fuentes no convencionales de energía renovable y por ello tienen derecho a aplicar incentivos tributarios como exclusión del IVA, descuento en renta, depreciación acelerada y exención del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumas destinados exclusivamente para labores de inversión o reinversión en proyectos de energía geotérmica.

*Abogado y socio fundador de OGE Legal Services.

Después del retiro forzado de la fallida reforma tributaria que llevaba la impronta del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue defenestrado del gabinete por cuenta de la misma, el Congreso de la República se apresta a debatir el proyecto de reforma tributaria 2.0, radicado por el novel ministro José Manuel Restrepo.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

24 de julio de 2021.   Con este, la administración Duque completa cuatro proyectos de reformas tributarias, una por año, récord histórico, dos de ellas frustráneas, la Ley 1943 de 2018 de “financiamiento” y el proyecto de ley 594 de 2021 de “solidaridad sostenible”, la primera por fallo adverso de la Corte Constitucional y la segunda por el estallido social que provocó. Sólo se salvó la Ley 2010 de 2019 de “crecimiento”.

Esta vez el proyecto de reforma tributaria 027 Cámara de “inversión social” cuenta con mensaje de urgencia, con la finalidad de abreviar los tiempos de su trámite, dada la premura de su aprobación, máxime cuando esta es la última legislatura del actual Congreso, mediada por la campaña electoral de cara a las elecciones de marzo y mayo del año entrante, lo cual interfiere el normal curso de sus sesiones ordinarias, caracterizadas ahora por un mayor ausentismo de los congresistas.

Este es el contexto en el cual se abordará su texto, el cual viene precedido, según lo ha anunciado el ministro Restrepo, de un amplio proceso de concertación en contraste con la que pretendió imponer en el Congreso de la República el ministro Carrasquilla.

Podríamos decir, para comenzar, que este texto contiene sólo 35 artículos, sin mayores pretensiones, pues su ambición no va más allá de un recaudo de $15,2 billones, en comparación con la reforma que no fue, cuyo farragoso texto constaba de 163 artículos y aspiraba a recaudar $28 billones, de los cuales $4,6 se transferirían a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP).

Esta es la reforma posible, al fin y al cabo, como sostuvo Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Con razón acota el experto y director de la Maestría en Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo que este es un proyecto de reforma tributaria con más alcance político que fiscal. Arguye él que esta “es una forma de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro Democrático y de preparar la campaña electoral que comienza”.

Este proyecto de reforma tributaria se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no propone ampliar la base de la tributación del impuesto de renta para las personas naturales, con lo cual se libra sobre todo la clase media de que le metan la mano al bolsillo cuando 2´175.000 personas en dicha condición pasaron en 2020 a ser vulnerables y 659.000 de estos cayeron nuevamente en la pobreza que habían superado.

Pero, de paso, se favorece también a los más pudientes, a los del quintil 5, quienes si bien vieron menguados sus ingresos en 10,1%, en el otro extremo los del quintil 1 perdieron el 24,6%, más del doble. Luego, los de más altos ingresos mantienen su capacidad contributiva prácticamente intacta, pero, como dicen en Norte de Santander, al lado del enfermo come el alentado.

Tampoco toca el IVA, el más sensible de los impuestos dado su carácter regresivo, cuyo incremento sucesivo de sus tasas es tal vez lo que más ha contribuido a la regresividad del Estatuto Tributario en Colombia, a contrapelo de lo dispuesto en la Constitución Política.

También se dejaron de lado varias de las propuestas que traía el anterior proyecto de reforma, como fue elevar el impuesto al patrimonio del 10% al 15%, al tiempo que el programa de ingreso solidario, que se había planteado con carácter permanente ahora será temporal, sólo va hasta diciembre del año entrante. Ello llevó al economista Eduardo Lora a afirmar que “si la protesta social era para rechazar una reforma por regresiva, pues ahora tenemos una que ayuda menos a los pobres”.

