Categoría: Opinión

En concepto de Luz Stella Murgas, presidente de NATURGAS, “el déficit de gas en firme seguirá aumentando en los próximos años si no aceleramos los nuevos proyectos que hemos identificado… Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra si se presenta alguna contingencia, de la cual no estamos exentos.”

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El déficit de gas, que hasta ahora reconoce el Gobierno, ha obligado a su importación desde diciembre de 2024 para garantizar el cubrimiento de la demanda esencial.

Como era de esperarse, el precio del gas importado es mayor que el del extraído en el territorio nacional, que también ha subido de precio por la escasez y, como es apenas lógico, el mayor precio se termina trasladando al usuario vía tarifa por parte de las empresas comercializadoras.

En su momento, el ex ministro Andrés Camacho afirmó que esto último no podía darse. Sin embargo, a despecho de sus declaraciones, tuvimos a comienzos de 2025 un incremento en las tarifas de gas en el interior del país que osciló entre el 20% y el 36%.

Eso era previsible y no tenía por qué sorprender a nadie, esos polvos tenían que traer estos lodos. Lo que se está dando en este momento es sólo una escalada del alza de las tarifas de gas de comienzos de año en el interior del país, que ahora se extiende al resto del país a partir de diciembre de 2025, dado que los contratos que se habían firmado por parte de las empresas comercializadoras con sus proveedores llegaron a su fin y ahora los nuevos contratos incorporan el componente de gas importado a los precios a los que se cotiza en el mercado internacional.

El Alza anunciada para el gas vehicular es del 35%, para la industria del 28% y para gas domiciliario, en promedio, del 14%. Es de advertir que el alza no es mayor gracias a la revaluación del peso con respecto al dólar de 13.5%.

El ministro de Minas y Energía Edwin Palma reaccionó anunciando “decreto y Resolución para contener el alza y garantizar precios justos”, asumiendo que los actuales no lo son. Y fue más lejos al anticipar que se tomarán “20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país y frenar prácticas especulativas”.

De este modo, nos retrotraemos a las declaraciones del entonces ministro Camacho, quien se negaba a aceptar que había una escasez, un déficit de gas en el país y en su lugar, según el, se estaba dando una especulación por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo. Le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que lo investigara y todo se quedó en anuncios y ningún hallazgo.

Huelga decir que la entidad competente para investigar las presuntas “prácticas  especulativas”, si hay lugar a ellas y sancionar a la empresas que incurran en las mismas es la Superintendencia, no el Ministerio de Minas y Energía. Y de contera, no hay que perder de vista que el principal jugador en el mercado del gas, por ser el mayor productor y proveedor de gas natural en el país, con más del 70%, es la estatal ECOPETROL, que vende el gas a los precios del mercado, no le es dable expenderlo a más bajo precio.

Además, como lo hemos advertido, debido a la tardanza de la CREG en expedir la Resolución 102 022 de noviembre 28, después de un año de espera, con la cual se facilita la importación y contratación de gas natural a largo plazo por parte de las empresas comercializadoras y de esta manera transarlo a precios más razonables, se vieron compelidas a comprar el gas en el mercado spot, a precios mucho más altos, mediante contratos trimestrales.

Así las cosas, no vemos cómo el Ministerio va a expedir “una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata, evitando presiones adicionales sobre la tarifa”, cuando los nuevos contratos ya están firmados y como decimos en mi tierra, después de rayo caído no hay magnífica que valga.

Ahora bien, lo urgente no nos puede llevar a perder de vista lo importante, que es garantizar el abastecimiento, en el entendido que la energía más cara es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere.

Para ello será indispensable importar mayores volúmenes de gas, para lo cual se requiere ampliar la capacidad de regasificación, hoy limitada a la SPEC en Cartagena, que ya está copada.

Se cuestiona por parte del presidente Petro el “haber dejado”, según él “a un monopolio privado la importación” de gas, cuando la realidad es otra. El llamado Grupo Térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia), la promovió con el fin de asegurarse el aprovisionamiento de gas y poder así cumplir con la oferta de energía en firme (OEF) que se derivaba de la asignación del tan denostado por este gobierno, cargo por confiabilidad.

Me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014. Esa es la explicación de que se instalara por la iniciativa privada y no pública, como la que se sugiere con suspicacia.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de número de las ACCE.

En su Comentario Económico del 4 de diciembre, ANIF señala que el país debe avanzar en una estrategia integral para garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible de gas natural en los próximos años.

Por: ANIF

Durante las últimas semanas, el sector gasífero en Colombia ha concentrado la atención pública debido a una serie de hechos que, en conjunto, revelan un panorama complejo para la seguridad energética del país.

