El objeto fundamental de la Ley 1715 es desbrozarle el camino a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), para su integración a la matriz energética del país.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

14 de mayo de 2022.   El 13 de mayo pasado se cumplieron los primeros ocho años de la sanción de la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”.

El proyecto de ley fue concebido y radicado por el senador José David Name Cardozo y como Ministro de Minas y Energía le brindamos todo el respaldo y el apoyo requerido en su trámite en el Congreso de la República.

Uno podría decir que la Transición Energética desde las energías de origen fósil hacia las FNCER tuvo su más importante hito en 2015, gracias al Acuerdo de París (COP21) y a la adopción de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales el 7º propende por la “energía asequible y no contaminante”.

El Acuerdo de París fue ratificado por el Congreso y por lo tanto el compromiso de Colombia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% hacia el 2030 es vinculante.

La CREG tardó casi cuatro años para establecer el marco regulatorio para poner en marcha la Ley y ello retrasó su implementación. Fue menester que el Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 570 en marzo de 2018, dándole un plazo perentorio de 12 meses tanto a la CREG como a la UPME para que tomaran las definiciones necesarias para integrar a la operación y medición del Sistema Interconectado Nacional los proyectos de generación de FNCER mediante contratos de largo plazo. Sólo así se pudo desatar el nudo gordiano, posibilitando las primeras dos subastas de renovables en febrero y octubre de 2019, en las cuales se asignaron 2.200 MW.

Desafortunadamente, la tercera subasta, que se llevó a cabo en octubre de 2021, en la que se asignaron 796.3 MW más, no tuvo la misma fortuna de las dos anteriores y su suerte está rodeada de incertidumbres que han imposibilitado su cierre.

Cabe advertir que la Transición Energética no se reduce a la inserción de las FNCER. Va mucho más allá. Además de la electrificación de la economía, apoyándose en las FNCER, hace parte también de esta estrategia la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en toda la cadena, desde la generación, pasando por la transmisión, hasta la distribución y uso de la energía.

En última instancia, la Transición Energética se da en procura de garantizar la seguridad energética, robusteciendo, diversificando aún más la matriz energética y de esta manera tornándola más resiliente frente al cambio climático.

La Transición Energética cobró un renovado impulso con la expedición de la Ley 2099 del 10 de julio de 2021, también de la iniciativa del senador Name, dado que, además de reforzar y darle un mayor alcance a la Ley 1715 de 2014, amplió el espectro de sus beneficios incorporando a la matriz energética otras fuentes renovables tales como la energía geotérmica y el hidrógeno, amén de los incentivos y estímulos para la captura y almacenamiento de CO2, así como al almacenamiento a gran escala de la energía generada mediante el sistema de baterías. De esta manera Colombia se propone aprovechar y desarrollar el gran potencial del cual dispone de FNCER, calculado en 135 GW.

De hecho, hasta el momento ya están instalados y en operación los primeros 224.47 MW de potencia, tanto en autogeneración como en generación distribuida con base en energía solar fotovoltaica y 24 MW de energía eólica. Esta es la meta volante, pero la meta final es mucho más ambiciosa.

Además, ya se adjudicó el primer proyecto de gran almacenamiento de energía en el departamento del Atlántico, con una capacidad de 50 MW. Adicionalmente se trazó la Hoja de Ruta del Hidrógeno y se avanza en sendos pilotos para producirlo por parte de ECOPETROL y PROMIGAS, lo cual se constituye en el primer paso en la dirección de convertir a Colombia, particularmente al Caribe colombiano, en el gran hub energético regional en Latinoamérica y el Caribe.

Complementariamente, a comienzos de mayo, el presidente Iván Duque y su ministro de Minas y Energía Diego Mesa lanzaron en Barranquilla la bitácora para el despliegue de la generación de energía eólica costa afuera, en donde se ha identificado un potencial de 50 GW.

El Distrito de Barranquilla acaba de poner la pica en Flandes al concretar una alianza estratégica con la empresa danesa Copenhague Infrastructure Partners (CPI) para desarrollar un primer proyecto offshore de gran envergadura, con una capacidad de generación de potencia de 350 MW.

Finalmente, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”.

Por ello es que yo insisto en la importancia de la Licencia Social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de los proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrar y protegerlas”, ya que deben ser las primeras beneficiarias de los mismos, pues resulta inaceptable que haya luz en la calle y obscuridad en la casa.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de ACCE.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos entró en vigencia el 15 de mayo de 2012, luego del canje de notas por parte de los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama en el marco de la Cumbre de las Américas en Cartagena.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

8 de mayo de 2022.   Según el ex presidente Álvaro Uribe, el TLC tenía por objeto “abrir de manera permanente el mercado de los Estados Unidos para nuestros productos, a fin de generar empleo a partir de la inversión y generar recursos para erradicar la pobreza”.

Según el Departamento Nacional de Planeación, este TLC le permitiría a Colombia el acceso “privilegiado” al mercado más grande del mundo, habida cuenta que representaba el 20% del PIB mundial y el 11% del comercio mundial. Se trataba, según se dijo, de llegarle a 310 millones de consumidores con alto poder adquisitivo, con un ingreso per cápita de US $47.400.

La expectativa era aún mayor, toda vez que se esperaba que gracias al TLC con EEUU la economía crecería entre 0,5 y 1,0 punto adicional del PIB de manera sostenida, los ingresos tributarios se incrementarían entre 0,6 y 0,8 puntos del PIB. La inversión proveniente de los Estados Unidos se catapultaría. La tasa de desempleo también se reduciría por cuenta del TLC en cerca de 1 punto porcentual y se generarían 500 mil empleos en cinco años, al tiempo que la tasa de informalidad caería 2 puntos porcentuales.

No obstante, quien fuera ministro de Comercio durante el proceso de negociación del TLC, Jorge Humberto Botero, fue muy claro al advertir que “el acuerdo con EEUU abre oportunidades, pero no las asegura”.

Como ha dicho, una y otra vez, el experto Manuel José Cárdenas, “los tratados de libre comercio generan oportunidades de negocios, pero no los negocios… De nada nos servirá abrir mercados si no tenemos que exportar”.

En este punto cabe preguntarse a qué productos se les abrió “de manera permanente el mercado de los Estados Unidos”, como afirmó el presidente Uribe, si fue el propio Hernando José Gómez, jefe del equipo negociador, catalogado como el zar del TLC quien afirmó categóricamente: “por primera vez, desde la crisis de los años 30, Colombia tiene más acceso a mercados internacionales que oferta exportable”.

Se refiere al proceso de desindustrialización que sufrió el país a consecuencia del contagio de la enfermedad holandesa que trajo consigo el largo ciclo de precios altos del petróleo y el carbón (2003 – 2014).

Esta coincidencia de la entrada en vigencia del TLC y el auge minero-energético fue fatal para la industria y la agricultura, las cuales perdieron competitividad no sólo en los mercados externos sino en el propio mercado interno frente a las importaciones. De allí que la apertura a la que dio lugar este y los otros TLC que firmó Colombia fue hacia adentro y no hacia fuera, como era el propósito.