En medio del barullo y el alboroto causado por el fiasco de la execrable y execrada reforma tributaria propuesta por Carrasquilla, el gremio empresarial encabezado por el presidente de la ANDI Bruce McMaster le propuso al gobierno y al Congreso revertir parte de los beneficios de los cuales habían sido objeto en la Ley de “crecimiento”. Su mensaje no pudo ser más categórico: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”.

Sin embargo, su ofrecimiento fue desdeñado y desestimado, sólo tres meses después fue tardía y parcialmente acogido por el ministro Restrepo, perdiendo un tiempo precioso, pues con esta propuesta sumada a la de FENALCO-ACOPI se pudo haber tramitado y aprobado en las sesiones del Congreso de la República que se clausuraron el pasado 20 de junio, así hubiera sido necesario incluirla en la agenda de las sesiones extras que fueron convocadas para otros proyectos, dada su urgencia.

Así se le hubiera podido salir al paso al pronunciamiento de las calificadoras de riesgo con la consiguiente pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana, con todas sus nefastas consecuencias.

Ello es tanto más extraño al constatar que la propuesta que finalmente se presentó no dista mucho de la de los gremios, motivados por la necesidad de incentivar la demanda, que es el mayor estímulo de la oferta, la producción y la generación de empleo, pues bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado. Lección aprendida del economista John Maynard Keynes.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

La multinacional suiza Glencore acordó adquirir las acciones de sus socios BH Billiton y la Anglo American, haciéndose al control total del complejo carbonífero El Cerrejón en La Guajira, segundo productor y exportador de carbón térmico después de Drumond, empresa que opera en Cesar.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

19 de julio de 2021.   La operación conllevará la compra del 66.6% de las acciones del consorcio que hoy están en manos de sus partners BH Billiton y Anglo American. Esta transacción, según los despachos de prensa internacionales, le implicaría a Glencore un desembolso de US $588 millones, aproximadamente. 

El año anterior el carbón térmico experimentó una caída en el precio, que llegó a cotizarse a US $33 la tonelada, precio que no se veía desde 2004, y en la producción, que pasó de 25,8 millones de toneladas en 2019 a 13,6 millones de toneladas en 2020 en El Cerrejón y de 32,7 millones de toneladas a 29,6 millones de toneladas para Drumond, en medio de la recesión económica mundial y la contracción de los mercados.

La proyección que tienen las dos empresas para 2021 es la de producir 26,3 millones y entre 31,5 y 33 millones de toneladas, respectivamente, en momentos en los que se ha producido un rebote de los precios y los futuros del carbón de alta calidad, como los de Colombia, subieron hasta los US $118 la tonelada, el nivel más alto desde 2012.

Esta movida por parte de Glencore no deja de causar perplejidad y confusión, después que determinó recientemente devolverle a la Agencia Nacional Minera (ANM) los títulos mineros de las minas de Calenturitas y la Jagua en el Cesar, las cuales venían siendo operadas por su filial Prodeco. Tanto más en cuanto que desde 2017 anunció su “renuncia al carbón” y en su lugar “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas para la Transición Energética”.

Desde el año anterior era un rumor a voces que las tres empresas socias de El Cerrejón se aprestaban a desinvertir en la actividad extractiva de carbón, dado su compromiso con el Acuerdo de París encaminado hacia la descarbonización de la economía global y así poder combatir eficazmente el cambio climático. ¿Cómo explicar, entonces, este paso aparentemente contradictorio que está dando Glencore?

En mi concepto, cuando esta multinacional afirma que “asumir el control total de la mina es la mejor decisión”, la cual tomó no sin antes estudiar “cuidadosamente todas las opciones” para respetar sus compromisos incluidos dentro del Acuerdo de París sobre el clima, está mandando un mensaje subliminal.

Glencore la tiene clara. Se trata de la filigrana de una movida estratégica de un repliegue táctico de la actividad carbonífera y evitar así una desbandada, protegiendo de paso los intereses de sus accionistas.