La pérdida de autosuficiencia en gas, la crisis financiera de uno de los actores privados más relevantes (Canacol), y los ajustes regulatorios recientes introducidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ponen de manifiesto la urgencia de una estrategia integral que asegure el suministro presente y futuro.

Estos elementos convergen en un mismo mensaje: garantizar el abastecimiento de gas natural se ha convertido en una prioridad ineludible para el país.

En primer lugar, Colombia enfrenta un problema estructural de oferta de gas. El país dejó de ser autosuficiente y hoy debe recurrir a importaciones para garantizar la continuidad del suministro. Esto se refleja claramente en la evolución de las reservas probadas: en 2024 se estimó que eran de 5,9 años, el nivel más bajo en dos décadas.

La combinación de una demanda creciente, proyectos de exploración demorados y declinación en campos tradicionales ha acentuado esta vulnerabilidad. Proyecciones para 2028 indican que, con la expansión actual, la energía en firme disponible no será suficiente para atender los requerimientos del sistema, lo que subraya la urgencia de desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento, tanto locales como externas.

A este panorama se suma la situación de Canacol Energy, segundo productor de gas del país después de Ecopetrol y responsable del 10,2% de la producción nacional. La compañía atraviesa un proceso de insolvencia y falta de liquidez que la llevó a acogerse a mecanismos de protección de acreedores en Canadá y a solicitar su reconocimiento en Colombia. Su crisis genera preocupación no solo por su peso en el mercado, sino porque coincide con un período en el que la producción nacional ya enfrenta presiones significativas. Cualquier afectación en la operación de Canacol tendría repercusiones directas sobre la oferta doméstica, profundizando la dependencia de gas importado y elevando los riesgos sobre la estabilidad del sistema energético.

En este contexto, las recientes resoluciones de la CREG (Resoluciones No. 102 021 y No. 102 022 de 2025) representan una señal positiva para el sector. A través de ajustes normativos, la Comisión busca facilitar e incentivar la importación de gas, flexibilizando la contratación de suministro y de capacidad de transporte, y reduciendo barreras que históricamente habían limitado la entrada de moléculas importadas.

Entre los cambios más relevantes, se incluye la posibilidad de pactar nuevos eventos eximentes en los contratos de importación y la habilitación de mecanismos más ágiles para el mercado de transporte. Esta regulación envía un mensaje claro: ante la estrechez de oferta, es necesario contar con instrumentos que permitan complementar la producción local de manera eficiente y oportuna.

En conclusión: Colombia transita un momento decisivo en materia de seguridad energética. La pérdida de autosuficiencia en gas, las tensiones generadas por la situación de Canacol y la respuesta regulatoria de la CREG muestran que el país debe avanzar simultáneamente en tres frentes: aumentar la producción doméstica, asegurar mecanismos estables de importación y fortalecer la regulación para reducir vulnerabilidades. Solo así se podrá garantizar un suministro confiable, competitivo y sostenible en los próximos años.

La presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) hace un llamado urgente al gobierno para evitar un apagón en el país.

Por: NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO*

El balance del sector eléctrico en 2025 es desalentador. Uno de los puntos más álgidos y en el que hemos insistido desde Acolgen es que, según el operador del mercado XM, los balances entre oferta de energía firme y demanda ya están negativos desde este año.

Un déficit de -1,6%, que tiene la tendencia de seguirse ampliando, amenaza la seguridad eléctrica de Colombia, esa seguridad que hemos mantenido durante más de 30 años, pero que, con las condiciones actuales en el sector eléctrico, está en riesgo.

Esto se da, principalmente, porque el consumo de energía eléctrica sigue creciendo en el país, pero la energía disponible en el sistema no crece al mismo ritmo. Los proyectos de generación de energía no están entrando en operación. El rezago viene desde hace varios años, lo que ha motivado que desde Acolgen hagamos múltiples llamados a tomar acción inmediata para garantizar la seguridad eléctrica del país.

El panorama es el siguiente: en 2021 solo ingresó en operación el 7% de la energía esperada; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%, y en lo que va del 2025 solo ha ingresado 8,5%. Y esto ha ocurrido por conflictividad social en las regiones, demoras en los procesos de consulta previa, licenciamiento ambiental e inseguridad.

Además, circunstancias como cambios en las reglas de juego, intentos de intervención en entidades del sector, que siempre han tenido independencia técnica y operativa, y desincentivos a la inversión son algunos factores que han profundizado esta crisis que cada vez está más cerca.

Estas decisiones, en lugar de fortalecer el sistema, incrementan la incertidumbre y comprometen la confianza necesaria para asegurar nuevas inversiones. Su revisión resulta indispensable para recuperar la credibilidad del sector y garantizar el éxito de los próximos procesos de expansión.