Traigo a colación dos ejemplos patéticos de marcas emblemáticas de la industria de la confección en Colombia: el caso de Arturo Calle, que pasó de ser reputado confeccionista a exitoso importador y comercializador de prendas de vestir extranjeras, mientras que el prestigioso hombre de empresa Hernando Trujillo, tras 48 años en el mercado, se fue a la quiebra y cerró sus tiendas. Ya lo había advertido el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo: “la indigestión de los TLC que tiene el país va a terminar de destruir el aparato productivo colombiano”.

Por ello, no es de extrañar el deterioro de la balanza comercial de Colombia, que las exportaciones de Colombia hacia los EEUU que en el 2011, antes de la entrada en vigencia del TLC, alcanzaron los US $21.969 millones, en el 2019 llegaron a duras penas a los US $11.290 millones, para una baja del 50%.

Y cabe destacar que cayeron dramáticamente tanto las exportaciones minero energéticas (60%) como las no minero energéticas (19%), las primeras pasaron de US $15.961 millones a US $6.412.4 millones y las otras desde los US $6.008 millones a los US $4.878 millones. Los defensores a ultranza del TLC con los EEUU nos dirán, como en la fábula de Esopo, que las uvas estaban verdes.  

En el más reciente reporte del DANE y la DIAN, que corresponde al 2021, caracterizado por la reactivación de la economía después de la recesión del 2020, las exportaciones colombianas sumaron US $41.390 millones, para un incremento del 4.8% con respecto al año 2019, de la pre-pandemia y las importaciones US $56.649 millones, un crecimiento del 12.6%, casi el triple del crecimiento de las exportaciones frente al mismo año.

No aparece por parte alguna el “plus” atribuible al TLC, no es más que una falacia. Bien dijo Churchill que “el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo”.

Pues bien, esta misma capacidad de predicción deben tener los tecnócratas, quienes a diferencia de los políticos, que se tienen que someter al escrutinio y al juicio de sus electores, no asumen ninguna responsabilidad por sus fiascos, que como este del TLC tiene consecuencias económicas y sociales inconmensurables.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Nos unimos a la solicitud de Gasnova al Gobierno Nacional, de ampliar el subsidio del gas propano a todos los departamentos del país. Hay que evitar que se frene el ritmo de crecimiento del sector del GLP en Colombia, y mejorar la cobertura.

Por: JOSÉ DAVID NAME* 

7 de mayo de 2022.   La convulsión en los mercados internacionales del propano y el butano Mont Belvieu, y la alta tasa de cambio representativa del mercado (TRM) están impactando, sin contemplaciones, a la industria nacional de Gas Licuado del Petróleo (GLP), que desde el año pasado viene en una escalada de precios sin techo. Un escenario que amenaza los avances logrados en materia de cobertura para el uso del gas propano y la protección al medio ambiente.

Con un consumo que supera las 700.000 toneladas anuales, el GLP se ha convertido en un combustible de creciente demanda en el país, entre otras cosas, por sus destacados atributos dentro de la transición energética. Solo entre 2019 y 2021, 60.000 familias migraron al GLP, dejando de lado el uso de leña para la preparación de sus alimentos, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.

Al ser un combustible que utilizan a diario 3,4 millones de hogares, es decir, 12 millones de colombianos, se trata de una problemática de gran envergadura con una afectación importante. Precisamente, son las familias de estratos 1 y 2 los usuarios que conforman el 71% del mercado, quienes serían los más afectados ante un desproporcionado aumento del gas propano.

Y es que los efectos de los elevados precios, que se han duplicado, ya se están percibiendo. Recientemente, la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) alertó sobre la disminución en el consumo del combustible en el sector residencial. Según el gremio, entre agosto de 2021 y febrero de 2022 se presentó una reducción de 8,6%. Cifra que evidencia un retroceso para el país y una tendencia a la baja de la demanda, que debe ser atajada cuanto antes.
Si estamos como estamos, ahora que los distribuidores todavía cuentan con el descuento otorgado por Ecopetrol desde inicio de año, ¿qué pasará a partir de julio, cuando se suspenda el alivio y se le trasladen los costos al usuario final?. Tendríamos dentro de poco un escenario crítico para el sector del GLP en el país.

Así las cosas, resulta urgente que el Ministerio de Minas y Energía, de manera articulada con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), los distribuidores, los comercializadores y los gremios del sector, concrete la implementación de nuevas medidas, que conduzcan a evitar que las repercusiones negativas de la tendencia de continuo crecimiento del precio del producto afecte a los más vulnerables. También es perentorio que se logre disipar la incertidumbre en el mercado y se garantice la prestación continua, asequible y confiable de este servicio.

Nos unimos a la solicitud de Gasnova al Gobierno Nacional, de ampliar el subsidio del gas propano a todos los departamentos del país. Hay que evitar que se frene el ritmo de crecimiento del sector del Gas Licuado del Petróleo en Colombia, y mejorar la cobertura, para llegar a los más de seis millones de colombianos que todavía utilizan leña para cocinar, exponiendo su salud y afectando el medio ambiente.

*Senador de la República.

Llamo la atención de los candidatos presidenciales sobre la importancia de tomar en consideración en sus programas de gobierno la agenda de las regiones y sus asignaturas pendientes.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA

30 de abril de 2022.   Colombia es un país de regiones, pero caracterizado por la centralización política y la concentración de los recursos por parte de la Nación.

Es tal la distancia entre el centro del país y la periferia, en donde está la Colombia profunda, que, al decir del líder indígena nasa Feliciano Valencia, está muy distante de Bogotá, que es donde está el centro del poder. Es tal el centralismo en este país, que mientras no llueva en Bogotá se asume por parte de quienes gobiernan que no hay invierno en el país.

Me permito poner sobre el tapete varias iniciativas, las que a mi juicio deben estar en la agenda de los aspirantes a ser inquilinos de la Casa de Nariño, por ser de interés estratégico para las regiones:

Hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables (RNNR) y/o generadoras de energías renovables (FNCER), la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos.

Hoy, ello solo es posible en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y en los municipios en donde se implementan los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Esta sería una manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo.

Este y los anteriores gobiernos han incumplido su compromiso de fortalecer el Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de aumentar las transferencias de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales (ET), las cuales se vieron menguadas por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007.

El Congreso facultó al Gobierno mediante la Ley 1962 de 2018, de fortalecimiento de las RAP, para crear una Misión de descentralización (integrada mediante el Decreto 1665 de 2021) para que la misma le recomendara una propuesta de proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. Dicha Misión está en mora de presentar sus conclusiones y recomendaciones, para que el Congreso de la República a su vez las tramite. Hay que ir mas allá de las promesas.

Es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. Entre los años 1990 y 2019 se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, en promedio una cada año y medio, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales.

El Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, autorizó al ejecutivo para que integrara una comisión de expertos para que recomendara los términos de una propuesta de reforma tributaria territorial, la cual le fue presentada al Gobierno hace más de 8 meses, sin que se haya avanzado un ápice.

Es urgente establecer una fecha límite para que la Nación le reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), de los cuales dispuso el Gobierno Nacional arbitrariamente para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia de la Covid 19, mediante el Decreto 444 de 2020.

Profundizar y acelerar la Transición Energética, que debe ser justa y equitativa. La Transición Energética debe ir de la mano de la transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva. Tanto la Transición energética como la transformación productiva, así como los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones.

A estos se debe sumar el cierre de la brecha digital (objetivo 18), ampliando la cobertura de la conectividad de internet, pues, la misma ha ampliado y profundizado la desigualdad social, su cierre contribuye a reducirla. Ello es inaplazable.

Es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, la cual brilla por su ausencia, pues es letra muerta. Definitivamente el papel puede con todo. Por ello la gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella.

De la misma manera, se deben revivir y fortalecer las comisiones regionales de competitividad (CRC) y los planes regionales de competitividad (PRC) que sustentan la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), qué hay que rescatarla de los anaqueles oficiales y actualizarla. Este es nuestro principal reto como país, que acusa un enorme rezago en productividad y competitividad, y ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

El último reporte del IPCC evidencia el reto y destaca múltiples opciones. En movilidad, ciudades más compactas, más viajes en transporte público, en bicicleta y a pie y la electrificación de flotas.

Por: DARÍO HIDALGO*

12 de abril de 2022.   Cómo en la película “No mires arriba”, el cambio climático por emisiones de gases efecto de invernadero (GEI) de origen humano se hace tan evidente y visible como el meteorito de la película.

La ciencia, que hace tiempo lo viene confirmando, vuelve a indicarnos la gravedad del asunto, aunque por primera vez el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) muestra que el ritmo de emisiones de GEI se desaceleró.

El lío es que las emisiones siguen creciendo 54 por ciento frente a la línea base de 1990; y crecen todos los grupos de gases efecto de invernadero: el CO2 de quema de combustibles fósiles 67 por ciento, el CO2 por cambio de uso del suelo y pérdida de bosques 33 por ciento, las emisiones de metano 29 por ciento, los óxidos de nitrógeno 33 por ciento y los gases con fluoruro 254 por ciento.

El IPCC también muestra lo lejos que estamos de las metas que se acordaron en París. Si bien hemos estado por debajo de la media de las proyecciones previas de GEI (aunque dentro del rango de incertidumbre), los compromisos que los países han realizado ante conferencia de las partes (COP26), hacen muy probable que el incremento de temperatura global exceda 1.5 grados, y harán muy difícil que se logre mantener la temperatura global por debajo de 2 grados después de 2030. Vemos cómo se vuelve un tema irreversible,  aunque aún tenemos una ventana de oportunidad de tres años para cambiar la tendencia.

El IPCC nos recuerda las consecuencias: eventos climáticos extremos más frecuentes (lluvias y sequías), inundación de áreas costeras e islas por elevación del nivel medio del mar, cambio de ecosistemas a gran escala, desaparición de especies, y crecientes dificultades para la humanidad, especialmente en los países de ingreso medio y bajo (nosotros). 

En medio de esto, muchos gobiernos, especialmente los que más emiten, reducen los impuestos o aumentan los subsidios a los combustibles fósiles, en un intento vano y regresivo de controlar la inflación y mantenerse populares antes de la próxima elección (los que más subsidios reciben son los que más consumen, la población de altos ingresos).

La catástrofe global anunciada tiene algo de reversa si nos ponemos las pilas (literalmente). Por una parte, el ingenio humano y el emprendimiento han ido de la mano en los últimos años para abaratar tecnologías que ya nos están ayudando.

El costo de las celdas fotovoltaicas por unidad de energía generada cayó de un promedio de 600 dólares por MWh en 2000 a 50 dólares en 2020 (ya está por debajo del rango bajo de los combustibles fósiles), el viento en tierra firme de 150 a 40, el viento en el mar de 140 a 70 dólares por MWh en 20 años.

Al mismo tiempo el uso de estas tecnologías en conjunto pasó de cerca de cero en 2000 a más de 1400 GW instalados en 2020. Por su parte las baterías para vehículos de iones de litio, bajaron su costo de 1.400 dólares GWh a menos de 100 en los últimos 15 años, ya hay más de seis millones de carros eléctricos (aunque apenas es el 1% de los carros en el mundo).

Este tipo de desarrollos tecnológicos y de prácticas de consumo aún nos dan espacio para mitigar las graves consecuencias que hemos generado en el planeta, nuestra casa común. Si bien la contribución al problema es altamente diferenciada entre regiones, la solución nos corresponde a todos. En 2018 Norte América contribuyó con 19 toneladas de CO2 eq por persona (23% del total acumulado desde 1850), América Latina y el Caribe 9,2 (11%), Europa Occidental 7,8 (16%), y el Sur Asiático 2,6 (4%).

Y la solución pasa por un amplio portafolio de medidas, que incluyen la generación limpia de energía, agricultura más sostenible y conservación de bosques, edificios ecológicos, transporte de menores emisiones, industria más eficiente y mejor disposición de residuos sólidos y líquidos. Hay que hacer contribuciones en todos los sectores, aunque algunas acciones tengan mayor potencial y eficiencia económica que otras.

En términos de potencial, las mayores contribuciones están en la generación de energía con el sol y el viento, reducción de la deforestación, la captura de emisiones en agricultura, la restauración de ecosistemas, la electrificación de la industria, mejor eficiencia energética en la producción, nuevos edificios con alto desempeño energético, la reducción de las fugas de metano en la explotación de petróleo y gas y en la extracción de carbón, y la reducción de gases con fluoruro (principalmente usados en refrigeración y aire acondicionado), entre otros.

Si bien los rangos de contribución son inciertos (dependen de muchas variables) las investigaciones recogidas en el reporte del IPCC muestran una oportunidad de lograr los objetivos globales. La ciencia nos guía. ¿Haremos lo que se necesita?

Ahora bien, los costos asociados son variables. Los costos más razonables están en algunas tecnologías de generación solar y de viento, que ya son menores a la referencia (combustibles fósiles). 

En transporte se pueden generar ahorros de costos netos y reducciones de emisiones con eficiencia energética (menor consumo por kilómetro), cambios de modo de vehículos individuales a transporte público y a bicicletas, optimización de logística de carga y eficiencia energética en la aviación. El cambio a vehículos eléctricos tiene potencial de mitigación similar al cambio modal, pero sus costos todavía tienen alta incertidumbre y no generan mejoras en movilidad (similar congestión e incidentes de tráfico, exclusión de población de menores ingresos). Los biocombustibles en el transporte tienen también potencial de mitigar GEI, pero con costos netos elevados, hasta 100 dólares por tonelada de C02 equivalente.