Según el consejero Delegado de Glencore Iván Glasenberg, “vender nuestros activos en combustibles fósiles y pasar el problema a otro no es la solución y no reducirá las emisiones” de gases de efecto invernadero (GEI). Reafirma, además, el propósito de la multinacional de una retirada y un manejo del portafolio de sus inversiones en combustibles fósiles de una manera “responsable y también consistente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París”

La verdad es que para Glencore es mejor negocio comprarle a sus socios su participación para después salir a vender la totalidad de las acciones que vender sólo las suyas, dado que para quien las adquiera el mayor atractivo es hacerse al control de la operación, que no lo da el 33.3% que hoy tiene a su haber Glencore.

Entre tanto, advertidos como estamos de que la industria del carbón tiene sus días contados, no nos podemos dejar deslumbrar por los destellos de los altos precios actuales del carbón, que serán flor de un día.

Tenemos que seguir preparándonos para la transición hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), en las cuales Colombia tiene un enorme potencial. Concomitantemente se debe avanzar en la estrategia de transformación productiva para diversificar la economía y de esta manera reducir la dependencia de la actividad extractiva, única forma de alcanzar un mayor crecimiento del PIB sostenible en el tiempo.

El riesgo que entraña la actual coyuntura de precios altos de los commodities, es que termine siendo un somnífero que lleve a bajar la guardia y a caer prisioneros de la autocomplacencia, lo que a la larga le pasaría factura al país.

No quiero hacer de aguafiestas, pero como dijo el economista John Maynard Keynes “el valor social de la critica consiste en prevenir los errores y no en predecir desastres”.

Advertir no es jugar a cumplir el inefable papel de Casandra, la de la guerra de Troya.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Con la elección por parte del Banco de Desarrollo de América Latina, antes Corporación Andina de Fomento (CAF), del ex ministro y actual director ejecutivo por Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sergio Díaz-Granados por un período de 5 años (2021–2026), se le abre a Colombia una ventana de oportunidad.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

10 de julio de 2021.   La CAF es un banco de fomento y desarrollo reconocida como una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para la región, con aprobaciones que superan los US $14.000 millones anualmente. Es reconocida también como un centro de pensamiento de alto nivel y con proyección hemisférica.

La CAF nace con el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1968, que tuvo su origen en la Declaración de Bogotá y el Acuerdo de Cartagena, suscrito por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, siendo presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, impulsor de este esfuerzo integrador a nivel regional.

El convenio mediante el cual se creó como banco multilateral y agencia promotora del desarrollo y la integración regional se firmó en el Palacio de San Carlos, e nició formalmente sus operaciones en 1970, teniendo por sede a Caracas (Venezuela).

Huelga decir que Colombia, después de liderar este proceso de integración terminó propiciando su desintegración por el prurito de firmar el TLC con Estados Unidos en solitario, sin contar con los demás socios de la CAN, rompiendo la regla de oro que se había consensuado, propuesta precisamente por Colombia, según la cual toda negociación comercial con terceros se haría en bloque.

Luego, a consecuencia de ello y una vez que Colombia rompió filas, vino la desbandada, al punto que prácticamente el único organismo supérstite de este ensayo integracionista sigue siendo la CAF, la que tuvo que reinventarse y cobrar vida propia para no ser arrastrada por la crisis de la ahora irrelevante CAN.

El gran artífice del crecimiento y la transformación de la CAF tiene nombre propio, el peruano Enrique García, quien durante 25 años y hasta 2017 se desempeñó como su presidente ejecutivo.

Ello explica que hoy la CAF está integrada ya no sólo por los países que siguen haciendo parte de la lánguida CAN sino que se amplió a 19 países accionistas (17 latinoamericanos, además de España y Portugal), apalancada además por 13 bancos privados.

Entre su objeto misional tiene el de promover los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con la participación tanto del sector público como privado. Impulsa, además, la Transición Energética en el propósito de estimular el desarrollo sostenible de los países latinoamericanos y del Caribe. En ello coincide con el BID y la CEPAL, otros dos organismos regionales.

Díaz-Granados es un profesional del Derecho, con una destacada carrera como servidor público y amplia experiencia, especialmente en lo atinente al desarrollo y la integración regional, impulsada por él desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo primero y desde el BID, después.