Los retos son enormes y el trabajo articulado entre los sectores público y privado debería ser prioridad para sacar adelante un sector que ha funcionado en las últimas tres décadas y que ha mantenido encendido al país.

Las consecuencias de un desabastecimiento de energía eléctrica serían lamentables, por lo que hago un llamado urgente a la acción.

*Presidente de Acolgen.

El neurólogo y educador argentino Sebastián Lupina dice que “la pobreza tiene graves impactos sobre el desarrollo cognitivo y emocional”, que deja huellas, secuelas imborrables.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

De allí la importancia de la atención a la primera infancia, especialmente en sus primeroscinco años, que es cuando se da el mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano.

De allí que influya tanto en dónde y en qué condiciones se nace y se crece a esta temprana edad en el futuro que habrá de deparársele en la vida a ese niño que crece y se desarrolla, la mayoría de las veces enfrentando la adversidad.

Una población infantil afectada por el hambre y la desnutrición, como ocurre en muchas regiones del país, en especial La Guajira, no tiene futuro y si lo llega a tener es incierto. Superada esta etapa, insisto en que es crucial, como lo afirma la ex ministra de Cultura Paula Moreno, «la preparación nivela. La educación es fundamental y lo que he visto a lo largo de los años es que cambia tu historia, tu chip y te pone en otro lugar».

Y como lo pudo establecer el estudio realizado por el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, “en el caso de los más pobres, la educación es la principal herramienta que les brinda la sociedad para mejorar sus condiciones de vida”. Pero, advierte que “no es suficiente con el acceso a la educación. Es necesario garantizar el aprendizaje a través de una educación de calidad”. La educación de calidad, entonces, es la clave.

Llama la atención el Informe de la OCDE en que existe una especie de determinismo asociado al origen de cada quien, pues “los niños cuyos papás no terminaron bachillerato tienen el 15% de posibilidades de llegar a la universidad, una cuarta parte de aquellos con al menos un padre que alcanzó la educación superior”. Por ello no es de extrañar la cifra que da la misma OCDE según la cual en Colombia sólo el 9% de los alumnos de las familias pobres llegan a la universidad, frente al 53% de las más ricas. Y a ello hay que añadir el alto grado de deserción universitaria, que supera el 50%, siendo las causas económicas, sociales e institucionales las causas prevalentes de la misma.

También en este aspecto, el del acceso a la educación, el campo muestra el mayor rezago. La OCDE plantea la urgencia de cerrar la brecha que existe entre la ciudad y el campo. Según cifras del Ministerio de Educación, mientras un colombiano que reside en la ciudad tiene un promedio de 9,6 años de educación, otro que reside en las zonas rurales apenas sí alcanza los 6 años.

Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, advierte que “todavía existe una gran desigualdad entre el sector rural y urbano en las escuelas de Colombia. Por eso el Gobierno debe asegurar mayores recursos y construir redes de escuelas que potencien la educación… Además, es necesario ejecutar inversiones para que los profesores mejoren sus carreras”.

El investigador alemán va más lejos y llama la atención en el sentido que “más allá del dinero, es necesario mirar qué tan eficaz es el tiempo que invierten los jóvenes en su educación. La escuela es la única oportunidad en la vida para formarse. Por eso es importante capacitar a los maestros”. El Gobierno y la comunidad educativa deben tomar atenta nota de estas recomendaciones y proceder en consecuencia tomando la educación como prioridad.

La Educación debe ser asumida como Política de Estado y dejar de estar al vaivén de los cambios de administración, sujeto al regateo para que se le asigne el presupuesto que se requiere tanto para ampliar su cobertura como para su mejoramiento continuo. Ello redundará, indudablemente no sólo en el cierre de brechas, en reducir la desigualdad, en la nivelación de la cancha, sino que además contribuirá también a la mayor productividad y competitividad del país.

El investigador Eric Hanushek, profesor de la Universidad de Stanford en EEUU, pone el dedo en la llaga al aseverar que “hay una variable que no aparece en la lista de indicadores macroeconómicos de coyuntura, pero que es uno de los determinantes más importantes del crecimiento económico de largo plazo. Se trata de los aprendizajes que alcanzan los niños y jóvenes en el sistema educativo, en especial en áreas fundamentales como la comprensión lectora y las matemáticas”.

Aparte del impacto social que tendría un redireccionamiento del aprendizaje en Colombia, también tendría su impacto positivo en la economía, elevando su crecimiento potencial. Según Hanushek, “si el sistema educativo colombiano garantizara a todos los jóvenes colombianos aprendizajes mínimos, la tasa de crecimiento económico de largo plazo se incrementaría en 0,7 puntos porcentuales por año”.