Colombia está avanzando una ambiciosa agenda para tener 51% de reducciones de GEI en 2030, respecto a la proyección de emisiones en 2030 en el escenario de referencia, y carbono neutralidad en 2050, aunque el reto requiera el trabajo e inversión conjunta de muchos sectores. 

Al mismo tiempo, algunos actores clave insisten en que emitimos poco (0,6 por ciento de las emisiones GEI globales) y que nuestros problemas están en la pobreza e inequidad. 

Muchas de las acciones prioritarias de nuestra política de transición energética coinciden con las indicaciones de potencial y precio identificadas en el informe del IPCC en los sectores de energía, agricultura, bosques e industria.  En transporte, tal vez se ha dado mayor importancia e incentivos tributarios a la electrificación de flotas, que a la eficiencia energética y al cambio modal. También se mantiene el GNV como combustible de transición, lo cual trae ventajas en emisiones locales en corto plazo. 

El próximo gobierno puede reforzar la agenda de descarbonización en el transporte impulsando más transporte masivo y en bicicleta, con inversión en más infraestructura de prioridad, e-buses y trenes.

*Profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana e Investigador del CREE.

“El mundo avanza con los ojos cerrados hacia la catástrofe climática”: Antonio Guterres, secretario General de la ONU.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

3 de abril de 2022.   A la declaratoria de las Naciones Unidas del Día mundial forestal el 21 de marzo y del Día mundial del agua el 22 del mismo mes, se vino a sumar La hora del Planeta, iniciativa liderada por la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), nacida en Suiza y una de las más importantes organizaciones no gubernamentales de conservación ambiental, con presencia en más de 100 países.

La hora del Planeta surgió en 2007 y desde entonces ha venido in crescendo. Se trata de un gesto sencillo, pero de gran simbolismo, consistente en apagar las luces de las casas, las oficinas, los edificios, monumentos y sobre todo de sitios tan emblemáticos como la Ópera de Sidney, la Torre de Eiffel en París, el Coliseo de Roma y la Torre Colpatria en Bogotá por una hora, entre las 20:30 y las 21:30 el último sábado de marzo.

Esta iniciativa es considerada como la de mayor convocatoria e impacto en la opinión ciudadana en todo el mundo contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en procura de despertar la conciencia sobre la inminencia de una catástrofe global si no paramos esta alocada carrera destructiva de la que llama el Papa Francisco nuestra “casa común”. De lo que se trata es de sensibilizar y concientizar a la opinión pública sobre el reto que encaramos, que no se podrá eludir.

Como lo planteó recientemente la profesora de economía y directora del Instituto de Innovación en University College London Mariana Mazzucato, “esta es la oportunidad. Si no arreglamos el Sistema, no tendremos ningún chance frente a la tercera gran crisis (la del 2008, la del 2020 y la creciente inhabitabilidad del planeta) y todas las otras más pequeñas que traerán aparejadas en los años y décadas que vendrán”.

Como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el cambio climático”. De modo que las lecciones aprendidas de esta pesadilla nos deben servir para estar mejor preparados y entrenados para enfrentar la crisis provocada por el cambio climático.

El camino no es otro que el de la prevención, la adaptación y la mitigación frente a los embates de la variabilidad climática y sus devastadores efectos. Es la sostenibilidad ambiental y pervivencia del planeta tierra, el único habitable por ahora. De tal manera que los millones que dilapidan los ricos y famosos en sus viajes turísticos al espacio, así como los que se invierten en la  carrera espacial en la afanosa búsqueda de vida en otros planetas a donde se pueda trastear la humanidad, le van a hacer falta a los recursos para evitar la sexta extinción masiva de la biodiversidad a causa de fenómenos naturales extremos. La diferencia de esta con respecto a las cinco anteriores es que estamos migrando del holoceno hacia el antropoceno, en la que se pone el foco en cómo la actividad humana viene impactando y de qué manera en nuestro planeta azul.

En La hora del Planeta de este año se enfatiza en la importancia de visibilizar el Convenio sobre Diversidad Biológica que propende y promueve un ambicioso plan de acción global tendiente a detener y a revertir la pérdida de naturaleza y biodiversidad, que están en alto riesgo, hacia el 2030, año en que, según el Acuerdo de París (2015), las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) deberán disminuir un 45% con respecto a los niveles de 2010 y de esta manera intentar alcanzar el “cero neto”, la neutralidad de carbono, alrededor de 2050. Mantener a raya el aumento de la temperatura por debajo del umbral de los 1,5 grados centígrados con respecto a la temperatura media de la era preindustrial se logrará si y sólo si se alcanza esta meta volante.

Este año La hora del Planeta se da en medio de la invasión y la guerra asimétrica que le impuso Putin a Ucrania, la peor conflagración y la más destructiva y amenazante desde la guerra fría y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en diciembre de 1991.

Un mes después de la invasión sus consecuencias a nivel global son catastróficas y a la tragedia humanitaria, cifrada en vidas humanas que se pierden y se desplazan, se le está haciendo un enorme daño al planeta, pues como lo afirmó el director general del WWF Internacional Marco Lambertini, “sabemos que para construir un futuro en armonía con la naturaleza necesitamos paz entre las personas” y, añadiría yo, entre los países.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Dos días de marzo están destacados por las Naciones Unidas: el 21 como Día mundial forestal, y el 22 como Día mundial del agua, como una forma de llamar la atención y despertar el interés de la comunidad internacional sobre la importancia de la protección de los recursos forestales y del agua.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

27 de marzo de 2022.   Tal declaratoria está entre los antecedentes más importantes de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en 2015.

Entre las metas del Objetivo 6 de agua limpia y saneamiento están lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, así como también a los servicios de saneamiento e higiene requeridos.

De igual manera, entre las metas del Objetivo 15 referido a la vida de ecosistemas terrestres se cuentan la protección, el restablecimiento y la promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, así como un ordenamiento sostenible, delimitación y protección de los bosques, luchas contra el avance de la desertificación, como también detener y revertir la creciente degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad.

Huelga decir que los 17 ODS están alineados con el Acuerdo de París que propende por la descarbonización de la economía.

En 1971 los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acordaron celebrar el 21 de marzo de cada año el Día mundial forestal. Se trata de destacar y ponderar la importancia de los recursos forestales, los cuales contribuyen a la reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano. Tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2.

El lema para el Día mundial forestal en 2022 es “consumo y producción sostenibles”. En este sentido, el lema de este año pone el foco en el consumo de madera y concientizar sobre un problema global que en muchos países arrasa con miles de hectáreas de masa forestal cada año.

Se estima por parte de la FAO que cada año más de 130.000 km² de bosques se pierden debido a la deforestación. El caso de Colombia es dramático: entre 2015 y 2016, cuando alcanzó las 179.000 hectáreas,  se incrementó la deforestación  el 44%, en el 2017 se registraron 219.973 hectáreas deforestadas, incrementándose el 23% con respecto al año anterior, y en 2018, según el IDEAM, se alcanzó el pico más elevado con 280.000 hectáreas deforestadas, un 27.2% más con respecto al 2017. En el año 2019 le dieron un respiro, especialmente a la Amazonía, la más depredada, al bajar las áreas deforestadas hasta las 158.894 hectáreas, pero sólo para volver a crecer el 8% en el 2020 con 171.685 hectáreas arrasadas.