Tanto su desempeño en los cargos que ha ocupado, además de su paso por el Congreso de la República, le merecieron su elección por consenso, con la sola abstención de Venezuela, por razones obvias, al tiempo que el argentino Christian Asinelli, quien también aspiraba a la presidencia, asumirá la vicepresidencia del organismo.

En septiembre próximo asume Díaz-Granados la presidencia de la CAF, en un momento clave para Colombia, urgida de acceder a recursos para financiar la recuperación y la reactivación de la economía y enfrentada a dificultades para lograrlo luego de perder la calificación inversionista de su deuda soberana.

Es esta también la oportunidad, única y feliz, para que se le de un segundo aire a la CAN, que tanto lo necesita, sobre todo contando con la circunstancia excepcional de que el ex senador de la República Jorge Hernando Pedraza es ahora su secretario general, quien le ha dado un renovado impulso. ¡Enhorabuena!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En este artículo se destaca cuáles campos especiales de gas natural pueden dejar de tener excepciones regulatorias, lo que representaría un retroceso para algunos agentes y para el mercado de gas en general.

Por: HEMBERTH SUÁREZ LOZANO*

9 de julio de 2021.   Los campos especiales son aquellos a los que la la CREG les otorgó unas excepciones para comercializar el gas que proviene de ellos. Por ejemplo, campos menores o aislados, por mencionar algunos.

La Resolución CREG 076 de 2021, que para la fecha del presente artículo se encuentra en consulta, establece la posibilidad de negociar contratos con plazo de un año o más, para el período de comercialización 2021-2022, sobre aquellas fuentes de producción que deben acudir al procedimiento establecido en el artículo 22 de la Resolución 186 de 2020, que definió el cronograma para la compraventa de gas natural; lo que implica una obligación inicial de declarar la Producción Total Disponible para la Venta en Firme (PTDVF) y las cantidades importadas disponibles para la venta en firme (CDIVF), según corresponda.

Con lo anterior se tiene qué, transitoriamente, se le permitirá a las fuentes no excluidas del artículo 19 de la 186, la suscripción de contratos de mínimo 1 año y no de 3, como se tenía antes, equiparándose al plazo de las fuentes de producción que hoy cuentan con excepciones regulatorias en la comercialización del gas y que en su momento fueron introducidas por el Decreto 2100 de 2011, hoy compilado por el Decreto 1073 de 2015, así como por la Resolución CREG 089 de 2013.

Sin embargo, esto no es lo que llama la atención de la resolución en consulta, sino lo relacionado con el documento base D-063 de 2021 que afirma: “…Por tanto, con el fin de atender las necesidades de corto plazo ante una recuperación de la actividad económica, se encuentra por parte de los agentes la alternativa de acudir a fuentes de producción que se encuentran exceptuados de la aplicación de los mecanismos de comercialización establecidos por la CREG, lo que conlleva a distorsiones que afectan la eficiencia del mercado”. (negrilla fuera de texto).

Tal afirmación, para ciertos agentes del mercado, generaría preocupación e incertidumbre, debido a que pareciera que las excepciones ya no promueven el abastecimiento nacional de gas natural sino distorsiones en el sector.

Recordemos que las excepciones regulatorias, introducidas en el Decreto 2100 de 2011, se concibieron como un incentivo regulatorio para atraer capital extranjero a través de inversiones de exploración y explotación de gas natural, lo que llevo a dar mayor flexibilidad a la comercialización de gas natural para campos nuevos, yacimientos no convencionales y campos aislados, en un mercado que ya estaba ampliamente regulado y, se puede decir, muy estático.    

Repasemos entonces las excepciones a las que hacemos alusión. En el Decreto 1073 de 2015 se establecen las siguientes: (i) La comercialización de gas en Campos Menores, (ii) La comercialización de gas en campos de hidrocarburos que se encuentren en pruebas extensas o sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad y, (iii) La comercialización de gas en yacimientos no convencionales.

A los cuales se le sumaron otras dos, con la Resolución CREG 089 de 2013 reemplazada por la CREG 186 de 2020, que son: Cuando provenga de un campo aislado, y cuando provenga del desarrollo de un nuevo campo de producción de gas natural.