Proyecciones económicas estiman que, durante los próximos 12 años, la economía colombiana crecerá 3,7% anual para llegar a un ingreso per cápita de alrededor de 33.7 millones de pesos en 2030. Si el sistema educativo colombiano garantizara aprendizajes mínimos a todos los jóvenes que terminan la educación obligatoria, el país podría crecer al 4.4% anual y alcanzar un ingreso per cápita de 36 millones de pesos en 2030.

Definitivamente la educación es la clave para escapar de la trampa de la pobreza y para cerrar la brecha de la irritante desigualdad de ingresos que se abre cada vez más, en desmedro de la población más vulnerable.

Ello jamás se dará por generación espontánea, es necesario contar con una política, unas estrategias y un plan de acción consensuados que comprometa seriamente al Estado en sus distintos niveles.

Dada la magnitud del reto, esta no es tarea de un gobierno o de una administración, debe contar con las energías de todos para alcanzar unas metas de corto, mediano y largo plazo, que sean medibles, cuantificables y evaluadas periódicamente, con el fin de ajustar los medios para alcanzar tan loable finalidad.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

La situación del sector energético colombiano tiende a gravarse, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del Fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses. Este riesgo es tanto mayor dada la circunstancia de que actualmente tenemos un déficit del 1,8% de la Oferta de Energía Firme (OEF), el cual puede superar el 3% para 2026.

En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes. El primero de ellos es el estrés del Sistema de Transmisión Nacional (STN), debido al déficit de la OEF con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. Según XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto representa un déficit de -1,8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2,5%.

Ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. 

Debido también a los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, parques eólicos a instalarse en La Guajira que hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%, equivalente al piloto Jepírache que instaló EPM de Medellín en el Cabo de la Vela hace 21 años.

El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción Tarifaria, cuyo saldo a septiembre de 2025 era de $2,5 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. 

A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, que las empresas ya les descontaron y el Gobierno debe reintegrarles. Al corte de agosto la deuda ascendía a $2,4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP por $41.700 millones. Y lo más grave es que en el presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. 

Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el presupuesto de la actual vigencia asciende a $3,6 billones, de los cuales $2,7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de presupuesto de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7,5 billones.

Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de la empresa Air-e, que les presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. La razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores por $1,9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1,7 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. 

Entre tanto, la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo Empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.

Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó y conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. 

La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Ecopetrol se está debilitando financiera y estructuralmente, lo que implicará mayores costos de endeudamiento y la posibilidad de nuevas degradaciones, si no mejora su producción, flujo de caja y gobierno corporativo.

Por: JUAN ESPINAL*

La joya de la corona de los colombianos, Ecopetrol, no había enfrentado un debilitamiento institucional tan agresivo como el que sufre hoy bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Una Junta Directiva politizada ha puesto en riesgo el gobierno corporativo y la credibilidad de la empresa. A esto se suman escándalos por presunta corrupción y tráfico de influencias protagonizados por el señor Ricardo Roa y su pareja, quien muchos consideran el verdadero poder detrás del trono. Y como si fuera poco, la absurda decisión ideológica del gobierno de abandonar la exploración de hidrocarburos y no firmar nuevos contratos ha socavado las bases técnicas y financieras de la empresa.

El deterioro ha sido tan profundo que hasta la emblemática iguana, símbolo de Ecopetrol, parece perder fuerza.

Este ha sido un gobierno incapaz de construir sobre lo construido. Todos los sectores productivos están golpeados por la improvisación y la falta de rigurosidad técnica en la toma de decisiones.

Me preocupa, especialmente, el debilitamiento de la seguridad energética del país. ¿Qué será de Colombia sin hidrocarburos, sin energía, sin minería? Nos están conduciendo hacia una pobreza energética sin precedentes.

Todo indica que la verdadera intención del gobierno es desmantelar Ecopetrol. Prueba de ello es la insistencia en vender la participación del 50% que la empresa tiene en el bloque Permian (Texas), junto a Occidental Petroleum (OXY).

Este activo es actualmente el más rentable del portafolio: produce 115.000 barriles equivalentes por día (el 15% de toda la producción del Grupo Ecopetrol), generando ingresos por $5,2 billones de pesos (alrededor de US$1.253 millones). Además, es el activo con menor huella de carbono en su portafolio. Sin embargo, el sesgo ideológico del gobierno está poniendo en riesgo este pilar estratégico de la empresa.

La continua politización de las decisiones energéticas, el cambio constante de reglas y la inseguridad jurídica están alejando a los inversionistas, con consecuencias graves en términos de rentabilidad, reservas y credibilidad.