Ello contribuye y de qué manera a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de tal suerte que la deforestación junto con el cambio de uso del suelo participan con el 33% de las mismas. Por lo tanto, poner coto a la deforestación en Colombia es la mayor y mejor contribución al cumplimiento de la meta que se ha impuesto el país de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030 y la neutralidad de carbono hacia el 2050.

En 1992, en la Cumbre Río + 20, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/Res/47/193 se consagró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua, que busca sensibilizar a las autoridades y a la sociedad civil sobre la importancia de la gestión integral del recurso hídrico y su conservación.

Debemos destacar el hecho que la misma Asamblea de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292 del 2010, reconoció el derecho humano al agua. Además el objetivo 6 de los ODS se ocupa del agua limpia y el saneamiento.

Este año el mensaje de las Naciones Unidas está enfocado en la reivindicación de la importancia de las aguas subterráneas y su difícil acceso para un gran conglomerado de la población más vulnerable.

En 2021 su campaña a favor del preciado líquido tuvo como eslogan “valoremos el agua”, tanto más en cuanto que está amenazada su disponibilidad por el cambio climático. Ya en 2019 había planteado la necesidad de “no dejar a nadie atrás”, con el cual se envió un mensaje tendiente a asegurar el acceso de agua potable a toda la población, haciendo énfasis en la calidad de la misma. Según Naciones Unidas, 800 mil personas mueren cada año en el mundo por causas asociadas con la carencia del líquido.

Colombia no es ajena a este drama. Al menos 6,2 millones de colombianos consumen agua no apta para el consumo humano. Por ello no es extraño que el 71.6% de las muertes por enfermedad diarreica aguda, que afecta sobre todo a la primera infancia y a los adultos mayores, tiene como factor desencadenante la pésima calidad del agua que ingieren.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.

Aunque todos los gases de efecto invernadero generan cambio climático, la urgencia manifiesta es reducir el CO₂, aunque es altamente deseable reducir también los otros gases.

Por: RICARDO DELGADO CADENA*

25 de marzo de 2022.  En la pasada Conferencia de las Partes (COP 26), la comunidad internacional: 

1. Reafirmó el objetivo global de mantener el incremento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2°C y de continuar los esfuerzos para que el incremento no supere los 1,5°C con respecto a la era preindustrial; 
2. ii) Reconoció que para mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de 1,5°C es necesario reducir las emisiones de CO₂ un 45% con respecto a los niveles de 2010 y alcanzar emisiones netas cero de este gas hacia la mitad del este siglo, y lograr reducciones profundas en los otros gases de efecto invernadero (GEI); 
3. iii) Invitó a los países a considerar acciones adicionales para reducir al 2030 el 30% de las emisiones de otros gases distintos del CO₂, incluyendo el metano (CH₄) y, 
4. iv) Enfatizó la importancia de conservar la naturaleza y los ecosistemas, incluyendo los bosques y los ecosistemas marinos, para que puedan actuar como sumideros de gases de efecto invernadero.

De la decisión anterior (decisión de la COP26), además del objetivo, se plantean varios puntos que merecen ser examinados con mayor detalle: i) el papel del CO2; ii) el papel de los otros gases de efecto invernadero, incluyendo el metano y, iii) el papel de los ecosistemas terrestres y marinos en el logro de los objetivos de estabilización del clima.

En Colombia, los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero y de carbono neutralidad consideran la suma de la totalidad de emisiones de todos los gases.

El cumplimiento de la NDC colombiana no implica, necesariamente, que las emisiones de CO₂ en 2030 disminuyan 51% con respecto al escenario base porque la reducción podría lograrse con una mayor mitigación de los otros gases de efecto invernadero diferentes al CO₂.

Lo anterior es muy importante porque de acuerdo con el tercer BUR de Colombia, las emisiones netas de GEI de Colombia en 2018 fueron 67.6% CO₂, 26.4% metano y el resto fueron otros gases. Del total de estos gases en ese año, el sector energético fue responsable del 44% y 11% del total de CO₂ y metano producido en el país, respectivamente.

El promedio histórico de la participación de las emisiones de CO₂ por producción y uso de energía en Colombia ha sido 33.6% y el de metano ha sido 12.3%. El aporte de la energía al total de CO₂ emitido en el país hoy es superior al promedio histórico (aún en un año con alta deforestación, como lo fue 2018).

En este orden de ideas, y conectando con las decisiones de la COP y con los análisis de UNEP y del IPCC, siendo que toda reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es importante, ¿por qué se hace énfasis (en las decisiones de las COP y los análisis de UNEP y de IPCC) en la urgencia de reducir las emisiones de CO₂ con mayor rapidez que las emisiones de los otros gases?

El “Emissions Gap Report” de UNEP hace una diferenciación entre CO₂ y los demás GEI: “Se requieren reducciones sostenidas en las emisiones para alcanzar el CO2 neto cero para estabilizar el calentamiento global, mientras que lograr emisiones netas de GEI cero resultará en un pico y luego una disminución en el calentamiento global“.

Si no se logra la carbono neutralidad (CO₂ neutro) no hay forma de estabilizar el clima porque el CO₂ se acumula por siglos. Si se logra la neutralidad de GEI (CO₂eq) se logrará un pico y luego una reducción del calentamiento global.

Consecuentemente, a las partes (países) se les ha pedido que hagan sus aportes de reducción de emisión de todos los gases, pero el objetivo principal es la neutralidad en emisiones de carbono (de dióxido de carbono). De hecho, los requerimientos para fijar los objetivos de carbono neutralidad son, o eran, en principio sobre carbono.

¿Y el metano?

El metano es un problema importante (y su importancia aumenta en la medida en que se nos está acabando el presupuesto de carbono para los objetivos de 2°C y de 1,5°C), pero hay unas razones para que la atención haya enfocado principalmente en el carbono, sobre todo el carbono de combustibles fósiles.

Siendo que todas las fuentes de gases de efecto invernadero son importantes, las emisiones de los fósiles son las que se están añadiendo a la atmósfera y que no estaban en la atmósfera.

Para explicar lo anterior usaremos el ejemplo de las emisiones producidas por la fermentación entérica del ganado. El asunto con el ganado es que para que una vaca pueda emitir metano tiene que haber consumido carbono en forma de alimento. Ese carbono viene de la atmósfera y se fijó por fotosíntesis. Una vez liberado el metano, este permanece en la atmósfera por cerca de 12 años hasta que se degrada o se descompone. La descomposición de ese metano produce CO₂ y agua, y ese CO₂ fue el que inicialmente ingirió el animal en la biomasa de la que se alimentó. El efecto del metano sobre el calentamiento del planeta es 29,8 veces mayor al del CO₂, pero su impacto es limitado en el tiempo (lo que tarda el metano en degradarse: 12 años).