Esto implica que el regulador, en cualquier momento y a través de un acto administrativo, puede eliminar cuando menos las excepciones de que gozan los campos nuevos y aislados, lo que representaría, sin duda alguna, un retroceso para algunos agentes y para el mercado de gas en general.

*Socio de OGE Legal Services

Ya nos hemos referido a los antecedentes y consecuencias de la baja de la calificación de la deuda soberana de la Nación de inversionista a especulativa por parte de Estándar & Poor´s  el pasado 19 de mayo, y la amenaza de Ficht si no se aprueba prontamente la anunciada reforma tributaria 2.0, ahora hablaremos de sus consecuencias colaterales.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

7 de junio de 2021.   Una de las razones por las cuales la noticia de la baja en la calificación de la deuda no ha causado revuelo es porque ya el mercado lo había descontado, de tal suerte que la deuda soberana venía comportándose desde hace rato como si ya hubiera perdido la calificación inversionista. Sólo se oficializó lo que en la práctica ya era vox populi varios meses atrás.

Esta es una medida injusta, antipática, máxime que se da en una coyuntura “anormal”, atípica, por el choque interno y externo que han tenido que enfrentar la economía y las finanzas públicas, expuestas a vientos cruzados, que no pueden ser valoradas ni evaluadas como si nada pasara aquí.

Pero a lo hecho pecho y el Gobierno deberá encarar este nuevo escenario con decisiones de política que permitan mitigar sus nefastos efectos que tornarán más difícil salir del atolladero.

Es importante destacar que el efecto dominó y las consecuencias de la pérdida de la calificación inversionista se extendió no sólo a las demás entidades y empresas estatales sino también al sector privado.

De hecho, en la misma decisión en la que le rebajaron la nota a la deuda del GNC, también le bajaron la calificación a diez empresas y entidades, entre las cuales se destacan Bogotá Distrito Capital, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Ecopetrol y a privadas como ISAGEN, el Grupo de Inversiones Suramericana (SURA) y Davivienda.

Indudablemente es un duro golpe a la economía y a las finanzas públicas, convirtiéndose además en un freno al proceso de recuperación y reactivación, habida cuenta que, como lo afirma el gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores, “es probable que dentro de algunos meses dejemos de ver las tasas de interés históricamente bajas para comprar vivienda”, lo cual ha contribuido a dinamizar este sector. Además, la mayor devaluación ejercerá una presión inflacionaria vía importaciones de bienes, servicios e insumos, los cuales se cotizan en dólares.

Quiero, además, llamar la atención sobre dos circunstancias que deben ser analizadas concienzudamente, no solo por parte del Gobierno sino también por parte de la Academia y los centros de pensamiento en orden a enfrentar con éxito este reto.

En primer lugar, es indispensable repensar, replantear y reconsiderar la Regla Fiscal, su funcionamiento y operatividad, así como la integración de la Comisión Consultiva de la misma, para que esta deje de ser un apéndice del Ministerio de Hacienda.

Un aspecto a considerar, a propósito de la Regla Fiscal, tiene que ver con la deuda, porque, como lo acota el ex vicepresidente de ANIF Nelson Vera, al tener como único objetivo la reducción del déficit fiscal “la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% en los próximos años, razón por la que es necesario que la Regla gire hacia un esquema de deuda objetivo, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República”.

De otra parte, el único camino que nos permitirá no sólo recobrar la calificación inversionista de la deuda, que podrá tardar por lo menos dos años, y sobre todo recobrar la menguada confianza inversionista, así como garantizar hacia el futuro la solidez y consistencia de las finanzas públicas, es el de la diversificación del aparato productivo del país, para lo cual se requiere una estrategia de transformación productiva de largo aliento, desmarcándose del modelo económico dependiente en exceso de la actividad extractiva, siempre expuesta a los altibajos de sus ciclos y a la volatilidad de los precios de los commodities.

Este debe ser el norte que nos conduzca a una nueva normalidad, a una economía con un mayor ritmo de crecimiento, contando con un modelo que promueva la cohesión y la inclusión social.