La única forma de salvar a Ecopetrol es que el próximo presidente de la República tome la decisión audaz de autorizar el fracking en Colombia. Sólo así podremos estabilizar nuestras reservas probadas de gas natural y petróleo, y aspirar a replicar los modelos exitosos de países como Argentina y Estados Unidos, que pasaron de ser importadores a grandes exportadores de energía. De lo contrario, las cifras lo demuestran: la empresa más querida e importante del país será inviable.

En 2022, Ecopetrol reportó una utilidad neta récord de 33,4 billones de pesos, gracias a precios internacionales favorables, el buen desempeño de sus refinerías y la producción del bloque Permian.

Pero a partir de 2023, comenzó el declive. Las utilidades cayeron a 19,1 billones de pesos, una reducción del 42,8%. En 2024 bajaron aún más, a 14,9 billones (una caída del 21,7% respecto a 2023). Y en 2025, según el balance del tercer trimestre, Ecopetrol ha acumulado apenas 7,5 billones de pesos, lo que representa un desplome del 32% frente al mismo período del año anterior.

Las agencias de riesgo han encendido las alarmas. En 2024, Moody’s degradó la calificación de Ecopetrol de Baa3 a Ba1, sacándola del grado de inversión. Advirtió además que la empresa tendrá flujos de caja negativos hasta 2025.

En 2025, S&P redujo la calificación de BB+ a BB, con perspectiva negativa, debido al aumento de la deuda, una relación deuda/EBITDA superior a 2x y los riesgos en su gobernanza. Fitch, por su parte, cambió la perspectiva de estable a negativa, alertando sobre presiones financieras, riesgo soberano elevado y retrasos operativos.

Las tres calificadoras coinciden: Ecopetrol se está debilitando financiera y estructuralmente, lo que implicará mayores costos de endeudamiento y la posibilidad de nuevas degradaciones si no mejora su producción, flujo de caja y gobierno corporativo.

Sí, hasta con la iguana están acabando en el gobierno Petro.

Hoy más que nunca, urge salvar al país de las garras de la izquierda para poder rescatar a Ecopetrol y garantizar la seguridad energética de todos los colombianos.

*Representante a la Cámara por Antioquia.

Colombia enfrenta una doble presión: la necesidad de avanzar en la transición energética sin comprometer la estabilidad fiscal, y el rezago en cobertura eléctrica con altos costos sociales.

Por: ANIF

En el marco del proyecto Colombia Progresa 2630, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) desarrolló el eje estratégico “Asegurar la energía para todos”, un componente para garantizar la sostenibilidad y equidad del desarrollo nacional.

Este eje busca consolidar una política energética integral que equilibre la seguridad en el suministro, la competitividad, la sostenibilidad fiscal, la eficiencia en el consumo y la mitigación del impacto ambiental.

De acuerdo con el CREE, los objetivos de política energética en Colombia se deberían estructurar en torno a seis pilares: seguridad en el suministro, sostenibilidad fiscal, impacto ambiental, pobreza energética, eficiencia en el consumo y competitividad.

Hoy, las prioridades de política se concentran en los primeros cuatro; en este contexto, la agenda pública debe enfocarse en fortalecer la inversión en infraestructura, acelerar la expansión de proyectos de generación y transmisión, y rediseñar los incentivos regulatorios y fiscales que permitan financiar una transición energética ordenada y sostenible.

En ese plano, Colombia enfrenta el gran desafío de una transición energética que debe avanzar en armonía con la estabilidad fiscal.

Durante décadas, los ingresos provenientes del sector de hidrocarburos han sido un pilar de las finanzas públicas, reflejando una alta dependencia de los recursos no renovables, que además representan el 56% de las divisas del país. Esta dependencia genera vulnerabilidad macroeconómica ante los ciclos internacionales de precios.

En un contexto de menor inversión, mayores restricciones regulatorias y creciente incertidumbre, la caída en la producción energética ya se traduce en un deterioro de las cuentas fiscales, lo que obliga a repensar cómo financiar la transición sin desestabilizar el balance macroeconómico.

A esta complejidad se suma un rezago social y estructural en cobertura energética. Aunque Colombia ha avanzado en electrificación, el número de viviendas sin acceso al servicio creció de 400.000 a cerca de 1 millón.