De hecho, recientemente han habido periodos en los que el metano añadido a la atmósfera y el que naturalmente se descompuso estuvieron en niveles similares. Como consecuencia, hubo años (recientemente) en los que no aumentó la concentración de metano en la atmósfera.

En el caso extremo, si hoy y durante una década el hombre dejara de emitir metano, ya no tendríamos problemas adicionales (además del calentamiento producido en esa década y los posibles impactos derivados) con ese gas.

El mismo razonamiento aplica para el metano producido por la disposición final de residuos sólidos y de las aguas residuales, se emite porque la materia orgánica se está descomponiendo, pero esa materia orgánica se formó con carbono que en algún momento (cercano en el tiempo) estuvo en la atmósfera.

Hay un efecto de calentamiento potente durante el periodo en que el metano permanece en la atmósfera, pero todo hace parte de un ciclo. Para que el metano en atmósfera deje de ser un problema, sería necesario alcanzar un punto en el que la tasa de descomposición del metano fuera menor que la tasa de emisión y así el calentamiento causado comenzaría a disminuir. Las reducciones en emisión de metano llevan a menos calentamiento en periodos cortos de tiempo. El problema está en que además del ganado, los residuos y las aguas residuales, hay metano que no estaba en la atmósfera desde hace millones de años: el de las emisiones fugitivas (atrapadas en las profundidades de la tierra) y el que está atrapado en el permafrost.

El caso con el carbono es bien distinto. Aunque tiene un poder de calentamiento global menor que el de los otros gases principales de efecto invernadero, el CO₂ no se descompone. Se fija por fotosíntesis o se disuelve en el mar, principalmente.

El proceso de fotosíntesis es neutro en carbono. Al final la biomasa resultante de la fotosíntesis termina descomponiéndose, exceptuando los esos árboles (y plantas) que pueden durar décadas o siglos en pie, el resto de la biomasa se descompone y se renueva constantemente.

Todo el carbono almacenado en la biomasa de las plantas y que se emite cuando se deforesta un área de selva estuvo en la atmósfera “recientemente”. En teoría, sería posible volver a sembrar la selva y al final absorber todo lo emitido por haber deforestado esa área de selva, aunque en la práctica eso no es tan sencillo.

La cantidad de biomasa, fruto de la diversidad biológica y de años de crecimiento no es fácilmente reemplazable (sin incluir los daños ecosistémicos asociados a la deforestación). La realidad eso es mucho más complicada. En el proceso, una parte de carbono termina secuestrado por el suelo.

La otra fuente natural para extraer el CO₂ de la atmósfera es mediante la absorción por parte del mar. La superficie del mar interactúa con la atmósfera y parte del CO₂ de la atmósfera se disuelve en el océano. El calentamiento del planeta habría sido mucho más rápido sino hubiera sido porque el océano ha estado todo este tiempo disolviendo CO₂ y “sacándolo” de la atmósfera. Parte de ese CO₂ “disuelto” vuelve a la atmósfera y otra parte se va disolviendo en las capas inferiores del océano donde ya deja de ser un problema, y esto sólo es posible porque el océano es enorme. No tendríamos ningún problema si esa transferencia de carbono de la superficie al fondo del mar fuera rápida, pero no lo es. Pueden pasar siglos desde que el CO₂ emitido a la atmósfera llegue al fondo marino y quede almacenado. Una tonelada de carbono en la atmósfera va a estar contribuyendo al calentamiento del planeta durante siglos.

El problema se complica cuando le añadimos a la atmósfera carbono que no estaba en la atmósfera recientemente (en los últimos millones de años): el carbono de los combustibles fósiles. El carbono de la biomasa estaba en la atmósfera y, en teoría, si se restaurara esa biomasa se podría llegar a tener un ciclo cerrado de carbono, pero al usar combustibles fósiles, que han sido y son la base del crecimiento económico del planeta, estamos poniendo en la atmósfera carbono que estaba en la profundidad de la tierra y al océano le puede tomar siglos volver a secuestrar de manera permanente ese carbono. Según el IPCC, “Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”.

A pesar de que existen fuentes naturales que producen gases de efecto invernadero, hoy sabemos con absoluta certeza que la acción humana ha causado el aumento de temperatura media global observado.

Además, hay otro carbono que suma; el que está en el suelo y se libera cuando se remueve el suelo o hay deforestación. Pasa mucho tiempo para que el carbono de la atmósfera termine en estado sólido depositado en el suelo, liberarlo implica que va a estar muchos años antes de volver a estar en el suelo, no son sólo los fósiles los que ponen carbono “extra” en la atmósfera.

Por eso es por lo que, aunque hay que atacar todos los gases de efecto invernadero porque todos generan cambio climático, la urgencia manifiesta es reducir el CO₂, aunque es altísimamente deseable reducir también los otros gases.

El objetivo de limitar el calentamiento global apunta a evitar cambios profundos en el clima del planeta que lo aleje de las condiciones en las que se han desarrollado las especies actuales (muchas de ellas que sostienen materialmente a los seres humanos), los sistemas productivos y las sociedades humanas. Todos esos sistemas se adaptan a los cambios del entorno.

No sabemos a qué velocidad se pueden adaptar los sistemas sociales y económicos actuales, pero sí sabemos que los animales y las plantas que se han adaptado al medio ambiente cambiante durante millones de años: en un medio ambiente que cambiaba en periodos de millones de años.

El reto con el cambio climático es que los cambios se están dando en espacio de decenas de años (las grandes emisiones de GEI arrancaron desde 1850) y que el planeta, aunque resiliente también tiene unos límites. Por ejemplo, la tasa a la que el océano captura carbono va disminuyendo conforme la concentración de carbono en el agua aumenta y en la medida en que el océano disuelve más carbono, este se va acidificando, modificando aún más las condiciones de los ecosistemas marinos.

Con el metano la humanidad pudo darse el lujo de “procastinar”, pero hoy en día, dado que las emisiones de carbono resultaron tan difíciles de evitar, esos 12 años de metano en la atmósfera empiezan a sumar fuertemente en la ecuación para estabilizar el clima del planeta. De ahí que la decisión 1 de la COP26 invite aumentar la ambición en la disminución de las emisiones de metano.

Reducir el metano en la atmósfera le permitiría al planeta ganar algunos años o disminuir, temporalmente, el nivel del calentamiento global. Pero la compra de tiempo sólo tiene sentido si el planeta es capaz de alcanzar la neutralidad de CO₂.

Finalmente, el énfasis que se puso en la decisión 1 de la COP26 a la conservación de la naturaleza y los ecosistemas, incluyendo los bosques y los ecosistemas marinos, tiene que ver con la necesidad de aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero.