Ello amerita, y es mi llamado, pactar un nuevo contrato social; sólo de esta manera se podrá desactivar la bomba de tiempo social que está a punto de estallar. Como diría el escritor Jorge Zalamea Borda: ¡No hay tiempo que perder, hay vida por ganar!

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

Se entiende por profecía autocumplida la predicción que termina por convertirse por sí misma en la causa eficiente de su materialización. En ello juega un papel importante la percepción de los agentes de la economía, que es la que en última instancia determina su comportamiento.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

31 de mayo de 2021.   Traemos a colación este concepto a propósito de la pérdida reciente de la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Como antecedente es importante advertir que la calificación de la deuda se venía degradando mucho antes de que la economía y las finanzas del Estado entraran en barrena a consecuencia de la crisis pandémica que se desató a partir del segundo trimestre de 2020, la cual no da trazas de amainar.

Colombia, después de sortear con éxito la década pérdida de los años 80, tuvo un traspié en 1999 que se tradujo en una contracción de la economía de 4,5%. Ello le valió la pérdida de la calificación inversionista de su deuda, que sólo pudo recuperar doce años después, en 2011.

En 2017, Standard & Poor´s (S&P), ya había bajado dicha calificación desde BBB a BBB- y finalizando 2018, al tiempo que ratificó su calificación en BBB- con perspectiva estable, al borde del grado especulativo, alertó que podría “degradar a Colombia en los próximos uno o dos años si sus proyectadas mejorías en su perfil externo, particularmente su apretado balance de deuda externa neta se estanca o da marcha atrás”.

En marzo de 2020 S&P, aunque mantuvo la calificación anterior, varió la perspectiva desde estable hasta negativa a la deuda soberana de la Nación, advirtiendo que “la perspectiva negativa indica nuestra visión de los riesgos a la baja para las métricas fiscales y externas de Colombia durante los próximos 18 meses”.

Fitch también le redujo la calificación, equiparándola con la de S&P, aduciendo que «la rebaja refleja el probable debilitamiento de las métricas fiscales clave, a raíz de la recesión económica causada por una combinación de conmociones derivadas de la fuerte caída en el precio del petróleo y los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus».

Estábamos, entonces, advertidos de factores estructurales de vulnerabilidad ligados a la excesiva dependencia de la economía de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, los cuales conspiraban contra la sostenibilidad fiscal.

Cuando se precipitó la pandemia, la calificación de la deuda soberana estaba a un solo escalón de perder el grado inversionista y como se recordará en el primer trimestre del 2020 Colombia tuvo un choque externo muy fuerte con el desplome de los precios del petróleo y ya los precios del carbón venían en picada configurándose así la tormenta perfecta.

A ello se añadió la pérdida de confianza de las calificadoras de riesgo en las cifras oficiales que reportaba el Gobierno Nacional, debido a los malabarismos a los que había recurrido el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para mimetizar el déficit fiscal.

Desde luego, a consecuencia de la pandemia y la virtual parálisis de la actividad económica a consecuencia de las medidas de prevención, contención y mitigación de la misma, se afectaron todo los indicadores económicos, sociales y desde luego las cuentas del fisco, tanto nacional como territorial. El déficit fiscal, según el Ministerio de Hacienda, pasó del 2,5% en 2019 a 7,8% en 2020 y se proyecta en 8,1% para 2021.

Como la pandemia se ha convertido en el muro de las lamentaciones, el Gobierno le atribuye toda la responsabilidad del desbarajuste fiscal, en momentos en los que la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana se había convertido en una especie de espada de Damocles que pendía sobre la misma.

El exministro, en su afán de forzar el trámite por parte del Congreso de la República del fallido proyecto de reforma tributaria, a riesgo de perder la calificación inversionista si no la aprobaban, fue más lejos al afirmar que el Gobierno sólo tenía caja “para unas seis o siete semanas”. Según él “lo peor que nos podría pasar como país sería una segunda oleada” de la pandemia y estamos en la meseta de la tercera oleada.