Según el CREE, la pobreza energética afecta a más de 8 millones de colombianos, con impactos directos sobre los ingresos y el bienestar: los hogares del decil más pobre con energía ganan hasta cuatro veces más que aquellos sin acceso. Este déficit evidencia la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura eléctrica, ya sea mediante microrredes, soluciones individuales o la ampliación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En paralelo, el país enfrenta una inminente crisis de suministro eléctrico, pues la alta dependencia de la generación hidráulica expone al sistema a riesgos climáticos. Esta situación ha derivado en un incremento del 68% en los precios de electricidad, gas y combustibles desde la pandemia, afectando la competitividad industrial y el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en la región Caribe.

Ante este panorama, el CREE plantea una agenda estructural que articula medidas de corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, se proponen subastas de nivel de servicio para avanzar hacia la cobertura universal, empaquetando zonas sin energía y definiendo estándares de calidad diferenciados según su ubicación y potencial de uso productivo. Esto permitiría acelerar la inclusión energética con criterios de eficiencia y menor dependencia de subsidios permanentes.

En segundo lugar, enfatiza la urgencia de recuperar las señales correctas de inversión en el sector, mediante la estabilidad regulatoria, la promoción de nuevos jugadores y la agilizaciónde licencias ambientales y consultas previas.

Por último, en el frente fiscal, se propone sanear financieramente el sistema mediante la liberación gradual del precio del diésel, lo que generaría recursos adicionales para destinar a subsidios, acceso universal y modernización de redes.

Esta iniciativa fue presentada en la Asamblea General de ANIF el pasado 6 de noviembre en Bogotá, como parte de la hoja de ruta de Colombia Progresa 2630, una guía para dinamizar la economía.

Colombia debe decirle sí a la energía nuclear. No es una tecnología nueva ni experimental; es una solución probada, segura y necesaria para el futuro energético, científico y económico de nuestro país.

Por: JUAN ESPINAL*

Con una votación unánime, la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley que busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Este es un paso trascendental para el país: se abre un debate largamente postergado, quizás por temor o falta de audacia.

Colombia cuenta con el talento técnico y científico necesario para avanzar en este camino. No podemos quedarnos atrás. En América Latina, países como Argentina, México, Perú, Bolivia y Venezuela ya están apostando por el desarrollo nuclear. Aunque Colombia no parte desde cero, necesitamos un marco normativo claro, moderno y visionario.

Esta iniciativa no responde a colores políticos ni a sesgos ideológicos. Es una propuesta respaldada por diversos sectores, que busca consolidar y expandir el uso pacífico de la tecnología nuclear en áreas clave como la salud, el medio ambiente y la industria.

Actualmente, el sector nuclear en Colombia genera cerca de 45.000 empleos y representa el 0,25% del PIB, lo que equivale a unos 3,6 billones de pesos anuales. Con esta ley, la economía nacional se beneficiará significativamente en los próximos cinco años, gracias al fortalecimiento de capacidades en medicina nuclear, investigación ambiental e innovación industrial, aumentando así nuestra competitividad en la región.

Lamentablemente, la energía nuclear ha sido estigmatizada, como también lo ha sido el fracking, por debates ideológicos desinformados. Hoy estamos dando un debate técnico, responsable y necesario. El uso seguro y pacífico de la energía nuclear, regulado bajo estándares internacionales, es clave para sentar las bases de una Colombia con soberanía científica, capacidad tecnológica y visión de futuro.

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) es el primer paso regulatorio esencial. Esta entidad garantizará un control eficaz y seguro, promoverá la cooperación internacional y posicionará a Colombia como líder regional en el uso responsable de esta tecnología.

Los beneficios son tangibles, en salud, más de 30.000 pacientes con cáncer se beneficiarían con mayor acceso a tratamientos y la producción nacional de radiofármacos reduciría costos y tiempos de espera. En el ámbito ambiental, la tecnología nuclear permitiría monitorear fuentes de agua dulce, detectar contaminantes y garantizar su uso sostenible, mediante técnicas como la hidrología isotópica.

La industria también saldrá fortalecida. Aplicaciones nucleares como la esterilización de productos, el control de calidad en manufactura y el desarrollo de nuevos materiales elevarán la productividad de sectores como alimentos, textiles y químicos. En agricultura, las tecnologías nucleares permiten mejorar la conservación de alimentos, desarrollar nuevos cultivos, aumentar la exportación y fortalecer la seguridad alimentaria mediante técnicas avanzadas para el control de plagas, así como la protección del suelo y el agua.

Y mientras tanto, el país enfrenta la amenaza de un apagón y un evidente retroceso en la llamada transición energética. Esta ley sienta bases sólidas para prepararnos frente a un eventual desarrollo de la núcleo-electricidad. Aunque el Plan Energético Nacional (PEN) proyecta explorar esta alternativa a partir del año 2035, este marco legal define desde ya la estructura institucional necesaria para garantizar que, cuando llegue el momento, Colombia esté lista para incluir la energía nuclear en su matriz energética, con una autoridad reguladora independiente y un marco normativo robusto.