En todo este enredo, la energía juega un papel central, incluso en Colombia donde no llega a ser la principal fuente de emisiones de GEI, pero en el país, como en resto del mundo, la energía sí es la principal fuente de emisiones de carbono que no estuvo circulando en la atmósfera terrestre en los últimos millones de años.

Todas las emisiones calientan el planeta, pero si no fuera por las adiciones de carbono y metano, que estuvieron fuera de la atmósfera durante millones de años, el problema del cambio climático no sería un problema.

*Investigador del Centro Regional de Estudios de Energía

La invasión rusa en Ucrania y el consecuente choque de oferta de petróleo y gas ha puesto el tema de la seguridad energética en el debate público nuevamente. Daniel Yergin incluso afirma que este choque nos ha despertado de una amnesia colectiva en seguridad energética.

Por: JUAN CAMILO HERRERA*

21 de marzo de 2022.   Cuando se habla de seguridad energética en Colombia, inevitablemente se asocia con la prestación de servicios públicos domiciliarios y el mandato constitucional del estado de intervenir en la prestación de estos y garantizar, entre otros, su “prestación continua e ininterrumpida”.

Esta obligación se traduce, por ejemplo, en el principio de continuidad para el caso de la electricidad y políticas tales como el cargo por confiabilidad que da señales de largo plazo a los agentes a construir y operar recursos de generación necesarios para garantizar la atención de la demanda.

Para el caso del gas natural, esta obligación derivó en los tan mencionados objetivos de política de confiabilidad y seguridad en el abastecimiento que a su vez han derivado en políticas tales como las prioridades de abastecimiento en caso de racionamiento y el plan de abastecimiento de gas natural, entre otros.

Estas políticas de seguridad energética tienen algo en común, y es que están encaminadas únicamente a aumentar la disponibilidad o el acceso a unos recursos (en forma de infraestructura o de reservas del respectivo energético o portador) para atender la demanda en el largo plazo, o en el corto plazo en casos fortuitos y/o de fuerza mayor.

La seguridad energética no es solamente la disponibilidad de recursos, ¿o acaso aquellos países que no tienen recursos fósiles como Japón o Corea tienen menos seguridad energética que otros que si disponen de estos?

El concepto de seguridad energética ha evolucionado hacia la inclusión de otras dimensiones que trascienden a la seguridad en el suministro como único factor, con el fin de responder a los nuevos retos que enfrenta la política energética.

Una de las dimensiones a tener en cuenta para evaluar la seguridad energética es por ejemplo la diversidad. Así como la disponibilidad de recursos aumenta la seguridad energética, la diversidad tanto en la matriz energética como en el número de fuentes de cada energético influye en la seguridad energética.

Así mismo, la diversidad de agentes en los mercados de energía, la diversidad en las tecnologías de transformación de energéticos primarios, y la diversidad en la infraestructura de transporte y su acceso redundan en mayor seguridad energética.

Otra dimensión es lasostenibilidaden la extracción de recursos primarios (y la transformación y uso de estos) y los impactos ambientales que estos generan en el sistema y en el entorno, ya que mayores impactos en los ecosistemas y los sistemas tierra, agua y aire encarecen su extracción, transformación y consumo, disminuye el rendimiento futuro en la extracción de los mismos recursos, obstaculizan su licencia ambiental, e incluso generan impactos permanentes que imposibilitan su existencia. La seguridad energética aumenta cuando el impacto ambiental de un energético o un portador de energía disminuye.

Los precios y su inherente volatilidad es otra dimensión relevante de la seguridad energética. A medida que la variabilidad en los precios de la energía aumenta, las decisiones de largo plazo para los productores y consumidores pueden desincentivar la inversión en nueva infraestructura o disminuir su consumo, aumentar la vulnerabilidad de estos a los choques de precios, dificultando así la disponibilidad del energético en el largo plazo, lo que eventualmente hace más difícil su planeación. Por ende, el nivel de precios (así como sus subsidios) y la volatilidad de los energéticos afectan la seguridad energética.

Igualmente, factores socioculturalesy la aprobación de los ciudadanos a la construcción de infraestructura energética en sus regiones, al uso de ciertas tecnologías y/o energéticos, o a ciertas políticas energéticas, pueden influir en su viabilidad de largo plazo y por ende en la seguridad energética.

Otra dimensiones tales como la tecnología, eficiencia, resiliencia, salud, relaciones internacionales, seguridad nacional, etc. son muy relevantes para la seguridad energética y son ampliamente definidos en la literatura.

Para medir el nivel de seguridad energética de un país, se puede realizar a través de indicadores simples o multidimensionales que reflejen cada uno de los factores mencionados anteriormente, no obstante, los retos de política en los países son idiosincráticos y tienen que adaptarse a las circunstancias propias de cada región.

Y es allí donde recae la importancia del análisis multidimensional. Porque analizar una política de seguridad energética aisladamente desde un solo ángulo, y comparar esta con otros países sin tener en cuenta el contexto puede llevar a conclusiones equívocas. A manera de ejemplo, en el anterior boletín, Tomás González escribió:

“Europa cuenta con importantes reservas de gas por desarrollar que le darían para más o menos 14,5 años si mantuviera las tasas de producción actuales… y si bien estas reservas no le permitirían resolver la totalidad de sus problemas de seguridad energética, sí le ayudarían a mitigar la fuerte vulnerabilidad a la que hoy está sujeta. Sobre todo si además se tiene en cuenta el potencial de yacimientos no convencionales de países como Polonia, Francia o el Reino Unido.”

Si se analiza este problema de seguridad energética únicamente desde la dimensión de la disponibilidad de reservas, cobra sentido el argumento que la solución a este es que Europa explote sus reservas de petróleo y gas incluidos los no convencionales. No obstante, si se introducen otras dimensiones en la conversación, este argumento empieza a ser desafiado. Por ejemplo, si se involucra la dimensión sociocultural y las actitudes del público frente al fracking en el Reino Unido, se encuentra que el 45% del público se opone a esta tecnología mientras que solo un 17% la apoya, lo cual no favorece su explotación.

Aún más, desde la dimensión de tecnología y de eficiencia, medidas más realizables y con menor costo para la sociedad como las que sugiere ECIU de mejorar el aislamiento de un millón de hogares por año e instalar 600.000 bombas de calor al año, reduciría al menos en 20% la demanda de gas y generaría ahorros mensuales de 260 libras por mes en cada hogar del Reino Unido.

En cambio, iniciar la exploración de gas en el mar del norte solamente vería las primeras moléculas hasta el 2026 alcanzando un pico en el 2028 y, lo más relevante, no tendría impacto en los precios por lo que los consumidores seguirían consumiendo gas natural doméstico, pero aún costoso.

La solución a este problema (así como para muchos otros) yace en el medio, involucrando diferentes estrategias de política que consideren las diferentes dimensiones de la seguridad energética. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía publicó un decálogo para reducir la dependencia de la Unión Europea al gas natural, y este contempla medidas para aumentar el almacenamiento de gas, acelerar la implementación de energéticos y tecnologías sustitutas del gas natural que redunden en la reducción del consumo de gas, proteger a los consumidores de los choques de precios y alentar cambios comportamentales, entre otros.