Así las cosas, no era de extrañar que las firmas calificadoras de riesgo, que se han arrogado, con el consentimiento de las autoridades económicas, la facultad de calificar la deuda soberana del país, revisaran a la baja dicha calificación, como lo acaba de hacer S&P. Esta redujo la calificación desde BBB- con perspectiva negativa a BB+ con perspectiva estable, “en un contexto de elevadas presiones de gasto, que se ha traducido en una probabilidad significativamente menor de que Colombia mejore su posición fiscal luego de un deterioro reciente y marcado”.

Según esta agencia, «la pandemia de Covid-19 exacerbó la debilidad del perfil fiscal de Colombia, aunque la tendencia al empeoramiento estuvo presente durante la mayor parte de la última década”.

Utilizando el argot futbolístico, ello es como si un equipo profesional descendiera de la categoría A a la B.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.

En un insólito y tardío pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, en el que priman los economistas ortodoxos, a través de un comunicado post morten, le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma tributaria.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

16 de mayo de 2021.   La razón esgrimida por el grupo de ciudadanos preocupados para apoyar tan abominable como abominado esperpento es que “no es posible estar de acuerdo al mismo tiempo con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el Gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.

No cabe duda de la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, que va en la dirección correcta de una renta básicapara los más vulnerables que hemos venido planteando, así como “los demás gastos sociales” en que ha venido incurriendo el Gobierno Nacional, máxime después del exacerbamiento de las lacras sociales del desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad, principales secuelas de la pandemia. Pero, de ello no se sigue que la fuente de su financiación recaiga sobre la clase media y sobre los vulnerables, manteniendo incólumes los beneficios tributarios para los más pudientes, que era lo que pretendía el proyecto de marras.

Al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome, no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media… Hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.

No se puede desestimar el riesgo de la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana a consecuencia del actual desbarajuste fiscal, por cuanto ello conllevaría una dificultad mayor para el acceso al crédito en momentos en que más se requiere y el encarecimiento de la abultada deuda pública, que ya representa el 65% del PIB.

Pero tampoco se puede sobreestimar, pues, como lo afirma  Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, “evitar una rebaja en la calificación no debería ser un propósito, sino más bien una restriccióncon la que las autoridades actúen en estos momentos”. Es decir, el llamado es a la prudencia y no al pánico frente a dicho fantasma.

Coincido con la ex ministra Cecilia López en que si bien el déficit fiscal es motivo de mucha preocupación, “el principal problema de la economía colombiana hoy no es el déficit sino el desempleo y la pobreza” sobre todo de los jóvenes, con una tasa impresionante del 23.5%. Se pregunta ella y con razón “a qué hora perdimos el foco”.

A todas esas, cabe preguntarse qué espera el Gobierno Nacional para presentarle al Congreso de la República y al país su proyecto de reforma 2.0, después que el ministro Restrepo le anunció al país que “hay unos puntos de consenso. Uno es el tema de gasto social enfocado en los más vulnerables y la necesidad de una ley que apoye ese gasto y que encuentre fuentes de financiación que garantice la estabilidad fiscal”.

Restrepo ha acotado el alcance del mismo. Según él, “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca, está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla. 

Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la ANDI, por una parte, y de FENALCO – ACOPI por la otra, consistentes en aplazar en el primer caso y renunciar en el segundo a varios de los beneficios tributarios  que recibieron en la reforma tributaria de 2019. Sumadas sus propuestas, de acogerla el Gobierno y para luego es tarde, le significarían un recaudo de $13.4 billones, casi a lo que aspira el ministro Restrepo.

El mensaje del presidente de la ANDI no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrenos a nosotros”. El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójale la flota a los empresarios.

El Congreso de la República tiene el tiempo justo para tramitar y aprobar esta reforma, que no ampliaría ni la base del impuesto de renta a las personas naturales ni la del IVA y sería una contribución  a la distensión tan necesaria en estos momentos en los que la movilización y la protesta en el país está en su segundo pico, después de las de noviembre pasado.

Bien dijo el sacerdote jesuita y profesor de filosofía de la Universidad Javeriana Vicente Durán Casas, que “si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos” y a superar nuestros desencuentros.

*Ex ministro de Minas y Energía y miembro de número de la ACCE.