No olvidemos que la energía nuclear es la fuente más limpia a nivel mundial. Actualmente, genera el 10% de la electricidad global. Países como Canadá llevan más de 50 años utilizándola de manera segura, y Francia produce con ella más del 70% de su energía.

Colombia debe decirle sí a la energía nuclear. No es una tecnología nueva ni experimental; es una solución probada, segura y necesaria para el futuro energético, científico y económico de nuestro país.

*Representante a la Cámara por Antioquia.

La semana pasada, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó el proyecto de ley de tarifas, que no es más que un engaño, es “La Ley del Apagón”.

Por: JUAN ESPINAL*

El Gobierno Petro no ha logrado solucionar el problema de las tarifas eléctricas que afecta especialmente a la Costa Caribe. Por el contrario, lo único que ha hecho es profundizar la crisis de un sector que ha resistido y que resulta fundamental para la vida cotidiana de todos los colombianos.

La semana pasada, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó el proyecto de ley de tarifas, que no es más que un engaño, es “La Ley del Apagón”.

Promete reducir los costos con una ley que, en realidad, desmonta el sistema energético, politiza la fijación de precios y aplica su famoso “shu shu shu” a la soberanía energética del país. ¿De qué alivio hablan si el Gobierno sigue sin pagar más de $4 billones en subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3?

Estamos ante un proyecto de ley que no resuelve absolutamente nada. Colombia enfrenta hoy la mayor estrechez de oferta de energía en los últimos 30 años, con un margen de seguridad de energía firme que apenas llega al 1%.

Según la UPME y XM, desde 2026 habría un déficit de energía firme en horas críticas, agravándose seriamente en 2027. Presentar, en medio de esta coyuntura, una “solución” mediante un proyecto de ley que modifica la estructura del mercado energético es un error estratégico que, de ser aprobado por el Congreso, generará un efecto inmediato de desconfianza entre los inversionistas.

Desde el inicio del Gobierno Petro se han tomado decisiones completamente ideologizadas que representan un alto riesgo para la estabilidad energética del país.

Este proyecto es un verdadero adefesio: desnaturaliza las leyes 142 y 143, debilita el carácter técnico de la CREG al permitir el ingreso de perfiles sin experiencia, elimina la reelección de comisionados y reduce su mandato seguramente para abrocharlo al periodo del gobierno de turno, lo que supone una pérdida total de estabilidad institucional.

Además, introduce discriminaciones tarifarias por tecnología, deteriorando la competitividad energética del país; pretende prohibir la remuneración de inversiones ya depreciadas en hidroeléctricas, desconociendo el valor del capital financiero; sustituye el mecanismo de mercado por un régimen de precios basado en costos, lo que en la práctica implica estatizar el sector; y busca aumentar la carga de burócratas que terminarán definiendo los márgenes de rentabilidad de un sector intensivo en riesgo y capital.

Y como si todo lo anterior fuera poco, el proyecto crea nuevas cargas e impuestos, imponiendo una contribución adicional del 2% sobre las ventas de generación hidroeléctrica para las comunidades locales. Esto se suma a una reforma tributaria que ya había elevado en más de 2 puntos la renta del sector.

Colombia tiene hoy uno de los regímenes fiscales más altos del mundo en generación eléctrica.

Finalmente, toca el Cargo por Confiabilidad. Gracias a este mecanismo, Colombia no ha tenido apagones desde 1992. Esta ley establece que la remuneración por confiabilidad aplicará principalmente a nuevas plantas o a las que hagan adecuaciones importantes. Es decir, muchas hidroeléctricas y térmicas que hoy reciben pagos fijos por confiabilidad podrían salir del sistema si no se les remunera esa disponibilidad, lo cual, podría reducir el colchón de seguridad energética ante sequías o fallas.

Esta ley no baja tarifas. Las encarece, las politiza y destruye el equilibrio técnico que ha sostenido la energía del país durante tres décadas.

Hago un llamado al sector para que no esconda la cabeza. Este es el momento en que Colombia necesita urgentemente más inversión para evitar un apagón.

Lo único que propone este Gobierno es incertidumbre regulatoria, estatización encubierta del mercado y nuevos desincentivos tributarios.

Este proyecto de ley, en efecto, no es otra cosa que la ley del apagón.

*Representante a la Cámara por Antioquia.