Y por supuesto, no podemos dejar de lado la política. La primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon ha afirmado que el aumento del petróleo y el gas del Mar del Norte no es una solución a corto plazo para la dependencia de Europa de los suministros rusos, y en Whitehall el secretario de Energía y Negocios del Reino Unido Kwasi Kwarteng ha dicho que este problema no es de seguridad en el suministro sino de precios y que si bien apoyan la producción de fósiles en el mar del norte, éste no va a reducir los precios y que la solución de largo plazo es entre otros la diversificación y dejar de consumir gas natural.

¿Y el paralelo con Colombia?

Ciertamente es indiscutible que incrementar la certeza sobre la disponibilidad del gas y su seguridad en el suministro, bien sea nacional y/o importado, es quizá uno de los temas más relevantes en la seguridad energética nacional, pero como se evidenció en el ejemplo anterior, es necesario tener un enfoque multidimensional en la seguridad energética que vaya más allá de las reservas, que tenga en cuenta el contexto del país y sus particularidades, e involucre en cambio sus múltiples dimensiones tecnológica, sociocultural, precios, sostenibilidad, etc.

En conclusión, bienvenido el debate para incrementar la seguridad energética del país, pero evolucionemos en su discusión, involucremos a todo el sistema y sus diferentes energéticos y tecnologías, definamos indicadores multidimensionales que trasciendan criterios simples, y dejemos de gravitar en la discusión alrededor de las reservas como única dimensión de la seguridad energética.

*Investigador del Centro Regional de Estudios Energéticos. Ingeniero mecánico, Magister en economía de la Universidad de los Andes, MSc en economía y políticas de la energía de University College London.

Recuento del entorno, causas y consecuencias que llevaron al país al recionamiento eléctrico en 1992.

Por: AMYLKAR D. ACOSTA*

21 de marzo de 2022.   En 1990, en mi calidad de ministro encargado de Energía en mi discurso de instalación de un congreso latinoamericano de energía en Santa Marta plantee dos tesis que se apartaban de los paradigmas del sector eléctrico por aquellas calendas.

La primera, controvertida para la época: el agua, merced al cambio climático había dejado de ser un bien libre para tornarse en un bien económico, y fui más lejos al sostener que el agua había dejado de ser un recurso renovable. Tesis esta que he venido desarrollando y corroborando con el paso del tiempo.

La segunda, que los planes de expansión de generación eléctrica privilegiaban el mínimo costo al momento de priorizar los proyectos a ejecutar, pero para mí, sin soslayar dicha variable, era mucho más importante el mínimo riesgo y propuse introducir esta otra variable en la ecuación.

Pero, como dice la canción Pedro Navaja de Rubén Blades y Willie Colón, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. No estaba en mis planes aspirar y ser electo senador de la República en 1991 y mucho menos que como miembro de la Comisión V del Senado me correspondería coordinar la subcomisión que investigó las causas del racionamiento del servicio de energía eléctrica, más conocido como ‘El apagón’, el cual fue una verdadera calamidad pública, que se prolongó durante casi un año, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Tuve, además, la responsabilidad de redactar el Informe final de la investigación sobre la crisis eléctrica del país.

Si bien lo que precipitó tan drástica como costosa medida fue el fenómeno de El Niño, pudo más la imprevisión, la improvisación, los errores de cálculo y cómo no, la corrupción. En efecto, a consecuencia de la sequía, que se prolongó mucho más allá de los pronósticos, la más intensa en 37 años según Instituto Colombiano de Hidrología (HIMAT), el nivel de los embalses de las hidroeléctricas llegó a sus mínimos, al punto que el de El Peñol, que era y sigue siendo el de mayor capacidad registró un histórico 20.66%, lo cual se tradujo en una virtual parálisis del parque de generación hídrica con que contaba el país. Y, lo que era más grave, no obstante que la capacidad total instalada de potencia, de 8.335 MW, superaba en un 13% la demanda máxima en horas pico, el 78% de la misma dependía de la hidrología. En el mix de la capacidad instalada de generación el parque térmico apenas si llegaba al 22%, lo cual se constituyó en la gran vulnerabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Irónicamente, en momentos en los que expertos del sector sostenían que el sector eléctrico estaba “sobre instalado”, se presentó semejante falla.

No sólo en Colombia sino en Latinoamérica había un sesgo en favor de los proyectos hidroeléctricos, por una parte porque se asumía que sus menores costos operativos los hacían más competitivos frente a los térmicos y de contera la banca multilateral, especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sólo contaban con líneas de financiamiento para proyectos hidroeléctricos. Ello inducía y sesgaba los planes de expansión, dado que el 100% de la inversión de dichos proyectos corrían por cuenta de la Nación, que terminó endeudándose hasta la coronilla para dotar al país de esta infraestructura.

Además de esa falla en la planeación del sector y la subestimación del costo racionamiento de energía al darle al agua valor cero, al estudiar las causas del racionamiento salieron a flote varias irregularidades, entre ellas la falta de mantenimiento y overhaul de varias de las plantas térmicas, de modo que cuando se les requirió varias de ellas no estaban operativas, el descalabro del proyecto de construcción de la hidroeléctrica de El Guavio, el cual, además de los sobrecostos injustificados, no entró en el tiempo previsto. Y de remate, de manera improvisada e improvidente se importaron en volandas al país dos barcazas generadoras que nunca generaron un solo kilovatio, fue un fiasco total, agravando aún más la situación ya de por sí compleja.

Adelanté sendos debates de control político en el Congreso de la República sobre el particular, de los cuales dio cuenta el exministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio en el prólogo a mi libro ‘Del racionamiento eléctrico al racionamiento moral’, en los siguientes términos: “El debate sobre El Guavio condujo a que, por primera vez, se llevara a cabo un juicio fiscal y la Contraloría del Distrito exigiera el reintegro de $2.097 millones por parte de los ex gerentes de la Empresa de Energía de Bogotá… Las conclusiones del debate sobre las barcazas se trasladaron a la Comisión de Ética del Senado, la que encontró méritos para solicitar la pérdida de la investidura de uno de los miembros de la propia corporación”.

Por su parte, los organismos de control hicieron su parte, de tal suerte que sus investigaciones en el orden disciplinario y fiscal derivaron en destituciones de los responsables e inhabilidades para ejercer cargos públicos hacia el futuro, debiendo responder por el detrimento patrimonial al que dieron lugar sus actuaciones u omisiones, y la Fiscalía General de la Nación puso a varios de ellos a buen recaudo.  

El presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo, a través de una alocución televisiva en horario triple A, le anunció al país las sanciones a quienes reportamos en nuestro Informe como los más responsables de esta pesadilla en que se convirtió para todo los colombianos el racionamiento del fluido eléctrico.

*Exministro de Minas y Energía y miembro de Número de la ACCE.