De llegar a prosperar el dislate de vender su participación en el Permian, empeoraría la situación financiera de Ecopetrol, la cual ha registrado una caída de sus utilidades, que completó en junio pasado 10 trimestres consecutivos a la baja.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

El presidente Gustavo Petro se ha empecinado con terquedad aragonesa en que ECOPETROL se aparte del core de su negocio: explorar, explotar, transportar y refinar hidrocarburos.

Contra toda evidencia sostiene que “el tiempo del petróleo se acabó”. Ello lo llevó a ordenarle al presidente de la empresa Ricardo Roa “hacer una especie de exorcismo” de la empresa, y fue terminante al espetar “quítate el petróleo de la cabeza”.

Antes, en el marco de un Consejo de ministros realizado el 11 de febrero el presidente Petro increpó al ministro de Minas y Energía de entonces, Andrés Camacho, alegando que “si nosotros estamos contra el fracking -por la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad – yo quiero que se venda esa operación, la del Permian, para invertirlo en energía”.

Pero ya era tarde, dado que el 3 de febrero se había acordado entre las partes, ECOPETROL y la OXY la prórroga de su contrato de asociación que data desde julio de 2019 hasta el 2027.

Pero el presidente Petro se resistió a dar su brazo a torcer e insistió en su cuenta de X el 14 de septiembre en que “ECOPETROL debería vender su participación en el Permian. Ahora, más recientemente, según ha trascendido a los medios, citó a Palacio a varios miembros de la Junta Directiva de ECOPETROL con el propósito de darle la directriz de salir del Permian.

Aduce el Petro que “el negocio que va a quebrar a ECOPETROL es Permian, el proyecto de fracking que la petrolera tiene en sociedad con la Oxy en Estados Unidos”.

Insiste además en que “Permian no es un buen negocio”, en que este es un negocio “chimbo”, cuando todas las cifras de la propia empresa lo desmienten y hablan por sí solas.

Hoy por hoy, esta es la inversión más rentable de cuantas posee el Grupo ECOPETROL en su portafolio: el costo del levantamiento del barril de crudo oscila entre los US $5 y los US $6, costo este que contrasta con el promedio en los campos en explotación en Colombia, el cual fluctúa entre los US $12 y los US $14. La producción proveniente del mismo está alrededor de 115.000 barriles/día, por encima de la producción de Rubiales, considerado el mayor campo productor en territorio nacional, representando el 15% de la producción total de ECOPETROL.

Además, las reservas a su haber están cifradas en 189 millones de barriles equivalentes, lo cual representa el 10% de todas las reservas con las que cuenta la estatal petrolera.

Y, como si lo anterior fuera poco, hablando de su rentabilidad, el margen EBITDA se sitúa en el 76%, en comparación con el promedio del resto de la operación de ECOPETROL que está entre el 30% y 40%.

De llegar a prosperar el dislate de vender su participación en el Permian empeoraría la situación financiera de la empresa, la cual ha registrado una caída de sus utilidades, que completó en junio pasado 10 trimestres consecutivos a la baja, un 78% en términos reales, entre los años 2022 y 2025.

De no ser por el Permian la situación habría sido más apremiante y de paso la de las finanzas del Estado, toda vez que dependen en gran medida del giro de los dividendos que le reporta como su principal accionista con el 88.49% de las acciones.

Renunciar al Permian sería una pésima imitación de quien invita a sus contertulios convidándolos a irse a otra fiesta ya que la que disfrutan está tan buena.

Según el experto Sergio Cabrales, “vender con descuento el negocio del Permian de ECOPETROL, valorado en aproximadamente US $5.500 millones, podría representar una disminución del 30% de la cotización actual de la acción”. Y la cereza del pastel sería que ECOPETROL tendría que pagar una penalidad por su desistimiento del orden de los US $400 millones.

De allí la reacción de parte de quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir la política pública en materia de hidrocarburos, de los expertos y conocedores del sector, así como la férrea oposición a este desaguisado de parte de la Unión Sindical Obrera (USO,) la cual, por boca de su presidente, Cesar Loza, manifestaron su decisión de irse a la huelga a defender la empresa que ellos mismos gestaron con otra huelga, por considerar que este sería “un error que pone en serios riesgos las finanzas de ECOPETROL”. Un exabrupto.

Otra razón que nos llevó a encender todas las alarmas es el antecedente de lo que ocurrió con la fallida negociación que venía adelantando ECOPETROL para participar en la sociedad Crownrock, propiedad de la OXY para desarrollar el proyecto Oslo, ubicado en la misma cuenca del Permian.

En efecto, después de que la Junta Directiva lo había aprobado, por presiones del ejecutivo se echó para atrás y se descartó, según dijo el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia… el petróleo sigue adelante, pero no con fracking”. De esta manera ya se había sentado un precedente al respecto, funesto, por cierto.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.